SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCION DE COMUNIDAD INDIGENA-Niveles de cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA   

   

CORTE CONSTITUCIONAL  

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 

 

AUTO 440/24 

 

Referencia: seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

 

Asunto: valoración del cumplimiento del Auto 2063 de 2023, proferido en seguimiento al Auto 1196 de 2021 y la orden novena de la sentencia

 

Magistrado sustanciador:   

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)   

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente providencia:

 

I.                  SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

1.                 La Sala Especial declarará el cumplimiento general de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la divulgación y comunicación efectiva del fallo entre las comunidades Wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (La Guajira), para cuyo acatamiento se profirieron los autos 1196 de 2021 y 2063 de 2023. Por lo anterior, cesará las labores de seguimiento que adelanta al respecto.

2.                 Con base en lo allegado al trámite de seguimiento por las autoridades obligadas, así como por las acciones adelantadas por las comunidades Wayuu en la implementación del fallo, la Sala Especial constata que estas conocen de manera suficiente la sentencia y sus principales elementos, lo que constituye el primer eslabón para garantizar un diálogo genuino en la solución de la crisis humanitaria que afecta a ese pueblo indígena. Asimismo, la Sala encuentra que el Ministerio del Interior (el ministerio o Mininterior) acató los principales elementos del mandato judicial a su cargo, como lo son la traducción de la sentencia al wayuunaiki, su comunicación oral entre las comunidades y el registro audiovisual de las actividades de divulgación adelantadas.

 

3.                 En relación con las órdenes dictadas en el Auto 2063 de 2023, cuyo cumplimiento aquí se evalúa, la Sala Especial considera que el punto resolutivo segundo se satisfizo pues el Ministerio del Interior presentó un informe detallado y respaldado con evidencias sobre las acciones para comunicar y divulgar la Sentencia T-302 de 2017 entre las comunidades indígenas de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. De otro lado, con respecto a la orden cuarta, la cartera ministerial remitió información y evidencia sobre las reuniones, asistentes y actividades de preconsulta del plan de acción en algunas comunidades de esa región. Por lo cual, también se considera acatada.

 

II.               ANTECEDENTES

 

4.                 Desde que la Corte avocó el conocimiento de la Sentencia T-302 de 2017, por medio de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, La Guajira, por la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos al agua, la salud, la alimentación y la participación de las niñas y los niños del pueblo Wayuu, se han proferido varios autos de seguimiento a las órdenes allí dictadas.

 

5.                 A través del Auto 1196 de 2021, la Sala Especial valoró las acciones realizadas por el Ministerio del Interior frente a la orden novena, relativa a la divulgación y comunicación efectiva del fallo entre las comunidades Wayuu de los municipios mencionados. Luego de analizar las pruebas aportadas por la autoridad obligada, la Sala declaró el cumplimiento bajo de la orden ya que no se superó un estándar de satisfacción y efectividad con base en el cual se concluyera el conocimiento del fallo y el trámite de seguimiento por las comunidades indígenas. Por esta razón, la Sala emitió distintas medidas para la cabal satisfacción del mandato judicial.

6.                 Posteriormente, por medio del Auto 2063 de 2023, la Sala Especial evaluó y valoró de nuevo las acciones adelantadas para la satisfacción de la orden novena[1]. En esta providencia, a diferencia de la anterior, la Sala declaró el cumplimiento alto. A juicio de la Sala, si bien las acciones realizadas por la cartera no se ajustaron a la totalidad de los elementos que constituían la obligación judicial: se había actuado con el fin de generar una amplia participación indígena en las actividades de divulgación y comunicación del fallo y reposaban pruebas suficientes sobre el conocimiento de la sentencia, así como del trámite de seguimiento que adelanta la Sala, por parte de las autoridades y representantes del pueblo Wayuu.

 

7.                 No obstante, la Sala Especial dictó dos medidas para asegurar el cumplimiento general del mandato judicial. Por un lado, a través del punto resolutivo segundo del auto, le ordenó al Ministerio del Interior allegar evidencias de las actividades de divulgación y comunicación del fallo que se comprometió a adelantar entre el 14 de marzo y el 23 de mayo de 2023[2] . Por otro lado, mediante el punto resolutivo cuarto, le ordenó remitir a la Sala información y evidencia de las reuniones, asistentes y actividades de preconsulta del plan de acción de la sentencia que se desarrollaron en algunas comunidades Wayuu de La Guajira[3] y que no fueron adjuntadas en el informe de cumplimiento allegado a la Sala el 26 de enero de 2023[4].

 

III.           CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

8.                 En virtud del Auto 042 de 2021, por medio del cual la Sala Octava de Revisión de la Corte avocó el conocimiento de la Sentencia T-302 de 2017, esta sala especial de seguimiento es competente para pronunciarse sobre el acatamiento del Auto 2063 de 2023, proferido en seguimiento a las órdenes segunda del Auto 1196 de 2021 y novena de la Sentencia T-302 de 2017, así como para valorar las acciones realizadas al respecto y establecer las medidas a que haya lugar.

 

Objeto y estructura de la decisión

 

9.                 Esta providencia estará dividida en cuatro partes. En primer lugar, la Sala retomará la metodología para valorar el cumplimiento de la orden novena de la sentencia, que fue fijada en los autos 1196 de 2021 y 2063 de 2023 (sección A). En segundo lugar, se abordará el alcance de las órdenes dictadas en este último auto y los parámetros específicos para evaluar su cumplimiento (sección B). En tercer lugar, se analizará y valorará la respuesta el Ministerio del Interior a la obligación judicial (sección C). Por último, se expondrán algunas medidas para amplificar el conocimiento y apropiación del fallo y el trámite de seguimiento entre las comunidades Wayuu y la ciudadanía interesada (sección D).

 

A.               Metodología para valorar el cumplimiento de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017 y los autos proferidos en su seguimiento. Reiteración de jurisprudencia

 

10.            En el Auto 2063 de 2023 se estableció que, con el fin de valorar las acciones realizadas en cumplimiento de la orden novena de la sentencia, se seguiría la metodología acogida por la Sala para evaluar las órdenes de carácter simple[5]. Por esta razón, se adoptará la misma metodología en esta providencia.  

 

11.            La Sala Especial ha determinado que la valoración del cumplimiento de órdenes simples consta de tres pasos[6]. En primer lugar, se fija el alcance y los parámetros con base en los cuales se puede entender por superada la orden. En segundo lugar, se analizan las acciones ejecutadas por la autoridad obligada. En tercer lugar, se exponen las consideraciones sobre las actuaciones adelantadas para, con ello, establecer el nivel de cumplimiento y proferir las órdenes a que haya lugar.

 

12.            Ahora bien, como en esta oportunidad se busca evaluar las acciones realizadas frente a una orden cuyo cumplimiento se declaró alto, la Sala estima conveniente señalar que se considera el cumplimiento general cuando:

 

[L]as actividades desarrolladas son adecuadas para cumplir con lo dispuesto en el mandato y sus resultados son suficientes, sostenibles, significativos y progresivos a tal punto que permiten concluir que se superó la falla estructural que dio lugar a la formulación de la orden. En el caso de la Sentencia T-302 y los autos proferidos en el marco del seguimiento, la Sala espera, además, que las autoridades obligadas hayan diseñado herramientas y puesto en marcha mecanismos suficientes y adecuados para enfrentar circunstancias similares a las que dieron lugar a tales providencias[7].

 

13.            En caso de que la Sala considere que no se alcanza un nivel de cumplimiento general, sino que se mantiene en alto, se podrá remitir la supervisión y verificación final de las directrices judiciales a la Procuraduría General de la Nación o la Defensoría del Pueblo. En este escenario, el Ministerio Público deberá presentar informes a la Sala hasta que se cumpla con la totalidad de los supuestos de la orden, la Corte retome el trámite por incumplimiento o se generen cambios en las circunstancias fácticas o jurídicas que fundamentan la obligación judicial[8].

 

14.            En relación con el Ministerio Público, la Sala ha señalado que despliega un rol importante en el trámite de cumplimiento de la sentencia [9]. Sin perjuicio de las decisiones que se profieran, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación deberán, de acuerdo con sus funciones y competencias, ejercer acciones preventivas, adelantar actuaciones disciplinarias y disponer de la potestad sancionatoria respecto de las autoridades obligadas cuando sea pertinente. 

 

B.               Alcance y parámetros de evaluación de las órdenes proferidas en el Auto 2063 de 2023

 

15.            Con el fin de alcanzar el cumplimiento general de la orden novena de la sentencia, la Sala Especial de Seguimiento profirió dos medidas, cuya ejecución recae en el Ministerio del Interior. Los parámetros formales de cumplimiento de las órdenes son los siguientes:

 

16.            Adicionalmente, la Sala dispuso en el Auto 2063 de 2023 que, una vez recibiera el informe al que se hace referencia en la orden segunda, este se pusiera en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncien al respecto. La Sala Especial les solicitó a estas entidades que se refirieran, en especial, a si fueron invitadas, y la fecha de invitación si es el caso, a acompañar el cumplimiento de las actividades de divulgación y comunicación del fallo propuestas por el Ministerio del Interior durante el 2023 y las consideraciones fácticas y jurídicas que estimen sobre el cumplimiento general de la orden novena de la sentencia.

 

17.            A partir de los parámetros de cumplimiento expuestos en la tabla, la Sala Especial evaluará la respuesta de la cartera. No obstante, se aclara que en esta oportunidad no se adelantará un análisis acerca de la materialización de la finalidad y los propósitos de la orden novena pues, como se concluyó en el Auto 2063 de 2023, reposan pruebas suficientes sobre el conocimiento efectivo del fallo y las gestiones de seguimiento que adelanta esta sala por las autoridades y representantes del pueblo Wayuu.

 

C.               Respuesta del Ministerio del Interior y valoración de lo ejecutado

 

18.            En esta parte del auto la Sala expondrá, en primer lugar, los documentos e informes presentados por el Ministerio del Interior en cumplimiento al Auto 2063 de 2023, así como las consideraciones fácticas y jurídicas del Ministerio Público acerca de su acatamiento. Posteriormente, se procederá a evaluar la respuesta con base en los parámetros especificados en la tabla de la sección anterior.

 

Respuestas y observaciones al cumplimiento del Auto 2063 de 2023

 

19.            En respuesta al resolutivo del Auto 2063 de 2023, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior presentó, el 18 de septiembre de 2023, un documento en el que indicó que, para consolidar el proceso de divulgación y comunicación de la sentencia, así como la participación de las comunidades indígenas, fue necesario destinar un presupuesto especial, por lo cual se modificó el cronograma de actividades propuesto inicialmente[14].

20.            La destinación presupuestal, sostuvo, solo se logró a finales de agosto de 2023, cuando, gracias a la Resolución 2154 de 24 de agosto de 2023, por la cual se efectuó una distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de ese año, fue posible apropiar recursos que permitieran implementar la hoja de ruta.

 

21.            El Ministerio del Interior señaló en el documento que, a pesar de las circunstancias presupuestales, adelantó algunas actividades en el marco de la hoja de ruta propuesta. De un lado, la conformación de un equipo interdisciplinario con la presencia de ocho personas del pueblo Wayuu capacitadas en la traducción al wayuunaiki. De otro, jornadas intensivas con dicho equipo para fortalecer los conocimientos y el análisis de la Sentencia T-302 de 2017, el Auto 1196 de 2021 y las principales actuaciones judiciales adelantadas en el trámite de seguimiento.

 

22.            La cartera informó, asimismo, que decidió incluir nuevas actividades para ampliar la población objeto de la medida y los espacios de divulgación y comunicación del fallo. De manera particular, indicó que se adelantarían actividades en los centros etnoeducativos e internados para que la población estudiantil de los grados 10° y 11° se apropie de la sentencia y se convierta en portadora de sus alcances en sus comunidades. Además, que se encuentra estableciendo la forma de dejar en el territorio Wayuu piezas comunicativas de del fallo como un mecanismo de transmisión efectivo.

 

23.            El ministerio indicó que, para alcanzar un nivel general de cumplimiento de las órdenes, ha venido impartiendo directrices internas para aprovechar los escenarios de diálogo genuino con el pueblo Wayuu y reforzar el conocimiento de la sentencia y sus autos de seguimiento. Así, con ocasión de las órdenes proferidas en el Auto 1290 de 2023[15], el ministerio y las comunidades desarrollaron 13 espacios de diálogo genuino entre las entidades obligadas y las autoridades y líderes del pueblo Wayuu en los que se socializó en wayuunaiki dicho auto y sus antecedentes, entre ellos, la sentencia y el Auto 696 de 2022[16].

 

24.             Por último, la cartera presentó un nuevo cronograma de actividades para dar cumplimiento al Auto 2063 de 2023. Entre otras cosas, en el cronograma se anotó que del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2023 realizaría reuniones de divulgación y comunicación de la sentencia en centros etnoeducativos e internados; que entre el 6 y el 31 de noviembre se realizarán “[r]euniones de fortalecimiento y consolidación de la divulgación y comunicación de los contenidos de la ST-302 y providencias”; y que el 11 de diciembre de 2023 radicaría un informe en el que se indicaría: (i) la metodología y ruta; (ii) lugares donde se realizó la divulgación y comunicación de la sentencia; (iii) comunidades indígenas, incluidos los líderes, lideresas y autoridades, que participaron de los eventos; (iv) fechas en las que se llevaron a cabo, y (v) documento traducido al wayuunaiki que fue comunicado.

 

25.            En una carpeta anexa al documento radicado, el ministerio adjuntó informes, actas y fotografías de las reuniones, asistentes y actividades desarrolladas con ocasión de la preconsulta del plan de acción de la sentencia en las comunidades de Uru, Carrizal, Cardon, Porshina, Irraipa, Media Luna (Wimpeshi), Casuso, Jojoncito, Guarralakatshi, Ishashimana, Aljote, Cabo de la Vela y Taparajin[17]. Lo anterior, en respuesta al punto resolutivo cuarto del Auto 2063 de 2023.

 

26.            Igualmente, el ministerio adjuntó una copia de la Resolución 2154 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un documento que contiene las hojas de vida de las personas capacitadas en traducción al wayuunaiki que harían parte del equipo interdisciplinar para la divulgación y comunicación de la sentencia.

 

27.            Mediante auto del 31 de octubre de 2023, el magistrado sustanciador puso a disposición de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación lo presentado por el Ministerio del Interior, para que se refirieran a lo realizado por la cartera en respuesta al Auto 2063 de 2023[18].

 

28.             En atención a lo dispuesto por la Sala, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que, para esa fecha, la entidad no había sido invitada a las acciones de divulgación y comunicación de la sentencia planteadas por el Ministerio del Interior para el año 2023. Asimismo, resaltó y adjuntó soportes y documentos sobre las acciones que ha adelantado en seguimiento a la orden novena de la sentencia y expuso algunas consideraciones fácticas y jurídicas sobre su cumplimiento[19].

 

29.            Con respecto a las acciones que ha adelantado en seguimiento a la orden novena, la Procuraduría indicó que, tan solo luego de cinco solicitudes a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior sobre su cumplimiento, recibió una respuesta. En esta, sostuvo la Procuraduría, el ministerio relacionó las actividades de diálogos realizadas con el pueblo Wayuu en etapas de preconsulta y consulta entre los años 2019 y 2022; algunas actividades de diálogo adelantadas en el año 2023 a raíz de movilizaciones indígenas en La Guajira; y un plan de trabajo como un cronograma, sin fechas específicas, de actividades con aquellas, pero en las que no se refiere a la finalidad de socializar la sentencia.  

 

30.            Con respecto a las consideraciones fácticas y jurídicas, la Procuraduría señaló que, sin pretender desconocer los retos que implica el acatamiento de las órdenes de la sentencia ni descalificar las actuaciones del Gobierno nacional, solo hasta finales de agosto de 2023 se apropiaron recursos para implementar las acciones requeridas y no se señaló ninguna actividad de divulgación, salvo la conformación y fortalecimiento técnico del equipo de trabajo encargado de esta tarea. También señaló que el ministerio no adjuntó actas sobre las actividades de divulgación de la sentencia en los centros etnoeducativos e internados que se realizarían entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 2023. Por último, la Procuraduría reiteró que no ha sido convocada a las actividades planteadas por la cartera y que la divulgación debe hacerse de forma pertinente por personal altamente calificado.

 

31.            Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostuvo que tampoco ha sido invitada a acompañar las actividades de divulgación y comunicación de la sentencia propuesta por el ministerio para el año 2023; que, si bien existe una traducción de la sentencia al wayuunaiki, desconoce el plan de divulgación del Gobierno nacional para el cumplimiento de la orden novena, y que no tiene conocimiento del cronograma elaborado en el informe de cumplimiento del Auto 2063[20].

 

32.            La Defensoría cerró el documento señalando, además, que la divulgación de la sentencia no se puede limitar a su traducción, sino que debe haber una explicación de las obligaciones estatales frente a su cumplimiento y los derechos que le asisten al pueblo Wayuu. También, que estas actividades son imprescindibles para iniciar un diálogo genuino con el pueblo indígena, en el que se deben intercambiar puntos de vista y el respeto a los usos de la etnia. Por último, la Defensoría señaló que las actividades de divulgación no pueden limitarse a los centros urbanos ni a reuniones con ciertas autoridades, por lo cual, deben tener en cuenta la dispersión del territorio indígena y sus autoridades[21].

 

33.            Por medio de auto del 22 de noviembre de 2023, la Sala puso en conocimiento del Mininterior las respuestas de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que se pronunciara al respecto, en especial, a la ausencia de invitaciones a las actividades de divulgación y comunicación de la sentencia programadas del 6 al 31 de noviembre de ese año, como fue resaltado por el Ministerio Público en sendos informes.

 

34.            El 29 de noviembre de 2023, la Sala recibió un informe de dicha cartera en el que el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sostuvo que el 22 de noviembre de ese año notificó a la Corte acerca de la ampliación del cronograma de las actividades de consolidación y fortalecimiento del proceso de divulgación y comunicación en wayuunaiki de la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento[22]. Según la entidad, los retrasos en el cronograma remitido en septiembre de 2023[23] se debieron a los tiempos de contratación y han repercutido en el desarrollo de las actividades establecidas. 

 

35.            En atención a la afirmación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre la entrega de un documento el 22 de noviembre de 2023, la Sala aclara que, una vez revisados los buzones electrónicos de la Corte, no se halló el texto al que hizo referencia la entidad. En cambio, este fue allegado como documento adjunto del informe de 29 de noviembre[24].  

 

36.            En aquel texto, el ministerio presentó, entre otras informaciones, un ajuste del cronograma de las actividades de divulgación y comunicación del fallo. La Sala destaca las siguientes actividades y fechas de realización propuestas por la entidad:

 

 

37.            Ahora bien, en el informe radicado el 29 de noviembre de 2023, la autoridad afirmó que, a pesar de los cambios en el cronograma de actividades, logró avanzar en su implementación y la hoja de ruta propuesta. Particularmente, en las actividades de integración del equipo interdisciplinario, el inicio de las jornadas intensivas para lograr el ajuste de la sentencia y sus autos a un lenguaje culturalmente adecuado, así como la grabación y filmación de la traducción. Además, sostuvo que el 29 de noviembre se culminó con esas etapas y que el 27 del mismo mes se remitió convocatoria al Ministerio Público y a los representantes del pueblo Wayuu para el 30 de noviembre con el fin de informar las acciones desplegadas, el estado de la ruta y solicitar el debido acompañamiento en el proceso.

 

38.            Frente a lo manifestado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en cuanto a no haber recibido invitación al proceso de divulgación y comunicación de la sentencia, la Autoridad Nacional de Consulta Previa indicó que, si bien es cierto lo manifestado por el Ministerio Público, a la fecha del informe se convocó a tales entidades de conformidad con el nuevo orden cronológico. Por último, la autoridad solicitó a la Sala tener en cuenta el alcance y ajuste efectuado al cronograma de la hoja de ruta de consolidación y fortalecimiento del proceso de divulgación y comunicación de la sentencia y los autos de seguimiento.

 

39.            La Autoridad Nacional de Consulta Previa también adjuntó: el texto de 22 de noviembre de 2023 mencionado por la entidad y que recibió la Sala efectivamente el 29 de ese mes; las invitaciones y convocatorias a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las entidades territoriales concernidas (Gobernación de La Guajira y alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao) y los representantes del pueblo Wayuu al proceso de divulgación y comunicación de la sentencia, así como un registro fotográfico de los avances de la hoja de ruta.

 

40.            El 12 de enero de este año, la Sala recibió un informe por parte de esa misma autoridad sobre las actividades desarrolladas en la hoja de ruta propuesta para la divulgación y comunicación de la sentencia y sus autos de seguimiento. El informe fue acompañado de varios enlaces en los que se ubican anexos con evidencias de lo realizado por la entidad[25].

 

41.            En este documento, la entidad señaló que el proceso de divulgación y comunicación se desarrolló a través de quince (15) reuniones en distintas comunidades de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, entre el 6 y el 14 de diciembre de 2023. Para adelantar las reuniones, se suscribieron tres (3) contratos con asociaciones Wayuu, con lo que se buscó brindar garantías para la participación de las autoridades y miembros de las comunidades. Las fechas de reunión por municipio y comunidad, de acuerdo con lo allegado por la autoridad, fueron las siguientes:

 

 

42.            El ministerio sostuvo que en las reuniones participaron autoridades, líderes, lideresas, voceros, voceras y población Wayuu con el fin de garantizar un conocimiento amplio de las órdenes proferidas por la Corte, los derechos fundamentales amparados y los remedios constitucionales para superar el ECI. Asimismo, señaló que las actividades buscaron promover un diálogo genuino de las decisiones impartidas y el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derechos.

 

43.            El Mininterior resaltó que las actividades de divulgación y comunicación se articularon con integrantes del pueblo indígena y se logró conformar un equipo interdisciplinario con amplia experiencia en procesos comunitarios y organizacionales, en los que la lengua nativa fomentó una mejor comunicación entre las comunidades. Expresó, a su vez, que se generaron alianzas de orden institucional con la Universidad de La Guajira, centro de estudios que cuenta con una oferta académica con un fuerte componente de enfoque diferencial étnico.

 

44.            En virtud de lo anterior y del cumplimiento de las actividades propuestas en la hoja de ruta, la autoridad obligada concluyó que satisfizo las expectativas de la Sala para alcanzar un grado general de cumplimiento de la orden novena y el Auto 1196 de 2021. Paralelamente, reiteró que decidieron incluir la divulgación en wayuunaiki de la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento en los centros etnoeducativos e internados, la cual será desarrollada en el primer trimestre de 2024 bajo el convenio interadministrativo celebrado con la Universidad de La Guajira y deberá abarcar, como mínimo, el 50% de las instituciones con perfil Wayuu de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao.

 

45.            En el informe citado del 12 de enero de 2024, la Autoridad Nacional de Consulta Previa presentó información y anexos con evidencias en torno a las siguientes actividades de la hoja de ruta propuesta:

 

 

46.            Por último, el 23 de enero de 2024 se recibió un informe de la mencionada entidad en el que expuso un balance de la participación de miembros y comunidades Wayuu en las reuniones de divulgación y comunicación de la sentencia que se adelantaron en diciembre de 2023[26]. A este informe se anexó un documento en Excel con las y los participantes en las reuniones[27].

 

47.             Los datos totales y desagregados por cada municipio, de acuerdo con lo presentado por la entidad, se resumen en la siguiente tabla:

 

 

48.            Como conclusión, la Autoridad Nacional de Consulta Previa señaló que las reuniones contaron con una amplia representación de las comunidades indígenas de los municipios concernidos, lo que fortalece y consolida la comprensión de las decisiones judiciales y el reconocimiento de aquellas como sujetos de derecho. Asimismo, que contaron con un número importante y significativo de autoridades indígenas, quienes fueron partícipes principales en el proceso informativo y pedagógico que se ejecutó. Por último, que la participación de las y los miembros de las comunidades convocadas fue importante en tanto que son actores claves en el territorio y parte del tejido social y cultural del pueblo Wayuu.

 

Valoración de la respuesta

 

49.            A partir de lo presentado por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que, conforme a lo allegado, encabezó las actividades de fortalecimiento y consolidación del proceso de divulgación y comunicación del fallo durante el año anterior, la Sala Especial de Seguimiento considera que lo ejecutado por la obligada satisface los parámetros establecidos en las órdenes segunda y cuarta del Auto 2063, las cuales profirió para alcanzar el cumplimiento general del punto resolutivo noveno de la sentencia. En consecuencia, la Sala declarará el cumplimiento general de tales mandatos judiciales y dictará algunas medidas.

 

50.            Con el fin de explicar las razones que dan pie a esta valoración, la Sala abordará, primero, lo ejecutado frente a la orden segunda y, posteriormente, se referirá a la orden cuarta.

 

51.            Frente a la orden segunda, la Sala comienza por reconocer que la autoridad obligada presentó un informe detallado y respaldado con evidencias sobre las actividades adelantadas para fortalecer la divulgación y el conocimiento de la sentencia y los autos de seguimiento entre las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. En concreto, se trató de quince (15) reuniones celebradas en distintos espacios territoriales de la región[28].

 

52.            Si bien dicho informe se presentó en un momento distinto al propuesto por el ministerio en respuesta al Auto 2063 de 2023[29], la Sala entiende como motivos justificados de la demora las vicisitudes propias del ámbito presupuestal y los tiempos de contratación de la entidad[30]. Además, si se comparan los cronogramas de actividades presentados por el ministerio el 18 de septiembre y el 29 de noviembre de 2023, el cambio en los términos de ejecución de las actividades no fue irrazonable; se trató, aproximadamente, de un mes[31].

 

53.            La Sala entiende, a su vez, que la modificación de la agenda y el cronograma de actividades no fue óbice para lograr su desarrollo antes de finalizar el año y alcanzar su objetivo principal, que es fortalecer y consolidar el conocimiento de los principales elementos de la sentencia y las providencias que se han proferido en su seguimiento entre las comunidades Wayuu de los municipios concernidos.

54.            Como se expuso en el subtítulo de esta sección “Respuestas y observaciones al cumplimiento del Auto 2063 de 2023”, el Ministerio del Interior respaldó el desarrollo de las distintas actividades programadas por medio de varios enlaces digitales con evidencia documental, audiovisual y fotográfica. Al respecto, la Sala subraya positivamente el amplio abanico de acciones emprendidas tanto para preparar como para poner en marcha en el territorio Wayuu el conocimiento efectivo del fallo. Los documentos anexos respaldan de manera suficiente: (i) las estrategias y elementos tenidos en cuenta para que la traducción y divulgación cumplan con el propósito para el que fueron ordenados; (ii) el contenido que fue objeto de traducción y divulgación; (iii) las fechas y comunidades en las que se desarrollaron las reuniones de divulgación, así como el alcance demográfico y territorial de las labores, y (iv) los mecanismos con los que se verifica la efectividad de las actividades emprendidas.

 

55.            La Sala destaca, así, las siguientes acciones: (i) conformación de un equipo interdisciplinario con participación de lingüistas del pueblo Wayuu, integrantes de las comunidades indígenas, así como de académicas y académicos de la Universidad de La Guajira[32]; (ii) realización de varias jornadas para discutir y extraer los elementos principales de la sentencia y los autos de seguimiento, adecuar cultural y lingüísticamente su comunicación y construir la propuesta metodológica de divulgación entre las comunidades[33]; (iii) grabación en video y audio de la traducción de la sentencia y los autos de seguimiento con base en los parámetros dados en el Auto 1196 de 2021[34]; (iv) definición y puesta en marcha de nuevas estrategias de difusión de la sentencia, que incluyeron medios radiales, impresos y digitales[35]; (v) elaboración y entrega de cartillas y plegables en wayuunaiki sobre la sentencia y los autos de seguimiento[36], y (vi) convocatoria y realización de quince (15) reuniones en distintas comunidades Wayuu para fortalecer y consolidar el conocimiento de la sentencia y los autos de seguimiento[37].

 

56.            Por otro lado, la Sala de Seguimiento reconoce que, a excepción de la divulgación de la sentencia en centros etnoeducativos e internados de la región, las actividades se realizaron en consonancia con cada uno de los elementos de las propuestas presentadas por el Ministerio del Interior, en especial, aquella allegada el 29 de noviembre de 2023[38]. Cada una de estas actividades, como ha indicado la Sala, contó con enlaces en los que se aportaban las evidencias de su ejecución; inclusive, el documento que radicó el Mininterior el 23 de enero de este año aportó un balance del alcance territorial y demográfico de las reuniones de divulgación y comunicación que se adelantaron en diciembre de 2023[39].

 

57.            No obstante, comoquiera que, en principio, la actividad de divulgación del fallo en los centros etnoeducativos e internados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia se encuentra en desarrollo, pues, de acuerdo con el informe de 12 de enero de 2024, esta debe adelantarse durante el primer semestre del año[40], la Sala le ordenará al Ministerio Público acompañar y vigilar su debido cumplimiento.

 

58.            Finalmente, aunque la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo señalaron en sendos informes que no habían sido invitadas a las actividades de divulgación y comunicación de la sentencia[41], la Sala observa que fueron convocadas posteriormente a acompañar permanentemente las acciones propuestas por el ministerio y que asistieron a las reuniones dirigidas por la cartera[42].

 

59.            Por lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento considera satisfecha la orden segunda del Auto 2063 de 2023 y declarará el cumplimiento general del mandato judicial.

 

60.            Frente a la orden cuarta del Auto 2063 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento encuentra que el Ministerio del Interior satisfizo los parámetros y condiciones de cumplimiento allí fijados y que fueron descritos en la sección B de esta providencia.

 

61.            Particularmente, la autoridad obligada remitió a la Sala información y evidencia sobre las reuniones, asistentes y actividades de preconsulta del plan de acción de la sentencia adelantadas en Jojoncito, Casuso, Wimpeshi, Irraipa, Porshina, Cardon, Carrizal, Uru, Taparajin y Cabo de la Vela (Uribia); Aljote (Riohacha), y La Paz Ishishamana y Musichy Guarralakatshi (Manaure). A juicio de la Sala, la evidencia aportada por la entidad, conformada por actas, fotografías y listas de asistencia son elementos que demuestran de forma clara y suficiente su realización.

 

62.            La Sala destaca que en la gran mayoría de las actas se describieron las herramientas metodológicas implementadas en las reuniones; los temas abordados, entre ellos, los conceptos básicos de la sentencia y los ocho objetivos mínimos constitucionales; los problemas que enfrentan las comunidades, como la normalización de sus necesidades por causa del abandono estatal y la falta de intervenciones reales; algunas limitaciones que se presentaron, como la baja participación de autoridades indígenas en ciertas ocasiones, y se señalaron los remedios propuestos por las comunidades a los problemas humanitarios que las aquejan.

 

63.            La Sala reconoce, a su vez, que en las actividades adelantadas participaron autoridades e integrantes de las comunidades Wayuu referenciadas en la orden objeto de seguimiento, así como intervinientes en el trámite de cumplimiento de la sentencia[43].

 

64.            Por lo anterior, la Sala considera satisfecha la orden cuarta del Auto 2063 de 2023 y declarará su cumplimiento general.

 

65.            En suma, debido al nivel de conocimiento y apropiación del fallo y el trámite de seguimiento por parte de las comunidades Wayuu, que fue advertido en el Auto 2063 de 2023, así como del cumplimiento de los mandatos judiciales dictados en esa providencia en razón a lo detectado en el Auto 1196 de 2021, la Sala Especial de Seguimiento declarará el cumplimiento general de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017.

 

 

 

 

D.               Medidas por adoptar

 

66.            Como se anticipó, la Sala Especial de Seguimiento declarará que se alcanzó un nivel de cumplimiento general de la orden novena de la sentencia. En consecuencia, cesará las labores de seguimiento que adelanta al respecto. Sin embargo, dictará algunas órdenes, como se expone a continuación.

 

67.            En primer lugar, a partir de las actividades propuestas por el Ministerio del Interior en el informe allegado el 12 de enero de 2024[44], se le ordenará a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo seguir el cumplimiento de las actividades de divulgación del fallo realizadas por la cartera en los centros etnoeducativos e internados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

 

68.            En segundo lugar, la Sala dispondrá la publicación en el micrositio de la Corte Constitucional sobre el trámite de seguimiento la Sentencia T-302 de 2017 el material pedagógico preparado por el Ministerio del Interior para fortalecer y consolidar la divulgación y conocimiento de la sentencia entre las comunidades Wayuu. El material se extraerá de los enlaces compartidos por la entidad en el informe allegado el 12 de enero de 2024.

 

69.            Finalmente, la Sala exhortará a las autoridades estatales del orden nacional y territorial obligadas y convocadas al trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 a continuar con el proceso de comunicación y divulgación de los antecedentes judiciales que dan origen o fundamentan las actividades que realizan en relación con el fallo.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional

 

IV.            RESUELVE

 

Primero. DECLARAR el cumplimiento general de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017. En consecuencia, la Sala Especial de Seguimiento CESA las labores de seguimiento que adelanta al respecto y frente a los autos 1196 de 2021 y 2063 de 2023.

 

Segundo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo seguir el cumplimiento de las actividades de divulgación del fallo realizadas por el Ministerio del Interior en los centros etnoeducativos e internados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, de conformidad con lo propuesto por la cartera en el informe allegado el 12 de enero de 2024.

 

Tercero. ORDENAR a las Oficinas de Prensa y Sistemas de la Corte que publiquen en el micrositio de la Corte Constitucional sobre el trámite de seguimiento la Sentencia T-302 de 2017 el material pedagógico preparado por el Ministerio del Interior para fortalecer y consolidar la divulgación y conocimiento de la sentencia entre las comunidades indígenas. El material se extraerá de los enlaces compartidos por la entidad en el informe allegado el 12 de enero de 2024. 

 

Cuarto. EXHORTAR a las autoridades estatales del orden nacional y territorial obligadas y convocadas al trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 a continuar con el proceso de comunicación y divulgación de los antecedentes judiciales que dan origen o fundamentan las actividades que realizan en relación con el fallo.

 

Quinto. Proceda la Secretaría General de esta corporación a librar las comunicaciones correspondientes, adjuntando copia de este proveído.

 

Comuníquese y cúmplase

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General