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Auto A-1586/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL-Controversias sobre restitución de bienes inmuebles por parte de un particular

 

(...) Cuando una entidad pública presenta una demanda contra un particular, con el objeto de obtener la restitución de bienes o la restitución de tenencia, sin que se advierta la existencia de un contrato estatal y sin que se constate de por medio el cumplimiento de una función administrativa, el asunto deberá ser asumido por la jurisdicción ordinaria, en aplicación de la regla general o residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso (...)

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1586 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5231

 

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de la misma ciudad

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., dos (02) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Carta[1], profiere el presente auto con fundamento en las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

1.   Causa judicial que suscita la controversia. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en calidad de administradora del Fondo de Reparación a las Víctimas[2], presentó demanda de restitución de tenencia de inmueble en contra de José Ricardo Álvarez Mejía[3]. La demandante manifestó que entre el 29 de mayo y el 1° de junio de 2019 fue designada como secuestre de cinco bienes inmuebles urbanos, en cumplimiento de la orden impartida por el magistrado con función de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz. En dichas diligencias, la UARIV entregó al demandado, a través del acta de secuestro[4], los bienes inmuebles en comodato precario por el término de 60 días, para agilizar el tramite de restitución y hasta que se llevaran a cabo los tramites para la celebración de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda los bienes no han sido restituidos y tampoco se ha celebrado contrato de arrendamiento alguno, configurándose una ocupación irregular. En consecuencia, la UARIV solicitó al juez de conocimiento ordenar (i) la terminación del contrato de comodato suscrito con el demandado, (ii) la restitución de los cinco bienes inmuebles indicados, y (iii) el pago de perjuicios y servicios públicos a favor del Fondo de Reparación a las Víctimas.

 

2.   Decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Mediante auto del 17 de julio de 2023[5], el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta declaró la falta de competencia para conocer el asunto y ordenó su remisión a los juzgados administrativos del circuito de la misma ciudad. Señaló que al ser la entidad demandante de naturaleza pública y tratarse de un contrato en el que ella es parte, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente, en aplicación del numeral 2° del artículo 104[6] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

 

3.   Decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante auto del 1 de febrero de 2024[7], propuso conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Señaló que en el conflicto no se cuestiona la intervención de una entidad pública y, por la naturaleza de lo pretendido, la norma aplicable es el Código Civil y la cláusula general de competencia prevista en el artículo 15[8] del Código General del Proceso (CGP). Además, citó el Auto 1218 de 2022[9] según el cual, cuando una entidad pública presenta una demanda en contra de un particular, con el objeto de obtener la restitución de bienes o la restitución de tenencia, sin que se advierta la existencia de un contrato estatal y sin que se constate el cumplimiento de una función administrativa, el asunto deberá ser asumido por la jurisdicción ordinaria, en aplicación de la regla general o residual de competencia prevista en el CGP.

 

4.    El caso cumple con los presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. El presente asunto satisface las reglas definidas en el Auto 155 de 2019[10] para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Primero, acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, al existir una controversia entre dos autoridades judiciales que pertenecen a diferentes jurisdicciones. Estas son el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de la misma ciudad. Segundo, demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, pues la controversia se refiere al proceso judicial promovido por la UARIV contra José Ricardo Álvarez Mejía. Tercero, satisface el presupuesto normativo, toda vez que las dos autoridades plantean una controversia legal y jurisprudencial dirigida a negar su competencia (ver supra 2 y 3).

 

5.   Reiteración del Auto 1114 de 2021[11]. En esta providencia, la Sala Plena estudió un caso en el que un municipio solicitaba la restitución de un inmueble a un particular y concluyó que, si bien la cláusula general de competencia establecida en el artículo 104 del CPACA podría sugerir que el asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo al estar involucrada una entidad pública, lo cierto es que dicha cláusula no puede interpretarse de manera aislada. En ese sentido, si el asunto objeto de controversia no encuadra dentro de las materias expresas que se asignan a esa jurisdicción o no corresponden a litigios genéricos que se rijan por el derecho administrativo o que impliquen el desenvolvimiento de la función administrativa, deberá aplicarse la regla general de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria contemplada en el artículo 15 del CGP. Además, encontró que el CPACA no contempla dentro de los medios de control ningún tipo de procedimiento relativo a tales controversias, a diferencia de lo que ocurre en el Código General del Proceso. 

 

6.   Es importante mencionar que el Auto 1114 de 2021 ha sido reiterado en varias oportunidades, entre ellas en el Auto 1218 de 2022[12], al que hizo referencia el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta cuando rechazó su competencia. Además, los autos 552 de 2023[13], 625 de 2023[14], 1948 de 2023[15] y 247 de 2024[16] también reiteraron la regla del Auto 1114 de 2021 respecto de conflictos de competencia entre jurisdicciones que se suscitaron con ocasión de demandas de restitución de tenencia de inmuebles presentadas por la UARIV en contra de particulares, y en las que no se advertía la existencia de un contrato de arrendamiento suscrito entre las partes o el cumplimiento de una función administrativa. La Sala resalta que en el Auto 247 de 2024 se acumularon dos expedientes con casos exactamente iguales al que ahora se estudia, en los que existía un contrato de comodato precario, como se evidencia en los expedientes correspondiente y se expone a continuación:

 

 

7.   Aplicación del precedente constitucional contenido en el Auto 1114 de 2021. La jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta es el competente para pronunciarse sobre este litigio, de conformidad con la regla de decisión prevista en el Auto 1114 de 2021. Lo anterior, considerando que i) la demanda es presentada por una entidad pública contra un particular; ii) en ella se pretende la restitución de unos inmuebles, sin que se advierta prima facie la existencia de un contrato estatal y iii) sin que de por medio se haya ejercido función administrativa alguna. Precisamente, en los escritos de demanda se indica que los particulares demandados ejercen una ocupación no autorizada sobre los inmuebles, lo que desvirtuaría el posible ejercicio de una función tal sobre los predios.

 

8.   Regla de decisión. Reiteración del Auto 1114 de 2021:  Cuando una entidad pública presenta una demanda contra un particular, con el objeto de obtener la restitución de bienes o la restitución de tenencia, sin que se advierta la existencia de un contrato estatal y sin que se constate de por medio el cumplimiento de una función administrativa, el asunto deberá ser asumido por la jurisdicción ordinaria, en aplicación de la regla general o residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta conocer del proceso judicial promovido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en contra de José Ricardo Álvarez Mejía.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-5231 al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del Circuito de Santa Marta, para lo de su competencia, y para que comunique esta decisión al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General