TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1908/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Solicitudes de ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1908 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU- 5939

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

Magistrada sustanciadora: Cristina Pardo Schlesinger

 

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO

I. ANTECEDENTES

 

1.                 El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), a través de apoderado judicial, interpuso una solicitud de ejecución de providencia judicial ante el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en contra de la señora Rosmery Bolaños de Peña[1]. Esto con el fin de solicitar se ejecute el pago de las costas procesales a las que fue sancionada la señora Bolaños en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el mismo juzgado. Este proceso lo conoció en primera instancia el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, solicitó el pago de los intereses moratorios que se causaron por no haber cumplido dicha obligación oportunamente.

 

2.                 El Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en el auto del 11 de julio de 2024, declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso[2]. Explicó que, según los artículos 104.6 y 297.1 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos ejecutivos derivados de las condenas y las conciliaciones impuestas por dicha jurisdicción, así como en los laudos arbitrales que hubiese sido parte una entidad pública. En el caso concreto, como la ejecutada no es una entidad pública, aseguró que carecía de competencia. Por lo que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 y el Auto 851 de 2021 de la Corte Constitucional, la Jurisdicción Ordinaria debía tramitar el asunto.

 

3.                 Posterior al nuevo reparto, el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga, a través del auto del 18 de septiembre de 2024, propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones[3]. Argumentó que, según los artículos 104.6, 298 y 306 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 306 de la Ley 1564 de 2012 y el auto 008 de 2022 de la Corte Constitucional, carecía de competencia. Lo anterior, porque le corresponde al juez de conocimiento y que ordenó una suma dineraria tramitar el proceso como un ejecutivo en cuaderno separado. Así, remitió a la Corte Constitucional para que pudiera decidir sobre el asunto.

 

4.                 El 20 de septiembre de 2024[4], el juzgado civil remitió el expediente a la Corte Constitucional y este fue repartido a la magistrada sustanciadora el 22 de octubre de 2024.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional

 

5.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política^[5], adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6.                 Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[6].

 

7.                 Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren de tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones: (i) el presupuesto subjetivo, exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones, (ii) el presupuesto objetivo, determina que debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional y (iii) el presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional, legal o jurisprudencial por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

8.                 En ese orden de ideas y previo al planteamiento de las consideraciones a las que haya lugar, procederá la Corte a verificar el cumplimiento de los presupuestos anteriormente descritos.

 

2.1. Sobre el presupuesto subjetivo

 

9.                 La Corte lo encuentra satisfecho ya que el conflicto se suscita entre autoridades que forman parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Ordinaria y que rechazaron el conocimiento de la demanda. Concretamente, el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad del mismo Circuito.

 

2.2. Sobre el presupuesto objetivo

 

10.             Se entiende superado en tanto se constata la existencia de una solicitud de ejecución de providencia judicial promovida por el FOMAG ante el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en contra de la señora Rosmery Bolaños de Peña, con el objetivo de solicitar que se ejecute el pago de las costas procesales a las que fue condenada la señora Bolaños dentro del proceso adelantado ante el mismo juzgado y los intereses moratorios. 

 

2.3. Sobre el presupuesto normativo

 

11.             Verifica la Corte su configuración por cuanto ambas autoridades judiciales expusieron razones de índole legal y jurisprudencial para negar su competencia en el presente caso. De un lado, el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga argumentó su falta de jurisdicción en los artículos 104.6 y 297.1 de la Ley 1437 de 2011, con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 y el Auto 851 de 2021 de la Corte Constitucional. De otro lado, el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga sustentó su falta de jurisdicción en los artículos 104.6, 298 y 306 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 306 de la Ley 1564 de 2012 y el Auto 008 de 2022 de la Corte Constitucional.

 

12.             Superado el anterior análisis, procederá la Corte a dirimir conflicto de jurisdicciones. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia judicial para conocer de asuntos relacionados con la ejecución de condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro del mismo proceso en que fueron dictadas y, a continuación, se resolverá el caso concreto. 

 

3. La competencia judicial para conocer de asuntos relacionados con la ejecución de condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro del mismo proceso en que fueron dictadas. Reiteración del Auto 008 de 2022[7].

 

13.             En el Auto 008 de 2022, la Sala Plena determinó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de la ejecución de condenas impuestas por ella misma dentro del mismo proceso en que las dictó. Lo anterior porque la solicitud de cumplimiento, dentro del mismo proceso judicial, no se trata de un proceso ejecutivo independiente, sino de cobrar la condena, es decir, de hacer cumplir la providencia[8].

 

14.             Esto, en atención al artículo 298[9] de la Ley 1437 de 2011, que establece que el juez de conocimiento debe ordenar el cumplimiento de la sentencia condenatoria que profirió. Además, el artículo 306 de la Ley 1564 de 2012[10], que es aplicable por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011[11], permite solicitar el cumplimiento de la sentencia condenatoria dentro del proceso en que fue dictada. Así, la Sala Plena concluyó que el mismo juez de conocimiento que expidió una sentencia condenatoria mantiene la competencia para ejecutarla, sin que existan restricciones por la naturaleza de la parte demandada del proceso en el que se emitió la condena[12].

 

4. Análisis del caso concreto

 

15.             En atención a la regla de decisión del Auto 008 de 2022 y las normas citadas, la Sala Plena dirime el presente conflicto entre jurisdicciones en el sentido de determinar que le corresponde al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, conocer el asunto.

 

16.             En el caso concreto, el FOMAG pretende ejecutar el pago de las costas procesales a las que fue condenada la señora Rosmery Bolaños de Peña ante el mismo juez que conoció del proceso. De manera que se trata de una solicitud de ejecución de una condena en costas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del mismo proceso en que fue dictada. Este proceso lo conoció en primera instancia el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

 

17.             Por lo tanto, la Sala Plena ordenará remitir el expediente CJU-5939 al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a todos los interesados.

 

5. Regla de decisión

 

19. “El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”[13].

 

III.                       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y el Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), en el sentido de DECLARAR que su conocimiento corresponde al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), y debe reasumir la competencia del referido proceso.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5939 al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 002 Civil Municipal de Oralidad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y a los demás interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General