REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004

Referencia: Auto de pruebas para a la protección de los pueblos Jiw y Nükak.

Magistrada sustanciadora:

Natalia Ángel Cabo.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

La suscrita magistrada, como presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente decisión, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional declaró que los pueblos Jiw y Nükak se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado. A través de los Autos 173 de 2012, 656 de 2016 y 265 de 2019 la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 monitoreó las acciones implementadas por las autoridades, y ordenó al Gobierno nacional, así como a los gobiernos departamentales y municipales donde habitan sus comunidades adoptar medidas para garantizar sus derechos.

2. En seguimiento al cumplimiento de estas decisiones, por solicitud de la Defensoría del Pueblo y de autoridades étnicas, el 18 de agosto de 2023 la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública para abordar la situación de los pueblos Jiw y Nükak afectados por el desplazamiento forzado. En esta diligencia, participaron representantes de las comunidades Jiw y Nükak, autoridades gubernamentales de nivel nacional y local, expertos académicos, el Ministerio Público y organismos internacionales. Los participantes dialogaron sobre las dificultades y obstáculos que subsisten para proteger a las comunidades indígenas.

3. La audiencia se desarrolló en torno a tres temáticas: (1) la situación en las medidas de carácter humanitario y de prevención; (2) los procesos de retorno y reubicación; y (3) la situación de las niñas y las mujeres en condición o riesgo de mendicidad, drogadicción y exposición a violencia sexual. Estuvo precedida de una diligencia territorial en la que se recaudaron pruebas y se desarrollaron diálogos con representantes de los pueblos indígenas y las autoridades nacionales y territoriales responsables de la respuesta en los ejes de seguimiento de la Corte Constitucional[1]. La diligencia se llevó a cabo en San José del Guaviare entre el 10 y 12 de julio de 2023 y estuvo conducida por el equipo de magistrados auxiliares de los despachos que hacen parte de la Sala Especial, con el apoyo de un abogado de la misma Sala.

4. Posteriormente, la Unidad para las Víctimas[2], el Departamento para la Prosperidad Social[3], el Ministerio de Defensa Nacional[4], el Ministerio de Agricultura[5], el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[6], las Gobernaciones del Meta[7] y el Guaviare[8], el Consejo Superior de la Judicatura[9] y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta[10] presentaron informes acerca de las medidas a adoptar por estas instituciones.

CONSIDERACIONES

1. En la audiencia del 18 de agosto de 2023, la Sala Especial presentó un diagnóstico acerca de la situación en que se encontraban las comunidades Jiw y Nükak, tanto en sus territorios afectados por el conflicto, como en los asentamientos donde se hallan las familias en situación de desplazamiento[11]. Conforme a ello, llamó la atención acerca de la necesidad de replantear el enfoque de la respuesta estatal y adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar la pervivencia de estos pueblos[12]. De igual forma, destacó la importancia de conocer el impacto de las acciones gubernamentales en la práctica y en la garantía de los derechos de las comunidades; y las medidas a adoptar para superar las fallas en la coordinación y liderazgo del Gobierno nacional[13].

2. Como resultado de la diligencia en San José del Guaviare, así como en el marco de la audiencia pública del 18 de agosto de 2023, los intervinientes presentaron propuestas para abordar la situación de los pueblos Jiw y Nükak afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado. De igual forma algunas entidades asumieron compromisos puntuales. Posteriormente, el Gobierno nacional presentó informes complementarios en los cuales precisaron algunos elementos sobre dichas propuestas y compromisos[14].

3. En este auto se decretarán pruebas con el objetivo de solicitar información acerca del cumplimiento e impacto de los compromisos institucionales para la protección de los pueblos Jiw y Nükak que se anunciaron en la audiencia de agosto de 2023. Para estos efectos, a continuación, se presentarán las propuestas y compromisos en torno a cuatro ejes temáticos. Posteriormente, se formularán unos interrogantes puntuales a las autoridades.

1. Necesidades inmediatas y mínimo vital

4. En el Auto 173 de 2012, la Sala Especial de Seguimiento ordenó la adopción e implementación de un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para atender de manera inmediata e integral “las necesidades más apremiantes de atención humanitaria con énfasis en la salud, nutrición, seguridad alimentaria, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas desplazados Jiw y Nükak”[15].

5. A pesar de las acciones adelantadas por las instituciones, la Sala Especial de Seguimiento encontró una grave situación humanitaria en los aspectos que debió cobijar el Plan ordenado en el 2012[16]. En la diligencia territorial previa y en la audiencia pública se dialogó en torno las problemáticas y la respuesta institucional en materia de (i) atención humanitaria; (ii) seguridad alimentaria y desnutrición, especialmente infantil; (iii) acceso a agua potable; (iv) saneamiento básico; (v) acceso y atención en salud; (vi) vivienda y alojamiento, y (vii) educación. Adicionalmente, (viii) los expertos académicos resaltaron la necesidad de considerar que la respuesta para la etnia Nükak es un pueblo en contacto inicial.

6. También, se hizo énfasis sobre la urgencia de adoptar medidas inmediatas. Sin embargo, los representantes de los pueblos y los expertos académicos, llamaron la atención sobre un nuevo enfoque de la respuesta estatal centrado en soluciones integrales y la adecuación de las medidas a las particularidades de los pueblos.

7. A continuación, se presentan las propuestas y compromisos presentados durante el diálogo, en respuesta a las problemáticas identificadas sobre necesidades inmediatas y mínimo vital.

Tema	Medida propuesta para su solución	Autoridad responsable
Concertación con los pueblos para la transición de medidas de contingencia a medidas estructurales	Fortalecer de los mecanismos para el trabajo con los pueblos indígenas, especialmente a través medidas de contingencia y la preparación de soluciones estructurales (especialmente en el marco de los retornos y reubicaciones y los planes de salvaguarda). Reforzar la articulación y la capacidad institucional. La Unidad para las Víctimas y el ICBF anunciaron la ampliación de los equipos de trabajo de tanto a nivel nacional como local[17].	Unidad para las Víctimas, entidades territoriales, Ministerio del Interior e ICBF
Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia	El Gobierno nacional planteó un cronograma de trabajo con las siguientes actividades: (1) actualización del Plan Urgente de Reacción y Contingencia (septiembre-octubre de 2023); (2) revisión y ajustes con el conjunto de instituciones del orden nacional (noviembre de 2023); (3) espacio técnico y territorial con las autoridades indígenas de los pueblos Jiw y Nükak (noviembre de 2023); (4) aprobación del plan por parte del Gobierno en su conjunto (diciembre de 2023); (5) seguimiento mensual (2024-2025); y (6) balance y actualización semestral (desde junio de 2024). Es necesario integrar al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales en todo el proceso.	Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior y entidades territoriales
	Para el cumplimiento del Plan Urgente de Reacción y Contingencia, la Unidad para las Víctimas presentó una propuesta de articulación de los diferentes espacios interinstitucionales de planeación e intervención institucional[18], con el propósito de “evitar el desgaste y la duplicidad de esfuerzos institucionales”[19]. Si bien dicho plan no implicaría la supresión de espacios de coordinación ordenados judicialmente[20], buscaría que algunas acciones se hicieran extensivas a otras comunidades o se complementaran desde un enfoque intersectorial. Por ejemplo, la Comisión Presidencial para el Guaviare estableció un conjunto de medidas que podrían beneficiar a las comunidades en el Meta[21]. Los representantes de los pueblos llamaron la atención acerca de la importancia de contar con funcionarios con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos en los escenarios de diálogo.	Unidad para las Víctimas
	Los expertos recomendaron conformar un equipo dentro del Gobierno nacional para que se analice la información en torno a los pueblos Jiw y Nükak y la respuesta institucional. Al término de este análisis, deberían presentarse conclusiones acerca de las experiencias aprendidas.	Unidad para las Víctimas y Ministerio del Interior
Planeación y presupuesto	Los representantes de los pueblos y las entidades territoriales señalaron la importancia de asegurar que las medidas planteadas cuenten con presupuesto. Por lo anterior, insistieron en la necesidad de trabajar con los nuevos gobiernos territoriales en la inclusión de los compromisos en los planes de desarrollo locales y en los planes de acción territorial.	Unidad para las Víctimas, entidades territoriales y Ministerio del Interior
Alimentación	Los pueblos y los expertos llamaron la atención acerca de la necesidad de cambiar el modelo asistencialista que genera dependencia sobre la atención humanitaria, la cual presenta los problemas anunciados. En ese sentido, solicitaron a la Unidad para las Víctimas evaluar, de manera concertada, si la ayuda puede ser complementada con elementos dietarios tradicionales que pueden adquirir las comunidades con sus propios medios. También, solicitaron apoyar dichas actividades, por ejemplo, a través de la entrega de elementos o brindado el traslado a zonas donde realizar sus faenas de caza, pesca o recolección. La Unidad para las Víctimas manifestó que trabaja en la adecuación de la minuta diferencial de la atención humanitaria. Dentro de los cambios anunciados, se implementarían estrategias de autodeterminación y soberanía alimentaria para superar la dependencia a la ayuda, y avanzar en procesos de salvaguarda. Para esto último, se acogerían las propuestas recién referidas como (1) apoyo a las jornadas de cacería, pesca y recolección en zonas boscosas, así como el traslado a dichas zonas y la entrega de herramientas para tales efectos y (2) el fortalecimiento de economías propias (chagras)[22]. Igualmente, en la audiencia Unidad para las Víctimas se comprometió a presentar un diagnóstico de la situación socio-territorial y alimentaria de las comunidades Jiw y Nükak.	Unidad para las Víctimas y entidades territoriales
Agua potable y saneamiento básico	Revisar en qué casos se requiere reparar las unidades dispuestas para la purificación y conservación del agua, y en cuáles es necesario replantear las soluciones debido a los problemas identificados por las condiciones geológicas de los terrenos. La Unidad para las Víctimas manifestó que, en el marco de las asambleas y los recorridos a las comunidades, el grupo de proyectos de dicha entidad analizaría la posibilidad de formular un proyecto de intervención en esta materia[23]. Como medida de corto plazo, anunció la compra de tanques para el asentamiento de Agua Bonita[24]. Sin embargo, es necesario analizar y de ser el caso, actualizar el Plan Departamental de Agua citado en el informe gubernamental[25].	Unidad para las Víctimas y entidades territoriales
Vivienda	La Unidad para las Víctimas anunció que avanza el estudio de un proyecto de intervención integral en vivienda para los pueblos Jiw y Nükak, el cual requeriría del apoyo del Ministerio de Vivienda[26]. El plan contará con la participación y articulación de las gobernaciones del Meta y el Guaviare dado que cuentan con proyectos en curso, los cuales iniciaron en administraciones pasadas^{^[27]}. Igualmente, el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Guaviare señalaron la importancia de retomar los diagnósticos y proyectos de vivienda formulados de manera específica para el pueblo Nükak.	Unidad para las Víctimas, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y entidades territoriales
Vivienda	Mientras que lo anterior se da, la Unidad para las Víctimas se comprometió, de manera inmediata, a ofrecer soluciones para el reforzamiento e impermeabilización de techos, ampliación de espacios de acuerdo al número de personas y suministro de instrumentos para el sueño en los asentamientos (colchonetas o hamacas, en concertación con las personas ubicadas allí).	Unidad para las Víctimas
Salud	La Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud manifestaron su compromiso de avanzar en (1) el fortalecimiento de capacidades sectoriales; (2) fortalecer y reactivar espacios de trabajo intersectorial e interinstitucional; (3) avanzar en la construcción de modelos de salud propios en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y, para ello, (4) trabajar en los estudios sobre los estándares en materia de atención a pueblos en contacto inicial[28]. Al respecto, resulta pertinente retomar algunos aspectos destacados en la audiencia pública: (1) la Unidad para las Víctimas se comprometió a presentar un diagnóstico acerca de las dificultades en salud y a presentar una propuesta elaborada con el Ministerio de Salud (para tales efectos, podría complementarse el informe presentado en septiembre de 2023); (2) sumado al desarrollo de una reglamentación específica para los pueblos en contacto inicial (como lo destacaron las secretarias de salud), es necesario avanzar en la reglamentación del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI)^{^[29]} específico para el pueblo Nükak, que sea adecuado para pueblos no contactados o en contacto inicial^{^[30]}; (3) fortalecer la atención en salud, en especial, garantizar las medidas extramurales; (4) analizar la posibilidad de emplear un esquema similar a la atención que se brindó a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a cargo de la Agencia Nacional de Tierras[31], (5) establecer la UPC diferencial para estos pueblos indígenas. De acuerdo con las recomendaciones de la OTCA^{^[32]}, debería ser acorde con las condiciones demográficas y geográficas^{^[33]}. Es necesario que la construcción de los modelos de salud tengan en cuenta las necesidades de atención en todos los territorios y asentamientos.	Unidad para las Víctimas, Ministerio de Salud y entidades territoriales
Salud	El director de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior anunció que trabaja en la formulación de una resolución para que los pueblos sean beneficiarios de los programas del Estado sin depender la encuesta SISBEN.	Ministerio del Interior y Ministerio de Salud
Educación	En su informe, el Ministerio de Educación manifestó que (1) continúa la atención a través de convenios para fortalecimiento de proyectos educativos comunitarios[34]; (2) avanza en la aprobación del decreto transitorio de equivalencias del estatuto docente (Decreto 1345 de 2023) y la concertación del Sistema Educativo Indígena Propio, y (3) priorizará a los pueblos Jiw y Nükak en la estrategia de protección y recuperación de las lenguas originarias[35]. Igualmente, indicó que (4) continuaría fortaleciendo el convenio de interoperabilidad con la Unidad para las Víctimas y avanzar en la clarificación de los registros[36]. Las comunidades solicitaron fortalecer el acceso a la educación en bachillerato a través de la disposición del servicio de transporte escolar y la ampliación de la cobertura a los asentamientos y resguardos donde están ubicados.	Ministerio de Educación y entidades territoriales

2. Propuestas y compromisos en relación con la autonomía e identidad étnica de los pueblos Jiw y Nükak

8. Para la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos Jiw y Nükak, es crucial implementar medidas que fortalezcan su autonomía y su identidad étnica y cultural. Sobre el particular, Yhajaira González del pueblo Jiw señaló que “no estamos incluidos en ni una biblioteca, centro municipal que hable de la teoría del pueblo Jiw o del pueblo Nükak”[37]. Por ello, en la audiencia hizo un llamado por el respeto de sus tradiciones y costumbres, así como por la protección de sus territorios.

9. En los diálogos del Guaviare y la audiencia, se expusieron algunas preocupaciones en torno al registro de hechos victimizantes y el acceso al registro civil (especialmente, del pueblo Nükak) dado que son vitales para documentar violaciones de derechos humanos y acceder a diferentes servicios (i.e. salud). También, se dialogó acerca de las debilidades de los pueblos para realizar sus auto-censos, lo cual también genera barreras de acceso a servicios (i.e. educación) e impide contar con datos precisos para diseñar políticas públicas adecuadas.

10. Finalmente, se discutió acerca de la importancia de la pedagogía en derechos humanos como mecanismo para empoderar y proteger a los pueblos indígenas, fortaleciendo su capacidad para defender y promover sus derechos. En especial, de las mujeres.

11. A continuación, se presentarán las propuestas que se presentaron durante la audiencia pública y la diligencia territorial previa.

Tema	Medida propuesta para su solución	Autoridad responsable
Reconocimiento de los Nükak como pueblo de contacto inicial.	Reglamentación del artículo 193 del Decreto Legislativo 4633 de 2011, a través de la consulta con la Mesa Permanente de Concertación Indígena.	Unidad para las Víctimas y Ministerio del Interior
Identificación	Corrección de problemas en la identificación de la población a través de jornadas en las comunidades. Para estos efectos, requerirá de la coordinación con las entidades territoriales, los pueblos, la Unidad para las Víctimas, el ICBF y el DPS[38]. Igualmente, la Registraduría indicó que, si las entidades adquirían los elementos técnicos para el reconocimiento facial, les podría compartir la base de datos para la identificación de los indígenas[39]. La Defensoría del Pueblo recordó las brechas en materia de conectividad en los municipios y territorios donde están ubicados los pueblos, lo cual debería ser considerado ante propuestas como la compra de elementos de las entidades para el reconocimiento facial.	Registraduría Nacional del Estado Civil
Censos	Auto censos de las comunidades y caracterización de las mismas con acompañamiento de las instituciones. El levantamiento y actualización de los censos deben coordinarse en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas pues varias entidades están haciéndolo[40].	Unidad para las Víctimas, Registraduría, Departamento para la Prosperidad Social y Ministerio del Interior
Registro	La Unidad para las Víctimas incluyó a las etnias Jiw y Nükak como sujetos de reparación colectiva[41]. Respecto al pueblo Jiw, se indicó que se actualizarían los datos de las personas en el Registro Único de Víctimas y con la articulación con el Ministerio Público se avanzará en la toma de declaraciones en territorio[42]. Frente al pueblo Nükak, se presentó un cronograma de trabajo para actualizar y normalizar los eventos masivos de desplazamiento forzado y la creación de un formato específico para la toma de declaración. Conforme a este, en diciembre de 2023, tendría las declaraciones para valorar su inclusión en el citado registro[43]. En todo caso, se debe asegurar un mecanismo que permita la atención de todos los miembros de los pueblos Jiw y Nükak sin que sea necesario su inclusión en el RUV, mientras que se superan los obstáculos para que se normalice su inclusión.	Ministerio Público y Unidad para las Víctimas
Autonomía y fortalecimiento organizativo y del gobierno propio	La directora (E) Unidad para las Víctimas manifestó que, desde septiembre de 2023, iniciarían la construcción de una ruta de trabajo con las comunidades en el marco de las asambleas en territorio. Esto, para avanzar en la solución de obstáculos. Por ejemplo, a través de la identificación de las normas que requieren intervención o ajuste, y las medidas o rutas a adecuar (i.e. ayuda humanitaria y generación de ingresos).	Unidad para las Víctimas y Ministerio del Interior
	Fortalecimiento de las organizaciones y acompañamiento en su interlocución con actores privados, como los que se dedican a los bonos de carbono[44].	Ministerio del Interior
	Desbloqueo de los recursos del Sistema General de Participaciones para el pueblo Nükak.	Ministerio del Interior
	Desarrollo de infraestructura comunitaria para la deliberación y toma de decisiones.	Ministerio del Interior
	Concertación de un programa de pedagogía y diálogo intercultural sobre Constitución y derechos fundamentales que reconozca la ley de origen de los pueblos.	Defensoría del Pueblo
Pedagogía en derechos humanos	Bilingüismo y fortalecimiento de traductores, hombres y mujeres, para que las mujeres tengan traducción de confianza en procesos de acceso a la justicia por situaciones de violencia de género.	Ministerio del Interior y Ministerio de Cultura

3. Mendicidad, adicción a sustancias psicoactivas y violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas

12. Como se indicó, los pueblos indígenas Jiw y Nükak enfrentan graves problemas de seguridad alimentaria, salud, y protección de derechos, especialmente en el contexto del desplazamiento forzado. Adicionalmente, la pérdida de sus territorios tradicionales ha llevado a que niños y adolescentes busquen sustento en áreas urbanas, donde están expuestos a riesgos como la mendicidad, la drogadicción y la violencia sexual[45]. De acuerdo con los diálogos, estas situaciones se agravan debido a la falta de rutas de atención con enfoque diferencial, dejando a estas comunidades sin la protección adecuada.

13. La diligencia en Guaviare y la audiencia pública permitió conocer nuevas propuestas acerca de cómo afrontar las problemáticas identificadas, las cuales se complementaron o desarrollaron las entidades en informes posteriores. A continuación, se recogen las acciones propuestas.

Tema	Medida propuesta para su solución	Autoridad responsable
Medidas de prevención y protección de niños y niñas indígenas[46]	Fortalecimiento las defensorías de familia en el Guaviare[47]	ICBF
	Vinculación de un traductor o intérprete para cada pueblo[48]
	Fortalecimiento de la estrategia de atención y prevención de la desnutrición a través de la creación de una Unidad de Búsqueda Activa[49]
	Construcción de un hogar sustituto y de acogida para niñas y mujeres en Guaviare “Casa de Guaviare”, cuya creación está en proceso a partir de un inmueble objeto de extinción de dominio y culminaría antes de finalizar 2023. Es necesario, igualmente, que se contemple una iniciativa similar en el Meta, para dar cobertura a todas las comunidades. Los representantes de las comunidades propusieron (1) buscar alternativas a los internados y abordar las causas estructurales de victimización; (2) contratar a sabedores y sabedoras para que los niños y niñas, respectivamente, reciban una atención apropiada a sus culturas, y (3) contar con casas de acogida y atención.
	Construcción de un modelo de prevención y protección integral para las familias en contextos urbanos con la participación de los pueblos Jiw y Nükak.
	Articulación de los 56 compromisos institucionales asumidos en la Comisión Presidencial para el Guaviare y ampliación de su cobertura para el departamento del Meta[50]. Para tal fin, se dispondrá de un espacio preparatorio con las entidades y luego con las asambleas de los pueblos. Producto de dicha labor, se trazaría un mecanismo articulador u hoja de ruta para que la intervención en las comunidades sea sin daño ni revictimización	Unidad para las Víctimas, ICBF y Consejería Presidencial para las Regiones
	Las autoridades territoriales propusieron: (1) fortalecer a los gobiernos locales para atender la situación de violencias en contra de mujeres y niñas indígenas, entre otras acciones, a través de la financiación de proyectos[51]; (2) cualificar a los agentes del campo de la salud; (3) reconocer la Unidad de Pago por Capitación Diferencial Indígena, lo cual, implica una perspectiva poblacional y geográfica; (4) contar con el apoyo de traductores en el proceso de desintoxicación, y (5) contar con un etno-pabellón en territorio.	Ministerio de Salud y entidades territoriales
Disposición de servicios de traducción e interpretación de las lenguas indígenas	Los pueblos y algunas autoridades solicitaron flexibilizar los requisitos de intérpretes y auxiliares de las entidades, como en salud, educación y justicia, dado que los integrantes de las comunidades no cumplen con los perfiles que demanda la contratación ordinaria (como títulos académicos)[52]. Además, en los casos de violencia contra mujeres y niñas se debe garantizar que la interprete sea una mujer. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta propuso contar con traductores, como auxiliares de la justicia, para facilitar la comunicación e interlocución entre autoridades étnicas y judiciales[53].	Todas las instituciones
Incorporación del enfoque diferencial e interseccional étnico, de niñez y de género	La Unidad para las Víctimas destacó la necesidad de retomar los mecanismos que ya existen y precisar las rutas diferenciales para crear protocolos adecuados (en especial, el Decreto Legislativo 4633 de 2011 y los autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 la Corte constitucional)^{^[54]}.	Todas las instituciones
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Promover una campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	Ministerio de Salud
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Las representantes de los pueblos propusieron fomentar actividades para los niños, las niñas y los adolescentes enfocadas en el aprovechamiento del tiempo libre y la preservación de la cultura tales como prácticas artesanales, de caza, recolección y pesca que estén orientadas a la permanencia en los asentamientos y el territorio de niños y niñas en riesgo. Dichas iniciativas se podrían implementar en el marco de los procesos etnoeducativos.	Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y autoridades territoriales
Fortalecimiento de la participación de las mujeres y el conocimiento de sus derechos	La Unidad para las Víctimas y la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior propusieron (a) generar un encuentro con las mujeres de cada pueblo y fortalecer sus organizaciones con base en un enfoque interseccional[55]; (b) generar un encuentro entre sabedores en Puerto Concordia (Meta); y (c) un encuentro de fortalecimiento comunitario para los asentamientos del antiguo hospital y matadero (Puerto Concordia). Estos últimos, para abordar las problemáticas ligadas al consumo de sustancias psicoactivas y explotación sexual. La Defensoría del Pueblo manifestó su disposición para organizar y acompañar encuentros de mujeres Jiw y de mujeres Nükak.	Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo
Atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual	Programas para el atención y acompañamiento de mujeres gestantes y de mujeres cabeza de familia que sean concertados y especializados para las mujeres Nükak y para las mujeres Jiw.	Ministerio de Salud y autoridades territoriales
Hechos de eventual responsabilidad de miembros de la fuerza pública	Continuar y reforzar los procesos de formación a la fuerza pública en derechos humanos y enfoque diferencial interseccional étnico, etario y de género. Adecuar los protocolos de relacionamiento con la población civil, particularmente con niñas y mujeres indígenas para prevenir la violencia basada en género. Adicionalmente, realizar visitas a las comunidades como un mecanismo de búsqueda activa en coordinación con instituciones que puedan generar confianza entre las comunidades[56].	Ministerio de Defensa
Acceso a la justicia	Establecer un mecanismo de representación judicial propio de las mujeres indígenas, concertado con ellas.	Defensoría del Pueblo
	Superación de las barreras para la contratación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas para que presten sus servicios durante los trámites judiciales.	Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal, Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura y Defensoría del Pueblo
	Adecuar la ruta de acceso a la justicia para mujeres y niñas indígenas Nükak y Jiw víctimas de violencia sexual para que se superen las barreras de acceso identificadas.	Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal, Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia[57]
	Adecuar el programa de la Fiscalía General de la Nación para protección de víctimas y testigos para que atienda a las necesidades especiales de las víctimas Jiw y de las víctimas Nükak y, de ser el caso, contemplar la creación de mecanismos especiales que atiendan a sus necesidades de protección, según el pueblo indígena.	Fiscalía General de la Nación
	En la audiencia se hizo un llamado para buscar mecanismos que generen confianza entre los pueblos, sus comunidades y las instituciones. Lo anterior, con el propósito de avanzar en la superación del subregistro. Un primer escenario son las asambleas con las comunidades indicadas por la Unidad para las Víctimas para la construcción de rutas (ver compromisos sobre autonomía y gobierno propio)[58]. También, se propuso (1) realizar búsquedas activas en las comunidades, con el apoyo y atención psicosocial (como lo destacó la Defensoría, pedir a las niñas y a las mujeres que salgan de sus territorios y comunidades para denunciar es una carga desproporcionada[59]), y (2) formar a mujeres para que sean agentes comunitarias que apoyen a las víctimas y pongan en conocimiento de las autoridades los casos[60].	Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo, Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación
	Se propuso crear un mecanismo de articulación con las comunidades con el cual se podría permitir que las entidades como el ICBF, la Fiscalía o el Ministerio de Defensa puedan conocer los casos y acceder a las víctimas para su protección y atención, así como emprender las acciones que corresponda. En este sentido, se podría contar con el apoyo de la Defensoría y sus capacidades en los territorios.	ICBF, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo
	Implementar un proceso de formación para servidores judiciales en enfoque diferencial étnico y de género, así como en habilidades interculturales. También, sobre el desarrollo jurisprudencial en materia de jurisdicción especial indígena y justicia para la paz[61]. El Consejo Superior de la Judicatura anunció el inicio de un proceso en este sentido en 2024[62].	Consejo Superior de la Judicatura
Investigación, juzgamiento y sanción de los hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres Jiw y Nükak	La Fiscalía anunció su compromiso de avanzar en las investigaciones por violencia sexual más allá de los casos particulares. A respecto, el ICBF propuso exhortar a la Fiscalía para que promoviera un macro caso acerca de la violencia basada en género en contra de las niñas y mujeres indígenas. Esto iría en línea con la necesidad investigar (1) posibles redes de trata de personas, especialmente de niñas, jóvenes y mujeres indígenas; (2) dinámicas de tráfico de drogas y microtráfico en territorios; (3) a comercios que presuntamente apoyan la prostitución de niñas y mujeres indígenas, y (4) posibles casos de violencia en contra de niñas por parte de autoridades étnicas.	Fiscalía General de la Nación
	Priorizar los procesos sancionatorios en curso y analizar la responsabilidad en la cadena de mando en los hechos denunciados en contra de miembros de la fuerza pública.	Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa y Procuraduría General de la Nación
Fortalecimiento o creación de la Jurisdicción Especial Indígena de los pueblos Jiw y Nükak	El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta señaló que, en el mediano plazo y conforme a los procesos de fortalecimiento organizativo de los pueblos, se debe fomentar la estructuración de las autoridades de justicia al interior de los pueblos. Este proceso permitiría articular una respuesta en la jurisdicción integral y diferencial indígena. Para tal fin, se requiere la intervención de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN) y la mesa departamental del Meta, y avanzar en la aprobación e implementación del proyecto de protocolo para la articulación de jurisdicciones.	Consejo Superior y Consejo Seccional de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN)

4. Retornos y reubicaciones

14. Los pueblos Jiw y Nükak, afectados por el desplazamiento forzado, tienen derecho al retorno o la reubicación en condiciones de seguridad, voluntariedad, dignidad y sostenibilidad. Sin embargo, existen obstáculos significativos que han retrasado estos procesos, como la falta de un diagnóstico integral y actualizado sobre la ubicación de las comunidades y los procesos esta materia^{^[63]}.

15. En la audiencia, también se identificaron problemáticas relacionadas con la seguridad jurídica y material de los territorios (i.e. persistencia del conflicto armado, invasiones de sus territorios o minas antipersonal), y la persistencia de carencias en el acceso adecuado a agua potable, servicios de salud y educación, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades.

16. Igualmente, otras problemáticas sobre las cuales se discutió en la audiencia están: (i) la necesidad de fortalecer la coordinación y la capacidad institucional; (ii) la necesidad de adecuar la respuesta en torno a soluciones duraderas y acordes con las culturas Jiw y Nükak; (iii) la inseguridad alimentaria y la desnutrición; (iv) el impacto del desplazamiento sobre los niños, las niñas y los jóvenes; (v) conflictos intraétnicos e interétnicos, y (vi) las barreras administrativas y normativas que impiden la flexibilización de la respuesta institucional (i.e. la necesidad de realizar la encuesta SISBEN para acceder a medidas o el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación indígena).

17. A continuación, se presentan las propuestas surgidas durante el diálogo y los compromisos de las instituciones.

Tema	Medida propuesta para su solución	Autoridad responsable
Formulación y actualización de planes de retornos y reubicaciones	Formulación de planes de retorno y reubicación con medidas dirigidas a soluciones duraderas, desde la pertinencia étnica y el respeto de los usos y costumbres de los pueblos[64]. Para tal fin: (1) concertar una ruta de acción integral con el pueblo Nükak e (2) impulsar la articulación de las entidades en el marco de los criterios de corresponsabilidad entre el Gobierno nacional y territorial en el caso Jiw[65]. Asimismo, adelantar la caracterización de las comunidades para conocer sus necesidades y voluntad de retornar o reubicarse. Esta labor incluye identificar los procesos de retorno sin acompañamiento y buscar mecanismos para su estabilización. Esto último, a través de un especio de escucha activa con las comunidades[66]. Sin perjuicio de dichos diálogos, los representantes de los pueblos solicitaron un cambio en el enfoque de la respuesta. Cambiar el asistencialismo, superar la respuesta de emergencia, y asumir que hay familias que están en situación de desplazamiento desde hace más de una década.	Unidad para las Víctimas y entidades territoriales
	Elaboración del diagnóstico y las soluciones en diálogo con diferentes actores, como colonos y campesinos.	Unidad para las Víctimas y entidades territoriales
	Retomar los procesos de reubicación de Naxael Püt y Naexal Lajt. Para ello, tener en cuenta la tradición seminómada del pueblo Jiw. Al respecto, la Unidad para las Víctimas reportó que, entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024 avanzaría en el desarrollo del plan de retorno y reubicación de Mapiripán y la aprobación del plan para Puerto Concordia, así como en la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras[67].	Unidad para las Víctimas, entidades territoriales y Agencia Nacional de Tierras
	Evaluar la solicitud, presentada en la audiencia, de reubicar a las personas que se encuentran en el asentamiento de Agua Bonita, debido a las precarias condiciones en las que se encuentran. En tal sentido, indicó que focalizaría el caso en el marco de la ruta de articulación con la Agencia Nacional de Tierras[68].	Unidad para las Víctimas y Agencia Nacional de Tierras
Seguridad jurídica de los territorios	Los pueblos solicitaron concretar y formular una respuesta acerca de la titulación, ampliación y saneamiento de los territorios^{^[69]}, así como la adquisición de predios para la constitución de resguardos y brindar una respuesta para aquellas comunidades en entornos urbanos, lo cual incluye vincular a entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE)[70].	Ministerio de Agricultura, Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras
Seguridad jurídica de los territorios	En lo referente al pueblo Nükak, el Ministerio de Agricultura manifestó que avanza en la formulación e implementación del Plan Integral de Saneamiento del Territorio Nükak^{^[71]}. Además, la Unidad para las Víctimas afirmó que ya se actualizó el polígono del resguardo en el marco de la articulación con la Agencia Nacional de Tierras[72].	Ministerio de Agricultura, Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras
Seguridad material en los territorios	Los representantes de los pueblos solicitaron vincular a otras entidades en la construcción de soluciones en materia de seguridad. Es el caso (1) del Alto Comisionado para la Paz para que, en los diálogos con actores armados, se acuerden mecanismos para la protección y cese de hostilidades que afectan a los pueblos, y (2) para que se trabaje en el desminado. También se pidió involucrar a (3) la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos como coordinadora de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes -CIPRUNNA.	Ministerio de Defensa, Unidad para las Víctimas, Alto Comisionado para la Paz y Consejería Presidencia para los Derechos Humanos
Seguridad material en los territorios	Formular una propuesta para ajustar el requisito del concepto de seguridad para que garantice la seguridad del retorno o reubicación, pero no se constituya en un obstáculo infranqueable.	Ministerio de Defensa y Unidad para las Víctimas
Seguridad alimentaria y medios de subsistencia sostenibles	La Unidad para las Víctimas y el DPS afirmaron que concertarían con las comunidades, en el marco de las asambleas a realizar, la flexibilización de la oferta en seguridad alimentaria e ingresos, a través del programa IRACA[73].	Unidad para las Víctimas y DPS
Empalme con nuevos alcaldes y gobernadores	La Unidad para las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social anunciaron en la audiencia que llevarían a cabo una labor de fortalecimiento para los nuevos alcaldes y gobernadores, en articulación con el Ministerio del Interior.	Unidad para las Víctimas, DPS y Ministerio del Interior

5. Decreto de pruebas

18. Este despacho decretará pruebas para obtener información sobre la implementación de los compromisos referidos, así como sobre los resultados de los ejercicios de diagnóstico adelantados y los avances en la concertación e implementación de diferentes propuestas y medidas para la atención y protección de los pueblos Jiw y Nükak. Puntualmente, sobre las áreas de (i) necesidades inmediatas y mínimo vital (fundamento 7 de este auto); (ii) autonomía e identidad étnica de los pueblos Jiw y Nükak (fundamento 11 de este auto), (iii) situación de mendicidad, adicción a sustancias psicoactivas y violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas (fundamento 13 de este auto), y (iv) retornos y reubicaciones (fundamento 17 de este auto).

19. De acuerdo con la síntesis de las propuestas y compromisos expuesta en los apartados anteriores, las entidades mencionadas en los respectivos cuadros deberán presentar un reporte con la información solicitada a continuación. Para ello, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior asumirán la coordinación del informe requerido en esta decisión, el cual deberá incluir las acciones de competencia de las autoridades de la Rama Judicial y los organismos de control. Estas autoridades participarán en la elaboración del informe en condiciones de independencia y bajo el principio de colaboración armónica. Sin perjuicio de lo anterior, cada entidad es responsable de la información que suministre o de la omisión en su respuesta. Puntualmente, el informe deberá contener los siguientes aspectos sobre cada uno de los compromisos recogidos en la columna de “medidas propuestas para la solución” de los cuadros de los fundamentos 7, 11, 13 y 17:

i. Las acciones específicas planeadas, ejecutadas o en proceso de ejecución en cada una de las medidas propuestas, con el reporte de su implementación.

ii. La entidad responsable de cada acción.

iii. El cronograma detallado con las fechas de inicio y finalización de cada acción.

iv. Los recursos institucionales y presupuestales asignados o ejecutados en la implementación de cada acción.

v. Las herramientas dispuestas para monitorear y revisar el cumplimiento de las acciones, así como los mecanismos para adoptar correctivos y con qué periodicidad se evalúa la respuesta.

vi. Cómo se garantizó la participación o se concertaron las acciones con las autoridades y comunidades Jiw y Nükak en la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones.

20. De igual forma, solicitará a la Defensoría del Pueblo para que, con su apoyo, se comunique esta decisión a las autoridades de los pueblos Jiw y Nükak. Igualmente para que, a través de sus defensores comunitarios, acompañen a las comunidades en caso de que deseen presentar un informe en torno al diálogo, concertación, formulación e implementación de las propuestas y compromisos referidos. Sobre el particular, es importante indicar que dicho informe puede ser presentado en cualquier formato, como audios o videos u otros medios que las comunidades prefieran.

21. Igualmente, se solicitará a la Defensoría del Pueblo que, a través de los defensores delegados que participaron en los diálogos en San José del Guaviare y en la audiencia pública en Bogotá, visite a las comunidades Jiw y Nükak, así como a la zona de "La 40". Conforme a ello, presente un informe donde actualice las condiciones en que se encuentran dichas comunidades en relación con los bloques temáticos expuestos en este auto.

22. Este despacho también invitará a la experta Dany Mahecha Rubio y al experto Gabriel Muyuy Jacanamejoy, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que, si lo consideran oportuno, presenten información acerca de sus observaciones en el proceso de implementación de diálogo, formulación e implementación de las medidas.

23. Finalmente, la suscrita magistrada también invitará a la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, a la plataforma Imagina de la Universidad de los Andes, a la organización Valientes y a la Fundación Renacer para que, si así lo estiman oportuno, presenten a la Sala Especial recomendaciones en torno a medidas la prevención, protección, asistencia y atención de la niñez y de las mujeres ante la violencia sexual.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Primero. SOLICITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la directora de la Unidad para las Víctimas; al ministro del Interior; a la gobernadora del Meta y el gobernador del Guaviare, a los alcaldes de Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto Concordia, El Retorno y San José del Guaviare, al Registrador Nacional del Estado Civil, al director del Departamento para la Prosperidad Social, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Consejería Presidencial para las Regiones, al ministro de Cultura, al ministerio de Salud y Protección Social, a la ministra de Educación Nacional, a la ministra de Vivienda, al ministro de Defensa Nacional, al ministro de Justicia y del Derecho, a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, al director de la Agencia Nacional de Tierras, al director de la Unidad de Restitución de Tierras, al Alto Comisionado para la Paz, a la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, a la Fiscal General de la Nación, al director del Instituto Nacional de Medicina Legal, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, a la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial y Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo, presentar el informe al que se refiere el fundamento 19 de esta providencia respecto de los compromisos referidos en los fundamentos 7, 11, 13 y 17 de la presente decisión.

Este informe deberá ser entregado por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior dentro del término de 15 días siguientes a la comunicación de esta providencia. Lo anterior, a través del correo de la Secretaría General de la Corte Constitucional (salasrevisiona@corteconstitucional.gov.co).

Segundo. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo para que, con su apoyo, se comunique esta decisión a las autoridades de los pueblos Jiw y Nükak. Igualmente para que, a través de sus defensores comunitarios, acompañen a las comunidades en caso de que deseen presentar un informe en torno al diálogo, concertación, formulación e implementación de las propuestas y compromisos referidos en esta decisión. Para ello, es necesario indicar que dicho informe puede ser presentado en cualquier formato, como audios o videos, o aquél de preferencia de las comunidades.

Tercero. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo que, a través de los defensores delegados que participaron en los diálogos en San José del Guaviare y en la audiencia pública en Bogotá, visite a las comunidades Jiw y Nükak, así como a la zona de "La 40". Conforme a ello, presente un informe donde actualice las condiciones en que se encuentran dichas comunidades en relación con los bloques temáticos expuestos en este auto.

Lo anterior, dentro del término de 15 días siguientes a la comunicación de esta providencia, a través del correo de la Secretaría General de la Corte Constitucional (salasrevisiona@corteconstitucional.gov.co).

Cuarto. INVITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la experta Dany Mahecha Rubio y al experto Gabriel Muyuy Jacanamejoy, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que, si lo consideran oportuno, presenten información acerca de sus observaciones en el proceso de implementación de diálogo, formulación e implementación de las propuestas y compromisos referidos en este auto.

Lo anterior, a través del correo de la Secretaría General de la Corte Constitucional (salasrevisiona@corteconstitucional.gov.co).

Quinto. INVITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, a la plataforma Imagina de la Universidad de los Andes, a la organización Valientes y a la Fundación Renacer para que, si así lo estiman oportuno, presenten a la Sala Especial recomendaciones en torno a medidas la prevención, protección, asistencia y atención de la niñez y de las mujeres ante la violencia sexual.

Lo anterior, a través del correo de la Secretaría General de la Corte Constitucional (salasrevisiona@corteconstitucional.gov.co).

Sexto. COMUNICAR el presente auto, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la directora de la Unidad para las Víctimas; al ministro del Interior; a la gobernadora del Meta y el gobernador del Guaviare; a los alcaldes de Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto Concordia, El Retorno y San José del Guaviare; al Registrador Nacional del Estado Civil; al director del Departamento para la Prosperidad Social; a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); a la Consejería Presidencial para las Regiones; al ministro de Cultura; al ministerio de Salud y Protección Social; a la ministra de Educación Nacional; a la ministra de Vivienda; al ministro de Defensa Nacional; al ministro de Justicia y del Derecho; a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural; al director de la Agencia Nacional de Tierras; al director de la Unidad de Restitución de Tierras; al Alto Comisionado para la Paz; a la Consejera Presidencial de Derechos Humanos; a la Fiscal General de la Nación; al director del Instituto Nacional de Medicina Legal; a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura; al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta; a la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial y Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN); a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República; a la experta Dany Mahecha y al experto Gabriel Muyuy Jacanamejoy; a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; a la secretaría técnica de la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, a la plataforma Imagina de la Universidad de los Andes y a las directoras de la organización Valientes y la Fundación Renacer.

Comuníquese y cúmplase,

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

[1] Diligencia citada por el auto 1289 de 2023.

[2] Radicado el 4 de septiembre de 2023.

[3] Recibido el 1º de septiembre de 2023.

[4] Allegado el 1º de septiembre de 2023.

[5] Documentos allegados el 18, 19 y 28 de agosto de 2023.

[6] Allegado el 19 de septiembre de 2023.

[7] Allegado el 1º de septiembre de 2023.

[8] Documentos radicados el 19 y 23 de agosto de 2023.

[9] Allegado el 1º de septiembre de 2023.

[10] Radicado el 31 de agosto de 2023.

[11] Cfr. Intervención de la magistrada sustanciadora en la audiencia pública del 18 de agoto de 2023. Minutos 23 a 58.

[12] Cfr. Intervención de la magistrada sustanciadora en la audiencia pública del 18 de agoto de 2023. Minutos 8:59 a 9:01.

[13] Cfr. Intervención de la magistrada sustanciadora en la audiencia pública del 18 de agoto de 2023. Minutos 2:54 a 2:56.

[14] Ver antecedente 4 de este auto.

[15] Auto 173 de 2012, orden segunda.

[16] Cfr. Intervención de la magistrada sustanciadora en la audiencia pública del 18 de agoto de 2023. Minutos 23 a 58.

[17] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Págs. 96-98.

[18] Especialmente, la Comisión Presidencial Guaviare, liderada por la Alta Consejería para las Regiones y el ICBF; la Instancia del Alto Nivel para el Pueblo Nükak, convocada y liderada por la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas; y la reactivación de la Comisión Interinstitucional en el marco de la Orden 21 del Auto AIR 18-197 proferido por el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, a cargo de la Unidad para las Víctimas.

[19] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 100.

[20] Según explicó el Gobierno nacional, algunos escenarios se crearon por orden judicial cuyo cumplimiento es obligatorio. Como ejemplo está la Comisión Interinstitucional de la orden 21 del Auto AIR 18-197 de 2018 del Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

[21] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 100.

[22] Gobierno de Colombia. “Seguimiento a las medidas de atención y protección de los pueblos Jiw y Nükak”. (5 de julio de 2023). Pág. 98.

[23] Intervención de la directora (E.) de la Unidad para las Víctimas en la audiencia pública.

[24] 25 tanques botella de 600 litros para las unidades habitacionales y otro de 5000 litros para el transporte de agua hasta el asentamiento. Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 40.

[25] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 39.

[26] Intervención de la directora (E.) de la Unidad para las Víctimas en la audiencia pública.

[27] En el caso del Guaviare, la administración saliente (periodo 2020-2023) se comprometió con la construcción de 80 viviendas en el Resguardo Jiw de Barrancón y el mejoramiento de 40 en la comunidad Nükak de Puerto Flores (San José del Guaviare). Para ello formuló y concertó un proyecto que, al momento de la audiencia de 2023, estaba a la espera de la aprobación técnica del Ministerio de Vivienda.

En el Meta, la gobernación manifestó que se plantearon proyectos para realizar estudios y diseños para la construcción de viviendas en La Sal y Naexal Lajt, pero no se materializaron debido a la desfinanciación de las propuestas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la administración pasada (2020-2023) indicó que se buscaría la financiación a través del Sistema General de Regalías.

[28] Ministerio de Salud. “Informe de acciones de cumplimiento Garantía del Derecho a la Salud Comunidad Indígena Jiw y Nükak. Auto 827 de 2023 Audiencia de Seguimiento”. Dicho documento es el Anexo 22 del informe: Gobierno de Colombia. “Seguimiento a las medidas de atención y protección de los pueblos Jiw y Nükak”. (5 de julio de 2023).

[29] Decreto Legislativo 1953 de 2014.

[30] Para concertar y consultar esta medida, el Ministerio de Agricultura precisó que debería hacerse a través del mecanismo dispuesto en el artículo 193 del Decreto Legislativo 4633 de 2011. Es decir, por intermedio de la Mesa Permanente de Concertación.

[31] Propuesta de la Secretaría de Salud de San José del Guaviare en la audiencia pública.

[32] Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Resultados del taller llevado a cabo en Bogotá el 26 de marzo de 2014. OTCA. Marco estratégico para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial: compendio de las actividades realizadas en la fase I (2011-214) y la fase II (2016-2018). 2018. Visto en: http://otca.org/wp-content/uploads/2021/02/Marco-Estrategico-para-la-Proteccion-de-los-PIACI.pdf.

[33] Gobierno de Colombia. “Seguimiento a las medidas de atención y protección de los pueblos Jiw y Nükak”. (5 de julio de 2023). Pág. 50.

[34] Desde 2022 existen dos para Guaviare los cuales están dirigidos a los pueblos Jiw y Nükak.

[35] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 76.

[36] Ministerio de Educación Nacional. “Informe anual 2022”. Págs. 14-15. Anexo 26 del informe: Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023).

[37] Cfr. Intervención de la Yhajaira Gonzáles en la audiencia pública del 18 de agoto de 2023. Minuto 2:51.

[38] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Auto 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Págs. 74-75.

[39] La Registraduría entregó un informe sobre el proceso que ha adelantado para resolver los problemas de identificación de los miembros de los pueblos indígenas. Su propuesta se dirige a la identificación por reconocimiento facial como mecanismo más idóneo para superar los problemas de pérdida por falta de portabilidad de los documentos, doble identificación, o falta de lectura de huellas digitales, que se han presentado. Intervención del Registrador delegado para el Guaviare en la audiencia pública.

[40] En las diligencias lo mencionaron la Unidad para las Víctimas, la Registraduría, el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura.

[41] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Auto 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 36.

[42] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Auto 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Págs. 28-29.

[43] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Auto 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Págs. 28-36.

[44] Los expertos señalaron que las comunidades requieren un acompañamiento permanente, especialmente, ante los múltiples escenarios de diálogo que se les convoca. También, para garantizar sus derechos a la autonomía, a la consulta previa, libre e informada y al territorio en el marco de procesos de negociación con privados ante los denominados bonos de carbono.

[45] Auto 173 de 2012.

[46] En el marco de la Comisión Presidencial para el Guaviare, el 20 de enero de 2023, el Gobierno nacional y local asumieron 56 compromisos para avanzar en la superación de las problemáticas.

[47] Sobre el particular, el informe del 19 de septiembre de 2023 reportó la contratación de dos equipos interdisciplinarios. Uno de ellos especializado en la atención a la población indígena en sus territorios y otro especializado en violencias basadas en género. Estos, están conformados por profesionales en psicología, desarrollo familiar, nutrición, derecho y antropología.

[48] Al respecto, en la audiencia una lideresa Jiw consideró necesario que se ampliara la capacidad para el Meta y se analizara si las personas vinculadas tienen la capacidad para cubrir la demanda de todas las comunidades.

[49] Esta unidad en el año en 2023 habría brindado atención a las comunidades de: Resguardo Puerto Flores, Asentamiento Filo de Hambre, el Resguardo La Maria, zonas Rurales de Caño Pescao, Picalojo, Colinas, Capricho, El Dorado, Cerro Azul, Caracol, Resguardo Fanas, Barranco Colorado, veredas La Carpa, Los Naranjos y Puerto Limón.

[50] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Auto 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 100.

[51] Por ejemplo, la Secretaría de Salud de San José del Guaviare destacó los buenos resultados del plan de choque de 2021 y 2022. Este plan, sin embargo, no tuvo continuidad por falta de presupuesto. En ese sentido, llamó la atención sobre un proyecto formulado para que la gobernación del Guaviare atienda a menores de edad afectados por el consumo de drogas. Para ello, se buscaría la transferencia de 1.500 millones del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

[52] Diálogos con los pueblos Jiw y Nükak en San José del Guaviare el 10 de julio de 2023.

[53] Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. “Informe detallado intervención audiencia pública”. (31 de agosto de 2023). Pág. 2.

[54] Intervención de la directora (E.) de la Unidad para las Víctimas.

[55] De acuerdo con la intervención de la Unidad para las Víctimas en la audiencia, se haría inicialmente con la comunidad de Naexal Lajt.

[56] Intervención del Ministerio de Defensa Nacional en la audiencia pública del 18 de agosto de 2023.

[57] Aunque el Ministerio de Justicia no ha participado en el proceso de seguimiento adelantado durante el año 2023 por la Sala Especial, tiene las competencias para contribuir en la implementación de las acciones que aquí se recogen.

[58] Intervención de la directora (E.) de la Unidad para las Víctimas en la audiencia pública de agosto de 2023.

[59] Intervención del Vicedefensor del Pueblo en la audiencia pública.

[60] Propuesta de la Secretaría de Salud de San José del Guaviare en la audiencia pública.

[61] Intervención del presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta en la audiencia pública.

[62] Intervención del representante del Consejo Superior de la Judicatura en la audiencia pública.

[63] El Gobierno nacional reportó el desarrollo de dos procesos de reubicación del pueblo Jiw (Naexal Lajt en Mapiripán y Naxael Püt en Puerto Concordia). También se refirió a los avances en el retorno de algunas comunidades Jiw y Nükak. Sin embargo, estos últimos no se pudieron concretar, especialmente por problemas en materia de seguridad. Gobierno de Colombia. “Seguimiento a las medidas de atención y protección de los pueblos Jiw y Nükak”. (5 de julio de 2023). Págs. 12, 13 y 19.

[64] Cfr. Diálogos con las entidades gubernamentales en San José del Guaviare el 11 de julio de 2023. Los expertos que participaron en la audiencia aconsejaron estudiar experiencias de otros procesos, como algunas comunidades de los pueblos Hitnü en Arauca o Amorúa en Vichada.

[65] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Págs. 114 a 117.

[66] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 116.

[67] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 115.

[68] Unidad para las Víctimas. “Informe sobre los avances, falencias y propuestas del cumplimiento de los Autos 827 y 1844 de 2023, en seguimiento al Auto 173 de 2012”. (4 de septiembre de 2023). Pág. 117.

[69] Dentro de las dinámicas reportadas, se encuentra la ocupación de los territorios por colonos que impiden a los indígenas ingresar y obtener materiales o realizar sus labores de caza.

[70] De acuerdo con la representante Jiw, los bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrían ser destinados para la reubicación de comunidades o familias en situación de desplazamiento forzado. No solo en entornos rurales, sino también en contextos urbanos. Sobre ese particular, la directora del ICBF manifestó que, el 31 de julio de 2023, la SAE entregó una vivienda (objeto de extinción de dominio) en San José del Guaviare a dicha entidad. Allí, indicó, se construiría la “Casa Guaviare” como un centro de atención y protección de las niños y niñas.

[71] El Ministerio de Agricultura indicó que este plan incluiría al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio.

[72] Intervención de la directora (E.) de la Unidad para las Víctimas.

[73] Intervenciones de las directoras de de la Unidad para las Víctimas (E.) y el Departamento para la Prosperidad Social.