A1541-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017
AUTO 1541 DE 2026
Referencia: Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
Asunto: Órdenes derivadas de la sesión técnica realizada el 13 de octubre de 2026.
Temas: Plan Estructural de Acción; sostenibilidad financiera y articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030; principio de no regresividad; imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas; infraestructura hídrica; sistemas de información; representatividad y diálogo genuino.
Magistrado sustanciador: Carlos Camargo Assis
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 adopta medidas para superar los bloqueos institucionales identificados en la sesión técnica del 13 de octubre de 2026 en Riohacha: la falta de un Plan Estructural de Acción (PEA) definitivo, financiado y medible; la ausencia de una línea base interoperable; la infraestructura hídrica construida pero inoperante; y la crisis de representatividad que dificulta el diálogo genuino con el pueblo Wayuu. Para el PEA fija una ruta verificable: ruta crítica con la fecha prevista para su adopción definitiva; remisión de insumos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, sin predeterminar el contenido de la ley del plan; y una versión técnica unificada a más tardar el 15 de diciembre de 2026, que debe partir del borrador radicado por la administración anterior, considerar de manera motivada los insumos del expediente y justificar cualquier retroceso, en aplicación del principio de no regresividad. Reitera que las acciones del plan deben adelantarse con las consultas previas a que haya lugar. Además, adopta medidas sobre infraestructura hídrica, focalización, trazabilidad contractual, interoperabilidad de la información y representatividad, y ordena verificar con soportes los compromisos asumidos por las entidades durante la sesión técnica.
1. En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte encontró que la vulneración generalizada, masiva, desproporcionada e injustificada de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu[1] de La Guajira, causada por las fallas estructurales de las entidades responsables y la desarticulación entre las diferentes autoridades nacionales y territoriales, exigía la tutela de los derechos y configuraba un estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos al agua potable, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud y la participación de las niñas y los niños de los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.
2. Con el fin de que las autoridades responsables de la vulneración de derechos remediaran la situación identificada y avanzaran en la superación del ECI, la Sentencia T-302 de 2017 impartió una serie de órdenes estructurales y fijó condiciones para su cumplimiento. Entre ellas, dispuso expresamente la formulación de un Plan de Acción articulado entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, orientado a garantizar el goce efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Wayuu que habitan en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Esta exigencia se sustentó en las siguientes constataciones:
(i) “[n]o hay un documento que recoja de forma sistémica todos los compromisos institucionales para garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayuu”[2]; (ii) “las políticas públicas, (…), en algunos aspectos cuentan con un plan, mientras que en otros no”[3]; (iii) la relevancia de que “todas las acciones de un mismo nivel de gobierno se articulen en un solo plan dirigido a cumplir objetivos unificados en relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayuu”[4]; y (iv) la inexistencia de planes por parte del departamento de La Guajira, de los municipios y de las autoridades Wayuu. En este contexto, la Corte resaltó que “el deber de establecer un plan no corresponde únicamente al Gobierno Nacional, pues los primeros responsables de la garantía de servicios básicos como el agua y la salud son las entidades territoriales”[5].
3. En consecuencia, mediante el Auto 480 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 (la Sala Especial) precisó que, en el marco de las obligaciones derivadas del principio de progresividad en el diseño y ejecución de las políticas públicas, las autoridades competentes tienen el deber de formular un plan escrito que integre de manera sistemática todos los compromisos institucionales dirigidos a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del pueblo Wayuu que habitan en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Asimismo, señaló que dicho instrumento debe constar por escrito, tener carácter público y ser difundido de manera oral entre la población destinataria. Igualmente, debe incorporar un enfoque diferencial e intercultural que responda a las particularidades étnicas, sociales y territoriales del pueblo Wayuu[6].
4. La orden impartida en el Auto 480 de 2023, que aún no ha sido materializada, se ha mantenido vigente en el seguimiento. En los autos de valoración de los objetivos constitucionales mínimos (OCM), la Sala Especial ha ordenado la remisión de planes estructurales sectoriales llamados a integrarse al PEA: (i) el Auto 899 de 2025, en relación con el primer OCM (agua); (ii) el Auto 1779 de 2025, respecto del segundo OCM (alimentación); (iii) el Auto 1286 de 2025, frente al tercer OCM (salud), luego de que el Auto 086 de 2025 declarara por primera vez un nivel de cumplimiento bajo en esa materia; y (iv) el Auto 505 de 2026, en relación con el cuarto OCM (movilidad). Adicionalmente, mediante el Auto 1288 de 2025, ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones presentar un informe sobre la batería de indicadores de goce efectivo de derechos y los indicadores del PEA, así como sobre el Plan Provisional de Acción (PPA), con base en el cual las entidades han reportado sus avances mientras se adopta el plan definitivo.
5. En relación con el PEA, la Sala Especial cuenta con los siguientes documentos: (i) la propuesta denominada Amuliajawa sukuaipa kataou, suchirua Aloirawa sukuaipa aluwatawa wounmainpa (Defender la Vida para Restablecer el Orden en La Guajira), remitida el 14 de noviembre de 2025 por la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017; (ii) las observaciones de la Procuraduría General de la Nación al borrador del PEA, comunicadas el 25 de marzo de 2026; (iii) las observaciones de la Contraloría General de la República al borrador del PEA, contenidas en el Oficio No. 2026EE0098508 del 12 de mayo de 2026, dirigido a la Consejería Presidencial para las Regiones; y (iv) el borrador del PEA radicado por el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) el 29 de julio de 2026, bajo la administración del Gobierno nacional anterior. A la fecha de esta providencia, el Gobierno nacional que se posesionó el 7 de agosto de 2026 no ha radicado una propuesta propia de PEA.
6. Mediante el Auto 1300 del 16 de septiembre de 2026, la Sala Especial convocó una sesión técnica sobre el cumplimiento del sexto OCM y la construcción del PEA. Lo anterior, al advertir que, transcurridos nueve (9) años desde la declaratoria del ECI y ocho (8) años desde la notificación de la sentencia, persistían las causas estructurales que dieron origen a dicha decisión. En efecto, pese a los múltiples autos de seguimiento proferidos por esta Corporación, la Sala constató con profunda preocupación que el PEA, concebido como el principal instrumento para la superación de la crisis, aún no se había materializado de manera definitiva. Si bien se habían adelantado diversas actuaciones para su formulación, la prolongada demora en su construcción y las dificultades reportadas para alcanzar consensos interinstitucionales e interculturales configuraban un bloqueo institucional que continuaba prolongando la vulneración masiva de los derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de la niñez Wayuu.
7. La sesión técnica se practicó en el Distrito de Riohacha el 13 de octubre de 2026 y se desarrolló durante aproximadamente nueve (9) horas, con veintiséis (26) intervenciones distribuidas en seis (6) ejes temáticos[7]. Durante la jornada, las instituciones intervinientes expusieron las acciones adelantadas por sus respectivas entidades, explicaron las omisiones y retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones y asumieron compromisos concretos para avanzar en su ejecución. A su vez, la Defensoría del Pueblo, la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 (la Veeduría) y, principalmente, las y los Wayuu convocados manifestaron sus preocupaciones y destacaron la necesidad de contar con el PEA, sin perder de vista la centralidad del diálogo genuino como presupuesto para su construcción e implementación.
8. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, por medio del Auto 042 de 2021, asumió la competencia para conocer del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, actualmente radicada en la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. Por consiguiente, esta Sala es competente para pronunciarse sobre el acatamiento de lo ordenado en esa decisión, así como de las posteriores adoptadas en el marco del seguimiento.
9. Mediante el Auto 480 de 2023, la Sala Especial fijó la metodología del seguimiento, en dicha providencia dijo que: “la competencia de esta Sala está dirigida a cumplir dos funciones principales: (i) encauzar las acciones de las autoridades obligadas cuando se evidencien fallas en el avance al cumplimiento de las órdenes; y, (ii) valorar si las políticas públicas inciden en el goce efectivo de los derechos protegidos a la niñez Wayuu y en la superación de las causas que dieron lugar a la declaratoria del ECI”[8]. En consecuencia, tiene a su cargo el estudio de las medidas adoptadas por las entidades responsables de atender la crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu en La Guajira. En desarrollo de esta función, la Sala debe valorar el grado de cumplimiento de las órdenes generales impartidas por la Corte a la luz de los objetivos mínimos constitucionales definidos en la sentencia, así como vigilar que los planes, programas y acciones formulados e implementados por las autoridades competentes se orienten efectivamente a la superación del ECI y aseguren la participación efectiva, el diálogo genuino y el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas involucradas.
10. Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, la Carta tiene fuerza normativa directa y prevalente, de manera que sus principios, valores y derechos fundamentales vinculan a todas las autoridades públicas y orientan la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. En desarrollo de ese mandato, la Corte Constitucional, en su calidad de guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 241 superior, tiene la responsabilidad de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales y de adoptar las medidas necesarias para que la realidad institucional se ajuste, en el mayor grado posible, a los mandatos constitucionales[9].
11. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la supremacía de la Constitución no solo proyecta sus efectos sobre la actividad normativa y administrativa del Estado, sino también sobre la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
12. Asimismo, la Corte ha señalado que, cuando constata la existencia de vulneraciones masivas, generalizadas y persistentes de derechos fundamentales originadas en fallas estructurales de la actuación estatal, puede declarar un ECI e impartir órdenes estructurales orientadas a su superación. Tales órdenes tienen por finalidad que las autoridades competentes, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, diseñen, formulen, implementen y evalúen las políticas públicas requeridas para remover las causas de la vulneración, restablecer la normalidad constitucional y garantizar el goce efectivo de los derechos afectados. Aunque no corresponde al juez constitucional definir el contenido específico de dichas políticas, sí le compete verificar su existencia, idoneidad y ejecución efectiva, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a cargo de las autoridades responsables, en armonía con el principio de separación de poderes y el deber de colaboración armónica entre los distintos órganos del Estado[10].
13. Bajo estas premisas, las salas especiales de seguimiento constituyen mecanismos institucionales dirigidos a verificar el cumplimiento de las órdenes estructurales impartidas por esta corporación en el marco de los ECI. En particular, corresponde a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 orientar y evaluar el proceso de cumplimiento de las medidas ordenadas para superar la crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu de La Guajira, identificar los bloqueos institucionales, administrativos, normativos o presupuestales que obstaculizan la protección efectiva de los derechos fundamentales comprometidos y adoptar las medidas de seguimiento que resulten necesarias para asegurar el avance progresivo hacia la superación definitiva del ECI declarado en dicha providencia.
14. En consecuencia, la labor de la Sala no se limita a constatar el cumplimiento formal de las órdenes impartidas, sino que comprende la valoración material de su impacto sobre los objetivos mínimos constitucionales fijados en la Sentencia T-302 de 2017 y sobre la garantía efectiva de los derechos cuya protección motivó la intervención de esta corporación. Los anteriores presupuestos de competencia se encuentran en concordancia con el artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, así como con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
15. Este auto tendrá la siguiente estructura. Primero, se realizará una breve relatoría de lo expresado en la sesión técnica (sección 3). Luego, se expondrá la urgencia de implementar medidas para la superación del ECI (sección 4). Finalmente, se expondrán las decisiones y medidas que adoptará la Sala (sección 5). Frente a esta decisión, la Sala precisa que, si bien la Sesión técnica se centró en el análisis del sexto objetivo constitucional y del Plan Estructural de Acción, durante su desarrollo se conocieron situaciones relacionadas con los objetivos primero, quinto, séptimo y octavo que ameritan la adopción de medidas por parte de la Sala, así como su puesta en conocimiento de las entidades competentes para lo de su cargo.
16. Lo primero es precisar que el presente auto no pretende reproducir de manera íntegra el contenido de la sesión técnica ordenada mediante el Auto 1300 de 2026 y realizada el 13 de octubre del mismo año. La Sala se limitará a exponer aquellos aspectos que considera relevantes para sustentar las decisiones y órdenes que se adoptan en esta providencia. En consecuencia, el recuento que sigue corresponde a una síntesis de los elementos sustanciales identificados durante la diligencia, sin perjuicio de que el registro completo de las intervenciones pueda ser consultado en los canales oficiales de la Corte Constitucional, particularmente en la grabación disponible en el canal institucional de YouTube[11] y en el micrositio de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017[12].
3.1. Jornada de la mañana – Sexto objetivo constitucional
3.1.1. Eje 1. Imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios
17. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda), a través de la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, sostuvo que la focalización de las intervenciones debía sustentarse en criterios técnicos, sociales y territoriales verificables. Señaló la existencia de infraestructura hídrica construida pero inoperante y enfatizó la necesidad de articular las inversiones de las distintas entidades públicas y fuentes de cooperación. Precisó los criterios empleados para la priorización de beneficiarios, tales como: (i) la morbilidad y mortalidad de niños, niñas y adolescentes; (ii) la cercanía a unidades comunitarias y módulos de atención del ICBF; (iii) las áreas de influencia de los centros públicos de abastecimiento; (iv) las zonas de alerta identificadas por el Ministerio de Salud; y (v) los proyectos multicomunitarios y las áreas con mayor densidad poblacional. Advirtió que la asignación de beneficios no debía depender de intermediarios, liderazgos informales o influencias políticas. Igualmente, informó la implementación de un tablero de control para fortalecer la transparencia y el seguimiento de las actuaciones institucionales.
18. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del Viceministerio de Desarrollo Rural, reconoció el incumplimiento parcial de las obligaciones asumidas por la cartera en el marco del Plan Provisional, al indicar que varias acciones permanecían rezagadas o sin iniciar. Explicó que la identificación de beneficiarios estaba supeditada a las certificaciones emitidas por autoridades tradicionales, aunque admitió que dicho mecanismo no garantizaba cobertura universal ni eliminaba la discrecionalidad. Reconoció también la inexistencia de una ruta específica para atender rancherías sin vocería reconocida y señaló la necesidad de consolidar una línea base, establecer una ruta para estas comunidades y formalizar los procedimientos de cruce de información.
19. La Subdirectora del ICBF manifestó que la asignación de la oferta institucional debía responder exclusivamente a las necesidades y niveles de vulnerabilidad de la población beneficiaria. Sostuvo que la ausencia de una línea base consolidada no justificaba decisiones discrecionales ni la exclusión de comunidades. Señaló que la falta de vocería no podía constituir un requisito para acceder a los servicios estatales y propuso la construcción de una línea base Wayuu interoperable que permitiera identificar integralmente las intervenciones públicas. Asimismo, planteó mecanismos de seguimiento orientados a evaluar el goce efectivo de derechos y no únicamente la ejecución de actividades o contratos.
20. La Gobernación de La Guajira reconoció que aún no existía una línea base poblacional y territorial integral, unificada y depurada. Explicó los criterios utilizados por las distintas dependencias para orientar las intervenciones, particularmente en materia de agua potable y atención social. Señaló que la ausencia de vocería registrada no constituía causa de exclusión para acceder a los programas estatales y admitió que no existía un protocolo departamental que permitiera integrar de manera efectiva la información sobre comunidades, beneficios y proyectos. En consecuencia, propuso la creación de una instancia institucional de alto nivel destinada a consolidar la información y mejorar la coordinación entre las diferentes entidades.
21. Por último, el alcalde de Riohacha, quién también habló en representación de las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia, reconoció que los municipios priorizados no contaban con una base única e integrada de información y calificó dicha situación como uno de los principales obstáculos para la gestión pública. Expuso los criterios y metodologías empleados para la focalización de las intervenciones, especialmente en materia hídrica, y sostuvo que la existencia de un vocero no podía convertirse en una barrera para el acceso a los derechos fundamentales. Advirtió, además, que la falta de articulación con las intervenciones ejecutadas desde el nivel nacional podía generar duplicidades y propuso avanzar hacia un esquema interoperable de información y focalización común.
3.1.2. Eje 2. Imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas
22. En este eje, la Consejería Presidencial para las Regiones informó que se habían identificado 1.621 registros contractuales asociados a las acciones relacionadas con la Sentencia T-302 de 2017 y señaló que predominaba la contratación directa. Destacó los avances alcanzados en materia de trazabilidad de recursos mediante la implementación del marcador T-302 en SECOP y el fortalecimiento de los sistemas de información orientados a incrementar la transparencia contractual.
23. El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) explicó el funcionamiento y la distribución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI) y describió la metodología utilizada para identificar proyectos asociados a la superación del estado de cosas inconstitucional. Señaló los montos invertidos a través de regalías, asignaciones especiales y participaciones, y destacó las acciones implementadas para fortalecer las capacidades técnicas de las entidades territoriales y las comunidades indígenas. Precisó que, al no existir administración directa de esos recursos por los resguardos en La Guajira, el AESGPRI es administrado por los municipios ($122.133 millones en 73 proyectos), y que, desde 2017, se registran 10 proyectos financiados con regalías por $15.036 millones y 268 proyectos financiados con el SGP por $1,42 billones.
24. Por su parte, el director del DANE informó que la construcción del Registro Multidimensional Wayuu (RMW) había enfrentado dificultades operativas y contractuales que limitaron su cobertura a cerca del 70% del territorio previsto. Como respuesta a dichas restricciones, presentó una propuesta de sistema unificado basado en geocódigos territoriales que permitiría registrar y rastrear de manera interoperable las intervenciones estatales, favoreciendo la trazabilidad de las inversiones y la consolidación de un sistema integral de información.
25. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente reportó la expedición de instrumentos orientados a fortalecer la transparencia contractual, entre ellos una guía traducida al wayuunaiki y la Circular 002 de 2025. Asimismo, reconoció las limitaciones del marcador T-302 incorporado al SECOP, razón por la cual anunció su reformulación para permitir una identificación más precisa de los recursos destinados específicamente al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
26. El jefe de contratación del departamento de La Guajira informó la expedición del Decreto 0377 de 2026, mediante el cual se actualizó el manual departamental de contratación, supervisión e interventoría. Explicó las modalidades empleadas para la ejecución de programas asociados al cumplimiento de la sentencia y destacó las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de supervisión y control contractual.
27. Por último, el representante de los jefes de contratación municipales informó que varios municipios habían actualizado sus manuales de contratación y justificó el uso de la contratación directa en ciertos programas que requerían procesos de concertación étnica. Precisó que las obras de infraestructura continuaban siendo contratadas mediante mecanismos de selección objetiva.
3.1.3. Eje 3. Articulación interinstitucional, fortalecimiento de la capacidad investigativa y superación de bloqueos institucionales de parte de los organismos de control
28. El procurador general de la Nación inició su intervención resaltando la importancia de que la Corte Constitucional realice seguimiento directamente en el territorio y enfatizó que el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 exige una mayor articulación entre las entidades nacionales, departamentales y municipales. Informó que desde 2017 la Procuraduría ha adelantado 125 actuaciones disciplinarias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia, de las cuales 41 se encuentran en investigación formal y 25 tienen funcionarios vinculados. Además, propuso impulsar soluciones estructurales de financiación.
29. En su intervención, reiteró la necesidad de adaptar las respuestas institucionales a las particularidades culturales del pueblo Wayuu y de consolidar una verdadera articulación entre las entidades responsables. Señaló que el cumplimiento de la sentencia debe trascender los periodos de gobierno y convertirse en una política de Estado. Asimismo, informó la expedición de la Resolución 282 de 2026, mediante la cual se creó un Grupo Especial de Trabajo para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, con sede en Uribia, presencia territorial en La Guajira y participación de profesionales Wayuu que apoyarán las funciones preventivas y disciplinarias de la Procuraduría.
30. La Contraloría General de la República explicó que ha fortalecido la articulación interinstitucional mediante una matriz conjunta con la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias, destinada a rastrear investigaciones y traslados relacionados con el cumplimiento de la sentencia. Informó que durante el primer semestre de 2026 realizó 53 traslados con incidencia disciplinaria, ocho a otras entidades y mantiene 25 procesos de responsabilidad fiscal y una indagación preliminar vinculados a recursos destinados a superar el estado de cosas inconstitucional. También destacó su presencia territorial mediante jornadas de atención y verificaciones de proyectos de agua, dentro de las cuales inspeccionó 57 proyectos y recibió requerimientos directos de las comunidades.
31. La Superintendencia Nacional de Salud reconoció que los altos porcentajes de cumplimiento reportados institucionalmente no reflejan la realidad que viven las comunidades Wayuu. Tomando como referencia el reciente fallecimiento de una recién nacida en Uribia, informó que adelanta actuaciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades involucradas y que actualmente existen nueve vigilados sancionados y veintiséis investigaciones en trámite. Además, anunció el inicio de un proceso de coordinación con el Ministerio de Salud, la Gobernación de La Guajira y los municipios para diseñar un nuevo modelo diferencial de atención que responda a las necesidades territoriales y culturales del pueblo Wayuu.
32. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que entre 2023 y 2024 realizó 68 visitas técnicas para verificar la calidad del agua y el funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento en los municipios priorizados. Como resultado, identificó múltiples infraestructuras construidas pero inoperantes, especialmente en Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, situación que evidencia problemas de sostenibilidad y mantenimiento. La entidad señaló además que las actuales limitaciones normativas dificultan el ejercicio pleno de inspección, vigilancia y control sobre pilas públicas y otras soluciones comunitarias, por lo que consideró necesario avanzar hacia un esquema regulatorio diferencial para este tipo de sistemas.
3.2. Jornada de la tarde – Plan Estructural de Acción
3.2.1. Eje 4. Exposición de las propuestas de Plan Estructural de Acción
33. La consejera presidencial para las Regiones presentó el borrador del Plan Estructural de Acción radicado el 29 de julio de 2026 por la administración anterior, integrado por 65 acciones, 156 indicadores y una proyección de ejecución a diez años. Explicó que dicho instrumento contemplaba objetivos, metas, responsables y presupuestos indicativos en los distintos componentes relacionados con los objetivos constitucionales mínimos. Asimismo, informó que el MESEPP, bajo la conducción del nuevo Gobierno nacional, había decidido revisar y actualizar integralmente el documento para construir un único plan estructural, articulado con las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, financieramente viable y orientado a resultados verificables sobre el goce efectivo de los derechos de la niñez Wayuu. Finalmente, destacó que el éxito del plan debía medirse por las transformaciones reales en las condiciones de vida de la población protegida y no únicamente por el cumplimiento formal de actividades o indicadores de gestión.
34. La Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 presentó la propuesta comunitaria denominada “Amuliajawa sukuaipa kataou, suchirua Aloirawa sukuaipa aluwatawa wounmainpa”, construida a partir de procesos consultivos, reuniones comunitarias y sistematización de documentos desarrollados desde la expedición de la Sentencia T-302 de 2017. Expuso que la propuesta se estructuró sobre los objetivos constitucionales mínimos definidos por la Corte Constitucional e incorporó medidas en materia de agua, alimentación, salud, movilidad, sistemas de información, transparencia y diálogo genuino. Asimismo, cuestionó que, luego de varios años de seguimiento judicial, el Estado aún no contara con un instrumento articulado y solicitó que la propuesta elaborada por la veeduría fuera considerada como insumo fundamental para la construcción concertada del plan definitivo.
35. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación presentó el concepto técnico elaborado por la entidad respecto del borrador del Plan Estructural de Acción y advirtió diversas deficiencias de carácter técnico, financiero y metodológico. Señaló que persistían debilidades relacionadas con la ausencia de una línea base confiable, la insuficiente garantía de financiación, el predominio de indicadores de producto sobre indicadores de resultado y la limitada participación efectiva del pueblo Wayuu en la formulación de algunos componentes. Adicionalmente, resaltó la necesidad de fortalecer los criterios de sostenibilidad, cobertura y trazabilidad de las acciones propuestas, así como de consolidar mecanismos que permitieran medir el impacto real de las intervenciones sobre el goce efectivo de los derechos protegidos.
3.2.2. Eje 5. Legitimidad y diálogo genuino
36. El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Diálogo Social, reconoció expresamente que el Estado colombiano había incumplido varias de las obligaciones derivadas de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y admitió la existencia de rezagos significativos en asuntos relacionados con el estudio etnológico, la actualización de los procedimientos de registro y reconocimiento de comunidades y la conformación de la representación Wayuu ante el MESEPP. Asimismo, sostuvo que existía una crisis de representatividad alimentada por las inconsistencias de los registros institucionales y la falta de certeza acerca del número de comunidades y autoridades tradicionales. En consecuencia, propuso consolidar una ruta única de interlocución legítima sustentada en la culminación del estudio etnológico, la depuración de los registros existentes y la construcción participativa de un nuevo procedimiento de reconocimiento. Igualmente, anunció una estrategia de consulta territorial y planteó la adopción de un mecanismo inspirado en el denominado principio Jordan, dirigido a garantizar respuestas inmediatas frente a necesidades urgentes de niñas y niños Wayuu.
37. La Veeduría Ciudadana sostuvo que persistían diversos bloqueos institucionales y comunitarios que dificultaban la construcción legítima del PEA. Entre ellos identificó la débil articulación interinstitucional, la falta de apropiación de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, la discontinuidad administrativa derivada de los cambios de gobierno y la insuficiente capacidad intercultural de las entidades estatales. Igualmente, señaló la existencia de tensiones internas relacionadas con la representatividad y la participación comunitaria, por lo que propuso avanzar hacia esquemas de corresponsabilidad, seguimiento permanente y adopción conjunta de decisiones entre el Estado y las comunidades Wayuu.
38. La Defensoría del Pueblo realizó una intervención conjunta entre la defensora regional y la delegada para asuntos étnicos. Las representantes de la Defensoría expusieron los hallazgos obtenidos a partir de las verificaciones realizadas en territorio y de su participación en el MESEPP. Indicaron que no existían elementos suficientes para concluir que las autoridades y estructuras representativas del pueblo Wayuu hubieran participado efectivamente desde las etapas iniciales de construcción del plan estructural. Asimismo, advirtieron la ausencia de mecanismos que permitieran rastrear la incorporación de las propuestas comunitarias y señalaron las dificultades existentes en el reconocimiento de autoridades tradicionales y en la culminación del estudio etnológico. Por tal razón, recomendaron fortalecer la trazabilidad de los aportes comunitarios y garantizar condiciones adecuadas para una participación efectiva durante el proceso de formulación del plan.
39. La señora Matilde López, lideresa Wayuu del Distrito de Riohacha, manifestó que uno de los principales problemas de los ejercicios de planeación consistía en la falta de participación efectiva de las comunidades en la elaboración de las propuestas institucionales. Sostuvo que las necesidades de los territorios eran heterogéneas y requerían respuestas diferenciadas, construidas desde las realidades locales. Asimismo, cuestionó la ausencia de información clara sobre beneficiarios, criterios de priorización y mecanismos de seguimiento, y enfatizó que el diálogo genuino debía traducirse en escenarios con capacidad real de incidencia sobre las decisiones estatales.
40. El señor Rafael Mercado, lingüista Wayuu de Manaure, presentó una propuesta de protocolo intercultural denominada “Ayuda Colectiva, Palabra de Consejo”, orientada a garantizar la participación efectiva de las autoridades legítimas del pueblo Wayuu en los espacios de seguimiento institucional. Explicó que dicha propuesta se fundamentaba en principios propios del sistema normativo Wayuu y privilegiaba el uso del wayuunaiki, los procesos tradicionales de deliberación comunitaria y el respeto por las estructuras familiares y territoriales de la comunidad.
41. El señor Guillermo Ojeda, investigador Wayuu de Maicao, advirtió que la crisis humanitaria que afrontaba el pueblo Wayuu debía analizarse de manera integral y no exclusivamente desde los componentes de agua, salud y alimentación. Señaló la existencia de problemáticas adicionales asociadas al reclutamiento de jóvenes por grupos armados, el narcotráfico, el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio y los fenómenos migratorios. Igualmente, criticó la reiterada reformulación de estrategias con ocasión de los cambios de gobierno, por considerar que ello había generado pérdida de confianza y frustración en las comunidades, e insistió en la necesidad de dar continuidad a los procesos ya construidos.
42. Por último, el señor Francisco Zuleta, líder Wayuu de Uribia, cuestionó la orientación de la planeación pública hacia objetivos exclusivamente de largo plazo y reclamó la adopción de medidas inmediatas y verificables para atender las necesidades más urgentes de las comunidades. Manifestó que la falta de reconocimiento y registro de numerosas rancherías y autoridades tradicionales continuaba generando exclusión en el acceso a programas estatales. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer las inversiones en agua potable, alimentación y fortalecimiento territorial, así como de promover una interlocución directa entre las instituciones y las autoridades legítimas del pueblo Wayuu.
3.2.3. Eje 6. Intervención de los organismos de control en el seguimiento del Plan Estructural de Acción
43. Los organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, coincidieron en señalar que la efectividad del Plan Estructural de Acción dependía de la existencia de una línea base confiable, de indicadores orientados a medir el goce efectivo de los derechos y de mecanismos de seguimiento capaces de verificar resultados concretos. La Procuraduría reiteró que la legitimidad del instrumento estaba condicionada a la participación efectiva del pueblo Wayuu en su formulación y seguimiento. Por su parte, la Contraloría reconoció avances respecto de versiones anteriores del plan, aunque advirtió deficiencias relacionadas con la formulación de indicadores, la consistencia de las metas, la programación financiera y la trazabilidad de los recursos. Igualmente, alertó sobre inconsistencias en las metas de infraestructura vial y recomendó fortalecer los sistemas de monitoreo y control para garantizar que las inversiones generaran impactos verificables sobre las condiciones de vida de la población beneficiaria.
44. Al cierre de la sesión, la Consejería Presidencial para las Regiones informó que el MESEPP adelantaría una revisión integral del borrador del Plan Estructural de Acción y que convocaría una sesión extraordinaria destinada a consolidar una versión unificada del documento. A su turno, la Presidenta de la Veeduría Ciudadana reiteró la disposición de esa instancia para aportar insumos técnicos al proceso de formulación.
3.3. Incumplimientos o falencias reconocidas, así como compromisos, promesas y acciones asumidas.
45. La Sala resalta los siguientes incumplimientos y falencias, reconocidos por las instituciones convocadas o advertidos por los órganos de control y las entidades técnicas.
|
Tabla 1. Incumplimientos y falencias reconocidos o advertidos |
||
|
Entidad o instrumento |
Incumplimiento o falencia |
Evidencia / Detalle Técnico Registrado |
|
Ministerio del Interior |
Inexistencia del Estudio Etnológico |
Según lo manifestado por el Ministerio, siete años después de la Sentencia T-172 de 2019 el estudio no ha sido culminado, y en 2023 se pagó un borrador de “lineamientos” por $800 millones de pesos. |
|
Extemporaneidad en registro de autoridades |
La propuesta de ajuste al procedimiento de reconocimiento y registro (exigida en 6 meses por el Auto 1743/24) se radicó con retraso el 24 de julio de 2026. |
|
|
Deficiencia en la representación ante el MESEPP |
De 40 delegados del pueblo Wayuu previstos para integrar el MESEPP, solo se han designado 4. |
|
|
Suspensión de espacios de consulta (según lo manifestado) |
El Ministerio manifestó que actuaciones de consulta se encuentran suspendidas desde 2022, sin que se haya realizado ninguna de las 22 reuniones técnicas territoriales. |
|
|
Ministerio de Agricultura |
Incumplimiento del Plan Provisional |
Presenta mora en 2 de las 5 acciones a su cargo: el Indicador 820 (proyectos integrales PIDAR) está rezagado (37%) y el Indicador 819 (proyectos productivos con agua) no ha iniciado. |
|
Déficit de cobertura y falta de ruta |
Reconoce una cobertura de apenas el 10% de las familias y la inexistencia de una ruta estandarizada para atender a rancherías sin vocero formal registrado. |
|
|
DANE |
Registro Multidimensional Wayuu inconcluso |
Cobertura territorial cercana al 70 %, con 86.215 techos rurales dispersos sin empadronar. En términos poblacionales, el registro alcanzó 215.000 personas frente a 486.000 proyectadas. |
|
Ministerio de Vivienda / Superservicios |
Infraestructura hídrica inoperativa |
Existencia masiva de obras construidas fuera de servicio. La Superservicios detectó en campo que no operan: 20 de 60 infraestructuras en Manaure, 4 de 14 en Uribia, 1 en Maicao y 2 en Riohacha. |
|
Barrera normativa para operadores étnicos |
El Decreto 1077 de 2015 impide que las asociaciones comunitarias y autoridades Wayuu se formalicen como operadores directos de los sistemas de pilas públicas. |
|
|
Entidades Territoriales |
Falta de Línea Base Única e Interoperable |
Vencimiento del plazo del 30 de junio de 2025 para integrar el Sistema de Información Wayuu. Inexistencia de una línea base unificada e interoperable entre Nación, Departamento y Municipios. |
|
Ausencia de protocolo de cruce de datos |
Inexistencia de un protocolo de cruce interinstitucional que evite la concentración o duplicidad injustificada de beneficios y proyectos en las mismas comunidades. |
|
|
Colombia Compra Eficiente |
Subutilización del Marcador T-302 |
El marcador T-302 en SECOP II es estrictamente binario (sí/no), lo que impide medir montos específicos, porcentajes ni el valor real invertido en la sentencia. |
|
Consejería / jefes de contratación municipales |
Predominio de la contratación directa |
Predominio de la contratación directa en los 1.621 registros contractuales asociados al cumplimiento de la sentencia identificados por la Consejería. Los municipios la justificaron en procesos de concertación étnica; su regularidad exige un examen caso a caso. |
|
Superintendencia de Salud |
Investigaciones administrativas en trámite |
Según lo informado, 26 investigaciones administrativas a EPS, IPS y entes territoriales permanecen en trámite, con 5 compulsas de copias remitidas a la Procuraduría. |
|
Borrador del PEA (administración anterior) |
Deficiencias de fondo en el borrador del PEA |
Según los órganos de control, el borrador del PEA radicado el 29 de julio de 2026 por la administración anterior carece de una línea base confiable, prevé fuentes presupuestales no garantizadas, privilegia indicadores de producto y refleja una participación limitada del pueblo Wayuu en algunos componentes. |
|
Borrador del PEA (hallazgo de la Contraloría) |
Inconsistencia vial en la planificación |
Inconsistencia en la meta vial del borrador del PEA: fija un total global de 561 km pero las metas municipales solo suman 321 km, dejando 240 km sin sustento ni asignación a Uribia o a la Gobernación. |
46. La Sala resalta los siguientes compromisos, promesas y acciones:
|
Tabla 2. Compromisos, promesas y acciones asumidas |
||
|
Entidad / Interviniente |
Compromiso / Acción Asumida |
Plazo Exacto / Momento de Cumplimiento |
|
Ministerio del Interior |
Contactar a la familia de la niña recién nacida fallecida en Uribia para acordar e implementar medidas de atención, satisfacción y no repetición en salud. |
Mismo día de la sesión (13 de octubre de 2026). |
|
Presentar el cronograma de la ruta unificada, culminar el estudio etnológico (T-172/19), tramitar la valoración previa del registro ante la Corte y divulgar el Auto 1743/24 en territorio. |
Divulgación del Auto 1743 antes de finalizar el año 2026. |
|
|
Presentar ante el MESEPP una propuesta de adopción de un mecanismo inspirado en el “principio Jordan” para garantizar atención asistencial o médica inmediata a la niñez Wayuu sin disputas previas de competencia. |
Próxima sesión del MESEPP. |
|
|
Reanudar la implementación del protocolo de participación hasta completar la designación de los 40 delegados Wayuu ante el MESEPP. |
En curso dentro del cronograma unificado. |
|
|
Ministerio de Agricultura |
Ejecutar y poner al día las acciones rezagadas del Plan Provisional: Indicador 820 (proyectos integrales PIDAR) e Indicador 819 (proyectos productivos con soluciones de agua). |
Primer semestre de 2027. |
|
Ministerio de Vivienda |
Tramitar la modificación reglamentaria del Decreto 1077 de 2015 para formalizar legalmente a las comunidades e instituir a las autoridades Wayuu como operadoras de pilas públicas. |
Corto plazo / Ajuste reglamentario. |
|
Publicar y poner a disposición de la Corte y entes territoriales el tablero de control de inversiones e infraestructura hídrica no operativa. |
En proceso de aprobación por la oficina TIC. |
|
|
Colombia Compra Eficiente |
Rediseñar el marcador T-302 en SECOP II para permitir el reporte desagregado de montos, porcentajes específicos y valores ejecutados para la sentencia. |
Primer semestre de 2027 (junio de 2027). |
|
Expedir una nueva circular reglamentaria, actualizar el instructivo y dictar ciclos de capacitación técnica en SECOP II a las entidades ejecutoras. |
Programación entre 2026 y junio de 2027. |
|
|
DANE |
Implementar la plataforma de seguimiento georreferenciada por geocódigos comunitarios por techo/asentamiento e interconectar a las 28 entidades del MESEPP. |
Inicio de ejecución operativa en el año 2027. |
|
Superintendencia de Salud |
Instalar mesas de trabajo territoriales en La Guajira con la Gobernación, Alcaldías y Minsalud para concertar el nuevo modelo de atención en salud en zonas dispersas. |
30 de octubre de 2026. |
|
Agilizar el cierre de 26 investigaciones administrativas en trámite y realizar las compulsas de copias con incidencia disciplinaria a la Procuraduría. |
Corto plazo / Cierre del periodo evaluado. |
|
|
Procuraduría General |
Expedición de la Resolución 282 del 13 de octubre de 2026, mediante la cual se creó un Grupo Especial de Trabajo para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, con sede en Uribia. |
13 de octubre de 2026 (vigente e implementado). |
|
Consejería Presidencial |
Reasignar $80.000 millones de fondos del frente frío para financiar las tres fases del proyecto de drenaje pluvial del distrito de Riohacha. |
Asignación en curso de ejecución. |
|
MESEPP |
Celebrar la sesión extraordinaria del MESEPP para unificar, revisar y consolidar la nueva propuesta del Plan Estructural de Acción. |
Última semana de noviembre de 2026. |
|
MESEPP |
Consolidar el Plan Estructural de Acción definitivo, con participación efectiva y diálogo genuino del pueblo Wayuu y las consultas previas a que haya lugar, y presentarlo ante la Corte Constitucional. |
Mes de mayo de 2027 (antes de los 10 años del fallo). |
|
Gobernación / Alcaldías Priorizadas |
Actualizar los manuales de contratación e incorporar el marcador T-302 (Decreto 0377 del 7 de septiembre de 2026 en La Guajira). |
Cumplido en La Guajira, Riohacha, Uribia, Manaure; en curso Maicao. |
|
Proponer e impulsar en el MESEPP la conformación de una mesa de alto nivel, la interoperabilidad de datos y la adopción formal de 6 criterios técnicos de focalización. |
Radicado y en trámite ante el MESEPP. |
|
47. La Sala reitera que, transcurridos nueve (9) años desde la expedición del fallo y tras múltiples providencias de seguimiento, la niñez Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia continúa padeciendo una vulneración masiva, generalizada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua potable, a la alimentación, a la salud y a la participación. Persisten los fallecimientos de niñas y niños menores de cinco años por causas prevenibles asociadas a la desnutrición, la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda.
48. De las intervenciones recaudadas por la Sala se identificaron varios bloqueos institucionales que continúan obstaculizando la superación del ECI. En primer lugar, quedó evidenciado que el borrador del PEA radicado bajo la administración anterior presenta deficiencias metodológicas y técnicas, advertidas por los órganos de control, en la definición de indicadores, la financiación, la trazabilidad de resultados y la articulación con los objetivos constitucionales mínimos. A ello se suma la decisión del Gobierno nacional que se posesionó el 7 de agosto de 2026 de revisar y reformular integralmente el documento, sin que a la fecha haya radicado una propuesta propia. Ambas circunstancias han retrasado la adopción definitiva del PEA y la consolidación de una hoja de ruta unificada para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
49. En segundo lugar, la Sala constató el persistente incumplimiento del quinto OCM relativo a los sistemas de información. Diversas intervenciones evidenciaron la ausencia de una línea base poblacional y territorial confiable, la insuficiente interoperabilidad entre las entidades y las dificultades para identificar de manera precisa las comunidades beneficiarias, las inversiones realizadas y los resultados alcanzados. A ello se suma que el Registro Multidimensional Wayuu apenas alcanzó una cobertura territorial aproximada del 70 %, situación que continúa limitando la planeación, focalización y evaluación de las políticas públicas dirigidas al pueblo Wayuu.
50. En tercer lugar, se evidenció una situación de inoperatividad masiva de infraestructuras hídricas construidas en los municipios priorizados. Las entidades técnicas y de control informaron la existencia de pozos, plantas desalinizadoras, pilas públicas y demás sistemas de abastecimiento que, pese a haber sido construidos con recursos públicos, se encuentran fuera de operación o abandonados por deficiencias en los esquemas de mantenimiento, sostenibilidad y gestión comunitaria. Particularmente, se reportó que veinte de sesenta infraestructuras inspeccionadas en Manaure no operaban, así como cuatro en Uribia, una en Maicao y dos en Riohacha, circunstancia que evidencia la falta de correspondencia entre la ejecución de obras y la garantía efectiva del derecho al agua.
51. Finalmente, la Sala advirtió una profunda crisis de gobernanza y representatividad étnica asociada al incumplimiento del octavo OCM sobre diálogo genuino. El Ministerio del Interior manifestó que el estudio etnológico ordenado por la Sentencia T-172 de 2019 aún no ha sido culminado, pese a las contrataciones realizadas para ese propósito; que únicamente cuatro de los cuarenta delegados del pueblo Wayuu previstos para integrar el MESEPP han sido designados; y que existen actuaciones de consulta suspendidas desde 2022. Sin perjuicio de su verificación con los soportes que se requieren en esta providencia, tales manifestaciones evidencian la persistencia de los bloqueos que afectan el reconocimiento de las autoridades legítimas del pueblo Wayuu y limitan su participación efectiva en la construcción de las decisiones orientadas a superar el ECI.
52. Estos bloqueos se ven reflejados en las vidas de las niñas y niños Wayuu. De conformidad con la información publicada por el SIVIGILA en el marco de la vigilancia integrada de las muertes en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición Aguda (DNT) en La Guajira, para el año 2025, fueron notificadas 159 muertes, de ellas 142 corresponden a los cuatro municipios priorizados; con información preliminar al 23 de octubre de 2026, se han notificado 76 fallecimientos, 61 de ellos en los municipios priorizados. La información se consolida en la siguiente tabla:
|
Tabla 3. Fallecimientos de niñas y niños menores de 5 años por IRA, EDA o DNT |
||||||||
|
Entidad territorial |
2025 |
2026 |
||||||
|
IRA |
EDA |
DNT |
Global |
IRA |
EDA |
DNT |
Global |
|
|
Maicao |
5 |
3 |
8 |
16 |
4 |
2 |
2 |
8 |
|
Manaure |
8 |
10 |
14 |
32 |
4 |
4 |
3 |
11 |
|
Riohacha |
13 |
9 |
8 |
30 |
12 |
3 |
2 |
17 |
|
Uribia |
21 |
11 |
32 |
64 |
7 |
4 |
14 |
25 |
|
Subtotal municipios priorizados |
47 |
33 |
62 |
142 |
27 |
13 |
21 |
61 |
|
La Guajira |
57 |
34 |
68 |
159 |
31 |
17 |
28 |
76 |
Fuente: Sivigila[13]
53. Por las razones expuestas, y ante la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de las niñas y los niños Wayuu, la Sala adoptará las medidas que se explican a continuación, dirigidas a que las autoridades nacionales y territoriales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, diseñen, adopten, financien y ejecuten las acciones necesarias para cumplir las órdenes proferidas por la Corte y remover los bloqueos institucionales identificados.
54. Las intervenciones recaudadas, contrastadas con los documentos que obran en el expediente, permiten a la Sala identificar cuatro bloqueos institucionales que inciden de manera directa en la superación del ECI: (i) la falta de un PEA definitivo, concertado, financiado y medible; (ii) la ausencia de una línea base interoperable que permita focalizar, evitar duplicidades y medir el goce efectivo de los derechos; (iii) la brecha entre la inversión en infraestructura hídrica y la disponibilidad real de agua para las comunidades; y (iv) la crisis de representatividad que dificulta el diálogo genuino con el pueblo Wayuu. A ello se suma la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las medidas en el ciclo de planeación que se abre con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
5.1. Criterios que orientan las medidas adoptadas
56. La potestad de seguimiento derivada del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 habilita a la Sala para fijar términos proporcionados, requerir productos verificables y remover los obstáculos que impiden el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Esa competencia, sin embargo, no la autoriza para sustituir a las autoridades responsables en la definición del contenido de las políticas públicas, imponer unilateralmente el contenido del PEA ni reemplazar las atribuciones de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 339 de la Constitución) o de su aprobación legislativa (artículo 341 ibidem). En el seguimiento de un ECI, el juez constitucional no diseña la política pública: verifica que exista, que sea idónea para remover las causas de la vulneración, que cuente con recursos suficientes y que produzca resultados medibles en el goce efectivo de los derechos.
57. Con ese marco, las medidas que se adoptan en esta providencia obedecen a cuatro criterios. Primero, se trata de órdenes de proceso con productos y plazos verificables, escalonadas según el ciclo de planeación y presupuesto del Estado, que no predeterminan el contenido de las decisiones que corresponden a las autoridades. Segundo, son complementarias y no suspenden, sustituyen ni disminuyen las obligaciones vigentes, en particular las relativas a la atención inmediata en agua, salud y alimentación; la exigibilidad de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 no depende de la adopción del PEA ni de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, los informes que se requieren deberán dar cuenta de resultados en el goce efectivo de los derechos y no limitarse a describir actividades, contratos o trámites. Cuarto, la caracterización de las órdenes descritas en el Auto 480 de 2023, en el marco del seguimiento, diferenciando aquellas de naturaleza simple, compleja y estructural, así como las de contenido sustantivo y adjetivo[14].
5.2. El Plan Estructural de Acción: ruta crítica, versión técnica unificada y participación efectiva del pueblo Wayuu
58. La sesión técnica permitió constatar que la ausencia de un PEA definitivo mantiene fragmentadas las actuaciones de las autoridades responsables. El borrador radicado el 29 de julio de 2026, compuesto por 65 acciones y 156 indicadores, fue presentado por la administración anterior; el Gobierno nacional que se posesionó el 7 de agosto de 2026 no ha radicado una propuesta propia. En la sesión, la Consejería Presidencial para las Regiones informó que el MESEPP decidió revisar y unificar integralmente ese documento, y anunció una sesión extraordinaria para la última semana de noviembre de 2026 con el fin de consolidar una versión única. A su vez, los órganos de control coincidieron en que la versión actual carece de una línea base confiable, prevé fuentes de financiación que no corresponden a apropiaciones presupuestales vigentes ni a compromisos efectivos de gasto, privilegia los indicadores de producto sobre los de resultado y presenta inconsistencias en sus metas, como la diferencia de 240 kilómetros entre la meta vial global y la suma de las metas municipales advertida por la Contraloría.
59. Transcurridos nueve años desde la declaratoria del ECI y más de tres desde que el Auto 480 de 2023 precisó el deber de formular un plan escrito, la Sala no puede limitarse a registrar nuevos anuncios de reformulación, menos aún cuando el cambio de gobierno ha vuelto a situar el proceso en una etapa de revisión. Es necesario fijar una ruta judicialmente verificable que distinga tres momentos: (i) una ruta crítica de consolidación, con responsables, actividades, productos, fechas y mecanismos para resolver los desacuerdos interinstitucionales; (ii) una versión técnica unificada del PEA, con objetivos, acciones, responsables, indicadores de goce efectivo de derechos, líneas de base disponibles, metas, costos estimados, fuentes potenciales de financiación y vacíos identificados; y (iii) la adopción definitiva del plan, previa la participación efectiva y el diálogo genuino con el pueblo Wayuu y las consultas previas a que haya lugar. Para este último momento, la Sala no fija una fecha propia, pero toma como parámetro el compromiso asumido por el MESEPP en la sesión técnica de presentar el plan definitivo en mayo de 2027, antes de que se cumplan diez años de la sentencia; cualquier fecha posterior deberá justificarse expresamente. La versión técnica unificada no equivale a la adopción definitiva del PEA ni releva a las autoridades del diálogo genuino. Su finalidad es que la Sala, los órganos de control, la Veeduría y las comunidades cuenten con un documento único sobre el cual deliberar, y que el proceso de planeación nacional disponga de insumos técnicos oportunos.
60. La revisión integral anunciada por el MESEPP no puede traducirse, sin embargo, en un retroceso. El deber de formular el PEA se funda en el principio de progresividad que rige el diseño y la ejecución de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales (Auto 480 de 2023), cuyo corolario es la prohibición de regresividad: alcanzado un determinado nivel de protección, las autoridades no pueden disminuirlo sin una justificación suficiente, pues las medidas regresivas se presumen, en principio, contrarias a la Constitución (Sentencia C-038 de 2004) y al artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus Observaciones Generales 3 (párr. 9) y 15 (párr. 19), esta última referida específicamente al derecho al agua.
61. Aplicada al seguimiento, esa regla opera como una carga de justificación. La versión unificada del PEA deberá construirse a partir del borrador radicado por el MESEPP el 29 de julio de 2026, y no podrá suprimir acciones, reducir metas, coberturas o indicadores, ni eliminar fuentes de financiación ya identificadas, salvo que la autoridad responsable demuestre que el cambio es necesario y que la medida que lo reemplaza ofrece una protección igual o mayor de los derechos de la niñez Wayuu. Esta exigencia no congela el contenido del borrador, cuyas deficiencias quedaron expuestas en la sesión técnica; impide, en cambio, que su reformulación sirva para reiniciar un proceso que lleva más de tres años y que las comunidades han visto recomenzar con cada cambio de gobierno.
62. El cambio de gobierno no altera esta conclusión. Las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 y de la declaratoria del ECI vinculan al Estado, no a una administración determinada, y el propio Procurador General de la Nación insistió en la sesión en que su cumplimiento debe trascender los períodos de gobierno y convertirse en una política de Estado. Por ello, el Gobierno nacional que se posesionó el 7 de agosto de 2026 conserva plena competencia para revisar, ajustar o reformular el borrador presentado por la administración anterior y para imprimirle sus propias prioridades, pero no puede desconocerlo como punto de partida ni prescindir, sin justificación, de los avances técnicos, presupuestales y participativos acumulados. La continuidad institucional es, en este contexto, una garantía para la niñez Wayuu y no una restricción a la legítima orientación política de cada gobierno.
63. De manera que es necesario distinguir entre: (i) las modificaciones que afectan medidas, prestaciones, coberturas o recursos que actualmente garantizan derechos y (ii) aquellas que recaen sobre metas, indicadores o fuentes simplemente proyectadas en el borrador. Por consiguiente, todo ajuste a estos elementos proyectados debe contar con una justificación técnica suficiente, sin que ello implique que cualquier modificación del borrador constituya, por sí misma, una medida regresiva. La aplicación del principio de no regresividad exige examinar la naturaleza de cada cambio y su impacto efectivo sobre la garantía de los derechos.
64. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que no existen elementos suficientes para concluir que las autoridades y estructuras representativas del pueblo Wayuu hayan participado efectivamente desde las etapas iniciales de construcción del plan, ni mecanismos que permitan rastrear la incorporación de las propuestas comunitarias. El expediente cuenta con insumos que no pueden ser ignorados en la nueva versión: la propuesta «Amuliajawa sukuaipa kataou, suchirua Aloirawa sukuaipa aluwatawa wounmainpa», presentada por la Veeduría Ciudadana el 14 de noviembre de 2025; las observaciones de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República al borrador; y el protocolo intercultural «Ayuda Colectiva, Palabra de Consejo», expuesto en la sesión por el señor Rafael Mercado. La legitimidad del PEA depende de que esos aportes sean considerados de manera verificable. Por ello, la versión técnica unificada deberá acompañarse de una matriz que indique, respecto de cada documento, los elementos incorporados y las razones de los no incorporados. Considerar estos insumos no implica que la Sala avale el contenido de alguno de ellos, ni sustituye el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, cuya representación no se agota en la Veeduría Ciudadana.
65. Finalmente, la Sala reitera que, conforme al numeral quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-302 de 2017, las acciones dirigidas a superar el ECI deben adelantarse con las consultas previas a que haya lugar. Determinar si una medida específica del PEA es susceptible de afectar directamente al pueblo Wayuu corresponde, en primer término, a las autoridades competentes, sin perjuicio del control judicial. En todo caso, el deber de diálogo genuino no puede invocarse para diferir indefinidamente la formulación del plan ni la adopción de medidas urgentes en favor de la niñez Wayuu, regidas por el principio del interés superior de las niñas y los niños.
66. En consecuencia, la Sala ordenará a la Consejería Presidencial para las Regiones, como instancia articuladora del MESEPP, presentar la ruta crítica de consolidación del PEA, con la fecha prevista para su adopción definitiva (ordinal primero); a las entidades integrantes del MESEPP, presentar a más tardar el 15 de diciembre de 2026 una versión técnica unificada del plan, construida a partir del borrador radicado el 29 de julio de 2026 por la administración anterior, que considere de manera motivada los insumos que obran en el expediente y justifique expresamente cualquier retroceso (ordinal segundo); y a la Consejería y al Ministerio del Interior, presentar una ruta de participación efectiva y diálogo genuino (ordinal tercero). Lo anterior, sin paralizar las demás actuaciones ni diferir la protección inmediata de los derechos fundamentales.
5.3. Sostenibilidad: articulación del PEA con el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y con la programación presupuestal
67. Al desarrollar el séptimo OCM, relativo a la sostenibilidad de las intervenciones estatales, la Sentencia T-302 de 2017 ordenó que las metas fueran realistas y compatibles con el Marco de Gasto de Mediano Plazo; que la superación del ECI fuera priorizada por las autoridades nacionales y territoriales en sus procesos de programación presupuestal; y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP adoptaran las medidas necesarias para que la superación de aquella situación constituyera una prioridad en los distintos ejercicios fiscales. La sostenibilidad no es, entonces, una consideración accesoria ni una cuestión de conveniencia administrativa, sino una condición de la superación efectiva del ECI: las estrategias, metas e inversiones necesarias para garantizar los derechos amparados deben reflejarse en los instrumentos de planeación y financiación previstos por el ordenamiento jurídico.
68. El artículo 339 de la Constitución dispone que el Plan Nacional de Desarrollo se compone de una parte general y de un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, y la Ley 152 de 1994 regula su elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Estos instrumentos constituyen el principal mecanismo de definición de prioridades estatales y de programación de la inversión pública. La formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 abre, por tanto, una oportunidad institucional que no puede desaprovecharse. Así lo reconocieron varias de las autoridades intervinientes en la sesión técnica, que coincidieron en la necesidad de utilizar ese proceso para dotar de sostenibilidad institucional y financiera a las medidas orientadas a superar el ECI, más allá de los períodos constitucionales de gobierno.
69. La relación entre el PEA y los instrumentos de planeación no es de subordinación del primero a las prioridades coyunturales de cada administración. Dado que el PEA deriva de las órdenes impartidas por la Corte y tiene por finalidad materializar la superación del ECI, corresponde a las autoridades de planeación de los distintos niveles armonizar sus planes, programas, presupuestos e instrumentos de inversión con las obligaciones constitucionales derivadas de su declaratoria. Ello no desconoce la autonomía del Gobierno nacional para formular el Plan Nacional de Desarrollo, la competencia del Congreso de la República para debatirlo y aprobarlo, ni las facultades de las entidades territoriales para adoptar sus propios planes. Significa que esas competencias deben ejercerse teniendo en cuenta las obligaciones judicialmente declaradas y que las autoridades deben explicar, de manera motivada, las razones por las cuales una medida necesaria para superar el ECI no se incorpora o se difiere.
70. La Sala advierte, además, que varias de las cifras contenidas en el borrador del PEA corresponden a proyecciones, estimaciones o referencias de inversión que no constituyen apropiaciones presupuestales vigentes ni compromisos efectivos de gasto. Esa circunstancia impide valorar la suficiencia y viabilidad de los recursos previstos y confirma la necesidad de articular la definición de metas con los mecanismos de financiación y con los instrumentos de planeación pública.
71. En este contexto, la Sala considera necesario fortalecer la articulación entre las autoridades nacionales y territoriales responsables del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en ejercicio de sus competencias de orientación, coordinación y asistencia técnica en materia de planeación e inversión pública, podrá brindar acompañamiento a las secretarías de Hacienda y a las dependencias de Planeación de la Gobernación de La Guajira y de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Dicho acompañamiento podrá orientarse a facilitar la identificación de fuentes de financiación, la formulación y estructuración de proyectos de inversión, la articulación de las acciones previstas en el Plan Estructural de Acción con los instrumentos territoriales de planeación y la programación plurianual de los recursos necesarios para su ejecución. Esta labor deberá desarrollarse en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución, con pleno respeto por la autonomía territorial y las competencias presupuestales de las respectivas autoridades. La finalidad de este acompañamiento es contribuir a que las obligaciones derivadas de la sentencia se traduzcan en decisiones de planeación e inversión técnicamente sustentadas, financieramente viables y orientadas a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu.
72. La articulación debe ajustarse al calendario de planeación. La Ley 152 de 1994 prevé la presentación del proyecto de plan al Consejo Nacional de Planeación a más tardar el 15 de noviembre y su presentación al Congreso de la República antes del 7 de febrero del año siguiente al inicio del período presidencial. A su turno, el artículo 51 del Decreto 111 de 1996 y los artículos 2.8.1.3.1, 2.8.1.3.4 y 2.8.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 regulan los hitos de los anteproyectos de presupuesto, del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Por ello, la Sala distingue tres hitos: (i) la remisión inmediata al DNP y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los insumos ya disponibles, de modo que puedan ser considerados en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y en su Plan Plurianual de Inversiones (PPI); (ii) la valoración de las medidas técnicamente sustentadas, con base en la versión técnica unificada del PEA, antes de la presentación del proyecto definitivo al Congreso; y (iii) la programación presupuestal por vigencias, conforme a los ciclos del MGMP, el POAI y los anteproyectos del Presupuesto General de la Nación. Ninguno de estos hitos presume disponibilidad de recursos ni supone ordenar al Congreso la inclusión de una partida determinada.
73. En consecuencia, la Sala ordenará a la Consejería Presidencial para las Regiones y a las entidades del MESEPP remitir al DNP y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los insumos disponibles del PEA (ordinal cuarto); a estas dos últimas entidades, con la participación de la Consejería, valorar las medidas técnicamente sustentadas en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y de su PPI, y dar cuenta motivada de las medidas incorporadas y de las no incorporadas (ordinal quinto), así como estructurar una ruta de programación financiera plurianual (ordinal sexto). Adicionalmente, exhortará al Congreso de la República para que, en el trámite del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, tenga en cuenta las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 y de sus autos de seguimiento (ordinal séptimo). Estas decisiones no imponen la inclusión íntegra del PEA ni predeterminan el contenido de la Ley del plan. En síntesis, la Sala precisa que las medidas que se ordenan, en esta materia, son de consideración y no de resultado legislativo.
5.4. Primer objetivo constitucional mínimo: infraestructura hídrica construida pero inoperante
74. La información recaudada evidenció que un número significativo de infraestructuras de abastecimiento de agua construidas, rehabilitadas o entregadas a comunidades Wayuu desde 2017 se encuentran total o parcialmente inoperantes. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó que no operan veinte de sesenta infraestructuras inspeccionadas en Manaure, cuatro de catorce en Uribia, una en Maicao y dos en Riohacha; la Contraloría informó haber inspeccionado 57 proyectos de agua; y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconoció la existencia de obras construidas fuera de servicio. Estos hallazgos demuestran que la mera ejecución de obras no satisface, por sí misma, el derecho al agua, y revelan deficiencias persistentes en los esquemas de operación, mantenimiento y sostenibilidad. En términos del seguimiento, se trata de una brecha entre el indicador de gestión —la obra construida— y el indicador de goce efectivo —el agua disponible, accesible y de calidad para las niñas y los niños—.
75. Por ello, y sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 1019 de 2026, la Sala ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en coordinación con la Gobernación de La Guajira, ESEPGUA y los municipios priorizados, con el apoyo del DANE en la georreferenciación y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el ámbito de sus competencias, complete y actualice el inventario de infraestructura hídrica y presente un plan escalonado de recuperación, sin perjuicio de las órdenes vigentes de provisión inmediata de agua (ordinal octavo).
5.5. Sexto objetivo constitucional mínimo: focalización, transparencia y trazabilidad contractual
76. La jornada de la mañana puso de presente la dificultad de conocer, de manera integrada, qué comunidades reciben intervenciones, con qué criterios se seleccionan, quién contrata, cuánto se compromete y ejecuta, y qué resultados se obtienen. Las entidades coincidieron en que la ausencia de vocería registrada no puede constituir causa de exclusión; no obstante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció que la identificación de beneficiarios sigue supeditada a certificaciones de autoridades tradicionales y que no existe una ruta para atender rancherías sin vocería reconocida. En materia contractual, la Consejería Presidencial para las Regiones identificó 1.621 registros contractuales asociados al cumplimiento de la sentencia, con predominio de la contratación directa, y Colombia Compra Eficiente reconoció que el marcador asociado a la Sentencia T-302 en el SECOP es binario y no permite identificar los valores atribuibles a las medidas de cumplimiento.
77. La Sala aclara que la contratación directa no puede reputarse irregular por su sola modalidad. Sin embargo, por tratarse de un mecanismo excepcional previsto por la Ley y considerando el contexto de seguimiento al ECI declarado en La Guajira, cobra especial relevancia la segunda dimensión del sexto OCM, referido a la obligación de garantizar la imparcialidad y la transparencia en la selección de contratistas, de manera que las decisiones adoptadas puedan ser verificadas y justificadas objetivamente. Por lo tanto, su valoración jurídica exige examinar en cada caso la causal aplicable, su justificación, el respeto del deber de selección objetiva y la publicidad del proceso.
78. Lo que el sexto OCM exige es que la asignación de beneficios y la selección de contratistas sean imparciales, transparentes y verificables por las comunidades y por los órganos de control. Por ello, la Sala dispondrá productos diferenciados: una metodología pública de focalización con salvaguardas frente a la exclusión de comunidades sin vocería formal (ordinal noveno); un informe y una hoja de ruta para la reformulación del marcador T-302 en el SECOP (ordinal décimo); y una matriz consolidada de contratos, convenios y proyectos destinados al cumplimiento de los OCM, que tome como punto de partida los registros ya identificados por la Consejería (ordinal décimo primero).
79. Puntualmente, la Sala ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia deberán allegar una metodología pública y verificable de focalización de beneficiarios e intervenciones, basada en el riesgo para la vida y la salud, las necesidades insatisfechas, la cobertura efectiva y criterios territoriales y culturales. La metodología deberá prever una ruta para recibir y atender las solicitudes de comunidades y rancherías sin vocería o representación formal reconocida, la publicidad accesible de las decisiones de focalización y mecanismos de corrección de exclusiones y duplicidades injustificadas.
5.6. Quinto objetivo constitucional mínimo: línea base e interoperabilidad de la información
80. La ausencia de un sistema unificado de identificación y seguimiento de comunidades y hogares Wayuu ha dificultado la articulación interinstitucional, ha generado duplicidades en la oferta estatal y ha impedido consolidar información confiable para la toma de decisiones. La Gobernación de La Guajira y los municipios reconocieron que no cuentan con una línea base integrada ni con un protocolo de cruce de información; el DANE informó que el Registro Multidimensional Wayuu alcanzó una cobertura territorial cercana al 70 % y propuso un sistema de seguimiento basado en geocódigos comunitarios por techo y asentamiento; y el ICBF propuso una línea base Wayuu interoperable. Sin una línea base confiable no es posible focalizar, evitar duplicidades ni construir los indicadores de goce efectivo de derechos que exige el PEA.
81. La Sala valora la propuesta del DANE como herramienta para la interoperabilidad, pero advierte que no corresponde imponer a esa entidad la administración de registros administrativos o de servicios que la ley ha atribuido a otras autoridades, ni hacer obligatoria, mediante una orden dirigida exclusivamente a ella, la interoperabilidad de bases de datos de terceros. Por ello, la medida se dirigirá conjuntamente al DANE, a la Consejería Presidencial para las Regiones y a las autoridades territoriales, para que identifiquen los conjuntos de datos existentes, presenten la estrategia para culminar la caracterización pendiente del Registro Multidimensional Wayuu y propongan un protocolo de interoperabilidad con salvaguardas de habeas data y tratamiento culturalmente adecuado de la información (ordinal décimo segundo).
5.7. Octavo objetivo constitucional mínimo: representatividad, diálogo genuino y atención urgente de la niñez Wayuu
82. El Ministerio del Interior manifestó que el estudio etnológico ordenado por la Sentencia T-172 de 2019 no ha sido culminado; que la propuesta de ajuste al procedimiento de reconocimiento y registro de autoridades tradicionales exigida por el Auto 1743 de 2024 se radicó de manera extemporánea; que solo cuatro de los cuarenta delegados Wayuu previstos para el MESEPP han sido designados; y que existen actuaciones de consulta suspendidas desde 2022. Estas manifestaciones deben contrastarse con los soportes administrativos correspondientes, pero, aun en su sola formulación, revelan que la crisis de representatividad continúa siendo uno de los principales bloqueos para el diálogo genuino. La Sala reitera que la protección inmediata de la niñez Wayuu no puede supeditarse al reconocimiento registral de autoridades ni a la terminación del PEA.
83. La Sala recuerda que, mediante el Auto 1743 de 2024, ordenó al Ministerio del Interior, en coordinación con el MESEPP, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de los cuatro municipios priorizados, elaborar una propuesta de ajuste al procedimiento de reconocimiento y registro de comunidades y autoridades tradicionales, adelantar las actuaciones allí previstas para su adopción, y traducir y divulgar dicha providencia en wayuunaiki. La depuración de los registros de comunidades y autoridades ya fue prevista como contenido de ese nuevo procedimiento. Por ello, la Sala no imparte una orden autónoma de depuración, que duplicaría una obligación vigente, sino que exige un cronograma verificable para el cumplimiento de lo ordenado en el Auto 1743 de 2024, en los términos allí fijados.
84. Durante la sesión, el Ministerio del Interior asumió además el compromiso de contactar a la familia de la niña recién nacida fallecida en Uribia, y anunció que presentaría ante el MESEPP una propuesta de mecanismo de atención inmediata inspirado en el denominado principio Jordan, dirigido a que las disputas de competencia entre entidades no retrasen la atención de las niñas y los niños. La Sala entiende esa propuesta como un anuncio sujeto a evaluación y no como una regla vigente, pero considera necesario conocer su alcance y viabilidad. En consecuencia, ordenará al Ministerio del Interior presentar un cronograma detallado y sustentado de las obligaciones pendientes derivadas del Auto 1743 de 2024 y de la Sentencia T-172 de 2019 (ordinal décimo tercero) y requerirá a ese Ministerio y al de Salud y Protección Social para que informen las actuaciones adelantadas frente a los compromisos anunciados (ordinal décimo cuarto).
5.8. Articulación interinstitucional, verificación de compromisos y actuación de los órganos de control
85. El gobernador de La Guajira propuso crear una mesa institucional de alto nivel orientada a consolidar la información sobre las intervenciones estatales, identificar brechas y duplicidades y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La Sala observa que esos propósitos coinciden con la finalidad para la cual fue creado el MESEPP, de modo que la propuesta pone de presente que dicho mecanismo no está cumpliendo plenamente su función de coordinación. Más que crear una nueva instancia, corresponde fortalecer la existente. Por ello, la Sala hará un llamado a la Consejería Presidencial para las Regiones para que, en ejercicio de sus funciones dentro del MESEPP, promueva y facilite los espacios de coordinación que soliciten las entidades que lo integran, y le ordenará convocar una sesión de verificación del MESEPP con participación de los representantes Wayuu (ordinal décimo quinto).
86. La Sala recogió en la Tabla 2 los compromisos, promesas y acciones anunciados por las entidades durante la sesión técnica. Aunque esos anuncios no constituyen por sí mismos órdenes judiciales, su seguimiento es indispensable para que la sesión técnica no se agote en el registro de intenciones. Por ello, requerirá a cada entidad informar, con soportes, el estado de cumplimiento de los compromisos a su cargo (ordinal décimo sexto).
87. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación informó 125 actuaciones disciplinarias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia y la creación de un Grupo Especial de Trabajo con sede en Uribia; la Contraloría General de la República reportó 53 traslados con incidencia disciplinaria y 25 procesos de responsabilidad fiscal; y la Superintendencia Nacional de Salud informó 26 investigaciones en trámite. Dado que varias de esas actuaciones se originan en compulsas de copias y alertas derivadas de las providencias de seguimiento, y que algunas de ellas pueden haber sido remitidas a la Fiscalía General de la Nación, la Sala requerirá a los órganos de control y a la Fiscalía información sobre su estado, con observancia de las reservas legales y sin orientar el sentido de sus decisiones autónomas (ordinal décimo séptimo). Asimismo, en atención al papel de acompañamiento que la Sentencia T-302 de 2017 asignó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, les solicitará, junto con la Veeduría Ciudadana, presentar observaciones sobre los principales productos que se ordenan en esta providencia (ordinal vigésimo).
5.9. Alcance de las medidas
88. Las advertencias sobre las consecuencias del incumplimiento no constituyen una declaración anticipada de responsabilidad. Cualquier actuación coercitiva exigirá verificar la orden concreta, su comunicación, la competencia del obligado, el incumplimiento objetivo y, cuando corresponda, los presupuestos subjetivos y las garantías de defensa propias del incidente respectivo.
89. En síntesis, la Sala adopta medidas verificables para consolidar el PEA y asegurar que sus componentes técnicamente sustentados sean examinados oportunamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, en su PPI y en la programación presupuestal de las vigencias siguientes; fortalecer la transparencia de la focalización y de la contratación; identificar y recuperar la infraestructura hídrica inoperante; mejorar la interoperabilidad de la información; asegurar la participación efectiva y el diálogo genuino del pueblo Wayuu; y verificar los compromisos institucionales asumidos en la sesión técnica. Todo ello sin perjuicio de las órdenes vigentes y con el norte puesto en el goce efectivo de los derechos de las niñas y los niños Wayuu y en los indicadores de nutrición infantil que la Sentencia T-302 de 2017 fijó como referentes para la superación del ECI.
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional,
PRIMERO.- ORDENAR a la Consejería Presidencial para las Regiones, como instancia articuladora del MESEPP, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia remita a la Sala una ruta crítica de consolidación del Plan Estructural de Acción (PEA), con responsables, actividades, productos, fechas de los espacios de participación efectiva, identificación de la información faltante y mecanismos para resolver los desacuerdos interinstitucionales. La ruta deberá distinguir la consolidación técnica, el diálogo genuino con el pueblo Wayuu y las valoraciones jurídicas que eventualmente correspondan respecto de medidas concretas, e indicar la fecha de la sesión extraordinaria del MESEPP anunciada para la última semana de noviembre de 2026 y la fecha prevista para la adopción definitiva del PEA. Si esta última excede el mes de mayo de 2027, fecha comprometida por el MESEPP en la sesión técnica, la Consejería deberá justificarlo expresamente.
SEGUNDO.- ORDENAR a las entidades integrantes del MESEPP, bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para las Regiones, que a más tardar el quince (15) de diciembre de 2026 presenten a la Sala una versión técnica unificada y consolidada del PEA. Esta versión deberá construirse a partir del borrador radicado por el MESEPP el 29 de julio de 2026 bajo la administración anterior, sin perjuicio de los ajustes que el Gobierno nacional actual estime pertinentes, y considerar como insumos la propuesta «Amuliajawa sukuaipa kataou, suchirua Aloirawa sukuaipa aluwatawa wounmainpa», presentada por la Veeduría Ciudadana el 14 de noviembre de 2025; las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, comunicadas el 25 de marzo de 2026; las observaciones de la Contraloría General de la República, contenidas en el Oficio 2026EE0098508 del 12 de mayo de 2026; y el protocolo «Ayuda Colectiva, Palabra de Consejo». Deberá contener: (i) una matriz de objetivos, acciones, responsables, indicadores de goce efectivo de derechos y de resultado, líneas de base disponibles y metas, organizada por cada objetivo constitucional mínimo; (ii) los costos estimados, las fuentes potenciales de financiación y la programación plurianual, diferenciando las apropiaciones vigentes de las proyecciones; (iii) los vacíos técnicos o financieros identificados; (iv) una matriz que indique, respecto de cada uno de los documentos mencionados, los elementos incorporados y las razones de los no incorporados; y (v) en aplicación del principio de no regresividad, la justificación expresa de toda supresión de acciones o reducción de metas, coberturas, indicadores o fuentes de financiación frente al borrador del 29 de julio de 2026, con indicación de la medida que la reemplaza. Deberán documentar los espacios de participación efectiva y diálogo genuino adelantados con las autoridades y comunidades Wayuu. La consideración de estos insumos no implica que la Sala avale el contenido de alguno de ellos ni sustituye el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, y la entrega técnica no se entenderá como adopción definitiva del plan.
Además, ADVERTIR que el principio de no regresividad no impide la modificación técnica de metas, indicadores, fuentes o demás componentes proyectados del Plan Estructural de Acción. Sin embargo, toda variación deberá estar suficientemente justificada y no podrá traducirse en una disminución injustificada del nivel de protección alcanzado respecto de los derechos fundamentales cuya garantía busca asegurar dicho instrumento.
TERCERO.- ORDENAR a la Consejería Presidencial para las Regiones y al Ministerio del Interior que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, presenten una ruta de participación efectiva y diálogo genuino para la construcción y el seguimiento del PEA, con metodología territorial culturalmente adecuada, mecanismos de información en wayuunaiki, identificación de interlocutores sin exclusiones indebidas, recursos, responsables y cronograma. La ruta deberá prever cómo se identificarán, de manera oportuna, las medidas específicas del PEA que puedan requerir consulta previa, sin paralizar las demás actuaciones ni diferir la protección inmediata de los derechos fundamentales.
CUARTO.- ORDENAR a la Consejería Presidencial para las Regiones y a las entidades del MESEPP que, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de la presente providencia, remitan al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la propuesta de PEA radicada el 29 de julio de 2026 por la administración anterior, sus matrices y diagnósticos existentes, y una ficha de priorización de medidas relacionadas con agua, alimentación, salud, participación y transparencia, con los costos, fuentes y proyectos de inversión ya identificados. No se exige producir ni concertar un nuevo PEA en ese término. La Consejería y las entidades del MESEPP, deben identificar los vacíos de información y enviar a esta Sala Especial de Seguimiento, el mismo día, copia de los documentos remitidos al DNP y al Ministerio de Hacienda.
QUINTO.- ORDENAR al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, dentro de sus respectivas competencias, con la participación de la Consejería Presidencial para las Regiones y el apoyo de los sectores responsables, valoren las medidas necesarias para cumplir la Sentencia T-302 de 2017 y, cuando resulten técnicamente sustentadas y financieramente viables, propongan su integración en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y de su Plan Plurianual de Inversiones, sin supeditar ese examen a la adopción definitiva del PEA. Deberán documentar la correspondencia entre las obligaciones judiciales, los programas y proyectos propuestos, los costos, los responsables y las fuentes de financiación, e indicar motivadamente las medidas no incorporadas y las alternativas de programación. A más tardar el quince (15) de enero de 2027 rendirán un informe conjunto a la Sala y, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del proyecto definitivo de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República, remitirán una matriz de trazabilidad de sus componentes y del Plan Plurianual de Inversiones. Esta orden no impone la inclusión íntegra del PEA ni predetermina el contenido de la ley del plan.
SEXTO.- ORDENAR al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en coordinación con las secciones presupuestales responsables de agua, salud y alimentación, estructuren una ruta de programación financiera plurianual para las medidas de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. A más tardar el treinta y uno (31) de marzo de 2027 deberán informar qué iniciativas cuentan con formulación, evaluación y registro en los sistemas de inversión que correspondan, con sus costos, fuentes y cronograma, e identificar los insumos incorporados o previstos para los anteproyectos del Presupuesto General de la Nación de 2028. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación del Marco de Gasto de Mediano Plazo y del Plan Operativo Anual de Inversiones de 2028, informarán a la Sala la correspondencia de dichos instrumentos con las medidas priorizadas, las brechas y las alternativas de financiación. Para la vigencia 2027 identificarán las apropiaciones disponibles y los mecanismos presupuestales legalmente procedentes, sin presumir nuevas apropiaciones. Todo lo anterior sin sustituir las competencias de programación, aprobación y ejecución presupuestal de las autoridades respectivas.
SÉPTIMO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y en el trámite del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, tenga en cuenta las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 y de sus autos de seguimiento, así como la información que sobre su cumplimiento le suministre el Gobierno nacional.
OCTAVO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en coordinación con la Gobernación de La Guajira, ESEPGUA y los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, con el apoyo técnico del DANE para la georreferenciación y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el ámbito de sus competencias, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia complete y actualice el inventario de infraestructura hídrica cuya consolidación se ordenó en el Auto 1019 de 2026. El inventario deberá comprender la totalidad de las infraestructuras de abastecimiento de agua construidas, rehabilitadas o entregadas a comunidades Wayuu en los cuatro municipios priorizados desde 2017 y, para cada una, indicar: identificación y georreferenciación; comunidades potencialmente beneficiarias; fuente de financiación, inversión y entidad ejecutora; estado (operativa, parcialmente operativa o inoperante); causas de la inoperatividad; responsable de la operación y el mantenimiento; costos asociados; información disponible sobre la calidad del agua; y prioridad de recuperación. Además, deberán presentar a la Sala Especial, en el mismo término, un plan de intervención escalonado, con responsables, fuentes, cronograma y la estrategia de verificación del avance en las intervenciones, con información sobre su puesta en funcionamiento y las comunidades beneficiadas. Esto sin suspender el cumplimiento de las órdenes vigentes de provisión inmediata de agua.
NOVENO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, alleguen una metodología pública y verificable de focalización de beneficiarios e intervenciones, basada en el riesgo para la vida y la salud, las necesidades insatisfechas, la cobertura efectiva y criterios territoriales y culturales. La metodología deberá prever una ruta para recibir y atender las solicitudes de comunidades y rancherías sin vocería o representación formal reconocida, la publicidad accesible de las decisiones de focalización y mecanismos de corrección de exclusiones y duplicidades injustificadas.
DÉCIMO.- REQUERIR a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, informe el estado del marcador asociado a la Sentencia T-302 de 2017 en el SECOP, las limitaciones de su diseño actual y la hoja de ruta técnicamente viable para mejorar la identificación de contratos, de los valores atribuibles a las medidas de cumplimiento, de su ejecución y de las entidades responsables, con cronograma de implementación y capacitación. La información se solicita sin desconocer las competencias de cada entidad contratante ni las normas sobre publicidad y protección de datos.
DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR a las entidades nacionales y territoriales vinculadas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 que, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, presenten al MESEPP y a la Sala una matriz consolidada de contratos, convenios y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos, con enlace a su publicación oficial, modalidad de selección y causal invocada, valor total, valor atribuible a las medidas de la sentencia cuando sea posible determinarlo, estado de ejecución, interventoría o supervisión y comunidad o territorio de destino. La Consejería Presidencial para las Regiones consolidará el reporte, tomando como punto de partida los 1.621 registros contractuales ya identificados, señalará los vacíos y propondrá reglas uniformes de actualización trimestral.
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a la Consejería Presidencial para las Regiones, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia y en el marco de sus competencias legales, identifiquen los conjuntos de datos existentes; presenten la estrategia y el cronograma para culminar la caracterización pendiente del Registro Multidimensional Wayuu; y propongan un protocolo de interoperabilidad y georreferenciación de intervenciones y comunidades, basado en geocódigos comunitarios por techo y asentamiento, con estándares de calidad, responsabilidades, reglas de actualización, salvaguardas de habeas data y tratamiento culturalmente adecuado de la información de los pueblos indígenas. No se entenderá que esta orden atribuye al DANE funciones de registro administrativo que la ley haya conferido a otras autoridades.
DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR al Ministerio del Interior que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, presente un cronograma detallado y sustentado para cumplir las obligaciones pendientes derivadas del Auto 1743 de 2024 y de la Sentencia T-172 de 2019, que comprenda: (i) el estado del trámite de la propuesta de ajuste al procedimiento de reconocimiento y registro radicada el 24 de julio de 2026, con indicación de la forma en que aborda la depuración y actualización de los registros de comunidades y autoridades tradicionales; (ii) las actuaciones y fechas previstas para cumplir las demás obligaciones impuestas en el Auto 1743 de 2024, en los términos allí fijados; (iii) la culminación del estudio etnológico; (iv) la aplicación del protocolo de designación de los delegados Wayuu ante el MESEPP; y (v) la traducción y divulgación del Auto 1743 de 2024. Deberá distinguir las actuaciones concluidas, en ejecución y pendientes, y allegar los soportes correspondientes. La depuración de los registros no podrá traducirse en la exclusión de comunidades de la oferta institucional ni en el condicionamiento de la prestación de servicios esenciales a la culminación de estos trámites.
DÉCIMO CUARTO.- REQUERIR al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, informen las actuaciones efectivamente adelantadas respecto del compromiso anunciado en la sesión técnica de contactar a la familia de la niña recién nacida fallecida en Uribia y de estudiar medidas de atención, satisfacción y no repetición. Deberán informar, además, si se presentó ante el MESEPP la propuesta de mecanismo de atención inmediata inspirado en el principio Jordan, su alcance jurídico, su viabilidad y las autoridades competentes para adoptarlo. Este requerimiento no prejuzga responsabilidades individuales ni sustituye las investigaciones correspondientes.
DÉCIMO QUINTO.- HACER UN LLAMADO a la Consejería Presidencial para las Regiones para que, en ejercicio de sus funciones dentro del MESEPP, promueva y facilite los espacios de coordinación que soliciten las entidades que lo integran, y ORDENARLE que convoque una sesión de verificación del MESEPP dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, la cual podrá coincidir con la sesión extraordinaria anunciada para la última semana de noviembre de 2026. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su realización, deberá remitir el acta, las decisiones adoptadas, los responsables y la matriz de seguimiento. Deberá garantizar la participación efectiva de los representantes Wayuu conforme a las reglas aplicables y explicar las medidas adoptadas frente a las vacantes o dificultades de representación.
DÉCIMO SEXTO.- REQUERIR a las entidades que asumieron compromisos durante la sesión técnica, relacionados en la Tabla 2 de esta providencia, para que, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, informen a la Sala, con los soportes correspondientes, el estado de cumplimiento de cada uno, distinguiendo lo cumplido, lo que se encuentra en ejecución y lo pendiente. En particular, deberán informar: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre los indicadores 819 y 820 del Plan Provisional de Acción; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre la modificación reglamentaria del Decreto 1077 de 2015 anunciada para permitir que asociaciones comunitarias y autoridades Wayuu operen sistemas de pilas públicas y sobre la publicación del tablero de control; la Superintendencia Nacional de Salud, sobre la instalación de las mesas de trabajo territoriales y el estado de las veintiséis investigaciones en trámite; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre el esquema regulatorio diferencial para pilas públicas y soluciones comunitarias; el DANE, sobre la plataforma de seguimiento georreferenciada; la Consejería Presidencial para las Regiones, sobre los recursos anunciados para el proyecto de drenaje pluvial de Riohacha, con indicación de su relación con los objetivos constitucionales mínimos; y la Gobernación de La Guajira y los municipios priorizados, sobre la actualización de sus manuales de contratación y la propuesta de criterios técnicos de focalización.
DÉCIMO SÉPTIMO.- REQUERIR a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus competencias, con observancia de las reservas legales y dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, informen el estado de las actuaciones relacionadas con las compulsas de copias y alertas derivadas de las providencias de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, identificando radicado, fase, medidas adoptadas y dificultades relevantes, sin exigir la divulgación de actuaciones reservadas ni orientar el sentido de sus decisiones autónomas.
DÉCIMO OCTAVO.- PRECISAR que todas las medidas dispuestas en esta providencia son complementarias y no suspenden, sustituyen ni disminuyen las obligaciones previamente impuestas por la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento, en particular las relativas a la atención inmediata en agua, salud y alimentación. La exigibilidad de esas obligaciones no depende de la adopción del PEA ni de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Los informes deberán identificar resultados en el goce efectivo de los derechos y no limitarse a actividades o trámites.
DÉCIMO NOVENO.- ADVERTIR que el incumplimiento de órdenes judiciales concretas podrá dar lugar, previa verificación de los presupuestos legales y con respeto integral del debido proceso, a las actuaciones de cumplimiento previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y, cuando proceda, a las medidas del artículo 52 ibidem.
VIGÉSIMO.- SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, e INVITAR a la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017, para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de los productos previstos en los ordinales segundo, quinto y octavo, presenten a la Sala las observaciones que estimen pertinentes.
VIGÉSIMO PRIMERO.- DISPONER que la Secretaría General comunique esta providencia a las autoridades destinatarias, a los órganos de control, a la Defensoría del Pueblo y a la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017, y publique una versión accesible en los canales institucionales. Asimismo, ORDENAR al Ministerio del Interior que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación, divulgue una síntesis de esta providencia en wayuunaiki, de manera oral y escrita, en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Los términos fijados en esta providencia se contarán desde su comunicación, salvo cuando se establezca expresamente una fecha determinada de cumplimiento o un hecho diferente para el inicio del cómputo. Para efectos del cumplimiento de esta providencia, los días hábiles corresponden a los de las entidades destinatarias, de modo que los términos no se suspenden durante la vacancia judicial colectiva.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Esta Sala de Seguimiento reconoce que existen diferentes maneras de escribir la palabra Wayuu con la intención de referirse a este pueblo indígena. Para efectos de las providencias que se profieran se opta por escribirla como se indicó previamente (Wayuu).
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2017, f. j. 8.2.1.
[3] Ibid., f. j. 8.2.2.
[4] Ibid., f. j. 8.2.4.
[5] Ibid., f. j. 8.2.7.
[6] Corte Constitucional, Auto 480 de 2023, f. j. 77.
[7] La Sesión técnica puede observarse de manera completa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MeP1dzDQFCw
[8] Corte constitucional, Auto 480 de 2023, f. j. 24.
[9] Corte Constitucional, sentencias C-630 de 2017, SU-611 de 2017, C-415 de 2012, y C-539 de 2011.
[10] Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario, y en Centros de Detención Transitoria, Auto 066 de 2023.
[13] La información se consultó el 23 de octubre de 2026 y puede corroborarse en el siguiente enlace: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1MmEwMTAtZTQ2MC00MGE4LWJjYzUtZTdhYzhiNjJmZDMyIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9
[14] Corte Constitucional, auto 480 de 2023, f. j. 11-17