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Auto A-195/25

 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional

 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Rechazar por falta de legitimación

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Auto 195 de 2025

 

Referencia: solicitud de aclaración de la Sentencia T-401 de 2022

 

Magistrado sustanciador:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D.C, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, la Sala Novena de Revisión procede a resolver la solicitud formulada en relación con la Sentencia T-401 de 2022, con base en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

Hechos que dieron lugar a la Sentencia T-401 de 2022

 

1.                 A través de la Sentencia T-401 de 2022, la Corte Constitucional decidió la acción de tutela interpuesta por Rosa María Mateus Cifuentes en contra de la empresa Aqualia Villa del Rosario SAS. Lo anterior con el fin de que le fueran tutelados sus derechos fundamentales a la salud, el medio ambiente sano, el agua y la dignidad humana.

 

2.                 Según la ciudadana, estos derechos le fueron vulnerados al no prestarle el suministro de agua y de alcantarillado en la vivienda de su propiedad pese a que le cobraban por el servicio. De ahí que se analizó si la mencionada empresa vulneró estos derechos al no suministrarle en debida forma los servicios de acueducto y alcantarillado.

 

3.                 La Sala Octava de Revisión concluyó que la empresa vulneró los derechos fundamentales de acceso al agua potable, saneamiento básico, salud y vida digna de la ciudadana como usuaria, al no suministrarle en forma debida los servicios a pesar de que le cobraba por estos.

 

4.                 La Sala definió que la empresa le debía asegurar a la usuaria el acceso a unas condiciones sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y disposición o reutilización de los residuos humanos en espacios higiénicos, seguros y privados que le permitiera desarrollar su vida libre de enfermedades. Por lo tanto, dispuso que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia debía realizar los estudios técnicos y pruebas necesarias para identificar la causa real del problema en el sistema de vertimiento de aguas residuales que denuncia la accionante. Una vez identificada la falla, debía ejecutar en un plazo no mayor a dos meses las medidas a las que haya lugar. Siempre y cuando se garantizara un sistema de alcantarillado que cumpliera con todas las normas técnicas o contractuales relativas al tipo de solución de saneamiento básico instalado en el bien inmueble; garantizara la seguridad personal e higiene de las instalaciones que componen el sistema y permitiera la intimidad de la accionante. De manera que se efectuara una adecuada evacuación de las aguas negras y una eficiente prestación del servicio de alcantarillado.

 

5.                 Asimismo, le ordenó a la empresa Aqualia que, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la providencia y por su cuenta y riesgo, programara y llevara a cabo el suministro provisional de agua potable a la vivienda de la accionante a través del medio que se estimara idóneo y eficaz. En una cantidad que garantizara el consumo diario, de forma directa en la vivienda o en un punto de abastecimiento a no más de cincuenta metros de aquella. Lo anterior hasta que la empresa efectuara los arreglos para solucionar de forma definitiva el problema en las tuberías de la vivienda y que impedía la prestación eficiente del servicio de acueducto. Lo cual no podía superar el término de dos meses contado a partir de la notificación de la sentencia. La cantidad de agua a proveer debía obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la OMS que oscila entre cincuenta y cien litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud.

 

6.                 La Sala Octava exhortó a la Alcaldía de Villa del Rosario para que asegurara la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la accionante. Asimismo, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en desarrollo de sus competencias constitucionales y legales verificaran el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia.

 

Solicitud de aclaración sobre la Sentencia T- 401 de 2022

 

7.                 El 19 de diciembre de 2024, en el despacho del magistrado sustanciador se recibió un escrito presentado por Jairo Gómez Agredo en el que solicitó la aclaración de la orden segunda de la sentencia en los siguientes términos[1]:

 

“Esta sentencia en este numeral ordena que la "empresa efectúe los arreglos para solucionar de forma definitiva la obstrucción de las tuberías que presenta la vivienda"; cuando el operador instala el servicio y opera hasta dónde llega el micromedidor de acueducto, hacia dentro es responsabilidad del usuario y mal hace la corte ordenar que el operador quite la obstrucción que hay al interior de la vivienda , siendo esta red interna responsabilidad del usuario, no del operador. Con el debido respeto considero que la sentencia en esta parte debería decir "empresa efectúe los arreglos para solucionar de forma definitiva la obstrucción de la red", y no incluir el interior de la vivienda como al parecer se ordena”[2].

 

 

 

II.               CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

8.                 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso, así como el artículo 107 del Acuerdo 02 de 2015, la Corte Constitucional es competente para resolver la presente solicitud de aclaración.

 

Las solicitudes de aclaración en los procesos de tutela

 

9.                 Aclaración de las sentencias de la Corte Constitucional. Por regla general, este tribunal ha establecido que las sentencias expedidas en el trámite de revisión de tutela no son revocables ni reformables[3]. Una vez proferidas, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y, en su contra, no procede ningún recurso[4]. Sin embargo, la Corte ha admitido que, cuando una providencia incurre en ciertos yerros, estos puedan subsanarse a través de la aclaración de sus decisiones. Estos mecanismos procesales están previstos en el artículo 285[5] del Código General del Proceso[6].

 

10.             Este tribunal admitió la procedencia excepcional de la aclaración de sus providencias, siempre que aquella no promueva una alteración sustancial de la decisión[7], procede únicamente respecto de conceptos o frases que ofrecen un verdadero motivo de duda, y están contenidos en la parte resolutiva o influyen en ella. Las solicitudes de aclaración resultan improcedentes cuando pretenden controvertir nuevamente aspectos definidos en el fallo[8], ampliar el análisis allí realizado a aspectos adicionales[9] o esclarecer argumentos marginales: “incluidos en la parte motiva, que no guardan inescindible relación con la declaración contenida en la parte resolutiva de la sentencia”[10].

 

11.             A partir del artículo 285 del Código General del Proceso, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las solicitudes de aclaración formuladas respecto de sentencias proferidas por esta corporación deben cumplir los siguientes requisitos concomitantes[11].

 

Fuente. Auto 417 de 2023

 

12.             Este tribunal ha estimado que el análisis de los anteriores presupuestos debe ser riguroso debido a la excepcionalidad de la procedencia de este tipo de solicitudes. Además, ha destacado que la aclaración de las providencias no se puede emplear para cuestionar la decisión ni para agregar nuevos elementos jurídicos al fallo proferido[12].

 

Caso concreto

 

13.             De las consideraciones generales antes reseñadas es posible sostener que, desde el punto de vista formal, la solicitud de aclaración requiere del cumplimiento de tres requisitos indispensables para proceder con su estudio de fondo. A continuación, la Sala procederá con su verificación, so pena de rechazo.

 

14.             Legitimación por activa. No se acredita. El señor Jairo Gómez Agredo no está legitimado para presentar la solicitud de aclaración de la Sentencia T-401 de 2022. Se advierte que no se trata de una parte y que tampoco es un tercero con interés que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión. Esto porque a pesar de que se identificó como un líder comunitario, no brindó mayor información del porqué esta decisión le interesa a su comunidad y de qué forma resultaría afectado.

 

15.             Al respecto cabe destacar que, por tratarse de un fallo provisto de efectos inter partes, la solicitud de aclaración de la sentencia de tutela solo puede estimarse procedente cuando es presentada por quienes hayan sido sujetos en el respectivo proceso. En este caso, la Sala constata que el peticionario no fue sujeto procesal en el trámite que condujo a la adopción de la Sentencia T-401 de 2022 pues la acción de tutela fue interpuesta por Rosa María Mateus Cifuentes actuando en nombre propio como única demandante, contra la empresa Aqualia Villa del Rosario S.A.S E.S.P. El señor Jairo Gómez Agredo, quien solicitó la aclaración de la sentencia, no se constituyó como parte o tercero con interés legítimo en ninguna etapa de la actuación respectiva[13].

 

16.             En consecuencia, el incumplimiento del requisito de legitimidad es suficiente para que este tribunal proceda con el rechazo de la solicitud de aclaración, por lo que así se dispondrá en esta providencia. Situación que, además, torna improcedente e innecesaria la verificación de los demás requisitos.

 

17.             Por lo anterior, se rechazará la solicitud de aclaración de la Sentencia T-401 de 2022, por no acreditar el requisito de legitimidad.

 

Con base en lo expuesto, la Sala Novena de Revisión,

 

RESUELVE:

 

Primero. RECHAZAR por improcedente la solicitud de aclaración de la Sentencia T-401 de 2022 que fue presentada por Jairo Gómez Agredo por las razones expresadas en la presente providencia.

 

Segundo. INFORMARLE al peticionario que contra el presente auto no procede ningún recurso.

 

Tercero. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICARLE la presente providencia al peticionario.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General