TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-197/25

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor subjetivo/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reglas para dirimir conflictos ante la Jurisdicción Especial para la Paz

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO-197 de 2025

 

Referencia: Expediente ICC-4876.

 

Conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá y la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

 

Tema: conflicto de competencia en materia de tutela por factor subjetivo

 

Magistrado sustanciador:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

                                                     AUTO

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.   La señora Patricia Elena Diez Gómez presentó una acción de tutela en contra del “Juzgado 4 de Paz de Conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz” (sic)[1] tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia[2]. La accionante indicó que participó en un proceso ante un juez de paz por las controversias que se suscitaron entre ella y el señor Álvaro Humberto Zamora Cristancho sobre la terminación de un contrato de arrendamiento de inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá.

 

2.   Al respecto, señaló que sobre el bien inmueble relacionado en la controversia no existió un contrato de arrendamiento, pues su difunto compañero permanente era poseedor del bien mientras se encontraba con vida. En las audiencias convocadas por la autoridad de paz informó que no tenía intenciones de conciliar o de entregar el bien.

 

3.   Agregó que actualmente existe un proceso ante el Juzgado 039 Civil del Circuito de Bogotá con radicado “2021-130” en donde la reconocieron como poseedora del inmueble, y otro para la declaratoria de unión marital de hecho en el Juzgado 022 de Familia del Circuito de Bogotá. No obstante, el 20 de septiembre de 2024, el juez de paz dio por terminado el contrato de arrendamiento y condenó a la señora Patricia Elena al pago de los cánones adeudados, esta decisión fue recurrida y luego confirmada. Así las cosas, la actora consideró que las decisiones del juez de paz vulneraron su derecho al debido proceso y, en consecuencia, pretende que su testimonio sea tenido en cuenta en una nueva audiencia donde pueda ejercer su defensa.

 

4.   El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá[3], que en Auto del 29 de noviembre de 2024[4], se abstuvo de conocer del trámite. Explicó que la acción de tutela se presentó contra un juez de la jurisdicción especial para la paz (en adelante JEP), por lo tanto, el conocimiento del caso le corresponde a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de acuerdo con el artículo transitorio 8 del Acto Legislativo 01 de 2017.

 

5.   Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió a la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, quien mediante Auto SRT-AT-JBM-695 del 3 de diciembre de 2024[5], propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Indicó que la competencia de la JEP en materia de tutela está definida en el artículo 8 transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2017. En efecto la jurisdicción conocerá de las acciones de tutela que se presenten contra órganos de la JEP o contra las providencias judiciales de la misma. Conforme a lo anterior, la autoridad judicial concluyó que se realizó una interpretación equivocada del extremo pasivo de la solicitud de tutela, pues no se mencionaron actuaciones u omisiones en los que se encuentren involucrados los órganos del sistema de justicia transicional.

 

6.   El asunto fue remitido a la Secretaría de la Corte el 4 de diciembre de 2024 y el 29 de enero de 2025 se remitió el expediente al magistrado sustanciador.

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.   La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[6]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[7]. En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en asuntos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y evitar la dilación en la adopción de una decisión^[8].

 

8.   En la presente oportunidad, esta Sala está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté autorizada para solucionar la colisión suscitada[9].

 

9.   De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[10], (ii) el factor subjetivo^[11] y (iii) el factor funcional^[12].

 

10.   La Sala Plena en los Autos 021, 222 y 246 de 2018 se pronunció acerca del factor subjetivo, en concreto, lo relacionado con las solicitudes de amparo que deben ser resueltas por la JEP. Se determinó que el escenario de dicha competencia se configura por la sola presentación de la acción de tutela en contra de alguno de los órganos que integran la JEP, o en contra de las decisiones que profieran sus autoridades[13].

 

11.   En igual sentido, en los Autos 621 y 644 de 2018, esta Corporación precisó que el factor subjetivo de la JEP también se activa cuando, a pesar de que no se demanda de manera expresa a dicha jurisdicción, el juez ordinario o el juez de lo contencioso administrativo al analizar la demanda, advierte que ésta se dirige de manera inequívoca en contra de alguno de sus órganos o que se controvierte una de sus decisiones. En tal caso, el juez está habilitado para verificar la integración del contradictorio por pasiva, en virtud del factor subjetivo de competencia, previo al envío del expediente a la JEP[14].

 

12.             Sin embargo, en los Autos 644 de 2018, 1854 de 2022 y 1064 de 2023 se indicó que, cuando la JEP recibe una acción de tutela, “independientemente de que esta se encuentre dirigida expresamente en su contra, debe verificar su competencia para conocer de la misma”[15]. Además, “sólo podrá declarar su falta de competencia cuando se advierta de manera inequívoca que el amparo no se dirige a cuestionar cualquier acción u omisión de los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o las providencias judiciales que ella profiera”. Para dichos efectos, previo a la admisión de la tutela, la autoridad judicial podrá “verificar la pertinencia de la integración de la parte accionada y, de ser necesario, remitir la acción de tutela al juez o tribunal competente”[16].

 

III.                         CASO CONCRETO

 

13.   De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia basado en el factor subjetivo. Por un lado, el Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá consideró que la acción de tutela estaba dirigida contra una autoridad judicial de la JEP, pues la accionante deprecó la vulneración de sus derechos fundamentales del “Juzgado 4 de Paz de Conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz” (sic). En consecuencia, concluyó que se cumplían los requisitos jurisprudenciales sobre el criterio orgánico para atribuir la competencia del amparo a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

 

14.   Por otra parte, la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz verificó la concurrencia del factor subjetivo para habilitar su competencia. En este análisis, sostuvo que el asunto trataba de una acción de tutela en contra de una autoridad perteneciente a la Justicia de Paz, pues (i) no se acreditó que una autoridad perteneciente a la JEP haya tramitado el asunto al que se refiere la accionante y (ii) la presunta vulneración alegada por la accionante tiene su origen en la protección del debido proceso en un asunto de naturaleza civil, subdisciplina del derecho que no es resorte de la JEP.

 

15. Por lo anterior, la Sala Plena estima que el conflicto tuvo su origen en una inadecuada interpretación del extremo pasivo de la solicitud de tutela. Esto debido a que la situación fáctica narrada por la accionante permitía inferir que la autoridad de la cual deprecó la presunta vulneración de derechos fundamentales es el Juzgado 004 de Conocimiento de la Jurisdicción de Paz de Bogotá. Esta autoridad judicial está adscrita a la jurisdicción de paz y conoce conflictos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento[17]. Los jueces de paz son particulares elegidos por voto popular que se encargan de resolver conflictos de convivencia y de comunidad[18]. Las controversias suscitadas en torno a un contrato de arrendamiento pueden ser dirimidas por la justicia comunitaria en cabeza de los jueces de paz y, en todo caso, no reúnen los requisitos para ser estudiadas por la JEP.

 

16. La Sala concluye que el conocimiento de la tutela corresponde al Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá por dos razones. Primero, porque la acción de tutela no está dirigida a uno de los órganos de la JEP. Segundo, con la solicitud de amparo no se controvirtió una decisión de las autoridades jurisdiccionales de la JEP.

 

17. En consecuencia, la Corte dejará sin efectos el Auto proferido el 29 de noviembre de 2024 por el Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la señora Patricia Elena Diez Gómez. De igual manera, le remitirá al juzgado el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de noviembre de 2024, proferido por el Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Patricia Elena Diez Gómez contra el Juzgado 004 de Conocimiento de la Jurisdicción de Paz de Bogotá.

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-4876 al Juzgado 043 Civil del Circuito de Bogotá, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO: Por Secretaría General, COMUNICAR a la accionante y a la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, de la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General