TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-246/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 246 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5059

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y el Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

 I.            ANTECEDENTES

 

1.                 La acción judicial. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, “Colpensiones”) acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución GNR 152346 del 25 de mayo de 2015, por medio de la cual se ordenó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en favor de Leonor Muñoz Lopez, en calidad de cónyuge del señor Hernán Vicente Erazo Dávila. Lo anterior, al evidenciar que “la asegurada actualmente se encuentra devengando una mesada por $1.481.889.oo y el nuevo estudio correcto de la prestación arrojó una mesada inferior de $1.397.083.oo razón por la cual no se encuentra ajustado a derecho el reconocimiento dado por la resolución No. GNR 152346 del 25 de mayo de 2015”^[1]. Como medidas de restablecimiento del derecho, Colpensiones solicitó (i) el reintegro de “la diferencia de las sumas económicas recibidas por concepto de mesadas pagadas, más aquellas que se continúan pagando”^[2], (ii) la “indexación de las sumas reconocidas” en el proceso y (iii) el pago de los intereses a los que hubiere lugar^[3].

 

2.                 Primer reparto. El conocimiento del proceso fue asignado por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Pasto. Mediante auto del 30 de noviembre de 2021, dispuso (i) declarar la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y (ii) remitir el expediente a los juzgados laborales del Circuito de Pasto. Destacó que la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, en los términos del numeral 4º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, conoce exclusivamente de los asuntos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público” y, visto el expediente, no se evidencia que Hernán Vicente Erazo Dávila hubiese tenido la condición de empleado público[4].

 

3.                 Segundo reparto. El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto. Mediante auto del 12 de enero de 2022, el juez decidió avocar conocimiento y concedió al demandante el término de cinco días para adecuar la demanda a las exigencias del procedimiento ordinario laboral[5]. Posteriormente, mediante auto del 24 de octubre de 2023, el juez promovió conflicto negativo de competencia. Argumentó que la Corte Constitucional, en los autos 316 y 1169 de 2021, y 131 y 448 de 2023, señaló que “los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad), incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social”[6].

 

4.                 El 17 de enero de 2024, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 19 de enero de 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

5.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.            Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

6.                 La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y el Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad, la cual versa sobre la competencia para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por Colpensiones en contra de Leonor Muñoz Lopez.  A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que la administración interpone en contra de actos administrativos propios relacionadas con asuntos laborales y de la seguridad social (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.       Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[7]. La Corte Constitucional ha sostenido que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[8], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

8.                 En la controversia sub examine se configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

8.1.          Satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (ii) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, que integra la jurisdicción ordinaria.

8.2.          Satisface el presupuesto objetivo, puesto que las autoridades judiciales rechazan la demanda presentada por Colpensiones en contra de Leonor Muñoz Lopez, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

8.3.          Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto asunto (ver párrs. 2 y 3 supra).

 

4.       Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de acciones judiciales en contra de un acto propio relativo a la seguridad social. Reiteración del auto 316 de 2021.

 

9.                 En el auto 316 de 2021, la Corte Constitucional concluyó que los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad)[13], incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Esto, por tres razones. Primero, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en principio, no comprende la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos[14]. Segundo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer todas las acciones de lesividad contra actos administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”[15], con independencia de la materia sobre la que estos actos versen, dado que en estas acciones se debaten “intereses propios de la administración”[16]. Tercero, la acción de lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho”[17], las cuales deben ser tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

10.             Regla de decisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

5.       Caso concreto

 

11.             La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer la demanda sub examine. La Sala concluye que el proceso judicial sub examine debe ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en aplicación de la regla contenida en el auto 316 de 2021. Esto, porque se trata de una demanda presentada por una entidad pública en contra de actos administrativos propios –acción de lesividad–. En efecto, por medio de dicha demanda Colpensiones solicita (i) la nulidad de la Resolución GNR 152346 del 25 de mayo de 2015, que la misma entidad accionante profirió, y (ii) a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a Leonor Muñoz Lopez reintegrar las sumas económicas recibidas por concepto de mesadas pagadas, retroactivos, indexación e intereses causados, con ocasión del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor Hernán Vicente Erazo Dávila.

 

12.             En consecuencia, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-5059 para lo de su competencia.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y el Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Colpensiones en contra de Leonor Muñoz Lopez.

 

Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5059 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General