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Auto A-1869/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Solicitudes de ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO Nº 1869 DE 2024

Referencia: expediente CJU-5984

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I.             ANTECEDENTES

1.                 Demanda. Por medio de apoderado judicial, el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), presentó una solicitud de ejecución ante el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, con el objeto de que se librara mandamiento de pago de unas costas procesales, junto con sus intereses moratorios, en contra del señor Gerardo Eleazar Velásquez Vásquez[1]. La solicitud se fundamentó en los artículos 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 306 del Código General del Proceso (CGP). Asimismo, solicitó como medida cautelar, el embargo y la retención de las sumas depositadas en productos financieros de distintas entidades, así como el salario del señor Velásquez Vásquez, en los límites establecidos en la ley[2].

2.                 El FOMAG indicó que ante el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, cursó un proceso administrativo ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual, por medio de Sentencia del 10 de mayo de 2024, entre otras cosas, se resolvió condenar en costas al demandante Gerardo Eleazar Velásquez Vásquez[3]. Señaló que dicha providencia no fue recurrida por lo que se encuentra en firme. Asimismo, resaltó que con Auto del 13 de junio de 2024, dicha autoridad judicial aprobó la liquidación de las costas que efectuó la secretaria de ese despacho judicial y que la misma se encuentra en firme[4].

3.                 Manifestación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El asunto le correspondió al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Esta autoridad judicial por medio de Auto del 19 de julio de 2024 declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y ordenó remitir el expediente “(…) al Juzgado Civil Municipal de Guadalajara de Buga (reparto) (…)”[5]. Sobre el particular, señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo conoce de aquellas condenas impuestas por esa misma jurisdicción contra entidades públicas. Al respecto, citó los artículos 104 y 297 del CPACA. Adicionalmente, expuso que la liquidación y ejecución de las costas se rige por el CGP, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 188 de ese código. Por último, referenció el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 para indicar que la jurisdicción ordinaria conoce de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución y la Ley a otra jurisdicción y citó el Auto 851 de 2021 de la Corte Constitucional[6].

4.                 La providencia en comento fue recurrida por el accionante[7] y, sobre el particular, el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, mediante Auto del 22 de agosto de 2024[8], decidió rechazar los recursos por improcedentes, dejando en firme la remisión del expediente que había ordenado.

5.                 Manifestación de la jurisdicción ordinaria. Repartido el asunto, este fue asignado al Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Esta autoridad judicial, con providencia del 30 de septiembre de 2024, resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer el caso, propuso conflicto negativo de competencia con el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de esa misma ciudad y ordenó enviar el expediente a esta Corporación[9]. Señaló que el escrito de ejecución se presentó ante la autoridad judicial que profirió la condena y que, debido a ello, debe ser tramitado en cuaderno separado a continuación del proceso administrativo ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que conoció ese despacho judicial. Para soportar su dicho, hizo referencia al numeral 6 del artículo 104 del CPACA, a los artículos 298 y 306 de ese mismo código y al 306 del CGP, y citó el Auto 008 de 2022 de la Corte Constitucional[10].

6.                 Trámite en la Corte Constitucional. El 7 de octubre de 2024 se envió el expediente a la Corte Constitucional[11]. El 18 de octubre del mismo año, se repartió el CJU-5984 al despacho de la suscrita magistrada[12] y, el expediente digital respectivo, fue enviado por parte de la secretaría general el 22 de octubre de 2024[13].

II.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

7.                 Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

8.                 En el presente caso se configuró un conflicto entre jurisdicciones que la Corte Constitucional debe resolver. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, los cuales se cumplen en este caso, tal como se expone a continuación^[14]:

 

Tabla única. Configuración de presupuestos del conflicto de jurisdicciones.

 

1.                 La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer solicitudes de ejecución en las que se reclama el pago de condena en costas impuestas por parte de esa misma jurisdicción, a continuación del proceso en el que se generaron. Reiteración autos 008 de 2022[18] y 1044 de 2023[19]

9.                 A través del Auto 857 de 2021[20], la Sala Plena de esta Corporación estableció como regla general, soportada en el numeral 6 del artículo 104 y el artículo 297 del CPACA, que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de condenas impuestas a una entidad pública por parte de esa misma jurisdicción y, en el caso contrario, cuando se trata de una demanda ejecutiva mediante la cual se pretende el pago de una condena impuesta por esa misma jurisdicción a un particular, el conocimiento del asunto será de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 422 del CGP.

10.             Frente a esta regla general, en el Auto 008 de 2022[21], esta Corporación, estableció que, en particular, el conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponden a esa misma jurisdicción. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del CGP, que prevé la posibilidad de solicitar el cumplimiento de una sentencia condenatoria dentro del mismo proceso en que fue dictada, sin necesidad de formular una nueva demanda y, según lo establecido en el artículo 298 del CPACA, en su redacción original[22], que establecía que “(…) si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenara su cumplimiento inmediato (…)”.

11.             Soportado en la regla del Auto 008 de 2022[23], la Sala Plena de este Tribunal mediante Auto 1044 de 2023[24], respecto de un caso similar al de la referencia, en el que también el FOMAG presentó una solicitud de ejecución de unas costas procesales en contra de un particular a continuación de un proceso adelantado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se originaron. En efecto, se estableció que cuando se presenta una solicitud de ejecución de una condena impuesta por un juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del mismo proceso en que se originó, el juez de conocimiento es el competente para conocer de la solicitud de ejecución, con independencia de la naturaleza del sujeto ejecutado, de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP.

2.                 Análisis del caso en concreto

12.             La competencia para conocer la solicitud de ejecución del FOMAG es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque se solicita el pago de una condena impuesta por parte de esa misma jurisdicción, a continuación del proceso en el que se generó.

13.             En el presente caso el FOMAG presentó un escrito soportado en los artículos 298 del CPACA y 306 del CGP ante el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, con el objeto de que se librara mandamiento de pago de unas costas procesales contra el señor Gerardo Eleazar Velásquez Vásquez, provenientes de un proceso adelantado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoció dicha autoridad y, que, la solicitud la presentó a continuación de dicho trámite judicial.  A partir de lo anterior, la Sala Plena resolverá el conflicto de competencia entre jurisdicciones en el sentido de determinar que es el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, la autoridad competente para conocer y resolver la solicitud de ejecución de costas procesales presentada por el FOMAG contra el señor Velásquez Vásquez. De esta manera, se ordenará remitir el expediente de la referencia a dicho despacho judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

3.                 Regla de decisión

14.             Reitera la regla de decisión contenida en el Auto 008 de 2022.“El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, con independencia del sujeto ejecutado, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”[25].

III.      DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, es la autoridad competente para conocer la solicitud de ejecución de costas procesales presentada por el FOMAG contra el señor Gerardo Eleazar Velásquez Vásquez.

Segundo. REMITIR el expediente CJU-5984 al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General