TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-974/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias relacionadas con un contrato estatal

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 974 de 2024

 

Expediente: CJU-5392.

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín (Antioquia) y la Superintendencia Nacional de Salud.

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 4 de agosto de 2023[1], a través de apoderada judicial, Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S (en adelante Savia Salud EPS) presentó una demanda en el ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la Empresa Social del Estado Hospital La Merced del municipio de Ciudad Bolívar (en adelante ESE La Merced). Solicitó que se declare que la ESE La Merced incumplió parcialmente el contrato de prestación de servicios de salud celebrado el 1° de agosto de 2020 con Savia Salud EPS. Como consecuencia de lo anterior, pidió ordenar a la entidad demandada liquidar el contrato y devolver la suma de $17.433.184[2] por la prestación de los servicios de salud[3]. También solicitó la indexación de todos los derechos económicos y el pago de los intereses moratorios, las agencias en derecho y las costas del proceso.

 

2. Savia Salud EPS afirmó que suscribió un contrato de prestación de servicios de salud bajo la modalidad de cápita con la ESE La Merced[4]. En este se pactó el pago de incentivos por partos, PEDT y novedades de aseguramiento. Precisó que algunos de esos incentivos se pagarían anticipadamente de forma mensual y que su reconocimiento dependía del cumplimiento de unas metas que se establecieron en un anexo del contrato. La EPS demandante, luego de verificar los componentes de los indicadores del contrato, concluyó que la ESE demandada no cumplió con todas las metas pactadas[5].

 

3. El asunto se repartió al Juzgado Primero Administrativo de Medellín. Dicha autoridad tramitó el proceso y el 24 de enero de 2024, la ESE La Merced contestó la demanda y propuso, entre otras, una excepción previa por falta de jurisdicción. Mediante auto del 31 de enero de 2024[6], el juzgado declaró su falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Mencionó el artículo 38[7] de la Ley 1122 de 2007. El juez consideró que no tenía competencia debido a que Savia Salud EPS y la ESE La Merced suscribieron una cláusula de competencia que dispuso que, ante cualquier controversia, las partes debían acudir a los mecanismos de arreglo directo[8].

 

4. El expediente se remitió a la Superintendencia de Salud, la cual propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones a través de un auto del 8 de febrero de 2024. La Supersalud rechazó la demanda y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Consideró que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, no tiene competencia porque el trámite invocado corresponde al medio de control de controversias contractuales[9]. Asimismo, se refirió al numeral 2 del artículo 104 del CPACA, al artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y a las reglas de decisión de los Autos 403 de 2021y 409 de 2022 de la Corte.

 

5. Finalmente, de conformidad con el reparto efectuado por la Sala Plena, el proceso se remitió al despacho del magistrado sustanciador el 29 de abril de 2024[10].

 

II.               CONSIDERACIONES

                                     

Competencia

 

6. De conformidad con numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7. Esta corporación ha advertido que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo. Estos han sido definidos reiteradamente por la Corte. En el asunto de la referencia se cumplen los anteriores presupuestos por las razones siguientes razones:

 

 

Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en materia de controversias derivadas de un contrato estatal en los que se reclama el pago por la prestación del servicio de salud

 

8. Mediante el Auto 403 de 2021, la Sala Plena de esta Corporación determinó que el conocimiento de las controversias derivadas de un contrato estatal es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto siempre que “(i) se pretenda ejecutar títulos valores originados en virtud de un contrato estatal y (ii) las partes de la controversia sean las mismas que suscribieron el contrato estatal”. También se pronunció frente a la naturaleza de los contratos en que los que es parte una entidad pública, como criterio para definir el juez competente. Recordó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, independientemente del régimen aplicable, los contratos en los que es parte una entidad pública son por definición contratos estatales[12].

 

9. Siguiendo esta línea, en el Auto 409 de 2022 la Corte resolvió un conflicto negativo de jurisdicciones respecto de una demanda ejecutiva promovida por Savia Salud EPS contra la ESE San Juan de Dios de Cali. La providencia concluyó que el conocimiento del asunto le correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque “la ejecución de las facturas de los pagos de lo no debido se deriva directamente de [una] obligación contractual”[13].

 

10. Ahora bien, los Autos 037 y 2824 de 2023[14] resolvieron conflictos negativos de jurisdicciones relacionados con demandas con efectos declarativos que perseguían el pago de facturas emitidas, a título de reintegro, por “incentivos partos, PEDT y novedades de aseguramiento”. Su origen radicó en el incumplimiento de las metas pactadas en los contratos de prestación de servicios de salud suscritos entre las partes. La Corte radicó la competencia en el juez administrativo, de conformidad con los artículos 104.2 y 104.6 del CPACA. Esto porque i) las partes de la controversia eran dos entidades públicas que suscribieron contratos estatales; y ii) la demandante pretendía la aceptación y el pago de títulos valores originados en el marco de un contrato estatal.

 

11. En suma, la Sala Plena concluye que, en virtud del artículo 104 del CPACA y del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer de aquellos conflictos relacionados con la existencia de obligaciones contenidas en títulos valores originados en un contrato estatal. 

 

Caso concreto

 

12. La Sala estima que el asunto de la referencia debe ser asignado al Juzgado Primero Administrativo de Medellín, en representación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Primero, porque Savia Salud EPS pretende ejecutar las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios N° 449375 celebrado con la ESE La Merced. Segundo, debido a que, hay dos entidades públicas involucradas, Savia Salud EPS en calidad de demandante y la ESE San La Merced de Ciudad Bolívar en calidad de demandada. Tercero, puesto que las partes de esta controversia son las mismas que suscribieron el contrato de prestación de servicios. Lo anterior, de conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte en el Auto 403 de 2021 y en los Autos 037 y 2824 de 2023. Ello, con fundamento en los artículos 104 del CPACA y 32 de la Ley 80 de 1993.  

 

13. Así las cosas, la Corte remitirá el expediente CJU-5392 al Juzgado Primero Administrativo de Medellín para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión tanto a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial como a la Superintendencia Nacional de Salud.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo de Medellín y la Superintendencia Nacional de Salud en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Administrativo de Medellín es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S (Savia Salud EPS) contra la Empresa Social del Estado Hospital La Merced del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia).

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-5392 al Juzgado Primero Administrativo de Medellín para lo de su competencia, y para que comunique la presente decisión tanto a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial como a la Superintendencia Nacional de Salud.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General