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Auto A-158/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 158 DE 2024

 

Referencia: Expediente CJU-4901.

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar.

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D. C., Treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.       La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones), mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó una demanda en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran[1]. Lo anterior, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones GNR-181149 del 12 de julio de 2013 y GNR-176451 del 16 de junio de 2015, por medio de las cuales dicho fondo le reconoció al demandado una pensión de invalidez y una reliquidación, respectivamente[2]. A título de restablecimiento del derecho, Colpensiones pidió el reintegro de lo pagado por concepto de las mesadas pensionales y los retroactivos, junto con la indexación correspondiente.

 

2.       El conocimiento del proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Cesar. Mediante auto del 17 de febrero de 2022, esa autoridad judicial consideró que no tenía competencia para tramitar el asunto[3]. Al respecto, indicó que el demandado trabajó en INTERCOR por lo que tenía la calidad de trabajador particular cuando se causó la prestación pensional. Concluyó que la jurisdicción ordinaria laboral es la llamada a resolver estos conflictos relativos a la seguridad social en pensiones. Se basó en los artículos 97, 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS). En consecuencia, remitió el expediente a la oficina judicial, para que fuera asignado entre los jueces laborales del circuito de Valledupar.

 

3.       Por su parte, mediante auto del 4 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar declaró la falta de competencia y propuso un conflicto de jurisdicciones[4]. Ese despacho estimó que cuando la administración demanda un acto propio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el Auto 316 de 2021 de esta Corporación y el artículo 104 del CPACA. Por ende, remitió las diligencias a la Corte Constitucional para que dirimiera la controversia presentada[5].

 

4.        El 20 de noviembre de 2023, el expediente fue remitido al despacho del magistrado sustanciador[6].

 

II. CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

5.       La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[7].

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6.       Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).

 

7.       De forma reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se estructuren los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, definidos por este tribunal^[8]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

 

 

La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio

 

8.       Esta Corporación en el Auto 316 de 2021[9], determinó que el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración pretende la nulidad de su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, corresponde exclusivamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aun cuando el acto administrativo verse sobre un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social. Esto, de conformidad a lo establecido en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011. En esa oportunidad, la Corte estableció como regla de decisión que:

 

 “cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”.

 

Caso concreto

 

9.       En el presente caso, la Sala evidencia que Colpensiones presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran para que se declare la nulidad de las resoluciones GNR-181149 del 12 de julio de 2013 y GNR-176451 del 16 de junio de 2015, por medio de las cuales dicho fondo le reconoció al demandado una prestación pensional y una reliquidación, respectivamente. De manera que, la parte actora pretende la nulidad de unos actos administrativos que esa entidad expidió, por lo que se acredita que el conocimiento de este asunto es de competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de los artículos 97 y 104 del CPACA.

 

10.   Conforme a lo dispuesto por esta Corporación en el Auto 316 de 2021, la Corte declara que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de la presente demanda y, en consecuencia, ordenará la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Cesar, para lo de su competencia.

 

III. DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria laboral, en el sentido de DECLARAR que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Tribunal Administrativo del Cesar) conocer la demanda promovida por Colpensiones en contra del señor Felipe Santiago Molina Iguaran.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-4901 al Tribunal Administrativo del Cesar, para que proceda con lo de su competencia y comunique esta decisión a los interesados y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General