REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008

 

Auto 1175 de 2025

 

Referencia: seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, orden vigésima cuarta.

 

Asunto: valoración de cumplimiento del componente de impacto en la oportunidad del flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la actual cartera de salud.

 

Magistrado sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 designada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las órdenes generales impartidas en la misma, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto.

 

SÍNTESIS

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 verificó el cumplimiento de lo ordenado en el Auto 2882 de 2023, relacionado con el componente de impacto en la oportunidad del flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la actual cartera de salud. La Sala declaró dos niveles de cumplimiento: (i) bajo en el mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final y en la entrega de informes cuatrimestrales, pues si bien se reportaron medidas conducentes, no se acreditaron resultados que permitieran evidenciar que se va a superar la problemática. (ii) Medio porque, en el saneamiento de la cartera de Acuerdo de Punto Final de las EPS del régimen subsidiado se adoptaron medidas conducentes con resultados que permitieron probar que se va a superar la problemática, aunque sin avances significativos.

 

En consecuencia, la Sala ordenó a la cartera de salud adoptar las medidas necesarias para cumplir con la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760 de 2008. Ante esto, deberá informar: el progreso que se alcance para un desembolso más ágil por parte de las EPS de conformidad con la implementación del Decreto 489 de 2024, las actividades que desplegará para culminar el desarrollo del sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos y el estado actual de la cartera en el marco del APF en relación con las EPS del régimen subsidiado. Adicionalmente, sin perjuicio de que Minsalud es la autoridad concernida en la orden revisada, se requirió a la Adres para que reporte información concerniente a los contratos de transacción pendientes de suscribir en el marco del Acuerdo de Punto Final.

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.   En la Sentencia T-760 de 2008, la Corte impartió dieciséis órdenes dirigidas a diferentes autoridades del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) para que adoptaran las medidas necesarias para conjurar las fallas identificadas. Entre otras cosas, esta Corporación consideró que no era factible cubrir las necesidades médicas de la población si el sistema de salud no contaba con los recursos suficientes para financiarlas. Por ello, se recordó la importancia de lograr un apropiado flujo de recursos para asegurar la prestación de los servicios y, bajo esa perspectiva, profirió la orden vigésima cuarta[1]. Desde ahí, esta Corporación dirigió sus decisiones hacia la eliminación de obstáculos burocráticos y administrativos, con la finalidad de amparar el acceso efectivo a los servicios de salud. De conformidad con lo anterior, la Sala ha proferido las siguientes valoraciones:

 

 Tabla 1. Elaboración propia. Información Corte Constitucional

 

2.   Por su parte, el Auto 2882 de 2023 calificó el cumplimiento con un nivel bajo. La Sala estudió el impacto en la oportunidad del flujo de recursos al interior del SGSSS de la actual cartera de salud por (i) recobros y (ii) PM (presupuestos máximos) a favor de los diferentes agentes del sector salud. Providencia que emitió las siguientes consideraciones y órdenes:

 

Tabla 2. Elaboración propia. Información Corte Constitucional

 

3.   De manera que, en el Auto 2882 de 2023 la Sala se enfocó, entre otros temas, en el saneamiento del APF (supra 2). En atención a lo anterior, la valoración de la orden vigesimocuarta se realiza con base en tres puntos específicos: (i) la adopción de medidas para salvaguardar los recursos del SGSSS y obtener la sostenibilidad financiera del sistema, (ii) la adopción de medidas para conjurar la situación crítica de sobrecosto de medicamentos y (iii) el saneamiento del APF para los regímenes contributivo y subsidiado.

 

4.   Ahora bien, con fundamento en los distintos decretos probatorios contenidos en los autos del 6 de agosto, 29 de julio, 26 y 27 de noviembre de 2024, 28 de febrero y 4 de abril de 2025[4], la Sala recibió la siguiente información adicional a los datos sintetizados en el Anexo A de este documento:

 

5.   Minsalud. Sobre la viabilidad de un desembolso más ágil, comunicó que, en el giro directo de los recursos, la entidad recobrante sea EPS o EOC (Entidades Obligadas a Compensar) podría presentar la solicitud de reconocimiento a través del mecanismo de “cobro”[5]. Además, indicó que el prestador o proveedor de servicios de salud beneficiario del giro podría pedir el reconocimiento de recursos por medio del “recobro”[6] y autorizar a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), una vez se contara con el resultado de auditoría, para que en su nombre reconociera los recursos a la red prestadora y proveedora de servicios de salud. Por su parte, para acogerse al giro previo, la entidad recobrante debía presentar la documentación requerida y suscribir un formato para autorizar la deducción de valores en caso de inconsistencias tras la auditoría[7].

 

6.   Dichos mecanismos cuentan con disposiciones normativas que establecen el procedimiento administrativo que debe adelantar la Adres, junto con las entidades recobrantes, los prestadores y proveedores de servicios de salud, para el reconocimiento de recursos del sistema, pues si no se cumplen los requisitos no se podrá acceder al giro de recursos. Comunicó que expidió el Decreto 489 del 16 de abril de 2024[8]. Lo anterior, en el marco de la habilitación y de los límites establecidos en el artículo 150 de la Ley 2294 de 2023[9].

 

7.   En las consideraciones del Decreto 489 de 2024, el Ministerio aseveró que “la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional, mediante el Auto 2882 de 2023 afirmó la necesidad de fortalecer y reajustar el mecanismo de giro directo para mejorar el flujo de recursos al interior del [SGSSS], el cual, en su sentir como está diseñado, no ha tenido avances significativos y no ha aportado en la solución de una de las ya identificadas fallas estructurales del sistema, que de persistir pone en riesgo el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.

 

8.   A partir de allí, la entidad resaltó que “es necesario dotar de mayor obligatoriedad e[l] mecanismo de giro directo, así como realizar seguimiento permanente a la oportunidad del giro, con el fin de evitar la corrupción y malversación de los recursos del sistema de salud”. Expuso que los recursos objeto de la medida de giro se manejan directamente desde la Adres, y, por ende, las EPS y EOC únicamente fungen como entes autorizadores de pagos, lo que deviene en que tales recursos lleguen a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud con rapidez[10]. Destacó que el Decreto 489 de 2024 fue un trabajo articulado entre distintas entidades del sector salud[11].

 

9.   Añadió que no adelantó estudios para “establecer la viabilidad de que las EPS desembolsen a sus prestadores los dineros recobrados por conceptos de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC (unidad de pago por capitación) y presupuestos máximos. Debe aclararse, en todo caso, que dichas obligaciones ya fueron reconocidas por parte de la EPS”. Sobre las presuntas moras en recursos recobrados, advirtió que la figura del recobro está precedida del pago de la obligación por parte de la entidad recobrante al prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud, es esa condición lo que la faculta para recobrar a la Adres. Entonces, sostuvo que en ese escenario no hay lugar a moras en el desembolso de los recursos.

 

10.   Respecto del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, advirtió que este se alimenta con las dificultades en el suministro de medicamentos, recopilados a través de distintos actores del sector (EPS, IPS, fabricantes, importadores, gestores farmacéuticos y droguerías). También se basa en los datos del SISMED (Sistema de Información de Precios de Medicamentos), que registra precios, ventas y compras de medicamentos con reportes trimestrales hasta 2023 y mensuales desde 2024. Además, se utilizan bases del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) sobre registros sanitarios, trámites y abastecimiento para analizar la participación en el mercado y tendencias de comercialización.

 

11.   Asimismo, indicó que, revisada la información, la DMTS (Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud) comienza un trabajo articulado con el INVIMA y se priorizan los trámites relacionados con el registro sanitario de los productos escasos o desabastecidos. A partir de allí, se ejecutan acciones de mitigación o prevención[12]. Además, como parte del monitoreo del abastecimiento de medicamentos, se llevaron a cabo mesas de trabajo con actores de la cadena de suministro para identificar las causas de desabastecimiento y aplicar medidas correctivas[13].

 

12.   Según el MSPS, el contenido mencionado es actualizado en el micrositio de abastecimiento de la página web del Ministerio[14], con el fin de divulgar a los interesados los avances obtenidos en el mismo. Por otra parte, sobre la expedición de regulación encaminada a formalizar las relaciones contractuales entre los actores del sistema de salud, y los proveedores de tecnología, con el objetivo de mejorar el intercambio de conocimiento relacionado con la demanda potencial y la planeación de la producción, el MSPS aseveró que eso era competencia de la Dirección de Beneficios Costos y Tarifas.

 

13.   El MSPS agregó que el sistema ha avanzado en su primera fase consistente en la recolección de data[15]. Sostuvo que las próximas fases buscarán la implementación de una herramienta informática para sistematizar la recepción de alertas de los actores y el diseño de un componente preventivo. En este sentido, la cartera de salud reafirmó su compromiso para avanzar en el desarrollo e implementación del sistema de monitoreo de abastecimiento.

 

14.   Por último, el ente ministerial afirmó que expidió el Decreto 0228 del 2025 que reglamenta la implementación del SIIFA (Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial). Explicó, entre otros aspectos, que este sistema se convierte en un mecanismo clave para garantizar la transparencia en los detalles financieros, administrativos y asistenciales del sector salud. También permitirá agilizar la transmisión y evaluación de los datos que registren EPS, IPS, Adres y otros actores del sector salud. Su operación se llevará a cabo a través de un portal de registro electrónico que facilitará la trazabilidad de las transacciones realizadas entre los distintos agentes del sector y agilizará el flujo de recursos en el proceso de atención en salud.

 

15.   Adres. Comunicó que para febrero de 2024[16] existían siete contratos de transacción de $168.255.402,00 frente a los cuales las entidades recobrantes manifestaron su voluntad de “[n]o transar” y cuatro contratos pendientes de suscripción con una entidad (Comparta Salud) por un valor de $493.870.716,50^[[17]^].

 

16.   El 17 de abril de 2024, la Adres afirmó haber comunicado y publicitado las ventanas de radicación habilitadas[18]. Explicó que la primera para este mecanismo se habilitó en el mes de junio de 2020 y la última en noviembre de 2022 “por lo que, las entidades recobrantes tuvieron oportunidad de presentar las cuentas pendientes por sanear; es decir, durante casi 2 años y 5 meses que fue el tiempo durante el cual la ADRES habilitó las 45 ventanas de radicación”. Al respecto, ilustró que 27 entidades recobrantes radicaron un total de 5.267.026 cuentas al mecanismo de Acuerdo de Punto Final.

 

17.   En relación con el saneamiento del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, la Adres indicó que el valor aprobado y reconocido a las entidades recobrantes era de $8.282.894.055.715,53 que corresponde al 68,77 % del valor total presentado. En cuanto a la fuente de financiación del artículo 237 de la misma norma, adujo no tener valores pendientes por auditar y la suma aprobada a las entidades recobrantes ha sido de $1.143.717.720.749,28 que corresponde al 30,31 % del valor total presentado por las entidades que cumplieron con las exigencias. Destacó que al 31 de diciembre de 2024 había reconocido efectivamente con cargo a la deuda pública la cuantía de $1.032.358.061.900,02 “que hace parte del valor aprobado por servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la UPC”. Afirmó haber concluido el proceso de radicación y revisión de las cuentas presentadas para sanear el mecanismo de APF.

 

18.   Concretamente, los contratos de transacción firmados con las entidades reflejaron que se ha resuelto el 80.14 % del valor aprobado en la revisión. En definitiva, concluyó que “las entidades recobrantes radicaron un total $3.773.162.645.684,99 (100,00%), de los cuales se aprobaron $1.143.717.720.749,28 (30,31%) quedando glosado un total de $2.270.771.351.873,71 (60,18%) y anulado $358.643.573.064 (9,51%)”[19]. Del elevado porcentaje de glosa, expuso que la auditoría para el mecanismo de Acuerdo de Punto Final concluyó. Se identificaron diversas causales de glosa “que son atribuibles a las EPS y no puede endilgarse responsabilidad alguna a la ADRES, pues es competencia de las [EPS] acreditar los requisitos necesarios para el pago”. Por ejemplo, expuso que de los resultados del proceso de auditoría 2019-2022 por APF (art. 237), “diez causales de glosa corresponden al 62% de las causales impuestas en etapa de auditoría integral”.

 

19.   Relató que las principales causas de glosa en los recobros se deben a la prescripción o caducidad jurídica, seguida por reliquidación y problemas de consistencia en la información. También se evidencian glosas relacionadas con cobertura, suministro y aspectos jurídicos. Otras causas incluyen fallos en la facturación, errores en la prescripción médica y problemas con el reconocimiento por parte de Adres. Finalmente, las sentencias de tutela representan el menor porcentaje en el total de glosas registradas y la que más se presenta es el componente de prescripción o caducidad jurídica, lo que indica que el recobro o cobro está prescrito[20]. Para la Adres se evidencia un incumplimiento a los plazos establecidos en la Ley 1753 de 2015.

 

20.   Añadió que realizó el proceso de validaciones respecto a lo reportado por las EPS entre el 14 de diciembre de 2023 y el 13 de marzo de 2024 por concepto de pruebas COVID-19 realizadas a los usuarios entre el 26 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2022. Aseveró que los recursos aprobados ($16.431,90 millones) serán reconocidos con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación, conforme lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023. La Administradora está a la espera de la transferencia por parte del MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Por otra parte, a corte del 15 de abril de 2024, solo se tenía pendiente de validar $22.349,94 millones que corresponden a los valores indicados por las EPS entre el 14 de marzo y el 15 de abril de 2024[21]. En tal sentido, una vez se realizara la validación, la Adres reconocería y pagaría a los beneficiarios de registros que superaran el proceso de validaciones.

 

21.   Posteriormente, relacionó las fechas y las cantidades de los contratos suscritos desde la vigencia 2020 al mes de julio del 2024 tanto por concepto de contrato u otro, así como por procesos judiciales, como se evidencia en las Figuras 4 y 5 del Anexo C. A partir de lo anterior, sostuvo que para el 2024 se incrementó la suscripción de los contratos de transacción y para agosto del mismo año ascendían a 1.349 suscritos en cuantía de $997.367.021.902,92. Señaló que, el 18 de abril de 2024, suscribió cinco contratos de transacción con Comparta Salud por valor de $523.037.771,90. Manifestó que, suscribió el 90,26 % de los contratos de transacción; el 3,55 % ($40.610.765.703.19) no y el 6,19 % está pendiente de rubricar ($70.748.893.145.23).

 

22.   De todo, la Adres aseveró que ha reconocido un total de “$969.189.195.995,68” e indicó que adelantó mesas de trabajo con las EPS tendientes a revisar los procesos judiciales pendientes por suscribir y con ello depurar la información existente. Se tenían 320 demandas incoadas por las diferentes EPS por cuantía de $37.999.368.565,69, pero sin que la Adres fuera notificada. Manifestó que la suma de “$9.133.009.060,30” se encontraba sujeta a que las entidades remitieran los otrosí debidamente suscritos[22].

 

23.   Luego[23], en cuanto a los valores que se aprobaron y pagaron con posterioridad al Auto 2882 de 2023 (20 de noviembre de 2023), la Administradora expuso que al 31 de diciembre de 2024, las EPS manifestaron su voluntad de suscribir contratos de transacción y, en consecuencia, la Adres reconoció a favor de las EPS la suma de $156.670.737.506,63[24]. En concreto, sostuvo que “[d]e acuerdo con el valor total ordenado, la ADRES giro $64.249.708.333,15 a las IPS y proveedores, en virtud del mecanismo de giro directo postulado por las EPS y $92.421.029.173,48 fue ordenado a favor de las EPS”. Advirtió que solo podrá considerarse como deuda en la medida que las entidades suscriban los contratos de transacción, de lo contrario, en el caso de que no se produzca la suscripción del acuerdo de voluntades, no es factible el reconocimiento y giro de los recursos, por lo tanto si el valor se disputa en sede judicial la entidad recobrante deberá ceñirse a lo que se decida en dicha instancia[25].

 

24.   Por otra parte, sobre los valores indicados (supra 20), la Adres recalcó que el “Ministerio de Hacienda transfirió la totalidad de los recursos antes mencionados y que fueron solicitados por la ADRES”[26]. Aunado a ello, con relación a “los valores pendientes de validación correspondientes al reconocimiento de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV-2 [COVID-19] cargados por las EPS en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2024 y el 15 de abril de 2024 por un valor de $22.349,94 millones”, se manifestó que los mismos ya fueron procesados dando como resultado el reconocimiento de $7.702.798.690,00 y la devolución por inconsistencias o archivos descartados por solicitud de las EPS, por un valor de $14.647.150.310,00. Actualmente no se identificaron archivos faltantes de validación.

 

II.      CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

25.   En atención a las facultades otorgadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión del 1.° de abril de 2009[27], el artículo 86 de la Constitución y el artículo 27 del Decreto Estatutario 2591 de 1991^[28], la Sala Especial de Seguimiento es competente para proferir este auto.

 

2. Metodología de la valoración

 

26.   De conformidad con los niveles de cumplimiento establecidos en el Auto 411 de 2015^[29] y lo mencionado en diferentes ocasiones sobre la intervención excepcional del juez constitucional en materia de políticas públicas^[30], la Sala estudiará el grado de acatamiento del mandato relacionado con el flujo de los recursos del SGSSS, en el marco del seguimiento a la orden vigésima cuarta de la Sentencia T-760 de 2008 y en concreto, de aquellas impartidas en la última valoración, concretamente en el Auto 2882 de 2023.

 

27.    En ese orden de ideas, corresponde a la Sala analizar si el Ministerio de Salud y Protección Social cumplió con los cinco numerales del resolutivo 2.º del Auto 2882 de 2023[31]. Para ello, la Sala verificará las medidas, resultados y avances sobre (i) el estudio relacionado con la viabilidad de agilizar los pagos de las EPS a sus prestadores y la identificación de las causas de las demoras, (ii) el diseño y desarrollo del sistema de monitoreo de medicamentos y dispositivos médicos, (iii) el desembolso de los recursos aprobados en el marco del APF que estuvieran pendientes, (iv) el reporte del estado actual del saneamiento de cartera de las EPS del régimen subsidiado y, (v) la entrega de los informes cuatrimestrales a cargo de Minsalud.

 

3. Evaluación de las medidas adoptadas para cumplir con los mandatos emitidos en el Auto 2882 de 2023 -orden vigésima cuarta-

 

(i) La implementación de un mecanismo de agilización de desembolsos

 

28.   El numeral 2.2. del Auto 2882 de 2023 ordenó al MSPS que:

 

“informe sobre los resultados y avances alcanzados respecto de la orden impartida de efectuar estudios para establecer la viabilidad de que las EPS desembolsen los dineros a sus prestadores de manera más ágil, e identificar en qué radican las moras en que incurren para efectuar estos desembolsos, atendiendo a lo explicado en el numeral 23.3 de los antecedentes y f.j. 210 del Auto 1174 A de 2022, o en su defecto, la viabilidad de que el manejo de los dineros se radique en cabeza de la Adres, de manera que las EPS tan solo funjan como entes autorizadores de pagos. De este modo, establecer si el procedimiento sería más eficiente en la administración contable y de auditoría, para que el dinero fluya a hacia los proveedores con rapidez”.

 

29.   Luego de explicar las diferencias de los trámites de cobro y recobro, Minsalud sostuvo que profirió el Decreto 489 de 2024 para dotar de obligatoriedad el mecanismo del giro directo[32]. La Sala concluye de dicho texto normativo, entre otros aspectos, que el giro directo aplica a EPS del régimen contributivo, EOC, a instituciones y entidades que presten servicios de salud y provean tecnologías en salud, a la Supersalud (Superintendencia Nacional de Salud/SNS) y la Adres[33]. Así mismo, se aplicará a las EPS del régimen subsidiado frente a los recursos que perciban por los afiliados del régimen contributivo[34].

 

30.   Se constata que el compendio normativo regula que el giro directo procede en tres casos principales cuando: (i) las EPS y EOC no cumplen con el indicador de patrimonio adecuado, (ii) están bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la SNS y, (iii) deciden acogerse voluntariamente al mecanismo. Esto busca evitar problemas financieros en la prestación de servicios de salud[35].

 

31.   Para garantizar la transparencia y el adecuado uso de estos recursos, la Adres registrará y controlará los montos girados a las IPS y proveedores de tecnologías. La Supersalud supervisará la aplicación de la norma y podrá tomar medidas en caso de incumplimientos en la información reportada por las EPS y EOC.

 

32.   Así las cosas, la Sala considera que la autoridad obligada tuvo en cuenta la falencia señalada en el Auto 2882 de 2023, consistente en “la falta de obligatoriedad del mecanismo para las EPS, que como se mencionó, no hacen uso del giro directo en grandes proporciones, pero según las IPS, reciben el dinero por parte del Gobierno, pero no lo desembolsan rápidamente”[36]. Sin embargo, se advierte que la cartera de salud no expuso la aplicación efectiva de dicha norma en los desembolsos actuales, ni que estos se hayan vuelto más ágiles, es decir, que se haya cumplido con el propósito establecido.

 

33.   A continuación, se advierte que la Sala hará referencia a los informes remitidos por la Administradora con el fin de observar[37], en la práctica, la obligatoriedad y presunta aplicación del Decreto 489 de 2024, orientado a mejorar el flujo de recursos. La Adres indicó, por un lado, no haber pagado mediante el mecanismo de giro previo. Afirmó que “este en la actualidad no tiene mayor impacto en el flujo de recursos” porque solo opera en ciertas condiciones, las cuales ya no se presentan[38]. Por otro, la Adres sostuvo que realizó cancelaciones por concepto de giro directo de recursos de aseguramiento durante la vigencia de 2024. Por ejemplo, a lo largo de dicho año, según la programación y autorización efectuada por las EPS, la Administradora giró a las IPS y proveedores de servicios y tecnologías aproximadamente $28.562.137.868.734,00 en el RS y $19.340.971.364.610,00 en el RC[39].

 

34.   Asimismo, la Adres informó que realizó desembolsos bajo el concepto de “[g]iro directo por cobro/recobro, presupuestos máximos o mediante el mecanismo de saneamiento definitivo de cuentas de recobro”[40]. En este sentido, por la fuente de financiación establecida en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, pagó alrededor de $64.249.708.333, mientras que, con base en el artículo 245, se giraron aproximadamente $4.148.465.692,45. La Sala no desconoce los valores pagados, pues no son pocos, pero ignorar la distribución detallada de las cancelaciones impide concluir si se cumple con el propósito de la norma proferida por el Minsalud.

 

35.   En efecto, la Sala no puede determinar si el Decreto 489 de 2024 tuvo algún impacto en los pagos efectuados por la Adres tras su entrada en vigor en abril de 2024 (segundo cuatrimestre). No obstante, se evidencia que en los informes presentados por la Adres el 8 de octubre de 2024 y el 11 de febrero de 2025, al referirse a los pagos mencionados en el párrafo anterior, se hizo alusión al decreto en los siguientes términos:

 

“[…] la ADRES expidió la Resolución 82395 del 21 de junio de 2024, por medio de la cual determinó las condiciones técnicas y operativas para la implementación del procedimiento para la transferencia y el giro directo de los recursos de presupuestos máximos. […] Así las cosas, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, la ADRES realizó el giro directo de los recursos a favor de las [EPS] y [EA] a los prestadores y proveedores que cumplieron con alguna de las condiciones que establece el Decreto 489 de 2024 y/o de aquellas que fueron autorizadas para el giro directo”[41].

 

36.   Aunque la Sala reconoce el esfuerzo de el Minsalud en mejorar el flujo de recursos, cabe señalar que contrario a lo que ella misma afirmó, es decir que dio “pleno cumplimiento al numeral 2.2 de la orden segunda emitida por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 2882 de 2023” [42], la mera existencia del compendio normativo no implica, por sí sola, la observancia de dicho mandato, sobre todo si no se cuenta con elementos suficientes para determinar si ha existido una mejora en el flujo de los recursos. Si bien parece que el Decreto 489 de 2024 fue considerado en los últimos pagos de la Adres, no es posible concluir que esa norma haya cumplido efectivamente con los objetivos para los cuales fue expedida.

 

37.    Esto resulta aún más incierto si la Sala considera que el Ministerio de Salud no ha reportado ningún resultado que evidencie un incremento en los desembolsos o un progreso en los tiempos de pago, de conformidad con el mandato analizado, por lo que, hasta este punto se puede hablar de un cumplimiento formal y no material. En consecuencia, la Sala requerirá a la autoridad obligada para que informe cómo está implementando el decreto correspondiente.

 

38.   En gracia de discusión, en tema de recobros es un requisito per se que la entidad recobrante haya pagado al prestador o proveedor para que, en efecto, pueda acudir a la Adres. Empero el MSPS nunca expuso si había (o no) mora en el tiempo de pago concurrente entre las EPS e IPS, ni siquiera un indicio de una actuación de investigación sobre el tema para identificar lo solicitado en el numeral 2.2. del Auto 2882 de 2023. Por el contrario, solo anunció la conclusión de la Administradora, esto es que no podía abordar los motivos por los cuales se presentaban moras en el pago de acreencias de las EPS. De manera que la cartera de salud no distinguió si radicaban retrasos en la cancelación de los recursos o en la respectiva autorización que se debe dar por las EPS. Tampoco explicó si la creación del Decreto 489 de 2024 y la regulación del giro directo permitirían que el dinero fluyera con mayor rapidez y las razones de ello.

 

39.   Verbigracia, sobre tal normativa, la cartera de salud no expuso si, verdaderamente, la Supersalud ha publicado mensualmente la lista de EPS y EOC que no cumplen con los requisitos financieros tal como se dispuso en el artículo artículo 2.6.4.3.1.3.3. O, si en realidad ha mejorado la obligación de dichas entidades para reportar información exacta y de calidad y, en caso de no ser así, qué medidas ejecutaron. En resumen, la autoridad obligada no justificó por qué el giro directo, en virtud del Decreto 489 de 2024, constituía una mejor solución conforme a lo establecido en el Auto 2882 de 2023.

 

40.   La Sala considera que, más allá de la expedición de una norma, es esencial demostrar sus efectos y repercusiones, evidenciando los resultados y avances obtenidos en comparación con la situación previa a su implementación. Esto cobra especial relevancia dado que en el auto en evaluación señaló que el giro directo no se utilizaba en grandes proporciones y que existían deficiencias en su procedimiento. Entre estas falencias, se destacó que las EPS deben autorizar a la Administradora para que realice el giro en su nombre lo que impide avanzar en la superación de las fallas identificadas respecto del flujo de recursos al interior de la orden vigésima cuarta. En este sentido, aunque la disposición representa una medida adecuada, no se demostró su eficacia ni su impacto en la agilización del flujo de recursos.

 

41.   En todo caso, la Sala encontró que la ACSC (Asociación Colombiana de Sociedades Científicas) señaló que las organizaciones y gremios del sector, pacientes, usuarios, médicos y otros profesionales de salud se reunieron el 22 de enero de 2025 en la mesa de crisis de la salud. De allí, se determinó que “[l]a crisis financiera se ha agravado y hoy se traduce en barreras para la atención de los pacientes, expresada en serias demoras para la programación de citas médicas, procedimientos y cirugías, así como en la falta del suministro de medicamentos e insumos, en el excesivo retraso en el pago del trabajo del talento humano en salud y en el cierre de servicios e instituciones de salud”[43].

 

42.   Por su parte, el 19 de febrero de 2025, la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) comunicó, públicamente, que las IPS alertaron nuevamente sobre una crisis inminente de la sostenibilidad del sistema de salud[44]. En concreto sostuvo que “[l]as EPS intervenidas por el Gobierno Nacional adeudan más de $2,2 billones a IPS afiliadas a la Cámara de Instituciones para el cuidado de la Salud de ANDI, la mayor cantidad de deuda se concentra en NUEVA EPS con más de $1,2 billones”[45]. Particularmente, la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de esa asociación informó a la Sala Especial que “entre 2020 y 2023 el desfinanciamiento del sistema de salud ascendió a $15,9 billones conformados por la insuficiencia del dinero para financiar los costos y gastos del sistema”[46]. Resaltó que, para el 2024, se comenzó a evidenciar una disminución en las atenciones médicas “un fenómeno que parece vincularse a la crisis financiera e institucional que afecta al sector salud”.

 

43.   Además, el 10 de marzo de 2025, la ACSC allegó un escrito a la Sala Especial en el cual manifestó que “el giro directo no está dando respuesta oportuna ni eficiente a las IPS y deja por fuera a los profesionales y trabajadores de salud por lo que este mecanismo debe ser implementado con este propósito. El incumplimiento en el pago a los trabajadores afecta las condiciones de habilitación, elemento que debería ser considerado para que se tomen las medidas pertinentes de solución”[47]. Recientemente, en el mes de julio, la Contraloría General de la Nación publicó un informe sobre el estado del aseguramiento en salud por parte de las EPS[48], en el cual destacó que de las 29 EPS analizadas, solo 6 EPS cumplen con las condiciones financieras y de solvencia. Estas últimas “tienen 5.695.756 de afiliados que representan el 10,92% de la cobertura nacional, el 89.08% restante (incluidas las 9 EPS intervenidas) equivale a casi 44 millones de colombianos que están en EPS que no cumplen con todas las condiciones financieras y de solvencia que la norma obliga”[49]. Lo anterior evidencia la falta de liquidez de dichas entidades pues no cuentan con los activos corrientes suficientes para atender sus obligaciones inmediatas.

 

44.   De lo anterior, es posible dilucidar que es una realidad que el flujo de recursos en el sector no está siendo suficiente[50] y, a su vez, desproporcionado de cara a la cantidad de servicios de salud prestados y a las necesidades de las personas[51]. Por lo que, si no se toman acciones oportunas por parte de las autoridades, se va a debilitar significativamente la operatividad de las IPS, limitando su capacidad para brindar servicios de salud. De hecho, ya se observan señales preocupantes en algunas regiones, donde se han anunciado restricciones o cierres en la atención a usuarios de varias EPS, como consecuencia directa de retrasos en los pagos[52]. Esta situación evidencia una problemática estructural que ha ido desencadenando en una crisis generalizada del sistema de salud[53]. Esto ha sido advertido por asociaciones del sector, entre ellas la ANDI[54].

 

45.   La Sala debe señalar que la cartera de salud puso en conocimiento que “los cuestionamientos planteados en el Auto del 28 de febrero de 2025 no están relacionados con el mecanismo de giro directo reglamentado por el Decreto 489 de 2024”[55]. No obstante, la Corte no comparte tal apreciación porque en el decreto probatorio efectuado se indicó que “las entidades deben tener en cuenta que el contenido mínimo de la información solicitada no obsta para que se entreguen datos adicionales que consideren pertinentes para que, esta [C]orporación desarrolle la labor de verificación del cumplimiento de la orden y en concreto de los mandatos emitidos en el Auto 2882 de 2023”.

 

46.   En este sentido, la entidad no tenía impedimento alguno para enviar información adicional, si así lo consideraba. El requerimiento de pruebas dejó claro que podía incluir datos pertinentes para la labor de verificación del cumplimiento de las directrices impartidas[56]. Además, más allá de responder formalmente a los requerimientos, la entidad debe asumir un rol proactivo en la verificación y cumplimiento de las disposiciones, asegurando que lo ordenado no se quede en el papel, sino que se traduzca en acciones concretas y efectivas que protejan el disfrute del derecho fundamental.

 

47.   En conclusión, respecto al mandato del numeral 2.2. del Auto 2882 de 2023, la Sala advierte que, si bien Minsalud adoptó una medida conducente a alcanzar la obligatoriedad del giro directo, mediante la expedición de una normativa que regula de manera exclusiva su funcionamiento. Esta disposición, prima facie, se orienta a cumplir el objeto de la orden impartida por esta Corte, en cuanto busca agilizar el desembolso de los recursos. Asimismo, en las consideraciones del mencionado decreto, la autoridad obligada evidenció un esfuerzo por atender las falencias previamente señaladas por esta Corporación, lo que permite inferir que se están adoptando acciones encaminadas al cumplimiento del mandato, al destacar la necesidad de fortalecer y reajustar dicho mecanismo para mejorar el flujo de recursos.

 

48.   Sin embargo, la cartera de salud no informó ningún resultado o avance respecto de la orden impartida de efectuar estudios para establecer la viabilidad de que las EPS giren sus dineros a los prestadores de manera más ágil. Esto, por cuanto, si bien creó el Decreto 489 de 2024, no evidenció cómo la implementación del mecanismo de giro directo contribuye a la agilidad de los pagos en la práctica, máxime cuando ya ha transcurrido más de un año desde su entrada en vigencia. Lo cual preocupa aún más si se tiene en cuenta no se argumentó que por qué no efectuó estudios sobre la creación del mecanismo al que aludió el Auto 1174A de 2022^[57], pues en todo caso, no alegó la imposibilidad de cumplir con dicha orden o expuesto que, en efecto, la mejor solución sería el giro directo y las razones de ello. En consecuencia, se mantendrá el nivel de cumplimiento declarado en dicho auto.

 

(ii) Reportes sobre los avances en el diseño y desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos

 

49.   El numeral 2.3. del Auto 2882 de 2023 le ordenó al MSPS que:

 

“[R]eporte sobre los avances en el diseño y desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, que contempla la generación de alertas tempranas frente a potenciales situaciones en las cuales, el mercado no provea en forma adecuada la demanda esperada; así mismo sobre aquellos obtenidos con el sistema de recepción y análisis de potenciales incidentes de desabastecimiento para que los actores principales del sistema registren las alertas, y finalmente, la expedición de regulación encaminada a formalizar las relaciones contractuales entre los actores del sistema de salud, y los proveedores de tecnología, con el objetivo de mejorar el intercambio de información relacionada con la demanda potencial y la planeación de la producción”.

 

50.   Ahora bien, una vez revisado el respectivo sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, la Sala observa que se presentan varios temas de interés relacionados con este asunto, tales como el plan de acción, la consolidación de datos y las mesas de trabajo sobre abastecimiento, participación en eventos, campañas institucionales, entre otras. También se incluyen los formatos de reporte de abastecimiento y los tableros de control y seguimiento, herramientas fundamentales para el monitoreo del estado de los fármacos en el país. Del mismo modo, existe un plan de acción elaborado por el MSPS, que forma parte de los esfuerzos para garantizar el acceso a los medicamentos esenciales.

 

51.   El Ministerio incluyó listados de abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025 disponibles y discriminados por mes. En la parte final de la página del sistema, se encuentran dos tableros de control y seguimiento en formato de “microsoft Power BI”. El primero es sobre trámites del INVIMA[58] y el segundo sobre las novedades de incidencias en el abastecimiento[59].

 

52.   La Sala considera que una de las principales ventajas de estas herramientas es su interactividad y segmentación efectiva, ya que permiten filtrar la información a partir de múltiples variables. Esto facilita un análisis más específico de cada situación, adaptándose a las necesidades de los distintos usuarios y optimizando la exploración de datos. Aunado a lo anterior, los tableros presentan una estructura modular y jerárquica, que permite organizar los datos en diferentes niveles de detalle. Gracias a esta estructura, los usuarios pueden iniciar su análisis con una visión general y profundizar progresivamente lo correspondiente, accediendo al contenido más detallado según sea necesario.

 

53.   No obstante, es necesario tener en cuenta que los gráficos deben ser claros y fáciles de entender. En algunos casos, hay demasiada información en una sola visualización, lo que hace difícil interpretarla. De igual manera, se identificó la necesidad de una mayor contextualización en las métricas clave[60], pues algunos indicadores carecen de comparaciones históricas o referencias externas que permitan interpretar los datos en un contexto más amplio. Agregar estos elementos ayudaría a analizar mejor los resultados y a sacar conclusiones más sólidas. Finalmente, para garantizar la efectividad de las mejoras implementadas, resulta necesario que la autoridad obligada desarrolle una guía de diseño estandarizada que establezca criterios claros, de modo que todos los informes sean coherentes, más fáciles de usar y comprensibles para cualquier persona.

 

54.   Aunado a lo mencionado, la Sala realizó una revisión del tablero de reporte de incidencia del Sistema de Minsalud, en relación con el listado de abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos en seguimiento por el INVIMA, correspondiente a febrero de 2025[61]. Para ello, se verificaron los estados de clasificación de los principios activos[62] contemplados por el INVIMA, en varios medicamentos dentro de cada categoría utilizada, como se muestra en la Tabla 6 del Anexo B. De lo cual se concluye lo siguiente:

 

a.   La información no está unificada, sino que varía según el medicamento. No es posible determinar si la responsabilidad de estas variaciones recae en Minsalud o en otra entidad. No obstante, la Sala estima que sería fundamental continuar fortaleciendo los reportes y, de ser necesario, tomar medidas ante el posible incumplimiento por parte de los agentes del sector (EPS, IPS, fabricantes, importadores, gestores farmacéuticos y droguerías) en la actualización de los datos, lo cual si ya sucede, lo cierto es que hasta el momento no se encuentra demostrado.

b.   No se probó, concretamente, qué acciones realiza el Ministerio de Salud con la respectiva información, es decir, si efectivamente se lleva a cabo un seguimiento con otras entidades, además de las mesas de trabajo referidas o si únicamente se limita al cargue en el sistema o remisión al INVIMA. Para la Sala es crucial obtener los datos para con ellos analizar la problemática e implementar acciones que permitan superar las barreras de desabastecimiento en medicamentos, lo que, a la fecha, no es posible constatar.

c.   Se identificó que en el tablero de Minsalud hay fármacos cuya clasificación varía, incluyendo términos como “agotado por más de 30 días” o “incumplimiento del proveedor”, los cuales parecieran responder a causas de escasez más que a criterios de actualidad. La Sala considera que se debe unificar la clasificación que se otorga al estado de los medicamentos. Esto de conformidad con las seis categorías establecidas en los listados del INVIMA.

d.   Se observaron medicamentos que aparecen en el listado del INVIMA[63], pero que no están registrados en el tablero del sistema de Minsalud. Por ejemplo, en la categoría de “No Comercializado” no se encontraron los siguientes medicamentos: Melfalán solución inyectable 50mg/10mL, Acetato de ciproterona tableta 50mg, Estradiol gel tópico 0,06g/100g e Hidralazina solución inyectable 20mg/1mL. En “monitorización” no se encontraron Semaglutida solución inyectable 1.34mg/ml, Tecnecio 99 y Pancreatina. Asimismo, en la categoría de “Descontinuados”, no se encontraron: Atomoxetina cápsulas 18mg - 80mg, Clobazam suspensión oral 0,250G/100mL,  Hidralazina tabletas 25mg y 50mg, Irbesartán tabletas 75mg, Levonorgestrel tabletas 0,03mg, Risankizumab solución inyectable 90mg/mL y Valsartán tabletas 40mg. En todo caso, no se comprueban razones para que esto sea así. Esto es importante porque el sistema debe abarcar el universo de medicamentos y no debe ser parcial[64].

e.   No hay certeza de que exista una estrategia de difusión efectiva para garantizar que la información generada en el sistema llegue a los actores clave y a la población en general de manera accesible y oportuna.

Para la Sala, esto es de suprema relevancia, pues, si el sistema no es utilizado adecuadamente, no cumplirá su propósito. Además, la falta de divulgación puede generar desconocimiento entre los usuarios y limitar la capacidad para tomar decisiones informadas. Lo anterior, en aplicación al principio democrático de publicidad, consagrado en el artículo 209 de la Constitución, que determina los principios rectores de la función pública al establecer que esta función “está al servicio de los intereses generales y se desarrolló con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad[…]”.   

 

55.   Indudablemente, el sistema basado en Power BI representa una herramienta tecnológica avanzada porque permite transformar grandes volúmenes de datos en informes y visualizaciones dinámicas, interactivas con una conexión a múltiples fuentes de datos, la automatización de actualizaciones, filtros inteligentes, análisis en tiempo real y la posibilidad de compartir pantallas en línea de forma segura. Sobre todo cuando se enfoca exclusivamente en el seguimiento del abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, su uso podría no ser de fácil acceso para todos los actores involucrados. La comprensión de su funcionamiento y mecanismos requiere cierto nivel de familiaridad con herramientas de análisis de datos, lo que podría limitar su efectividad si no se garantiza una capacitación adecuada. La falta de guías explicativas podría dificultar la interpretación de la información, especialmente para aquellos usuarios que no poseen conocimientos técnicos en el manejo de este tipo de plataformas.

 

56.   En todo caso, la autoridad obligada reconoció que el sistema ha presentado varias dificultades y retos en su implementación, entre otros, como (i) el limitado alcance del marco normativo para intervenir frente a las situaciones presentadas en diferentes puntos de la cadena de suministro, (ii) reporte inoportuno de la información sobre novedades en la disponibilidad, (iii) la actualización no necesariamente corresponde a una situación de desabastecimiento y (iv) la calidad de los informes es insuficiente[65].

 

57.   Aun con todo lo anterior, no se puede descartar que Gestarsalud[66] identificó “problemas significativos en el monitoreo del desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, así como en el abastecimiento en sí. Aunque el Ministerio de Salud […] y el INVIMA lideran los esfuerzos de monitorización, el Sistema presenta deficiencias críticas”. Destacó que “en la práctica este mecanismo no opera de manera eficiente”. Asimismo, Acemi relató que, en relación con el suministro de medicamentos, existen dificultades con la información porque no se actualiza. Sostuvo que, aunque el Invima monitorea el desabastecimiento, su sistema solo se actualiza mensualmente y no contempla la escasez parcial, donde la oferta no cubre la demanda. Además, no existen lineamientos claros para medicamentos con baja disponibilidad, pero no oficialmente desabastecidos[67].

 

58.   Con base en la información recaudada, la Sala advierte que si bien el sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos es el resultado de un trabajo constante y coordinado entre el MSPS y los actores involucrados, lo cierto es que, a primera vista, el mismo continúa en desarrollo y así lo afirmó la misma autoridad. En este sentido, Minsalud ha presentado una medida que, en principio, se orienta al cumplimiento del mandato, la cual se refleja en la disponibilidad  del sistema en la página web de la cartera de salud. No obstante, la si bien la autoridad implementó el sistema de monitoreo, no aportó información sobre resultados de funcionamiento o avances reales que permitan evidenciar la satisfacción de la orden en su plenitud.

 

59.   El sistema debía implementar aspectos como la generación de alertas tempranas[68] frente a potenciales situaciones donde (i) el mercado no provea en forma adecuada la demanda esperada y, (ii) se reciban y analicen incidentes de desabastecimiento para que los actores principales del sistema registren las alertas. Sin embargo, no se ha demostrado que dichas alertas tempranas hayan sido efectivamente implementadas en las situaciones previstas o que, de ser así, hayan generado una respuesta eficaz. En ausencia de datos concretos que respalden su funcionamiento, la Sala no puede concluir que este mecanismo está operando de manera adecuada en la realidad. Si bien se requirió información específica sobre la labor  del sistema y se formularon preguntas puntuales, nada impedía que la autoridad obligada aportara, de manera complementaria, cualquier otro elemento que considerara pertinente para demostrar resultados. Más allá de la existencia de una ruta de trabajo, se requiere la evidencia de acciones concretas respaldadas por casos reales y verificables que brinden certeza sobre su efectividad.

 

60.   En consecuencia, la Sala no encuentra evidencia suficiente para afirmar que el intercambio de información de los actores del sector, validado por el MSPS garantiza una respuesta ágil y acorde con la dinámica real del mercado. En este sentido, la Sala considera que uno de los principales desafíos que pueden presentarse en el sistema es la dinámica permanente en la comunicación  de los datos y por ende, la actualización relacionada con el desabastecimiento de medicamentos, aspecto que también ha sido señalado por Gestarsalud[69]. Además, la propia cartera de salud sostuvo que el sistema de monitoreo de abastecimiento ha presentado varias dificultades y retos en su implementación como el reporte inoportuno de la información sobre novedades en la disponibilidad, en el informe voluntario para gestores farmacéuticos y EPS, la actualización no necesariamente corresponde a una situación de desabastecimiento y la calidad de los informes es insuficiente, entre otros.

 

61.   Para la Sala, la falta de evidencia sobre la implementación y efectividad de esta medida, impide determinar con certeza si las estrategias adoptadas están cumpliendo con su propósito de mitigar los efectos del desabastecimiento en el sector salud. Específicamente, aunque el sistema está en una fase de recopilación de información (supra 13), lo cierto es que la Sala no observa un funcionamiento claro ni una acción concreta orientada a la generación de alertas tempranas que modifique de forma positiva la situación relacionada con el acceso a medicamentos. Principalmente cuando (i) el mercado no provea en forma adecuada la demanda esperada y, (ii) se reciban y analicen incidentes de desabastecimiento para que los actores principales del sistema registren las alertas. Tampoco se observa evidencia alguna sobre el sistema de recepción y análisis de potenciales incidentes de desabastecimiento para que los actores principales del sistema registren dichas alertas.

 

62.   En conclusión, la Sala identifica que, si bien se creó un sistema, este no puede quedarse como un simple formalismo o una medida simbólica sin impacto real. Es fundamental que se fortalezca y se actualice constantemente de acuerdo con la realidad del problema, garantizando su funcionalidad efectiva. Además, debe recordarse que su creación no fue un fin en sí mismo, sino una medida orientada a mitigar la situación de desabastecimiento en el sistema de salud. Por ello, su implementación debe estar acompañada de acciones concretas que aseguren su operatividad y cumplimiento del propósito. Principalmente si se tiene en cuenta que las medidas tomadas por el MSPS y el Invima frente al desabastecimiento no han arrojado resultados que permitan evidenciar la superación de esta problemática, pues esta es la segunda causa más recurrente de quejas de los usuarios para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.

 

63.   A la Sala le preocupa la situación que se reporta día a día en los medios a causa de la demora y escasez de medicamentos vitales, además de lo señalado por Gestarsalud y Acemi (supra 57), lo anterior ha sido igualmente comunicado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la ANDI[70]. Esto tiene relevancia considerando el aumento en las acciones de tutela[71]. Recientemente, en noticias se alude a una crisis que viven los pacientes por “[l]as interminables filas al frente de los dispensarios de medicamentos se han vuelto el paisaje común en varias ciudades de Colombia. Las imágenes de pacientes haciendo plantones o incluso durmiendo en las calles en lugares como Cali, Medellín o Bogotá para reclamar los fármacos muestran la dramática situación en la que están miles de familias en todo el país ante la escasez de productos para todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la diabetes”[72].

 

64.   Esta crisis demanda una postura activa por parte de todos los involucrados pues  los medicamentos son una necesidad trascendental de la que dependen innumerables personas para preservar su salud y su vida. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud expuso que los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud pública. Resaltó que deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, con calidad garantizada, en formas farmacéuticas apropiadas y a un precio accesible tanto para los pacientes como para los sistemas de salud[73].

 

65.   Resulta imperativo garantizar un resultado avances efectivos en la disponibilidad y entrega de los medicamentos. Adicionalmente, la interrupción de los tratamientos afecta los principios de integralidad y continuidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud[74], la cual reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable. Estos principios exigen que la atención médica no solo sea efectiva, sino también ininterrumpida y articulada en todas las etapas del proceso de atención. La suspensión injustificada de tratamientos vulnera estos principios, pone en peligro la vida y la salud de los pacientes y genera barreras de acceso que contravienen el mandato constitucional[75].

 

66.   De manera que el sistema debe ayudar a contrarrestar el impacto del desabastecimiento de medicamentos en la salud de los usuarios del SGSSS, el cual hoy en día es de gran magnitud. Así mismo, permitir que la entrega de medicamentos sea ágil, eficaz y oportuna, toda vez que, hasta el momento, las medidas adoptadas por el Gobierno nacional no han sido suficientes para dicho fin. Por ello, resulta imprescindible implementar estrategias de comunicación efectivas y oportunas de este sistema que aseguren el acceso a la información y fomenten su uso adecuado en la toma de decisiones.

 

67.   Sin perjuicio del trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio desde 2022 para la creación del sistema de monitoreo de medicamentos, incluyendo la realización de mesas de trabajo y la articulación de información entre las entidades involucradas, lo cierto es que hasta la fecha no se han obtenido resultados concretos en cuanto al control de los fármacos en sentido estricto. Ello impide determinar con certeza si las acciones realizadas por el MSPS han generado un impacto real y duradero. En todo caso, no se puede ignorar que el sistema de monitoreo, pese a seguir en desarrollo, es un instrumento interesante y potencialmente innovador para el seguimiento de los medicamentos en el SGSSS. Ello, aunque se hayan identificado algunas falencias, como se explicó en los párrafos anteriores. En todo caso, sobre la expedición de regulación encaminada a formalizar las relaciones contractuales entre los actores del sistema de salud, y los proveedores de tecnología, con el objetivo de mejorar el intercambio de conocimiento relacionado con la demanda potencial y la planeación de la producción, el MSPS aseveró su compromiso hacía la mejora continua del sistema de salud mediante la formulación de políticas y la expedición de regulaciones que promuevan la eficiencia, la transparencia y la calidad en la prestación de servicios (supra 12).

 

68.   En ese sentido, la Sala evidencia que, aunque se implementó una medida, la misma no arroja resultados, ni mucho menos avances dirigidos a superar la problemática. Lo anterior, porque si bien se desarrolló un sistema que, en teoría, ofrece diversos beneficios en el monitoreo de medicamentos, aún no se obtienen resultados en aspectos claves como el funcionamiento de alertas tempranas, del monitoreo de medicamentos, de acciones correctivas ante la escasez, entre otros. En consecuencia, persisten vacíos que impiden un control adecuado del desabastecimiento de medicamentos y, por ende, comprometen la garantía del goce efectivo del derecho a la salud para la población colombiana.

 

69.   Así las cosas ante el reporte de medidas, pero la falta de resultados se mantendrá el nivel de cumplimiento bajo en el mandato analizado.

 

(iii) Pago de los recursos aprobados para el 20 de noviembre de 2023[76] con ocasión del APF

 

70.   El numeral 2.4. del Auto 2882 de 2023 estableció que:

 

“desembolse la totalidad de los recursos aprobados a la fecha con ocasión del APF y que no hayan sido cancelados, a más tardar dentro de los dos meses contados a partir la comunicación de esta providencia e informe sobre dicho trámite en el mes siguiente a la cancelación de esos valores”.

 

71.   En el Auto 2882 de 2023, la Sala resaltó que tanto el MSPS y, especialmente, la Adres[77] sostuvieron que se contaba con “$368 mil millones aprobados frente a los cuales la entidad [Adres] no ha suscrito los contratos de transacción, lo que pone en evidencia el no pago de los valores aprobados y que constituye sin duda alguna un retraso en los procedimientos que afecta el flujo oportuno de los recursos”.

 

72.   En los decretos probatorios del 28 de febrero y 4 de abril de 2025, la Sala preguntó específicamente si se desembolsó la totalidad de los recursos aprobados con ocasión del APF, antes mencionados. Al respecto, la Adres informó que desde el 27 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2024 suscribió 1277 contratos de transacción con 21 EPS beneficiarias[78], en los cuales se han cancelado $156.670.737.506,63^[79].

 

73.   En el archivo allegado[80], se puede visualizar el número de cada contrato de transacción y un comparativo entre los recursos aprobados y los efectivamente cancelados. Si bien en dicho documento no se identificaron las entidades receptoras de los pagos, la Adres anexó los actos administrativos que ha proferido en relación con las fuentes de financiamiento contempladas en los artículos 237 y 245 de la Ley 1955 de 2019. A partir de dichas resoluciones y los números de contrato allí referenciados, la Sala pudo, prima facie, cotejar la veracidad de la información suministrada por la Administradora, en particular el reconocimiento ordenado mediante cada acto y la realización efectiva de los pagos, conforme a las fechas indicadas en el Excel.

 

74.   En primer lugar, se comprobó que la mayor proporción de registros se concentró en la EPS Sanitas, con un total de 751 casos (58,81 %). Le sigue Aliansalud con 122 (9,55 %); Coomeva, 88 (6,89 %); Salud Total, 54 (4,23 %) y Nueva EPS, 51 (3,99 %). Otras entidades con participación fueron Compensar con 47 (3,68 %); Famisanar, 24 (1,88 %); Cruz Blanca[81], 22 (1,72 %); Sura, 17 (1,33 %); Cafesalud y SOS (Servicio Occidental de Salud) con 16 cada una (1,25 %) y Saludcoop, 15 (1,17 %). Las demás EPS reportaron porcentajes inferiores al 1 %, entre ellas Comfenalco, (0,86 %); Emssanar, 7 (0,55 %); Asmetsalud, 6 (0,47 %); Comparta Salud, 5 (0,39%); Mutual Ser y Capital Salud con 4 cada una (0,31 %), Pijaos, 3 (0,23 %); Medimás, 2 (0,16 %) y Ferronales, 1 (0,08 %).

 

75.    De los documentos contrastados, fue posible validar 1.203 registros, mientras que 63 presentaron diferencias en los valores y 11 no se encontraron en la información entregada. Entonces, del total de 1.277 casos, el 94,21 % corresponde a pagos verificados, mientras que el 4,93 % presenta discrepancias entre los valores consignados en el archivo Excel y las sumas reconocidas en los actos administrativos. No obstante, dichas inconsistencias no evidencian falta de pago porque: (i) las EPS no han manifestado algo distinto, ya que, si bien señalaron la existencia de deudas pendientes, también reconocieron la realización de algunos pagos. Es importante tener en cuenta que, para las EPS, el concepto de “deuda” puede diferir del criterio utilizado por la Adres y, (ii) las discordancias, que no superan el 1%, fueron por razones formales.

 

76.   En consecuencia, puede concluirse que, en principio, se reconoció el 99,14 % de los recursos del dato obtenido por la Adres, lo que sería alrededor de $139.325.101.714,54, lo cual no es una cifra despreciable. Al respecto, el restante de $17.345.635.792,09, se asocia a esos 11 ítems de los que no fue posible localizar la resolución del contrato de transacción respectivo o en las que dicho contrato no contaba con número identificador.

 

77.   Así, la Sala solicitará a la Adres que, los próximos informes que remita a esta Corporación deberán presentarse en Excel, de forma unificada y consolidada para favorecer el análisis que se lleva a cabo, la cual deberá incluir la entidad receptora, así como el número de resolución mediante la cual se efectuó el respectivo reconocimiento.

 

78.   Empero, la Sala observa que, según la Adres de la cifra inicial -368 mil millones, se ha ejecutado el 42,57 %[82] en aproximadamente un año y medio ($156.670.737.506,63), lo cual representa un plazo considerablemente mayor al contemplado en el Auto 2882 de 2023, que fijaba un término de dos meses. En todo caso, la Adres no brindó información precisa sobre el valor restante, es decir, $211.329.262.493,37, aunque sí comunicó lo que está pendiente de suscribir, especificando valores y entidades responsables, como se puede verificar en la Tabla 4 del Anexo A, sin embargo, se advierte que la suma de los valores allí relacionados no alcanza el total mencionado.

 

79.    En suma, si bien se evidencia la ejecución parcial de los recursos, lo cual no se desconoce, esta no corresponde al total aprobado ni se realizó dentro del tiempo previsto. Tampoco se allegaron argumentos que justifiquen dicha dilación. No obstante, se advierte que se han suscrito contratos que se han materializado en los pagos efectuados a las entidades destinatarias. En ese sentido, aunque no es posible adjudicar responsabilidad directa a las partes (Adres o EPS), sí resulta procedente que la Sala inste a un compromiso conjunto entre los actores en este asunto, más aún cuando la Adres es una entidad adscrita al Ministerio de Salud.  

 

80.   Sin perjuicio de lo anterior, la Sala entiende que esta dinámica no depende exclusivamente de la Administradora, quien ha comunicado que ciertas entidades demoran en responder sobre las minutas remitidas para firma (i.e. Emssanar EPS, Coosalud EPS, entre otras[83]), incluso que, ante la insistencia para la definición de asuntos pendientes, no ha obtenido respuesta alguna. Lo cierto es que la Adres debería tomar acciones sobre dicha falta para dotar de responsabilidad esa ausencia de confirmación o manifestación de suscribir (o no) los respectivos contratos, que resulta en la demora de finalización del mecanismo del APF y afecta el flujo de recursos en el sistema.

 

81.   Por su parte, para la Sala resulta reprochable que sean precisamente las entidades interesadas en la recepción de los recursos quienes incurran en dilaciones injustificadas frente al proceso de suscripción de los contratos. No resulta entendible que, siendo beneficiarias directas del mecanismo, omitan pronunciarse sobre documentos que les han sido remitidos desde hace más de un año, sin ofrecer argumentación alguna ni adoptar una postura clara sobre su voluntad de suscribir o no los instrumentos contractuales. Ello obstaculiza la culminación del proceso y, por ende, entorpece la operación del mecanismo del APF, lo que impide su cierre definitivo.

 

82.   Así como se afirmó que en el caso de Emssanar EPS se encontraban pendiente de suscribir contratos por valor de $56.292.824,20 y al haber insistido en múltiples ocasiones a la entidad recobrante la suscripción de estos documentos, se vio en la obligación de enviar la información correspondiente a efectos que la SNS actúe dentro del marco de sus competencias e intervenga en el presente asunto para que la entidad emita un pronunciamiento sobre la suscripción de los referidos documentos[84]. Esa misma acción debería repetirse frente a las demás obligadas de pronunciarse sobre estos asuntos. Ahora bien, la Corte requerirá a la Adres un listado específico y actualizado de los contratos pendientes de suscribir, indicando el valor correspondiente a cada uno, la fecha desde la cual están pendientes y las acciones concretas que ha adelantado para su formalización. Asimismo, deberá informar el tiempo estimado que prevé para culminar la ejecución total de los recursos aprobados.

 

83.   A partir de lo expuesto, para la Sala es posible determinar que la Adres adoptó medidas conducentes consistentes en la suscripción de más de 1000 contratos de transacción. Estas medidas arrojan resultados, comoquiera que se reconocieron los dineros aprobados en el marco del APF, sin embargo, aquellos no permiten evidenciar que se va a superar la problemática, toda vez que la dinámica propia de esta actividad impide establecer un horizonte claro de finalización. Existe una incertidumbre sobre el tiempo necesario para culminar la ejecución total de los recursos, lo cual afecta negativamente el flujo de dineros en el sistema, lo que genera un rezago que podría extenderse por un término indefinido y repercute de manera negativa en el acceso al sistema de salud de la población residente en territorio nacional[85].

 

84.   La Sala debe señalar que la orden se dirigió al Ministerio de Salud, autoridad concernida dentro del mandato que se analiza, y ciertamente, llama la atención de la Sala la indiferencia de la entidad, pues no se pronunció sobre si se realizaron pagos o no de los dineros aprobados referidos en el Auto 2882 de 2023. El MSPS se limitó a manifestar que, en los interrogantes elevados a ambas entidades, había asuntos de competencia de la Adres y otros de la entidad. Por lo que, sobre la materia solo reiteró la respuesta allegada por la misma Administradora.

 

85.   Se debe recordar que Minsalud como rector de la política pública en salud, tiene dentro de su misionalidad la garantía de la prestación de los servicios de salud[86]. Si bien no es el ejecutor directo de los recursos en el marco del APF, le corresponde ejercer el seguimiento y acompañamiento integral a todos los agentes involucrados en la ejecución de las políticas públicas en salud, máxime cuando tiene la obligación de orientar y coordinar el cumplimiento de las funciones de la Adres, entidad adscrita a dicha cartera[87]. Por lo que, no puede desligarse de la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus objetivos, ni omitir su intervención ante la pasividad o inacción de otros actores.

 

86.   Para la Sala, resulta indispensable establecer un orden claro y un seguimiento estricto en esta materia, que permita garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos trazados y evitar dilaciones injustificadas en la ejecución de las medidas adoptadas. Además, una actuación más decidida por parte de las autoridades obligadas ya sea mediante una ejecución oportuna o la exploración de alternativas que permitan materializar los fines para los cuales fueron asignados estos recursos.

 

87.   En ese orden de ideas, si bien la orden estudiada no obliga directamente a las EPS, lo cierto es que tienen una labor conjunta con la Adres para que se ejecuten y reconozcan los dineros aprobados, como se ha expuesto. En consecuencia, la Sala observa una necesidad de instar a las Entidades Promotoras de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud para que adquieran un mayor compromiso de conformidad con la colaboración armónica colaborativa[88] que conlleve a agilizar los trámites aún pendientes en el marco del Acuerdo de Punto Final y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas en el seguimiento de la orden vigésima cuarta.

 

88.   En definitiva, si bien existen medidas y resultados, estos no demuestran que se va a superar la problemática o la pronta satisfacción del mandato analizado, pues el porcentaje de recursos sin ejecutar supera el 50 %, sin ignorar las cantidades glosadas. Por lo tanto, se mantendrá el nivel de la última valoración.  

 

(iv) Informe del saneamiento de la cartera en el marco del APF en relación con las EPS-S

 

89.   En el numeral 2.5. del auto objeto de valoración la Sala Especial ordenó a Minsalud que:

 

“informe sobre el estado actual del saneamiento de la cartera dentro del marco del APF en relación con las EPS-S atendiendo a lo descrito en el numeral 172 de la parte considerativa de esta providencia”.

 

90.   El MSPS sostuvo que para la política pública del APF en relación con las EPS del régimen subsidiado se estimó una deuda cercana a $1,45 billones, de los cuales se logró reconocer “1,83 billones”. A hoy, manifestó que en la información certificada por las ET se registraba una deuda de $566.522 millones[89].

 

91.   Teniendo en cuenta el plazo máximo para que las ET lograran la cofinanciación por parte de la nación[90], la cartera de salud precisó que cofinanció $1,13 billones correspondientes al 62 % y las ET cancelaron con recursos propios $699,8 mil millones relativos al 38 %. Respecto del valor total reconocido, se especificó que $975.275,2 millones se giraron a las EPS y las IPS, proveedores y terceros recibieron $857.102,4.

 

92.   Cuando finalizó la oportunidad de cofinanciamiento, la cartera de salud indicó que se estimó una deuda pendiente de pago por un valor aproximado de $566.522 millones[91]. Concretamente sobre el estado de pagos realizados con corte a 31 de diciembre de 2022[92], se pudo observar que de 37 entidades territoriales (i) solo el 27 % reportó información consistente, (ii) el 51 % no brindó ningún dato, (iii) el 19 % del reporte fue inconsistente y (iv) el 3 % certificó que no tenía deuda (Distrito de Santa Marta).

 

93.   Respecto del estado de pago con corte a 31 de diciembre de 2023[93], la Sala constató que el documento incluyó 25 ET, sin que se aportara una razón que explicara la diferencia con los datos de la vigencia anterior. Aun así, el MSPS indicó que (i) el 36 % no allegó información, (ii) el 48 % la brindó pero era inconsistente, (iii) el 8% certificó que no tenía deuda (Santa Marta y Risaralda) y, (iv) el restante tuvo una novedad de no pago. A diferencia del estado anterior, en esta oportunidad el reporte consistente no fue una variable. Por ende, la Sala no puede comparar de forma directa con la información del 2022, donde sí se evaluó el porcentaje de reportes consistentes (27 %).

 

94.   En respuesta al decreto probatorio mencionado, la cartera de salud aportó nuevamente información, esta vez con 37 ET, con corte al 30 de junio de 2024[94]. Afirmó que (i) el 14 % certificó que no tenía deuda, (ii) un 16 % no tuvo pagos adicionales a las fases del saneamiento o posteriores a diciembre de 2023, (iii) el 16 % tuvo respuesta parcial o incompleta, (iv) un 19 % fue consistente (v) el 27 % fue inconsistente y (vi) el 8 % no reportó datos. Comunicó que se realizaron pagos por 400.685 millones al 30 de junio de 2024.

 

95.   Sin embargo, aunque la muestra no es homogénea, ya que dos estados se realizaron con 37 ET y uno con 25 (67,57%), es evidente que el número de entidades que no envían datos sigue siendo considerable, al igual que aquellas que presentan información inconsistente. Esto resulta especialmente preocupante, pues se parte del supuesto de que deben hacerse reportes completos y confiables, y a estas alturas no deberían persistir inconsistencias en la información. Ante esta situación, es necesario tomar acciones visibles y efectivas para corregir estas deficiencias y garantizar el cumplimiento adecuado de dicho deber.

 

96.   Frente a lo anterior, aunque el MSPS sostuvo que, el 4 de agosto de 2023, remitió a la SNS el consolidado para que dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control tomara acciones, lo cierto es que para la Sala es deber de la cartera de salud realizar seguimiento y tomar las medidas en el asunto, según corresponda. Sin que ello implique desconocer la relevancia de la labor de la Supersalud, que, dentro de su obligación de vigilancia e inspección, debe perseguir resultados en las investigaciones que realice dentro de sus competencias. En todo caso, se reitera que el Ministerio de Salud debe acompañar a todos los agentes involucrados en la materia y si bien no ejecuta ciertas funciones de forma directa, es su responsabilidad que se cumplan los objetivos del sistema y debe intervenir ante la pasividad que diferentes agentes puedan reflejar[95].

 

97.   Por otra parte, la cantidad de entidades que lograron certificar la ausencia de deuda es reducida, pues solo fueron cinco (Risaralda, Santa Marta, Caldas, Caquetá y Vichada), lo que representa menos de una cuarta parte del total inicialmente considerado de 37 ET.

 

98.   En todo caso, de la presunta deuda que tienen las ET según el MSPS, al restarle el monto reportado como pagos con corte al 30 de junio de 2024, que incluyó información consistente al 31 de diciembre de 2023 ($400.685 millones)[96], al valor total de $566.522 millones, el saldo pendiente sería aproximadamente de $165.837 millones. Sin embargo, considerando que el total reconocido inicialmente ascendía a $1,83 billones, lo cierto es que se ha registrado un avance significativo en términos de cancelaciones, lo que ha reducido sustancialmente la cartera pendiente por este concepto.

 

99.   Ahora bien, con ocasión del decreto probatorio efectuado el 26 de noviembre de 2024[97], el MSPS requirió a las ET para que expusieran el estado de cartera pendiente de pago por concepto de montos reconocidos en el marco del APF del RS[98]. Al respecto, la Sala evidenció que solo se anexaron 12 respuestas. De las cuales seis manifestaron tener deudas y el restante, en principio, sostuvo que se sanearon los saldos pendientes por concepto de recobros (APF).  

 

100.       De lo anterior, la Sala infiere que los documentos remitidos por la entidad en respuesta al requerimiento fueron validados, dado que la cartera de salud no presentó observaciones para confirmarlos o controvertirlos. Sin embargo, se evidencia una inconsistencia en la información suministrada. El MSPS reportó que, según la certificación de las ET, la deuda ascendía a $566.522 millones, pero al contrastar este valor con las respuestas de las ET enviadas por la misma cartera, se identificaron discrepancias significativas, pues se podría acercar una cantidad pendiente de pago por la suma de 25.004.077.241^[[99]]. Sin tener en cuenta que, Buenaventura, Sucre y Vaupés no especificaron una cifra de deuda, sino que informaron estar en procesos de reestructuración de pasivos, imposibilidad de lograr un acuerdo definitivo y mesas de concertación, respectivamente.

 

101.       Ahora bien, en el marco de este estudio, la Corte solicitó información a las 29 EPS sobre la existencia de saldos pendientes por cancelar en el contexto del APF, con corte al 2 de abril de 2024. La Sala recibió 18 respuestas, de las cuales 12 EPS reportaron que aún se les adeudan recursos, cinco indicaron que no identificaron saldos pendientes de pago por este concepto y una señaló que no se acogió al acuerdo[100]. Tan solo el 62,07 % remitió datos y no se conoce que pasó con el 37,93 % restante.

 

102.       Asimismo, es importante destacar que de las contestaciones allegadas, el 44,44 % pertenece al RC, el 50 % al RS y un 5,56 % está en ambos. El 40 % de las entidades que respondieron y, que están en régimen subsidiado, tienen deudas lo que sugiere dificultades financieras por este concepto. Solo el 22.22 % de las 18 EPS que enviaron datos no registraron deudas.

 

103.       Por ejemplo, según información suministrada el 6 de diciembre de 2024, la Asociación Indígena del Cauca EPSI sostuvo que registraba las siguientes cantidades pendientes de pago[101]: (i) “1.562.619.017” (ii) “10.002.218.864”, (iii) “1.184.708.965”, (iv) “127.938.484”, (v) “1.800.046.230”, (vi) “56.660.572” y (vii) “2.518.279.981”, por parte de los departamentos de Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, La Guajira, y Antioquia, respectivamente. El último valor por la Adres. El total sería aproximadamente $17.346.130.335 mil millones. Otro caso sería el de Capital Salud EPS quien aseveró que la “Secretar[í]a Distrital de Salud” y la Secretaría de Salud del Meta adeudan $8.880.152.740 y $8.304.361.743, correspondientemente, las cuales suman $17.184.514.483 mil millones. De todas las entidades del RS que reportaron, se podría acercar a una deuda de 89.124.045.475 sin incluir aquellas que hacen parte del RC[102].

 

104.   En el sentido de lo estudiado, Gestarsalud expuso que para las EPS agremiadas del RS, los mayores deudores son las ET[103]. Al respecto indicó que existe un valor pagado por $602.959.323.945, pero, aun así, permanece un saldo de $136.497.102.015^[[104]]. Frente a esto, la Sala resalta que persisten inconsistencias en la información, ya que, a pesar de que el MSPS sostuvo que, con corte al 30 de junio de 2024, Santa Marta certificó que no tenía deuda, Gestarsalud reportó lo contrario. De igual forma, en las comunicaciones remitidas por el MSPS, Caldas indicó no tener saldo pendiente; no obstante, según Gestarsalud y la EPSI Asociación Indígena del Cauca, existen dineros o cartera registrada con esa ET. En consecuencia, la Sala considera que no se vislumbra con claridad el alcance de la certificación de la deuda, lo que pone en duda la veracidad y uniformidad de la información.

 

105.   Sin perjuicio de lo anterior, la Corte por medio del Auto 4 de abril de 2025 puso a disposición los reportes[105] allegados por las EPS al MSPS para indagar sobre la razón de la diferencia entre los valores referidos por las prestadoras y aquellos pagados por las Entidades Territoriales. Sin embargo, la cartera no se pronunció sobre dichas respuestas y se limitó a remitir una contestación de la Adres, aun cuando esta no le concernía la deuda en el RS.

 

106.   Por otra parte, se elevaron algunos interrogantes y se aclaró que el contenido mínimo de la información solicitada no obstaba para que se entregaran datos adicionales que consideraran pertinentes para la labor de seguimiento y verificación del cumplimiento de la orden vigésima cuarta y en concreto de los mandatos emitidos en el Auto 2882 de 2023. Sobre esto, Minsalud sostuvo que las diferencias de los valores pueden tener origen en el periodo sujeto a la evaluación fiscal o a “[o]bligaciones caducadas o prescritas, cobros sin observancia del principio de integralidad, recobros involucrados en investigaciones por parte de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación o la Superintendencia Nacional de Salud”[106]. En todo caso, advirtió que para la elaboración del informe cuatrimestral correspondiente al periodo enero–abril de 2025, solicitará a las ET información actualizada sobre los pagos realizados con corte al 31 de diciembre de 2024, así como los valores pendientes de pago.

 

107.   En conclusión, la Sala señala que el MSPS informó el estado del saneamiento de la cartera con las EPS-S por concepto de Acuerdo de Punto Final, lo cual, a primera vista, cumple con el mandato[107]. Se constata que el ente ministerial ha adoptado medidas conducentes para conocer los pagos realizados por las entidades en cada vigencia. Sin embargo, la información presentada es inconsistente, lo que impide determinar con exactitud el valor real pendiente de pago por parte de los Entes Territoriales y, en consecuencia, dificulta que esta Sala conozca la deuda actualizada. Aunque se evidencia una reducción en el saldo inicialmente reconocido, este tipo de acciones no pueden considerarse suficientes ni significativas mientras no se determine cuánto se debe realmente, máxime cuando no se ofrecieron razones válidas que expliquen las discrepancias.

 

108.   En consecuencia, la Sala considera que se tomaron medidas conducentes que permiten conocer el estado actual del saneamiento de la cartera por concepto de APF en las EPS del régimen subsidiado. De igual forma, se acreditaron resultados de reducción de la deuda y estos muestran avances poco significativos en la culminación del Acuerdo en este régimen, pero dichas mejoras constituyen muestran parciales para superar la falla estructural que originó la orden objeto de supervisión. Máxime si se tiene en cuenta la ausencia de un valor concreto de los valores pendientes de pago. Por ende, se declarará el nivel de cumplimiento medio para este componente.

 

(v) Remisión de informes cuatrimestrales

 

109.   El numeral 2.1. del Auto 2882 de 2023[108] dispuso que el MSPS adoptara las medidas necesarias para cumplir con la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760 de 2008. Para lo cual debería remitir informes cada cuatrimestre, “que contengan como mínimo lo dispuesto en los numerales 174 y 175 de la parte considerativa de esta providencia”. Particularmente, la Sala ordenó al MSPS que enviara dichos informes con una descripción detallada de los resultados obtenidos con la implementación de nuevas medidas o de aquellas creadas con anterioridad para:

 

“(i) Salvaguardar los recursos asignados al sector salud, creadas para proscribir eficazmente los actos de corrupción y las prácticas defraudatorias que aquejan el sistema de recobros con la finalidad de optimizar el flujo de recursos al interior del SGSSS y obtener la sostenibilidad financiera.

(ii) Controlar y recuperar los recursos malversados y dilapidados en el SGSSS.

(iii) Alcanzar la actualización, modernización e interoperabilidad de las bases de datos del SGSSS que permitan obtener información clara, completa, de calidad, oportuna, en línea y tiempo real (conectividad) en todas las zonas del país (acceso a internet) además del cruce efectivo de datos entre entidades, a partir de convenios interadministrativos.

(iv) Sancionar la falta de entrega de información con las características requeridas por parte de los diferentes actores del sector salud obligados a ello o la remisión tardía de la misma.

(v) Lograr un flujo ágil, oportuno y suficiente de recursos.

(vi) Identificar cómo se reinvirtieron los recursos recuperados”.

 

110.   Es pertinente precisar que, el Auto 2882 de 2023 aclaró que esos escritos debían enviarse dentro del mes siguiente a que culminara el cuatrimestre correspondiente[109] con un mínimo de contenido[110].

 

Los informes cuatrimestrales remitidos a la Sala Especial por parte del MSPS[111]

 

111.   La Sala observa que el último documento remitido para comunicar medidas adoptadas en cumplimiento de la orden vigesimocuarta data del 16 de febrero de 2024. Tal elemento correspondió al segundo y tercer cuatrimestre de 2023. Es decir, el MSPS remitió de forma tardía lo requerido, pues solo hasta el segundo mes de 2024 se envió el informe que contenía los últimos cuatrimestres de 2023. Lo anterior implica un retraso de, al menos, cinco meses.

 

112.   Por otro lado, hasta febrero de 2025 no se había allegado ninguno de los informes correspondientes a los cuatrimestres del año 2024 (enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre). En consecuencia, mediante el Auto del 28 de febrero de 2025 la Sala debió requerirlos[112], aun así, el MSPS no los entregó.

 

113.   El 20 de marzo de 2025, el MSPS sostuvo que se debe tener en cuenta que “la competencia para reportar la información relativa a los recobros/cobros de los servicios y tecnologías en salud está en cabeza de la ADRES, y es a esta entidad a quien la Corte le debe solicitar el envío de los informes cuatrimestrales”[113]. Agregó que solo cumple funciones rectoras frente al recobro, pues toda la administración, operación y metodología para el giro de los recursos respectivos recae directamente en la Adres[114]. Documento al que adjuntó los informes remitidos por la Adres a esta Corporación, correspondientes al primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2024[115].

 

114.   Para la Sala, la respuesta del MSPS no resulta de recibo, pues deja de lado que el Ministerio es la entidad concernida dentro del mandato que se analiza, además, ignora que lo pedido es rendir cuentas sobre las acciones que, en ejercicio de su rol rector, ha tomado para garantizar los objetivos del sistema. En ningún momento se ha cuestionado la obligación de la Adres en la presentación de informes cuatrimestrales. De cualquier forma, la argumentación del Ministerio resulta confusa al referirse a los recobros, cuando la obligación de los informes está claramente definida y no se trata de un mandato complejo ni ajeno a sus funciones. Por lo que no se justifica la interpretación errada sobre su responsabilidad en este aspecto.

 

115.   Al mismo tiempo, resulta contradictorio que ahora el MSPS pretenda desconocer su responsabilidad cuando, el 16 de febrero de 2024, remitió los informes correspondientes a los últimos cuatrimestres de 2023. Esto demuestra que, en principio, ya venía cumpliendo con esta labor, lo que ha permitido a la Sala contar con la información necesaria para evaluar la materialidad de la orden vigésima cuarta de la Sentencia T-760 de 2008.

 

116.   En todo caso, la Sala debe recordar que si bien es cierto la Adres es quien gira los dineros por diferentes conceptos, el Minsalud como rector de la política pública en salud tiene, entre otras funciones, la obligación de adoptar la regulación y las políticas necesarias para financiar de manera sostenible los servicios de salud. Tal como se explicó en el Auto 2882 de 2023, el MSPS no puede omitir que es su deber hacer seguimiento y acompañamiento a todos los actores involucrados en la ejecución de las políticas públicas en la materia. Si bien no es directamente responsable de su realización, sí debe velar por la ejecución de los objetivos del sistema y actuar ante eventuales omisiones de los demás agentes. Por tanto, le corresponde la supervisión de las transferencias realizadas por la Adres, evaluar su impacto y, en caso de identificar irregularidades, adoptar y reportar las acciones implementadas al respecto, sin que se tergiverse el alcance de la orden impartida. Así, la Sala podrá evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y asegurar su cumplimiento, así como de aquellas directrices derivadas de la Sentencia T-760 de 2008.

 

117.   En consecuencia, la labor de seguimiento que adelanta la Corte requiere inescindiblemente de la participación de la cartera ministerial, la cual no se limita al cumplimiento simplemente formal[116], sino que implica una obligación de implementar medidas y generar resultados y avances, pues de lo contrario, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud no podrá darse en la población residente en territorio nacional, alejándose de hacer efectivo el Estado Social de Derecho que promulga nuestra Constitución[117]. En ese sentido, se realiza un llamado a la colaboración[118] en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales, pues no es desconocido para las autoridades que su actuación no solo puede constituir falta disciplinaria sino además responsabilidad penal por prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial y en general abuso de la función pública (por omisión)[119]. 

 

118.   Por otra parte, es pertinente recordarle a la entidad obligada que la documentación remitida en el marco de actuaciones probatorias o cualquier otra información aportada con un propósito distinto al cumplimiento de los informes cuatrimestrales en mención, no la eximen de cumplir con la respectiva entrega de esos reportes en el periodo oportuno.

 

119.   Es relevante aclarar que dichos informes no son un fin en sí mismo, sino que son un instrumento para que la Corte verifique la garantía en el flujo de los recursos del sistema y el acceso a los servicios y tecnologías en salud por parte de la población colombiana a partir de las medidas, resultados y avances que demuestre Minsalud. De ahí su importancia, en la medida en que permiten a la Sala contar con insumos técnicos oficiales sobre el estado real del cumplimiento de las órdenes dictadas para conjurar las fallas estructurales del sistema de salud, advertidas en la sentencia estructural. Por ello, Minsalud como rector de la política pública en salud es el encargado de diseñar, orientar y evaluar dichas políticas. Por lo tanto, su información resulta insustituible para la toma de decisiones judiciales encaminadas a garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

 

120.   Por lo tanto, si (i) los datos no se allegan oportunamente o ni siquiera se remiten, (ii) si no guardan una relación directa con los temas objeto de análisis por parte de la Sala, o (iii) si no permiten comprobar la implementación de medidas, resultados y avances que evidencien la superación de la problemática, la labor de seguimiento se entorpece significativamente, aun cuando no se trate de una actuación deliberada.

 

121.   La Sala Especial concluye que el Ministerio de Salud no cumplió con lo dispuesto en el numeral 2.1. del Auto 2882 de 2023, toda vez que no entregó los informes correspondientes a los cuatrimestres del año 2024 como fue ordenado, a pesar de haber sido requeridos[120]. En ese sentido, la Sala evidencia que no se implementaron medidas orientadas al cumplimiento de dicha orden; por tanto, en principio, por sustracción de materia, no hay lugar a valorar resultados ni avances en su ejecución.

 

4. Valoración del cumplimiento del ordinal segundo del Auto 2882 de 2023

 

122.   De acuerdo con la metodología de evaluación fijada desde el Auto 411 de 2015, la Sala encuentra que para el componente del impacto en la oportunidad del flujo de recursos en el mandato vigesimocuarto de la Sentencia T-760 de 2008 (Auto 2882 de 2023) hay lugar a declarar dos niveles de cumplimiento, a saber:

 

(i)   Bajo porque el 80 % de lo ordenado en el Auto 2882 de 2023 cuenta con medidas conducentes, pero no se acreditaron resultados que permitan evidenciar que se va a superar la problemática para los siguientes subcomponentes:

 

 

(ii) Medio debido a que en el 20 % de los mandatos del Auto 2882 de 2023 la obligada adoptó medidas conducentes con resultados que permiten evidenciar que se va a superar la problemática, sin avances significativos:

 

 

5. Órdenes relacionadas al mandato vigesimocuarto[123]

 

123.   En el presente asunto, se reajustarán algunas órdenes impartidas y que se encuentran vigentes[124] y se mantendrá la periodicidad de entrega de los informes correspondientes al mandato analizado. También, se reiterará que la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán cumplir con el numeral 7.º del Auto 263 de 2012 y en ese sentido seguir desarrollando sus labores de investigación atendiendo a su competencia y remitiendo los reportes cuatrimestrales correspondiente.  De igual manera, se concretarán y emitirán algunas directrices con la finalidad de obtener resultados específicos en relación con aspectos que así lo requieren, particularmente en lo que respecta a la gestión de las glosas informadas y a la suscripción de contratos de transacción por parte de la Adres y las entidades correspondientes. Por ende, la Sala ordenará:

 

Al Ministerio de Salud y Protección Social:

 

a.     Adopte las medidas necesarias para cumplir con la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760 de 2008. Para ello deberá remitir informes cada cuatrimestre, entendidos así; enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre los cuales deberán enviarse hasta el último día hábil del mes siguiente a que culmine el cuatrimestre. La autoridad obligada deberá allegar los informes correspondientes a los cuatrimestres del año 2025 que, hasta la fecha de este auto, no haya enviado, y en adelante, remitir los reportes conforme a las directrices aquí señaladas. Dichos documentos deberán contener como mínimo, una descripción detallada de los resultados obtenidos con la implementación de nuevas medidas o de aquellas creadas con anterioridad atendiendo a lo explicado en el fundamento jurídico 174 del Auto 2882 de 2023[125].

 

A todo esto, la Sala debe hacer una aclaración. Es importante que se considere que no basta con afirmaciones generales de cara a comunicar las medidas adoptadas en el marco de la orden que se valora porque se dificulta y obstaculiza la tarea de esta Sala. Es fundamental que la información requerida se remita de manera precisa y detallada, respaldada con datos concretos que permitan evaluar objetivamente los resultados obtenidos[126]. Solo mediante la presentación de datos verificables será posible identificar las fallas existentes y adoptar acciones correctivas que permitan determinar si se ha cumplido con la orden.

 

b.     Informe los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil por parte de las EPS de conformidad con la implementación del Decreto 489 de 2024. Para ello, deberá presentar un análisis comparativo que contraste la situación previa a la implementación de dicho decreto con el estado actual, destacando los progresos obtenidos. Asimismo, argumente por qué considera que el giro directo es la solución más adecuada para optimizar los pagos en el sistema de salud y exponga los estudios realizados sobre otros mecanismos de financiamiento que hayan sido evaluados como posibles alternativas.

 

c.     En el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, deberá remitir un cronograma en el que dé a conocer las actividades que desplegará para culminar el desarrollo del sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. La entidad deberá incluir los mecanismos a través de los cuales se difundirá este sistema y las estrategias para su implementación efectiva. Además, se deberán considerar las oportunidades de mejora resaltadas en la presente providencia (f.j 50 a 52), a fin de garantizar su optimización y correcto funcionamiento.

 

En todo caso, se advierte que el plazo máximo para finalizar el diseño no podrá exceder esta vigencia (2025). De no ser posible la ejecución en esta anualidad, el Ministerio deberá exponer las razones de ello y proponer un término prudente ya que esto se está ejecutando desde el 2022, so pena de que se inicie el trámite de cumplimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991[127].

 

d.     La Sala requiere información para comprender lo que sucede con los elevados porcentajes de glosas informados (supra 18 y 19), por lo que deberá informar las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para garantizar que las EPS presenten información clara, precisa y consistente en los procesos de recobro, así como las acciones que se están implementando frente a los casos en los que dicha obligación no se cumple. Para ello contará con un mes contado a partir de la notificación de esta providencia.

 

e.     Informe sobre el estado actual del saneamiento de la cartera en el marco del APF en relación con las EPS-S, conforme a lo establecido en el Auto 2882 de 2023. La entidad deberá reportar los nuevos pagos realizados y presentar una estimación actualizada de la deuda, asegurando que se incluya un valor específico efectivamente comprobado. En caso de que persistan inconsistencias deberá identificar el origen de dicha situación con alternativas para su solución. Asimismo, deberá adjuntar los soportes necesarios que respalden la información reportada.

 

A la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud 

 

124.   En este punto, la Sala advierte que el Ministerio de Salud y Protección Social es la autoridad concernida en las órdenes que se han revisado. Empero, con el fin de avanzar en la valoración y verificación del cumplimiento de dichas directrices se considera indispensable contar con la información directa de la Administradora, en tanto esta posee los datos y elementos necesarios para precisar el estado actual de ejecución de los dineros aprobados en el APF y, por consiguiente, de la suscripción de los contratos de transacción en el régimen contributivo en el tiempo[128].

 

f.      En consecuencia, se ordenará a la Adres que, dentro del mes siguiente a la comunicación de esta providencia, allegue a esta Corporación un listado específico y actualizado de los contratos pendientes de suscribir, indicando: (i) el valor correspondiente a cada uno, (ii) la fecha desde la cual están pendientes, (iii) las acciones concretas que ha adelantado para su formalización, (iv) otras novedades que considere (i.e. la manifestación de no transar). Asimismo, (v) deberá informar el plazo estimado que prevé para culminar la ejecución total de los recursos aprobados. En casos de haberse suscrito nuevos contratos a los ya reportados, comunicará (vi) recursos aprobados, (vii) recursos reconocidos, (viii) número de contrato de transacción, (ix) entidad beneficiaria y, (x) número de acto administrativo. De todo lo anterior tendrá que enviar los soportes correspondientes. Esto tendrá que agregarse con su debida actualización en los informes cuatrimestrales.

 

En cualquier escenario, se debe recordar a la cartera de salud que, como rector de la política pública en salud, corresponde ejercer el seguimiento y acompañamiento integral a todos los agentes involucrados en la ejecución de las políticas públicas en salud, lo que incluye a la Adres, entidad adscrita a dicha cartera^[129]. Por lo que, no puede desligarse de la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus objetivos, ni omitir su intervención ante la pasividad o inacción de otros actores.

 

125.   Aunado a lo anterior, se reiterará a todas las autoridades que remitan los informes de manera cuatrimestral, los cuales deberán enviarse el último día hábil del mes siguiente a que culmine el cuatrimestre correspondiente y contener como mínimo los requerimientos solicitados en el acápite de las órdenes relacionadas con el mandato vigesimocuarto contenido en el Auto 1174A de 2022 respecto de cada entidad. Se recuerda a las mismas que actúen de forma armónica, bajo el principio de colaboración de la administración pública[130] y con fundamento en el principio de unidad que rige la seguridad social, para superar las fallas evidenciadas.

 

126.   Es menester prevenir a las autoridades sobre la obligación de dar estricto cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia estructural, so pena de acarrear consecuencias penales y disciplinarias. En virtud del Decreto 2591 de 1991, quien incumpla lo dispuesto en el fallo de tutela podrá incurrir en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en otras sanciones a las que haya lugar[131]. El incidente de desacato, al no estar atado a un objetivo vindicativo, sino promotor del cumplimiento de la orden, exige la valoración de la concurrencia de factores objetivos y subjetivos[132]. La naturaleza de tal figura es sancionatoria, por lo que el cumplimiento de una orden se persigue a través del ejercicio de los “poderes disciplinarios y correccionales sobre la persona natural responsable de tal desacato”[133] con los cuales cuenta el juez de tutela encargado de velar por el acatamiento de una o unas órdenes dirigidas a la protección de derechos fundamentales. En todo caso, el incidente de desacato más allá de imponer una sanción tiene como propósito garantizar el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecución[134].

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

III. RESUELVE:

 

Primero: Declarar el nivel de cumplimiento bajo respecto de lo ordenado en el Auto 2882 de 2023 concerniente al componente de flujo oportuno en el sistema de salud de la orden vigésima cuarta de la sentencia T-760 de 2008, en relación con la fluidez del dinero con más agilidad, la mitigación del desabastecimiento de los medicamentos, la ejecución de recursos aprobados en el marco del APF y la entrega de informes cuatrimestrales, por las razones indicadas en la parte considerativa de esta providencia.

 

Segundo. Declarar el nivel de cumplimiento medio del componente flujo oportuno en el sistema de salud de la orden vigésima cuarta de la sentencia T-760 de 2008 solo sobre el saneamiento de la cartera de Acuerdo de Punto Final en el régimen subsidiado, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión

 

Tercero: Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social:

 

3.1. Adoptar las medidas necesarias para cumplir con la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 2882 de 2023. Para ello deberá remitir informes cada cuatrimestre entendido así; enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre, que contengan como mínimo lo dispuesto en el fundamento jurídico 174 del Auto 2882 de 2023.

 

3.2. Dentro del mes siguiente a la comunicación de esta providencia, informar los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil por parte de las EPS de conformidad con la implementación del Decreto 489 de 2024, atendiendo a lo explicado en el numeral 123.b de este auto.

 

3.3. Remitir un cronograma en el que dé a conocer las actividades que desplegará para culminar el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Para lo que contará con mes contado a partir de la comunicación de este auto. Asimismo, incluir los mecanismos a través de los cuales se difundirá este sistema y las estrategias para su implementación efectiva. Además, considerar las oportunidades de mejora resaltadas en la presente providencia (f.j 50 a 54).

 

3.4. Dados los elevados porcentajes de glosas informados (supra 18 y 19), en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, deberá informar las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para garantizar que las EPS presenten información clara, precisa y consistente en los procesos de recobro, así como las acciones que se están implementando frente a los casos en los que dicha obligación no se cumple.

 

3.5. Dentro del mes siguiente a la comunicación de esta providencia, informar el estado actual del saneamiento de la cartera en el marco del APF en relación con las EPS-S, conforme a lo establecido en el Auto 2882 de 2023 y en esta oportunidad (f.j 123.e).

 

Cuarto: Ordenar al Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud que, dentro del mes siguiente a la comunicación de esta providencia, allegue un listado específico y actualizado de los contratos pendientes de suscribir, indicando: (i) el valor correspondiente a cada uno, (ii) la fecha desde la cual están pendientes, (iii) las acciones concretas que ha adelantado para su formalización, (iv) otras novedades que considere (i.e. la manifestación de no transar). Asimismo, (v) deberá informar el plazo estimado que prevé para culminar la ejecución total de los recursos aprobados. En casos de haberse suscrito nuevos contratos a los ya reportados, comunicará (vi) recursos aprobados, (vii) recursos reconocidos, (viii) número de contrato de transacción, (ix) entidad beneficiaria y, (x) número de acto administrativo. De todo lo anterior tendrá que enviar los soportes correspondientes. Esto tendrá que agregarse con su debida actualización en los informes cuatrimestrales.

 

Quinto: Reiterar a todas las autoridades que los informes que alleguen contemplen como mínimo los requerimientos descritos en el acápite de las órdenes relacionadas con el mandato vigesimocuarto contenido en el Auto 1174A de 2022 según corresponda. De igual forma la información que recojan corresponda a los cuatrimestres de enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre, los cuales deberán enviarse dentro del mes siguiente a que culmine el cuatrimestre.

 

Sexto: Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación librar las comunicaciones correspondientes, remitiendo copia integral de este proveído.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

ANEXO A

 

A continuación, en las tablas 1 a 5, la Sala resume los documentos recibidos con posterioridad al 20 de noviembre de 2023[135].

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

La siguiente tabla corresponde al ejercicio realizado por la Sala respecto de la revisión del tablero de reporte de incidencia del Sistema de Minsalud.

 

 

A continuación, se insertan cuatros videos en los que se ejemplifica el ejercicio de revisión del tablero de reporte de incidencias del sistema de Minsalud, realizado por la sala, tal como está anotado en el fundamento jurídico 52 del Auto.

 

Vinculo: VIDEOS

 

Video 1. Búsqueda del medicamento “Trimebutina (tabletas) 300 mg” en el filtro de Microsoft Power Bi para verificar el estado en el sistema de monitoreo -No desabastecido-. Video 1.mp4

 

Video 2. Búsqueda del medicamento “Atenolol tableta 100mg” en el filtro de Microsoft Power Bi para verificar el estado en el sistema de monitoreo -descontinuado-. Video 2.mp4

 

 

Video 3. Búsqueda del medicamento “Hidroxiurea (Hidroxicarbamida) cápsula 500 mg” en el filtro de Microsoft Power Bi para verificar el estado en el sistema de monitoreo - En monitorización-.  video 3.mp4

 

Video 4. Búsqueda del medicamento “Insulina (Humana)” en el filtro de Microsoft Power Bi para verificar el estado en el sistema de monitoreo -Desabastecido-. Video 4.mp4

 

 

ANEXO C

 

Los siguientes gráficos evidencian pagos con giro directo, clasificación de glosas, la suscripción de contratos de transacción y los resultados del APF con datos suministrados por la Adres. Además, la deuda en la cartera de APF de las EPS-S según lo reportado por el MSPS. 

 

Figura 1. Giro directo por recursos de aseguramiento. Información suministrada por la Adres en los informes del 19 de febrero, 3 de septiembre, 8 de octubre de 2024 y 11 de febrero de 2025. Elaboración propia.

 

 

Figura 2. Giro directo- por concepto de cobro/recobro, presupuestos máximos o por el mecanismo de saneamiento definitivo de cuentas de recobro que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019. Elaboración propia. Información suministrada por la Adres en los informes del 19 de febrero, 3 de septiembre, 8 de octubre de 2024 y 11 de febrero de 2025.

 

 

 

Figura 3. Detalle Clasificación Glosas. Elaboración propia. Información contenida en la valoración de cumplimiento de la Adres anexada por el MSPS.

 

 

 

Figura 4. Contratos de Transacción – Otro si suscritos APF. Elaboración propia. Información comunicada por la Adres en la respuesta al Auto de pruebas 29 de julio de 2024.

 

 

Figura 5.  Contratos de Transacción – suscritos APF_PJ. Elaboración propia. Información comunicada por la Adres en la respuesta al Auto de pruebas 29 de julio de 2024. Elaboración propia.

 

 

Figura 6. Resultados obtenidos en el mecanismo Acuerdo de Punto Final. Datos reportados por la Adres el 19 de febrero de 2024. Elaboración propia.

 

 

 

Figura 7. Resultados obtenidos en el mecanismo Acuerdo de Punto Final por porcentaje dinámico. Elaboración propia. Datos reportados por la Adres el 19 de febrero de 2024.

 

 

Figura 8. Deuda estimada de pago por parte de las Entidades territoriales a EPS-S con corte a abril de 2024. Elaboración propia. Información reportada por el MSPS el 23 de abril de 2024.