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Auto A-176/24

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto N° 176 de 2024

Referencia: expediente ICC-4568

Conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera.

Bogotá D. C., treintaiuno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

1.                 Acción de tutela. El 27 de noviembre de 2023, a través de apoderado judicial, Rocío Robles Benites interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (“INPEC”) sede Jamundí, Valle del Cauca, alegando la violación de su derecho fundamental de petición.[1] En concreto, la acción de tutela fue dirigida contra el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí -COJAM-, lugar donde se encuentra recluida la accionante.[2] Afirmó que el 9 de octubre de 2023 interpuso un derecho de petición ante la entidad accionada solicitando copia de la cartilla bibliográfica de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario –SISPEC-, al igual que copia del certificado de conducta dentro del proceso No. 526126099141202000216, lo anterior, con el fin de radicar, posteriormente, una solicitud de libertad condicional.[3] De esta forma, la accionante manifestó que a la fecha de interposición de la acción de tutela, la entidad no ha dado respuesta a su petición, como tampoco ha indicado la fecha en la que será resuelta.

2.                 Para efectos de esta decisión, es importante indicar que en el escrito de tutela la accionante dirigió la acción al “JUEZ (A) MUNICIPAL DE JAMUNDÍ (R)”.[4] Lo anterior, sin perjuicio de que las direcciones de notificación de la parte accionante indican el domicilio de su apoderado, en la ciudad de Túquerres, Nariño.

3.                 Declaraciones de falta de competencia. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali,[5] en auto del 28 de noviembre de 2023,[6] declaró su falta de competencia al considerar que la presunta vulneración de los derechos de la accionante se concreta en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en la medida en la que es allí donde se encuentra recluida la accionante. Por consiguiente, en virtud del factor de competencia territorial, indicó que la acción debe ser tramitada por los jueces municipales de dicho municipio.[7] Por su parte, el Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí,[8] en auto del 28 de noviembre de 2023,[9] consideró que, si bien el municipio de Jamundí es el lugar donde se encuentra el centro carcelario, el primer juzgado era competente en la medida en la que la accionante escogió la ciudad de Cali para promover la acción constitucional. Adicionalmente, indicó que la acción de tutela, al estar dirigida en contra de una entidad del orden nacional, su conocimiento corresponde a los jueces del circuito y no a los de categoría municipal.[10] Esta autoridad remitió el expediente a la Corte Constitucional el 30 de noviembre de 2023 para su respectivo trámite.[11]

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

4.                 Competencia. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996.[12] Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos[13], o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia.[14] En este caso, el conflicto debía ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Mixta, conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[15] y el Auto 550 de 2018.[16] Sin embargo, la Corte Constitucional resolverá este conflicto en aplicación de los principios de celeridad y eficacia de la acción de tutela y para evitar más demoras para la decisión de fondo

5.       Factor territorial. Uno de los factores de competencia en casos de tutela es el territorial.[17] Según este, son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurrió la violación o amenaza o (ii) se producen sus efectos”.[18] De esta forma, en los eventos en que se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, la Sala Plena ha sostenido que se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención”, previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[19]  se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover.[20] 

6.                 Se configuró un conflicto de competencia con base en el factor territorial. Las dos autoridades fundaron su competencia o falta de esta a partir del factor territorial, según los argumentos expuestos en el párrafo 3 de esta providencia. Al respecto, la Sala Plena considera que la competencia radica en el Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí. Lo anterior, en la medida en la que la presunta vulneración de derechos de la accionante se produce en ese municipio, pues la acción de tutela alega la falta de respuesta de un derecho de petición por parte del INPEC en un centro penitenciario ubicado en Jamundí, en el cual, adicionalmente, se encuentra recluida la accionante. Además, el apoderado judicial de la accionante, en representación de sus intereses, manifestó su intención de que la acción fuera conocida por los jueces del municipio de Jamundí, por lo que debe darse prioridad a dicha elección.

7.                 Por otro lado, aunque fue el primer juzgado al que se le repartió el asunto, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali no tiene competencia en este caso. Ello, pues la respuesta que se pretende se debe emitir y recibir en Jamundí. Ante esto, la Corte llamará la atención a la Oficina de Reparto de dicho municipio. A pesar de que en el registro de la tutela se indica claramente que Jamundí es el lugar en el que “se interpone la tutela” y “donde se vulneraron los derechos”,[21] dicha oficina remitió el expediente a la Oficina de Reparto de Cali, ciudad que carece de competencia territorial frente al caso, demorando así la decisión sobre la solicitud de amparo. Por tanto, se le advertirá para que en adelante aplique adecuadamente los factores de competencia al repartir las acciones de tutela.

8.                 Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y, en caso de que tal autoridad no exista, se deberán observar las reglas reiteradas en esta providencia y sistematizadas en el Auto 550 de 2018.[22] Igualmente, se observa que esta autoridad judicial invocó las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, pues para sustentar su decisión de falta de competencia, precisó que la entidad accionada es del orden nacional y, por lo tanto, en todo caso, su conocimiento correspondía a los jueces del circuito y no a los de categoría municipal. De tal suerte, que se le advertirá para que en adelante aplique adecuadamente los factores de competencia al repartir las acciones de tutela

9.                 Decisión de la Sala Plena. El Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí es el competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela. En este sentido, se (i) dejará sin efectos el auto en el que declaró su falta de competencia y (ii) se le remitirá el expediente para que lo tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

III.           DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero.             DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 28 de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí, dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia, y REMITIRLE el expediente ICC-4568 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Segundo.            ADVERTIR a la Oficina de Reparto de Jamundí que, en lo sucesivo, aplique adecuadamente los factores de competencia al momento de realizar el reparto entre las autoridades de su distrito judicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y a las disposiciones contenidas en los Artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y a los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

 

Tercero.              ADVERTIR al Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali y al Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí que, en lo sucesivo, adecúen sus actuaciones en materia de competencia en tutela a las reglas que acá se reiteran y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia constitucional, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto.                 ADVERTIR al Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y, en caso de que tal autoridad no exista, se deberán observar las reglas reiteradas en esta providencia y sistematizadas en el Auto 550 de 2018.

Quinto.                  Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, y al Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General