TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1928/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL-Asuntos que pretendan la declaratoria de la prescripción extintiva de obligaciones civiles garantizadas en contra de entidades públicas

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1928 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-6016

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre los juzgados 1° Civil Municipal y 4° Administrativo del Circuito de Yopal

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la que prevé el artículo 241.11 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

                                                                                 

AUTO

 

 I.            ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial. El 9 de mayo de 2022[1], Nilger Farley Barrera Estrada demandó al Instituto Financiero del Casanare —en adelante, IFC—, promoviendo en su contra un “proceso declarativo de mínima cuantía de prescripción de la acción cambiaria”[2]. Solicitó: (i) “[d]eclarar la prescripción de la acción cambiaria directa del derecho incorporado en el pagar[é] y carta de compromiso No 47438814 de fecha 13 de febrero del año 1.997” conforme al artículo 789 del Código de Comercio; (ii) declarar la extinción de la “obligación originaria o fundamental” en virtud del artículo 882 ejusdem; y (iii) ordenar la “eliminación en las centrales financieras y de riesgos”[3] de los datos relacionados con aquella obligación.

 

2. Lo anterior, debido a que, según la demandante, ella fue beneficiaria de un crédito educativo del ICETEX en 1997. Respecto de este, suscribió un pagaré y una carta de compromiso el 13 de febrero de 1997. La obligación era exigible, según la demandante, en el término de 90 días calendario contados a partir del “día de no pago de alguna de las cuotas”. Sin embargo, la demandante se constituyó en mora a partir del 21 de agosto de 1997, y desde febrero de 2002 no llevó a cabo pagos ni abonos. El ICETEX cedió la obligación al IFC, según el “Decreto 0223 del 15 de Octubre del año 2.015”[4]. En todo caso, la demandante sostuvo que, tras más de 20 años, no ha sido “requerida ni notificada de proceso ejecutivo alguno” en relación con su obligación incumplida[5].

 

3. Admisión, recurso de reposición y trámite procesal. El 19 de junio de 2022, el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal admitió la demanda[6] mediante auto. Este fue recurrido por el IFC, el 1 de agosto de 2022[7], para que aquella fuera rechazada. Lo anterior, debido a que, en su concepto, la demandante “no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de la conciliación pues acudió a un centro de conciliación pese a que […] debía hacerlo ante la Procuraduría General de la Nación”. Sobre este punto, recordó que el IFC “es una entidad de orden público, por tanto, el requisito de procedibilidad debe cumplirse ante el Ministerio Público conforme a las voces del artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y 23 de la Ley 640 de 2001”[8].

 

4. Posteriormente, el 25 de mayo de 2023, el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal remitió el proceso al Juzgado 4° Civil Municipal de Yopal, en virtud de una “redistribución de expedientes”[9]. No obstante, el 21 de septiembre de 2023, el Juzgado 4° Civil Municipal de Yopal no avocó conocimiento del asunto, y devolvió el expediente al Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal. Esto, toda vez que, de acuerdo con las reglas de reparto y distribución, una vez notificado el auto admisorio del asunto sub examine al IFC, el proceso no era susceptible de remisión al Juzgado 4° Civil Municipal de Yopal[10]. En consecuencia, el 10 de octubre de 2023, el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal avocó nuevamente conocimiento del asunto, pues el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, mediante el “Acuerdo CSJBOYA23-130 del 06 de septiembre de 2023, ordenó la devolución de 158 de los procesos remitidos por este despacho”, entre ellos, el sub examine[11].

 

5. Postura de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. El 20 de agosto de 2024, el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal declaró “falta de competencia por jurisdicción” y remitió el asunto para reparto entre los juzgados administrativos de Yopal. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos[12]. Primero, de conformidad con el numeral 3 del artículo 104 del CPACA[13], las controversias que versan sobre “los contratos en los que una de las partes es entidad pública”, que no sea de carácter financiero, corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual descarta la aplicación de la cláusula residual de competencia del CGP[14]. Segundo, el IFC es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada a la Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente de la Gobernación de Casanare y, de conformidad con la jurisprudencia de conflictos de competencia entre jurisdicciones de la Corte Constitucional, “no consta que sea una entidad financiera”[15].

 

6. Postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El 3 de octubre de 2024, el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Yopal declaró que carecía de “competencia por falta de jurisdicción”, propuso conflicto negativo de jurisdicciones, y remitió el asunto a la Corte Constitucional. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, el artículo 105 del CPACA establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce controversias que involucren la responsabilidad de entidades públicas con carácter financiero, y vigiladas por la Superintendencia Financiera. Segundo, el artículo 297 del CPACA y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han limitado los procesos ejecutivos sobre los que puede ejercer competencia la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tercero, en el caso concreto, la obligación cuya prescripción pretende la demandante “reposa en [un] título valor pagaré y [en] su carta de compromiso […] que […] tienen naturaleza autónoma”. En este sentido, la demanda “no se acompañó ni se basó en un contrato de tipo estatal, sino […] en un crédito amparado en un título valor pagaré autónomo que no reúne los requisitos establecidos en las reglas de decisión señalados en la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y el escenario guarda relación con el precedente en donde se definió la competencia en la jurisdicción ordinaria”[16].

 

7. Trámite en la Corte Constitucional. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió a la magistrada sustanciadora el expediente de la referencia, de conformidad con el reparto del 18 de octubre anterior[17].

 

II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

8. La Corte Constitucional es competente para resolver conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

9. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre los juzgados 1° Civil Municipal y 4° Administrativo del Circuito de Yopal, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda declarativa de prescripción que interpuso Nilger Farley Barrera Estrada en contra del IFC. A esos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si este caso cumple los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos entre jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar y de constatar el cumplimiento de tales presupuestos, hará referencia a las reglas de competencia para conocer demandas que pretendan la declaratoria de la prescripción de obligaciones (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.     Presupuestos de los conflictos entre jurisdicciones  

 

10. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[18]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que estos conflictos se configuren es necesario que se acrediten los siguientes tres presupuestos^[19]:

 

 

11. La controversia sub examine configura un conflicto entre jurisdicciones por las siguientes razones:

 

11.1.      Satisface el presupuesto subjetivo. Enfrenta a dos autoridades que administran justicia y pertenecen a jurisdicciones diferentes, a saber: (a) al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Yopal, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (b) al Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal, integra la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil^[23].

 

11.2.      Satisface el presupuesto objetivo. Las autoridades judiciales rechazan el conocimiento del proceso promovido por Nilger Farley Barrera Estrada contra del IFC a fin de obtener una declaración de prescripción, el cual amerita un trámite de naturaleza judicial.

 

11.3.      Satisface el presupuesto normativo. Cada una de las autoridades judiciales indicó los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales, con base en los cuales considera que carece de competencia para conocer el asunto (párrs. 5-6, supra).

 

4.       Competencia para conocer demandas que pretendan la declaratoria de prescripción de obligaciones. Reiteración del Auto 138 de 2023

 

12. Por medio del Auto 138 de 2023, la Sala Plena de esta Corporación estableció como regla de decisión que la “jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es competente para conocer de los asuntos que pretendan la declaratoria de la prescripción extintiva de obligaciones civiles, en aplicación de la cláusula general de competencia otorgada por el artículo 12 de la Ley 260 de 1996 y el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 a la jurisdicción ordinaria”.

 

13. Con fundamento en tal regla de decisión, en el Auto 1432 de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió un asunto análogo al sub examine. En este, concluyó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, era competente para conocer una demanda por medio de la que una persona natural pretendía la declaratoria de prescripción de una obligación que contrajo con el IFC, y que este último había incorporado en un pagaré. En esa oportunidad, la Sala Plena tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, por medio de los autos 1101 de 2021 y 138 de 2023, esta Corporación determinó que el ámbito de competencia que define el artículo 104 del CPACA no abarca “las demandas en las que se pretende la prescripción extintiva” de obligaciones civiles. Segundo, ante la falta de una regla específica de competencia que asignara el conocimiento de ese tipo de demandas a una jurisdicción distinta, “la cláusula residual y general de competencia atribuida a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil” era aplicable, con fundamento en los artículos 15 del CGP y 12 de la Ley 260 de 1996. Tercero, la Corte Constitucional ha aplicado esta misma fundamentación en otros procesos por medio de los que la parte demandante ha pretendido la declaratoria de prescripción de obligaciones que ha contraído con entidades públicas, por ejemplo, en los autos 544, 551 y 3042 de 2023.

 

5.            Caso concreto

 

14. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. Lo anterior, toda vez que la demanda tiene como propósito principal la declaratoria de prescripción de una obligación de una persona natural con el IFC[24], siendo este una entidad pública[25]. En este sentido, el asunto no encaja dentro del ámbito de competencia que define el artículo 104 del CPACA. Por lo anterior, ante “la ausencia de una norma específica que asigne la competencia para resolver este tipo de controversias a otra jurisdicción, resulta aplicable activar la cláusula general y residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil, de acuerdo con el artículo 15 del CGP y el artículo 12 de la Ley 260 de 1996”[26].

 

15. Regla de decisión. “La jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es competente para conocer de los asuntos que pretendan la declaratoria de la prescripción extintiva de obligaciones civiles, en aplicación de la cláusula general de competencia otorgada por el artículo 12 de la Ley 260 de 1996 y el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 a la jurisdicción ordinaria”[27].

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal y el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Yopal, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal, es la autoridad competente para conocer la demanda declarativa de prescripción de la acción cambiaria que interpuso Nilger Farley Barrera Estrada en contra del Instituto Financiero del Casanare.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6016 al Juzgado 1° Civil Municipal de Yopal, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite, como también al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Yopal.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General