TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2001/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 AUTO 2001 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-6075

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha (Guajira) y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha (Guajira)

 

Magistrada sustanciadora:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular la prevista en el artículo 241.11 de la Constitución, dicta el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial. El 26 de octubre de 2023, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Jesús Jacinto Ruiz Amaya. Lo anterior, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones GNR 378046 del 12 de diciembre de 2016 y SUB-299939 del 30 de octubre de 2019 y para que se ordene al demandado la devolución de lo pagado por concepto del reconocimiento y reliquidación de una pensión de invalidez. Mediante aquellas resoluciones, Colpensiones reconoció la pensión de invalidez a Jesús Jacinto Ruiz Amaya y dio cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Riohacha dentro del proceso judicial No. 2019-010 que ordenó reliquidar la pensión de invalidez reconocida a favor del demandado. La demanda fue interpuesta porque, según Colpensiones, en la “investigación Administrativa No. 220-21, elaborad[a] por Gestar Innovación, […] se concluy[ó] que el reconocimiento de esta prestación se realizó bajo una situación indebida, con fundamento en información incluida de forma irregular”[1].

 

2. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por reparto, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha[2]. Mediante auto del 12 de febrero de 2024, dicha autoridad (i) declaró su falta de competencia y (ii) remitió el proceso a la oficina de reparto de los juzgados laborales del circuito de Riohacha. En su criterio, “al juez contencioso administrativo no le corresponde conocer de las controversias que proponen los trabajadores del sector privado afiliados a una entidad de previsión social, mientras que al juez ordinario s[í]”[3]. Para llegar a esta conclusión, el juzgado analizó los artículos 104.4 y 105.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) y 622 del Código General del Proceso (CGP), como también el auto del 28 de marzo de 2019 dictado por el Consejo de Estado frente al radicado 11001032500020170091000.

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria laboral. Efectuado nuevamente el reparto, el proceso fue asignado al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha[4]. A través de auto del 15 de octubre de 2024, ese juzgado (i) declaró falta de jurisdicción, (ii) propuso conflicto negativo de jurisdicción con el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha y (iii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Sostuvo que “dentro de las competencias generales atribuidas a los jueces laborales, no se encuentran resolver las solicitudes de nulidades contra actos administrativos que expidan las entidades públicas, indistintamente de que sean de carácter prestacional o pensional, como sucede en el presente caso, pues se debe acudir a los medios de control establecidos en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo esta la autoridad judicial competente para conocer de la acción de lesividad contra actos administrativos”[5]. El juzgado fundamentó su decisión en los artículos 97, 104 y 138, del CPACA y en el auto 1668 de 2023 de la Corte Constitucional.

 

4. Trámite en la Corte Constitucional. El 25 de noviembre de 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente a la magistrada sustanciadora, de conformidad con el reparto efectuado el 22 de noviembre anterior^[6].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.      Competencia

 

5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[7].

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

6. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha. Esta versa sobre la competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó Colpensiones en contra de las Resoluciones GNR 378046 del 12 de diciembre de 2016 y SUB-299939 del 30 de octubre de 2019. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si la controversia entre aquellas autoridades judiciales cumple los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho propuestos por la administración contra actos administrativos propios relacionados con asuntos laborales y de la seguridad social (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra). 

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de conflictos entre jurisdicciones

 

7. Presupuestos. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[8]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten los siguientes tres presupuestos^[9]:

 

 

8. La controversia sub examine configura un conflicto entre jurisdicciones. Esto, por las siguientes razones:

 

8.1.          Satisface el presupuesto subjetivo. Enfrenta a dos autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones: (i) al Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, que pertenece a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y (ii) al Juzgado 001 Laboral de Circuito de Riohacha, que forma parte de la jurisdicción ordinaria^[13].

 

8.2.          El presupuesto objetivo está acreditado. Las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó Colpensiones en contra de las Resoluciones GNR 378046 del 12 de diciembre de 2016 y SUB-299939 del 30 de octubre de 2019, la cual debe resolverse por un trámite de naturaleza judicial.

 

8.3.          Cumple el presupuesto normativo. Ambas autoridades judiciales indicaron los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales con base en los cuales consideran que carecen de competencia para conocer el asunto (párr. 2 y 3 supra).

 

4.     Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo propio relativo a la seguridad social. Reiteración del Auto 316 de 2021

 

9. En el Auto 316 de 2021, la Corte Constitucional señaló que los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, en virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad^[14]), incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Lo anterior, por tres razones. Primera, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en principio, no comprende la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos^[15]. Segunda, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer todas las acciones de lesividad contra actos administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”^[16], con independencia de la materia sobre la que estos actos versen, dado que en estas acciones se debaten “intereses propios de la administración”^[17]. Tercera, la acción de lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho”^[18], las cuales deben ser tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

5.     Caso concreto

 

10. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. Para la Sala Plena, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque fue presentada por una entidad pública en contra de actos administrativos propios –acción de lesividad–. En efecto, por medio de esta demanda, Colpensiones solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones GNR 378046 del 12 de diciembre de 2016 y SUB-299939 del 30 de octubre de 2019, por medio de las cuales reconoció la pensión de invalidez a Jesús Jacinto Ruiz Amaya y dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Riohacha dentro del proceso judicial No. 2019-010 que ordenó reliquidar la pensión de invalidez reconocida a favor del demandado. En consecuencia, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-6075, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

11. Regla de Decisión. “[C]uando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción [de lo] contencioso administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”[19].

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha (Guajira) y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha (Guajira), en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha (Guajira), es la autoridad competente para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones en contra de las Resoluciones GNR 378046 del 12 de diciembre de 2016 y SUB-299939 del 30 de octubre de 2019.

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-6075 al Juzgado 003 Administrativo Oral del Circuito de Riohacha (Guajira), para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite, como también al Juzgado 001 Laboral de Circuito de Riohacha.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General