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Auto A-284/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 AUTO 284 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-4965

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B y el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral

 

Magistrada sustanciadora:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                  La acción judicial. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones (en adelante, Colpensiones), acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017, por medio de la cual reconoció pensión de invalidez a Willington David Ariza Arnedo (en adelante, el demandado)^[1]. Lo anterior, al considerar que el reconocimiento de la prestación económica se realizó a partir de “documentación fraudulenta”^[2] porque en una investigación administrativa que adelantó se demostró que “la realidad médica del ciudadano” no correspondía a la calificación de pérdida de capacidad laboral que aportó^[3]. Como medida de restablecimiento de derecho, solicitó “el [reintegro] de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de invalidez”^[4].

 

2.                 Primer reparto. El conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B. Mediante auto del 19 de agosto de 2020^[5], dicha autoridad inadmitió la demanda y ordenó su subsanación^[6]. Una vez subsanada la demanda, mediante auto del 30 de septiembre de 2020^[7], el tribunal (i) declaró su falta de jurisdicción y (ii) remitió el proceso a los juzgados laborales del Circuito de Barranquilla^[8]. En su criterio, como la controversia no deviene de una relación legal y reglamentaria entre un servidor público y el Estado, el litigio no puede ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo^[9]. En su lugar, señaló que este debe ser decidido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad Laboral, a la cual le corresponde resolver “las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”^[10]. Fundamentó su decisión en los artículos 104.4 y 105.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) y 2.4 de la Ley 712 de 2001.

 

3.                 Segundo reparto. El proceso fue asignado al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla^[11], autoridad judicial que, mediante auto del 6 de noviembre de 2020, (i) avocó conocimiento de la demanda y (ii) ordenó su subsanación^[12]. Luego, mediante auto del 4 de diciembre de 2020, el despacho admitió la demanda y corrió traslado al demandado^[13]. Posteriormente, mediante sentencia del 1 de junio de 2022, declaró que el demandado “tiene derecho a la pensión de invalidez”^[14] y, en consecuencia, la prestación económica “se debe[rá] continuar pagando [al demandado] en los porcentajes y montos señalados en la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017”^[15]. Contra esta decisión las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos por el A quo^[16]. El 22 de junio de 2022, el despacho remitió el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral^[17].

 

4.                 El 24 de agosto de 2022, Colpensiones presentó solicitud de nulidad procesal de todo lo actuado ante la autoridad judicial de segunda instancia. Para tales fines, argumentó que la Corte Constitucional, en los autos 316 de 2021 y 437 de 2021, estableció que las acciones de lesividad son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluidas las que “versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social”^[18]. Por lo anterior, solicitó que se propusiera conflicto negativo de competencia y, en consecuencia, que se remitiera el expediente a la Corte Constitucional^[19].

 

5.                 En segunda instancia, el proceso le correspondió al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral. Mediante auto del 10 de noviembre de 2023, el tribunal (i) declaró su falta de jurisdicción, (ii) propuso conflicto negativo con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, (iii) señaló que, “de llegar a establecerse la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, [decretaba] la nulidad de la sentencia [del] 1 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla”^[20] y (iv) remitió el expediente a la Corte Constitucional. Sostuvo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del asunto en virtud de lo establecido en los artículos 97 y 104 del CPACA y en los autos 316 de 2021 y 840 de 2021 de la Corte Constitucional. Precisó que la Corte Constitucional señaló que “cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011”^[21].

 

6.                 Mediante oficio del 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral, remitió el expediente de la referencia a la Corte Constitucional^[22]. Posteriormente, el 17 de enero de 2024, el expediente fue repartido al despacho de la magistrada sustanciadora^[23].

 

II.                    CONSIDERACIONES

 

1.      Competencia

 

7.            La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[24].

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

8.            La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, y el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017, interpuesta por Colpensiones. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (sección II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer acciones de nulidad simple, así como de nulidad y restablecimiento del derecho, que la administración interpone en contra de actos administrativos propios relacionadas con asuntos laborales y de la seguridad social (sección II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (sección II.5 infra). 

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de conflictos de jurisdicciones

 

9.            Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[25]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[26], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

10.        La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

(i)          El presupuesto subjetivo se satisface porque enfrenta a dos autoridades que administran justicia y pertenecen a jurisdicciones diferentes. A saber: (a) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, que pertenece a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y (b) el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral, que forma parte de la jurisdicción ordinaria^[30].

 

(ii)        El presupuesto objetivo está acreditado puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Colpensiones en contra de la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017, la cual debe resolverse en un trámite de naturaleza judicial.

 

(iii)     El presupuesto normativo se satisface porque las dos autoridades judiciales indicaron los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales con base en los cuales consideran que carecen de competencia para conocer el asunto (ver párr. 2-5, supra).

 

4.     Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio relativo a la seguridad social. Reiteración del auto 316 de 2021

 

11.             En el auto 316 de 2021, la Corte Constitucional señaló que los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, en virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios (acción de lesividad^[31]), incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Lo anterior, por tres razones. Primero, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en principio, no comprende la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos^[32]. Segundo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer todas las acciones de lesividad contra actos administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”^[33], con independencia de la materia sobre la que estos actos versen, dado que en estas acciones se debaten “intereses propios de la administración”^[34]. Tercero, la acción de lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho”^[35], las cuales deben ser tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

5.     Caso concreto

 

12.             La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque se trata de una demanda presentada por una entidad pública en contra de actos administrativos propios –acción de lesividad–. En efecto, por medio de esta demanda, Colpensiones solicita (i) se declare la nulidad de la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017, que ella misma profirió y (ii) se condene al demandado al reintegro de los pagos por concepto de mesadas pensionales, retroactivos y aportes a salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de invalidez. En consecuencia, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-4965 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

III.                DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B y el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, es la autoridad competente para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones en contra de la Resolución SUB 268644 del 25 de noviembre de 2017.

 

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-4965 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Laboral.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con excusa

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General