A1352-26


 

 

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Auto A-1352/26

 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL-Requisitos

 

SOLICITUD DE APERTURA DE INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL-Se concede la apertura del incidente de impacto fiscal solicitado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y se otorga un plazo para la respectiva sustentación

 


REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1352 de 2026

 

Referencia: expediente D-15.989

 

Asunto: solicitud de apertura de incidente de impacto fiscal

 

Solicitante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera.

 

 

Bogotá D.C., 14 de octubre de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular la prevista en los artículos 3 y 5 de la Ley 1695 de 2013 profiere el siguiente 

 

AUTO

 

I.               ANTECEDENTES

 

1.        La sentencia C-264 de 2026

 

1.                 El 25 de agosto de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-264 de 2026. En esta decisión, la Corte concluyó que la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó de forma parcial el vicio de procedimiento identificado en el Auto 841 de 2025. En consecuencia, resolvió (i) declarar la exequibilidad, por los vicios de procedimiento examinados en esa providencia, de varios artículos de la Ley 2381 de 2024 (resolutivo primero); (ii) devolver a la Cámara de Representantes otros artículos y proposiciones para que adelante el trámite de subsanación (resolutivo segundo)[1]; (iii) ordenar a la plenaria de la Cámara de Representantes rendir informe sobre el trámite de subsanación (resolutivo tercero); (iv) declarar la exequibilidad condicionada del artículo 94 de esa ley, “en el entendido de que las disposiciones declaradas exequibles en el resolutivo primero entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027”[2] (resolutivo cuarto); (v) declarar que la exequibilidad y vigencia de las disposiciones que se devolvieron mediante el resolutivo segundo estarán condicionadas al procedimiento de subsanación (resolutivo quinto); y (vi) extender la suspensión de los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas contra la Ley 2381 de 2024, hasta el 1º de abril de 2027 (resolutivo sexto).

 

2.                 La Sentencia C-264 de 2026 fue notificada mediante el edicto núm. 078, el cual se fijó en la página web de la Corte Constitucional entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026. Su ejecutoria transcurrió los días 18, 21 y 22 de septiembre de 2026.

 

2.        La solicitud de apertura de incidente de impacto fiscal.

 

3.                 El 22 de septiembre de 2026, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó escrito en el que solicitó “la apertura del incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-264 de 2026”[3]. Sostuvo que la sentencia altera la sostenibilidad fiscal del Estado, por las razones que se sintetizan en la siguiente tabla:

 

Impacto fiscal de la sentencia C-264 de 2026

a.   La entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 “introduce […] requerimientos fiscales que no pudieron ser incorporados en la planeación y presupuestación ordinaria”[4]. Esto, porque la sentencia fue expedida dos días antes de que el Gobierno radicara ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (“PGN”) para la vigencia del año 2027.

b.   No existe “certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma”[5], dado que la Corte ordenó la devolución de algunos artículos cuya exequibilidad depende de la subsanación.

c.   La Ley 2381 de 2024 fue estructurada para iniciar su implementación el 1.º de julio de 2025. Sin embargo, en la Sentencia C-264 de 2026 la Corte fijó una fecha posterior, lo que genera “descalces temporales que afectan las proyecciones financieras de su implementación y las estimación y proyección de recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad fiscal”[6].

 

4.                 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que la apertura del incidente de impacto fiscal no implicaría desconocer derechos pensionales consolidados ni interrumpir el pago de las pensiones reconocidas. Por el contrario, permitiría armonizar la implementación de la Sentencia C-264 de 2026 con los principios de sostenibilidad fiscal y financiera, programación presupuestal, planeación del gasto y protección de derechos pensionales. Además, evitaría que la entrada de nuevas obligaciones fiscales se produzca sin que hayan sido debidamente cuantificadas, priorizadas e incorporadas en los instrumentos de planeación financiera de la Nación.

 

5.                 Mediante informe del 23 de septiembre de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió la solicitud al despacho de la magistrada ponente, Paola Andrea Meneses Mosquera. 

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

6.                 La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la apertura del incidente de impacto fiscal, conforme a los artículos 3º y 5º de la Ley 1695 de 2013[7].

 

2.          Requisitos para la apertura del incidente de impacto fiscal

 

7.                 Conforme a la Ley 1695 de 2013 y la jurisprudencia constitucional[8], la apertura del incidente de impacto fiscal está condicionada al cumplimiento de tres requisitos: (i) la procedencia, (ii) la legitimación y (iii) la oportunidad:

 

Requisitos para la apertura del incidente fiscal

 

Procedencia

El artículo 2º de la Ley 1695 de 2013 regula la “procedencia” del incidente. Al respecto, dispone que el incidente de impacto fiscal procederá “respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma[9], por las máximas corporaciones judiciales”.

 

 

Legitimación

De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1695 de 2013, están legitimados para interponer el incidente de impacto fiscal el “Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales”.

 

Oportunidad

Conforme al artículo 5 de la Ley 1695 de 2013, la solicitud de apertura del incidente deberá presentarse dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.

 

8.                  De acuerdo con la Ley 1695 de 2013 y la jurisprudencia constitucional, verificado el cumplimiento de los requisitos antes señalados, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional conceder, mediante auto, la apertura del incidente “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de apertura del incidente”[10]. Asimismo, deberá otorgarse al solicitante el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del auto de apertura, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Transcurrido dicho término sin que el incidente se sustente se declarará desierto.

 

3.     Caso concreto

 

9.                 La Sala Plena considera que es procedente conceder la apertura del incidente de impacto fiscal contra la Sentencia C-264 de 2026.

 

10.             En primer lugar, la solicitud se dirige contra una sentencia de constitucionalidad proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional frente a la cual la ley autoriza interponer el incidente: la sentencia C-264 de 2026. Además, el solicitante expuso las razones por las cuales, a su juicio, esta decisión podría afectar la sostenibilidad fiscal. En segundo lugar, el ministro de Hacienda y Crédito Público está legitimado para presentar la solicitud. Esto se debe a que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1695 de 2013, la solicitud de apertura del incidente de impacto fiscal puede ser presentada por uno de los ministros de gobierno. En tercer lugar, la solicitud fue presentada oportunamente. La Sala constata que la solicitud se interpuso el 22 de septiembre de 2026, es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la desfijación del edicto mediante el cual se notificó la Sentencia C-264 de 2026. En efecto, la Sentencia C-264 de 2026 fue notificada mediante el edicto núm. 078, el cual se fijó en la página web de la Corte Constitucional entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026 y su ejecutoria transcurrió los días 18, 21 y 22 de septiembre de 2026. La solicitud de apertura de incidente fiscal, por su parte, se radicó el 22 de septiembre de 2026.

 

11.             Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena concederá la apertura del incidente de impacto fiscal solicitado y otorgará al ministro de Hacienda y Crédito Público el plazo de treinta (30) días hábiles para que presente la sustentación.

 

III.    DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. CONCEDER la apertura del incidente de impacto fiscal presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público respecto de la Sentencia C-264 de 2026.

 

SEGUNDO. OTORGAR al ministro de Hacienda y Crédito Público el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Transcurrido dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Con impedimento aceptado

 

 

CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR

Conjuez

Con impedimento aceptado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 



[1] Ib., resolutivo segundo.

[2] Ib., resolutivo cuarto.

[3] Expediente digital, archivo “Solicitud de apertura de Incidente de Impacto Fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026”, p. 10. A título preliminar, el Ministro explicó las razones por las cuales (i) se encontraba legitimado para solicitar la apertura del incidente, (ii) la solicitud había sido presentada de forma oportuna y (iii) la Corte Constitucional era competente para tramitar su solicitud.

[4] Ib., p. 6.

[5] Ib.

[6] Ib.

[7] El artículo 3º de la Ley 1695 de 2013 dispone que “Conocerá del incidente de impacto fiscal la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la que haga parte el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia o de los autos que se profieran con posterioridad a la misma, sobre el cual se solicita el incidente”. Por su parte, el artículo 5º establece que (i) el incidente se debe presentar “ante el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia”; y (ii) “[u]na vez revisado que se haya presentado en término, el juez concederá la apertura del incidente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de apertura del incidente”. En los autos Auto 414 de 2015 y 003 de 2024, la Corte señaló que, conforme a una interpretación sistemática de estas disposiciones, pese a que el incidente se presenta ante el magistrado ponente, la decisión de dar apertura corresponde a la Sala Plena. Asimismo, precisó que la competencia de la Sala Plena para conocer del incidente de impacto fiscal no se limita solo a una etapa del incidente, sino que comprende la totalidad del procedimiento.

[8] Corte Constitucional, Auto 003 de 2024. Ver también, Auto 414 de 2015.

[9] En la sentencia C-870 de 2014, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del aparte subrayado, “en el entendido de que, por existir reserva de ley estatutaria, estas previsiones no se aplican a los autos que se expidan en materia de tutela y que los autos a que se refieren son aquellos a través de los cuales, sin importar su denominación, se ajustan o modifican las órdenes de la sentencia, o se adicionan unas nuevas, con incidencia autónoma en materia fiscal”.

[10] Ley 1695 de 2013, art. 5º.