TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-299/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA-Conocimiento de procesos por presuntos delitos cometidos por miembros de la fuerza pública cuando haya duda del posible rompimiento del factor funcional

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 299 de 2024

 

Referencia: expediente CJU-5045

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (Norte de Santander) y el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la que prevé el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

                                                                                 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 Acusación. El 9 de noviembre de 2016[1], la Fiscalía Segunda Seccional de Pamplona (Norte de Santander) presentó escrito de acusación contra Gaspar Emilio Ortiz Torres –entonces Subintendente de la Policía Nacional– por la presunta comisión del delito de concusión. Según el escrito[2], el 17 de julio de 2016, el oficial indiciado capturó a Edwin Flórez Vera  por presuntamente haber cometido actos de violencia intrafamiliar. Luego, el oficial habría exigido al señor Flórez Vera y a su padre varias sumas de dinero (para un total de $1’850.000,oo), con el argumento de que el dinero era necesario para “ayudar” a aquél a salir en libertad. Edwin Flórez le contó lo ocurrido a su abogado defensor, quien puso en conocimiento de las autoridades la posible comisión del delito de concusión.

 

2.                 Primera decisión de la jurisdicción ordinaria en relación con la competencia. El 20 de agosto de 2019, en el marco de la audiencia preparatoria, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios (Norte de Santander)[3] declaró su falta de competencia, al considerar que el asunto correspondía a la jurisdicción penal militar; decretó la nulidad del proceso desde la audiencia de formulación de imputación, y remitió el expediente a la Corte Constitucional para resolver el conflicto. El juez argumentó, entre otras cosas, que (i) en este caso el imputado hacía parte de la Policía y estaba llevando a cabo una actividad propia de su servicio[4], en ejecución de la cual se desvió para exigir al denunciante sumas de dinero a cambio de apoyarlo para obtener su libertad[5] y (ii) mediante la sentencia SP1424 del 2 de mayo de 2018 la Corte Suprema de Justicia analizó un caso similar, y lo remitió a la jurisdicción penal militar[6].

 

3.                 Resolución del conflicto aparente de competencias entre jurisdicciones. El 11 de marzo de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[7] se inhibió de decidir el conflicto aparente suscitado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios. Dicha autoridad argumentó que el referido juzgado planteó un cuestionamiento a su propia competencia, pero no la disputó con alguna autoridad de otra jurisdicción, en especial, de la jurisdicción penal militar[8].

 

4.                 Segunda decisión de la jurisdicción ordinaria en relación con la competencia. El 13 de octubre de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios –anteriormente Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios[9]– decidió mantener “la decisión de decretar la nulidad de la actuación a partir de la imputación, y ordena[r] el envío a la Justicia Penal Militar”[10]. Argumentó que (i) el denunciado hacía parte de la Policía Nacional y estaba ejecutando sus funciones, pero presuntamente se desvió de su servicio y exigió al denunciante dinero a cambio de apoyo para su libertad sin predisponer con anterioridad su voluntad para ese propósito[11]; (ii) este tipo de casos es propio de la jurisdicción penal militar, y (iii) en la decisión del 11 de marzo de 2020 (párr. 3, supra) el Consejo Superior de la Judicatura solo estableció que no hubo un conflicto de competencias entre diferentes jurisdicciones, mas no determinó de fondo que el caso fuera propio de la jurisdicción penal ordinaria, por lo que el despacho puede mantener el concepto según el cual carece de competencia[12].

 

5.                 Decisión de la jurisdicción penal militar en relación con la competencia. El 6 de diciembre de 2023, el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta consideró que el asunto correspondía a la jurisdicción penal ordinaria, trabó conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Lo anterior, con base en las siguientes razones: (i) la conducta del acusado “no se encuentra íntimamente vinculada con la misión y función de la Fuerza Pública”, ya que culminado el proceso de captura que la Policía le había encomendado, decidió llevar a cabo una exigencia indebida de dinero y (ii) la situación no tuvo vínculo sustancial con la función policial del uniformado, ni una relación directa con el servicio, ya que el uniformado aparentemente solicitó en varias oportunidades[13] dinero de forma indebida al denunciante[14].

 

6.                 Trámite en la Corte Constitucional. El 19 de enero de 2024, de conformidad con el reparto del 17 de enero anterior, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente a la magistrada sustanciadora[15].

 

II.      CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

7.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

8.                 La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (Norte de Santander) y el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta, la cual versa sobre la competencia para conocer el proceso penal adelantado en contra de Gaspar Emilio Ortiz Torres, por la presunta comisión del delito de concusión. Para este efecto, en primer lugar, la Sala Plena verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II. 3 infra). En segundo lugar, reiterará las reglas jurisprudenciales acerca de la competencia excepcional de la justicia penal militar y policial y el fuero penal militar (II. 4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II. 5 infra).  

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

9.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones ocurren cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningún[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[16]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos suceda es necesario acreditar tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[17], los cuales explica el siguiente cuadro:

 

 

10.             La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer el proceso penal contra los Gaspar Emilio Ortiz Torres configura un conflicto negativo de competencias entre jurisdicciones, como pasa a explicarse:

 

(i)   Cumple el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (a) el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (Norte de Santander) y (b) el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta[21].

 

(ii) Satisface el presupuesto objetivo, puesto que el conflicto versa sobre el conocimiento del proceso penal en contra de Gaspar Emilio Ortiz Torres. 

 

(iii)          Se acredita el presupuesto normativo, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones constitucionales y legales por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (párrs. 2, 4 y 5 supra).  

 

4.     El fuero penal militar y la competencia de la justicia penal militar y policial[22]

 

11.             La investigación y el juzgamiento de los hechos que presuntamente constituyen un delito, por regla general, corresponde a las autoridades judiciales que conforman la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal[23]. No obstante, dicha competencia está asignada, de forma excepcional, a “las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”[24], cuando se trata de delitos presuntamente cometidos por “los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”[25]. La Corte Constitucional ha explicado que esta excepción al régimen general de juzgamiento se justifica en razón al sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública a unas reglas especiales de conducta derivadas de sus funciones, como el uso legítimo de la fuerza, y de su sistema de organización y formación castrense^[26]. De allí que, en principio, las conductas en que incurran los integrantes de la Fuerza Pública requieren de un estudio diferente al que realiza la justicia ordinaria respecto de los delitos que cometen otros miembros de la sociedad, pues surge la necesidad de sancionar, desde una perspectiva institucional y especializada, aquellos comportamientos que, de manera particular, afectan la buena marcha de la Fuerza Pública y los bienes jurídicos que a ella interesan^[27].

 

12.             Por lo anterior, el ordenamiento jurídico reconoce a los miembros de la Fuerza Pública un fuero penal militar respecto de aquellas conductas que cometen cuando se encuentran en servicio activo y estas tengan relación con el mismo servicio[28]. Así, el fuero penal militar es una excepción a la regla general de competencia atribuida a la jurisdicción ordinaria para conocer de la comisión de injustos penales.

 

13.             La competencia de la justicia penal militar y policial “[…] alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares –defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional– y de la policía nacional –mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica–”^[29]. Por ello, dicha competencia y, por ende, el fuero penal militar, solo se activan cuando concurren los siguientes dos elementos: (i) un elemento subjetivo, según el cual el agente debe pertenecer a la Fuerza Pública y ser miembro activo de ella al momento de cometer el delito, y (ii) un elemento funcional, el cual supone que los hechos presuntamente delictivos tengan relación directa con el servicio.

 

14.             Una conducta delictiva cumple con el elemento funcional si, “el hecho punible [surge] como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado”^[30]. En este sentido, el hecho debe suponer un vínculo claro entre la conducta desviada y el servicio. La Sala Plena corrobora ese vínculo cuando el agente de la Fuerza Pública incurre en “conductas que reflejan aspectos altamente reprochables de la función militar y policial, pero que, no obstante, tienen como referente tareas y misiones que, en sí mismas, son las que de ordinario integran el concepto constitucional y legal de servicio militar o policial”^[31]. La actuación debe tener “una relación directa, próxima y evidente con la función militar o policiva”[32]. De manera que la relación entre el delito y el servicio no puede ser meramente abstracta e hipotética. Para determinar si un hecho tiene relación directa con el servicio, es necesario analizar las pruebas recaudadas en el proceso para establecer las condiciones en las que el agente cometió el presunto delito^[33].

 

15.             El precitado vínculo se disolverá en el evento en que el agente tenga marcados propósitos criminales, pues en ese caso “el ejercicio de funciones militares constituye un mero disfraz o fachada para la actividad delictiva”^[34]. Cuando los miembros de la Fuerza Pública se apartan o generan una ruptura con el servicio que les corresponde prestar, es decir, cuando adoptan un tipo de comportamiento distinto de aquel que les impone la ley y la Constitución y, en esa actuación, cometen un delito, la justicia ordinaria deberá conocer del proceso. De ahí que la Sala Plena haya sido enfática en señalar que la justicia penal militar y policial no tiene competencia para conocer de delitos que, en general, son identificados como contrarios a la misión constitucional de la Fuerza Pública. Por ejemplo, “las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal conjunto de delitos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los casos ajenos al servicio”^[35], porque estas jamás podrían implicar la persecución de un fin constitucionalmente válido.

 

16.             La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia^[36], al igual que, en su momento, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura^[37] y, recientemente, la Sala Plena en el ejercicio de la competencia de dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones[38], han acogido las anteriores reglas jurisprudenciales.

 

17.             Regla de decisión. De conformidad con lo expuesto, para que la justicia penal militar y policial conozca sobre un asunto es necesario que la presunta acción u omisión: (i) sea cometida por un miembro de la Fuerza Pública cuando este estaba en servicio activo y (ii) tenga relación directa, próxima y evidente con las facultades que la Constitución y la ley asignan a las fuerzas militares o policiales, esto es, que mantenga un vínculo directo con la función propia o la misión de la institución. Por ello, “[c]uando los miembros de la fuerza pública sean investigados por la presunta comisión de conductas ilícitas, y se advierta que tales conductas habrían sido realizadas en desarrollo de actividades totalmente desarticuladas de sus funciones y tareas misionales e institucionales, el proceso penal será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”[39]. En estos casos, “al no existir una relación próxima y directa entre el hecho punible y el servicio, no se configura el elemento funcional y, con ello, no hay lugar a que opere el fuero penal militar”[40].

 

5.       Caso concreto

 

18.             La jurisdicción ordinaria en su especialidad penal es la competente para conocer el caso sub examine. Esto, por cuanto si bien es posible considerar que se configura el elemento personal del fuero penal militar en relación con el entonces agente de policía Gaspar Emilio Ortiz Torres, no ocurre lo mismo en relación con el elemento funcional. En efecto, de conformidad con la documentación que reposa en el expediente, es posible concluir prima facie que Gaspar Emilio Ortiz Torres fungía como comandante de guardia del cuerpo de vigilancia urbana del Departamento de Policía de Norte de Santander para el momento en el que ocurrieron los hechos imputados[41]. Por lo tanto, se cumple el elemento personal del fuero penal militar.

 

19.             No obstante, de conformidad con el escrito de acusación, no existen elementos que permitan inferir que las acciones delictivas en las que presuntamente incurrió el agente hayan sido ejecutadas en el marco del cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional. Según la información obrante en el expediente, el agente, a juicio de la Fiscalía, habría utilizado su cargo como comandante de guardia del cuerpo de vigilancia urbana de la Policía Nacional y las potestades propias de su rol, para emprender actividades abiertamente contrarias a la función constitucional y legal asignada a la Policía. Así pues, la fiscalía acusa Gaspar Emilio Ortiz Torres de haber solicitado a la presunta víctima dinero a cambio de apoyo para evitar su judicialización y facilitar su puesta en libertad. Esta conducta no guarda relación con la protección de las personas residentes en Colombia, la garantía del cumplimiento de los deberes sociales, el cumplimiento de decisiones judiciales, o la salvaguarda de la paz, los derechos y las libertades públicas[42].

 

20.             Además, de los hechos que la Fiscalía describió en el escrito de acusación, no se desprende que el acusado haya –aparentemente– actuado en cumplimiento de una orden, ni en el marco de alguna función constitucional que corresponda a la Policía Nacional. Esto supone que sus actuaciones, en principio, no se dieron en el marco de sus funciones.

 

21.             La Corte Constitucional ha conocido conflictos de competencias entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción penal ordinaria que han involucrado la presunta comisión del delito de concusión. Al respecto, este tribunal ha considerado que incluso si “la conducta delictiva hubiese tenido génesis en una actividad legalmente encomendada y, por ello pueda predicarse en principio su carácter legítimo, si en el transcurso de la misma la función hubiese sido distorsionada o desviada de cara a la misión constitucional asignada al miembro de la Fuerza Pública, el vínculo entre la conducta y el servicio se resquebraja al punto de que el respectivo conocimiento y juzgamiento deberá ser llevado a cabo por el juez ordinario”. Específicamente sobre el presunto delito de concusión, esta Corporación ha determinado que “no constituye un acto relacionado con el servicio”[43].

 

22.             Con base en lo anterior, la Sala Plena considera que la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal debe conocer el proceso penal en contra de Gaspar Emilio Ortiz Torres, por la presunta comisión del delito de concusión. Lo anterior, por cuanto el asunto no cumple con el elemento funcional del fuero penal militar, según el cual debe estar plenamente demostrado el vínculo directo del delito con el servicio. En consecuencia, la Sala Plena ordenará el envío del expediente CJU-5045 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (Norte de Santander), para que continúe con las diligencias penales en contra de Gaspar Emilio Ortiz Torres y para que comunique la presente decisión al Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta y a los sujetos procesales e intervinientes.

 

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (Norte de Santander) y el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta, en el sentido de DECLARAR que la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, es la autoridad competente para conocer del proceso penal en contra de Gaspar Emilio Ortiz Torres por la presunta comisión del delito de concusión.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-5045 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar de San José de Cúcuta y a los sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con excusa

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General