TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-540/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 540 DE 2025

Referencia: expediente ICC-4966.

Asunto: conflicto de aparente de competencia suscitado entre Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá (Valle del Cauca) y el Juzgado 003Administrativo del Circuito de Cartago (Valle del Cauca).

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5° de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

1. El 27 de marzo de 2025, Edwin Enrique Ricardo Padilla, por medio de apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y solicitó la protección de su derecho fundamental de petición[1]. El accionante indicó que, el 19 de febrero de 2025, le pidió a Colpensiones expedir copia de la “historia laboral tradicional válida para prestaciones sociales, que discrimine los salarios sobre los cuales aplicaron el ingreso base de cotización”[2].

 

2. El actor manifestó que, mediante oficio del 11 de marzo de 2025, la entidad accionada dio una respuesta evasiva ya que le envió copia de la historia laboral de carácter informativo, la cual se puede descargar desde la página de la entidad. Señaló que dicho documento no sirve para comprobar la existencia del derecho a la reliquidación de la pensión y que los jueces laborales exigen la historia laboral tradicional para realizar dichas liquidaciones. Por lo anterior, el demandante solicitó que se ordenara a Colpensiones dar una respuesta de fondo a la petición del 19 de febrero de 2025 y expedir copia de la historia laboral solicitada[3].

 

3. El asunto le correspondió al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca[4], el cual, a través del Auto del 27 de marzo de 2025, ordenó remitir el expediente a los juzgados del circuito de Cartago (reparto). Fundamentó su decisión en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[5]. Indicó que la entidad accionada es una entidad pública de orden nacional adscrita al Ministerio de Protección Social, el cual es un organismo del sector central de la administración pública. Señaló que, conforme con la regla de reparto referenciada, corresponde a los juzgados del circuito conocer del asunto[6].

 

4. Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Cartago[7], Valle del Cauca, el cual, mediante Auto del 28 de marzo de 2025, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del asunto a esta Corporación[8]. Señaló que, en los Autos 087 de 2022 y 1564 de 2024, la Corte Constitucional estableció que las normas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021) no autorizan al juez de tutela a asumir o rechazar la competencia, ni a declarar la incompetencia de otra autoridad judicial, dado que se trata de reglas administrativas de reparto[9].

 

5. El expediente se repartió al magistrado sustanciador el 2 de abril de 2025 y se envió al despacho el 3 de abril siguiente.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

6. Por regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996^[10]. Asimismo, que la competencia de este Tribunal para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[11]. En consecuencia, solo se activa cuando las normas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o cuando a pesar de que se encuentre prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela. Esto con el fin de brindarles a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo^[12].

 

7. En el presente asunto la Corte está facultada para resolver el conflicto de competencia porque (i) la Ley 270 de 1996 no prevé una autoridad encargada para ello, en la medida en la que las autoridades en conflicto no comparten un superior jerárquico común, y (ii) ambas autoridades integran funcionalmente la jurisdicción constitucional^[13].

 

8. De conformidad con los artículos 86 y 8º transitorio del título transitorio de la Constitución^[14] y los artículos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporación reitera que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con competencia territorial en el lugar donde: (i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (ii) donde se produzcan sus efectos^[15]. El factor subjetivo que opera en las acciones de tutela interpuestas en contra de: (i) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (ii) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz. Por último, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela. Esto implica que únicamente pueden conocer de aquella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia[16].

 

9. Según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021) no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. El parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Esta forma de proceder se opone principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[17].

 

10. Adicionalmente, este Tribunal ha señalado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[18].

 

III.           CASO CONCRETO

 

11. De conformidad con lo expuesto, en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia. El Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, determinó que no era competente para conocer la acción de tutela de la referencia con base en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). Dicha autoridad judicial expuso que les correspondía a los jueces del circuito de Cartago, conocer las acciones de tutela en contra de Colpensiones por ser esta una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Protección Social.

 

12. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena concluye que el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, es la autoridad judicial competente para conocer la acción de tutela interpuesta por Edwin Enrique Ricardo Padilla en contra de Colpensiones. Primero, porque fue la primera autoridad con competencia para resolver la acción de tutela. Segundo, debido a que se apartó de su conocimiento con fundamento en las reglas de reparto, es decir, aplicó una norma que no desplazaba su competencia. Tercero, con ello, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección oportuna de los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, la Corte dejará sin efectos el Auto del 27 de marzo de 2025 proferido por este juzgado y le remitirá el expediente ICC-4966 para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

13. Adicionalmente, se le advertirá al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, para que en lo sucesivo, se abstenga de apartarse del conocimiento de una acción de tutela con fundamento en reglas de reparto. Esto en tanto esa conducta se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

 

IV.            DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 27 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela promovida por Edwin Enrique Ricardo Padilla en contra de Colpensiones.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4966 al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá, (Valle del Cauca) para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión que corresponda.

Tercero. ADVERTIR al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Alcalá (Valle del Cauca), que en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Cuarto. Por la Secretaría General de esta Corte COMUNICAR la presente decisión al accionante y al Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Cartago, (Valle del Cauca).

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General