TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-903/24

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 903 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4663

 

Asunto: Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

 

Magistrada ponente:                                              

                                              CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente 

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Laura Carolina Barón Sarmiento, actuando como agente oficiosa de Marina López Toca, presentó acción de tutela contra la Nueva EPS por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad personal de la agenciada. Sostuvo que la señora López Toca tiene 70 años, padece de cáncer y su médico tratante le ordenó una cita con un especialista en dolor y cuidados paliativos en el Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego; sin embargo, la Nueva EPS no ha autorizado dicha cita. Por esta razón, solicitó al juez de tutela que ordene la autorización de la cita con el especialista en dolor y cuidados paliativos para la señora López Toca.

 

2. El proceso correspondió por reparto al Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto del 11 de abril de 2024, declaró que no tenía competencia para conocer el proceso. Sostuvo que la solicitud de amparo “va dirigida en contra de Nueva EPS y Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego […] y el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 dispone que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales”[1]. Por lo anterior, ordenó el envío inmediato de la acción de tutela a los Juzgados Municipales de Bogotá.

 

3. La tutela fue remitida al Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Esta autoridad judicial, mediante auto del 12 de abril de 2024, suscitó un conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Adujo que “a la luz del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, la accionada NUEVA E.P.S., es una sociedad anónima del orden nacional, lo que implica que su conocimiento deba ser adelantado por el Juez Civil del Circuito de esta ciudad. Lo anterior en pleno acatamiento a las reglas de reparto previstas en el artículo 1°, numeral 2 del Decreto 333 de 2021”[2].

 

4. El 18 de abril de 2024, el expediente ICC-4663 fue repartido a la magistrada sustanciadora.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.^[3] Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.^[4] En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,^[5] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.^[6]

 

2. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.^[7]

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz.^[8]

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia.^[9]

 

3. El Decreto 333 de 2021 consagra en el parágrafo 2 del artículo 1 que las reglas de reparto contenidas en esa norma “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Por su parte, la Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos que se suscitan en aplicación de reglas de reparto son “aparentes” porque estas reglas administrativas “en ningún caso definen la competencia de los despachos judiciales”.[10]

 

4. Asimismo, esta Corporación ha determinado que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”.[11]

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como cuestión previa, es importante señalar que la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para resolver el conflicto de la referencia porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté autorizada para solucionar la colisión suscitada.

 

2. Ahora bien, la Sala Plena encuentra que en el presente proceso se configuró un conflicto aparente de competencia fundado en la aplicación de reglas de reparto.

 

3. En efecto, el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá aplicó indebidamente la regla de reparto contenida en artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que no desplaza su competencia y, con ello, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales. Este mismo error fue cometido por el Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, autoridad judicial que, en lugar de remitirse a lo dispuesto en los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y a la jurisprudencia de esta Corporación, aplicó nuevamente el Decreto 333 de 2021.

 

4. La Corte concluye que el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá es competente para de resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia. Lo anterior, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso.

 

5. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 11 de abril de 2024, proferido por el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, remitirá el expediente ICC-4663 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

6. Adicionalmente, se advertirá al Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá y al Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, en lo sucesivo, observen con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia. En consecuencia, deben abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones a adoptar en el marco de procesos de tutela.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS sin efectos el auto del 11 de abril de 2024, proferido por el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Laura Carolina Barón Sarmiento, actuando como agente oficiosa de Marina López Toca.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4663 al Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. 

 

Tercero. ADVERTIR al Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, en lo sucesivo, observen con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia. Por lo tanto, deberán abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones a adoptar en el marco de procesos de tutela.

 

Cuarto. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado 20 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General