NOTA DE RELATORÍA: Mediante Auto 761 del 4 de junio de 2025, el cual se anexa en la parte final, la Sala Segunda de Revisión corrigió de oficio la “Tabla 2. Destinatarios de la orden primera”, contenida en el resolutivo primero del presente proveído. Lo anterior, con el fin de ajustar su texto y señalar las EPS, IPS o gestores farmacéuticos destinatarios de la orden relacionada con el expediente T-10.820.873. 

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-559/25

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad de adoptar de oficio medidas provisionales/MEDIDAS PROVISIONALES-Deben ser razonadas, sopesadas y proporcionadas a la situación planteada

 

MEDIDAS PROVISIONALES EN PROCESO DE TUTELA PARA PROTEGER UN DERECHO-Finalidad

 

MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO-Orden de garantizar la continuidad en el servicio de salud

 

DERECHO A LA SALUD-Acceso a medicamentos no comercializados o con indisponibilidad temporal/DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos en la forma prescrita por el médico tratante

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

 

AUTO 559 DE 2025

 

 

Referencia: expediente T-10.641.262AC^[1]

 

Asunto: acciones de tutela interpuestas por 30 accionantes en contra de EPS y otras entidades

 

Tema: medida provisional y suspensión de términos judiciales

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 7.° del Decreto 2591 de 1991, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes:

 

Aclaración previa

 

De conformidad con el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015[2]^[3], los datos personales de quienes accionan serán anonimizados para salvaguardar su derecho a la intimidad. Los 30 expedientes acumulados aluden de forma central a datos sensibles asociados a la historia clínica de quienes formulan las acciones. En consecuencia, se registrarán dos versiones de esta providencia: una, con los datos reales de las partes y los lugares en donde ocurrieron los hechos para su trámite formal y, otra, con nombres ficticios. Solo esta última versión podrá publicarse, mientras que la primera permanecerá reservada. Adicionalmente, dado que la situación de la mayoría de los accionantes no concierne directamente a todas las autoridades que serán oficiadas en esta providencia, se ordenará la reserva de la información y, por lo tanto, el deber de estas de guardar la confidencialidad incluso con posterioridad a la finalización del trámite judicial. También se dispondrá el manejo separado de los expedientes por parte de la Secretaría General de esta Corporación, con el fin de asegurar el derecho a la intimidad de cada uno de los accionantes.

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. Hechos, pretensiones y otros elementos de las acciones de tutela

 

1.       Aproximación general a las acciones de tutela. El despacho asumió el conocimiento de 30 expedientes acumulados que versan sobre la presunta falta de suministro oportuno de medicamentos en el sistema de seguridad social en salud. A continuación, se presentarán sus antecedentes en forma general y se destacarán los aspectos más relevantes de los asuntos que correspondan, para efectos de contextualizar el debate constitucional en curso y las decisiones que se adoptan en esta providencia.

 

2.       Hechos. Los solicitantes^[4] de amparo informaron que, como parte del tratamiento para su condición de salud, el médico tratante les prescribió ciertos medicamentos. En algunos casos, la orden médica requería entregas recurrentes y periódicas de dichos medicamentos, mientras que en otros se trataba de una única formulación[5]. Una vez los accionantes gestionaron el suministro de los medicamentos ante el proveedor farmacéutico dispuesto en cada caso por las EPS accionadas, los dispensadores señalaron que no contaban con los fármacos requeridos, debido a (a) desabastecimiento, (b) falta de disponibilidad en el punto de distribución, o (c) por variaciones en su presentación. Como resultado, en varios casos la entrega de medicamentos quedó pendiente y, en otros, fue finalmente negada. Para el momento en el que interpusieron la acción de tutela, ninguno de los actores había recibido la medicina prescrita, lo que ocasionó la interrupción de sus tratamientos.

 

3.       Algunos de los accionantes advirtieron sobre la existencia de múltiples acciones de tutela relacionadas con el suministro de medicamentos como los que aquí se reclaman, aunque derivadas de prescripciones médicas anteriores a las que fundamentan las presentes solicitudes de amparo. Señalaron, además, que la EPS correspondiente solo proporciona el medicamento una vez es notificada de los autos admisorios en cada trámite de tutela.

 

 

4.       Pretensiones. Los accionantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ordenara la entrega inmediata de los medicamentos (en un caso en el domicilio del paciente^[6]), y para que se asegurara su suministro sucesivo bajo las condiciones previstas por el médico tratante y por el periodo en que este lo determinara. También, pidieron canales de comunicación efectiva con las EPS e IPS, que les permitieran identificar el punto de dispensación, la fecha cierta de entrega de los fármacos y la persona encargada de su suministro, para asegurar su entrega continua. Adicionalmente, requirieron la previsión de alternativas como la reformulación oportuna ante el desabastecimiento de ciertos medicamentos, al ser esta una condición para la realización sucesiva y continua del servicio, en el caso de quimioterapias^[7].

 

5.       Frente a uno de los medicamentos solicitados para la atención de la epilepsia, el accionante requirió el suministro del fármaco “Neviot” según la recomendación de su médico tratante^[8], pese a que este producto no ha sido autorizado por el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para esa patología.

 

6.       En 15 de los asuntos analizados, adicionalmente, se solicitó el tratamiento integral^[9], con la finalidad de asegurar la entrega sucesiva y oportuna de los medicamentos, así como la garantía de la práctica de otros servicios médicos relacionados con el tratamiento. También se solicitó la realización efectiva de consultas médicas y, en un caso particular, la asignación de un cuidador permanente^[10].

 

7.       Solicitud de medida provisional durante el trámite de instancia. En cuatro de los 30 expedientes, los accionantes solicitaron en el escrito de tutela medidas provisionales, con fundamento en la urgencia del suministro de los medicamentos^[11]. En particular, requirieron que se ordenara la entrega inmediata y sucesiva de aquellos. Solo en uno de esos cuatro asuntos la medida provisional fue concedida por los jueces de instancia.

 

2. Actuaciones en sede de instancia

 

8.       En esta oportunidad se revisan los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por los distintos funcionarios judiciales que asumieron su conocimiento. En 18 expedientes se ordenó la entrega inmediata del medicamento, en ocho hubo un amparo parcial y en cuatro se negó o declaró improcedente la acción, como se refleja en la siguiente tabla:

 

 

Tabla 1. Decisiones de instancia

 

3. Actuaciones en sede de revisión

 

9.       Primer auto de pruebas. Mediante Auto del 17 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador vinculó a terceros con interés, resolvió una solicitud y decretó pruebas de oficio respecto a asuntos estructurales, elementos de juicio comunes a los 30 expedientes y aspectos particulares de algunos de ellos. Esto, con tres objetivos: (a) recaudar información en relación con cada uno de los expedientes, ante vacíos advertidos en los mismos; (b) identificar si la falta de suministro de los medicamentos persiste en la actualidad y sus efectos en cada uno de los casos concretos; y (c) precisar las particularidades y el alcance del fenómeno de desabastecimiento y la falta de disponibilidad de medicamentos en el país, como el rol de cada uno de los agentes del sistema para asegurar la garantía del derecho a la salud en relación con la cadena de abastecimiento de aquellos[13].

 

10.   Solicitud de medida provisional durante el trámite de revisión. Por otra parte, el 19 de marzo de 2025, la accionante en el expediente (1) T-10.641.262 remitió por correo electrónico una solicitud de medida provisional. Con ella se pretende que se ordene a la EPS Salud Total y a la Clínica Los Nogales entregar el medicamento Aubagio Teriflunomida 14 mg (caja de 30 tabletas), mes a mes, de manera eficaz, oportuna y domiciliaria.

 

11.   Para sustentar su petición, la actora en el indicado expediente refirió que tiene diagnóstico de “esclerosis múltiple”, que es una enfermedad huérfana, crónica y neurodegenerativa. Indicó que para tratar su diagnóstico el médico tratante le ha prescrito continuamente el medicamento Aubagio Teriflunomida 14 mg. No obstante, dado que este fármaco no ha sido entregado de manera oportuna y constante por las accionadas, para su obtención ha tenido que interponer ocho acciones de tutela, con sus respectivas solicitudes de medidas provisionales, en los últimos dos años. Adicionalmente, la actora señaló que el médico tratante le prescribió nuevamente el medicamento el 18 de marzo de 2025 por 90 días, debiendo ser entregado el 24 de marzo siguiente, y aportó la orden médica correspondiente^[14].

 

 

12.   La solicitante de la medida destacó que no solo debe sufrir los efectos de la enfermedad, sino que la omisión de las accionadas la lleva a desplegar trámites judiciales y administrativos continuos, pues “solamente reaccionan a [sus] pretensiones cuando media una autoridad judicial que se los ordena” y, luego de ello, le hacen la inmediata entrega del fármaco. Para la defensa de sus derechos informó que ha interpuesto ocho tutelas.

 

13.   En relación con la presente solicitud de medidas provisionales, la accionante refirió que (i) el asunto cumple los criterios fácticos y jurídicos para acreditar un buen derecho, como lo han establecido diferentes jueces de tutela en aquellos ocho trámites constitucionales; y (ii) existe una grave amenaza para sus derechos que se prolongará hasta el momento en que la Corte Constitucional adopte una decisión, frente a lo cual describió: “volveré a encontrarme en la situación de que mi tratamiento médico esté suspendido arbitrariamente por parte de las accionadas y afrontando las complejas consecuencias físicas y emocionales que de por sí ya implica padecer esclerosis múltiple, tales como: fatiga, disfagia, problemas en el sueño, rigidez muscular, calambres, problemas de visión, episodios de ansiedad, entre otros. Además, de que se desprende el riesgo latente de que el proceso desmielinizante se acelere y con ello se presenten mayores lesiones cerebrales que aumenten los niveles de incapacidad motora, visual y/o sensitiva”^[15].

 

14.   Finalmente refirió que, a su juicio, la medida provisional que se conceda debe ocuparse de “la totalidad de entregas domiciliarias futuras que requier[e] del medicamento –al menos desde ahora y hasta el momento en que se cuente con sentencia definitiva– y no de manera puntual en una específica fórmula médica y entrega, como h[a] debido hacerlo a lo largo de las diferentes tutelas que [se ha] visto obligada a promover en defensa de [sus] derechos”^[16], para que pueda recibir un tratamiento continuo.

 

15.   El 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador contactó telefónicamente a la tutelante, quien refirió que para ese momento no había recibido aún el fármaco ni había sido contactada por las accionadas para coordinar su entrega. Además, precisó que solicita la entrega domiciliaria del medicamento por cuanto durante los diez años que lleva con el diagnóstico, siempre lo ha recibido de ese modo.

 

 

16.   El mismo 25 de marzo, la accionante remitió a través de correo electrónico la respuesta al cuestionario que se le ordenó responder por medio de Auto del 17 de marzo de 2025.

 

17.   El 25 de abril de 2025, la accionante reiteró la solicitud de medidas provisionales. Informó que recibió una caja del medicamento el 29 de marzo de 2025, luego de haber interrumpido su tratamiento por seis días. Sin embargo, refirió que pese a que caja del medicamento se termina el lunes 28 de abril de 2025, a la fecha la EPS Salud Total no la ha contactado para asegurar la continuidad en la entrega del medicamento. En esa medida solicitó a la Corte Constitucional que “d[é] trámite expedito a la medida provisional solicitada por cuanto continúo enfrentando por parte de la EPS Salud Total la vulneración constante de mis derechos a la salud, integridad personal y vida digna”[17]. 

 

18.   Segundo auto de pruebas. Teniendo en cuenta la información remitida por la accionante del expediente (1) T-10.641.262 que solicitó la medida provisional reseñada, así como la declaración de la accionante del expediente (8) T-10.781.400 acerca de su traslado de EPS durante el trámite de revisión, el despacho sustanciador profirió un segundo Auto de pruebas el 3 de abril de 2025. Mediante este último ordenó oficiar a cada uno de los juzgados referenciados en la solicitud de medida provisional y respecto de los casos de los cuales no se tenía conocimiento anteriormente, para que remitieran el vínculo de consulta de los expedientes de tutela que hubieran conocido, por demanda de la accionante contra la EPS Salud Total y para que los mantengan habilitados hasta el momento de la publicación de la sentencia que resuelva el presente asunto. Asimismo, ordenó vincular a la Nueva EPS por el interés que le asiste en el resultado del presente trámite constitucional en lo relacionado con el expediente (8) T-10.781.400.

 

19.   Solicitudes de ampliación del plazo para aportar las pruebas recibidas durante el trámite probatorio. El 26 de marzo de 2025 el Ministerio de Salud y de la Protección Social solicitó mediante correo electrónico ampliar el término de tres días, inicialmente otorgado en el Auto del 17 de marzo de 2025 para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de cada uno de los 30 expedientes acumulados en el presente trámite[18]. Al respecto señaló que aquel término resultaba reducido para consolidar un concepto técnico frente a los medicamentos en cuestión y para el análisis de cada uno de los expedientes.

 

20.   El 2 de abril de 2025, el despacho sustanciador atendió la solicitud del Ministerio de Salud y de la Protección Social concediéndole el plazo de tres días contados a partir de la comunicación de esa providencia para dar cumplimiento al segundo resolutivo del Auto del 17 de marzo de 2025.

 

21.   El 7 de abril de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social y Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) remitieron, de forma independiente, correos electrónicos mediante los cuales solicitaron la ampliación del plazo previsto en los ordinales tercero, cuarto y sexto del Auto del 17 de marzo de 2025. El Ministerio justificó su solicitud en que los mismos equipos técnicos que elaboraron la respuesta al ordinal segundo del referido auto, estaban a cargo del análisis correspondiente al ordinal tercero y, dada la complejidad técnica del cuestionario, se requiere un plazo adicional para garantizar una respuesta completa y debidamente sustentada. Por su parte, Acemi fundamentó su petición en la relevancia del tema abordado, así como en el hecho de que, a la fecha, se encontraban en proceso de recopilación de la información suministrada por varias entidades promotoras de salud.

 

22.   El 9 de abril de 2025 el despacho sustanciador otorgó a cada una de las entidades referidas, el término adicional de cinco días hábiles para que cumplieran con lo previsto en los resolutivos tercero, cuarto y sexto del Auto del 17 de marzo de 2025.

 

23.   El 21 de abril de 2025, Nueva EPS solicitó dos prórrogas distintas para responder a la solicitud probatoria contenida en el Auto del 17 de marzo de 2025. La primera, frente al literal e) del ordinal cuarto de aquella providencia, en relación con el cual requirió un plazo adicional hasta el 24 de abril de 2025 en vista de que el área encargada se encontraba recaudando la información correspondiente. La segunda, en relación con los expedientes (2) T-10.771.082, (3) T-10.773.946, (6) T-10.781.205, (9) T-10.785.672, (10) T-10.785.910, (11) T-10.787.792, (16) T-10.796.578, (17) T- 10.796.598, (18) T-10.800.631, (19) T-10.800.758, (20) T-10.800.834, (23) T- 10.810.117, (24) T-10.810.192, (26) T-10.811.650 y (27) T-10.811.732, para cuya respuesta pidió la remisión de los expedientes electrónicos correspondientes y una ampliación en el plazo inicialmente otorgado. Esta solicitud fue atendida de forma favorable mediante Auto del 23 de abril de 2025.

 

24.   Respuestas recibidas durante el trámite de revisión hasta la fecha. El 1.° de abril de 2025 el despacho contactó telefónicamente a los accionantes para validar el estado de entrega de los medicamentos. Para el 21 de abril de 2025, solo cinco[19] de los 30 accionantes resolvieron el cuestionario planteado en el auto de pruebas. Adicionalmente, se recibió respuesta del Ministerio de Salud y la Protección Social[20], la Superintendencia Nacional de Salud[21], el Invima[22], la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la CAC (Cuenta de Alto Costo), Salud Total EPS, Compensar EPS, el Hospital Universitario San Ignacio, la Farmacia Cohan, la Clínica Los Nogales, algunas asociaciones invitadas[23], así como de algunos de los jueces de instancia[24] y finalmente, de algunos accionados y vinculados a los expedientes individualmente considerados[25].

 

25.   En relación con el auto del 3 de abril de 2025, adicionalmente, la Sala obtuvo respuesta del Juzgado 004 Civil Municipal de Ejecución Sentencias de Bogotá, del Juzgado 064 Penal Municipal con funciones de control garantías de Bogotá y del Juzgado 069 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá[26].

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.   Facultad del juez de tutela para decretar medidas provisionales

 

26.   El artículo 7.º^[27] del Decreto 2591 de 1991 reconoce al juez de tutela la facultad de decretar, de oficio o a petición de parte, medidas provisionales cuando lo considere necesario y urgente para resguardar los derechos fundamentales, con el propósito de “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo”. Estas medidas tienen el objetivo de (i) intervenir transitoriamente para contener la conducta que amenaza o vulnera un derecho, evitando un daño irreparable^[28] y (ii) ordenar las medidas^[29] para proteger provisionalmente el derecho objeto del trámite constitucional^[30]. Lo anterior, mientras se adopta el fallo que define la controversia^[31] y hasta cuando este se dicte^[32]. En cualquier momento, de forma motivada, el juez puede levantar las medidas decretadas^[33].

 

27.   El decreto de tales medidas amerita un examen preliminar sobre la gravedad de la situación, con fundamento en los indicios que obren en el expediente. Solo proceden aquellas cuando (i) exista una apariencia de buen derecho, de modo que la solicitud de amparo tenga aparente vocación de viabilidad, en función de los elementos fácticos y jurídicos del caso; (ii) se encuentre un riesgo probable de que con el paso del tiempo, durante el trámite de revisión, se afecte de manera considerable la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público; y (iii) la medida provisional no genere una afectación desproporcionada a quien deba ser ordenada^[34].

 

28.   En estas condiciones, la Corte Constitucional ha resaltado que el decreto de medidas provisionales no constituye prejuzgamiento sobre el asunto bajo estudio, ni indicio sobre el sentido de la decisión^[35]. Su finalidad se limita a prevenir que se materialice la vulneración o un perjuicio irremediable sobre los intereses superiores en debate, hasta el momento en que este tribunal profiera una sentencia.

 

2.   Facultad de la Corte Constitucional para suspender excepcionalmente los términos judiciales en las acciones de tutela

 

29.   El precitado artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[36] prevé también que, en el evento de decretar pruebas, la Sala de Revisión puede excepcionalmente ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario, y precisa que, en todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que, por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de seis meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado ponente.

 

3.   Actuaciones procedentes en esta oportunidad

 

30.   La Sala Segunda de Revisión procederá a (i) decretar medidas provisionales en el presente asunto, por solicitud de parte en el expediente (1) T-10.641.262 y de oficio en relación con las otras 29 acciones de tutela acumuladas, (ii) establecer medidas para garantizar su cumplimiento inmediato y efectivo, así como para su seguimiento, (iii) suspender los términos judiciales en el expediente acumulado de la referencia y (iv) adoptar medidas de articulación judicial para la eficaz protección de los derechos que se aprecian probablemente en riesgo.

 

3.1. Análisis sobre la procedencia de medidas provisionales

 

31.   Examinada la solicitud de medida provisional formulada por la accionante en el expediente (1) T-10.641.262, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional encuentra acreditados los requisitos para el decreto de una medida provisional de protección para aquella. También se advierten acreditados los requisitos para su procedencia de oficio en las otras 29 acciones de tutela acumuladas. A continuación, se exponen las razones que sustentan esta conclusión, a partir de los requisitos descritos en el fundamento 19 de esta providencia.

 

32.   Apariencia de buen derecho. La Sala advierte que la protección constitucional que reclama cada uno de los tutelantes tiene vocación aparente de viabilidad. La jurisprudencia ha sido enfática en que “la atención de los usuarios del sistema de seguridad social en salud debe ser integral, esto es, completa, pues de otra manera no sólo se afecta el derecho a la salud, sino que la inobservancia del mismo invade la órbita de protección de otros derechos como la vida en especial la vida digna, entre otros. La prestación del servicio de salud debe efectuarse con el propósito de brindar una respuesta efectiva a las necesidades del usuario. Esto es, con la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles basados en criterios de razonabilidad, oportunidad y eficiencia”^[37].

 

33.   Asimismo, el artículo 6.° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015[38] establece el deber de continuidad en la prestación de los servicios de salud como uno de los principios y elementos de este derecho fundamental. Tal deber implica que las cuestiones de índole presupuestal o administrativa no pueden alegarse para justificar la privación o la interrupción del servicio[39], aun en los casos en que la causa no sea arbitraria e intempestiva[40].

 

34.   Desde ese punto de vista, para la Corte Constitucional la entrega de los medicamentos asegura los principios de accesibilidad e integralidad en la prestación de los servicios^[41]. En esa medida, ha señalado este tribunal que “las entidades prestadoras del servicio de salud están obligadas a suministrar los medicamentos a sus usuarios de manera integral, oportuna y continua. Cualquier retraso, [barrera], o falta de entrega desconoce el derecho a la salud”^[42]. Esta situación cobra mayor relevancia cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional o personas que se encuentran en graves condiciones de salud, como ocurre en los casos bajo revisión, pues esta Corporación ha reconocido el tratamiento integral de los mismos “a) si la EPS fue negligente en el cumplimiento de sus deberes [y] b) si existen prescripciones médicas que especifiquen tanto el diagnóstico del paciente, como los servicios o tecnologías en salud que requiere”[43].

 

35.   En esa medida, la omisión de la EPS en la entrega continua, efectiva y oportuna de los medicamentos, en principio, constituye una vulneración del derecho a la salud, que hace viable su protección transitoria a través de una medida provisional. El fundamento de esta conclusión se evidencia en el Anexo único del presente auto y, al efecto, los casos concretos se analizan en tres grupos.

 

36.   Primer grupo. En 11 de los 30 expedientes[44], los médicos tratantes han prescrito a los accionantes los fármacos indicados en las órdenes médicas para el tratamiento de sus diagnósticos. Hay indicios de que el medicamento ha sido formulado nuevamente por el médico tratante, sin que la EPS y la gestora farmacéutica del caso hayan acreditado su entrega efectiva. En estas condiciones, en principio, la Sala advierte una posible omisión en la entrega de cada uno de los medicamentos, por lo que existe apariencia de buen derecho en relación con estos eventos.

 

37.   Segundo grupo. En 11 expedientes[45], pese a que la parte accionante contaba con orden médica para cuando se formuló la solicitud de amparo, en la actualidad, con la información recaudada hasta el momento, no es posible concluir que su tratamiento continuó con la prescripción del mismo fármaco, como tampoco si la EPS lo suministró en su momento o continuó su suministro. No fue posible establecerlo en respuesta a lo solicitado en el auto de pruebas, ni aún mediante comunicación telefónica frente a los números aportados como datos de contacto por los accionantes. Además, en ninguno de esos casos hay informes de cumplimiento o documentos equivalentes que permitan inferir que los fármacos fueron entregados. Así las cosas, la Sala evidencia que al existir una orden médica inicial que da cuenta de la pertinencia del medicamento en cada caso y al no contar con demostración de su suministro efectivo, se acredita la apariencia de buen derecho frente a la cobertura del sistema de salud en casos altamente sensibles. 

 

38.   Tercer grupo. En ocho expedientes[46] el medicamento fue entregado luego de la interposición de la acción de tutela o la parte accionante ha recibido el fármaco. No obstante, los pacientes tienen derecho a la garantía del suministro continuo de los medicamentos mientras se dicta el fallo que resuelva el presente asunto. Lo anterior, toda vez que la EPS inicialmente no cumplió con su deber de asegurar el tratamiento para los accionantes de forma continua o con sujeción a la orden del médico tratante[47] y los pacientes debieron recurrir a las acciones de tutela para enfrentar este incumplimiento.

 

39.   Riesgos para los derechos de las partes accionantes ante el tiempo que puede tomar el trámite de revisión. Existen riesgos sobre los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal y a la salud de los 30 accionantes que acreditan apariencia de buen derecho en la formulación de las acciones de tutela. Tales riesgos surgen como consecuencia de: (i) el diagnóstico que presentan los accionantes, unos con enfermedades huérfanas, crónicas, catastróficas y degenerativas; (ii) los desafíos que suponen en su vida cotidiana esos padecimientos; y (iii) el hecho de que la ingesta de los diferentes fármacos, en su mayoría, no debe ser suspendida ni reiniciada sin supervisión médica, según la literatura especializada. Estos riesgos implican que el tiempo que tarde la adopción de una decisión de fondo en este asunto acumulado, constituye una amenaza para los accionantes, varios de ellos sujetos de especial protección constitucional por su edad, su diversidad funcional, su condición de cabeza de familia, su condición socioeconómica o su diagnóstico y todos titulares del derecho fundamental de acceso a los servicios de salud. En el Anexo único de esta providencia se expone en detalle el análisis de los riesgos que el transcurso del proceso de revisión suscita para cada uno de los demandantes.

 

40.   Inexistencia de una carga desproporcionada para las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas. La medida provisional no genera un daño desproporcionado para las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas accionadas, en la medida en que ellas no están en imposibilidad material de hacer la entrega de los medicamentos. Ninguna alegó esta circunstancia, y ninguno de los medicamentos requeridos tiene una anotación oficial sobre su desabastecimiento por parte del Invima. De tal suerte, hay existencias de dichos fármacos en el país. En algunos casos se presenta riesgo de desabastecimiento, o los medicamentos están sometidos a monitorización permanente[48]. En estos eventos particulares, se adoptará también una medida para enfrentar la situación específica, en el evento en que se efectúe una declaratoria de desabastecimiento. La Sala aclara que dichas anotaciones no implican, en manera alguna, una habilitación para la interrupción del suministro de los medicamentos, lo cual debe ser adecuadamente planificado por las autoridades responsables. Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante a través de su red de prestación de servicios, con el fin de que el afiliado acceda a su tratamiento de manera continua. 

 

41.   Medidas provisionales a decretar. Ante la procedencia de la adopción de medidas transitorias para la protección de los derechos de los accionantes, la Sala Segunda de Revisión dispondrá las siguientes medidas provisionales:

 

42.   Primero. La Sala ordenará a las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas correspondientes que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, entreguen el medicamento a los accionantes conforme a la prescripción médica que se encuentre vigente y que esté pendiente de entrega, o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que originó la presente acción de tutela. Esta entrega deberá efectuarse en el lugar en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude el afiliado. Además, ordenará que, en el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del fármaco, este sea entregado máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha cierta de la siguiente entrega[49]. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo y la orden deberá ser cumplida de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente.

 

43.   Segundo. Respecto de los casos en los cuales no es claro si la prescripción del medicamento continuó y si la EPS lo suministró o suministra efectivamente, se ordenará que esta, en el término máximo de cuarenta y ocho 48 horas, si aún no lo hubiese hecho, entregue el medicamento a los accionantes conforme a la prescripción médica vigente para el tratamiento del diagnóstico o igualmente cuando la prescripción haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro correspondiente. Esta entrega deberá efectuarse en la forma en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude el afiliado. Además, ordenará que, en el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del fármaco, este sea entregado máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha cierta de la siguiente entrega[50]. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo y la orden deberá ser cumplida de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente.

 

44.   Tercero. En los eventos en los que, aunque hubo entrega del fármaco en el desarrollo de un tratamiento médico continuo y hay evidencia de su entrega actual por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas, se ordenará la continuidad en la entrega del mismo. En esos casos, la Sala ordenará que en el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del fármaco, este sea entregado máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha cierta de la siguiente entrega[51]. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo y la orden deberá ser cumplida de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente.

 

45.   Cuarto. En el expediente (8) T-10.781.400, la medida provisional consistirá en que ante el cambio de EPS de la accionante[52], en el evento en que Nueva EPS o EMSSANAR no le hayan entregado el medicamento que requiere, (a) la Nueva EPS deberá suministrarlo en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia; y (b) en caso de que no se halle orden médica vigente a favor de la tutelante para su tratamiento, la Nueva EPS deberá valorarla para determinar el tratamiento a seguir o los fármacos a suministrar en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia. De ser el caso, una vez emitida la prescripción correspondiente, entregará el (los) medicamento(s) de que se trate en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo.

 

46.   Quinto. En aquellos asuntos en los que durante la ejecución de las medidas provisionales previstas en este auto, el Invima advierta que alguno de los medicamentos ordenados en cada uno de los asuntos de tutela acumulados está desabastecido, la EPS deberá asegurar la valoración médica de la parte accionante para identificar las bioequivalencias[53] necesarias para evitar la interrupción del tratamiento. Esta valoración debe efectuarse mínimo cinco (5) días antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote, para garantizar la entrega del medicamento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la prescripción.

 

47.   Mecanismos de seguimiento al cumplimiento de estas medidas. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas, la Sala ordenará el concurso de la Procuraduría General de la Nación[54], de la Defensoría del Pueblo[55] y de la Superintendencia Nacional de Salud[56]. En concreto, dichos órganos deberán realizar el seguimiento y velar por el cumplimiento de las órdenes decretadas en esta providencia, conforme a las circunstancias identificadas en su anexo. Para ello ordenará (i) a la Procuraduría General de la Nación que verifique el cumplimiento de las órdenes del presente auto por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas concernidas y que rinda informe periódico mensual sobre su cumplimiento a esta Sala de Revisión; (ii) a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de su labor de promoción, protección y garantía de los derechos humanos, acompañe a los accionantes durante el trámite de revisión y refiera a esta Corporación cualquier incumplimiento o evolución de los hechos de cada caso concreto, y presente el correspondiente informe de cumplimiento de forma mensual. Para ello deberá establecer contacto directo y permanente con los accionantes, o con quienes los representen o agencien; y (iii) a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, supervise de manera urgente el cumplimiento de las órdenes contenidas en esta providencia, en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Asimismo, deberá habilitar canales de seguimiento que garanticen la efectiva ejecución de dichas órdenes, con el fin de asegurar que los accionantes reciban los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, mientras se profiere una decisión definitiva en el asunto de la referencia. Sobre lo anterior, deberá remitir a esta Sala de Revisión un informe mensual periódico.

 

3.2. Suspensión de los términos judiciales

 

48.   La Sala Segunda de Revisión considera que en el expediente de la referencia se configuran los presupuestos para proceder a la suspensión excepcional de los términos judiciales. En primer lugar, la documentación que existe en los expedientes digitales evidencia que se trata de un asunto complejo por la naturaleza de las afectaciones al derecho fundamental a la salud, a la vida y a la dignidad humana de los accionantes. Por otra parte, los hechos relatados por los actores sugieren la existencia de asuntos estructurales en el sistema general de seguridad social en salud que ameritan revisar con detenimiento las acciones, así como sus causas y las circunstancias que puedan estar incidiendo en la posible vulneración de los derechos fundamentales no sólo de los accionantes en el presente asunto, sino en general de los usuarios del sistema, de conformidad con las decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud^[57].

 

49.   Adicionalmente, el decreto de pruebas efectuado hasta el momento en el caso acumulado bajo estudio implica un recaudo de información de especial volumen y complejidad, que demanda su recopilación y detallado análisis, además de la sistematización, medición y comparación de los datos. Al respecto, cabe resaltar que para el 21 de abril de 2025 no se había allegado todo el material probatorio requerido en los autos del 17 de marzo y 3 de abril de 2025 y que algunas de las entidades oficiadas solicitaron ampliación de los términos de las órdenes allí dispuestas. Por lo tanto, es necesario garantizar respecto de las pruebas decretadas y recaudadas, el derecho de contradicción de las partes y, la oportunidad en la recepción y recaudo de la información.

 

50.   En consecuencia, la Sala Segunda de Revisión insistirá en la necesidad de que sean remitidas las pruebas previamente decretadas que aún no se hayan allegado a esta Corporación[58] y, conforme a ello, ordenará la suspensión de términos en el expediente de la referencia por tres meses. Ello, con el propósito de acopiar de la mejor manera posible los medios de prueba necesarios, previamente a la adopción de la decisión que corresponda.

 

51.   De igual forma, la Sala recordará que el juez dispone de poderes correccionales respecto de los empleados públicos y particulares que, sin justa causa, incumplan las órdenes que se les impartan o demoren su ejecución^[59], y que la abstención en la respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional constituye causal de mala conducta[60].

 

3.3. Articulación judicial para la eficacia de los derechos en posible riesgo

 

52.   La Sala Segunda de Revisión evidencia que el caso acumulado bajo su revisión tiene una relación esencial con el objeto y las actividades que corresponden a la Sala Especial de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Por esta razón, considera pertinente y necesario que se articulen las acciones de estas instancias al interior del tribunal constitucional para garantizar un análisis integral de las situaciones que evidencian las acciones de tutela bajo revisión.

 

53.   En particular, anticipa esta Sala que los casos objeto de tutela que ahora se revisan evidencian circunstancias que preliminarmente estarían relacionadas con fallas o dificultades estructurales del sistema de seguridad social en salud, que esta Corte ha evidenciado y buscado superar desde tiempo atrás, en especial por medio de las decisiones adoptadas a través de la Sala Especial de Seguimiento referida.

 

54.   Por lo anterior, la Sala Segunda de Revisión advierte en esta etapa del proceso la necesidad de una actuación articulada con las competencias a cargo de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. Para ello, ordenará remitir a dicha Sala el presente auto, para su conocimiento y demás fines pertinentes. Igualmente dispondrá que el despacho sustanciador adopte las medidas probatorias y de coordinación que se requieran para establecer un diálogo permanente con aquella instancia. 

 

III.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. ORDENAR como medida provisional a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos relacionados en la Tabla 2 que se encuentra a continuación, que en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, ENTREGUEN el (los) medicamento(s) a la parte accionante correspondiente, conforme a la prescripción médica vigente o sin vigencia por mora en el suministro, pendiente de entrega, y que originó cada una de las acciones de tutela bajo revisión, según corresponda conforme al Anexo único de esta providencia y la historia clínica del caso. Esta entrega deberá efectuarse en el lugar en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude el afiliado. En el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del fármaco, este será entregado máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también debe programarse y fijarse la fecha cierta de la siguiente entrega. Sobre el cumplimiento de esta orden, las EPS, IPS y gestores farmacéuticos, individual o integradamente, deberán ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo tan pronto se ejecute y dentro los primeros cinco días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que acrediten la entrega material del medicamento y haber informado la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante. El cumplimiento de esta orden deberá efectuarse de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente, sin dejar de advertir que la garantía de la entrega del medicamento es responsabilidad de la EPS.

 

Tabla 2. Destinatarios de la orden primera

 

Segundo. ORDENAR como medida provisional a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos relacionados en la Tabla 3 que se encuentra a continuación, que en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiesen hecho, ENTREGUEN el (los) medicamento (s) a la parte accionante conforme a la prescripción médica vigente o sin vigencia por mora en el suministro, pendiente de entrega, según corresponda conforme al Anexo único de esta providencia y la historia clínica del caso. Esta entrega deberá efectuarse en el lugar en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude el usuario. En el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del fármaco, este será entregado máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también debe programarse y fijarse la fecha cierta de la siguiente entrega. Sobre el cumplimiento de esta orden, las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos, individual o integradamente, deberán ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo, tan pronto se ejecute y dentro de los primeros cinco días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que acrediten la entrega material del medicamento y haber informado la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante. El cumplimiento de esta orden deberá efectuarse de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente, sin dejar de advertir que la garantía de la entrega del medicamento es responsabilidad de la EPS.

 

Tabla 3. Destinatarios de la orden segunda

 

Tercero. ORDENAR a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos relacionados en la Tabla 4 que se encuentra a continuación  que, en el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del medicamento, ENTREGUEN el (los) medicamento (s) a la parte accionante conforme a la prescripción médica que corresponda, máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote, y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también debe programarse y fijarse la fecha cierta de la siguiente entrega. Sobre el cumplimiento de esta orden, las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos, individual o integradamente, deberán ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo, tan pronto se ejecute y dentro los primeros cinco días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que acrediten la entrega material del medicamento y haber informado la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante. El cumplimiento de esta orden deberá efectuarse de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente, sin dejar de advertir que la garantía de la entrega del medicamento es responsabilidad de la EPS.

 

Tabla 4. Destinatarios de la orden tercera

 

Cuarto. En relación con el expediente (8) T-10.781.400, ORDENAR a la Nueva EPS que ENTREGUE el (los) medicamento (s) a la parte accionante según lo requiera para el tratamiento del diagnóstico de “artritis reumatoide seronegativa y esponcilopatía no especificada”. Así, en el evento de que Nueva EPS o EMSSANAR no hayan entregado el medicamento, (a) si la actora cuenta con orden médica vigente respecto de algún medicamento, la Nueva EPS deberá suministrarlo, en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia; y (b) en caso de que no se halle orden médica vigente a favor de la tutelante para su tratamiento, la Nueva EPS deberá valorarla para determinar el tratamiento a seguir o los fármacos a suministrar en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia. De ser el caso, una vez emitida la prescripción, la Nueva EPS entregará el (los) medicamento(s) de que se trate en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Sobre el cumplimiento de esta orden, la EPS deberá ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo, tan pronto se ejecute y dentro de los primeros cinco días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que se indique: (i) si corresponde la entrega de algún medicamento, (ii) de qué medicamento se trata, (iii) la fecha de entrega del medicamento y, (iv) si corresponde, la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante.

 

Quinto. ADVERTIR a los destinatarios de las órdenes primera a cuarta de la parte resolutiva de esta providencia que durante la ejecución de las medidas provisionales adoptadas y en aquellos eventos en los que el Invima alerte el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes acumulados, la EPS correspondiente deberá asegurar la valoración médica inmediata de la parte accionante, para identificar las bioequivalencias necesarias para evitar la interrupción del tratamiento. Esta valoración debe efectuarse mínimo cinco (5) días antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote. Además, el medicamento sustituto deberá entregarse dentro de máximo las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la prescripción.

 

Sexto. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que verifique el cumplimiento de las órdenes del presente auto por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas concernidas y que rinda informe sobre su cumplimiento a esta Sala de Revisión, en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

 

Séptimo. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de su labor de promoción, protección y garantía de los derechos humanos, acompañe a los accionantes durante el trámite de revisión y refiera a esta Sala de Revisión cualquier incumplimiento o evolución de los hechos de cada caso concreto, y presente ante esta Sala el correspondiente informe de cumplimiento en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. Para ello deberá establecer contacto directo y permanente con los accionantes, o con quienes los representen o agencien.

 

Octavo. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, supervise de manera urgente el cumplimiento de las órdenes contenidas en esta providencia, en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Asimismo, deberá habilitar canales de seguimiento que garanticen la efectiva ejecución de dichas órdenes, con el fin de asegurar que los accionantes reciban los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, mientras se profiere una decisión definitiva. Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, deberá presentar a esta Sala de Revisión el correspondiente informe de cumplimiento.

 

Noveno. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REITERAR los requerimientos de información y material probatorio hechos a los accionantes[61] dentro del presente trámite de revisión, para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia y en caso de no haberlo hecho, se sirvan dar cumplimiento pleno a lo ordenado en los autos del 17 de marzo y 3 de abril de 2025.

 

Décimo. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, CONMINAR bajo APREMIO a los accionados, vinculados y demás intervinientes[62] dentro del presente trámite de revisión, para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia y en caso de no haberlo hecho, se sirvan dar cumplimiento pleno a lo ordenado en los autos del 17 de marzo y 3 de abril de 2025.

 

Undécimo. ADVERTIR a los intervinientes dentro del presente trámite, referidos en los ordinales noveno y décimo de esta providencia, acerca de la naturaleza de los requerimientos probatorios realizados por esta Corporación en el marco de los procesos de tutela, así como de los poderes correccionales con los que cuenta el juez de tutela, de conformidad con los artículos 19 del Decreto 2591 de 1991, 50 del Decreto 2067 de 1991 y 60A de la Ley 270 de 1996.

 

Duodécimo. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REITERAR la invitación efectuada en el ordinal sexto de la parte resolutiva del Auto del 17 de marzo de 2025[63], para que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelvan el cuestionario planteado.

 

Decimotercero. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el presente auto a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, para su conocimiento y demás fines pertinentes y DISPONER que el despacho sustanciador adopte las medidas probatorias y de coordinación necesarias con esa instancia judicial. 

 

Decimocuarto. SUSPENDER los términos para fallar este proceso de revisión por tres (3) meses, contados a partir de la fecha del presente auto, para lo cual se ordena a la Secretaría General de la Corte Constitucional adoptar las anotaciones y medidas del caso.

 

Decimoquinto. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional el manejo separado de los 30 expedientes acumulados de la referencia, con el fin de resguardar el derecho a la intimidad de los accionantes y la reserva de sus historias clínicas.

 

Decimosexto. ADVERTIR a la Secretaría General de esta Corporación, así como a las partes y personas oficiadas que la información del presente asunto de tutela es reservada, en vista de que alude a la historia clínica de quienes accionan. En consecuencia, todos los involucrados deben asegurar la reserva de la información y se abstendrán de reproducir, publicar o difundir por cualquier medio, oral, escrito, físico o digital esta providencia, su contenido y cualquier elemento asociado a este proceso. Al interior de las entidades públicas o privadas concernidas, se precisará que el contenido de este asunto es reservado y las comunicaciones y gestiones internas, convocarán únicamente a los funcionarios necesarios e impedirán la identificación de los actores por cualquier medio.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

Anexo único

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

Auto 761/25

 

 

Referencia: expediente T-10.641.262AC^[64]

 

Asunto: acciones de tutela interpuestas por treinta accionantes en contra de EPS y otras entidades

 

Tema: corrección de oficio del Auto 559 de 2025

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.     A través del Auto 559 de 2025, la Sala Segunda de Revisión decretó medidas provisionales y suspendió los términos judiciales para resolver los expedientes de la referencia.

 

2.     La Sala verificó que el Auto 559 de 2025 contiene un error involuntario en la “Tabla 2. Destinatarios de la orden primera” contenida en el resolutivo primero de dicha providencia, pues las EPS, IPS o gestores farmacéuticos del expediente (29) T-10.820.873, es decir, MEDI Sinú IPS, MUTUAL SER EPS y Distribuciones Pharmaser Ltda., no corresponden a las entidades accionadas y vinculadas a ese caso concreto, sino que estas hacen parte del expediente (28) T-10.814.534. Así las cosas, las EPS, IPS o gestores farmacéuticos destinatarios de la orden del resolutivo primero, en relación al expediente (29) T- 10.820.873, son Sanitas EPS, el Hospital Mental de Antioquia - HOMO y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

 

II.     CONSIDERACIONES

 

3.     De acuerdo con la jurisprudencia constitucional^[65] y los artículos 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015^[66] y 286 del Código General del Proceso (CGP)^[67], los errores de las providencias judiciales que tengan origen en la omisión, cambio o alteración de palabras –como ocurre en el caso de los yerros mecanográficos– pueden ser enmendados mediante auto. Esto en cualquier tiempo, de manera que resulta irrelevante si la providencia objeto de corrección está o no ejecutoriada.

 

4.     Respecto del yerro involuntario en el Auto 559 de 2025, la Sala encuentra acreditadas las exigencias establecidas en el artículo 286 del CGP y en la jurisprudencia constitucional^[68] para que proceda la corrección de la providencia: (i) se trata de un error por cambio de palabras o alteración de estas, en la medida que se alude a las EPS, IPS o gestores farmacéuticos del expediente (28) T-10.814.534 y no a las del (29) T-10.820.873; y (ii) el error se encuentra en la parte resolutiva de la providencia a corregir.

 

5.     Por lo anterior, la Sala Segunda de Revisión corregirá la “Tabla 2. Destinatarios de la orden primera” contenida en el resolutivo primero del Auto 559 de 2025, con el fin de aclarar que respecto al expediente (29) T-10.820.873, las EPS, IPS o gestores farmacéuticos destinatarios de la orden son Sanitas EPS, el Hospital Mental de Antioquia - HOMO y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. CORREGIR la “Tabla 2. Destinatarios de la orden primera” contenida en el resolutivo primero del Auto 559 del 29 de abril de 2025, proferido por la Sala Segunda de Revisión. Lo anterior, con el fin de ajustar su texto y señalar que las EPS, IPS o gestores farmacéuticos destinatarios de la orden, en relación con el expediente (29) T-10.820.873, son Sanitas EPS, el Hospital Mental de Antioquia - HOMO y el Fondo Nacional de Estupefacientes. En ese sentido, el aparte respectivo del auto quedará así:  

 

Tabla 2. Destinatarios de la orden primera

 

SEGUNDO. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que INFORME la corrección efectuada a través del presente auto a las partes y personas vinculadas en el expediente (29) T-10.820.873. Ello, con el fin de que Sanitas EPS, el Hospital Mental de Antioquia - HOMO y el Fondo Nacional de Estupefacientes CUMPLAN con lo dispuesto en el ordinal primero de la parte resolutiva del Auto del 29 de abril de 2025, según la corrección realizada en esta providencia.

 

TERCERO. ORDENAR a la Relatoría de la Corte Constitucional que FIJE copia de la presente providencia al Auto 559 de 2025, con la correspondiente nota aclaratoria del aparte al que se refiere la corrección contenida en el ordinal primero de la presente providencia.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General