Corte Constitucional de Colombia
Sistema de búsqueda radicador de providencias

Búsqueda de providencias

Item 1    Expediente   T-7514242    Fecha sentencia   2020-01-14    Sentencia   T-001/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    FLOR ELISA ROBLES DE GAMA VS. UGPP

Tema: IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y PRESCRIPCION DE MESADAS PENSIONALES Se atribuye a la UGPP la vulneración de derechos fundamentales de la actora, una mujer de 74 años de edad, analfabeta y con múltiples afecciones de salud, al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que reclamó. La entidad resolvió desfavorablemente la petición, bajo la consideración de que la misma se formuló mucho tiempo después del fallecimiento del causante, esto es, 40 años más tarde. La peticionaria adujo que los derechos pensionales no prescriben y son de aplicación inmediata cuando están directamente relacionados con el mínimo vital de personas de la tercera edad, máxime, como en su caso, cuando tiene un delicado estado de salud que no le permite seguir trabajando para proveerse los ingresos que requiere para cubrir sus gastos mínimos. Se reitera jurisprudencia relacionada con la imprescriptibilidad de los derechos pensionales y la prescripción de las mesadas pensionales. La Corte concluye que la seguridad social y, en específico, los derechos pensionales, son irrenunciables e imprescriptibles y no pueden estar supeditados a un plazo determinado para su reclamación. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada así como del retroactivo a que haya lugar, contado éste a partir de los tres años anteriores a la solicitud del reconocimiento prestacional, hasta la inclusión efectiva en la nómina de pensionados.
Recibo Relatoria:   2020-01-16


Item 2    Expediente   T-7473841    Fecha sentencia   2020-01-14    Sentencia   T-002/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS VS. LA UNP Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Tema: DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL. El accionante, en ejercicio de su labor como Alcalde de la Localidad de Bosa, manifiesta que ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal por parte de grupos delincuenciales que azotan esa localidad, por esta razón, la UNP le asigno un esquema de seguridad teniendo en cuenta su nivel de riesgo. La UNP ordenó el ajuste del esquema de seguridad, quitándole un hombre de protección, por tal motivo considera que se le vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, a la igualdad y al debido proceso. La Sala abordó la siguiente temática: 1º. El deber del Estado en relación con la vida y la seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de amenaza, 2º. El derecho a la seguridad personal cuando se encuentra en riesgo la vida y, 3º. El programa de Prevención y Protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección. Se CONCEDE el amparo del derecho fundamental a la seguridad personal.
Recibo Relatoria:   2020-01-17


Item 3    Expediente   T-7085229    Fecha sentencia   2020-01-15    Sentencia   T-003/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    DUVAN FELIPE LINARES GOMEZ VS. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Tema: COMPAÑÍAS DE SEGUROS TIENEN EL DEBER DE PRACTICAR EXAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. El accionante sufrió accidente de tránsito, ocasionándole graves lesiones en su cuerpo, asegura que es un trabajador independiente, que a raíz del accidente no ha podido obtener recursos económicos y que no cuenta con seguridad social. Manifiesta que para poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el (SOAT) requiere de un dictamen de calificación de perdida de la capacidad laboral, aduce que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, se ha negado a garantizar la emisión de dicho dictamen, argumentado que no le corresponde asumir dicha obligación. Por tal motivo considera que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social. La Sala abordó la siguiente temática: 1º. La seguridad social como derecho fundamental y, 2º. La regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente de tránsito. Se CONCEDE el amparo del derecho fundamental a la seguridad social
Recibo Relatoria:   2020-01-20


Item 4    Expediente   T-7039987    Fecha sentencia   2020-01-15    Sentencia   T-004/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    INGRID CAROLINA DUARTE CALDERON Y ROCIO DEL SOCORRO ACEVEDO DE MARULANDA VS. UARIV

Tema: INSCRIPCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS. Se atribuye a la UARIV la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, de dos ciudadanas a quienes les negó la inscripción en el Registro Único de Víctimas, argumentando que los hechos victimizantes no se encontraban relacionados con el conflicto armado. Se abordó temática relacionada con: 1º. El concepto de víctima contemplado en la Ley 1448 de 2011, 2º. La relevancia constitucional de la inclusión en el RUV y ,3º. El impacto diferencial de la violencia armada para las mujeres víctimas del conflicto colombiano. Se CONCEDE los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados
Recibo Relatoria:   2020-01-20


Item 5    Expediente   T6494158    Fecha sentencia   2020-01-16    Sentencia   T-005/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    MIGUEL VS. COLPENSIONES

Tema: ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ Y PRESTACIÓN HUMANITARIA PERIÓDICA PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. El accionante afirmó que cuando tenía 16 años de edad fue víctima de abuso sexual por parte de integrantes de la guerrilla de las FARC/EP. Alegó así mismo, que a raíz de lo anterior contrajo VIH y fue inscrito en el RUV. Por el precitado diagnóstico se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 66.85% y se solicitó Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. La entidad negó la prestación alegando que la petición se elevó 10 años después de que fuera expedido el dictamen y que por tanto existía la necesidad de actualizar el mismo. Luego de agotar los trámites correspondientes, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez conceptuó, en última instancia, que el estado médico de la patología del accionante había cambiado, al punto que de la misma no se derivaba invalidez alguna. No obstante lo anterior, identificó una pérdida de capacidad laboral superior al 50% por causa de un diagnóstico totalmente diferente. Con esta nueva calificación Colpensiones concluyó que el peticionario no cumplía con la densidad de semanas legalmente exigida para conceder la prestación deprecada. Dada las particularidades del caso, la Sala ofició y decretó la práctica de varias pruebas para establecer si el tutelante era acreedor de la prestación humanitaria periódica de víctimas del conflicto consagrada en la Ley 418 de 1997, la cual había sido negada previamente por el Ministerio de Trabajo, por no cumplirse con los requisitos contenidos en el Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 600 de 2017. La Corte encontró que dicha cartera ministerial, a diferencia de la administradora de pensiones, sí había vulnerado garantías fundamentales, en tanto se encontraba obligada a valorar la integralidad de los hechos que circunscribían el caso del actor, los cuales daban cuenta de la titularidad de la precitada prestación humanitaria. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-01-20


Item 6    Expediente   T-7206829    Fecha sentencia   2020-01-17    Sentencia   T-006/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    ARON Y OTROS VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: DERECHO A LA NACIONALIDAD DE NIÑOS HIJOS DE VENEZOLANOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente los accionantes, ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia con Permiso Especial de Permanencia (PEP), aducen que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales a la nacionalidad y a la personería jurídica de sus hijos nacidos en Colombia, por incluir en el correspondiente registro civil la anotación “no válido para demostrar la nacionalidad”. La entidad argumentó que el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por nacimiento, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales, es que al menos uno de los padres demuestre que para la fecha del nacimiento de su hijo(a) se encuentre debidamente domiciliado en el país, situación que no sucedió con los peticionarios. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas hijos de extranjeros que se encuentran en riesgo de apátrida en Colombia, la Corte concluyó que la accionada sí vulneró garantías constitucionales de los hijos de los accionantes, al omitir considerar el riesgo de apatridia en el que se encontraban los niños en el momento del nacimiento. En ambos casos se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la entidad demandada incluir, si aún no lo ha hecho, la anotación “válida para el reconocimiento de la nacionalidad” en el registro civil de nacimiento de los menores en mención.
Recibo Relatoria:   2020-01-21


Item 7    Expediente   T-6711632    Fecha sentencia   2020-01-20    Sentencia   T-007/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    GISELL ANDREA JIMENEZ FONSECA Y OROS VS. GRUPO EDITORIAL EL PERIODICO SAS Y OTRO

Tema: ALCANCE DE LOS DERECHOS A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE, A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN DE PERSONA FALLECIDA En este caso se analiza si un medio de comunicación vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de una persona fallecida y de su familiar, al publicar en varias emisiones y sin consentimiento de la familia, una fotografía del féretro y la información sobre el difunto y las circunstancias de lo ocurrido el día del homicidio, sin que ésta corresponda con la realidad. Se aborda jurisprudencia constitucional sobre: 1º. El derecho fundamental a la libertad de información, alcances y límites. 2º. Los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, así como el alcance de estos derechos para personas fallecidas. 3º. La responsabilidad social de los medios de comunicación. 4º. La solicitud de rectificación no es exigible para publicaciones que afectan los derechos a la intimidad y a la imagen. Se CONCEDE la tutela respecto del escenario constitucional concerniente a la publicación de la fotografía que continúa apareciendo en medios virtuales del medio de comunicación demandado. Se declara la carencia actual de objeto por daño consumado en lo relacionado con la divulgación de la foto del difunto a través de los ejemplares físicos del periódico tutelado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. En cuanto a la solicitud de condenar en abstracto al medio de comunicación, la Sala consideró que no era procedente acceder a la misma.
Recibo Relatoria:   2020-01-22


Item 8    Expediente   T-7521422    Fecha sentencia   2020-01-20    Sentencia   T-008/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    JOAQUIN VS. JUZGADO CUARENTA Y OCHO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA

Tema: DERECHOS DE LOS MENORES QUE COMPARECEN A LA ACTUACION PENAL EN CALIDAD DE PROBABLES VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES. Se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a una providencia judicial proferida al interior de un proceso penal adelantado en contra del actor por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo cometido, supuestamente, a su hija, al acceder a la solicitud de la Fiscalía y decretar como medio de prueba el testimonio de la niña. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en tanto la menor ya había rendido una entrevista forense y someterla a juicio la revictimizaba. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se aborda temática referente al testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-01-22


Item 9    Expediente   T-7314759    Fecha sentencia   2020-01-20    Sentencia   T-009/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    JESUS ALBEIRO VILLADA GIRALDO VS. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Y OTROS

Tema: DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO DE VALORACION MEDICO LABORAL POR RETIRO DE LA FUERZA PUBLIC. El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la entidad demandada, al no finalizar el proceso de valoración médico laboral tras su retiro del servicio activo en el Ejército Nacional, el cual requiere para definir la pérdida de su capacidad laboral por haber adquirido enfermedades durante el servicio, así como el reconocimiento de prestaciones económicas a su favor. La accionada alegó que, aunque el peticionario inició el trámite dirigido a obtener lo que reclama, desatendió sus obligaciones al abandonar el procedimiento médico. Además argumentó la configuración del fenómeno prescriptivo del derecho. Se analiza temática relacionada con el trámite de la Junta Médico Laboral de Retiro y su importancia para la garantía efectiva de los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la Dirección de Sanidad o a la dependencia que corresponda, que proceda a realizar las actuaciones necesarias para continuar con el trámite de Junta Médico Laboral Miliar en beneficio del peticionario.
Recibo Relatoria:   2020-01-22


Item 10    Expediente   T-5823540    Fecha sentencia   2020-01-21    Sentencia   SU.011/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS VS. CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA TRIBUTARIA La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, al proferir sentencia en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en su contra por las Empresas Públicas de Medellín. Se aduce que dicho fallo incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, en tanto declaró la nulidad de los oficios mediante los cuales la Superintendencia negó a las EPM la solicitud de devolución de lo pagado en exceso por concepto de la contribución especial a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios durante los años 2008, 2009 y 2010, con fundamento en la nulidad de la Resolución que establecía la base del cálculo de esa contribución. Según la accionada, la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución en mención no tenía efectos retroactivos y, por lo tanto, no podía afectar situaciones consolidadas. Se analiza temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos. 2º. Las contribuciones especiales en servicios públicos. 3º. La potestad reglamentaria de la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de contribuciones especiales. 4º. Los efectos de la sentencia de nulidad sobre obligaciones tributarias no consolidadas y, 5º. Los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados. Por no encontrar la vulneración de los derechos fundamentales alegada, la Corte decidió declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela con respecto a los asuntos no alegados en el medio de control ordinario y negar la protección de los derechos invocados.
Recibo Relatoria:   2021-07-23


Item 11    Expediente   T-6409645    Fecha sentencia   2020-01-21    Sentencia   SU.012/20
Magistrado Ponente:Esteban Restrepo Saldarriaga (ConjuSV:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    ANA GLORIA HERNANDEZ BARBOSA VS. CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR RELIQUIDACION DE PENSION GRACIA.IMPROCEDENCIA POR CONFIGURARSE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL En este asunto se controvierten decisiones judiciales adoptadas dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral promovida por la accionante en contra de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), con el fin de obtener la reliquidación de su pensión gracia y lograr la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la causación de la pensión, mientras estuvo nombrada en comisión en un cargo administrativo. Se aduce que dichas providencias incurrieron en defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente. La actora presentó dos solicitudes de amparo que compartían idénticos hechos, partes y pretensiones. Se Aborda temática relacionada con: 1º. El fenómeno de cosa juzgada en materia de tutela; 2º. La temeridad en la acción de tutela y; 3º. La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la liquidación de la pensión gracia de docentes cuando el último cargo desempeñado es de carácter administrativo. La Corte encontró acreditada la triple identidad de las acciones de tutela presentadas por la peticionaria en los años 2013 y 2106, en tanto compartían las mismas partes e idénticos hechos y causa petendi. No obstante lo anterior, la Sala consideró que en este asunto no se presentó una acción temeraria, sino la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que la tutelante no actuó de mala fe al interponer la segunda acción. Se confirman las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2021-05-28


Item 12    Expediente   D-13235    Fecha sentencia   2020-01-22    Sentencia   C-015/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MARTHA YOHANA REYES MEDINA Y OTRA VS. LEY 1952 DE 2019

Tema: SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL INVESTIGADO, DURANTE EL PROCESO DISCIPLINARIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Las demandantes consideran que las normas acusadas vulneran las disposiciones contenidas en los artículos 152 y 153 de la Constitución, al permitir que una autoridad administrativa suspenda provisionalmente a los empleados públicos elegidos popularmente. Según las actoras, dicha disposición tiene reserva de ley estatutaria debido a que interfiere de manera desproporcionada el núcleo del derecho fundamental a ejercer el derecho político a ocupar cargos públicos. La Corte consideró que la suspensión provisional de los funcionarios de elección popular carece de reserva de ley estatutaria, por cuanto, en aplicación del criterio restrictivo de la procedencia de trámite cualificado, se constata que no tiene por objeto directo regular el derecho político de acceso a cargos públicos. Así mismo, porque no es una regulación sistemática, integral y estructural de la garantía mencionada, dado que no señala las características de la misma y, tampoco afecta el núcleo esencial de ese derecho político, ni apareja una interferencia desproporcionada, como lo advierten las sentencias C-108/95, C-406/95, C-028/06, C-086/19 y C-111/19. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-02-21


Item 13    Expediente   T-7475742    Fecha sentencia   2020-01-22    Sentencia   SU.014/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CARMEN SOFIA PEREZ ACEVEDO VS. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS-PROCEDENCIA POR DEFECTOS SUSTANTIVO Y FÁCTICO EN RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE GRACIA A DOCENTE Se atribuye a fallos judiciales la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, como consecuencia de haber negado las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró la actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Especiales para la Protección Social (UGPP), dirigidas al reconocimiento y pago de su pensión de gracia. De manera específica se aduce que dichas providencias incurrieron en desconocimiento del precedente judicial vertical y horizontal, y en los defectos sustantivo y fáctico. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La pensión de gracia, la consagración legislativa y la jurisprudencia constitucional en relación con esta prestación. 3º. La evolución normativa de los Fondos Educativos Regionales y, 4º. La posición del Consejo de Estado en relación con la situación jurídica de los docentes oficiales vinculados a través de los fondos educativos regionales. Luego de constatar que las decisiones judiciales que mantuvieron en firme los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la pensión gracia a una docente adscrita a la división de educación básica primaria incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió CONCEDER el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-12-18


Item 14    Expediente   T-7470381    Fecha sentencia   2020-01-22    Sentencia   T-012/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    HERNANDO RODRIGUEZ GIL VS. COMPARTA EPS-P Y OTROS

Tema: DERECHO A LA SALUD SE VULNERA CUANDO NO SE SUMINISTRAN MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR EL MÉDICO TRATANTE. El accionante de 55 años de edad, considera que COMPARTA EPS-P vulnera sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, ya que padece de una enfermedad catastrófica, por lo que se le ordenó el uso específico de medicamentos oncológicos, pese a que el médico tratante ordenado el suministro del medicamento la entidad accionada se ha negado a suministrar el mismo, razón por la cual su estado de salud se ha visto deteriorado de manera significativa. La Sala abordó la siguiente temática: 1º. Protección constitucional del derecho a la salud frente a patologías catastróficas, reiteración de jurisprudencia y 2º. El suministro tardío o no oportuno de los medicamentos prescritos por el médico tratante desconoce los derechos constitucionales a la salud, vida digna e integridad física de una persona, en especial cuando padece una enfermedad ruinosa y catastrófica. Se CONCEDE el amparo de los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-01-23


Item 15    Expediente   T-7311733    Fecha sentencia   2020-01-22    Sentencia   T-013/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    RAMON EMILIO MEJIA FLOREZ VS. COLPENSIONES

Tema: DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ. VULNERACIÓN POR COLPENSIONES AL NO RECONOCER PENSIÓN DE VEJEZ, POR INCUMPLIMIENTO DE SU DEBER LEGAL DE ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL Y DE LAS SEMANAS COTIZADAS El actor dice que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que reclamó y el respectivo retroactivo, con el argumento de no contar con el número de semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones exigido por la ley, a pesar de haber trabajado ininterrumpidamente por más de treinta años en dos entidades públicas. Se reiteran reglas jurisprudenciales sobre: 1º. El derecho a la seguridad social en materia pensional. 2º. La pensión de vejez y su evolución normativa. 3º. La historia laboral y su importancia para el reconocimiento de la pensión de vejez. 4º. La obligación de las administradoras de pensiones de adelantar las gestiones de cobro de los aportes pensionales que no son pagados por el empleador y el traslado de aportes desde otras administradoras, cajas o fondos de pensión. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce efectivo de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-01-23


Item 16    Expediente   T-6480577    Fecha sentencia   2020-01-23    Sentencia   SU.016/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    FUNDAZOO VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL

Tema: RECURSO DE HABEAS CORPUS NO ES EL MECANISMO PARA RESOLVER PERMANENCIA DEL OSO ANDINO CHUCHO EN UN ZOOLÓGICO, EN LA MEDIDA EN QUE SE TRATA DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCION DE LA LIBERTAD DE LOS SERES HUMANOS, DERECHO QUE NO SE PUEDE PREDICAR DE LOS ANIMALES En este caso se cuestiona la decisión judicial de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en segunda instancia revocó el fallo que declaró la improcedencia de una acción de hábeas corpus presentada en favor del oso de anteojos llamado Chucho y, en su lugar, ordenó el traslado del animal a una zona que le garantizara su bienestar en condiciones de semicautiverio. En la decisión que se dejó sin efectos se argumentó que el instrumento jurídico utilizado resultada inadecuado, por cuanto lo animales no son titulares de derechos fundamentales. Por su parte, en la decisión cuestionada en sede de tutela se sostuvo que, aunque en principio el hábeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad de circulación de las personas, eventualmente podría ser utilizado para exigir la protección de animales que, en su condición de seres sintientes y sujetos de derechos, pueden ver amenazada su integridad y sus condiciones básicas de existencia. La accionante considera que la autoridad judicial tutelada afectó gravemente el derecho al debido proceso por cuanto ignoró por completo la naturaleza jurídica del hábeas corpus, desconoció el material probatorio que daba cuenta de la verdadera situación de bienestar del oso, así como del daño que le provocaría a éste su traslado a un lugar en situación de semicautiverio y, por asignar a un animal el status de persona titular de derechos fundamentales. En síntesis, se argumentó la configuración de los defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo. Se aborda temática relacionada con: 1º. El status jurídico de los animales silvestres, en particular, de los osos de anteojos en tanto parte integral del medio ambiente y seres sintientes con valor propio y, 2º. La acción del habeas corpus. La Corte confirmó las decisiones de instancia que CONCEDIERON el amparo al derecho al debido proceso y determinó que el recurso de habeas corpus no es el mecanismo para resolver la controversia planteada en relación con la permanencia del oso andino Chucho en un zoológico, en la medida en que se trata de un instrumento de protección de la libertad de los seres humanos, que es un derecho que no se puede predicar de los animales.
Recibo Relatoria:   2021-03-08


Item 17    Expediente   T-6998967    Fecha sentencia   2020-01-23    Sentencia   T-017/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    SEUXIS PAUCIAS HERNANDEZ SOLER VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE. ACCIONANTE TOMÓ POSESIÓN DE SU CURUL COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA El ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte consideró que la Fiscalía General de la Nación vulneró sus garantías a la participación, a la paz y a la reincorporación política, así como los derechos de las víctimas, al negarse a autorizar su traslado al Capitolio Nacional con el propósito de tomar posesión en la Cámara de Representantes y asistir a las sesiones de dicha Corporación. Lo anterior, debido a que se encontraba recluido a órdenes de dicha entidad, en virtud de la captura expedida en un trámite administrativo de extradición. Así mismo consideró, que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes trasgredió su derecho fundamental de petición, al no dar respuesta a la excusa que presentó para justificar la no posesión en su curul. Teniendo en cuenta que la Sala tuvo conocimiento de que el peticionario fue puesto en libertad y tomó posesión de su curul como Representante a la Cámara en el Congreso de la República, se declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-01-28


Item 18    Expediente   T-7486101    Fecha sentencia   2020-01-27    Sentencia   T-018/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    PATERSON PALACIOS REINA VS. EMSSANAR EPS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-EPS AUTORIZÓ LA REALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS OCULAR EN OJO IZQUIERDO Se atribuye a la E.P.S. EMSSANAR la vulneración de derechos fundamentales del actor, como consecuencia de no adelantar las gestiones necesarias para la realización y adaptación de la prótesis ocular en ojo izquierdo y la atención integral que requiere para el tratamiento médico de la enfermedad que le fue diagnosticada. La entidad justificó su negativa en el hecho de que la pretensión correspondía a un procedimiento con fines estéticos que no se encontraba dentro del Plan de Beneficios de Salud. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la demandada informó a la Sala que autorizó y realizó la adaptación de la prótesis ocular, al igual que la prestación médica requerida, se declaró la improcedencia de la acción de tutela por haber operado CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria:   2020-02-03


Item 19    Expediente   T-7439545    Fecha sentencia   2020-01-27    Sentencia   T-019/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    LBV VS. ICBF Y OTRO

Tema: REVOCA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE HOMOLOGÓ SITUACION DE ADOPTABILIDAD DE MENORES DE EDAD. La accionante asegura que las entidades tuteladas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la familia, con ocasión de la determinación de declarar la condición de adoptabilidad de dos menores de edad que han sido sujetos de tres procedimientos de restablecimientos de derechos por la presunta negligencia de sus padres y núcleo familiar extenso, a pesar de que ella, en su condición de abuela paterna, está dispuesta a asumir la custodia y cuidado de los niños, así como a satisfacer sus necesidades biológicas y afectivas. La custodia de los menores no fue otorgada a la peticionaria porque las accionadas consideraron que carecía de capacidad para asumir, de manera idónea la misma, por tener una condición socioeconómica inestable, una edad muy elevada, existir un dictamen del área de psiquiatría de medicina legal en el que presuntamente se cuestionaba su idoneidad y, presuntamente, realizar prácticas de crianza maltratante. Se analiza jurisprudencia constitucional sobre. 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. 2º. El interés superior del menor y la necesidad de adoptar medidas positivas que permitan su prevalencia. 3º. El proceso de restablecimiento de derechos a menores de edad y, 4º. La adoptabilidad como última ratio en la garantía de los derechos de un menor de edad. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la sentencia cuestionada por incurrir en defecto fáctico y se ordena a la autoridad judicial que la profirió resolver sobre la homologación de la determinación de adoptabilidad referida, teniendo en cuenta en dicha decisión que debe contar con el sustento fáctico y probatorio correspondiente, así como consultar la voluntad de los menores sobre la situación que los incumbe.
Recibo Relatoria:   2020-02-03


Item 20    Expediente   D-13267    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-021/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JUAN SEBASTIAN LOMBANA SIERRA VS. DECRETO 1056 DE 1953

Tema: CÓDIGO DE PETRÓLEOS. RESERVA DE EXPLOTACIÓN DE GAS POR EL ESTADO. DIFERENCIAS DE HECHO O TÉCNICAS ENTRE EL GOBIERNO Y LOS INTERESADOS SE DIRIMEN POR PERITOS. CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN DE POZOS Y TARIFAS DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 8, 11, 27, 56 y 57 (parciales) del Decreto 1056 de 1953, por el cual se expide el Código de Petróleos. El actor alegó que las disposiciones acusadas, al conceder fuerza de sentencia con autoridad de cosa juzgada a los conceptos técnicos de expertos, desconoce el artículo 116 de la Constitución que no habilita a los peritos para administrar justicia. Así mismo, adujo que infringe el debido proceso, la segunda instancia y el derecho de acceso a la justicia, en la medida en que no se prevén etapas procesales, ni la posibilidad de controvertir el dictamen emitido. Igualmente indicó, que el carácter forzoso del peritaje previsto en la mayoría de los fragmentos cuestionados, desconoce el principio constitucional de habilitación de las partes, requerido en los casos en los cuales los particulares son investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Por encontrar que el mecanismo de controversias contenido en las expresiones acusadas fue objeto de derogatoria orgánica, la Corte se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento de fondo sobre las mismas.
Recibo Relatoria:   2020-02-21


Item 21    Expediente   D-12570    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-022/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Alejandro Linares Cantillo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    LILIANA RODRIGUEZ BURGOS Y OTROS VS. LEY 1819 DE 2016

Tema: DESCUENTOS TRIBUTARIOS. POR DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. REGISTRO DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 162 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que el aparte normativo cuestionado vulnera el artículo 15 de la Carta Política al imponer el deber de registrar información sensible, esto es, la identificación del donante, el monto de la donación, el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Alegan, que esto lesiona gravemente el derecho a la intimidad dado que tales datos, al hacerse públicos, revelan información valiosa que tiene carácter semiprivado. Destacan que, siendo las donaciones actos jurídicos sustentados en la ley civil, los actos que se celebren al interior de las entidades sin ánimo de lucro tienen protección prevalente del derecho a la intimidad, lo que implica, entre otros, que no estén obligadas a entregar los detalles de sus actos jurídicos a la sociedad, de allí que no sea posible que la autoridad tributaria los deje en manos de terceros, máxime cuando al donante le asiste el derecho de mantener su anonimato, para no evidenciar aspectos que solo atañen a su ámbito personal. La Corte consideró que la publicación del nombre de donantes en el registro web de las entidades del régimen tributario especial, que la ley entiende autorizada tácitamente por el solo hecho de la donación, resulta contraria a la autonomía del donante que quiere permanecer en el anonimato y ajena a la finalidad del registro propuesto, que busca que la comunidad conozca el destino de los recursos de las entidades sin ánimo de lucro y su direccionamiento hacia los proyectos de la misma entidad. Con base en lo anterior, dispuso Declarar EXEQUIBLE el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 162 de la Ley 1819 de 2016 por el cargo de violación del artículo 15 de la Constitución Política, salvo la expresión “la identificación del donante y” que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-05-21


Item 22    Expediente   D-13264    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-023/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    FERNANDO MONROY GOMEZ VS. LEY 1564 DE 2012

Tema: DURACIÓN DEL PROCESO. PLAZO DE UN AÑO PARA DICTAR SENTENCIA Y VENCIDO ESTE SIN QUE SE HAYA PROFERIDO, EL JUEZ PERDERÁ COMPETENCIA Y DEBERÁ REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUEZ QUE SIGUE EN TURNO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. A juicio del demandante, la disposición normativa acusada vulnera el artículo 229 de la Constitución Política. Luego de revisar el asunto la Corte encontró acreditada la configuración de la cosa juzgada constitucional respecto de los incisos segundo, sexto y octavo del artículo 121 del CGP y la ineptitud sustantiva de la demanda frente a los demás contenidos normativos de la disposición objetada. Frente al primer escenario la Sala dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-443/19 y, en relación con el segundo se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento alguno por no haberse construido el concepto de violación, indispensable para un fallo de fondo. Ello, porque no se presentaron argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes ni suficientes que constituyeran un auténtico cargo de inconstitucionalidad.
Recibo Relatoria:   2020-06-16


Item 23    Expediente   D-13270    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-024/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    EDWIN PALMA EGEA VS. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Tema: HUELGA. ILEGALIDAD DE LA SUSPENSIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO, POR INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 431, 446 y 450 (parciales) del Código Sustantivo del Trabajo. El demandante argumentó que el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa de la vulneración de los artículos 53, 56 y 93 de la Constitución, así como del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización de la Organización Internacional del Trabajo. La falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del cargo formulado llevó a la Corte a declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 24    Expediente   D-13323    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-025/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JUAN CAMILO QUIROZ CORREDOR VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: REGISTRO DE PERSONAS Y SUS BIENES. PUEDE INCLUIR EL CONTACTO FÍSICO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS QUE ESTABLEZCA LA POLICÍA NACIONAL. QUIEN SE RESISTE AL REGISTRO PODRÁ SER CONDUCIDO A UNA UNIDAD DE POLICÍA DÓNDE SE REALIZARÁ EL MISMO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 159 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El demandante considera que la norma cuestionada vulnera los artículos 15 y 29 de la Constitución. La Corte se INHIBIÓ para pronunciarse de fondo, al encontrar que la demanda formulada es inepta por no contener argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes para habilitar un juicio de constitucionalidad.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 25    Expediente   D-13284 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-026/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA Y OTROS VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: ARANCELES ADUANEROS. SE DEMANDA LA REGULACIÓN EN LA LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DE LOS ARANCELES ESTABLECIDOS A LA IMPORTACIÓN DE TEXTILES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. En tres demandas formuladas de manera independiente los actores señalan que el Legislador desbordó su competencia constitucional al determinar de manera detallada en la ley cuestionada asuntos arancelarios relacionados con política comercial, los cuales son competencia de la rama ejecutiva del poder público. También alegaron la trasgresión del principio de unidad de materia, en la medida en que el establecimiento del arancel a las importaciones no tiene conexidad directa ni inmediata con las bases, los objetivos y las estrategias de la mencionada norma. La Corte encontró que el Congreso desbordó su competencia en materia de leyes marco, al entrar a regular directamente aranceles que deben ser fijados por el Gobierno Nacional como parte de la política comercial. Así mismo, estableció que no existe una conexión teleológica, ni un vínculo directo e inmediato entre los objetivos del Plan, y su explicación en el documento anexo de la ley sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo adoptado por la Ley 1955 de 2019 y la imposición de aranceles a los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas nacional, relacionados con prendas y complementos de vestir. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 26    Expediente   D-12429    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-027/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JUAN CAMILO MERGESH CARRASCO VS. LEY 1437 DE 2011

Tema: PÉRDIDA DE INVESTIDURA. TITULARIDAD Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 143 y 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El demandante aduce que las normas cuestionadas, al regular, en su orden, la pérdida de investidura y los términos de caducidad, incurrieron en una omisión legislativa relativa al no prever un término para iniciar el proceso. En tal medida alegó la vulneración de los artículos 28 y 29 de la Constitución, que prohíben las penas y medidas de seguridad imprescriptibles y el derecho fundamental al debido proceso, en particular, su componente de seguridad jurídica. La falta de especificidad y suficiencia de la demanda llevaron a la Corte a declararse INHIBIDA para proferir un pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 27    Expediente   D-13340    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-028/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    DIEGO ALEJANDO CONTRERAS ARIAS VS. CODIGO CIVIL

Tema: LEGADO DE COSA AJENA A UN DESCENDIENTE O ASCENDIENTE LEGÍTIMO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1165 (parcial) del Código Civil. El demandante considera que la expresión acusada quebranta mandatos superiores como la dignidad humana (art. 1°), la igualdad (art. 13), disposición da a entender que éstos no son dignos del derecho en razón a su origen familiar. Es decir, discrimina a los descendientes por adopción, extramatrimoniales e incluso a los de crianza, así como a los ascendientes que no tengan el vínculo los fines esenciales del Estado (art.2) y los derechos de la familia (art. 42), al excluir a los ascendientes y descendientes del testador que no provienen del matrimonio, de recibir un legado de especie de cosa ajena. Argumenta, que la matrimonial. La Corte declaró INEXEQUIBLE la expresión “legítimo” demandada, por desconocer los artículos 1°, 2, 13 y 42 de la Constitución Política, en cuanto consagra un trato discriminatorio por razones de origen familiar y promueve un efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje empleado en dicha norma. A juicio de la Corporación, la supresión de la citada expresión coadyuva al propósito de evitar interpretaciones equívocas de la norma contrarias a la Carta, sin que ello implique alterar el contenido teleológico de la disposición en que se inscriben.
Recibo Relatoria:   2020-03-31


Item 28    Expediente   D-13342    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   C-029/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    HAROLD SEBASTIAN VARGAS SUAREZ VS. CODIGO CIVIL

Tema: DONACIONES. ACEPTACIÓN O ACCIÓN DE REVOCATORIA DE DONACIÓN POR DESCENDIENTE O ASCENDIENTE LEGÍTIMO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1468, 1481 y 1488 (parciales) del Código Civil. El demandante considera que las expresiones “legítimo” y “legítimos” contenidas en los preceptos acusados son contrarias a lo dispuesto en los artículos 13 y 42 de la Constitución, al promover un trato discriminatorio entre los hijos por razón de su filiación u origen familiar. La Corte declara la INEXEQUIBILIDAD de los vocablos demandados por suponer un efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje empleado, en tanto mantiene la discriminación para aquellos hijos cuyo lazo filial es identificado históricamente como ilegítimo. Precisa la Sala que, en adelante debe entenderse que la aceptación de donaciones, la resolución de la donación entre vivos y el donante impedido para ejercer la acción revocatoria, se encuentra entre otros, en cabeza de los hijos y/o descendientes, sin importar cuál es el origen del parentesco.
Recibo Relatoria:   2020-02-19


Item 29    Expediente   T-6544419    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   SU.020/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Alberto Rojas Ríos SV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    DROGUERIAS ELECTRA LTDA VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA SUBSECCION B

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR NO CONFIGURARSE DEFECTOS ALEGADOS EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA En este caso la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado violó derechos fundamentales, al expedir una sentencia dentro de un proceso de reparación directa adelantado por Droguerías Electra Ltda, en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), con ocasión de la ejecución de un contrato cuyo objeto era el suministro de medicamentos y productos farmacéuticos. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y fáctico. La Corte no encontró configurado ninguno de los defectos alegados, en tanto la Corporación demandada no realizó una interpretación judicial irrazonable sobre la ausencia de enriquecimiento sin causa, ni vulneración alguna de los derechos al debido proceso y a la igualdad. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-05-28


Item 30    Expediente   T-6427652 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-01-29    Sentencia   T-030/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    DIANA MARCELA OCAMPO VILLEGAS Y OTROS VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA Y OTROS

Tema: DERECHO A LA EDUCACION DE MENORES A CUYA INSTITUCION EDUCATIVA LE FUE RETIRADO EL SERVICIO DE INTERNET. En un primer caso los accionantes, actuando en representación de sus respectivos hijos, consideran que la suspensión injustificada del servicio de internet en el establecimiento rural donde adelantan los estudios los menores de manera gratuita y bajo el método de enseñanza denominado escuela nueva, vulnera sus derechos fundamentales. La justificación de la entidad demandada fue la reducción ostensible de recursos girados por el Ministerio de Educación; el hecho de no ser un servicio indispensable para la garantía del derecho a la educación y que la destinación de recursos debe realizarse con base en el orden de prioridades establecidos en la ley. En el otro asunto el demandante alega que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones trasgredió las garantías a la igualdad, de petición y al debido proceso debido a que, a pesar de las diferentes peticiones que ha elevado para la instalación del servicio de telefonía (voz y datos) en la vereda donde reside, no ha recibido respuesta de fondo sobre el particular. En el primer expediente se analizó temática relacionada con el alcance del derecho fundamental a la educación de menores de edad que estudian en escuelas rurales y se concluyó que, la falta de prestación del servicio de internet vulnera la precitada garantía, por desconocimiento de la prohibición de adoptar medidas regresivas sin una justificación constitucionalmente razonable. Con base en lo anterior se concedió el amparo invocado. En el segundo caso se declaró la improcedencia de la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Ello, porque no se encontraron cumplidos los parámetros para la procedencia excepcional del amparo y porque el peticionario contaba con la acción popular como mecanismo judicial para solicitar el análisis de la pretensión que planteó ante el juez de tutela.
Recibo Relatoria:   2020-02-05


Item 31    Expediente   T-7015882    Fecha sentencia   2020-01-30    Sentencia   T-031/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ANDREA LILIAN URIBE PEÑA VS. MINISTERIO DEL TRABAJO, DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA Y OTRO

Tema: LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES. La problemática planteada en este asunto tuvo origen en un conflicto de índole personal suscitado entre dos servidores públicos que compartían la misma posición jerárquica dentro de la Dirección Territorial Arauca del Ministerio de Trabajo, el cual trascendió al ámbito laboral al afectar negativamente el ambiente de trabajo y el desempeño de sus funciones. Según la peticionaria, tanto la entidad como el servidor público vulneraron sus derechos fundamentales. La primera, por no adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección de sus garantías fundamentales luego de que formulara queja por acoso laboral y, el segundo, por la publicación que realizó en su muro de Facebook, a través de la cual la acusó de maltrato de menores, supuestamente por realizar comentarios burlescos acerca de la hija de aquel, en la misma red social. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre en el ordenamiento constitucional. 2º. El derecho a la libertad de expresión y, 3º. La precitada garantía en internet y redes sociales. Se declara la improcedencia de la acción de tutela respecto de la acusación formulada en contra del Ministerio de Trabajo, por ausencia del requisito de subsidiariedad. Respecto a la vulneración de derechos por la publicación hecha en Facebook se declara la carencia actual de objeto, toda vez que el accionado la retiró de la plataforma digital.
Recibo Relatoria:   2020-02-04


Item 32    Expediente   T-7025806    Fecha sentencia   2020-01-30    Sentencia   T-032/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    REPRESENTANTE LEGAL DE PROSEGUIR IPS VS. MARIA DEL PILAR JIMENEZ RODRIGUEZ Y OTROS

Tema: DERECHO A LA VIDA DIGNA DE PERSONA RECLUIDA EN CENTRO HOSPITALARIO MAS DE CUATRO AÑOS. La representante legal de Proseguir IPS, actuando en representación de un ciudadano que sufrió un evento cerebrovascular hemorrágico, considera que los accionados vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna y a la asistencia familiar al no haber concurrido, en calidad de parientes de su prohijado, a garantizar su egreso de la unidad clínica donde se encuentra internado, por cuanto la permanencia innecesaria en dicha IPS pone en riesgo su integridad ante la posibilidad de contagiarse con infecciones propias del entorno clínico, y afecta la capacidad de atención del centro médico. La Agente Oficiosa aclaró que no busca una atención médica especializada para atender las secuelas del evento referido, sino una serie de apoyos para el desarrollo de las tardes cotidianas, las cuales constituyen servicios asistenciales que deben ser asumidos por los familiares cercanos, en virtud del principio de solidaridad. Se reitera jurisprudencia relacionada con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y el alcance del deber de solidaridad de la familia con sus parientes en situación de vulnerabilidad por razones de salud. Se declara IMPROCEDENTE el amparo invocado por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante lo anterior y en virtud de las facultades ultra y extra petita del juez constitucional, se TUTELA el derecho a la vida digna de agenciado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho amparado.
Recibo Relatoria:   2020-02-04


Item 33    Expediente   JUZGADO 26 DE FAMILIA DE BOGOTA    Fecha sentencia   2020-01-30    Sentencia   T-033/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    EMS VS. SMA Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESOLVIÓ PROCESO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DE MENORES DE EDAD. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión judicial adoptada dentro de un proceso de custodia y cuidado personal, régimen de visitas y cuota alimentaria iniciado por el actor y que resultó adverso a sus pretensiones. Se aduce que dicha providencia incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. Estando en sede de revisión el proceso se allegó a la Sala un informe sobre la situación emocional, social, académica, económica y de salud de los niños, al igual que una serie de situaciones relacionadas con un contexto de violencia basada en el género, con graves denuncias por riesgo de muerte. Se estudian los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos sustantivo y fáctico como causales específicas de procedibilidad. 3º. El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 4º. El derecho de éstos a ser escuchados como componente esencial del precitado principio y, 5º. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo invocado y se corre traslado a la Fiscalía General de la Nación de los hechos denunciados por la madre de los menores sobre el peligro al que considera están expuestos ella y sus hijos, para que de conformidad con las funciones que le son propias adelante las actuaciones que considere pertinentes sobre el particular.
Recibo Relatoria:   2020-02-03


Item 34    Expediente   D-13211    Fecha sentencia   2020-02-05    Sentencia   C-034/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Alejandro Linares Cantillo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    EDIER ESTEBAN MANCO PINEDA VS. LEY 797 DE 2003

Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. BENEFICIARIOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. El demandante considera que la disposición acusada es contraria a lo dispuesto en los artículos13 y 44 de la Constitución Plítica de 1991, así como al artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior, porque la norma no incluyó como titulares de la pensión de sobrevivientes a los hermanos menores de edad que carecen de alguna condición de discapacidad y que dependen del causante. Para el actor, el artículo demandado contiene una omisión legislativa relativa, al no reconocer a este tipo de beneficiarios. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la disposición cuestionada, bajo el entendido de que también incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los hermanos menores de edad que dependían económicamente del afiliado o pensionado fallecido, a falta de madre y padre.
Recibo Relatoria:   2020-06-04


Item 35    Expediente   D-13305    Fecha sentencia   2020-02-05    Sentencia   C-035/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    DANIELA PEREZ PEÑA VS. LEY 906 DE 2004

Tema: DERECHO A LA INFORMACIÓN. INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRAR LA FISCALÍA, ENTRE OTROS, A LA VÍCTIMA Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 136 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. La actora considera que la expresión “A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima,” desconoce los artículos 1, 20, 23 y 74 de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad -este último por vía del artículo 93 Superior, referente a los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-. En su opinión, la exigencia de demostrar sumariamente la calidad de víctima para recibir información cuando no existe causal alguna de restricción o reserva, resulta desproporcionada y excesiva en tanto vulnera el derecho de acceso a la información pública, el derecho de petición y la totalidad de los derechos fundamentales civiles y políticos asociados a los instrumentos internacionales indicados, en tanto compromete el carácter participativo y democrático del Estado colombiano, limita la materialización del derecho a participar en las decisiones que afectan o puedan llegar a afectar los legítimos intereses y derechos de los habitantes del país, y restringe el deber de las entidades públicas de suministrar oportunamente la información requerida. La falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos formulados contra la norma legal que exige acreditar la calidad de víctima para acceder a la información que suministra la Fiscalía en relación con la investigación penal, no permitió a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo. Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corporación se declaró INHIBIDA
Recibo Relatoria:   2020-05-12


Item 36    Expediente   D-13300    Fecha sentencia   2020-02-05    Sentencia   C-036/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    MARIA PAULA MARTINEZ AREVALO VS. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Tema: PREAVISO A TERMINACIÓN DE CONTRATO PARA TRABAJADORES DE SERVICIO DOMÉSTICO Y CHOFERES DEL SERVICIO FAMILIAR Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 103, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo. A juicio de la demandante, la disposición acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución. Teniendo en cuenta que la norma objeto de censura no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico y que adicionalmente no está produciendo efectos jurídicos, la Corte decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la carancia actual de objeto. Sobre el particular precisó que, el preaviso no es una causal genérica para finalizar un vínculo laboral a término indefinido y que solamente se exige en casos taxativos, en virtud de la derogación del art. 48 del Código Sustantivo del Trabajo.
Recibo Relatoria:   2021-02-19


Item 37    Expediente   D-13333    Fecha sentencia   2020-02-05    Sentencia   C-037/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    DIANA ALEXANDRA HEREDIA FLOREZ Y OTRO VS. DECRETO 410 DE 1971

Tema: OFERTA DE MERCADERÍAS. SOLO SERÁN OBLIGATORIAS CUANDO SE DIRIGEN A PERSONAS DETERMINADAS, SI NO SE HACE SALVEDAD ALGUNA A DICHA OFERTA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 847 (parcial) del Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio. A juicio de los demandantes, la disposición demandada vulnera el preámbulo y los artículos 2, 13, 78, 333 y 334 de la Constitución Política, los artículos 5 y 11 de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (Resolución 39/248 de 1985), y los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, porque supone una clara relación de desventaja entre productores y/o comercializadores y consumidores, además de un trato discriminatorio en la medida en que da un trato desigual a los consumidores en diferencia a su calidad de determinados e indeterminados dentro de la relación comercial que nace con ocasión de la oferta de mercaderías. La ausencia de certeza, pertinencia y suficiencia del cargo de igualdad planteado respecto de la no obligatoriedad de las ofertas de mercaderías, condujo a la Corte a INHIBIRSE de dictar un fallo de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-06-03


Item 38    Expediente   D-13160    Fecha sentencia   2020-02-05    Sentencia   C-039/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO VS. LEY 397 DE 1997

Tema: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. DECOMISO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS EN TENENCIA DE PARTICULARES Y RESTITUCIÓN A LA NACIÓN. Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 15 (parciales) de la Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. La demanda fue admitida en aplicación del principio pro actione con base en el cual, “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento de los requisitos de la demanda se resuelva a favor del accionante” de manera que, en análisis posterior, se decida sobre la satisfacción de los mismos. En este caso se admitió por el argumento relacionado con la aparente vulneración del artículo 58 de la Carta, por haber desconocido el régimen constitucional de protección a la propiedad privada. No obstante lo anterior, la Corte advirtió la existencia de la ineptitud sustantiva de la demanda pues, aunque el actor expuso argumentos que resultan claros en tanto siguen un curso de exposición comprensible, incumplen los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia, necesarios para que se configure un verdadero cargo de inconstitucionalidad en los términos que lo ha exigido la Corporación. Por lo anterior, la Sala Plena se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-05-29


Item 39    Expediente   D-12329    Fecha sentencia   2020-02-06    Sentencia   C-038/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Julio Andrés Ossa Santamaría (Conjuez)
Demandante / Demandado    HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA VS. LEY 1843 DE 2017

Tema: DETECCIÓN INFRACCIONES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO Y EL CONDUCTOR. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones. Considera el actor que la norma cuestionada, al establecer una responsabilidad solidaria del propietario, por las contravenciones realizadas por el conductor del vehículo, detectadas por medios tecnológicos, omite la necesidad de demostrar la culpabilidad del propietario, exigencia clara del artículo 29 de la Constitución, porque le impone la carga de responder por una transgresión cometida por otra persona. A su juicio, la norma permitiría endilgarle responsabilidad al propietario del vehículo aun sin demostrar que fue él quien cometió la infracción. Concluye la Corte que la responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo, por las infracciones detectadas por medios tecnológicos (fotomultas), es inconstitucional, al no exigir expresamente, para ser sancionado con multa, que la falta le sea personalmente imputable y permitir, por lo tanto, una forma de responsabilidad sancionatoria por el hecho ajeno. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-06-01


Item 40    Expediente   D-13337    Fecha sentencia   2020-02-06    Sentencia   C-040/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO Y OTROS VS. LEY 1941 DE 2018

Tema: ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL (ZEII) PARA GARANTIZAR UNA ACCIÓN UNIFICADA, SOSTENIDA E INTEGRAL DEL ESTADO EN REGIONES AFECTADAS POR CRIMINALIDAD QUE AFECTE LA SEGURIDAD NACIONAL. Acción Pública de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 11006 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. En dos demandas formuladas de manera independiente se presentaron en total cinco cargos diferentes. Luego de hacer un análisis pormenorizado de los cuestionamientos formulados, la Corte consideró que los planes, medidas e inversiones en zonas estratégicas de intervención integral deben respetar la autonomía territorial y guardar coherencia con el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con base en lo anterior, decidió declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo demandado en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación, y guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto.
Recibo Relatoria:   2020-09-07


Item 41    Expediente   T-7182312 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-06    Sentencia   SU.041/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    MARTHA INES ARIAS DUQUE VS. FOMAG Y OTROS

Tema: DERECHO DE PETICIÓN DE DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL FRENTE A LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS En quince procesos diferentes los actores, docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), instauraron las acciones de tutela buscando el reconocimiento y/o pago de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías parciales o definitivas. En tres de estos casos, las solicitudes buscaban el cumplimiento de sentencias proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, que ordenaron el reconocimiento y pago de dicha sanción. Todas estas peticiones fueron formuladas entre octubre de 2017 y diciembre de 2018; es decir, después de expedidas las sentencias de unificación SU.336/17 de la Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo de Estado, las cuales pusieron fin a la discusión frente a la aplicación de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, a los docentes del sector público y, con esto, la procedencia del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación extemporánea del auxilio de cesantías. Las entidades demandadas no dieron respuesta de fondo a las solicitudes de los docentes y las respuestas tampoco fueron obtenidas en el trámite de instancia de las acciones constitucionales. La Corte entró a determinar si las accionadas vulneraron el derecho de petición de los actores al no darles respuesta de fondo a las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria y, si la falta de previsión de un periodo de transición para efectuar el reconocimiento y pago de dicha sanción a partir de lo expuesto en los fallos de unificación precitados derivó en el quebrantamiento de los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de sus prestaciones sociales. Se aborda temática relacionada con 1º. La naturaleza jurídica de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías. 2º. La línea jurisprudencial sobre el pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales derivada de la cancelación de las cesantías, tanto en la jurisdicción constitucional como en la justicia contencioso administrativa y, 3º. El sustento normativo y jurisprudencial que respalda la definición de períodos de transición, en casos de reconocimiento de prestaciones económicas. Se AMPARA el derecho de petición.
Recibo Relatoria:   2020-08-10


Item 42    Expediente   T-7518777    Fecha sentencia   2020-02-06    Sentencia   T-042/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    AGM VS. UNION TEMPORAL TOLIHUILA

Tema: DERECHO A LA SALUD DE MENOR BAJO CUSTODIA DE AFILIADO AL FOMAG. La accionante, actuando como agente oficiosa de una nieta de cuatro años de edad que se encuentra bajo su custodia y cuidado personal provisional en virtud de una resolución emanada de una comisaría de familia, considera que las entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales de la niña al desvincularla del Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al igual que negarse a afiliarla nuevamente como beneficiaria de los servicios médicos asistenciales, bajo el argumento de no tener la custodia definitiva sobre ella y, por ende, no tener la posibilidad de incluirla en el régimen de excepción. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho a la salud de los menores de edad. 2º. La accesibilidad como elemento esencial de la precitada garantía. 3º. El régimen exceptuado de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, 4º. Generalidades de la custodia y el alcance de la custodia provisional en el derecho a la salud. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena al FOMAG mantener activa la afiliación de la menor a su Subsistema de Salud en calidad de beneficiaria de su abuela, durante el tiempo que la custodia de la niña permanezca a su cargo. Igualmente, se previene a este Fondo para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en la acción vulneradora que dio lugar al presente amparo. Se ordena a la Supersalud que, en cumplimiento de su función de inspección, vigilancia y control, inicie la investigación correspondiente con ocasión de los hechos del presente asunto.
Recibo Relatoria:   2020-02-12


Item 43    Expediente   T-7461559    Fecha sentencia   2020-02-10    Sentencia   T-043/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    DORA PATRICIA RAMIREZ MONSALVE VS. CORPORACION EDUCA SAS

Tema: PROTEGE LOS DERECHOS AL TRABAJO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE MUJER DOCENTE EN ESTADO DE EMBARAZO A QUIEN NO SE LE RENOVÓ CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO POR CAUSA DE SU EMBARAZO. La accionante tuvo una relación laboral como docente con la sociedad demandada durante dos años, a través de dos contratos de trabajo a término fijo cuyos extremos finales fueron el mes de noviembre de cada año. Por conversaciones sostenidas con las directivas de la institución, al igual que por algunos mensajes de Waths App que recibió de la misma, la peticionaria tenía la expectativa de que el vínculo contractual sería renovado para el siguiente período lectivo. La anterior situación no sucedió, supuestamente, porque comunicó que se encontraba en estado de gravidez. La accionada adujo por su parte que para el momento en que conoció sobre el embarazo de la peticionaria no mediaba relación laboral alguna entre ellas y que la determinación reprochada se debió a necesidades de la empresa. El juez de primera instancia concedió el amparo de manera transitoria. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela entre particulares. 2º. La protección jurídica a la mujer en estado de gestación o lactancia y la cláusula constitucional de no discriminación y, 3º. Aproximación a la prueba electrónica y el valor probatorio atenuado de las capturas de pantalla o “pantallazos” extraídos de la aplicación Waths App. Se CONCEDE la protección definitiva de los derechos al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación. Se ordena a la tutelada ofrecer disculpas a la peticionaria, de forma escrita, reconociendo que la conducta censurada constituyó una actuación contraria a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de 1991, particularmente la prohibición de discriminar mujeres que se encuentren en estado de gestación o lactancia.
Recibo Relatoria:   2020-02-13


Item 44    Expediente   T-7422954 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-10    Sentencia   T-044/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    FRANK FREDY FERNANDEZ Y OTRO VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR

Tema: LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores, personas que se encuentran privadas de la libertad y que manifiestan, en su orden, profesar la religión musulmana y la nazarena, consideran que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades carcelarias por actuaciones que tienen que ver con la obligación de utilizar uniforme cuando son conducidos a diligencias externas al penal, y la prohibición de ingresar al área de alimentos por usar barba. Según los actores, estas obligaciones irrespetan sus convicciones religiosas. Se reiteran las reglas que ha fijado la jurisprudencia constitucional para resolver debates suscitados con el ejercicio de la libertad de cultos en centros de reclusión y se adoptan las decisiones pertinentes, de acuerdo a las particularidades de cada caso.
Recibo Relatoria:   2020-02-13


Item 45    Expediente   D-12138    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-045/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    MARIA FERNANDA RUBIO MARROQUIN VS. LEY 1819 DE 2016

Tema: REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PERSONAL Y DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA QUE RIGE LA DIAN. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 y 337 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que las normas acusadas desconocen la dignidad humana (art. 1 CP), el derecho a la igualdad (art. 13 CP) y el principio de unidad de materia (art. 158 CP). Por la derogatoria de las disposiciones que regulaban aspectos de la carrera de los empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Corte se INHIBIÓ de proferir una decisión de fondo sobre su constitucionalidad, por carencia actual de objeto.
Recibo Relatoria:   2020-05-29


Item 46    Expediente   D-13382    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-046/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS SALAZAR TORRES Y OTRO VS. LEY 1819 DE 2016

Tema: IMPUESTO AL CARBÓN. OMISIÓN DEL CARBÓN COMBUSTIBLE DENTRO DEL GRAVAMEN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 222 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la expresión cuestionada es incompatible con lo previsto en los artículos 13, 79, 80, 95 y 338 de la Constitución. Solicitaron la declaratoria de inexequibilidad o, en su defecto, la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el carbón sí está gravado con el Impuesto al Carbono y que le corresponde la tarifa que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en el inciso primero del artículo demandado. Dado que ninguno de los cargos planteados tiene aptitud sustancial, la Corte decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-02-28


Item 47    Expediente   D-13345    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-047/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JEP. FACULTAD DEL DIRECTOR DE ESTA UNIDAD PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, AL IGUAL QUE PARA ASIGNAR Y MODIFICAR LA PLANTA DE PERSONAL QUE CORRESPONDE A CADA DEPENDENCIA Y PARA ESTABLECER EL MANUAL DE REQUISITOS Y FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS EMPLEOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 141 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La demandante aduce que la disposición acusada contradice lo dispuesto en los artículos transitorios 5 (parágrafo 2) y 7 (inciso 9) del Acto Legislativo 01 de 2017, y 1º (inciso 2º) del Acto Legislativo 02 de 2017. La Corte se INHIBIÓ de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la norma que reconoce autonomía administrativa y presupuestal a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, porque fue derogada tácitamente por los artículos 110 (numerales 2, 3 y 8) 111, 123 y 124 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, porque sobre los apartes del mismo artículo que atribuye autonomía técnica a esa entidad operó el fenómeno de la derogatoria orgánica, pues dicha materia fue integralmente regulada por los artículos 21 y 86 a 89 de la mencionada Ley Estatutaria. Concluye la Sala que en el presente caso se presentó el fenómeno de la carencia actual de objeto por dirigirse la demanda contra una norma sobre la que operó una derogatoria tácita y orgánica que no produce efectos jurídicos comprobados, ni tienen la potencialidad ni la vocación de producirlos.
Recibo Relatoria:   2020-02-28


Item 48    Expediente   D-13348    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-048/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA Y OTROS VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. AUTORIZACIÓN DE PRESENCIA PERMANENTE DE CANINOS QUE ACOMPAÑAN COMO GUÍA A SU DUEÑO. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “que como guías” contenida en el parágrafo 1º del artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que la frase cuestionada no solo vulnera el artículo 13 de la Constitución, sino que incurre en una omisión legislativa relativa, debido a que autoriza solamente la presencia de perros guías que acompañan a su dueño o tenedor con discapacidad visual en ciertos lugares, excluyendo a las personas con limitaciones diferentes que requieren la compañía de un canino de asistencia para ingresar a lugares públicos, abiertos al público o a edificaciones públicas. Por existir una coincidencia entre la expresión demandada y la contenida en el numeral 2º del artículo 124 ibídem, la Corte decidió hacer una integración normativa. La Sala Plena concluyó que el Legislador incurrió en omisión legislativa relativa que desconoció los mandatos de promoción y especial protección previstos en favor de las personas en situación de discapacidad, lo que a su turno generó una situación de discriminación en contra de las personas que no fueron contempladas como beneficiarias de las normas acusadas. La Corporación decidió proferir una sentencia integradora de tipo aditivo y declaró EXEQUIBLE el aparte cuestionado y el integrado, en el entendido de que también incluyen a los caninos de asistencia que acompañan a las personas en situación de discapacidad.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 49    Expediente   D-13367    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-049/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO Y OTRO VS. LEY 42 DE 1993

Tema: MULTAS IMPUESTAS POR LA CONTRALORÍA. HASTA DE CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, POR ENTORPECER LA LABOR DE CONTROL FISCAL O NO DAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES SOLICITADOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Los accionantes consideraron que la norma que fija el tope de la multa; la que señala como conducta que da lugar a la multa aquella de entorpecer o impedir, de cualquier manera, el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las Contralorías; y la que también establece como conducta coercible la de no suministrar oportunamente a las contralorías las informaciones solicitadas, son contrarias a los artículos 1, 6, 15, 29, 74 y 124 Superiores. Al efecto, solicitaron, de manera principal, que fueran declaradas inexequibles y, subsidiariamente, condicionar su exequibilidad a un entendimiento ajustado a la Constitución. La ausencia de certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la norma que regula las multas que pueden imponer los Contralores, condujo a que la Corte INHIBIRSE de proferir una decisión de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-06-02


Item 50    Expediente   D-13401    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-050/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    BLANCA IRENE LOPEZ GARZON Y OTROS VS. LEY 1922 DE 2018

Tema: COMPETENCIA DE LA JEP. EXCLUSIVA Y PREVALENTE. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Los actores consideran que el parágrafo acusado, según el cual la JEP es competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, desconoce la reserva de ley estatutaria por haber modificado vía ley ordinaria la competencia material de la JEP. La Corte declaró exequible el parágrafo demandado, excepto la expresión “relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno” que lo declaró INEXEQUIBLE, por desconocer la reserva de ley estatutaria y el ámbito de competencia de la justicia transicional establecido por la Constitución.
Recibo Relatoria:   2020-02-27


Item 51    Expediente   D-13314    Fecha sentencia   2020-02-12    Sentencia   C-051/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    BLANCA GISELL MESA ARDILA VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. ATAQUE CON SPRAY, ROCIADORES Y GAS PIMIENTA. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 7 (parcial) del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante considera que la expresión demandada es incompatible con lo previsto en los artículos 2, 4, 5, 9, 11, 22, 24, 58 y 93 de la Constitución; 3, 12 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, por calificar el porte de sprays, rociadores, aspersoles o aerosoles de pimienta como una conducta contraria a la convivencia. Esto, porque afecta la seguridad de las personas y la legítima defensa de derechos como la vida y la libertad, frente al fenómeno de la delincuencia. La Corte evidenció que la demanda no presenta argumentos que satisfagan los mínimos argumentativos de certeza y suficiencia, en los términos fijados por la jurisprudencia constitucional, para emitir un pronunciamiento de fondo. Con base en lo anterior, decidió declararse INHIBIDA
Recibo Relatoria:   2020-02-26


Item 52    Expediente   T-7441401 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-13    Sentencia   T-052/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MARIA ANGELICA CARDONA RUGELES Y OTRO VS. SERVIMOS INTEGRAL SAS Y OTRAS

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y EN ESTADO DE INDEFENSION POR ENFERMEDAD. En este caso se analizaron dos acciones de tutela en las cuales los actores alegan la vulneración de derechos fundamentales por parte de las empresas accionadas, como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por obra o labor determinada que habían suscrito con ellas, sin tener en consideración el estado de debilidad manifiesta que presenta un peticionario debido al deterioro del estado de salud o, la situación de discapacidad que presenta el otro. La terminación del vínculo contractual se dio sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo y sin desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta por disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, se CONCEDE el amparo invocado. En ambos asuntos se declara la ineficacia de la terminación del contrato y se ordena el pago a los accionantes de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, así como el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 del Ley 361 de 1997, esto es, el equivalente a 180 días de salario.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 53    Expediente   T-7501862    Fecha sentencia   2020-02-13    Sentencia   T-053/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    WILLINGTON ORLANDO SANTAMARIA PRESIGA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERIA, SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. Se instaura la acción de tutela en contra de las providencias judiciales que se dictaron al interior de una acción de reintegro por fuero sindical presentada por el actor en contra de Cerro Matoso S.A, Dicha acción se inició luego de que la precitada empresa adelantara dos procesos disciplinarios por la misma causa, esta es, la presunta participación en una huelga declarada ilegal judicialmente y que decidiera, como producto de los mismos, desvincularlo. Se pidió al juez constitucional dejar sin efectos los fallos judiciales cuestionados, declarar la ineficacia del despido y ordenar el reintegro del accionante a Cerro Matoso S.A, La Corte verificó que en el presente caso se incumplió el requisito de subsidiariedad y decidió declarar la IMPROCEDENCIA del amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-02-18


Item 54    Expediente   T-7629444    Fecha sentencia   2020-02-14    Sentencia   T-054/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ERIKA DEL VALLE PEREZ ROVERO VS. SECRETARIA DISTRITAL DE SLAUD DE BOGOTA Y OTROS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONANTE, EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR, SE VINCULÓ AL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO Y ESTÁ RECIBIENDO TRATAMIENTO La accionante, en calidad de agente oficiosa de su papá, ambos de nacionalidad venezolana, interpone la acción de tutela para solicitar, como primer medida, que a su padre le practiquen una cirugía de corazón abierto y le brinden el tratamiento integral que requiere para el manejo de su patología y la completa recuperación de su estado de salud y, como segundo objetivo, que le expidan el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y pueda ella, en calidad de cotizante del régimen contributivo de salud, afiliarlo como su beneficiario. Teniendo en cuenta que se verificó que luego de la interposición de la solicitud de amparo y sin que mediara un fallo favorable la pretensión invocada fue satisfecha, la Sala de Revisión decidió declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria:   2020-02-20


Item 55    Expediente   T-7068958 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-17    Sentencia   T-055/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO SIMBAQUEBA VENTURA Y OTRO VS. AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Tema: ALCANCE DE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL AL PREPENSIONADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA O LABOR En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a la terminación de los contratos de obra o labor que realizaban los actores con las empresas demandadas, con fundamento en que el proyecto de aseo al que estaban vinculados se terminó. Los peticionarios alegan que no se tuvo en consideración que poseían la condición de prepensionados, en un caso, por faltar menos de 100 semanas para adquirir el derecho a la pensión de vejez y, en el otro, por tener 59 años de edad y haber cotizado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad un total de 1.169 semanas. Se analiza temática relacionada con la estabilidad laboral reforzada de las personas que, vinculadas a través de un contrato obra o labor, ocupan empleos transitorios y se encuentran próximos a cumplir los requisitos para obtener la prestación de vejez. En ambos asuntos se NIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-02-20


Item 56    Expediente   T-7436000    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-056/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    JUANA VS. COLEGIO XYZ

Tema: DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR DE EDAD POR PARTE DE INSTITUCION EDUCATIVA QUE RESTRINGE O INTERRUMPE EL PROCESO EDUCATIVO CON EL FIN DE GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONOMICAS. La accionante actúa en representación de una hija menor de edad y considera que el colegio demandado vulneró derechos fundamentales de la niña, al no realizar los trámites para matricularla, ni expedir el paz y salvo del año académico anterior, por estar pendiente la cancelación de una deuda dineraria a cargo de las padres o acudientes, la cual se relacionada con pagos dirigidos a la Asociación de Padres de Familia del Plantel. La Corte concluye que, un plantel educativo viola los derechos de toda niña, niño y adolescente cuando interpone barreras y obstáculos desproporcionados e irrazonables a la continuidad y permanencia de su proceso educativo, necesario para garantizar su desarrollo armónico e integral, como forma de presión para garantizar el pago efectivo de una deuda. Precisa que, la vulneración al derecho a la educación se intensifica cuando existe una norma que prohíbe a la institución cobrar la prestación respectiva, tal y como ocurre en el presente asunto, ya que el valor en litigio estaba dirigido a la Asociación de Padres de Familia. Se CONCEDE el amparo y, toda vez que los padres pagaron la deuda alegada, se declara la carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviviente. No obstante lo anterior, se hace una advertencia a la accionada para que se abstenga de imponer barreras u obstáculos a la hija de la peticionaria y demás estudiantes de la institución, y para que observe estrictamente la reglamentación relacionada con la separación entre la gestión y el patrimonio de establecimientos educativos y los de las asociaciones de padres de familia, de manera que no se vulnere ni amenace el derecho fundamental a la educación de sus estudiantes.
Recibo Relatoria:   2020-02-20


Item 57    Expediente   T-7524142    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-057/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ESTHER COLOMBIA AMAYA FONTALVO VS. CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.

Tema: DERECHO A LA SALUD. SUMINISTRO DE OXIGENO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD. HECHO SUPERADO. La accionante actúa en representación de su progenitora, quien cuenta con 89 años de edad, tiene un puntaje III del Sisbén y padece Enfermedad Obstructiva Crónica Severa. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la clínica accionada se relaciona con la falta del suministro periódico de oxígeno domiciliario que requiere la agenciada para el manejo de su patología. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la Sala tuvo conocimiento que a la paciente le fue suministrado un concentrador de oxígeno, que atiende la necesidad de salud de la agenciada de la misma manera que el elemento solicitado, se declaró la improcedencia de la acción por la ocurrencia del fenómeno de la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria:   2020-02-20


Item 58    Expediente   T-7594960    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-058/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    FRANKLIN BRUNO ROMERO ORASMA VS. EPS SURAMERICANA Y OTRO

Tema: REGULARIZACION MIGRATORIA DE MENOR DE EDAD VENEZOLANO PARA ACCESO AL SISTEMA DE SALUD. El accionante y su esposa son ciudadanos venezolanos cuyo núcleo familiar está compuesto además por dos menores de edad, de los cuales uno tiene su misma nacionalidad y la otra, es colombiana. Pese a que el peticionario y su cónyuge se encuentran en el país en situación regular y tienen el respectivo PEP, ni ellos ni su hijo hacen parte del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, lo que genera que el estatus migratorio del niño sea irregular. La E.P.S. accionada negó la afiliación del precitado menor como beneficiario de su padre, afiliado al régimen contributivo, al no poseer ninguno de los documentos exigidos por el artículo 2.1.3.5. del Decreto 780 de 2016, Esta actuación es la que se predica como vulneradora de derechos fundamentales. Luego de analizar las reglas de acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud para extranjeros, la Corte consideró que la entidad no vulneró garantía constitucional alguna, toda vez que su actuar obedeció al cumplimiento de un requisito normativo relativo a la exigencia de una información mínima y necesaria para garantizar su acceso permanente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pese a confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado, se exhortó al Personero Municipal de Apartadó para que brinde acompañamiento al actor en el trámite administrativo que deba surtir ante Migración Colombia, de tal forma que pueda lograr prontamente normalizar la situación migratoria de su hijo y, posteriormente, cumplir las exigencias para su afiliación en calidad de beneficiario ante Sura E.P.S.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 59    Expediente   T-7606890    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-059/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    SEBASTIAN MOSCOSO OCAMPO VS. PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.

Tema: PENSION DE INVALIDEZ A FAVOR DE PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES CONGÉNITAS, CRÓNICAS O DEGENERATIVAS. CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se atribuye al hecho de haber negado al actor el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, por no contar con el número de semanas requeridas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, a pesar de presentar un estado de salud delicado y complejo. Se reitera el precedente jurisprudencial sentado por la Corporación en la Sentencia SU.588/16, mediante la cual se señaló las reglas aplicables a la prestación de invalidez de las personas que padecen enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de invalidez reclamada
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 60    Expediente   T-7563419    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-060/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    CARMEN DIANA VELEZ CALLE VS. COOMEVA E.P.S. Y OTROS

Tema: DERECHO A MORIR DIGNAMENTE. La accionante actúa a través de apoderada judicial y en calidad de agente oficiosa de su progenitora, quien tiene 94 años de edad y desde hace varios años se encuentra postrada en una cama con múltiples y graves padecimientos de salud que le causan gran dolor. La acción de tutela fue interpuesta para reclamar la protección del derecho fundamental a morir dignamente y para que el juez constitucional imparta la orden a las entidades accionadas o, a quien corresponda, de crear el Comité Científico Interdisciplinario que sea preciso para iniciar el protocolo legalmente establecido para garantizar tal derecho. La intención de la actora es que se lleve a cabo un procedimiento eutanásico para no prolongar la vida de su mamá de una manera que estima injusta e innecesaria, por el sufrimiento que le causan sus enfermedades, lo cual hace que su existencia sea una tortura permanente. Las entidades a las cuales se formuló la petición brindaron una respuesta desfavorable, argumentando que no era viable acceder a la misma debido a que no se aportó documento de voluntad anticipada suscrito por la paciente, que respaldara el consentimiento sustituto que pretendía hacer valer su hija. Se analiza jurisprudencia constitucional en torno al derecho a morir dignamente y la normatividad que reglamenta esta garantía en Colombia. La Corte concluyó que en el caso bajo estudio no se reúnen las condiciones para garantizar el derecho a morir dignamente a través del procedimiento de eutanasia como quiera que la paciente no padece una enfermedad terminal, lo cual constituye un requisito objetivo establecido en la jurisprudencia constitucional y desarrollado por la Resolución 1216 de 2015. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo invocado y se previene a las accionadas para que en lo sucesivo actúen con estricta sujeción a los parámetros normativos que regulan la materia objeto de estudio. Así mismo, se reitera la orden impartida en la Sentencia T-721/17 al Ministerio de Salud y Protección Social, relacionada con la reglamentación de las condiciones de viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir dignamente en los casos en que el paciente se encuentre en incapacidad legal o bajo circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, y carezca de un documento formal de voluntad anticipada. Por último, la Sala reiteró el exhorto hecho al Congreso de la República en las Sentencias C-239/97, T-970/14, T-423/17, T-544/17 y T-721/17.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 61    Expediente   T-7279118    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-061/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    MARTHA SOFIA ALVAREZ ALVAREZ VS. BBVA SEGUROS DE VIDA Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se atribuye a la negativa de realizar el pago de las pólizas de seguro de vida que adquirió la actora para asegurar varios créditos, bajo el argumento de haber omitido declarar que tenía ciertas afectaciones de salud con anterioridad a la adquisición de los contratos de seguro. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección y, 2º. La buena fe en el contrato de seguro como parámetro para la determinación de una pre-existencia o para la configuración de la reticencia. La Corte considera que la solicitud de amparo es IMPROCEDENTE por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que la peticionaria tiene a su disposición los distintos medios judiciales de protección dispuestos para el efecto por el Legislador.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 62    Expediente   T-7536698    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-062/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    CARLOS EMILIO MOSQUERA CICERO VS. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE LA FUERZA AEREA

Tema: TRASPLANTE DE ÓRGANOS. LIBERTAD DE ESCOGER LA INSTITUCIÓN QUE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO CUANDO HACE PARTE DE LA MISMA RED DE SERVICIOS. El accionante tiene pérdida de funcionamiento de sus riñones superior al 90% y producto de ello fue incluido en una lista de espera como receptor de esos órganos, en la eventualidad de que existiera donante compatible en la ciudad de Bogotá. El actor considera que Sanidad Militar de la Fuerza Aérea Colombiana vulnera sus derechos fundamentales al no permitir el retiro de la precitada lista para ser incluido en una homóloga en la ciudad de Neiva y a cargo del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, a pesar de que existe un contrato de prestación de servicios de salud entre dichas instituciones, que el tratamiento que requiere se encuentra incluido en el Plan de Beneficios y que su núcleo familiar reside en dicha entidad territorial.. Se aborda temática relacionada con: 1º. La metodología para la inclusión de pacientes en las listas de espera para trasplante renal y la asignación de órganos a las IPS en Colombia y, 2º. La libertad de escoger la institución que realizará el trasplante de órganos cuando hacen parte de la misma red de servicios (el derecho a la salud en su componente de libre elección). Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena comunicar la presente decisión al Instituto Nacional de Salud para que, al momento de diseñar, modificar o desarrollar su política de distribución de órganos en general, tenga en cuenta los signos de alarma establecidos en el presente fallo, relacionados con una posible distribución inequitativa de los mismos. Por intermedio de la SuperSalud se hace una advertencia a las entidades prestadoras de servicios de salud para que no establezcan barreras administrativas para atender las solicitudes de traslados que presenten las personas en espera de donación de órganos para trasplante anatómico a las IPS que se encuentren dentro de su Red de prestadores de servicios y que los pacientes elijan en ejercicio de su derecho a la libre elección.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 63    Expediente   T-7376029    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-063/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    EDUAR ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA VS. INPEC Y OTROS

Tema: DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. El actor se encontraba privado de la libertad y adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las entidades demandadas, al negar una valoración médica por la especialidad de neurología que requería por el deterioro de su estado de salud, el cual tenía relación con un tumor maligno que le había sido previamente extraído. La entidad negó la atención por parte del sistema de salud dispuesto para los reclusos, debido a que se encontraba afiliado al régimen contributivo y que la E.P.S. que le correspondía no prestaba los servicios en la ciudad donde se encontraba el establecimiento carcelario. El accionante también consideró trasgredidas sus garantías constitucionales, con el hecho de no recibir ninguna respuesta frente a las diferentes solicitudes de traslado urgente que formuló por razones de salud. Se analizó la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad. 2º. El derecho fundamental al debido proceso administrativo de la precitada población y, 3º. La facultad del Estado para realizar el traslado de reclusos. En sede de revisión la Sala encontró que el perjuicio que se quería evitar con la formulación de la acción de tutela se consumó con el fallecimiento del accionante y, por ello, decidió declarar la carencia actual de objeto por daño consumado. No obstante lo anterior, indicó que es deber del estado y, específicamente del INPEC y de la USPEC realizar las tareas de coordinación y articulación que resulten necesarias para garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a los reclusos que se encuentren en el régimen contributivo, en tanto son autoridades que ostentan una posición de garante de sus derechos fundamentales. Por último, la Corporación hizo un llamado de atención a las entidades promotoras de salud y a las instituciones del Estado colombiano para que garanticen plenamente el derecho fundamental a la salud de todas las personas, sin que les trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 64    Expediente   T-7602305    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-064/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    ROALBINA RUIZ DE OCHOA VS. POLICIA NACIONAL Y OTROS

Tema: SUSTITUCION DE ASIGNACION DE RETIRO EN EL REGIMEN DE LA FUERZA PUBLICA PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD La accionante, en calidad de madre y curadora de un hijo que presenta una situación de discapacidad médica permanente, considera que la Caja de Sueldos de Retiro vulneró derechos fundamentales de su descendiente, al dejar en suspenso la cuota de asignación de retiro solicitada en calidad de hijo invalido del causante, por no contar con la valoración de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como única forma de acreditar su condición. La misma Dirección se negó a practicar la evaluación correspondiente, bajo el argumento del incumplimiento de la afiliación única al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. El dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander fue igualmente desestimado, por cuando dichas Juntas no son competentes para establecer el grado de invalidez de los beneficiarios o posibles beneficiarios de prestaciones a cargo del régimen de excepción de la Fuerza Pública. Se reitera jurisprudencia sobre: 1º. La sustitución pensional como garantía de los derechos fundamentales. 2º. La sustitución pensional en el régimen de seguridad social de las Fuerzas Públicas y, 3º. La Sentencia T-090/19. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento de la prestación reclamada, al igual que la afiliación hijo de la peticionaria al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 65    Expediente   T-7587657    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-065/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    SANDRA LUCIA MONROY BERNAL VS. PROTECCION S.A.

Tema: PENSION DE INVALIDEZ. ALLANAMIENTO A LA MORA EN EL PAGO DE APORTES PENSIONALES. La actora aduce que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera tener derecho, por haber sido calificada con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% por causa del cáncer de mama que padece. La entidad alegó el incumplimiento de los requisitos previstos en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003. La peticionaria estima que si la accionada efectúa el cobro de los tiempos faltantes a dos empleadores morosos que han aceptado su responsabilidad pero que no han podido pagarlos por la falta de liquidación del cálculo actuarial, cumpliría con las semanas exigidas. Se analiza temática relacionada con la mora patronal en el pago de los aportes y los requisitos para acceder a la pensión de invalidez exigidos en la precitada Ley. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación solicitada.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 66    Expediente   T-7526914    Fecha sentencia   2020-02-18    Sentencia   T-066/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    MARIA ANTONIA GUTIERREZ PARRA Y OTRO VS. OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DE BUCARAMANGA Y OTRO

Tema: ADULTO MAYOR SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Los actores sostienen que las entidades tuteladas vulneran derechos fundamentales de una tía paterna que presenta antecedentes de demencia, porque en el marco de un programa de protección de adultos mayores han incurrido en actos de violencia y maltrato contra su familiar. Los accionantes solicitaron la entrega de su tía para encargarse de su cuidado y custodia por ser los únicos familiares que le sobreviven y tal pretensión fue denegada por no estar probado el parentesco, ni la garantía de su bienestar general. Las accionadas también negaron las acusaciones de violencia y maltrato que les fueron imputadas y sostuvieron que la persona fue llevada al Asilo luego de ser encontrado en estado de abandono, enfermedad y sin domicilio establecido y que allí se le ha garantizado la guarda y protección de sus derechos. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional y, 2º. La solidaridad como principio esencial para la protección del adulto mayor en el Estado Social de Derecho. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a las demandadas autorizar la salida de la tía de los actores del Asilo en el que se encuentra, a fin de que su cuidado sea asumido directamente por ellos.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 67    Expediente   D-13343    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   C-068/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MARIA DEL MAR ARCINIEGAS PEREA Y OTRO VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: BASE COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Los demandantes consideran que la norma cuestionada desconoce el principio de unidad de materia contemplado en el artículo 158 de la Constitución, al incorporar una disposición que no guarda relación alguna con el Plan Nacional de Desarrollo. Por desconocimiento del principio de unidad de materia, la Corte declaró la INEXEQUIBILIDAD de la norma que establece el ingreso base de cotización de los independientes al sistema de seguridad social integral, por cuanto no existe vínculo directo e inmediato con los objetivos, metas o estrategias de la ley del Plan o el documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021. Los efectos de la inconstitucionalidad se difirieron hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes .
Recibo Relatoria:   2020-03-02


Item 68    Expediente   D-13338    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   C-069/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alberto Rojas Ríos AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    IVAN CEPEDA CASTRO Y OTROS VS. LEY 1941 DE 2018

Tema: CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL. ATRIBUCIÓN PARA DETERMINAR CUÁNDO UNA ORGANIZACIÓN CALIFICA COMO GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY Y POR TANTO, PUEDE ADELANTAR DIÁLOGOS CON EL GOBIERNO CONDUCENTES A LA DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINTEGRACIÓN. Acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1941 de 2018, por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. Los demandantes consideran que la norma acusada vulnera los artículos 2º, 22 y 189 de la Constitución Política. Para la Corte, las disposiciones que facultan al Consejo de Seguridad Nacional para determinar las condiciones que deben cumplir las organizaciones armadas para calificarlas como grupos armados organizados vulneran el artículo 1º del Protocolo II y el numeral 2º del artículo 214 Superior. Concluye la Sala Plena de la Corporación, que la decisión del Presidente de la República de iniciar un proceso de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley no puede estar supeditada a la calificación y requisitos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional, puesto que se trata de una competencia reservada al Jefe de Estado, como suprema autoridad nacional en materia de orden público. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 69    Expediente   D-13242    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   C-070/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    SEBASTIAN CARBONO BARRIOS VS. LEY 1940 DE 2018

Tema: RESERVAS PRESUPUESTALES POR PAGAR. REQUIERE DE UN PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJAS DE VIGENCIA Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 31 (parcial) de la Ley 1940 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. El demandante presentó como único cargo el desconocimiento de la reserva de ley orgánica establecida en los artículos 151 y 352 de la Carta Superior. Como argumento principal adujo que la disposición cuestionada, que corresponde a una ley ordinaria de presupuesto, estaría adicionando un requisito para la constitución de cuentas por pagar no contemplado en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Concluyó la Corte que se presenta en este caso el fenómeno de la sustracción de materia, pues no existe prescripción normativa eficaz sobre la cual pudiese recaer el pronunciamiento. Esta situación conllevó a la Sala Plena a declararse INHIBIDA emitir pronunciamiento de fondo, en cumplimiento estricto de la regla de competencia establecida en el artículo 241 Superior.
Recibo Relatoria:   2021-05-03


Item 70    Expediente   D-13409    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   C-071/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: ARANCEL A LAS IMPORTACIONES Y ARANCEL DE ADUANAS NACIONALES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El demandante afirma que las expresiones cuestionadas vulneran los artículos 113, 136-1, 150-19 literal c, 158 y 189-25 de la Constitución. La Corte concluyó que en el presente caso existía cosa juzgada, toda vez que en decisión previa se declararon inconstitucionales los mismos artículos cuestionados en esta oportunidad, en razón a que el Congreso desbordó su competencia en materia de leyes marco sobre política comercial y desconoció el principio constitucional de unidad de materia. La Sala Plena de la Corporación decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-026/20 que declaró inexequibles los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019.
Recibo Relatoria:   2020-03-02


Item 71    Expediente   D-13273    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   C-072/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    MARIA DEL MAR ARCINIEGAS PEREA Y OTRO VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: ARANCELES ADUANEROS. REGULACIÓN DE LOS ARANCELES ESTABLECIDOS A LA IMPORTACIÓN DE TEXTILES EN LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Los actores presentaron dos cargos de inconstitucionalidad: Uno, relacionado con la vulneración del numeral 19 literales b) y c) del artículo 150 y del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución. El otro, la violación del artículo 158 Superior. Al encontrar configurada la cosa juzgada constitucional absoluta la Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-026/20, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de las disposiciones legales impugnadas en esta oportunidad, debido a que el legislador excedió su competencia en materia de leyes marco sobre política comercial y por el desconocimiento del principio constitucional de unidad de materia.
Recibo Relatoria:   2020-03-03


Item 72    Expediente   T-7302551 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-19    Sentencia   T-067/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    EUGENIA ECHAVARRIA Y OTRA VS. UARIV

Tema: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS POR HECHOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO U HOMICIDIO. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye a la UARIV la vulneración de derechos fundamentales de las actoras, a raíz de su negativa de incluirlas a ellas y a su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas por hechos victimizantes relacionados con: i). el homicidio de un hijo adolescente y, 2º. Amenaza y desplazamiento forzado, argumentando que dichos hechos no se dieron con ocasión del conflicto armado interno. Se recuerda jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El concepto de víctima establecido en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997. 2º. La inclusión en el RUV como herramienta para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y, 3º. El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión en el Registro Único de Víctimas. En ambos casos se CONCEDE la tutela y de acuerdo a las particularidades de los mismos se imparten las órdenes pertinentes para hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria:   2020-02-24


Item 73    Expediente   T-6728155    Fecha sentencia   2020-02-20    Sentencia   SU.073/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO VS. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL En este caso se ataca la decisión judicial que decretó la pérdida de investidura del actor como Senador de la República, por la configuración de la causal referida a la indebida destinación de dineros públicos, al certificar la prestación de servicios por un mes completo por parte de uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a pesar de que se encontraba fuera del país. Se aduce que dicho fallo se adoptó con fundamento en un sistema de responsabilidad objetiva y, con ello, desconoció el precedente constitucional que establece que los procesos de pérdida de investidura deben estar sometidos al debido proceso y al principio de culpabilidad, bajo un sistema de responsabilidad subjetivo. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales; la naturaleza de los procesos de pérdida de investidura y la necesidad de respetar las garantías fundamentales en su trámite. Así mismo, se hace referencia a la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución. La Corte reiteró que para que proceda la acción de tutela contra la sentencia que decide sobre la pérdida de investidura en los procesos regidos por la Ley 144 de 1994, es necesario que el demandante no cuente con recursos ni ordinarios ni extraordinarios para la defensa judicial de sus derechos fundamentales. Con base en la anterior consideración se decide confirmar las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Recibo Relatoria:   2020-11-24


Item 74    Expediente   T-5761833 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-20    Sentencia   SU.074/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    LAURA Y ROBERTO Y OTROS VS. COOMEVA E.P.S. Y OTROS

Tema: DERECHO A LA FINANCIACIÓN EXCEPCIONAL Y PARCIAL DE TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE ALTA COMPLEJIDAD (FERTILIZACIÓN IN VITRO) CON CARGO A RECURSOS PÚBLICOS, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LA LEY 1953 DE 2019 En cinco acciones de tutela se tiene como hecho común que las accionantes son mujeres diagnosticadas con infertilidad, que le solicitaron a las EPS a las que se encuentran afiliadas tratamientos de reproducción asistida, concretamente el de fertilización in vitro, como método para procrear hijos. Las accionadas negaron la pretensión argumentando diversas razones. Se abordó temática relacionada con: 1º. Jurisprudencia constitucional en materia de tratamientos de fertilidad y técnicas de reproducción asistida. 2º. Los derechos fundamentales y su contenido. La distinción entre su faceta de exigibilidad inmediata y su faceta prestacional. 3º. Los derechos reproductivos y su faceta prestacional. 4º. El SGSSS y los principios que lo gobiernan. 5º. El principio de progresividad y no retroceso en la faceta prestacional del derecho a la salud. 6º. Los tratamientos de reproducción humana asistida y su garantía mediante el sistema público de salud en el derecho comparado. 7º. El acceso a los precitados tratamientos de conformidad con lo previsto en la Ley 1953 de 2019 y la Sentencia C-093/18 y, 8º. El acceso a la financiación excepcional y parcial de tratamientos de reproducción humana asistida de alta complejidad como la fertilización in vitro con carga al SGSSS. La Corte encontró acreditada la existencia de un déficit de protección de derechos para las personas con menor capacidad económica de acceder a tratamientos de fertilización in vitro. Al respecto, consideró que el derecho reproductivo al acceso a la tecnología científica para superar la infertilidad y procrear hijos presenta una dimensión de exigibilidad inmediata y otra de cumplimiento progresivo. A partir de un ejercicio de ponderación se determinó que las peticionarias tienen derecho a que se verifique, en cada caso, el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley 1953 de 2019 y, eventualmente, a acceder a la financiación excepcional y parcial del tratamiento solicitado, con cargo a recursos públicos, en caso de cumplir con tales parámetros. Se establece que la entidad encargada de verificar tal cumplimiento es la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) y no los jueces de tutela, mientras el Ministerio de Salud y Protección Social dicta la regulación que debe proferir en cumplimiento de la precitada Ley. En todos los casos se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-03-09


Item 75    Expediente   T-7399402    Fecha sentencia   2020-02-20    Sentencia   T-075/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    RAFAEL ANGEL NIEBLES ECHEVERRIA VS. ROHM & HASS COLOMBIA LTDA Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION ESPECIAL DE VEJEZ DE ALTO RIESGO-IMPROCEDENTE POR INCUMPLIR REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD. Durante 36 años el actor trabajó con la sociedad demandada, la cual se dedica a actividades de alto riesgo al manipular materias primas a granel, líquidas descargadas y almacenamiento de sustancias químicas con otros componentes altamente cancerígenos. En el año 2000 el extinto ISS le reconoció la pensión de vejez al peticionario. Con base en una certificación que la accionada remitió al Instituto de Seguros Sociales con la relación de trabajadores que ejecutaron actividades de alto riesgo durante un período de tiempo del año 1994, el tutelante presentó demanda ordinaria laboral con el propósito de obtener el reconocimiento de un incremento pensional por cumplir los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, pero dicha pretensión fue denegada en primera y segunda instancia. Con la presente acción de tutela se tiene la misma pretensión que con la demanda ordinaria precitada. La Corte considera que la solicitud de amparo resulta IMPROCEDENTE por el incumplimiento de los requisitos jurisprudenciales de inmediatez y subsidiariedad.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 76    Expediente   T-7204032    Fecha sentencia   2020-02-21    Sentencia   T-077/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    OMAR MATEUS CASTELLANOS VS. COLPENSIONES

Tema: DERECHO A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al pedirle la demostración de la condición de padre cabeza de familia para el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en condición de discapacidad que solicitó, no obstante cumplir con los requisitos consagrados en la Ley 100 de 1993. Se analizan las pautas jurisprudenciales sobre la mencionada prestación, especialmente los requisitos de padre cabeza de familia y cuidador. La Corte encontró demostrado que el peticionario no sólo funge como la persona responsable de asegurar la manutención del joven con invalidez, sino que también está encargado de su proceso de rehabilitación y cuidado diario. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a Colpensiones incluir al tutelante en la nómina de pensionados y efectuar el pago de la pensión anticipada de vejez prevista en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado pro el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. La Sala precisa que el pago de la prestación no incluye ningún reconocimiento de retroactivo.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 77    Expediente   T-7262066    Fecha sentencia   2020-02-21    Sentencia   T-078/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LUZ MERY CUERVO VARGAS VS. MUNICIPIO DE SACHICA

Tema: DERECHO A LA SALUBRIDAD La accionante considera que la entidad territorial demandada vulneró sus derechos fundamentales al ambiente sano en conexidad con la salud y la vida en condiciones dignas, al no haber atendido las peticiones reiteradas que le formuló para que realizara la limpieza del pozo séptico de su hogar, toda vez que este se taponó y se devuelven las aguas negras por los sifones, sin tener en consideración que reside en una zona suburbana en la cual no hay cobertura del servicio público de alcantarillado. Teniendo en cuenta que en sede de revisión se constató que la violación alegada cesó porque las pretensiones de la peticionaria fueron satisfechas, la Sala decidió declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. No obstante lo anterior, la Corte establece que el municipio accionado tiene la obligación de garantizar el derecho al saneamiento de la actora y hace algunas observaciones sobre la faceta prestacional del derecho al saneamiento básico y su garantía a los habitante de las zonas rurales.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 78    Expediente   T-7574539    Fecha sentencia   2020-02-24    Sentencia   T-079/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REINNER ALEJANDRO MEJIA RAMIREZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: ACREDITACION DEL SERVICIO MILITAR EN EL EXTRANJERO PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO. PERSONA CON DOBLE NACIONALIDAD. El accionante, un joven de 20 años con doble nacionalidad (colombiana y venezolana), se inscribió y participó en un concurso de méritos convocado por la Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Norte de Santander para la provisión transitoria de varios cargos de Auxiliar de Servicios Generales, tendientes a facilitar el proceso de inscripción de ciudadanos en puestos de votación en la circunscripción electoral del referido departamento. Tras ocupar un puesto dentro de la lista de elegibles, el peticionario presentó los documentos requeridos para su nombramiento y posesión en el cargo, entre ellos, el carnet de inscripción militar emitido por la República Bolivariana de Venezuela. No obstante lo anterior, el funcionario encargado de recibir la documentación se negó a efectuar el trámite correspondiente, asegurando que no se cumplía con el requisito relacionado con la acreditación de la situación militar, por lo que se debía solicitar al consulado la certificación exigida en el artículo 36 de la Ley 43 de 1993. El actor considera que tal requerimiento es imposible de cumplir, dado el cierre de los consulados venezolanos en el territorio nacional. Por lo anterior, solicitó a la Registraduría aplicar el principio general del derecho que reza “nadie está obligado a la imposible” y proceder a nombrarlo y posesionarlo en el cargo para el cual concursó, teniendo por cumplido el requisito de tener definida su situación militar. Teniendo en cuenta que el cargo concursado se ejecutó durante el proceso de selección de la tutela para su eventual revisión ante la Corte Constitucional, se declaró la carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente, pues en la actualidad se predica imposible que el tutelante ocupe el empleo en cuestión, dada la naturaleza de transitoriedad del mismo.
Recibo Relatoria:   2020-02-25


Item 79    Expediente   T-6506361    Fecha sentencia   2020-02-25    Sentencia   SU.080/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE FAMILIA

Tema: REPARACIÓN DE PERJUICIOS EFECTIVA EN PROCESO DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO -O EN UN DIVORCIO-, CUANDO SE DA POR DEMOSTRADA LA CAUSAL DE ULTRAJES, TRATO CRUEL Y LOS MALTRATAMIENTOS DE OBRA -ESTO ES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR En este caso la vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión judicial que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida al interior de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico. Considera la actora que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al no condenar al demandado al pago de la obligación alimentaria de que trata el artículo 411-4 del Código Civil, pese a encontrarlo culpable de la causal contenida en el numeral 3º del artículo 145 ibídem, esto es, ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, bajo el argumento de que la peticionaria contaba con la capacidad económica para cubrir su subsistencia y, por ello, se podía evidenciar que no requería la mencionada cuota alimentaria. La Corte analizó si en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico -o en un divorcio-, cuando se da por demostrada la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra -violencia intrafamiliar-, el juez de familia debe pronunciarse sobre la reparación efectiva a la que se refiere el artículo 7, literal g., de la Convención de Belém Do Pará, en favor del cónyuge declarado inocente y a cargo del cónyuge culpable, como consecuencia de los daños inferidos, a pesar de que las leyes nacionales en vigor no consagren expresamente esa posibilidad. La Sala Plena de la Corporación concluyó que, es viable ordenar la reparación de daños en los procesos de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio católico cuando se demuestre la causal de violencia intrafamiliar. SE CONCEDIO el amparo invocado y se ordenó a la autoridad judicial cuestionada que, con fundamento en el reconocimiento de la causal 3ª contenida en el artículo 154 del Código Civil, disponga la apertura de un incidente de reparación integral en el que se especifiquen y tasen los perjuicios sufridos por la accionante. Se exhorta al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar, por medio de un mecanismo judicial justo y eficaz que respete los parámetros del debido proceso, plazo razonable y prohibición de revictimización. Al Consejo Superior de la Judicatura también se exhortó para que planee y ejecute jornadas de capacitación a las y los jueces de familia del país, para procurar poner de presente la necesidad de analizar la temática de la violencia contra la mujer y la urgencia de su prevención y de respuesta efectiva en términos de reparación integral, conforme a un dilatado corpus normativo internacional, el cual le vincula y puede llegar incluso a ser fuente de necesaria aplicación, como lo es el bloque de constitucionalidad
Recibo Relatoria:   2020-03-05


Item 80    Expediente   D-13268 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-02-26    Sentencia   C-082/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER Y OTRO VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022, PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. Demandas de inconstitucionalidad en contra de los artículos 25, 33, 44, 46, 79, 83 (parcial), 113, 124, 127, 131, 140, 141, 231, 232, 233, 234, 235 (parcial), 249, 312, 313, 314, 331 y 332 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018, 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En dos demandas formuladas de manera independiente se formularon nueve cargos en total. De éstos, la Corte decidió admitir sólo dos y rechazar los demás, por incumplimiento de los requisitos de especificidad, suficiencia, certeza, claridad y pertinencia. Los cargos admitidos fueron: 1º. Contra la frase “excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas” previsto en el artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, por vulneración del artículo 72 de la Constitución. 2º. Las modificaciones que los artículos 231, 232, 233, 234 y 235 de la Ley 1955 introdujeron en la Ley 715 de 2001. Según los demandantes, estos cambios vulneraron la reserva de ley orgánica, contemplado en el artículo 151 Superior. La Sala Plena de la Corporación decidió declarar EXEQUIBLE la expresión del artículo 83 cuestionada, en el entendido de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional. Respecto al cargo formulado contra los demás artículos la Corporación se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 81    Expediente   D-13481    Fecha sentencia   2020-02-26    Sentencia   C-083/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    ANIBAL CARVAJAL VAZQUEZ VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: BIENES CULTURALES. EVENTOS EN LOS QUE EXCEPCIONALMENTE EL ESTADO PUEDE ENAJENAR ESTOS BIENES A PARTICULARES. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. El demandante considera que la disposición acusada desconoce lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución, el cual consagra expresamente que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional son inalienables. Teniendo en cuenta que el cargo formulado fue analizado previamente por la Corporación, la Sala Plena dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-082/20 que declaró exequible la expresión “excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas”, en el entendido de que no comprende el patrimonio arqueológico y los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional.
Recibo Relatoria:   2020-03-12


Item 82    Expediente   T-4224881    Fecha sentencia   2020-02-26    Sentencia   SU.081/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ANTV VS. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-IMPROCEDENCIA La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) cuestionó la decisión del laudo arbitral que resolvió una controversia asociada con la ejecución de un contrato para la prestación del servicio de televisión abierta, privada y de carácter nacional por parte de RCN TV. Así mismo, censuró lo dispuesto en la sentencia de anulación proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió denegar las solicitudes formuladas en contra de dicha decisión arbitral. La Corte se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y abordó el estudio de temática relacionada con el recurso de anulación frente a laudos arbitrales, el recurso extraordinario de revisión, la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y el alcance de la acción de cumplimiento. La Sala Plena de la Corporación concluyó que el recurso de amparo propuesto es IMPROCEDENTE frente al defecto sustantivo del laudo por disponer la liquidación del cobro de las tarifas por la asignación de frecuencias del servicio de televisión abierta, privada y de carácter nacional, con sujeción al criterio de frecuencias efectivamente utilizadas y, respecto del defecto sustantivo por la supuesta falta de congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva del laudo arbitral. De otro lado, la Corte decidió DENEGAR el amparo en relación con el único vicio que dio lugar a un examen de fondo, concerniente a la supuesta falta de aplicación del artículo 33 de la Decisión 472 de 1999 de la Comunidad Andina de Naciones, disposición en la que se impone el deber de agotar la interpretación prejudicial obligatoria, cuando se deban aplicar o se controviertan normas del derecho supranacional. Se reiteró que el amparo constitucional no puede convertirse en un medio alternativo de defensa frente a un presunto vicio que ya había sido examinado y descartado por el órgano judicial competente, en desmedro de la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 83    Expediente   D-13215    Fecha sentencia   2020-02-27    Sentencia   C-084/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA VS. LEY 1861 DE 2017

Tema: DURACIÓN SERVICIO MILITAR. POR REGLA GENERAL DE 18 MESES Y PARA LOS BACHILLERES, DE 12. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 1861 de 2017, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. El actor considera que la disposición legal que regula la duración del servicio militar obligatorio es inconstitucional. En particular cuestiona el trato diferenciado en el tiempo de cumplimiento del mencionado deber, entre soldados bachilleres y aquellos que no cuentan con ese nivel educativo. A juicio del demandante, el mayor término de incorporación de los que no son bachilleres para que reciban una formación laboral productiva no es una razón suficiente que justifique la constitucionalidad de la distinción. La Corte determinó que los ciudadanos incorporados al servicio militar por un período de dieciocho (18) meses, podrán solicitar el cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de doce (12) meses. En tal sentido, declaró EXEQUIBLES el inciso 1º y los parágrafos 1º y 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, por el cargo analizado, salvo la expresión “no” contenida en este último, la cual se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 84    Expediente   T-7426828    Fecha sentencia   2020-02-28    Sentencia   T-085/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ROCIO VS. INSTITUTO EDUCATIVO APRENDER Y OTROS

Tema: SE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE ESTUDIANTE A QUIEN SE LE IMPIDE CONTINUAR CON SU PROCESO EDUCATIVO POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE EMBARAZO. La actora considera que la institución educativa accionada vulneró derechos fundamentales de su hija, al no darle un cupo para continuar sus estudios de bachillerato y técnico en finanzas y operaciones comerciales que ofrece dicha institución en alianza con el SENA, en razón a su estado de embarazo. La institución justificó su proceder y adujo que dos años atrás invitó a la estudiante y a otro compañero a cumplir con el manual de convivencia en lo relacionado con el deber de no tener manifestaciones amorosas en las instalaciones del plantel, al igual que acatar la restricción de no sostener noviazgos dentro o fuera de él. También indicó que el problema del cupo se suscitó, no por estado de gravidez de la alumna, sino porque la peticionaria dejó vencer el término para efectuar la matrícula de su hija, lo que generó que se llenaran las plazas disponibles para ese año lectivo. Se analizaron los siguientes temas: 1º. Contenido y alcance del derecho fundamental de petición. 2º. Jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación de las mujeres en estado de embarazo y, 3º. El límite de la autonomía que tienen las instituciones educativas para adoptar manuales de convivencia. Se TUTELAN los derechos a la educación, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de estas garantías. La Corte ordena a las directivas de la institución liderar un proceso de modificación del manual de convivencia que resulte acorde con los mandatos previstos en el Texto Superior, en especial con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. Se precisa que, las modificaciones que se realicen deberán ser producto de una construcción colectiva de toda la comunidad educativa y respetando las garantías del debido proceso.
Recibo Relatoria:   2020-03-11


Item 85    Expediente   D-13255    Fecha sentencia   2020-03-02    Sentencia   C-088/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Alberto Rojas Ríos SV:Alejandro Linares Cantillo SV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    NATALIA BERNAL CANO VS. LEY 599 DE 2000

Tema: ABORTO. TIPIFICACIÓN PENAL. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. La demandante adujo que la norma cuestionada, tal como fue interpretado en la Sentencia C-355/06, vulnera los artículos 1, 2 (inciso 2), 4, 5, 11, 12, 13, 14, 42, 43, 44, 45, 47, 49 (incisos 2 y 6), 67, 76, 86, 93, 94 (incisos 1 y 2), 95 –numerales 1, 2, 4 y 7 de la Constitución de 1991; así como el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, los artículos 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”), y la Convención sobre los Derechos del Niño. La ausencia de claridad, certeza, especificidad pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 122 del Código Penal, condujo a que la Corte se INHIBIERA de proferir una decisión de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-10-20


Item 86    Expediente   D-13225    Fecha sentencia   2020-03-02    Sentencia   C-089/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    NATALIA BERNAL CANO VS. CODIGO CIVIL, ARTICULOS 90, 91, 93

Tema: EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS. PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL QUE ESTÁ POR NACER. DERECHOS DEL NASCITURUS. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. La demandante considera que las disposiciones acusadas, al limitar los derechos del que está por nacer, desconocen que son seres vivos inocentes capaces de sentir dolor y que son agredidos con métodos abortivos cuando se encuentran en el vientre materno, porque no se les reconoce su condición de persona humana, titular de derechos y obligaciones. Por lo anterior adujo que vulneran lo dispuesto en la Constitución en sus artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 42, 44, 47, 49, 50, 94 y 95, al igual que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. La Corte concluyó que respecto de los cargos por desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Carta operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional porque en decisiones previas la Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad de las mismas disposiciones legales y por las mismas razones expuestas en la presente demanda. Adicionalmente, aclaró que las razones alegadas por la demandante en esta oportunidad no resultaron suficientes para debilitar la existencia de la cosa juzgada. Con base en lo anterior la Sala decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-591/95, mediante la cual se declaró la exequibilidad de los artículos acusados. Por otra parte, la Corte determinó que los cargos por el desconocimiento de la Constitución en sus artículos 4, 42, 44, 47, 49, 50 y 95, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional, en especial, los de certeza, claridad, especificidad y suficiencia, razón por la cual se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-03-04


Item 87    Expediente   T-7301069 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-02    Sentencia   T-086/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CARLOS ROBERTO VIVEROS TULCAN Y OTRO VS. COLEGIO SAN FELIPE NERI DE SAN JUAN DE PASTO Y OTRO

Tema: DERECHO A LA EDUCACION-PADRES DE FAMILIA NO PUEDEN ABUSAR DE SUS DERECHOS E INCURRIR EN CULTURA DEL NO PAGO En este caso se estudiaron dos acciones de tutela en los cuales los actores alegaron que entidades educativas vulneraron derechos fundamentales, al negarse a entregar certificados de estudio, acta de grado, diploma o certificado de notas de sus hijos, con fundamento en la mora en el pago de obligaciones económicas. Se aborda temática relacionada con el derecho a la educación y su doble connotación como derecho-deber. Así mismo, sobre la retención de certificados de estudios por parte de las instituciones educativas. En un expediente se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que lo pretendido en la demanda de tutela fue satisfecho de manera íntegra. En el otro asunto se negó el amparo invocado, por el incumplimiento de ciertos deberes por parte del peticionario y en aras de evitar lo que la jurisprudencia de la Corporación ha denominado “la cultura del no pago”.
Recibo Relatoria:   2020-03-05


Item 88    Expediente   T-7523410    Fecha sentencia   2020-03-02    Sentencia   T-087/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ TUSARMA VS. FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Tema: DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DE CARACTER DISCIPLINARIO EN INSTITUCION UNIVERSITARIA Se atribuye a la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) la vulneración de derechos fundamentales del actor, al haberlo sancionado con la cancelación de la matrícula académica y, en consecuencia, negarle la expedición de los recibos de pago correspondientes a los derechos de grado e impedirle obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia. La sanción mencionada fue impuesta como resultado de un proceso disciplinario adelantado en contra del peticionario, por haber bloqueado con cadenas una de las puertas de acceso a la institución, como manifestación de protesta contra la gestión adelantada por altos directivos de la Fundación. La anterior actuación la realizó en su calidad de presidente de la Asociación Nacional Académica Samaritana y en unión de otras personas. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la educación, específicamente en el contexto de la educación universitaria para los mayores de edad. Así mismo, se analiza temática sobre la autonomía universitaria y la garantía del debido proceso en el trámite de actuaciones disciplinarias. La Corte considera que la accionada trasgredió garantías constitucionales al haber adoptado una decisión con sujeción a lo previsto en el régimen disciplinario del reglamento estudiantil, cuando el accionante no podía ser tenido como estudiante matriculado, toda vez que ya había culminado materias y había cumplido requisitos de grado. Concluye la Sala que la entidad desconoció la realidad del vínculo jurídico existente entre ella y el tutelante, el cual era egresado no titulado. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-03-05


Item 89    Expediente   T-7591259    Fecha sentencia   2020-03-02    Sentencia   T-090/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ALBA SENOBIA MAZO AGUIRRE VS. ALCALDIA DE MEDELLIN

Tema: DERECHOS DE LOS VENDEDORES INFORMALES EN EL MARCO DE PROCESOS DE RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO. La accionante lleva 25 años desempeñándose como vendedora informal en el municipio de Medellín y de esta labora obtiene los medios económicos que le permiten subsistir. En el año 2017 fue trasladada del lugar donde habitualmente ejercía su labor, debido a una obra pública adelantada por la administración. Con posterioridad, la alcaldía examinó el cumplimiento de las exigencias para reconocerla como vendedora informal, pero no le concedió autorización para ocupar de forma temporal el espacio público con venta informal, por no cumplir con el requisito de residir en Medellín. La actora adujo que esta información fue tomada de la encuesta socioeconómica efectuada en el 2018, cuando se encontraba viviendo temporalmente con una de sus hijas en el municipio de Bello, sin tener en consideración que aportó declaraciones extrajuicio que daban cuenta que para finales del precitado año regresó a vivir en Medellín. Esta decisión es la que se alega como vulneradora de derechos fundamentales. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular. 2º. El deber del Estado de proteger el espacio público y la especial protección constitucional otorgada a los vendedores informales y, 3º. El derecho al debido proceso administrativo. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-03-05


Item 90    Expediente   D-13344    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-092/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Alejandro Linares Cantillo SV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    DIANA CAROLINA SALAMANCA MUNEVAR VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: REESTRUCTURACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN DESARROLLO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La demandante considera que el artículo cuestionado vulnera el artículo 150.10 Superior, en conjunción con los artículos 121 y 123 ibídem. Formuló dos cargos. Uno, relacionado con la posible configuración de un vicio de procedimiento en el trámite de aprobación de la disposición impugnada y el segundo, se funda en el eventual desconocimiento de la garantía institucional de autonomía de la Contraloría General de la República. La Corte concluyó que la concesión de facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reestructurar la Contraloría General de la República dentro de la ley del Plan Nacional de Desarrollo actual, contó con la solicitud del ejecutivo exigida por el artículo 150.10 de la Constitución. Consideró además, que dicha delegación no configuró un desconocimiento de la autonomía administrativa y presupuestal que el constituyente le confirió a dicho Ente de control. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-06-02


Item 91    Expediente   D-13341    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-093/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    JUAN PABLO ARIZA MANTILLA VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: CONSECUENCIA DEL NO PAGO DE UNA MULT. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 183 numeral 3 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El actor aduce que la disposición acusada vulnera el artículo 125 de la Constitución Política, porque la restricción consistente en ser nombrado o ascendido a un cargo público en virtud de la falta de pago de una multa, dentro de los seis meses siguientes a su imposición, constituye una medida irrazonable frente al mérito y a la confianza, en tanto constituye un factor ajeno a las calidades que requiere una persona para ocupar un cargo en la función pública. La Corte concluyó que la restricción cuestionada es constitucionalmente razonable pues su fin no se circunscribe al simple recaudo, sino a garantizar los principios de la función pública, especialmente la sujeción y respeto de la ley; es idónea para alcanzar el fin propuesto; no constituye un requisito para postularse o ingresar al concurso, sino para ser nombrado o ascendido y; no es restricción absoluta, puesto que, si la persona paga el valor adeudado, podrá realizarse el respectivo nombramiento, es decir, contiene un límite temporal o modal. Con base en lo anterior, se declaró la EXEQUBILIDAD del artículo demandado.
Recibo Relatoria:   2020-09-04


Item 92    Expediente   D-11902    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-094/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    CESAR RODRIGUEZ GARAVITO Y OTRO VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: DEFINICIONES Y MEDIDAS POLICIVAS. DEFINICIÓN DE PRIVACIDAD. REGISTRO DEL IMEI. CALIFICACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO COMO ESPACIO PÚBLICO. CÁMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. DATOS PERSONALES EN VIDEOS DE VIGILANCIA SON DE ACCESO PÚBLICO. ENLACE DE ESTOS VIDEOS A LA RED DE LA POLICÍA. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139 (parcial), 146 (parcial) y 237 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El demandante formuló seis cargos pero la Corte, tras analizar la aptitud sustantiva de la demanda, resolvió inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos elevados contra el numeral 8º del artículo 95 de la Ley 1801 de 2016 y el artículo 139 ibídem, por no cumplir los requisitos señalados en la jurisprudencia constitucional para hacerlo. Respecto a los demás cuestionamientos se resolvió: 1º. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 32 y del del inciso primero, del parágrafo segundo del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados. 2º. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 237 ídem, en el entendido de que el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad, en los términos establecidos en el presente fallo.
Recibo Relatoria:   2020-03-12


Item 93    Expediente   D-13281    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-095/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    ANIBAL CARVAJAL VAZQUEZ VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO. PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1952 DE 2019. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El accionante considera que la norma acusada, la cual establece una prórroga hasta el 1º de julio de 2021 para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, viola el artículo 158 de la Constitución, toda vez que el principio de unidad de materia implica dos tipos de deberes: i) definir desde el mismo título las materias que regula un proyecto de ley y ii) mantener una estricta relación interna, desde una perspectiva sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para de esta manera lograr una coherencia temática entre sus componentes y los asuntos regulados. La Corte no encontró acreditados los cuestionamientos del actor y dispuso declarar EXEQUIBLE la prórroga de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario mediante disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Recibo Relatoria:   2020-05-12


Item 94    Expediente   D-13423    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-096/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA VS. LEY 1943 DE 2018

Tema: EXCLUSIÓN IVA PARA LAS COMISIONES PERCIBIDAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS Y COMISIONISTAS DE BOLSA POR LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 23 del artículo 10 de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras. A juicio del demandante, el numeral 23 cuestionado presenta una omisión legislativa relativa y resulta violatorio de los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución, que son fundamento de los principios de generalidad, impersonalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la ley, e igualdad y equidad tributaria. En virtud de lo anterior, solicita que se declare su inconstitucionalidad con efectos retroactivos. Luego de constatar que la disposición legal demandada perdió vigencia con la expedición de la Ley 2010 de 2019, en la cual se incluyó a las sociedades administradoras de inversión entre las sociedades beneficiarias de la exclusión del IVA sobre las comisiones por la administración de fondos de inversión colectiva, la Sala consideró que no procedía la realización de un examen y pronunciamiento de fondo y se declaró INHIBID.
Recibo Relatoria:   2020-06-09


Item 95    Expediente   D-13406    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-097/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    ANDREA OSPINA GARCIA VS. LEY 1816 DE 2016

Tema: IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES. BASE GRAVABLE Y TARIFAS Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 19 y 20 (parciales) de la Ley 1816 de 2016, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones. Los demandantes alegaron que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 29, 150-12, 338 y 363 de la Constitución Política. La Corte constató que en algunos de los apartes normativos acusados que definen la base gravable del impuesto al consumo de licores se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que con decisión previa se pronunció sobre su constitucionalidad en relación con el mismo mismo cargo que se plantea en esta oportunidad, relativo a la violación del principio de legalidad y certeza tributaria. En consecuencia, decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-511/19, mediante la cual se declararon exequibles las expresiones “…precio de venta al público ….certificado anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto” contenidas en su inciso segundo; “…para desarrollar directa o indirectamente a través de terceros, todas las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo”, contenidas en el inciso primero del parágrafo segundo del artículo 19 de la Ley 1816/16. Igual decisión se adoptó respecto a la expresión “certificado por el DANE” contenida en el numeral segundo del artículo 20 ibídem. De otra parte, la Sala Plena decidió INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las siguientes expresiones contenidas en el artículo 19 de la precitada Ley “…por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación” contenidas en el inciso y “Para efectos de la certificación de que trata el presente artículo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encuentra facultado….” Contenida en el inciso primero de su parágrafo 2º, por la ineptitud sustantiva de la demanda. Esta misma declaratoria se hizo frente a la expresión “Componente ad valórem. El componente ad valórem del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25% sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, (...)” contenida en el numeral segundo del artículo 20.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 96    Expediente   LAT-459    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   C-098/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    

Tema: LEY 1958 DE 2019, APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades Otorgados a la Organización”. El precitado acuerdo reconoce privilegios, inmunidades y facilidades a la OCDE en el territorio nacional y le concede a esa organización internacional y a sus agentes, las prerrogativas necesarias para asegurar que su labor sea eficiente, independiente y neutral, en los mismos términos previstos que se hace en general con las misiones diplomáticas que visitan el país. En relación con el análisis formal la Corte concluyó, de una parte, que el Estado colombiano estufo válidamente representado durante el proceso de negociación celebración y suscripción del Acuerdo y, de otra, que se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la Ley objeto de análisis. Respecto al contenido material la Corporación encontró que se adecúa a los postulados constitucionales. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Acuerdo internacional revisado y de su ley aprobatoria, y se hacen precisiones acerca de la eventual responsabilidad del estado colombiano por daño antijurídico u obligaciones laborales a favor de nacionales colombianos.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 97    Expediente   T-7418878 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-03    Sentencia   T-091/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS VS. PIA SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN DE MEDELLIN Y OTRA

Tema: EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PERSONAL “RESERVADA”, “PRIVADA” O “SEMIPRIVADA” ESTÁ RESTRINGIDA A SU TITULAR. SIN EMBARGO, ESTA REGLA NO ES ABSOLUTA. SI ES PARA LA PROTECCIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. El accionante, en su condición de periodista, interpuso dos acciones de tutela: una, contra Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y, la otra, contra la Arquidiócesis de esa misma ciudad. En ambos procesos consideró que sus derechos fundamentales de petición e información fueron vulnerados al negársele, de manera ilegítima, el acceso a cierta información que solicitó acerca de varios sacerdotes pertenecientes a dichas organizaciones religiosas. Los datos pedidos eran para corroborar indicios sobre la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en la capital de Antioquia, al igual que para asegurar que la información que llegare a publicar fuese objetiva y transparente. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las condiciones generales para el acceso a la información personal. 2º. La razonabilidad y proporcionalidad en garantizar dicho acceso. 3º. La afectación del derecho a la intimidad. 4º. La relevancia cualificada del derecho a la información cuando su acceso se pretende por un periodista para el adecuado ejercicio de su profesión y, 5º. La relevancia social de la investigación periodística adelantada por el accionante. Al ponderar los derechos en tensión la Corte concluyó que resultaba procedente garantizar el acceso a los datos solicitados por el periodista, dada la leve afectación que se presentaba al derecho a la intimidad de los titulares de la información, como consecuencia de su carácter semiprivado, frente a la grave afectación de derecho de acceso a la información, en las específicas circunstancias de los casos acumulados. Se CONCEDE el amparo invocado
Recibo Relatoria:   2020-03-06


Item 98    Expediente   T-7381710 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-09    Sentencia   T-099/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    LIDIA EDITHA PARRA Y OTROS VS. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL Y OTRO

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD En once procesos de tutela formulados de manera independiente, las actoras alegaron la vulneración de derechos fundamentales por parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, ente que desempeña el rol de administrador de la Fábrica de Confecciones de propiedad de la Policía Nacional. Lo anterior, como consecuencia de la decisión de finalizar el vínculo laboral que tenían en la modalidad de supernumerarias, al servicio de los procesos productivos de la entidad, sin autorización del Ministerio del Trabajo y a pesar de las condiciones de salud en las que se encontraban. Las peticionarias indicaron que por ser trabajadoras dedicadas al corte y confección de ropa empezaron a presentar dolencias osteo-musculares en miembros superiores y, que por ello, estuvieron incapacitadas o asistiendo a exámenes, terapias físicas y controles médicos con especialista, algunas sometidas a procedimientos quirúrgicos, otras con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o en proceso de calificación del mismo. Todas las accionantes solicitaron a los jueces constitucionales amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que ordenen su reintegro a sus cargos o a uno de mayor jerarquía con el pago de las prestaciones dejadas de percibir. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º) La estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de debilidad manifiesta por condiciones de salud y, 2º. La vinculación de empleados supernumerarios en la Administración Pública y el principio de la realidad sobre las formas. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reintegro de las tutelantes así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Así mismo, se ordena la cancelación de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario. Se EXHORTA al Fondo demandado para que realice un estudio acerca de la viabilidad de creación de cargos de planta para el proceso productivo desarrollado en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional y, en caso de ser viable, proceda a efectuarlo. También se previene al representante legal de la entidad para que en lo sucesivo evite incurrir en conductas como las que generaron las demandas de amparo en cuestión y adopte las medidas necesarias para que en adelante la vinculación de supernumerarios se sujete al ordenamiento jurídico.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 99    Expediente   T-7573693    Fecha sentencia   2020-03-09    Sentencia   T-100/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    JAVIER ANDRES ZORRO GONZALEZ VS. COLEGIO LICEO DE CERVANTES EL RETIRO

Tema: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DERIVADA DEL CONTRATO EDUCATIVO FACULTA –EN PRINCIPIO- A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A RETENER LOS DOCUMENTOS CUANDO NO SE ACREDITE, POR PARTE DEL INTERESADO UNA JUSTA CAUSA Y LA VOLUNTAD DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS. El accionante considera que la institución educativa demandada vulneró su derecho fundamental a la educación como consecuencia de no hacerle entrega del acto de grado de bachiller, con el argumento de que sus padres incumplieron con las cuotas mensuales acordadas en el acuerdo de pago suscrito por la deuda de varias pensiones mensuales dejadas de cancelar en períodos anteriores. El peticionario adujo que esta decisión amenaza la continuidad de su proceso de formación académica y que sus padres se encuentra en una situación de imposibilidad de pagar las obligaciones económicas mencionadas, a pesar de tener voluntad real de cumplir con ellas. Luego de reiterar temática relacionada con el derecho a la educación y la retención de títulos, la Corte decidió AMPARAR el derecho invocado. Se ordenó a la entidad entregar al actor el acta de grado requerido, previa suscripción de un acuerdo de pago que se ajuste a la capacidad económica de éste y de sus padres, en el cual se tenga en consideración la integralidad de la deuda y los intereses causados, sin afectar el mínimo vital de los mismos.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 100    Expediente   T-7559317    Fecha sentencia   2020-03-10    Sentencia   T-101/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    JUAN ANGEL OTERO CAMPO VS. COLPENSIONES

Tema: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR O DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS EN MATERIA DE PENSIONES NO ES IMPUTABLE NI OPONIBLE AL TRABAJADOR. El actor es una persona de 73 años de edad que considera que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que considera tener derecho por ser beneficiario del régimen de transición. La entidad no accedió a la pretensión argumentando que el afiliado no cumplía los requisitos legales para ello. El peticionario alegó que Colpensiones no tuvo en cuenta algunas inconsistencias administrativas de la propia entidad que impidieron el correcto conteo de las semanas de cotización. Se reitera jurisprudencia relacionada con relacionada con: 1º. La responsabilidad de las administradoras de pensiones frente a la información consignada en la historia laboral de sus afiliados. 2º. La responsabilidad de las administradoras de pensiones cuando hay mora en el pago de aportes y, 3º. La posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizados ante Cajas de Previsión diferentes al ISS. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a Porvenir S.A. liquidar y trasladar a Colpensiones y a la cuenta del peticionario, los dineros correspondientes a las cotizaciones en mora por parte del empleador SPECIA S.A., para que sean incluidos en la historia laboral del mismo. Se ordena a la accionada que, una vez reciba el traslado de los dineros antes mencionados, reconozca y pague al tutelante la prestación reclamada; Así mismo, se le hace una advertencia para que se abstenga de volver a incurrir en actuaciones como las descritas en este asunto, a fin de garantizar el correcto tratamiento de los datos de sus afiliados.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 101    Expediente   T-7635139    Fecha sentencia   2020-03-10    Sentencia   T-102/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ARGELINO IZQUIERDO CANDELO VS. SERVICONCRETOS H.S. SAS Y OTRO

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD VINCULADA MEDIANTE CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATAD. Se atribuye a la empresa accionada la vulneración de derechos fundamentales del accionante, como consecuencia de dar por terminado el contrato de trabajo por obra o labor suscrito entre ellos, a pesar de haber sufrido un accidente de trabajo, encontrarse incapacitado, en tratamiento médico y continuar existiendo el cargo que desempeñaba. Se aborda temática relacionada con la estabilidad laboral de personas en circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro de salud en contratos por duración de la obra o labor. Pese a concluir que el accionante no era titular de la estabilidad laboral reforzada en favor de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por no haber acreditado serios problemas de salud que le impidieran o dificultaran sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, la Corte decidió CONCEDER de manera transitoria el amparo invocado. Lo anterior, por cuando la accionada no logró probar que la terminación del contrato de trabajo por duración de la obra o labor hubiese obedecido a la extinción definitiva del contrato con otra empresa que dio origen al mismo. Se indicó al peticionario que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que resuelva definitivamente la controversia planteada, porque de no hacerlo cesa la protección otorgada por vía de acción constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-03-13


Item 102    Expediente   T-7532504 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-10    Sentencia   T-103/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    JUAN DE JESUS VEGA ANGEL Y OTRO VS. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE Desde mediados del año 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá implementó un proyecto denominado “envejecimiento digno, activo y feliz”, el cual contempla cuatro programas enfocados a la atención de los adultos mayores de la ciudad. Uno de esos programas se denomina “centros día” y en él se prioriza la atención de las personas según sean víctimas de la violencia, estén solos, mayores dentro de los solicitantes, se encuentren en situación de discapacidad y estén registrados en el censo indígena. Los accionantes indicaron que asisten desde hace más de tres años a este programa, donde adelantan distintas actividades y reciben desayuno, almuerzo y refrigerio cuatro días a la semana cuando alcanzan a obtener un cupo. Con la acción de tutela pretenden los actores que se ordene abrir nuevos centros para aumentar la capacidad de los mismos y, con ello, poder asistir sin restricción alguna. Así mismo, piden que se inapliquen los criterios de priorización establecidos. La accionada adujo que los centros día operan toda la semana y que si bien únicamente en cuatro días se suministra alimentación a los asistentes, ello se debe a que el objetivo del programa abarca diferentes acciones más allá del componente de nutricional, en tanto busca también el fortalecimiento de las áreas psicológica, artística, deportiva, social y cultural de los adultos mayores a través de distintas actividades rotativas, diferentes al suministro de desayunos, almuerzos o refrigerios. La Corte confirmó las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y porque los peticionarios no demostraron la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Recibo Relatoria:   2020-03-16


Item 103    Expediente   D-13283    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   C-109/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JUAN ESTEBAN SANIN GOMEZ VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: CONTRIBUCIÓN LAUDOS ARBITRALES A CARGO DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PATRIMONIO AUTÓNOMO A CUYO FAVOR SE ORDENE,MEDIANTE LAUDO, EL PAGO DE VALOR SUPERIOR A 73 SMMV Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El demandante considera que la disposición acusada, al fijar una contribución que grava las condenas establecidas en laudos arbitrales de contenido económico, a pesar de que ello no se encuentra previsto para el caso de las providencias judiciales adoptadas por la justicia estatal, viola los mandatos constitucionales de trato igual de equidad tributaria. La Corte considera que la contribución por laudos arbitrales establecida por el Congreso de la República corresponde a un ejercicio válido de la potestad tributaria del legislador, que tiene una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional y no desconoce el derecho de igualdad, puesto que quienes acuden a la justicia arbitral o a la administración de justicia estatal no se encuentran en la misma situación. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-07-28


Item 104    Expediente   D-13395    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   C-110/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    JORGE POSADA TABORDA VS. LEY 1563 DE 2012

Tema: ESTATUTO DEL ARBITRAJE. RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE ANULACIÓN Y REVISIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 40 y 45 de la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Considera el actor que los apartes normativos cuestionados trasgreden los artículos 29 y 31 de la Constitución, al no prever la procedencia del recurso de apelación contra laudos arbitrales y la sentencia que resuelve sobre la anulación de un laudo, con lo que el Legislador habría incurrido en una omisión legislativa. El incumplimiento de los requisitos exigidos para abordar el estudio del cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa llevó a la Corte a declarase INHIBIDA por la ineptitud sustantiva de la demanda
Recibo Relatoria:   2020-08-26


Item 105    Expediente   T-7599111 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   SU.108/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    MARIA EMMA CARDONA Y OTRA VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL Y OTROS

Tema: REQUISITO DE CONVIVENCIA CON EL CAUSANTE, PARA TENER DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye la vulneración de garantías constitucionales a actuaciones judiciales surtidas al interior de procesos ordinarios laborales que resolvieron peticiones relacionadas con el derecho de las actoras a la sustitución pensional como cónyuges supérstites. En un expediente se señaló que el fallo cuestionado incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto, habida cuenta que se aplicó de forma indebida el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, lo que a su vez generó otras irregularidades. En el otro expediente se adujo que la peticionaria no estuvo debidamente representada dentro del proceso ordinario laboral adelantado en su contra, por lo que se configuró el defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica. Se aborda temática relacionada con: 1º la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. 2º. Los requisitos para acceder a la sustitución pensional según el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993. 3º. El defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica. La Corte reiteró las reglas jurisprudenciales unificadas en relación con el requisito de convivencia con el causante, para tener derecho a acceder en calidad de cónyuge o compañero (a) permanente a la pensión de sobrevinientes y en ambos casos CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-10


Item 106    Expediente   T-7163874    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   T-104/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LAURA ANGELICA RUIZ F. Y OTROS VS. INVIMA Y OTROS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONANTES FUERON NOMBRADOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA En catorce acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los peticionarios se presentaron a diferentes procesos de selección y superaron favorablemente las distintas etapas de los concursos de mérito. Tras publicarse los resultados definitivos fueron incluidos en las listas de elegibles, en lugares privilegiados para ejercer los empleos para los cuales concursaron. No obstante lo anterior, las entidades accionadas alegaron la imposibilidad jurídica de hacer los nombramientos en período de prueba y la posterior posesión, alegando que, por las órdenes judiciales proferidas como medida cautelar por el Consejo de Estado, se suspendieron provisionalmente las actuaciones administrativas que venía ejecutando la Comisión Nacional del Servicio Civil, por cuanto las respectivas convocatorias se adelantaron sin que se contara con la firma de los jefes de las entidades participantes. En sede de revisión la Sala conoció que el Consejo de Estado levantó las medidas cautelares de suspensión provisional decretadas en el marco de las convocatorias frente a las cuales participaron los peticionarios y, que en virtud de ello, a algunos de estos se les designó en período de prueba y a otros también se hizo igual designación, en acatamiento de decisiones judiciales de amparo que así lo ordenaron. Con base en lo anterior, se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, según el caso, por la ocurrencia de un hecho superado o de una situación sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 107    Expediente   T-6567189 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   T-106/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    AURA HERNANDEZ DE CAMPUZANO Y OTRAS VS. ICBF

Tema: MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR En seis acciones de tutela formuladas de manera independiente y que reúnen a 27 accionantes en total, se atribuye al ICBF la vulneración de derechos fundamentales a raíz del no reconocimiento y pago de aportes parafiscales en pensiones, a pesar de que las peticionarias tuvieron con la entidad un vínculo laboral cuando se desempeñaron como madres comunitarias. Del total de actoras, veinte estuvieron afiliadas al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y las demás, nunca se beneficiaron del mismo, pues no accedieron a él desde la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional al PSAP, cuya vinculación o afiliación era voluntaria. Las veinte madres mencionadas fueron retiradas del Programa de Subsidio al caer incursas en alguna de las causales de pérdida de la condición de beneficiarias previstas desde el Decreto 1858 de 1995 y actualmente contenidas en el Decreto 1833 de 2016. Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y el régimen jurídico del Sistema General de Pensiones aplicable a las madres comunitarias. Concluye la Corte que, si bien las accionantes efectivamente se desempeñaron de forma permanente o periódica como madres comunitarias en distintas regiones del país, el ICBF no está llamado a responder por los derechos fundamentales invocados, pues ha sido la ley y la reglamentación quienes han establecido las características del régimen jurídico de los hogares comunitarios, no pudiendo la entidad actuar en contravía del ordenamiento que la rige. Es decir, que no puede atribuírsele válidamente al Instituto haber ejecutado durante la existencia de los programas de hogares comunitarios actuaciones ilegales tendientes a desconocer relaciones de carácter laboral con las madres encargadas de los mismos, pues el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional reiterada no admitieron tal hipótesis. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-03-17


Item 108    Expediente   T-7395654    Fecha sentencia   2020-03-11    Sentencia   T-107/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ROSA MEJIA VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES A PADRES DE SOLDADO FALLECIDO EN COMBATE O COMO CONSECUENCIA DE LA ACCION DEL ENEMIGO En este caso se aduce que el Ministerio de Defensa Nacional vulneró los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la actora, al negarle el reconocimiento de la pensión que solicitó con ocasión de la muerte de su hijo, quien era soldado voluntario y falleció por acción directa del enemigo, en tareas de restablecimiento del orden público. La accionada argumentó que el Decreto 2728 de 1968 no consagra pensión con ocasión de la muerte del personal de soldados y que ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional han expedido una sentencia de unificación frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990, en los eventos en que los Soldados Regulares fallecen en combate. Se analiza temática relacionada con el derecho a la pensión para los beneficiarios de los soldados voluntarios que fallecen en combate o como consecuencia de la acción de enemigo y se CONCEDE el amparo invocado respecto al reconocimiento de la prestación solicitada, pero se confirmará la improcedencia de la tutela para reclamar el pago del retroactivo pensional.
Recibo Relatoria:   2020-03-17


Item 109    Expediente   T-6843600    Fecha sentencia   2020-03-12    Sentencia   SU.111/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    COMISION INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ VS. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS

Tema: DERECHOS A LA CONSULTA PREVIA, A LA PARTICIPACION, A LA PROPIEDAD COLECTIVA Y AL MEDIO AMBIENTE SANO En este caso se estudió una tutela formulada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en representación de nueve personas, quienes alegan ser miembros del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla. La supuesta violación de derechos proviene de la ejecución de dos proyectos agroindustriales de siembra de plátano llevados a cabo dentro de su territorio, autorizados por el representante legal de éste, pero sin que se hubiera hecho ninguna consulta con la comunidad antes de firmar los convenios en el marco de los cuales se ejecutarían tales proyectos, a pesar de tener impactos negativos en el medio ambiente. Así mismo, los peticionarios denunciaron amenazas en su contra producto de su disenso alrededor de estas formas de uso de tierras. Se aborda temática relacionada con: 1º. La naturaleza y finalidad de la propiedad colectiva de las comunidades negras regulada en la Ley 70 de 1993 a la luz de los derechos a la autonomía de las comunidades étnicas y al medio ambiente sano. El derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas y su diferencia con el derecho a la participación de sus miembros en las decisiones internas sobre aprovechamiento de recursos naturales. 3º. La protección constitucional a los defensores de derechos humanos y, 4º. Los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal y los criterios para evaluar su amenaza o vulneración. Se CONCEDE el amparo de los derechos a la participación en las decisiones internas del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla con impacto en el medio ambiente en su faceta subjetiva, a la vida y a la seguridad e integridad personal de los tutelantes. Se DENIEGA la protección al derecho fundamental a la consulta previa.
Recibo Relatoria:   2020-09-03


Item 110    Expediente   T-7558434    Fecha sentencia   2020-03-12    Sentencia   T-105/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    MLMP Y RMF VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A TENER UNA FAMILIA BAJO EL PRINCIPIO DE FAMILIA DIVERSA Las accionantes sostienen una relación desde el año 2011 y decidieron acudir a un proceso de fertilización para procrear un hijo. Una vez nació la menor se vieron en la obligación de registrarla únicamente con los datos de la madre biológica porque no se les permitió el registro conjunto. De manera posterior solicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección del registro, pero esta pretensión fue denegada debido a que al momento del nacimiento no se encontraban casadas o en ejercicio de una unión de hecho. La entidad les presentó como única alternativa iniciar un proceso de adopción ante el ICBF. Lo que desean las peticionarias es que se corrija el registro de nacimiento de la menor y que se incluya en él los datos de la madre no gestante. Se analizan los siguientes temas: 1º el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 2º. La protección constitucional de las familias diversas y el derecho de los menores de edad a tener una familia y no ser separados de ella. 3º. El derecho a la igualad y, 4º. La función registral del Estado. Se CONCEDE el amparo invocado. Se ordena a la Registraduría accionada, además de corregir el registro civil de nacimiento mencionado, actualizar la Circular Única de Registro Civil e Identificación, en los términos indicados en la presente decisión y en la Sentencia SU.696/15, esto es, otorgando las mismas garantías que se dan a las familias heteropatentales en relación con el registro civil de nacimiento.
Recibo Relatoria:   2020-03-17


Item 111    Expediente   T-7478866    Fecha sentencia   2020-03-13    Sentencia   T-112/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    UGPP VS. JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLQ

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO AUTORIDAD JUDICIAL NO INCURRIÓ EN DEFECTOS ALEGADOS POR LA UGPP La UGPP instaura la acción de tutela en contra del fallo judicial que negó el recurso de revisión orientado a cuestionar la sentencia proferida en el año 2010 dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual se le ordenó reducir el descuento destinado al sistema de salud de la mesada de una afiliada beneficiaria de la pensión gracia. Para la entidad accionante la providencia incurrió en defecto sustantivo y en defecto procedimental absoluto, respectivamente, al inaplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y al desconocer los parámetros fijados en la Sentencia SU.427/16, en virtud de los cuales la UGPP tenía plazo hasta junio de 2018 para promover el recurso extraordinario deprecado. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se hace una contextualización de los defectos sustantivo y procedimental absoluto. Por considerar que la providencia cuestionada no lesionó garantía constitucional alguna, la Corte decidió NEGAR el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-03-17


Item 112    Expediente   T-7364239    Fecha sentencia   2020-03-16    Sentencia   T-113/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    FERNANDO RUBIANO TORO VS. COLPENSIONES

Tema: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, aún cuando cumple con los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. La entidad argumentó que el peticionario no cumple con el requisito de tener 50 semanas de cotización en los tres años previos a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, ni le es aplicable la figura de la condición más beneficiosa, toda vez que la fecha de estructuración es posterior al 29 de diciembre de 2006 y, por tanto, no cumple con las disposiciones establecidas en la Ley 860 de 2003. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la condición más beneficiosa la Corte concluyó que la accionada vulneró garantías constitucionales al no tener en cuenta que previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor había cumplido con el requerimiento de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo anterior a la fecha de estructuración del riesgo. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 113    Expediente   T-6977805    Fecha sentencia   2020-03-16    Sentencia   T-114/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    NELLY SANCHEZ GUERRERO VS. COLPENSIONES Y OTROS

Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTES Y DEBER DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES POR PARTE DEL EMPLEADOR La actora aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negar el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de vejez que, a su juicio, fue causada por su fallecido esposo. La entidad adujo que el causante no cumplió con el número de semanas exigidas para acceder a dicha prestación. Según la peticionaria, la entidad debió contabilizar las semanas que le fueron reconocidas por una sentencia judicial a cargo del municipio de Rovira, quien, a pesar de estar presuntamente obligado, no afilió al causante ni efectuó las cotizaciones correspondientes. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la obligación que tiene el empleador de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a Colpensiones elaborar y enviar a la entidad territorial mencionada el cálculo actuarial por el tiempo reconocido en decisión judicial al esposo de la actora. Así mismo se ordena a dicho municipio que, una vez reciba dicho cálculo, proceda a trasladar las sumas debidas a la citada administradora, para que ésta proceda a reconocer y pagar la sustitución pensional mencionada, en lo no prescrito.
Recibo Relatoria:   2020-08-24


Item 114    Expediente   T-7602948 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-03-16    Sentencia   T-115/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    DINA LUZ SOTO ARIAS Y OTROS VS. UARIV

Tema: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye la vulneración de derechos fundamentales, a la decisión de la UARIV de negar a los actoras el reconocimiento como víctima del conflicto armado, a través de su inscripción en el Registro Único de Victimas (RUV), bajo la consideración de haber formulado las solicitudes de manera extemporánea en relación con los términos establecidos en la Ley 1448 de 2011. Se aborda temática relacionada con el concepto de víctima en la jurisprudencia constitucional; el derecho fundamental a ser incluido en el RUV y la regla de temporalidad establecida en el artículo 155 de la precitada ley. En ambos casos se CONCEDE el amparo invocado. En un expediente se ordena a la entidad realizar la valoración de los hechos declarados por la actora como hecho victimizante, para establecer si es viable o no su inclusión en el Registro Único de Victimas. En el otro asunto se le ordena expedir el correspondiente acto administrativo en donde se incluya a la peticionaria y a su núcleo familiar en el RUV.
Recibo Relatoria:   2020-07-19


Item 115    Expediente   T-7574909    Fecha sentencia   2020-03-16    Sentencia   T-116/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    JOSE MILCIADES MORENO GAMBA VS. COLPENSIONES

Tema: APLICACION DEL PRINCIPIO DE CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSION DE INVALIDEZ El actor considera que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que solicitó, bajo el supuesto incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, específicamente el relacionado con la acreditación de 50 semanas de cotización dentro de las 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. El derecho a la seguridad social. 2º. El régimen jurídico de la pensión de invalidez en el marco legal y jurisprudencial y, 3º. El alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de la precitada prestación. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la entidad pagar el reconocimiento y pago de la pensión a la que tiene derecho el peticionario, conforme al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990.
Recibo Relatoria:   2020-07-21


Item 116    Expediente   T-7643151    Fecha sentencia   2020-03-16    Sentencia   T-117/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ELIAS VS. EPS SANITAS S.A.

Tema: DERECHO A LA SALUD Y SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS El accionante considera que la E.P.S cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al negarle el suministro directo del medicamento recetado por su médico, aun cuando, desde que inició el tratamiento para la patología que presenta se le había entregado para su aplicación en el hogar. La entidad indicó que el fármaco en cuestión es de aplicación controlada y que por ello el paciente debía acudir a la institución prestadora de salud para que le fuese inyectado bajo supervisión médica. Se reitera la línea jurisprudencial referente a los requisitos de procedencia de la tutela, a la obligación de suministro oportuno de medicamentos por parte de las EPS y a las causales de exoneración de pagos moderadores. La Corte consideró que la accionada vulneró los derechos fundamentales del peticionario al modificar las condiciones de dispensación del medicamento recetado, sin acudir al criterio científico del médico tratante, quien es el profesional indicado para conocer y establecer los riesgos que implica el tratamiento. Además, es la persona facultada para variar o cambiar la prescripción médica, de acuerdo con la evolución en la salud de su paciente. Con base en la anterior consideración se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-04-24


Item 117    Expediente   D-12060    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-118/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MANUEL ESTEBAN GARCIA ORREGO VS. LEY 1823/17

Tema: SALAS AMIGAS DE FAMILIAS DE LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL. EMPRESAS PRIVADAS CON MENOS DE 1000 EMPLEADOS Y ENTIDADES PÚBLICAS TENDRÁN DOS (2) AÑOS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS NECESARIAS DESTINADAS AL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS SALAS Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 y el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 1823 de 2017, por medio de la cual se adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. En tres demandas de inconstitucionalidad formuladas de manera independiente, se aduce que las disposiciones cuestionadas desconocen los artículos 1, 2, 5, 13, 20, 25, 43, 44 y 53 de la Constitución Política de Colombia, al igual que los artículos 1, 2, 7 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 3 y 14 de la Convención de los Derechos de los Niño; los artículos 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El cargo principal, del cual se desprenden las acusaciones restantes, tiene que ver con la violación del derecho a la igualdad. Según los peticionarios la trasgresión de esta garantía se da porque a unas madres lactantes se les protege el derecho a lactar a sus hijos en condiciones privilegiadas, mientras que otras madres no tienen ninguna posibilidad de acceder por laborar en empresas privadas situadas por debajo del límite fijado en el precepto objeto de censura, empresas sobre las que presuntamente no recae obligación alguna de procurar un espacio apto para la extracción y adecuada conservación de la leche materna. La Corte decidió declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo único del artículo 2 de la Ley 1823 de 2017, e INHIBIRSE de adoptar una decisión de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto del segundo inciso del artículo 5º ibídem.
Recibo Relatoria:   2020-09-15


Item 118    Expediente   D-12637    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-119/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    EFRAN GOMEZ CARDONA VS. LEY 1882 DE 2018

Tema: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ADOPCIÓN POR EL GOBIERNO NACIONAL DE DOCUMENTOS TIPO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 1882 de 2018, que adicionó un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. El demandante cuestiona algunas expresiones de la norma precitada en las cuales se atribuye competencia al Gobierno Nacional para adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones de determinados contratos y también lo autoriza para adoptar dichos documentos tipo respecto de los otros contratos o procesos de selección y se prevé que los mismos deberán ser utilizados obligatoriamente por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los procesos de selección que adelanten. Según el actor, esta atribución desconoce la autonomía de las entidades territoriales prevista en los artículos 1 y 287 de la Carta Superior. La Corte declaró la EXEQUIBILIDAD de las disposiciones acusadas tras considerar la facultad de expedir de pliegos tipo para la selección de contratistas, en lo que respecta a los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, no desconoce la autonomía de las entidades territoriales, al tratarse de asuntos cuya regulación compete al legislador.
Recibo Relatoria:   2020-07-01


Item 119    Expediente   D-13385    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-120/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    RICARDO ALVAREZ CUBILLOS VS. DECRETO LEY 019/12

Tema: CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ POR PARTE DE LAS EPS, ARL, COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y COLPENSIONES. Demanda de inconstitucionalidad contra el segundo inciso del artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. La disposición acusada establece el proceso para determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional en el Sistema de Seguridad Social. A juicio del accionante, permitir una primera oportunidad a las aseguradoras del Sistema, al ser las encargadas de llevar a cabo esta calificación, las convierte en juez y parte, dado el interés que pueden tener en el resultado (asumir la obligación que les impone el deber de asegurar la prestación que haya lugar a reconocer). Considera el actor que con ello se violan los derechos al debido proceso y a la seguridad social. La Corte consideró que el Legislador no violó los derechos alegados al establecer que un trámite del cual depende el acceso a beneficios de seguridad social sea decidido en primer lugar (primera oportunidad) por la misma entidad que tendría que asumir la obligación del pago de tal beneficio; en tanto es una medida razonable que busca un fin constitucionalmente legítimo, por un medio que es idóneo para alcanzar el mismo.
Recibo Relatoria:   2020-05-20


Item 120    Expediente   D-13393    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-121/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    NANCY ELENA CORAL CASTAÑEDA VS. LEY 1920 DE 2018

Tema: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. INCENTIVOS PARA VINCULAR MUJERES, PERSONAS ADULTAS MAYORES O EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 11 de la Ley 1920 de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Ley del Vigilante. La accionante afirmó que las normas demandadas vulneran los artículos 74, 151, 157, 158 y 160 de la Constitución Política y el 7 de la Ley 819 de 2003. Lo anterior, tanto por vicios de forma como de fondo. La Corte consideró que la introducción en la ley de incentivos por la vinculación al servicio de vigilancia y seguridad privada de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad y la formación técnica y tecnológica a cargo del SENA del personal de operativo en dichas actividades, resultan acordes con los principios de consecutividad e identidad flexible y de unidad de materia. Con base en lo anterior la Sala Plena declaró la EXEQUIBILIDAD de los artículos cuestionados.
Recibo Relatoria:   2020-06-02


Item 121    Expediente   D-13472    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-122/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    HUGO LASCARRO POLO VS. LEY 1949 DE 2019

Tema: FUNCION JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. APELACIÓN CONTRA PROVIDENCIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones. El demandante alega una omisión legislativa relativa violatoria del artículo 29 de la Carta Superior. Indica que la norma acusada es inconstitucional porque no incluyó de forma expresa el término para resolver la segunda instancia en el proceso jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, el cual es un elemento necesario para la materialización del derecho al debido proceso y de otros bienes jurídicos como la salud, la vida y la dignidad humana, que están involucrados en las controversias del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Luego de evaluar los fundamentos de la demanda, la Sala Plena concluyó de manera unánime dos aspectos. El primero, que en el presente asunto era razonable levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid 19, en tanto que su trámite es compatible con las condiciones actuales de aislamiento social obligatorio y, el segundo, que la censura descrita no cumplió los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación para la construcción de un cargo de inconstitucionalidad. Por la anterior consideración, la Corte se declaró INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda
Recibo Relatoria:   2020-05-08


Item 122    Expediente   D-13329    Fecha sentencia   2020-04-15    Sentencia   C-123/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Alberto Rojas Ríos SV:Alejandro Linares Cantillo SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JORGE LUIS GOMEZ ABRIL VS. CODIGO CIVIL, ARTICULO 113 PARCIAL

Tema: MATRIMONIO CIVIL. UNA DE LAS FINALIDADES DE ESTE CONTRATO ES LA PROCREACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 113 (parcial) del Código Civil. En este caso se cuestionó la constitucionalidad de las expresiones “con el fin de” y “procrear”. Según el demandante, el Código Civil consagró el matrimonio como un contrato solemne, lo que a la luz de las reglas que lo rigen implica que se le aplique el régimen de responsabilidad de los contratos. En particular, afirmó que desconocer la finalidad de procreación podría derivar en el incumplimiento de una de las obligaciones del contrato matrimonial, lo cual otorga al contratante ofendido el derecho a reclamar la satisfacción del débito contractual y la correspondiente indemnización de perjuicios por las vías judiciales. Por tanto, la parte que no está en la disposición de procrear, tendría la obligación de indemnizar a la otra parte contratante. También adujo, que definir la procreación como uno de los fines del matrimonio desconoce la libertad que tienen las parejas de decidir si procrean o no, puesto que su intimidad es inviolable. Afirmó, que la procreación simplemente debería ser una decisión libre de la pareja, más no un fin del contrato de matrimonio. La Corte concluyó que los cargos propuestos no son aptos, al no satisfacer las exigencias fijadas por la jurisprudencia constitucional, en tanto las razones presentadas por el accionante carecen de las cargas mínimas de certeza y suficiencia. Con base en lo anterior, la Sala Plena se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-05-28


Item 123    Expediente   D-13400    Fecha sentencia   2020-04-22    Sentencia   C-126/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    AIDA HELENA VERGARA VERGARA VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: FINANCIACIÓN TECNOLOGÍA EN SALUD. A CARGO DE LAS EPS CON CARGO AL TECHO O PRESUPUESTO MÁXIMO QUE LES TRANSFIERA PARA TAL EFECTO LA ADRES Acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. La actora adujo que el precitado Decreto desconoce los artículos 48, 49, 158, 169 y 339 de la Constitución Política de Colombia. La Corte concluyó que la disposición demandada no es contraria al principio de unidad de materia consagrado en la Carta Superior y por ello, decidió declararla EXEQUIBLE. Sostuvo que, aunque está orientada a resolver un problema estructural asociado al financiamiento del sistema de salud, su carácter es meramente instrumental, en cuanto se limita a establecer un mecanismo cuya finalidad es garantizar la eficiencia en el gasto asociado a la prestación de servicios y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 124    Expediente   D-13461 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-04-22    Sentencia   C-127/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JUAN GONZALEZ ESCANDON Y OTROS VS. LEY 1978 DE 2019

Tema: MODERNIZACIÓN SECTOR DE LAS TIC. ACCESO Y USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. PRIORIDAD DEL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. FUNCIONES DE MINTIC EN ESTA MATERIA. CONCESIONES PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN. FONDO ÚNICO DE LAS TIC Y LAS COMUNICACIONES. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO. SUPRESIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN Demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones, así como contra los artículos 1º (parcial), 8º, 9º y 20 (parcial) ídem. En términos generales los actores alegaron la vulneración del principio de reserva de ley estatutaria y el derecho a la igualdad. La Corte consideró que el Estatuto que regula las tecnologías de la información y las telecomunicaciones integrado por las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019 no está amparado por la reserva de ley estatuaria. Lo anterior, porque no afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales que emanan del artículo 20 de la Constitución Política, al ser una normativa que desarrolla a cabalidad el artículo 75 Superior. La Sala Plena de la Corporación decidió declararse INHIBIDA para decidir sobre los cargos contra las expresiones legales que, en el presente caso, se demandan de los artículos 1º y 20 de la Ley 1978 de 2019 y declarar EXEQUIBLES la totalidad de las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, en relación con el cargo por violación de la reserva de trámite legislativo estatutario, con ocasión de la alegada violación del artículo 152 superior y, declarar EXEQUIBLES los artículos 8º y 9º de la Ley 1978 de 2019, en relación con el cargo por violación de la reserva de trámite legislativo estatutario, con ocasión de la alegada violación del artículo 152 Superior.
Recibo Relatoria:   2020-06-02


Item 125    Expediente   D-13496    Fecha sentencia   2020-04-22    Sentencia   C-128/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    ANDRES FERNANDO RUIZ HERNANDEZ VS. LEY 1826 DE 2017

Tema: DETENCIÓN PREVENTIVA. PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO. DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, CUANDO LA PERSONA HAYA SIDO CAPTURADA POR CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO O CONTRAVENCIÓN DENTRO DE LOS TRES AÑOS ANTERIORES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7° de la Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. El demandante considera que la disposición acusada vulnera la prohibición de reproducción de contenidos materiales declarados inexequibles por la Corte Constitucional y la presunción de inocencia, establecidos respectivamente en los artículos 243 y 29 Superiores. La Sala Plena encontró acreditadas las circunstancias para establecer el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por i) identidad formal en el objeto acusado; ii) identidad material en el cargo propuesto y iii) ausencia de variación del parámetro de validez constitucional. Con base en lo anterior dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-567/19 , que a su vez declaró “Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425/08, en tanto declaró EXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, en relación con el cargo de desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia). Segundo. Declarar EXEQUIBLE, en consecuencia, el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, en el entendido de que las capturas aludidas en la norma examinada, sólo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías. (…) Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por vulneración del artículo 29 de la Constitución, por desconocerse el principio de culpabilidad por el acto”.
Recibo Relatoria:   2020-05-20


Item 126    Expediente   T-7528942    Fecha sentencia   2020-04-22    Sentencia   T-124/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ANA LUCIA MORENO RIVAS VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

Tema: ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. La accionante actúa en representación de dos hijas que tienen 18 y 20 años de edad y se encuentran en situación de discapacidad física, mental e intelectual desde su infancia, cuando fueron diagnosticadas con epilepsia y retardo mental severo asociado a meningitis. La peticionaria pretende que el juez constitucional le ordene a las entidades accionadas y vinculadas prestar a sus hijas el servicio de transporte, con acompañamiento, desde su residencia hasta el instituto donde están inscritas en un programa de educación informal, al igual que hasta los centros médicos en los que se les lleva a cabo procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, la accesibilidad de este grupo de personas y el servicio de transporte escolar. La Corte concluye que resulta procedente el amparo de la prestación de transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad al sistema educativo de personas mayores de edad en situación de discapacidad, siempre que se constate que su no prestación implica una afectación manifiestamente irrazonable y desproporcionada de los derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante. Se CONCEDE el amparo en lo que respecta a la petición de transporte escolar y se declara la cosa juzgada en lo que refiere a la solicitud de transporte para procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación.
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 127    Expediente   T-7317990    Fecha sentencia   2020-04-24    Sentencia   T-132/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    FLORINDA SILVA VS. LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE La accionante considera que la entidad aseguradora demandada vulneró sus derechos fundamentales al negar su solicitud de hacer efectiva la póliza de seguro de vida grupo deudores, con fundamento en que al momento de adquirir el seguro contaba con 69 años de edad, cuando la máxima para hacerlo efectivo era de 65. En el presente caso la Sala de Revisión no encontró ningún elemento que permitiera concluir la procedencia excepcional de la tutela. Por el contrario, determinó que el asunto a resolver se trataba de una pretensión económica originada en una controversia mercantil. Asimismo, estableció que no hay evidencia probatoria que permita concluir que el juez constitucional debe intervenir en el asunto con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-11


Item 128    Expediente   T-7334183    Fecha sentencia   2020-04-24    Sentencia   T-133/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    GLORIA ESPERANZA DIAZ BURBANO Y OTRO VS. COMFAMILIAR HUILA

Tema: SOLIDARIDAD Y PRINCIPIO DE CARGAS SOPORTABLES EN SALUD-LE CORRESPONDE A LA FAMILIA ASUMIR COSTO DE PILAS PARA AUDÍFONOS La accionante interpuso la solicitud de amparo en favor de dos hijas menores de edad a quienes les diagnosticaron hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial bilateral. El médico tratante les prescribió a las niñas el uso de audífonos junto con sus respectivas pilas, para efectos de mejorar su capacidad auditiva y por ende, su calidad de vida. Los audífonos fueron proveídos a ambas menores por la EPS, pero ésta se rehusó a suministrar las pilas, a pesar de la solicitud que al respecto hiciera el referido profesional de la salud ante el Comité Técnico Científico (C.T.C.). La anterior actuación es la catalogada como vulneradora de derechos fundamentales. La entidad argumentó que dicha prestación es una carga que debe asumir el usuario al tratarse de tecnologías No POS, y que éstas no se encuentran financiadas con cargo a la UPC ni tampoco pueden considerarse como insumos No POS. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud. 2º. Cobertura y exclusiones del plan de beneficios. 3º. Derecho a la atención integral en salud. 4º. El suministro de pilas en el ámbito del derecho a la salud. 5º. El principio de solidaridad en el Estado Social de Derecho. 6º. Doctrina de las cargas soportables y, 7º. Las obligaciones de los padres respecto de la garantía de los derechos de sus hijos menores de edad y competencia de los municipios para el otorgamiento de subsidios a la población vulnerable. La Corte encontró que el núcleo familiar de las menores representadas cuenta con bienes e ingresos que hacen soportable la carga de asumir la compra de las pilas, por lo que sus padres, e incluso sus hermanos, de ser necesario, tendrían la capacidad de aunar esfuerzos para garantizar dicho suministro. No obstante lo anterior se precisó que, de conformidad con el principio de solidaridad en su faceta de obligación exigible al Estado, y en el marco de las competencias asignadas a los municipios por la Ley 715 de 2001, la capacidad económica del núcleo familiar mencionado no obsta para que gestionen su inscripción, de considerarlo necesario, en los programas de asistencia a la población vulnerable que tenga diseñados el municipio donde residen, previo cumplimiento de los requisitos que se exijan para tal efecto. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-11


Item 129    Expediente   D-13469    Fecha sentencia   2020-04-29    Sentencia   C-132/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    JAVIER ORTIZ MUÑOZ VS. LEY 1819 DE 2016

Tema: IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDO Y FACTURACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. El demandante adujo que la disposición demandada es contraria a los artículos 287.3, 338 y 363 de la Constitución Política. La Corte consideró que las reglas establecidas por el legislador para efectuar el recaudo del impuesto de alumbrado público por parte de los municipios o distritos, no desconoce el ámbito de autonomía que reconoce la Carta Superior a las entidades territoriales en materia tributaria. Se declara la EXEQUIBILIDAD del aparte normativo cuestionado.
Recibo Relatoria:   2020-08-24


Item 130    Expediente   D-13439    Fecha sentencia   2020-04-29    Sentencia   C-133/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    JOSE LUIS GARCIA VILLAMIZAR VS. ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 651

Tema: INFORMACIÓN TRIBUTARIA EXTEMPORÁNEA. SANCIONES. Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 651 (parcial) del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. El actor adujo que la norma cuestionada violaba los artículos 2, 13, 29, 95-9, 363 Superiores e incurría en una omisión legislativa relativa. La falta de certeza y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad contra la sanción tributaria prevista en la ley por información extemporánea, llevó a la Corte a declararse INHIBIDA para adoptar un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 131    Expediente   T-7670628    Fecha sentencia   2020-05-04    Sentencia   T-135/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    MARLENE CAMACHO FERNANDEZ VS. NOTARIA 7 DEL CIRCULO DE CUCUTA

Tema: DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADA DE ELLA CUANDO ALGUNO DE LOS PADRES SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD. REGLAS. La accionante, actuando en representación de cuatro hijos menores de edad, considera que la Notaría cuestionada vulneró al considerar vulnerado el derecho fundamental a la familia, al negarse a autenticar la autorización que ella dio a sus hijos para visitar al padre recluido en el complejo metropolitano de Cúcuta, argumentando que ni ella ni los menores se identificaron con pasaporte sino con tarjeta de movilidad fronteriza y su cédula de identidad venezolana. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las reglas jurisprudenciales sobre el alcance del derecho de los niños a tener una familia y no ser separada de ella cuando alguno de los padres se encuentra privado de la libertad. 2º. El régimen de visitas a establecimientos carcelarios por parte de menores de edad. 3º. La función fedante desarrollada por las notarías, y, 4º. Los documentos de identificación de ciudadanos venezolanos válidos en Colombia. La Corte considera que la omisión de autenticación con fundamento en la no exhibición del pasaporte o cédula de extranjería fue desproporcionada e irrazonable teniendo en cuenta que: (i) el Estado colombiano, en razón de las dificultades que afrontan los nacionales venezolanos, permite su identificación por medio de otros documentos distintos al pasaporte o la cédula de extranjería; (ii) el notario, en virtud de su autonomía, está en capacidad de valorar cada situación que se le presente y en caso de urgencia puede identificar a los usuarios por medio de otros documentos; (iii) la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) permite el acceso y permanencia en el departamento de Norte de Santander, zona en la que está ubicada la cárcel modelo de Cúcuta, lugar de reclusión del padre de los accionantes; (iv) para el INPEC sucursal Cúcuta, en el marco del régimen de visitas, la TMF es un documento que permite la identificación de los ciudadanos venezolanos y; (v) el documento privado que se pretende autenticar, esto es, el permiso de ingreso, no está sujeto a solemnidades o actos especiales, pues su única finalidad es permitir la visita de los cuatro menores a su padre privado de la libertad. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-05-12


Item 132    Expediente   T-7615415    Fecha sentencia   2020-05-05    Sentencia   T-136/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    SERGIO IVAN AMAYA MURILLO VS. COOSALUD EPS Y OTROS

Tema: GARANTIA DE ACCESIBILIDAD E INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD DE ADULTO MAYOR EN SITUACION DE DISCAPACIDAD En este asunto se aduce que Coosalud EPS vulneró derechos fundamentales de un adulto mayor que no solo tiene imposibilidad de moverse de forma autónoma, sino que no cuenta con una red de apoyo familiar y económico. La trasgresión se dio como consecuencia de la negativa del servicio de cuidador domiciliario 12 horas diarias, de la orden de citas médicas fuera del lugar de residencia y de la falta del suministro del servicio de transporte para asistir a las mismas. Se aborda temática relacionada con el principio de integralidad en el servicio público de salud y las reglas sobre el servicio de cuidador domiciliario. Así mismo, sobre la accesibilidad como componente del derecho fundamental a la salud y las reglas sobre el servicio de transporte intermunicipal para acceder a tratamientos médicos. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la pretensión relacionada con el suministro de pañales desechables, suplemento vitamínico y crema anti escaras, puesto que se demostró que cesó la afectación alegada en este sentido porque la accionada actuó de forma diligente de acuerdo con el dictamen y las órdenes médicas que los prescribió. En relación con las pretensiones sobre el suministro del servicio de transporte y el servicio de cuidador, la Corte concluyó que la accionada sí vulneró el derecho a la salud en relación con el principio de integralidad y el componente de accesibilidad. En este sentido se concedió el amparo invocado y se impartió una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado.
Recibo Relatoria:   2020-06-26


Item 133    Expediente   T-7738782    Fecha sentencia   2020-05-05    Sentencia   T-137/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MARTHA GALVIS HERRERA Y OTROS VS. DEFENSORIA DEL PUEBLO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONFORMO GRUPO DE BENEFICIARIOS DE INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA, SIN INCLUIR A LOS ACCIONANTES. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. En este caso un grupo de 14 personas inició la acción de tutela en contra de la Defensoría del Pueblo por la presunta vulneración de varios de sus derechos fundamentales, a causa de la no de inclusión de sus nombres como beneficiarios de la indemnización ordenada dentro de una acción de grupo formulada en contra de la Nación/Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, por hechos relacionados con el desplazamiento forzado en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander), a raíz de la incursión violenta en la zona de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC/EP). La mencionada lista de beneficiarios fue conformada por la propia entidad a través de un acto administrativo. Luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción, la Corte constató que la solicitud de amparo no cumplía con el de subsidiariedad. Con base en lo anterior, se concluyó que la tutela resulta IMPROCEDENTE y, en consecuencia, se confirmaron las decisiones de instancia que así lo declararon.
Recibo Relatoria:   2020-05-21


Item 134    Expediente   D-13387    Fecha sentencia   2020-05-06    Sentencia   C-138/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    MILTON JOSE PEREIRA BLANCO Y OTRO VS. LEY 1454 DE 2011

Tema: PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. FACULTADES DEL DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER DIRECTRICES Y ORIENTACIONES EN MATERIA DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS POT DE LOS MUNICIPIOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29 (parcial) de la Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Los demandantes consideran que las disposiciones cuestionadas, al atribuir competencias a los departamentos para proferir directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial y adoptar planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio, vulneran el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución porque desconocen que la determinación de los usos del suelo es una función constitucionalmente atribuida a los concejos municipales y distritales y no a las entidades territoriales del orden departamental. La Corte considera que la función de establecer directrices y orientaciones en materia de ordenamiento territorial, y la de formular planes departamentales de ordenamiento territorial (PDOT) conferidas por el legislador a los departamentos, no configuran violaciones a la autonomía municipal. Con base en la anterior consideración, se declaró la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada.
Recibo Relatoria:   2020-10-13


Item 135    Expediente   D-13513    Fecha sentencia   2020-05-06    Sentencia   C-139/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    ROBERTO FELIPE MUÑOZ ORTIZ VS. LEY 906 DE 2004

Tema: ACCIÓN DE REVISIÓN. QUIENES PUEDEN PROMOVER ESTA ACCIÓN Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. El actor afirma que la norma cuestionada vulnera los artículos 2, 13, 229 y el Preámbulo de la Constitución. La Sala Plena constató que el demandante no cumplió con los presupuestos exigidos para para poder llevar a cabo un examen de fondo, pues lo expuesto por él no satisfizo la carga de suficiencia, pertinencia, especificidad y certeza requerida por la jurisprudencia constitucional. La Corte se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria:   2020-06-02


Item 136    Expediente   D-13517    Fecha sentencia   2020-05-06    Sentencia   C-140/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS GOMEZ VS. DECRETO LEGISLATIVO 04/19

Tema: CONTROL FISCAL. EJERCICIO PODRÁ SER PREVENTIVO Y CONCOMITANTE. ATRIBUCIÓN DEL CONTRALOR PARA ADVERTIR A SERVIDORES PÚBLICOS Y QUIENES ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS SOBRE EXISTENCIA DE RIESGO INMINENTE EN OPERACIONES O PROCESOS DE EJECUCIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del Acto Legislativo 4 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. El actor adujo que el Congreso de la República excedió su competencia para reformar la Constitución, en tanto las normas cuestionadas constituyen una sustitución de dos pilares esenciales de la Carta como son la separación de poderes y el control fiscal posterior y selectivo. La Corte no encontró reparo en el Acto Legislativo demandado, por no constituir una sustitución del principio de separación de poderes. Con base en lo anterior, declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-10-20


Item 137    Expediente   T-7414038    Fecha sentencia   2020-05-07    Sentencia   SU.141/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Alejandro Linares Cantillo SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    MARIA CAMILA OROZCO BECERRA Y OTROS VS. JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTA Y OTRO

Tema: PROTECCION A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y PRENSA DE PERIODISTAS, A QUIENES, EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL, LES FUE PROHIBIDO EL INGRESO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES Varios periodistas interpusieron la acción de tutela en contra de la decisión judicial que declaró la reserva de las audiencias preliminares adelantadas en contra del exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá y otros por los delitos de concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. El operador jurídico basó su decisión en la necesidad de conjurar el riesgo para las víctimas y garantizar el buen curso y éxito de la investigación. Como consecuencia de la anterior declaratorias se prohibió el ingreso del público y de la prensa a las audiencias y el acceso a las grabaciones. Para los actores, tal impedimento vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus derechos al debido proceso y al trabajo. Esto, por cuanto la disposición no fue debidamente motivada, desconoció el precedente constitucional y se fundó en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia penal. En consecuencia, solicitaron autorización para ingresar a las audiencias preliminares que se adelantarían en dicho proceso y, en general, en todos los procesos penales, a excepción de aquellos en los que proceda la reserva prevista en la Ley 906 de 2004. Se abordó temática relacionada con: 1º. El contenido y el alcance de las libertades de expresión, información y prensa en relación con la publicidad de las audiencias preliminares. 2º. La configuración del defecto sustantivo por interpretación asistemática en el caso concreto y, 3º. Los límites al ejercicio de las referidas libertades por parte de los medios de comunicación en el cubrimiento de audiencias preliminares. La Corte concluyó que en el presente caso se configuró el fenómeno de la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por daño consumado, toda vez que la afectación alegada se consumó en tanto las audiencias preliminares mencionadas concluyeron sin que los peticionarios pudiesen ingresar a estas. No obstante lo anterior, la Corte hizo un pronunciamiento de fondo y definió los criterios que deben tener en cuenta los jueces de control de garantías, al decidir sobre la reserva de las audiencias preliminares. En tal sentido advirtió, que éstos operadores deben hacer una ponderación entre las libertades de expresión, información y prensa y los principios constitucionales que tal declaratoria garantiza, en particular, los derechos de las partes, intervinientes, víctimas, testigos y menores de edad, así como los intereses de la justicia, la integridad del proceso penal, el orden público, la moral pública y la seguridad nacional. Se precisó que, al llevar a cabo esta ponderación, el juez debe sujetarse a los criterios expuestos en esta providencia y considerar la adopción de medidas alternativas idóneas para satisfacer las libertades de expresión, información y prensa.
Recibo Relatoria:   2020-09-24


Item 138    Expediente   D-11992 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-05-13    Sentencia   C-142/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    GERMAN GUILLERMO GONZALEZ Y OTRA VS. LEY 1801 DE 2016

Tema: MEDIDAS DE POLICÍA. PROTECCIÓN A HABITANTES DE LA CALLE. MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN PÚBLICA. MULTAS Y CONSECUENCIAS POR MORA EN EL PAGO DE MULTAS. Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 41, 180 y 182 (parciales) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. En dos demandas formuladas de manera independiente los actores aducen que las disposiciones cuestionadas, al prever que a) es deber de toda persona, sin perjuicio de su condición económica, pagar las multas, b). que dichas multas pueden incrementarse en caso de desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, c) que, en caso de no pagarse dentro del primer mes, habrá lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario y, d). que si las multas, liquidadas y comunicadas, no son pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente tiene el deber de reportar su existencia al Boletín de Responsables Fiscales (BRF), contravienen lo dispuesto en los artículos 1, 13, 15, 16, 24 y 29 de la Constitución, al igual que varias disposiciones consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 5, 19 y 21) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7, 13 y 15). La Corte consideró que la inclusión en el boletín de responsables fiscales de la información sobre quienes no han pagado oportunamente multas por infracciones policivas resulta incompatible con el derecho al buen nombre, habida cuenta de la naturaleza de estas medidas correctivas y las consecuencias que se derivan del reporte a dicho boletín creado para otro tipo de sanciones y conductas. La Sala Plena de la Corporación decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281/17, que declaró inexequible el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016. Así mismo, resolvió declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones: “Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo”, “Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)” y “sin perjuicio de su condición económica y social”, contenidas en el artículo 180 ibídem, y la expresión: “El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente.”, contenida en el artículo 182 de dicha ley. Por último, se declaró INEXEQUIBLE el inciso sexto del parágrafo del artículo 180 de la precitada normatividad.
Recibo Relatoria:   2021-02-10


Item 139    Expediente   T-7478061    Fecha sentencia   2020-05-13    Sentencia   SU.143/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    FIDUAGRARIA S.A Y OTRA VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL DE DESCONGESTION NUMERO 2

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR VULNERACIÓN DEBIDO PROCESO DE PAR TELECOM. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.. (FIDUAGRARIA S.A.) y la Sociedad Fiduciaria Popular S.. (FIDUCIAR S.A.), actuando única y exclusivamente en su calidad de voceras y administradoras del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM (PAR TELECOM), interpusieron acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral (Sala de Descongestión No. 2) de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que esta autoridad judicial vulneró su derecho al debido proceso, al proferir sentencia de casación que incurrió en tres defectos o causales específicas de procedencia: (i) Procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto se desestimaron 10 de los 11 cargos formulados por errores de técnica en la formulación del recurso de casación y con base en ello, abstenerse de hacer un análisis de fondo de las alegaciones; (ii) Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias SU.388/05, SU.389/05 y SU.377/14, al otorgar pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que no estaban cubiertas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y conceder el beneficio del retén social a extrabajadores que no eran madres y/o padres cabeza de familia ni tenían la calidad de prepensionados y, (iii) Fáctico, por incurrir en graves errores en la valoración probatoria al momento de verificar si los demandantes eran beneficiarios de la garantía de estabilidad del retén social. Se aborda temática relacionada con: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El recurso de casación laboral y su dimensión legal y constitucional. 3º. Plan de pensión anticipada de TELECOM y requisitos para acceder a este beneficio según la sentencia SU.377/14. 4º. La garantía de la estabilidad laboral derivada del denominado retén social. 5º. Los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y fáctico en la jurisprudencia constitucional. Sala Plena de la Corporación concluyó que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho al debido proceso del PAR TELECOM, pues incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos de casación noveno y décimo, con fundamento en la existencia de errores de técnica en la formulación del recurso. Lo anterior, por cuanto (i) en estricto sentido, no se incurrió en un error de técnica en la formulación de estos cargos y se desconoció la dimensión constitucional del recurso de casación pues, a pesar de que existía evidencia de que la sentencia del Tribunal podría generar una afectación el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, se abstuvo de analizar el fondo de los cargos. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-11


Item 140    Expediente   T-7658269    Fecha sentencia   2020-05-15    Sentencia   T-144/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    FREDDY ROBLES MARROQUIN VS. PORVENIR S.A.

Tema: DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDEN OBSTACULIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A QUIEN YA HA REUNIDO LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ÉSTA El accionante considera que PORVENIR S.A. vulneró sus derechos fundamentales al negar el reconocimiento de su pensión de invalidez que reclamó, en un primer momento alegando las inconsistencias entre su cédula y el registro civil y, luego de corregir esto, por estar pendiente la resolución de la apelación del dictamen de su hijo menor y la designación de curador. El actor aduce que ya cumple con los requisitos para acceder a dicha prestación, en tanto cuenta con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Invalidez y 1120 semanas cotizadas a la fecha de estructuración de la enfermedad. Se aborda temática relacionada con el derecho a la seguridad social, la pensión de invalidez y el debido proceso administrativo en el trámite de reconocimiento de pensiones. Por considerar que la accionada sí trasgredió garantías de orden constitucional con fundamento en el incumplimiento de requisitos formales irrazonables y desproporcionados, la Corte CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-05-21


Item 141    Expediente   RE-232    Fecha sentencia   2020-05-20    Sentencia   C-145/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 417/20

Tema: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, A RAIZ DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID19. Revisión de constitucionalidad del Decreto 417 de 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Le correspondió a la Corte verificar el cumplimiento de los requisitos formales para la expedición del decreto matriz del estado de emergencia, el cual se fundamentó en dos hechos: uno de salud pública y otro relacionado con aspectos económicos. Por cumplir los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estado de Excepción, se declaró EXEQUIBLE el Decreto revisado. Aunado a lo anterior, la Corporación advirtió que será rigorosa en el uso de los juicios con los cuales se enfrentará el control constitucional de todos y cada uno de los decretos legislativos que anunció el Gobierno y que abarcan diversos sectores económicos, sociales y sanitarios, analizando con rigor la conexidad entre las medidas y las razones que justificaron esta declaratoria de emergencia.
Recibo Relatoria:   2020-06-10


Item 142    Expediente   T-7567662    Fecha sentencia   2020-05-21    Sentencia   SU.146/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alberto Rojas Ríos SV:Alejandro Linares Cantillo SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL

Tema: DERECHO A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA DOBLE CONFORMIDAD. El accionante considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos fundamentales al negar la impugnación que presentó en varias oportunidades en contra del fallo que en única instancia lo condenó como autor de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La discusión principal giró en torno al reconocimiento del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria o la aplicación del principio de la doble conformidad judicial. La Corte se refirió al diseño constitucional y legal de los procesos penales contra sujetos destinatarios de fuero constitucional, a la línea jurisprudencial sobre la garantía de la impugnación de la sentencia condenatoria en materia penal y a los lineamientos generales del bloque de constitucionalidad. Se CONCEDE el amparo al derecho fundamental al debido al debido proceso, se deja sin efectos el auto cuestionado y se ordena la Corporación demandada dar aplicación a lo preceptuado en los numerales 2 y 7 del artículo 235 de la Carta Superior, a cuyo tenor le corresponde iniciar el trámite para resolver la solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida en contra del peticionario. Se establece que el reconocimiento concedido no altera el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la sentencia condenatoria y, en consecuencia, no permite considerar la prescripción de la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del transcurso tiempo, y tampoco impacta la actual situación de privación de la libertad del tutelante. Se declara que existe carencia actual de objeto para resolver sobre la petición original de la acción de tutela, relacionada con la suspensión de la solicitud de extradición, dado que este trámite se llevó a término. Se reitera el exhorto efectuado en varias oportunidades al Congreso de la República para regular de manera integral, precisa y definitiva el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2, 6 y 7 de la Constitución y se exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno Nacional para que, con participación de la Corte Suprema de Justicia y en el marco del principio de colaboración armónica, dispongan lo necesario para adelantar el diagnóstico y proveer los recursos necesarios para garantizar la buena marcha de la administración de justicia, en particular, que impacta la concesión del derecho a la impugnación de sentencias condenatorias, en concordancia con lo resuelto en las sentencias SU.217/19 y SU.373/19.
Recibo Relatoria:   2020-06-24


Item 143    Expediente   T-7372401    Fecha sentencia   2020-05-21    Sentencia   T-147/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ICBF VS. JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DEL QUINDIO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA Y DESCONOCIMIENTO PRECEDENTE EN EL RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES El ICBF atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a las decisiones judiciales que lo declararon administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de un joven de 15 años que fue puesto a disposición de un Centro Transitorio para Adolescentes de la entidad en la ciudad de Quibdó y quien fue encontrado sin vida ese mismo día, según protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal, a casa de una sofocación de vía aérea superior por asfixia mecánica o estrangulamiento. Las referidas providencias le ordenaron pagar la máxima indemnización por concepto de daño moral a 54 demandantes, para un total equivalente a 6.390 smlmv, lo cual ascendió a la suma $6.284.280.316,oo.Se aduce que dichos fallos incurrieron en: a) defecto fáctico por inadecuada valoración probatoria, concretamente al fundamentar las condenas a favor de las personas reconocidas dentro del tercer, cuarto y quinto nivel de afectación basándose en testimonios contradictorios y débiles catalogados de esta forma desde la etapa de alegatos de conclusión dentro del proceso ordinario y, b) en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto la liquidación de perjuicios fue abiertamente contraria a los parámetros fijados por la Sección Tercera del Concejo de Estado en relación con la reparación del daño moral en caso de muerte por graves violaciones a los derechos humanos. Se aborda temática relacionada con los defectos precitados y con la forma en la que se ha determinado la indemnización por daños morales y su tasación en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Al encontrar que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la Corte decidió CONCEDER el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-09


Item 144    Expediente   T-7601190    Fecha sentencia   2020-05-26    Sentencia   T-148/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ARIEL DANIELS DE ANDREIS VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-SE INCLUYÓ A COMUNIDAD DE TAGANGA EN EL REGISTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS En este asunto se instaura la acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de los derechos del pueblo indígena de Taganga a la existencia y personalidad jurídica, a la identidad e integridad cultural, a la autonomía de las comunidades, a la consulta previa y al derecho de petición, los cuales se estiman vulnerados por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior como consecuencia de la omisión de respuesta a una petición en la que se solicitaba la inscripción de ese colectivo en el Registro de Comunidades Indígenas que lleva la precitada Cartera Ministerial. Se aduce que dicha omisión afecta el ejercicio de otros derechos fundamentales que como colectivo les asiste a la parte actora. Se pidió al juez constitucional ordenar a la entidad demandada pronunciarse sobre el particular en el término de 48 horas. La Corte constató que sobre esta acción operó el fenómeno de la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho superado, pues durante el transcurso de la misma desaparecieron los motivos que dieron lugar a su interposición. Se concluyó que resulta innecesario formular observaciones especiales sobre la materia o proferir una orden de protección.
Recibo Relatoria:   2020-06-03


Item 145    Expediente   T-6971094    Fecha sentencia   2020-05-26    Sentencia   T-149/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ADELA MORA ORTEGA VS. UGPP

Tema: PENSION DE JUBILACION-INOPONIBILIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RESPECTO DE QUIEN CUMPLIÓ REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN La accionante tiene más de ochenta años de edad y en la actualidad hace parte de la comunidad “Hogar de María”, entidad que asume el manejo de los recursos que generan sus integrantes, con los cuales se aseguran sus condiciones mínimas de subsistencia. La vulneración de derechos por parte de las entidades demandadas se atribuye a la falta de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la que aduce tener derecho la actora, por haber laborado como docente durante varios años de su vida, con fundamento en diferencias respecto a la entidad encargada de asumir tal prestación. La tutelante causó su pensión hace más de treinta años y no la ha podido disfrutar por distintas trabas administrativas ajenas a ella, a pesar de haber transcurrido más de quince años desde el momento en que elevó la primera solicitud. Se reitera jurisprudencia relevante sobre la inoponibilidad de disputas administrativas para el reconocimiento y pago de derechos pensionales y se concluye que, en casos en los que las administradoras de pensiones o quienes cumplan esta función niegan el reconocimiento de derechos pensionales con fundamento en su incompetencia, a pesar de que existe certeza sobre la titularidad y exigibilidad del derecho reclamado, no puede trasladarse esta indefinición a una persona, máxime cuando ésta se encuentra en situación de vulnerabilidad. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-06-08


Item 146    Expediente   RE-239    Fecha sentencia   2020-05-27    Sentencia   C-150/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alberto Rojas Ríos AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 458/20

Tema: TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCIÓN, PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR, COLOMBIA MAYOR Y JÓVENES EN ACCIÓN. COMPENSACIÓN IVA. TRATAMIENTO INFORMACIÓN DEL DANE. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo Número 458 del 22 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica..La precitada norma se expidió para mitigar la grave afectación del derecho al mínimo vital de la población más vulnerable del país que, por efecto de la pandemia del coronavirus, vio comprometida la satisfacción de sus necesidades básicas por la imposibilidad de acceder a los ingresos mínimos derivados de sus actividades comerciales o laborales, conforme lo prevé el propio Decreto declaratorio del Estado de Emergencia. Por cumplir los presupuestos formales y materiales exigidos por la Carta Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte Constitucional decidió declarar la EXEQUIBILIDAD de la norma objeto de estudio.
Recibo Relatoria:   2021-02-11


Item 147    Expediente   RE-242    Fecha sentencia   2020-05-27    Sentencia   C-151/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 464/20

Tema: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDOS LOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA, TELEVISIÓN Y SERVICIOS POSTALES, SON ESENCIALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 464 de 2020, por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de la norma objeto de estudio la Corte decidió declararla EXEQUIBLE. Consideró que la declaratoria como servicio público esencial del servicio de telecomunicaciones, dentro del cual se incluyen los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales resulta compatible con la Carta, así como las medidas relacionadas con la telefonía móvil y priorización del comercio electrónico y acceso a internet de ciertos productos y servicios importantes en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.
Recibo Relatoria:   2020-09-21


Item 148    Expediente   RE-233    Fecha sentencia   2020-05-27    Sentencia   C-152/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 434/20

Tema: REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 434 DE 2020. Revisión de constitucionalidad del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. La Corte encontró ajustada a los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la ampliación de los plazos para que comerciantes y otras personas naturales y jurídicas puedan adelantar ciertos trámites ante las Cámaras de Comercio y llevar a cabo las reuniones ordinarias de las asambleas y otros cuerpos colegiados, toda vez que éstas medidas tienen como finalidad evitar concentraciones humanas y así disminuir el riesgo de contagio. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma revisada
Recibo Relatoria:   2020-07-08


Item 149    Expediente   RE-247    Fecha sentencia   2020-05-28    Sentencia   C-153/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 475/20

Tema: DECRETO LEGISLATIVO 475 DE 2020. DESTINACIÓN TRANSITORIA DE RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE GIRAN A LOS MUNICIPIOS Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 475 del 25 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma fue expedida para generar mecanismos tendientes a mitigar los efectos económicos y sociales causados por el COVID-19 y aliviar algunas obligaciones tributarias y financieras en el sector de la cultura. En tal virtud, el Decreto mencionado estableció medidas tendientes a apoyar el pago de la seguridad social de los creadores y gestores culturales, promover la generación de actividades y de proyectos creativos en las artes escénicas -incluso de carácter virtual-; extender las fechas de pago para ciertas obligaciones tributarias, y flexibilizar las condiciones de acceso a beneficios tributarios concretos, esta vez en el sector cinematográfico. Luego de corroborar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales la Corte concluyó que las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 475/20 resultan compatibles con las normas constitucionales y con la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-07-15


Item 150    Expediente   RE-237    Fecha sentencia   2020-05-28    Sentencia   C-154/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 441/20

Tema: ACCESO A AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA. RECONEXIÓN DEL SERVICIO A SUSCRIPTORES RESIDENCIALES SUSPENDIDOS. SUSPENSIÓN INCREMENTOS TARIFARIOS. USO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Control automático del decreto legislativo 441 de 2020, por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el decreto 417 de 2020. La Corte concluyó que la reinstalación o reconexión temporal a los suscriptores residenciales del servicio de acueducto que se encuentra suspendido, además de otras acciones para garantizar el suministro de agua potable durante la situación de emergencia originada por el Covid 19, se ajustan a la Constitución y a la ley. Consideró además, que dichas medidas deben aplicarse a todos los suscriptores cuyo servicio está suspendido, sin considerar la causa de la suspensión. Se declaró EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto 441 de 2020, salvo: (i) La expresión “-con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-,” que se declara INEXEQUIBLE. (ii) La expresión “sin cobro de cargo alguno” que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO, en entendido de que esta regla no se aplicará a los suscriptores que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio. También se declaran EXEQUIBLES los artículos 2, 3, 4 y 5 del mismo Decreto.
Recibo Relatoria:   2020-08-05


Item 151    Expediente   RE-248    Fecha sentencia   2020-05-28    Sentencia   C-155/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 476/20

Tema: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO COVID19. FACULTADES PARA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INVIMA Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 476 de 2020, por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan disposiciones dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con la precitada norma se le otorga una serie de facultades al Ministerio de Salud y Protección Social, para que actúe durante el tiempo de emergencia declarado mediante el Decreto 417 de 2020 o las normas que las modifiquen o sustituyan y, se le otorga ciertas facultades al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para que adopte ciertas acciones durante el lapso de tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 2020, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La Corte declaró la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476/20 por incumplimiento del requisito de necesidad jurídica, toda vez que el ejecutivo, antes de la declaratoria del Estado de Emergencia, tenía facultades legales para regular las materias contenidas en el precitado Decreto. Dado el impacto de esta decisión se difirió sus efectos para permitir su adopción por la vía ordinaria, por el término de tres meses. Se precisa que, los efectos del presente fallo solo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas consolidadas. El numeral tercero de la norma revisada se declara exequible.
Recibo Relatoria:   2020-07-09


Item 152    Expediente   RE-245    Fecha sentencia   2020-06-03    Sentencia   C-156/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 469/20

Tema: FACULTAD A LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES DECRETADA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CUANDO FUERE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto 469 de 23 de marzo de 2020, por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por reunir los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución Política, la LEEE y la jurisprudencia constitucional, se declaró la EXEQUIBILIDAD del precitado Decreto. De manera particular concluyó la Sala Plena que la facultad otorgada a la Corporación no configura una vulneración del principio de separación de poderes, ni un desconocimiento de la autonomía de la Rama Judicial, sino que, por el contrario, materializa el mandato superior relacionado con el acceso a la administración de justicia y constituye una respuesta razonable y proporcionada a la emergencia.
Recibo Relatoria:   2021-02-01


Item 153    Expediente   RE-235    Fecha sentencia   2020-06-03    Sentencia   C-157/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 439/20

Tema: SUSPENSIÓN DEL DESEMBARQUE, CON FINES DE INGRESO O CONEXIÓN EN TERRITORIO COLOMBIANO, DE PASAJEROS PROCEDENTES DEL EXTERIOR POR VÍA AÉREA. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020, por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea. Luego de analizar la norma referida concluyó la Corte que la suspensión temporal del ingreso al territorio colombiano de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea y demás medidas sanitarias que deben cumplir las aerolíneas se ajustan a la Constitución, al cumplir con los criterios exigidos de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica, incompatibilidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 154    Expediente   RE-246    Fecha sentencia   2020-06-03    Sentencia   C-158/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 470/20

Tema: DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ATENDER LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN CASA Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 470 de 2020, por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte constató que la precitada norma reúne los requisitos formales y materiales para ser declarada EXEQUIBLE. A pesar de lo anterior, encontró que su artículo 2º podría ser interpretado como una autorización para duplicar la asignación de recursos por el criterio de equidad, tanto para los municipios certificados y no certificados, como para los departamentos, lo que sería inconstitucional, por lo cual decidió declarar su EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, en el entendido que, en el caso de los municipios no certificados, los recursos serán administrados por el respectivo departamento.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 155    Expediente   RE-234    Fecha sentencia   2020-06-03    Sentencia   C-159/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 438/20

Tema: DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE EXENCIONES TRANSITORIAS DEL IVA PARA CIERTOS PRODUCTOS MÉDICOS Y CLÍNICOS. AMPLIACIÓN PLAZO ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. . Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 438 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020. Luego de analizar el articulado que integra la precitada norma, tanto desde la perspectiva formal como a la luz de todos los criterios de análisis material que la jurisprudencia de la Corte ha desarrollado para el estudio de este tipo de Decretos, la Sala Plena constató que las medidas dispuestas en ella y los fines que éstas persiguen, además de cumplir con cada uno de los requisitos para adecuarse a las competencias extraordinarias en cuya virtud se dictaron, tienen plena conexidad con la declaratoria de emergencia y con normas de jerarquía legal. Precisó que, las exenciones transitorias del IVA para la importación y adquisición de ciertos bienes no restringen ni suspenden derechos o principios constitucionales, sino que, por el contrario, están destinadas a garantizar la protección de los derechos a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos, al tiempo que hacen posible el cumplimiento de obligaciones tributarias a las entidades del Régimen Tributario Especial. Puntualizó además, que su redacción evita cualquier tipo de diferenciación injustificada en el trato derechos constitucionales y que por el contrario, su finalidad se concreta en la protección de los mismos, resultando en consecuencia, proporcionales en el marco del estado de emergencia ocasionado por el COVID-19. Se declara EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-07-01


Item 156    Expediente   RE-244    Fecha sentencia   2020-06-03    Sentencia   C-160/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 468/2020

Tema: AUTORIZACIÓN NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO A FINDETER Y BANCOLDEX. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 468 de marzo 23 de 2020, por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter y al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. Luego de reiterar su jurisprudencia acerca de las exigencias formales y materiales que rigen el control de constitucionalidad de los decretos legislativos de desarrollo y de realizar una descripción analítica de la norma objeto de control, la Corte Constitucional consideró que aquellas se satisfacían por el Decreto Legislativo 468 de marzo 23 de 2020. La Sala precisó que la modificación de las competencias de FINDETER y BANCOLDEX para otorgar créditos directos a las entidades territoriales y empresas, armoniza plenamente con mandatos y preceptos constitucionales, además de ser medidas razonables y proporcionadas para garantizar recursos destinados a financiar la atención de la emergencia y la inversión en proyectos que conjuren sus efectos económicos y sociales. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-06-24


Item 157    Expediente   RE-243    Fecha sentencia   2020-06-04    Sentencia   C-161/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alejandro Linares Cantillo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 467/20

Tema: AUXILIOS EDUCATIVOS PARA BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS DEL ICETEX. Revisión del Decreto Legislativo 467 de 2020, por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La referida norma consagra un Plan de Auxilios Educativos para los beneficiarios del ICETEX afectados por las consecuencias negativas derivadas del Covid-19, compuesto por cuatro medidas: (i) periodo de gracia; (ii) reducción transitoria de intereses; (iii) ampliación de plazos en los planes de amortización y (iv) la posibilidad de solicitar nuevos créditos sin la exigibilidad de un codeudor. El mismo Decreto también autoriza al ICETEX a emplear los excedentes del Título de Ahorro Educativo (TAE) para apalancar el referido Plan de Auxilios. La Corte concluye que el Decreto Legislativo analizado cumple, de manera general, con los requisitos formales y materiales exigidos. Considera, que ofrece un alivio urgente y necesario para ayudar a los beneficiarios de créditos educativos del ICETEX cuya capacidad de pago se ha visto menguada como consecuencia de la pandemia. Así mismo, resalta el hecho de que el Gobierno haya actuado diligentemente para encontrar un balance que le permita optimizar los recursos disponibles para ofrecer un alivio parcial a la mayoría de usuarios vulnerables, sin sacrificar la misión de la entidad. No obstante lo anterior, juzga como desproporcionado que, en las actuales circunstancias, se sigan causando intereses a los estudiantes que se acojan a la medida de periodo de gracia. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 1º del Decreto Legislativo 467 de 2020, en el entendido de que la medida denominada “periodo de gracia no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos. Los numerales 2º y 3º son declarados EXEQUIBLES
Recibo Relatoria:   2020-07-22


Item 158    Expediente   RE-236    Fecha sentencia   2020-06-04    Sentencia   C-162/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 440/20

Tema: MEDIDAS DE URGENCIA EN CONTRATACIÓN ESTATAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 440 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. La Corte consideró que la aplicación de las reglas del régimen de derecho privado a la contratación estatal, como medida para enfrentar la crisis originada por la precitada pandemia, es una disposición que cumple con los requisitos constitucionales. Preciso, que ello no significa que la contratación no se guíe por los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Carta Política, ni que esté exenta de controles. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 159    Expediente   RE-255    Fecha sentencia   2020-06-04    Sentencia   C-163/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alejandro Linares Cantillo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 499/20

Tema: CONTRATACIÓN ESTATAL PARA ADQUIRIR EN EL MERCADO INTERNACIONAL DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto 499 del 31 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus Covid 19. La precitada disposición tiene tres objetivos definidos: (i) exceptuar la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a la adquisición, en el mercado internacional, de los dispositivos médicos indicados en dicha disposición y los elementos de protección personal; (ii) excluir determinados requisitos, previstos en la legislación mercantil para la contratación con personas extranjeras y; (iii) disponer la obligación de las entidades estatales que adquieran los bienes mencionados de remitir la información respectiva a los órganos de control fiscal. La Corte determinó que la flexibilización de las reglas de contratación estatal previstas en el decreto revisado es una medida que está unívocamente dirigida a la protección de la vida, la salud y la integridad personal de las personas y por tanto, se ajusta plenamente a los postulados y reglas constitucionales. Consideró sin embargo, que eximir de tener sucursal en el país a las empresas extranjeras que se contraten para la adquisición de estos bienes, no cumple con el requisito de necesidad jurídica o subsidiariedad que se exige de las medidas de excepción. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 2 y 3 de la norma en estudio, con excepción de la expresión “ni sucursal” contenida en el parágrafo segundo del artículo 1º, que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-07-09


Item 160    Expediente   RE-267    Fecha sentencia   2020-06-04    Sentencia   C-164/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 532/20

Tema: EXENCIÓN DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO PROGRAMADO PARA EL 15 DE MARZO DE 2020 Y EVENTUALMENTE, EL PREVISTO PARA EL 9 DE AGOSTO DE 2020 Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 532 de 2020, por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado en instituciones de educación superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte concluyó que el aplazamiento del examen de Estado y la inaplicación temporal de su presentación como exigencia para el acceso a la educación superior, resultan conformes a la Constitución y a la Ley Estatutaria 137 de 1994. Con base en lo anterior declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto revisado.
Recibo Relatoria:   2020-08-05


Item 161    Expediente   T-6558966    Fecha sentencia   2020-06-08    Sentencia   T-165/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ANDREA VS. LA UNIVERSIDAD

Tema: DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR Y DEBIDO PROCESO COMO LIMITE A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA En este caso la controversia se presenta entre una estudiante universitaria, la institución educativa en la que cursa su carrera de ingeniería mecánica y un docente de dicha universidad. Como hechos particulares se tiene que la accionante realizó un video con contenido sexual que fue publicado en internet y esta actuación provocó una reacción en el profesor, que lo condujo a valorar dicho acto como inmoral y a alertar a las directivas sobre la comisión de una falta gravísima prevista en el Reglamento Estudiantil. Estos hechos generaron conflictos entre la alumna y el docente que afectaron de una u otra manera la relación académica entre ellos. La universidad se abstuvo de intervenir argumentando que para hacerlo debía mediar una denuncia o solicitud escrita. Se aborda temática relacionada con: 1º. El contenido del derecho a la educación. 2º: La autonomía universitaria y la importancia del reglamento estudiantil y, 3º. El derecho al debido proceso como límite a dicha autonomía. La Sala consideró esta situación derivó en una tensión entre garantías que les asisten a ambas partes y que debió ser resuelta con prontitud por las autoridades académicas. Ello, porque la tutelante no podía ser cuestionada en el ámbito académico por actuaciones que hacían parte de su vida privada, y al docente no se le podía forzar a obrar de manera contraria a sus convicciones, según las cuales grabar un video con contenido sexual resultaba ser un acto contrario a la moral que no debía dejarse pasar. Se confirma la decisión de instancia que tuteló el derecho a la educación vulnerado por parte de la institución educativa y, en consecuencia, se le ordena adelantar las gestiones necesarias para evitar toda interacción en el ámbito académico entre el profesor y la peticionaria. Así mismo, se le ordena tramitar con prontitud los conflictos que surjan entre miembros de la comunidad universitaria, a través de un mecanismo que permita su resolución. Para el efecto, se dispone que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de esta providencia, el Consejo Superior de la universidad evalúe si es necesario actualizar y modificar el Reglamento Estudiantil y, en caso afirmativo, realice las reformas pertinentes y las comunica a sus estudiantes, docentes y directivos.
Recibo Relatoria:   2020-07-06


Item 162    Expediente   T-7290064    Fecha sentencia   2020-06-08    Sentencia   T-166/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LAZARA BETANCOURT JIMENEZ VS. COLPENSIONES

Tema: ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA PENSION DE VEJEZ DE QUIENES ACREDITAN PERMANENCIA COMO ESTUDIANTES EN ESCUELAS DE POLICIA Y DE CADETE. El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarse a tener en cuenta el tiempo de permanencia en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional entre 1956 y 1957, el cual le permitiría acceder al reconocimiento y pago de una pensión de vejez bajo el régimen pensional contenido en el Decreto 758 de 1990 o en la Ley 71 de 1988. Para fundamentar su solicitud alega que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para efectos del reconocimiento de dicha prestación hay lugar a tener en cuenta el tiempo de vinculación a las escuelas de formación militar y policial. Se analiza jurisprudencia relevante sobre el cómputo de los tiempos de servicio militar y de permanencia como estudiante en las Escuelas de Cadetes de la Fuerza Pública para efectos de obtener el reconocimiento de prestaciones del Régimen General de Pensiones. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-07-17


Item 163    Expediente   T-7329089    Fecha sentencia   2020-06-08    Sentencia   T-167/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    LUIS ENRIQUE ARAUJO RAMOS VS. MUNICIPIO DE MONTERIOA

Tema: PENSION DE JUBILACION Y CUOTAS PARTES PENSIONALES El accionante tiene cerca de 80 años de edad y padece una falla cardíaca. Se aduce que el municipio de Montería vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que reclamó como beneficiario del régimen de transición, argumentando que, según concepto del promotor del Ministerio de Hacienda, dicha entidad territorial no tenía facultades para cancelar pensiones, salvo que mediara órdenes judiciales. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las generalidades del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. 2º. La pensión de jubilación y las cuotas partes pensionales y, 3º. La reestructuración de pasivos de las entidades territoriales. Se CONCEDE la tutela como mecanismo directo y principal de defensa judicial y, en atención a la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, se ordena a la entidad accionada expedir la resolución de reconocimiento y pago de la prestación, con inclusión de la indexación, del reajuste anual y de las mesadas causadas durante los tres años previos al presente fallo. Se precisa que, si el actor considera que le asiste el derecho a las mesadas anteriores a las previstas, puede acudir a la jurisdicción ordinaria y pretender su pago.
Recibo Relatoria:   2020-07-06


Item 164    Expediente   T-7621851    Fecha sentencia   2020-06-08    Sentencia   T-168/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    CARMEN EUGENIA RENGIFO LOPEZ VS. COLPENSIONES Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE. La actora aduce que Sanitas EPS y Colpensiones vulneraron sus derechos fundamentales, al no pagarle las incapacidades causadas después del día 180. Luego de analizar el asunto consideró la Corte que el amparo no resulta procedente, por un lado porque se cuenta con otro medio judicial idóneo como el proceso laboral para obtener el pago de la prestación reclamada, en tanto permite la resolución de controversias relacionadas con la seguridad social y, por el otro, porque a pesar de que la actora tiene un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, no se probó una potencial afectación a su mínimo vital u otro derecho fundamental derivada de la falta de pago de las incapacidades reclamadas. Al no apreciar alguna circunstancia apremiante, urgente e impostergable que demande la intervención del juez constitucional, se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-07-06


Item 165    Expediente   RE-241    Fecha sentencia   2020-06-10    Sentencia   C-169/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 461/20

Tema: AUTORIZACIÓN TEMPORAL A GOBERNADORES Y ALCALDES PARA REORIENTACIÓN DE RENTAS Y REDUCCIÓN DE TARIFAS DE IMPUESTOS TERRITORIALES Revisión de constitucionalidad del Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. La Corte encontró que las facultades transitorias conferidas a gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y para reducir tarifas de impuestos se ajustan a la Constitución. Sin embargo, determinó que estas facultades no habilitan a las autoridades de los entes territoriales para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos. En tal sentido, declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 1 del decreto objeto de estudio, en el entendido de que la facultad para reorientar rentas de destinación específica: (i) no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos de creación o modificación de tales rentas, y (ii) solo puede ejercerse mediante la modificación del presupuesto de la actual vigencia fiscal. Así mismo, declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 2 ibídem, en el entendido de que la facultad para reducir las tarifas de los impuestos: (i) no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos que las fijaron y, (ii) dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal en caso de que no se señalare un término menor. Por último, se declaró la EXEQUIBILIDAD de los artículos 3 y 4.
Recibo Relatoria:   2020-12-09


Item 166    Expediente   RE-263    Fecha sentencia   2020-06-10    Sentencia   C-170/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alejandro Linares Cantillo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 519/20

Tema: ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. Revisión de constitucionalidad del Decreto 519 del 5 de abril de 202, por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte declaró la constitucionalidad de la adición presupuestal destinada al Fondo de Mitigación de Emergencias y dirigido a fortalecer el sistema de salud, a brindar apoyo a la población desprotegida y a contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social. En tal sentido declaró EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 6 y 7 decreto analizado. No obstante lo anterior, consideró que la liquidación dispuesta como medida de excepción resulta inconstitucional, por corresponder a facultades ordinarias del Gobierno Nacional. Por lo anterior, se declararon INEXEQUIBLES los artículos 3, 4, 5 ibídem.
Recibo Relatoria:   2020-07-29


Item 167    Expediente   RE-252    Fecha sentencia   2020-06-10    Sentencia   C-171/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 488/20

Tema: RETIRO DE CESANTÍA. AVISO DISFRUTE DE VACACIONES. RECURSOS DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PARA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS EN ATENCIÓN POR PROPAGACIÓN DEL COVID19. RECURSOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN PARA BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020, por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego de analizar la norma objeto de estudio consideró la Corte que las medidas de excepción adoptadas en ella con el propósito de proteger el empleo y solventar en parte los efectos adversos que ha causado la pandemia de Covid19 para el desarrollo normal de las actividades laborales en todos los sectores, cumplen con los requisitos formales y materiales de validez constitucional. No obstante lo anterior, se declaró la exequibilidad condicionada del retiro de cesantías que debe extenderse a los fondos públicos, como el Fondo Nacional del Ahorro y se precisó la vigencia de las medidas. Con base en lo anterior, se declararon EXEQUIBLES los artículos 1° y 9° del Decreto Legislativo 488/20. Así mismo, se declaran EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° ibídem, en el entendido de que la expresión “[h]asta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica” contenida en cada uno de ellos, implica que las medidas allí establecidas permanecerán hasta la culminación de la emergencia sanitaria y, si se precisara de un término más allá de ese momento, las autoridades administrativas del trabajo (inspectores de trabajo) deberán certificar la permanencia de las circunstancias que dieron origen a la excepción, habilitación o autorización otorgada, para poder seguir utilizando las medidas dispuestas en este decreto o hasta tanto el Congreso de la República ejerza sus competencias ordinarias en la materia. Igualmente, se declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 2º del pluricitado Decreto, salvo la expresión “de carácter privado” que se declaró INEXEQUIBLE. El artículo 3º también se declara EXEQUIBLE salvo: (i) la expresión “de carácter privado” que se declara INEXEQUIBLE y, (ii) la expresión “[h]asta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica” que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADA, en los mismos términos de la condición establecida para los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8°.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 168    Expediente   RE-275    Fecha sentencia   2020-06-10    Sentencia   C-172/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 544/20

Tema: REVISION DEL DECRETO LEGISLATIVO 544 DE 2020. Revisión de constitucionalidad del Decreto 544 del 13 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19. La Corte considera que la norma revisada es, en términos generales, compatible con la Carta Superior en tanto cumple con las condiciones formales y materiales que impone el derecho constitucional de excepción. Para arribar a esta conclusión se reiteraron los argumentos previstos en la sentencia C-163/20, a través de la cual se analizó un decreto legislativo que tiene unidad de contenido y propósitos a los de la norma objeto de examen actual. Es decir, que dicho fallo obra como precedente vinculante en el asunto de la referencia. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 544/20, con excepción de la expresión “ni sucursal” contenida en el parágrafo segundo del artículo 1º, el cual se declara INEXEQUIBLE, por no superar el juicio de necesidad jurídica
Recibo Relatoria:   2020-07-14


Item 169    Expediente   RE-276    Fecha sentencia   2020-06-10    Sentencia   C-173/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 545/20

Tema: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE EL REQUISITO DE INSINUACIÓN PARA ALGUNAS DONACIONES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 545 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El Decreto revisado ordena la suspensión de las disposiciones del inciso primero del artículo 1458 del Código Civil. Establece que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, no se requerirá de la autorización señalada en el precitado inciso para las donaciones cuya finalidad esté orientada a superar o mitigar la crisis ocasionada por tal emergencia, siempre que el donante y donatario sean plenamente capaces, y no se contravenga ninguna disposición legal. La Sala Plena de la Corporación concluye que la disposición revisada cumple los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución, es una medida que tiene relación con la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de Covid 19, toda vez que permite agilizar donaciones que realicen personas naturales o jurídicas destinadas a conjurar los efectos en el sistema de salud y mitigar los impactos negativos en la economía del país y no controvierte ninguna disposición legal. Con base en las anteriores consideraciones se declara su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-07-23


Item 170    Expediente   RE-262    Fecha sentencia   2020-06-11    Sentencia   C-174/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 518/20

Tema: PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. Revisión automática del Decreto 518 de 2020, por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró que el Programa Ingreso Solidario, dirigido a las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarias de otros programas gubernamentales de entrega directa de recursos monetarios, se explica y se justifica desde la perspectiva constitucional. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma estudiada, salvo la expresión “La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa” contenida en el parágrafo 1 del artículo 1, cuya exequibilidad se condiciona al entendido de que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa.
Recibo Relatoria:   2020-09-04


Item 171    Expediente   RE-269    Fecha sentencia   2020-06-11    Sentencia   C-175/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 535/20

Tema: PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y DEL IVA Revisión de constitucionalidad del Decreto 535 del 10 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas –IVA-, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego de verificar que la norma analizada cumplió con todos los requisitos formales y materiales exigidos, la Corte consideró que el establecimiento de un procedimiento abreviado para la devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del impuesto del IVA y demás medidas tributarias correlativas, no contradicen ningún precepto constitucional. En virtud de lo anterior se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto estudiado en esta oportunidad.
Recibo Relatoria:   2020-07-09


Item 172    Expediente   T-7706184 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-06-11    Sentencia   T-176/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    EDWIN ALBERTO MARTINEZ REYES Y OTROS VS. CONSANITAS Y OTROS

Tema: ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PAREJA DE MUJER EMBARAZADA O LACTANTE NO TRABAJADORA-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye la vulneración de derechos fundamentales de los actores, a la terminación de la relación laboral por parte de sus empleadores, sin contar con la autorización de la Inspección de Trabajo, por estar amparados por la figura de estabilidad laboral reforzada a compañero permanente o cónyuge de mujer embarazada, en los términos de la sentencia C-005/17. La Corte declaró IMPROCEDENTES las solicitudes de amparo, porque ninguna acreditó la exigencia constitucional de la subsidiaridad, en tanto los actores contaban con la jurisdicción ordinaria laboral como medio idóneo y eficaz para la garantía de sus pretensiones. Así mismo, porque no acreditaron el supuesto de perjuicio irremediable, no eran titulares de la garantía a la estabilidad laboral reforzada, ni sus condiciones socioeconómicas ni de salud, como tampoco las de sus núcleos familiares, les impedían o dificultaban acudir ante la mencionada jurisdicción.
Recibo Relatoria:   2020-07-10


Item 173    Expediente   T-7403237    Fecha sentencia   2020-06-12    Sentencia   T-177/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JAB VS. ARL S Y OTROS

Tema: DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ Y FECHA DE ESTRUCTURACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ PARA PERSONAS CON VIH/SIDA El actor padece VIH/SIDA y considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados porque la Administradora del Fondo de Pensiones accionada le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, al considerar que la fecha de estructuración establecida en el dictamen de pérdida de capacidad laboral era anterior a la vinculación con esa Administradora. El peticionario pretende que el juez constitucional ordene el reconocimiento y pago de la precitada prestación, conforme con la calificación de pérdida de capacidad laboral del 77,85% que certificó su ARL. La entidad consideró que no se cumplía con el requisito de la Ley 820 de 2003, es decir, haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Se reiteró la regla jurisprudencial sobre la capacidad laboral residual en enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas y se CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-07-09


Item 174    Expediente   RE-257    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-178/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 507/20

Tema: CONTROL DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. Revisión de constitucionalidad del Decreto 507 del 1º de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020. La Corte concluyó que las medidas de emergencia dirigidas al control de precios de los productos de primera necesidad para preservar a los consumidores de su acaparamiento, especulación y usura, se ajustan de forma plena a los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. No obstante lo anterior, consideró la Sala Plena que indeterminación de la vigencia de estas medidas resulta desproporcionada, por lo que se precisó hasta cuándo estarán vigentes, de conformidad con el artículo 215 de la constitución política. Se declaró la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del precitado Decreto y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de su artículo 7, en el entendido de que las medidas adoptadas estarán vigentes durante el año siguiente a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, decretada en el Decreto 417/20.
Recibo Relatoria:   2020-12-01


Item 175    Expediente   RE-240    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-179/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 460/20

Tema: MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA. Control automático del Decreto legislativo 460 de 2020, por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que las medidas decretadas para garantizar la prestación del servicio de las Comisarías de Familia durante la emergencia económica superan en su mayoría, los juicios de finalidad, motivación suficiente, conexidad material, necesidad, incompatibilidad, ausencia de arbitrariedad, proporcionalidad y no discriminación. Consideró que las funciones jurisdiccionales conferidas a los procuradores judiciales carecen de conexidad interna y exceden el ámbito misional de la Procuraduría definido por la Constitución y, preciso que la obligación de difusión gratuita a cargo de las emisoras comunicatorias debe ser asumida también por emisoras públicas. Se declara EXEQUIBLE el artículo 1 del Decreto Legislativo 460/20, a excepción de los literales n y o que son declarados EXEQUIBLES CONDICIONADOS, en el entendido que la obligación de difusión gratuita de los servicios de las Comisarías de Familia y de las campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, a cargo de las emisoras comunitarias también aplica a todas las radiodifusoras públicas. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 2 ibídem, excepto su parágrafo que se declara INEXEQUIBLE. Así mismo, se declaran EXEQUIBLES los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo pluricitado
Recibo Relatoria:   2020-09-21


Item 176    Expediente   RE-274    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-180/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 541/20

Tema: PRÓRROGA DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR TRES MESES MÁS. Revisión de constitucionalidad del Decreto 541 del 13 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró que, aunque la prórroga del servicio militar supone una restricción a los derechos a la libertad de locomoción, a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad, ‘estos no son derechos absolutos y son susceptibles de ser limitados por el legislador de excepción. Concluyó que la norma objeto de estudio cumple los requisitos formales establecidos en la Carta Política y guarda relación directa con las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Excepción, en tanto busca garantizar la prestación del servicio a cargo de la Fuerza Pública ante la cancelación de los nuevos procesos de incorporación. Luego de precisar el grupo de personas a las cuales se les aplicaría la medida adoptada en el precitado Decreto se declaró su EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, en el entendido de que la prórroga del servicio militar sólo se aplicará por una única vez al personal que se encontraba en servicio al momento de la expedición del mencionado decreto y cuya fecha de licenciamiento se encontraba prevista para los meses de abril, mayo, julio y octubre de 2020.
Recibo Relatoria:   2020-11-12


Item 177    Expediente   RE-270    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-181/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 537/20

Tema: MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 537 del 12 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró que las medidas de emergencia adoptadas en materia de contratación estatal, cumplieron con los debidos requisitos formales y materiales, en particular, los de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, no desconocimiento de la prohibición de arbitrariedad, no afectación de derechos fundamentales intangibles, ni contradicción de norma constitucional alguna. Con base en lo anterior declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto estudiado.
Recibo Relatoria:   2020-09-04


Item 178    Expediente   RE-291    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-182/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 565/20

Tema: MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE BEPS RELACIONADAS CON EL BALANCE Y PORTAFOLIO DE ESTE SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 565 del 15 de abril de 2020, por el cual se implementa una medida temporal con el fin de proteger los derechos de los beneficiarios del Servicio Social Complementario, denominado Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte concluye que el mecanismo previsto en la norma revisada supera los juicios de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, necesidad, proporcionalidad, no contradicción específica, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, incompatibilidad y no discriminación exigidos de las medidas de excepción. Con base en las anteriores consideraciones se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 565/20.
Recibo Relatoria:   2020-07-22


Item 179    Expediente   D-13280     Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-183/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    MARIA JOSE PIZARRO Y OTROS VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JEP. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE ESTA UNIDAD. RECURSOS DEL PLAN DE INVERSIONES PARA LA PAZ. FACULTADES DEL DIRECTOR DE ESTA UNIDAD PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 141 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Los demandantes sostienen que la norma cuestionada adolece de vicios de forma y de fondo que contravienen los artículos 157, 158 y 159 de la Constitución Política y los artículos 1, 5, 7 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2017. La Sala Plena de la Corporación reiteró la conclusión a la que llegó en la sentencia C-047/20 y precisó que la norma cuestionada fue derogada por los artículos 21, 86, 87, 88, 89, 110 (numerales 2, 3 y 8), 111, 123 y 124 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. En virtud de lo anterior, la Corte determinó que existe carencia de objeto y por ello se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria:   2020-07-14


Item 180    Expediente   RE-260    Fecha sentencia   2020-06-17    Sentencia   C-184/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 516/20

Tema: PORCENTAJE MÍNIMO DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN TELEVISIÓN Y UTILIZACIÓN POR LOS OPERADORES REGIONALES PARA FUNCIONAMIENTO LOS RECURSOS DE FORTALECIMIENTO, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 516 de 2020, por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. En el análisis de la norma precitada la Corte abordó el estudio de dos medidas (i) la reducción de los porcentajes de cuota de pantalla nacional y (ii) el aumento del porcentaje de los recursos de fortalecimiento que los operadores del servicio de televisión regional podrán destinar para funcionamiento. La Sala Plena declaró INEXEQUIBLE la primera medida, por cuanto desconoció los juicios de finalidad, conexidad, necesidad fáctica, motivación suficiente y proporcionalidad. La segunda medida fue declarada EXEQUIBLE, bajo la consideración de que la crisis afectó económicamente a los canales regionales de televisión lo cual hacía necesario el aumento de recursos para garantizar su funcionamiento.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 181    Expediente   RE-249    Fecha sentencia   2020-06-18    Sentencia   C-185/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 482/20

Tema: MEDIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y SU INFRAESTRUCTURA. Estudio de Constitucionalidad del Decreto Legislativo 482 de 2020, por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. La Corte encontró ajustado a los requisitos de la Constitución la norma revisada salvo en lo que tiene que ver con la flexibilización del tope máximo de la jornada laboral del personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos. Con base en lo anterior lo declaró EXEQUIBLE, excepto su artículo 16 que lo condicionó al entendido que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario establecido para el personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, así como la flexibilización del uso de este recurso en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con el COVID-19, solo aplica en el evento en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y/o de carga.
Recibo Relatoria:   2020-09-04


Item 182    Expediente   RE-258    Fecha sentencia   2020-06-18    Sentencia   C-186/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 512/20

Tema: AUTORIZACIÓN TEMPORAL A GOBERNADORES Y ALCALDES PARA REALIZAR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES MIENTRAS ESTÉ VIGENTE EL ESTADO DE EMERGENCIA. Revisión de constitucionalidad del Decreto 512 del 2 de abril de 2020, por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Una vez efectuada la revisión formal del decreto objeto de estudio, concluyó la Corte que superó el escrutinio correspondiente. Igual consideración tuvo respecto al análisis de su contenido, ya que la facultad temporalmente otorgada a los gobernadores y alcaldes para realizar, en sus respectivos ámbitos competenciales, distintos movimientos presupuestales a fin de proceder a la ejecución inmediata de los recursos indispensables para hacer frente a las causas determinantes de la declaración del estado excepcional, fue encontrada conforme a la Constitución. En consecuencia, declaró EXEQUIBLE el Decreto 512/20.
Recibo Relatoria:   2020-12-09


Item 183    Expediente   RE-261    Fecha sentencia   2020-06-18    Sentencia   C-187/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 517/20

Tema: PAGO DIFERIDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE PARA USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 Y 2. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 517 de 2020, por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020. La Corte consideró que las medidas adoptadas en relación con los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible resultan idóneas, necesarias y conexas con las causas que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dirigidas a garantizar la continuidad en su prestación en las condiciones impuestas para enfrentar la pandemia por COVID19, en particular de los sectores sociales más vulnerables. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-09-21


Item 184    Expediente   T-7699304 Y OTROS    Fecha sentencia   2020-06-19    Sentencia   T-188/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    EDUARDO RAMOS Y OTROS VS. COLPENSIONES Y OTROS

Tema: APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente, varios afiliados al Sistema General de Seguridad Social cuestionan a Colpensiones y a autoridades judiciales que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación del principio de favorabilidad y, en particular, de la condición más beneficiosa, argumentando que dicho criterio solo permitía resolver la solicitud pensional de personas cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de determinada ley, por ejemplo la Ley 860 de 2003, bajo los parámetros del régimen inmediatamente anterior –Ley 100 de 1993–, pero no con fundamento en uno anterior a este, como el regulado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos específicos de procedibilidad en la hipótesis del defecto sustantivo y, 3º. Reiteración jurisprudencial sobre el alcance del criterio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de invalidez. En todos los expedientes se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada. Se ordena a Colpensiones que, a través los departamentos jurídicos y de defensa judicial de la entidad, CAPACITE a todos los funcionarios que desempeñen labores relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, en el contenido de las Sentencias SU.442/16 y SU.556/19 de la Corte Constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-07-09


Item 185    Expediente   T-7757261    Fecha sentencia   2020-06-23    Sentencia   T-190/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ANA HELDA ARGUELLO RANGEL VS. COMPARTA E.P.S.

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR TRANSPORTE PARA ASISTIR A TERAPIAS DE MENOR DE EDAD-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE La accionante, actuando en representación de su hijo menor de edad que padece epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados, considera que la E.P.S. demandada vulnera sus derechos fundamentales como consecuencia de las trabas y demoras administrativas en las que incurrió para brindarle atención al niño. Al verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte concluyó que es IMPROCEDENTE por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por cuanto la actora no agotó los mecanismos administrativos y jurisdiccionales para resolver su solicitud y tampoco logró acreditar la existencia de una afectación grave e inminente a los derechos fundamentales de su hijo, en tanto éste cuenta con una red de apoyo familiar que le permite esperar a la resolución de fondo de su exigencia mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para ese fin. No obstante lo anterior, la Sala previno a la demandada para que tome las medidas necesarias para garantizar a sus usuarios el derecho a estar informados sobre las gestiones que se deben agotar para la efectiva prestación de los servicios en salud, y para que aplique las reglas jurisprudenciales sobre la autorización de servicios de transporte de pacientes ambulatorios.
Recibo Relatoria:   2020-07-10


Item 186    Expediente   T-7629210    Fecha sentencia   2020-06-23    Sentencia   T-191/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    MARIA TERESA LARA VELANDIA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION 2, SUBSECCION B

Tema: DEBIDO PROCESO EN EL TRASLADO ENTRE REGIMENES PENSIONALES En este caso el problema se circunscribe a la providencia judicial que resolvió una controversia relacionada con el traslado de la actora del régimen de prima media al de ahorro individual, sin que hubiesen transcurrido los tres años exigidos en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, vigente para la época. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al no advertir el material probatorio que daba cuenta sobre el período de traslado de régimen pensional, ni observar debidamente el número de cotizaciones que sufragó la actora en el régimen de prima media; asimismo, al desconocer las normas que regulan la múltiple vinculación y el alcance del derecho libertad de elección informada, previsto en el artículo 13 literal e de la Ley 100 de 1993. Se aborda temática relacionada con: 1º Jurisprudencia constitucional en materia de los requisitos generales y específicos de tutela contra providencias judiciales. 2º. Contenido del derecho fundamental a la seguridad social desde su dimensión a la pensión de vejez –de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana-. 3º. Jurisprudencia constitucional sobre los regímenes pensionales. 4º. Reglas normativas y jurisprudenciales en torno al traslado de regímenes y el deber del juez de verificar su cumplimiento. 5º Reglas jurisprudenciales en torno a la múltiple vinculación y; 6º. Los defectos sustantivo y fáctico. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la sentencia cuestionada y se ordena al operador jurídico accionado proferir un nuevo fallo en el que tenga en cuenta las consideraciones indicadas por la Corte en la presente decisión.
Recibo Relatoria:   2020-09-03


Item 187    Expediente   T-7656214    Fecha sentencia   2020-06-23    Sentencia   T-192/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    CRISTINA ANDREA MARTINEZ QUIÑONEZ VS. INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION

Tema: DERECHO A LA IGUALDAD Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION EN RAZON DE ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO EN INSTITUCION EDUCATIVA La accionante manifiesta que tiene 22 años de edad, pertenece a la comunidad LGBTI y se identifica como una persona transexual. La institución educativa accionada estableció un código de vestuario para asistir a la celebración de la ceremonia de grado que consiste en que los graduandos usen esmoquin y las graduandas toga. Indica que elevó solicitud verbal a la Rectora del plantel para que se le permitiera graduarse con toga, pero que la funcionaria le respondió que debía hacerlo con esmoquin, pues en su cédula de ciudadanía aparecía con sexo masculino y con el nombre que se le asignó al nacer, el cual correspondía al de un varón. Afirma que la Rectora le afirmó que si no aceptaba tal disposición, no se celebraba ceremonia y que todos debían graduarse por ventanilla. Con la acción de tutela pretende que se le permita asistir a su ceremonia de grado vestida con traje ceremonial de mujer, como cualquier otra persona del sexo femenino. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversas. 2º. Las manifestaciones de la identidad de género diversa en el sector educativo. 3º. El nombre como manifestación de la identidad personal y el reconocimiento individual como elemento determinante para un trato acorde con la identidad de género diversa y, 4º. Las sub-reglas jurisprudenciales relacionadas con la protección constitucional de la orientación sexual y la identidad de género diversas. Como quiera que en sede de revisión la Sala tuvo conocimiento que a la peticionaria se le otorgó el título de Bachiller Académico el 29 de noviembre de 2019 con el nombre que se le asignó al nacer, es decir, Carlos Andrés y que, por iniciativa propia, asistió con toga a la ceremonia de graduación, decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. N obstante lo anterior se advierte a las directivas de la entidad, particularmente a su rectora, que no podrán incurrir nuevamente en las acciones lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGBTI que dieron lugar al presente asunto, para lo cual deberán dar estricto cumplimiento a las reglas jurisprudenciales expuestas en esta sentencia, relacionadas con el respeto y protección de la orientación sexual e identidad de género diversas. Así mismo, se le ordena que, por el medio más expedito, Así mismo, se le ordena difundir íntegramente este fallo a la comunidad educativa, especialmente a todos los estudiantes de ese Colegio.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 188    Expediente   RE-292    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-193/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Alejandro Linares Cantillo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 567/20

Tema: FUNCIONES JURISDICCIONALES TRANSITORIAS A LOS PROCURADORES JUDICIALES DE FAMILIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN. Revisión de constitucionalidad del Decreto 567 del 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que investir de funciones jurisdiccionales transitorias para adelantar procesos de adopción a los Procuradores Judiciales de Familia como medida de excepción, constituye un desconocimiento de los principios definitorios del Estado Social de Derecho, una alteración de las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y una violación de cláusulas de derechos fundamentales. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 189    Expediente   RE-238    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-194/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Alberto Rojas Ríos AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 444/20

Tema: CREACIÓN DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 444 de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El precitado Fondo se creó para atender las necesidades de recursos destinados a la atención en salud, efectos adversos para la economía y mantener el crecimiento y el empleo en el marco del Estado de Emergencia. Luego de hacer un análisis pormenorizado del articulado de la precitada norma, concluyó la Corte que la misma satisface los requisitos formales y materiales de constitucionalidad previstos por la Carta Superior, la Ley estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia de la Corporación. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 444/20.
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 190    Expediente   RE-280    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-195/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 553/20

Tema: TRANSFERENCIA ECONÓMICA NO CONDICIONADA PARA ADULTOS MAYORES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE PRIORIZADOS DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR. TRANSFERENCIA AL FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 553 de 2020, por el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte concluyó que, las medidas de emergencia adoptadas para garantizar el derecho al mínimo vital de los dos grupos focalizados, adultos mayores y trabajadores cesantes, afectado por causa del aislamiento preventivo necesario para contener y mitigar la pandemia del COVID19, cumplen a cabalidad con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución a los decretos de excepción. Consecuentemente con lo anterior, se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto analizado.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 191    Expediente   RE-288    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-196/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 562/20

Tema: INVERSIÓN OBLIGATORIA TEMPORAL EN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 562 del 15 de abril de 2020, Por el cual se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte considera que la norma analizada no sólo cumple con todos los requisitos formales y materiales exigibles de acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias aplicables, sino que la inversión obligatoria en títulos de deuda pública, establecida en él como instrumento para ampliar las fuentes de liquidez que mitiguen el deterioro de las condiciones económicas y las consecuencias adversas generadas por la pandemia del COVID19, configura una limitación razonable y proporcionada a la libre empresa y a la propiedad que se justifica constitucionalmente. Con base en la anterior consideración, se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto revisado.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 192    Expediente   RE-273    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-197/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 540/20

Tema: MEDIDAS PARA AMPLIAR EL ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES. Revisión constitucional automática del Decreto Legislativo 540 de 2020, por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego de revisar la precitada disposición la Corte constató que las medidas decretadas para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones esenciales en las condiciones que ha impuesto la pandemia por Covid19, satisfacen plenamente los requisitos constitucionales. Con base en lo anterior, se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto 540/20.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 193    Expediente   D-13599    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-198/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    MAURICIO PARRA LUGO Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 04/19

Tema: CONTROL FISCAL. PODRÁ SER PREVENTIVO O CONCOMITANTE, SEGÚN SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO. ADVERTENCIA DEL CONTRALOR SOBRE RIESGO INMINENTE EN OPERACIONES O PROCESOS EN EJECUCIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el segundo y el tercer inciso del artículo 1º y el numeral 13 del artículo 2º del Acto Legislativo 4 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal. En la demanda se argumenta que, al expedir las normas cuestionadas, el Congreso desbordó su competencia para reformar la Constitución. Dado que en decisión previa la Corte declaró la exequibilidad de las normas que son objeto de la presente demanda, la Sala Plena de la Corporación, luego de analizar el cargo de sustitución de la Constitución que ahora se presenta, el cual es el mismo que ya fue analizado en la precitada providencia, concluyó que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, resolvió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-140/20.
Recibo Relatoria:   2020-08-06


Item 194    Expediente   RE-268    Fecha sentencia   2020-06-24    Sentencia   C-199/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 533/20

Tema: MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA APRENDIZAJE EN CASA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 533 de abril 9 de 2020, por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma permite que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. Con el mismo Decreto se establece que las Entidades Territoriales Certificadas deben observar los lineamientos que para el efecto expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar/Alimentos para Aprender. La Corte consideró que las medidas establecidas en el instrumento jurídico revisado cumplen los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la Ley. Con base en lo anterior decidió declararlo EXEQUIBLE, a excepción de su artículo 2º que lo declaró EXEQUIBLE de manera CONDICIONADA, en el entendido que, en el caso de los municipios no certificados, los recursos serán administrados por el respectivo departamento
Recibo Relatoria:   2020-07-31


Item 195    Expediente   RE-254    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-200/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alberto Rojas Ríos SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 492/20

Tema: FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DEL GRUPO BICENTENARIO Y DEL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Revisión automática del Decreto Legislativo 492 de 2020, por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. Luego de analizar la norma precitada consideró la Corte que, salvo en lo relativo a la tarifa notarial para la capitalización, se encuentran ajustadas a la Constitución las medidas adoptadas en materia de recursos de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, como para trabajadores independientes, en el marco de la situación de emergencia y crisis que afronta el país. Con base en lo anterior, Se declararon EXEQUIBLES sus artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 9. El artículo 3º también fue declarado EXEQUIBLE, salvo la expresión “el Fondo Nacional del Ahorro”, contenida en la letra a), que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADA, en el entendido de que sus excedentes de capital y dividendos, que se disponen para el fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías, no comprenden los derivados de la administración de las cesantías de los afiliados. El artículo 4º también se declara EXEQUIBLE, salvo el contenido de la letra c), que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADA, en el entendido de que el capital del FNA que se autoriza a disminuir, no comprende los recursos derivados de la administración de las cesantías de los afiliados. Por último, se declara INEXEQUIBLE el artículo 8 del Decreto 492 de 2020. Se dispone que los efectos de esta decisión quedan diferidos por el término de tres (3) meses y que, en ningún caso, se afectan las situaciones jurídicas consolidadas.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 196    Expediente   RE-251    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-201/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 487/20

Tema: SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN TRÁMITE DE EXTRADICIÓN DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA, CON ALGUNAS EXCEPCIONES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 487 de 2020, por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del ‘Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica’ declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19. La Corte considera que la norma analizada fue expedida con cumplimiento de sus requisitos formales de constitucionalidad, pero que su contenido resulta contrario a la Constitución Política, porque suspende normas procesales de contenido sustancial que fueron previstas por el legislador para garantizarle a las personas solicitadas en extradición sus derechos al debido proceso y a la libertad. En tal sentido, se declaró su INEXEQUIBILIDAD, por no satisfacer los juicios de ausencia de arbitrariedad, no contradicción específica, y proporcionalidad. La Sala Plena precisa que la presente decisión no afecta la suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición del Decreto Legislativo 487 de 2020.
Recibo Relatoria:   2020-09-14


Item 197    Expediente   RE-298    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-202/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 573/20

Tema: MEDIDAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON EL FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto 573 del 15 de abril de 2020, por el cual se establecen medidas de carácter tributario en relación con el Fondo Agropecuario de Garantías, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. La Corte decidió declarar EXEQUIBLE la norma objeto de estudio, en tanto cumplió los requisitos formales y materiales de procedencia establecidos en la ley y en la jurisprudencia constitucional. . De manera particular consideró la Sala Plena, que las medidas adoptadas en dicho instrumento jurídico acatan las directrices de las declaratorias de los estados de excepción en tanto busca enfrentar la perturbación económica en el sector agrícola, pesquero, forestal, agroindustrial y rural del país por la crisis generada por la pandemia del Covid-19 que dio lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como impedir la extensión de sus efectos, en tanto tienen como objetivo prevenir una potencial amenaza a la seguridad alimentaria del país a través de los alivios tributarios relativos al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
Recibo Relatoria:   2021-01-26


Item 198    Expediente   RE-265    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-203/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 528/20

Tema: PAGO DIFERIDO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2. Revisión de constitucionalidad del Decreto 528 de 2020, por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma se puede agrupar en cuatro medidas; 1º. Permite el pago diferido del cargo fijo y del consumo no subsidiado para los usuarios residenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo pertenecientes de los estratos 1 y 2, y la correlativa línea de financiación para los prestadores de estos servicios públicos. 2º. Habilita el diseño de opciones e incentivos a favor de sus suscriptores y/o usuarios que paguen oportunamente las facturas. 3º. Autoriza el giro directo de lo adeudado y de las siguientes doceavas durante la vigencia fiscal 2020, de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, a las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y, 4º Permite el cambio de destinación del superávit existente en los fondos de Solidaridad y Redistribución del ingreso de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios para las actividades descritas en los artículos 2 y 3 del Decreto 441 de 2020. La Corte consideró que el pago diferido de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, así como las medidas para garantizar la sostenibilidad de las empresas prestadoras de estos servicios cumplen con los requisitos constitucionales que se exigen de medidas de emergencia. Con base en la anterior consideración declaró EXEQUIBLE el Decreto 528/20. Con la presente Sentencia se ordenó oficiar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que remita la información detallada sobre las entidades territoriales que han incumplido el deber de pagar oportunamente los recursos destinados a cubrir los subsidios en materia de acueducto, alcantarillado y aseo, previsto en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de que en el marco de sus competencias adelanten las actuaciones a que haya lugar.
Recibo Relatoria:   2020-08-11


Item 199    Expediente   RE-287    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-204/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 561/20

Tema: DESTINACIÓN TRANSITORIA DE RECURSOS DEL IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A LA CULTUR. Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 561 de 2020, por el cual se dictan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. la Corte determinó que el otorgamiento de incentivos económicos a los artistas, creadores y gestores culturales que demuestren su estado de vulnerabilidad como resultado de la pandemia, o que se encuentren en situación de discapacidad, con cargo a los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, se ajusta a la Constitución y a la Ley. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-07-28


Item 200    Expediente   RE-272    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-205/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 539/20

Tema: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19 Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE ESTA PANDEMIA. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que el Decreto de la referencia cumple los requisitos formales de validez definidos por la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional para ser declarado EXEQUIBLE. Consideró la Sala que la unificación de la competencia para expedir los protocolos de seguridad se ajusta a los requisitos constitucionales de la medidas de excepción, en particular, porque armoniza los principios unitario y de autonomía territorial que definen el modelo del Estado colombiano.
Recibo Relatoria:   2020-07-28


Item 201    Expediente   RE-297    Fecha sentencia   2020-06-25    Sentencia   C-206/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 572/20

Tema: ADICIÓN AL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL PERÍODO FISCAL 2020. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 572 de 2020, por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417/20. La Corte declaró la constitucionalidad de la adición presupuestal establecida en la norma objeto de estudio con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias dirigido a fortalecer el sistema de salud, brindar apoyo a la población desprotegida y contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social. No obstante lo anterior, consideró que la liquidación dispuesta como medida de excepción es inconstitucional, habida consideración que corresponde a facultades ordinarias del Gobierno Nacional. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto 572/20, excepto sus artículos 3, 4 y 5 que se declaran INEXEQUIBLES, por no superar el presupuesto de necesidad jurídica
Recibo Relatoria:   2020-08-11


Item 202    Expediente   RE-283    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-208/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 557/20

Tema: MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE TURISMO Y REGISTROS SANITARIOS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. Control automático del Decreto legislativo 557 de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que las medidas gubernamentales dirigidas a contrarrestar el impacto económico negativo que la progresión de la pandemia y el aislamiento y distanciamiento social han tenido sobre el sector del turismo y las micro y pequeñas empresas dedicadas a la cadena de abastecimiento de productos de primera necesidad, acatan de manera plena los presupuestos materiales de validez constitucional. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma objeto de estudio.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 203    Expediente   RE-282    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-209/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 555/20

Tema: CREACIÓN DE UNA SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS -COVID19- EN EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 555 de 2020, por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020. La Corte constató que las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones durante la emergencia sanitaria, superan los juicios de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica, incompatibilidad, necesidad, proporcionalidad y de no discriminación. Con base en lo anterior, declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto objeto de análisis.
Recibo Relatoria:   2020-09-14


Item 204    Expediente   RE-285    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-210/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 559/20

Tema: CREACIÓN DE UNA SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS -COVID19- EN EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Revisión de Constitucionalidad del Decreto Legislativo 559 de 2020, por el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid 19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró que la creación de la referida subcuenta constituye una medida necesaria que se ajusta a la Constitución, toda vez que permite administrar temporalmente los recursos que puedan ser apropiados por el Estado para financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos de la pandemia sobre la población, en particular, aquella en condición de vulnerabilidad. EXEQUIBLE
Recibo Relatoria:   2020-08-11


Item 205    Expediente   RE-256    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-211/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 500/20

Tema: DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES PARA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DIAGNÓSTICO DE COVID-19 Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 500 de 2020, por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por satisfacer los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional, se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 500/20.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 206    Expediente   RE-264    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-212/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 522/20

Tema: ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 522 de 6 de abril de 2020, por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El Decreto precitado prevé: (i) la adición de $3.250.000.000.000 al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de Gastos del Presupuesto General de la Nación (artículos 1 y 2), (ii) la liquidación de tales adiciones presupuestales (artículos 3, 4 y 5) y, por último, (iii) la vigencia de la norma a partir de la fecha de su publicación (artículo 6). Estos recursos están destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto Legislativo 492 de 2020. La Sala Plena constató que la norma sub examine cumple con los requisitos formales por cuanto fue expedido por el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, fue proferido durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 417 de 2020 y cuenta con la correspondiente motivación, al contener las razones fácticas y jurídicas que justifican la adición y la liquidación dispuestas en él. La Corte Constitucional concluyó que los artículos 1, 2 y 6 satisfacen todos los juicios materiales de constitucionalidad y por ello los declaró EXEQUIBLES. Respecto a los artículos 3, 4 y 5, del Decreto Legislativo sub examine, verificó que no satisfacen el juicio de necesidad jurídica y, por tanto, los declaró INEXEQUIBLES.
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 207    Expediente   RE-290    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   C-213/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 564/20

Tema: SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD HASTA EL DÍA EN QUE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA REANUDE LOS TÉRMINOS JUDICIALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 564 de 2020, por el cual se adoptan medidas para las garantías de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Consideró la Corte que la norma analizada, relativa a la suspensión de términos de prescripción, caducidad, duración de procesos y desistimiento tácito, es constitucional. No obstante lo anterior, consideró contrario a la Carta Política la no suspensión de los términos de caducidad en materia penal, particularmente, los términos para solicitar la apertura del incidente de reparación integral y para presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 564/20, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el parágrafo de su artículo 1º, que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-06


Item 208    Expediente   T-7690061    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   T-207/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ANA EN REPRESENTACION DE SU HIJO FEDERICO VS. PALOMA E.P.S. Y OTROS

Tema: PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD Y EXONERACION DE PAGOS MODERADORES La accionante, actuando en representación de un hijo menor de edad diagnosticado con varias patologías desde el momento de su nacimiento, considera que la E.P.S. demandada vulneró los derechos fundamentales al no suministrar algunos insumos que se requieren para el tratamiento de las enfermedades del menor, como por cobrar pagos moderadores pese a la condición socioeconómica de la familia. Se aborda temática relacionada con: (i) El derecho a la salud de los niños y niñas; (ii)la exoneración de pagos moderadores para personas del nivel I del SISBEN y, (iii) el tratamiento integral. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada realizar las gestiones administrativas necesarias para asegurar la operatividad de la exoneración de pagos moderadores en el tratamiento del menor representado y que, de conformidad con el literal g) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, mantenga dicha exención mientras se encuentre clasificado en el nivel I del SISBEN. Así mismo, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-07-10


Item 209    Expediente   T-7395090 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-07-01    Sentencia   T-214/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    IRMA OLAYA Y OTROS VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: FLEXIBILIZACION DE LOS ESTANDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS-EN CASO DE FALSOS POSITIVOS En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que el Tribunal cuestionado, en el trámite del medio de control de reparación directa que los accionantes adelantaron en contra de la Nación (Ministerio de Defensa/Ejército Nacional), incurrió en un defecto fáctico por no analizar la totalidad del acervo probatorio y por valorar defectuosamente las pruebas aportadas al proceso. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se analizó temática relacionada con: 1º. El defecto fáctico y, 2º. La jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Por encontrar que la autoridad judicial accionada vulneró derechos fundamentales, la Corte decidió CONCEDER el amparo solicitado y dejar sin efectos los fallos cuestionados. Así mismo, ordenó a la Corporación demandada proferir nuevos fallos, de conformidad con las consideraciones consignadas en la parte motiva de la presente decisión.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 210    Expediente   RE-296    Fecha sentencia   2020-07-02    Sentencia   C-215/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 571/20

Tema: ADICIÓN AL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL PERÍODO FISCAL 2020 Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 571 de 2020, por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. En el análisis de este Decreto la Corte reiteró la aplicación del principio de legalidad a los traslados presupuestales que deban realizarse como consecuencia de la adición presupuestal decretada como medida de excepción, así como el respeto por la destinación original de los recursos de naturaleza parafiscal. Con base en las anteriores consideraciones declaró EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 7 y 8 del Decreto 571 de 2020 y EXEQUIBLE CONDICIONADO su artículo 6º, en el entendido que: a) cuando la destinación de los ingresos y rentas allí previstos a la atención de los gastos que se requieran durante la vigencia fiscal de 2020 para hacer frente a la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020 y contrarrestar la extensión de sus efectos sociales y económicos, implique traslados presupuestales, ello solo se puede hacer mediante norma con fuerza de ley; y b) tratándose de contribuciones parafiscales, en todo caso, deberá respetarse el objeto definido en su ley de creación. Las normas que establecían la liquidación presupuestal de las partidas adicionadas (artículos 3, 4 y 5 ibídem) fueron declaradas INEXEQUIBLES, por no superar el juicio de necesidad jurídica.
Recibo Relatoria:   2020-10-22


Item 211    Expediente   RE-266    Fecha sentencia   2020-07-02    Sentencia   C-216/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 530/20

Tema: EXENCIONES TRIBUTARIAS TRANSITORIAS DEL GRAVAMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF). DONACIONES QUE NO SE CONSIDERAN VENTA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 530 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte decidió declarar EXEQUIBLES los artículos 1° y 3° del Decreto objeto de análisis, salvo la expresión “Por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020” que se declara CONDICIONADAMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que las medidas adoptadas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal que concluyen en 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo indicado en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 137 de 1994. Igualmente, declaró EXEQUIBLES los artículos 2º y 4º de la referida norma
Recibo Relatoria:   2020-08-11


Item 212    Expediente   RE-295    Fecha sentencia   2020-07-02    Sentencia   C-217/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 570/20

Tema: APOYO ECONÓMICO EXCEPCIONAL PARA PERSONAS DESMOVILIZADAS QUE PERTENECIERON A GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE ESTÁN EN ETAPA DE REINCORPORACIÓN. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 570 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Sala Plena de la Corporación encontró que la norma estudiada cumple con todos los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitucional, la Ley Estatutaria de los Estados de Emergencia y tratados internacionales correspondientes. Con base en lo anterior, decidió declarar su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-08-06


Item 213    Expediente   RE-250    Fecha sentencia   2020-07-02    Sentencia   C-218/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 486/20

Tema: INCENTIVO ECONÓMICO PARA LOS TRABAJADORES Y PRODUCTORES DEL CAMPO. GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 486 de 2020, por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productores agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El precitado Decreto instituye cinco medidas de carácter económico, financiero y contractual: (i) faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para otorgar un incentivo económico a trabajadores agropecuarios mayores de 70 años (art. 1º); (ii) faculta al Banco Agrario de Colombia y a FINAGRO para celebrar acuerdos de recuperación y compra de cartera de pequeños y medianos productores (art. 2º); (iii) faculta a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para crear Líneas Especiales de Crédito (LEC) que cubran costos y gastos asociados a las operaciones de crédito agropecuario; (iv) adiciona el artículo 2 de la Ley 302 de 1996, de manera que el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) puede ejercer sus facultades de intervención en favor de los productores agropecuarios afectados por la pandemia; y (v) faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para contratar directamente ciertas actividades y logística tendientes a garantizar la seguridad alimentaria. Por cumplir con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 486/20.
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 214    Expediente   T-7211313 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-07-03    Sentencia   T-224/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MARIA DOLIS CEBALLOS Y OTROS VS. COMPARTA E.P.S. Y OTROS

Tema: DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente, los demandantes presentan la acción de tutela en contra de las E.PS. a las que se encuentran afiliados a través del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social. Solicitan que se proteja su derecho a la salud y que, por consiguiente, se ordene el suministro oportuno de determinados servicios, tecnologías o insumos como sillas de ruedas, pañales desechables, costos de transporte intermunicipal y estadía de acompañante, los cuales han sido negados o retardados por las accionadas con base en asuntos administrativos y/o burocráticos, o por el criterio de no existencia de un riesgo inminente para la vida o la salud. Se aborda temática relacionada con el carácter fundamental del derecho a la salud, específicamente en aspectos como (i) las garantías de accesibilidad e integralidad; (ii) el carácter prevalente en sujetos de especial protección constitucional; (iii) los mecanismos de acceso a servicios y tecnologías en salud bajo la normativa vigente y, (iv) los criterios que se deben cumplir de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional, para que un juez de tutela ordene el acceso a un servicio o tecnología no incluida en Plan de Beneficios vigente. En dos casos se CONCEDE el amparo invocado y en los otros dos se declara la carencia actual de objeto por situación sobreviniente. En esta providencia se destaca la solicitud hecha a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en coordinación con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social y, en el marco de sus competencias, proponga, adopte, implemente y haga público un conjunto de medidas concretas encaminadas a adecuar y optimizar el funcionamiento del mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud que la entidad tiene a su cargo, de manera que se asegure una protección pronta, célere, efectiva y cumplida del derecho fundamental a la salud. El objetivo de esta petición es que se le faciliten a esta Superintendencia las herramientas que requiere para cumplir con el objetivo planteado, de acuerdo con los obstáculos y retos que la misma ha identificado y las consideraciones expuestas en el presente fallo.
Recibo Relatoria:   2020-07-10


Item 215    Expediente   T-7662765    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-225/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    FERNANDO DE JESUS GAVIRIA BETANCOURT VS. COLPENSIONES

Tema: RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA PARA ESTUDIAR NUEVAMENTE SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ Y APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL ACUERDO 049/90 El actor adujo que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, argumentando que previamente reconoció a su favor indemnización sustitutiva de pensión de vejez y que no acreditó el requisito de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, tal como lo dispone el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. La entidad también alegó la imposibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa. El peticionario manifestó que la falta de dicha prestación afecta su mínimo vital, pues no genera ingreso alguno debido a su enfermedad, tampoco logra conseguir empleo y se dedica diariamente al cuidado de su hijo en condición de discapacidad, por lo que debe solventar sus gastos del hogar con las ayudas económicas que sus hijos le brindan cuando tienen empleo y con las ganancias que genera su esposa con trabajos de costura, lo que apenas les alcanza para sobrevivir. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con el alcance de la indemnización sustitutiva y el principio de la condición más beneficiosa. La Corte considera que el peticionario se encuentra en condición de vulnerabilidad y es un sujeto de especial protección constitucional y, por ello, decide CONCEDER el amparo invocado. Concluyó además que la entidad no debió negar el reconocimiento pensional pretendido por el actor, por haber concedido previamente indemnización sustitutiva de pensión de vejez, pues ambos beneficios son independientes y tienen causas distintas, lo que no hace que su análisis sea incompatible.
Recibo Relatoria:   2020-09-25


Item 216    Expediente   T-7344423 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-226/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    NICOLAS QUIJANO OSPINA Y OTRA VS. COLEGIO ALEMAN DEUTSCH SCHULE DE MEDELLIN

Tema: DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR FRENTE A LA AUTONOMIA DE INSTITUCION EDUCATIVA La vulneración de derechos fundamentales por parte del colegio demandado se atribuye a la negativa de asignación de un cupo para un menor de edad en la Klasse 11, equivalente a décimo grado en el sistema educativo colombiano, como consecuencia de la pérdida de la prueba de suficiencia de la lengua extranjera, pese a que aprobó todas las asignaturas impartidas en el periodo lectivo y no tenía antecedentes disciplinarios. La parte accionada insistió en la facultad que tiene para fijar las reglas de calidad y promoción en programas bilingües y de bachillerato internacional. Reiteró que tanto el manual de convivencia, como el contrato de prestación de servicios educativos, contemplan las causales de pérdida del cupo por razones académicas, entre ellas, la discutida por los padres de familia mediante las acciones de tutela. De modo que, la medida no es una nueva circunstancia, ni está alejada de su autonomía escolar, sino que es un hecho conocido y aceptado desde tiempo atrás. La Corte analizó si el colegio bilingüe acusado vulneró los derechos a la educación y a un debido proceso del joven representado por sus progenitores, cuando decidió privarlo del cupo para el año lectivo siguiente como consecuencia de no haber aprobado un examen de lengua extranjera, cuyo requisito estaba previsto en el manual de convivencia, fue pactado con los padres de familia y hacía parte del proyecto educativo institucional. Teniendo en cuenta que los dos padres del estudiante formularon acciones de tutela de manera independiente, la Sala analizó primero si se presentaba una actuación temeraria respecto a la segunda solicitud incoada por el progenitor. De manera posterior se valoró el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y por último verificó si se presentaba la vulneración de garantías alegada, desde la perspectiva de la justificación y proporcionalidad de la medida adoptada por el centro educativo cuestionado. En relación con la solicitud de amparo invocada por la madre del menor se decidió confirmar la decisión de instancia que la DENEGÓ. Respecto al otro expediente se dispuso declarar su improcedencia, por ser un asunto ya sometido a la jurisdicción constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-07-15


Item 217    Expediente   T-7115127    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-227/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    GERMAN DUARTE CRUZ VS. COLEGIO GIMNASIO VERMONT S.A.

Tema: DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA Y ALCANCE Y LIMITES DE LOS AJUSTES EDUCATIVOS A IMPLEMENTAR En este caso la acción de tutela centra su exposición en la situación de una menor de edad que presenta dislexia evolutiva, es decir, una dificultad de aprendizaje que le impide leer y escribir a la velocidad esperada para su ciclo de formación académica. De manera específica consideran sus padres que el colegio accionado la discriminó cuando desmontó los ajustes educativos implementados para asegurar su inclusión, especialmente las medidas diseñadas para evaluar los conocimientos adquiridos, cuyo contenido fue concertado desde tiempo atrás. La entidad insistió en que implementó todos los ajustes que tenía a su alcance, los cuales deben evaluarse de forma razonable, es decir, acorde con su capacidad y autonomía y de manera proporcional, esto es, aplicando el principio de corresponsabilidad con los padres, terapeutas y la misma estudiante. La Corte arribó a las siguientes conclusiones: 1º. La participación y el diálogo constructivo constituyen las mejores vías para determinar los cambios en la dinámica educativa de los estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje, bajo el liderazgo de los establecimientos educativos y el deber de acompañamiento de los estamentos públicos. 2º. Es necesario contar con el acompañamiento del Estado mediante sistemas independientes que permitan supervisar la idoneidad y efectividad de los programas de inclusión y superar los desacuerdos en lo que respecta al alcance y los límites de los ajustes educativos. Se CONCEDE el amparo invocado y se hace una recomendación al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de Bogotá para que, de conformidad con las competencias, facultades y responsabilidades asignadas a cada uno en la Constitución y en la ley, dispongan de una ruta independiente que les sirva a los colegios públicos y privados, padres de familia y estudiantes, para supervisar la idoneidad y efectividad de los programas de inclusión y, llegado el caso, resolver los desacuerdos en torno al alcance y los límites de los ajustes educativos a implementar.
Recibo Relatoria:   2020-07-15


Item 218    Expediente   T-7611630    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-228/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    NATALIA PALACIOS VS. EMSSANAR EPS

Tema: TRATAMIENTO INTEGRAL DE SALUD A ENFERMA DE CANCER Y CUBRIMIENTO GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PREVIA VALORACION MEDICA La accionante es una mujer afrocolombiana de 30 años de edad, que hace parte del régimen subsidiado de salud, trabaja como estilista, tiene cuatro hijos y tiene un diagnóstico de cáncer de cérvix. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad demandada se atribuye a la forma y a los procedimientos adoptados para otorgar el tratamiento en oncología ordenado por los médicos tratantes; al igual que a la falta de atención integral a su patología y al no reconocimiento permanente de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación queridos para desplazarse desde el municipio donde reside, hasta la ciudad donde le autorizaron la práctica de los procedimientos médicos prescritos. Se reitera jurisprudencia relevante sobre el derecho a la salud y se hace una referencia a la obligación de suministrar los servicios de transporte, alojamiento y alimentación. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-08-03


Item 219    Expediente   T-7063045    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-229/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    MAURICIO MEZA BLANCO VS. GOOGLE INC Y OTRO

Tema: INTERMEDIARIOS DE INTERNET--NO SON RESPONSABLES POR EL CONTENIDO QUE PUBLICAN SUS USUARIOS El actor, en su condición de defensor de derechos humanos vinculado a la Corporación para el Desarrollo del Oriente “COMPROMISO”, ha coordinado varios proyectos encaminados a promover la paz en la Región del Nororiente Colombiano. Aduce que sus derechos fundamentales a la vida, al buen nombre y a la honra fueron vulnerados por Google Inc. y el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia (MINTIC), al negarse a eliminar el video denominado “Las mentiras de Mauricio Meza Blanco” de la plataforma digital YouTube, en el cual, no solo se hacen señalamientos difamatorios en su contra, sino que se publican datos personales e imágenes suyas. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho a la libertad de expresión en Internet. 2º. El principio de neutralidad en la red y, 3º. El régimen de responsabilidad de los intermediarios de Internet por el contenido que publican terceros. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-17


Item 220    Expediente   T-7040215    Fecha sentencia   2020-07-07    Sentencia   T-230/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    CHRISTIAN FRANCISCO JOAQUI TAPIA VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

Tema: EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O ELECTRONICOS, ENTRE ELLOS, FACEBOOK. El actor considera que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán vulneró su derecho fundamental de petición, al no dar respuesta de fondo a la solicitud que formuló a través de mensaje directo por la red social Facebook de la entidad, ni indicarle sobre la necesidad de direccionar la misma a los canales dispuestos por ella para atender tales requerimientos. La accionada argumentó que la vía utilizada por el peticionario corresponde a un medio netamente informativo y no a una herramienta oficial para el trámite de actuaciones ante la empresa. Se reitera la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de petición y las obligaciones que de dicha garantía se derivan para las autoridades públicas y los particulares, haciendo especial énfasis en las reglas aplicables en esta materia para las empresas de servicios públicos. Así mismo, se hace referencia a las redes sociales en internet y a su impacto en el cumplimiento de funciones por parte del Estado, particularmente, en lo que respecta a las obligaciones de atención al público. Se abordó como problemática puntual, si las plataformas sociales como Facebook pueden constituirse en un canal idóneo para la presentación de solicitudes en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado, bajo la consideración de que el requerimiento formulado por el actor, a través de la red social Facebook, debió haberse tramitado como una petición, en virtud de que la Ley 1755 de 2015 establece que los medios electrónicos son canales idóneos para que los ciudadanos presenten solicitudes respetuosas a la administración.
Recibo Relatoria:   2020-07-22


Item 221    Expediente   RE-286    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   C-237/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 560/20

Tema: MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE INSOLVENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 560 de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. La Corte considera que las medidas decretadas para reducir el impacto que tiene para algunos acreedores la aplicación del régimen de insolvencia en situación de emergencia, establecer mecanismos de alivio para las empresas en crisis y obtener recursos que contribuyan a la continuidad de la actividad empresarial, resultan acordes con la Constitución, en las condiciones establecidas en el presente fallo. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Decreto Legislativo 560/20. El artículo 3º se declara EXEQUIBLE, salvo su inciso primero que se condiciona, en el entendido que entre las pequeñas acreencias a las que se refiere se encuentran comprendidas también las correspondientes a créditos de alimentos a favor de menores de 18 años y adultos mayores. El artículo 4 también se declara EXEQUIBLE salvo su numeral 2.3 que se condiciona, en el entendido que tampoco se podrán afectar los créditos por alimentos a favor de adultos mayores. Así mismo, el artículo 5 se declara EXEQUIBLE salvo el parágrafo 3 que se condiciona, en el entendido que las “rebajas de sanciones, intereses y capital” a que alude no significa, en ningún caso, la posibilidad de la condonación de deudas fiscales. El artículo 8 se declaró EXEQUIBLE salvo el numeral 3 del parágrafo primero del mismo, el cual se condiciona en el entendido que también se encuentran excluidos de la permisión de aplazamiento, los créditos de alimentos a favor de menores de 18 años y adultos mayores.
Recibo Relatoria:   2020-08-31


Item 222    Expediente   RE-289    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   C-238/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 563/20

Tema: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBLIGACIONES A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN. PRESTACIÓN INDEFINIDA DEL SERVICIO DE DEFENSORÍAS DE FAMILIA. AMPLIACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN AL MENOR Y ADOPCIÓN. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 563 de 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Teniendo en cuenta que la norma en mención cumple con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte decidió declararlo EXEQUIBLE, a excepción de la expresión “La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa” contenida en el artículo 2°, cuya exequibilidad se condiciona en el entendido de que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa.
Recibo Relatoria:   2020-09-08


Item 223    Expediente   RE-569    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   C-239/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 569/20

Tema: SINERGIAS LOGÍSTICAS EFICIENTES EN EL SECTOR DE TRANSPORTE DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. SUSPENSIÓN DEL INGRESO AL TERRITORIO COLOMBIANO. Revisión automática del Decreto Legislativo 569 de 2020, cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. La Corte abordó el análisis de la precitada norma a partir de siete ejes temáticos que agrupan la totalidad de las medidas adoptadas en ella, a saber: (i) la suspensión del ingreso al territorio colombiano por vía aérea, (ii) la vigencia y funciones del Centro de Logística y Transporte, (iii) las condiciones para prestar el servicio de transporte terrestre, (iv) la exoneración de exigencias legales en la operación del servicio de transporte, (v) la exención de cobro de peajes, (vi) las medidas económicas para la industria aeronáutica, y (vii) las disposiciones en contratos de concesión e infraestructura. En razón a que se cumplieron con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 569/20.
Recibo Relatoria:   2020-08-05


Item 224    Expediente   RE-279    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   C-240/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Alberto Rojas Ríos SV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 552/20

Tema: ADICIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE RIESGOS LABORALES (FRL) AL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME.) Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 552 de 15 de abril de 2020, por el cual se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado por el Decreto 444 de 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones. La Corte determinó que la adición de recursos al precitado Fondo, a través de una operación de crédito público, satisface los requisitos formales y materiales de validez de una medida de excepción definidos por la Carta Superior, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 225    Expediente   RE-299    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   C-241/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 574/20

Tema: MEDIDAS EN MATERIA MINERA Y ENERGÉTICA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 574 de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El precitado Decreto instituye medidas de apoyo al sector minero, garantía de continuidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios, medidas para asegurar el suministro de energía eléctrica en zonas no interconectadas -ZNI-, medidas para asegurar el suministro de combustibles y la declaratoria de emergencia eléctrica. Por cumplir con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte decidió declarar la EXEQUIBILIDAD de la norma estudiada en esta oportunidad.
Recibo Relatoria:   2020-08-21


Item 226    Expediente   T-7811979    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-231/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    RAFAEL ENRIQUE CORCHO RADA VS. BANCO POPULAR

Tema: SUSPENSION EN EL PAGO DE MESADAS PENSIONALES POR EXIGENCIA DE SENTENCIA DE INTERDICCION, VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD El accionante, actuando en representación de una hermana que tiene 70 años de edad y que presenta una discapacidad mental y de lenguaje severa, considera que el Banco Popular vulneró derechos fundamentales de su familiar, al suspender el pago de la sustitución pensional que percibía periódicamente desde años atrás y, supeditar su reactivación, a la presentación de una providencia judicial en la que se designara a un curador. Se analiza temática relacionada con la imposibilidad de exigir fallo de interdicción para el pago de una mesada pensional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 y los estándares constitucionales desarrollados al respecto por la Corte Constitucional. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la entidad bancaria cancelar las mesadas adeudadas y continuar realizando efectivamente el pago de las mismas, sin exigir ningún tipo de requisito adicional a los establecidos por la ley o que desconozcan la capacidad jurídica de la agenciada
Recibo Relatoria:   2020-07-22


Item 227    Expediente   T-7671770    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-232/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    VALENTINA DURAN MONTEALEGRE VS. SALUD VIDA E.P.S

Tema: DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA, A LA SALUD Y A LA DIGNIDAD HUMANA DE ADULTO EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DE ABANDONO. Se presenta la acción de tutela en favor de una mujer de aproximadamente 48 años de edad, que padece de síndrome de Down, no posee cédula de ciudadanía u otro documento que la identifique y carece de recursos económicos. Además de lo anterior, está desde el año 92 albergada en una Fundación de la ciudad de Ibagué, donde fue abandonada por sus familiares. Se pretende con la solicitud de amparo que la E.P.S demandada proporcione los insumos y servicios que fueron solicitados a través de derecho de petición. De manera específica se pidió pañales desechables, pañitos húmedos, crema antipañalitis, terapia física y ocupacional, asistencia médica domiciliaria y servicio de transporte en ambulancia hasta las instalaciones de la entidad. A pesar de que el juez de primera instancia amparó el derecho fundamental de petición, La Sala consideró que el asunto amerita un pronunciamiento integral sobre la posible afectación de derechos fundamentales de la agenciada, como quiera que, es un sujeto de especial protección constitucional en razón a su condición de discapacidad; no cuenta con documento de identidad; fue desvinculada del Sistema de Seguridad Social en Salud y por ello no ha tenido la posibilidad de acceder a servicios y atención médica especializada. Se reitera jurisprudencia relacionada con los principios de universalidad, continuidad, oportunidad e integralidad en materia del derecho fundamental a la salud y, sobre los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional del Estado y la sociedad. Se CONCEDE el amparo y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-07-27


Item 228    Expediente   T-7555509 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-233/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ROBINSON NEIRA ESCOBAR Y OTRA VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR CANCELACION DE REGISTRO CIVIL-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestiona la negativa de la Registraduría General de la Nación, de cancelar uno o dos de los registros civiles con los que cuentan los actores y, en los que se consigna datos diferentes. Se pretende que cada peticionario tenga un solo registro para poder tramitar la obtención de la cédula de ciudadanía correspondiente. Teniendo en cuenta la disparidad de información que contienen los diferentes documentos, considera la Corte que no hay certeza sobre cuáles deben perdurar en el tiempo y cuáles deben ser anulados o cancelados, máxime cuando no hay elementos probatorios de juicio que generen certeza sobre cuales datos son verídicos y cuáles no. Se concluye que, en los casos objeto de estudio no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por los siguientes motivos: (a) existen medios judiciales que permiten obtener lo pretendido; (b); la complejidad probatoria del caso sobrepasa las facultades propias de un juez constitucional, teniendo en cuenta el carácter sumario de la acción de amparo y (c) no se acredita la urgencia o la amenaza de un perjuicio irremediable, ni la falta de idoneidad del mecanismo existente. Por lo anterior, se procederá a confirmar las sentencias de instancia que DENEGARON el amparo invocado. Subraya la Corporación, que la cancelación del registro civil puede obtenerse a través de un trámite administrativo o mediante una orden judicial y que, acudir a una u otra vía está supeditado a si se requiere o no alterar el estado civil. Precisa la Sala que, cuando la corrección, adición, modificación o cancelación de un registro conlleva un cambio solo mecanográfico, de ortografía o cuando existen dos registros exactamente iguales, la entidad accionada puede adelantar las reformas requeridas y si lo pretendido deviene en un cambio en el estado civil, el llamado a ordenar dicha alteración es un Juez de la República
Recibo Relatoria:   2020-07-27


Item 229    Expediente   T-6746939 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-234/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    CABILDO INDIGENA UNION CAÑITO Y OTROS VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE INMEDIATEZ Por conducto de apoderado judicial los cabildos menores indígenas Unión Cañito, Las Cavernas y Gualón de la etnia Zenú, afiliados a la Asociación de Cabildos Menores Indígenas “Yuma de las Piedras” del municipio de Toluviejo (Sucre), promovieron por separado acciones de tutela en contra de varias entidades, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso, a la igualdad y a la integridad cultural por parte de la empresa Promigas S.A. ESP, en el marco de la ejecución del proyecto Gasoducto Loop San Mateo-Mamonal, porque pasa parcialmente por el territorio que han venido ocupando ancestralmente, lo cual afecta sus usos, costumbres y medios de subsistencia. Luego de hacer el análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela la Corte constató que las solicitudes de amparo formuladas no cumplen con el de inmediatez. Ello, porque desde la posible ocurrencia del hecho lesivo los actores dejaron trascurrir un lapso más que razonable para acudir al amparo constitucional, sin invocar razones que justificaran su tardanza y sin advertir sobre la existencia de una amenaza o vulneración actual de derechos, o que hubiesen actuado de forma diligente para enfrentar los perjuicios que aseguran haber padecido. Con base en lo anterior, se declaran IMPROCEDENTES las acciones de tutela formuladas.
Recibo Relatoria:   2020-07-16


Item 230    Expediente   T-235/20    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-235/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    CRISTINA PATRICIA RIVERA CORREA VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema: INCAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 540 DIAS-MARCO NORMATIVO Se atribuye a la E.P.S accionada la vulneración de derechos fundamentales de la actora, quien padece cáncer de huesos, como consecuencia de no cancelarle la totalidad de incapacidades que le fueron prescritas por sus médicos tratantes con posterioridad al día 540. La entidad presentó varios argumentos dirigidos a sustentar su falta de competencia para proceder con lo solicitado. Entre ellos sostuvo: (i) que la peticionaria ya había sido calificada y por tanto procedía el reconocimiento de su pensión de invalidez, (ii) que podía elevar sus pretensiones ante la Superintendencia Nacional de Salud dado que se trataba de un asunto económico, (iii) que hubo un fallo previo a partir del cual se declaró la improcedencia, (iv) que no se cumplía con el requisito de inmediatez, (v) que pagó algunas incapacidades posteriores al día 540 (no todas las que se generaron) y (vi) que no estaba acreditada la afectación del mínimo vital. Se analizó temática relacionada con el marco normativo ordinario del pago de las incapacidades causadas desde el día 540 en adelante por enfermedad de origen común. En sede de revisión la Sala conoció que la peticionaria falleció y, por ello, declaró la ocurrencia de un HECHO SUPERADO por presentarse un hecho sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 231    Expediente   T-6950213    Fecha sentencia   2020-07-08    Sentencia   T-236/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    NIKITA SIMONNE DUPUIS-VARGAS LATORRE VS. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACION Y OTRO

Tema: GARANTIA POR EPS DE TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS COMO PARTE DEL PROCESO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y AFIRMACION DE IDENTIDAD DE GENERO DE PERSONAS TRANSGENERO. El accionante es un hombre transgénero de 37 años que desde su infancia se ha identificado con el género masculino y por ello se encuentra en un proceso de tránsito para la afirmación de su rol de género. La vulneración de derechos fundamentales por parte de las entidades demandadas se atribuye al hecho de haber negado la práctica de un procedimiento quirúrgico de mamoplastia reductora por ginecomastia que requiere el tutelante, por considerarlo meramente estético sin un fin funcional, a pesar de haber sido prescrito por el médico tratante y contar con el dictamen de disforia de género, expedido en cuatro oportunidades diferentes por el área de psiquiatría. En sede de revisión la Sala conoció que el peticionario, a través de un médico particular y con sus propios recursos económicos, se practicó el procedimiento quirúrgico reclamado. En vista de lo anterior, se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por la configuración de un hecho sobreviniente. No obstante lo anterior, la Corte hizo una advertencia a las entidades accionadas para que, en adelante, eviten la imposición de barreras de acceso en relación con los tratamientos y procedimientos médicos que le sean ordenados al actor como parte del proceso integral de construcción y afirmación de su identidad de género.
Recibo Relatoria:   2020-07-22


Item 232    Expediente   RE-253    Fecha sentencia   2020-07-09    Sentencia   C-242/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 491/20

Tema: UTILIZACIÓN DE LA MODALIDAD DEL TRABAJO EN CASA DE ACCESO REMOTO, MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LAS RAMAS DE PODER PÚBLICO EN CUALQUIER NIVEL TERRITORIAL, ÓRGANOS DE CONTROL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y PARTICULARES QUE CUMPLAN FUNCIONES PÚBLICAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Sala Plena consideró que las disposiciones del Decreto precitado, salvo su artículo 12, se ajustan en términos generales al ordenamiento superior, puesto que atienden a los presupuestos formales y materiales establecidos en la Carta Política, en Ley 137 de 1994 y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. No obstante lo anterior, precisó que resulta innecesario desde el punto de vista jurídico y contrario al principio de autonomía de las ramas Legislativa y Judicial, así como de los órganos constitucionalmente autónomos, el establecimiento mediante decreto legislativo de sesiones no presenciales. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1°, 2°, 3°, 9°, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto Legislativo 491/20. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 4° ibídem, bajo el entendido que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos. Así mismo, se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 5°, bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes. Se declara Cuarto. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 6°salvo la de su parágrafo 1° que se declara INEXEQUIBLE, y la de su parágrafo 2° que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO, bajo el entendido que cuando, la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 7° ídem, salvo la expresión “de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG” contemplada en el inciso 2° del mismo, que se declara INEXEQUIBLE. Así mismo, se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 8°, bajo el entendido de que la medida contenida en el mismo se hace extensiva también a los permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma, debido a las medidas adoptadas para conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 10 del Decreto 491/20, bajo el entendido que las medidas contenidas en el mismo tendrán vigencia únicamente durante el desarrollo de la emergencia sanitaria. Por último, se declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 12 ídem.
Recibo Relatoria:   2020-08-04


Item 233    Expediente   T-7737007    Fecha sentencia   2020-07-13    Sentencia   T-243/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MIGUEL ANGEL ATENCIO JINETE VS. ICETEX

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA ICETEX-NO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN Y EDUCACIÓN, POR CUANTO ACCIONANTE INCUMPLIÓ CONDICIONES DE CRÉDITO EDUCATIVO En este caso se aduce que el ICETEX vulneró los derechos de petición y educación del accionante, al no dar respuesta clara y de fondo al escrito que presentó para solicitar una renovación de crédito y en consecuencia, un desembolso adicional. Analizado el caso constató la Corporación que la entidad no trasgredió garantía alguna, por cuanto contestó de fondo el requerimiento del peticionario, lo hizo de una manera concreta, con argumentos objetivos y presumiblemente, de forma oportuna, en cuanto este aspecto no fue cuestionado por el tutelante. Considera la Corte que el Instituto fue claro al indicarle al peticionario que su primera pretensión no era viable, porque el crédito no había sido renovado oportunamente y tenía una mora superior a 180 días. Igualmente, al reiterarle que el crédito había culminado su vigencia en el segundo periodo de 2017 y que actualmente se encontraba en etapa de amortización. La Sala insiste en que el derecho de petición no se vulnera al no acceder a la solicitud de quien lo ejerce, sino que su afectación ocurre cuando no se obtiene una respuesta clara, oportuna y de fondo que sea debidamente notificada. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado. No obstante lo anterior si instó al ICETEX para que, en caso de que el accionante solicite un nuevo acuerdo de pago o refinanciación de su deuda, el mismo se haga atendiendo su especial condición de vulnerabilidad económica y fijando cuotas cuyo valor tenga en cuenta su verdadera capacidad de pago, sin afectación de su mínimo vital.
Recibo Relatoria:   2020-07-27


Item 234    Expediente   T-7619390    Fecha sentencia   2020-07-13    Sentencia   T-244/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    HELENA PATRICIA AGUIRRE HERNANDEZ VS. CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONADA DEVOLVIÓ HISTORIAS CLÍNICAS Y MEDICAMENTOS DE PERSONAS ENFERMAS DE CÁNCER La acción de tutela fue instaurada por la representante legal suplente de la E.P.S. Famisanar como agente oficiosa de 13.395 usuarios de la entidad y en contra del Centro Nacional de Oncología S.. (CNO). La controversia se generó luego de la terminación de la relación contractual entre las partes para la atención de pacientes con cáncer y la no devolución, por parte de la última entidad mencionada, de las historias clínicas, ni de los medicamentos que la EPS entregó para el efecto. En sede de revisión la Sala constató que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto el Centro Nacional de Oncología satisfizo por completo las pretensiones de la accionante. En tal sentido se confirmaron las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la solicitud de amparo
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 235    Expediente   T-7462041 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-07-13    Sentencia   T-245/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    YEIMI ALEXANDRA POVEA CORTES Y OTROS VS. FAMISAR E.P.S. Y OTROS

Tema: SUMINISTRO DE INSUMOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EXPRESAMENTE INCLUIDOS, NO INCLUIDOS EXPRESAMENTE O EXCLUIDOS DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se interpone la acción de tutela en nombre y representación niños y personas de la tercera edad, que sufren graves padecimientos de salud. En todos los casos se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a las E.P.S. y a la entidad de salud del régimen especial del Magisterio a las que se encuentran afiliados los pacientes, por hechos relacionados con las siguientes situaciones: a) negativa o falta de suministro de servicios o tecnologías en salud no excluidos de la financiación con recursos públicos tales como guantes de manejo, pañales, medicamentos prescritos por el médico tratante, transporte, alojamiento y alimentación o sillas de ruedas, por considerar que estos no hacen parte de la cobertura de la Unidad de Pago por Capitación o con el argumento de no existir orden médica; b) la falta de suministro de paños húmedos, con fundamento en que son un insumo expresamente excluido de la financiación con recursos públicos; c) la no continuidad del tratamiento médico en una IPS recomendada por el médico tratante, con el argumento de que no hace parte de su red de prestadores; d) no brindar una atención integral en salud, con sustento en que no es posible ordenar de manera indeterminada que la entidad asuma los costos de servicios que ni siquiera han sido solicitados; y e) no exonerar el pago de cuotas de manejo y copagos, al estimar que el diagnóstico no corresponde a una enfermedad de alto costo. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños y personas de la tercera edad. 2º. Las enfermedades huérfanas. 3º. El derecho a un diagnóstico efectivo. 4º. Los alcances de una solicitud de atención integral en salud y, 5º. El derecho a elegir IPS. Así mismo, se recuerdan los fundamentos con los cuales la jurisprudencia avala la exoneración de cuotas moderadoras y copagos en el caso de enfermedades huérfanas y se hace una referencia, de manera general, a los servicios y tecnologías en salud incluidos, no incluidos expresamente y excluidos de financiamiento con recursos públicos. Por último, se hace una caracterización de manera particular de los servicios y tecnologías en salud que son objeto de pronunciamiento y, se explican las características del régimen especial en salud del Magisterio. De acuerdo a las particularidades de cada caso se adoptan las decisiones que corresponden a los mismos y se imparten unas serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados, en los casos en los que ello sucede.
Recibo Relatoria:   2020-07-24


Item 236    Expediente   RE-281    Fecha sentencia   2020-07-15    Sentencia   C-247/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 554/20

Tema: MEDIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 554 de 2020, por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020. La norma objeto de estudio instituye dos medidas: (i) reduce los porcentajes mínimos de programación de producción nacional en canales nacionales, regionales y estaciones locales y, (ii) autoriza a los operadores del servicio de televisión regional a destinar para su funcionamiento hasta el 20% de los recursos de fortalecimiento girado a los operadores públicos del servicio de televisión. La Corte declaró INEXEQUIBLE la reducción de la cuota de pantalla nacional durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, contenida en el artículo 1º del Decreto 554 de 2020, porque no satisfizo los juicios de finalidad, conexidad, necesidad fáctica, motivación suficiente y proporcionalidad que exigen las medidas de emergencia. Asimismo, declaró EXEQUIBLES sus artículos 2 y 3.
Recibo Relatoria:   2020-08-11


Item 237    Expediente   RE-302    Fecha sentencia   2020-07-15    Sentencia   C-248/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Alejandro Linares Cantillo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 579/20

Tema: MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. Revisión de constitucionalidad del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Concluyó la Corte que, en términos generales, las medidas adoptadas en el precitado Decreto satisfacen los requisitos formales y materiales que se desprenden de la propia Constitución y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. De manera particular determinó que, la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo de inmueble arrendado durante la emergencia económica, social y ecológica y hasta el 30 de junio de 2020 es aplicable a toda clase de arrendatarios. Se declara EXEQUIBLE la norma objeto de estudio a excepción de su artículo 6 que se declara: 1º. EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo a que se refiere el artículo 1 es aplicable a toda clase de arrendatarios y, 2º. La expresión “, los contratos de arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO,” contenida en su parágrafo, que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2021-02-05


Item 238    Expediente   T-7750360    Fecha sentencia   2020-07-15    Sentencia   T-246/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    LIZ VS. DADIS Y OTRO

Tema: DERECHO A LA SALUD Y AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EXTRANJEROS NO REGULARIZADOS-CASO DE VENEZOLANA CON VIH/SIDA La accionante, una ciudadana venezolana con permanencia irregular en el territorio colombiano, considera que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, al negarse a autorizar y entregar los medicamentos ordenados por el médico tratante en un procedimiento de urgencia para atender su diagnóstico de VIH. Aduce la peticionaria que no tiene los recursos para adquirir los referidos remedios, pues sus ingresos provienen de trabajos temporales, informales o del rebusque. Respecto a su situación migratoria dijo que está en trámite el proceso de reconocimiento de la nacionalidad colombiana, como hija de padre colombiano nacida en Venezuela. Se aborda temática relacionada con los siguientes temas: 1º. Los derechos de los extranjeros y su deber de cumplir con el ordenamiento jurídico colombiano sobre su permanencia en el país Y, 2º. el derecho a la salud y a la atención de urgencias de los migrantes en situación irregular. Se CONCEDE el amparo invocado y se insta a la tutelante para que, si aún no lo ha hecho, inicie los trámites legales correspondientes que le permitan regularizar, como es su obligación, su situación migratoria en el territorio nacional y, consecuentemente, lograr su vinculación efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud bien sea en el régimen contributivo o subsidiado, a fin de acceder a una atención integral en salud.
Recibo Relatoria:   2020-09-25


Item 239    Expediente   T-6825480    Fecha sentencia   2020-07-15    Sentencia   T-249/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    JJTV VS. COLEGIO AAA DE ZZZ

Tema: ACCION DE TUTELA POR PRESUNTOS ACTOS DE ACOSO SEXUAL Y MATONEO O BULLYN-IMPROCEDENCIA A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en favor de una menor de edad que para la fecha de interponer la solicitud se encontraba cursando el grado décimo de bachillerato. Se aduje que la joven ha sido víctima de matoneo en la institución educativa desde grado transición hasta la actualidad, que también ha sido objeto de agresiones de índole sexual y que le han impuesto barreras y obstáculos para su adecuado desarrollo académico. La Corte decide revocar las decisiones de instancia que negaron el amparo invocado y, en su lugar, decidió declarar la improcedencia de la acción. Lo anterior, al encontrar que: (a) en lo que respecta a los hechos narrados sobre matoneo, cibermatoneo, bullying y ciberbullying no existen parámetros objetivos para poder evaluar si las actuaciones surtidas fueron adecuadas o no, y tampoco se acreditó una omisión en el cumplimiento de las funciones de las autoridades accionadas; (b) en lo que respecta al derecho de educación, el mismo no se encuentra amenazado al momento de proferir este fallo y si en algún momento existió lesión alguna, la misma fue superada sin la intervención del juez constitucional; (c) en el mismo sentido se encuentra que cualquier afectación o amenaza que se pudiese alegar con respecto al derecho de petición y al debido proceso finalizó, pues se atendieron las peticiones y se iniciaron las respectivas actuaciones alrededor de lo solicitado; y (d) sobre los hechos relativos a presuntas actuaciones de acoso sexual, se encuentra que no existe legitimación por pasiva en la causa, en la medida en que los supuestos agresores no guardan relación alguna con las autoridades accionadas y no fue posible determinar que dichas autoridades hubiesen dejado de atender a alguna denuncia presentada.
Recibo Relatoria:   2020-09-21


Item 240    Expediente   T-7654124    Fecha sentencia   2020-07-15    Sentencia   T-250/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    WILLIAM MONTE VS. wwww.areacucuta.com y otros

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-IMPROCEDENCIA POR NO SOLICITAR PREVIAMENTE RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN E INCUMPLIR REQUISITO DE INMEDIATEZ En este caso el accionante le pide al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, al habeas data, al olvido y al trabajo y, en consecuencia, ordenar a los sitios web y al canal demandados eliminar las noticias en las que aparece relacionado con hechos ocurrido años atrás, cuando una paciente que estaba bajo su cuidado profesional falleció tras un procedimiento quirúrgico al que se sometió. Indica el actor que el precitado suceso lo afectó tanto, que en ese momento intentó quitarse la vida. La Corte constató que las publicaciones objeto de debate fueron suprimidas en tres de los cinco sitios demandados. En tal sentido y respecto a la pretensión que involucraba a estos accionados de declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Respecto a los accionados que aún tienen expuestas en internet las publicaciones que involucran al actor la Sala verificó que, aunque se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, no se satisfacen las condiciones de inmediatez y subsidiariedad inherentes al mecanismo de amparo constitucional. Ello, por cuanto el interesado dejó transcurrir más de seis años sin buscar la salvaguarda sus derechos y sin presentar argumento alguno que justificara su inactividad a lo largo de todo ese tiempo, y no acreditó el requisito consistente en solicitar previamente la rectificación a los medios informativos concernidos, desatendiendo así el numeral 7 del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre el particular, en virtud de la cual se ha subrayado el carácter prevalente del derecho a la libertad de información en un sistema democrático. Consecuente con la anterior consideración, se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada
Recibo Relatoria:   2020-07-23


Item 241    Expediente   RE-304    Fecha sentencia   2020-07-16    Sentencia   C-251/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 581/20

Tema: DECRETO LEGISLATIVO 581 DE 2020. AUTORIZA UNA NUEVA OPERACIÓN A FINDETER. Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 581 de 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. El precitado Decreto estableció la competencia de Findeter para otorgar créditos directos, hasta con tasa cero, a favor de las empresas de servicios públicos domiciliarios con el fin de mantener su liquidez y capital de trabajo cuando estas sean afectadas por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia Además, le dio facultad a dicha entidad para emitir títulos de deuda con el fin de obtener recursos para respaldar estas nuevas operaciones de crédito. La Corte constató el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y declaró EXEQUIBLE el artículo 1 del Decreto 581/20 salvo la expresión “empresas de servicios públicos domiciliarios” la cual se condiciona en el sentido de que el universo de las beneficiarias de las operaciones de crédito incluye a todas las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico con independencia de su condición de empresas. Así mismo declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 2º ibídem, salvo la expresión “sin que sea necesario ningún otro requisito o autorización de otras entidades u órganos estatales” que se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que no excluye la autorización de las asambleas departamentales y los concejos municipales. Los artículos 3 y 4 del Decreto objeto de estudio fueron declarados EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria:   2020-09-15


Item 242    Expediente   RE-271    Fecha sentencia   2020-07-16    Sentencia   C-252/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 538/20

Tema: MEDIDAS PARA EL SECTOR SALUD DIRIGIDAS A CONTENER Y MITIGAR LA PANDEMIA DE COVID19 Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 538 del doce de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por satisfacer los requisitos formales y materiales de constitucionalidad previstos por la Carta Política, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia de la Corporación, se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma estudiada, a excepción de la expresión “La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- compensará de manera automática los saldos adeudados por esta figura en caso de liquidación de Entidades Promotoras de Salud -EPS-" incluida en el parágrafo 3 del artículo 15 ibídem, que se declara INEXEQUIBLE, toda vez que la institución de la compensación no puede ser utilizada para saldar obligaciones que no están relacionadas con la atención de la emergencia del COVID-19, más aún cuando las EPS en liquidación no pueden desarrollar su objeto social más allá de los actos necesarios para lograr su liquidación.
Recibo Relatoria:   2020-10-16


Item 243    Expediente   T-7622400    Fecha sentencia   2020-07-17    Sentencia   T-253/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    RODOLFO VS. UGPP

Tema: ACCIÓN DE TUTELA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-IMPROCEDENCIA En este caso se aduce que la UGPP vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la contradicción y defensa del actor, como resultado de la indebida notificación de los actos administrativos expedidos durante el trámite del procedimiento de determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social, previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012. Luego de analizar el asunto la Sala decidió confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela. Ello, teniendo en cuenta que el actor puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir si la presunta indebida notificación de los actos administrativos expedidos por la UGPP vulnera sus garantías constitucionales en los términos previstos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-09-23


Item 244    Expediente   RE-259    Fecha sentencia   2020-07-22    Sentencia   C-254/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 513/20

Tema: MEDIDAS DE EMERGENCIA RELATIVAS A LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 513 de 2020, por el cual se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Teniendo en cuenta que la norma en mención cumple con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte decidió declararlo EXEQUIBLE, a excepción de la expresión “así como asumir el costo del alumbrado público” contenida en el inciso único del artículo 5º y, el parágrafo 2 del artículo 5°, que se declaran INEXEQUIBLES. El fundamento de la precitada decisión fue que dichas medidas no guardaban relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, en tanto el Gobierno Nacional, en sus consideraciones, no demostró en qué medida dichas disposiciones estaban encaminadas a conjurar la crisis derivada de la pandemia COVID-19 (juicio de conexidad), ni presentó razones que justificaran las medidas objeto de reproche. Para la Corte, dicha motivación se tornaba indispensable, por cuanto, con la medida se excluye la posibilidad a las entidades territoriales de cobrar el impuesto de alumbrado público, lo que imponía un mayor esfuerzo de motivación para modificar una renta endógena de dichas entidades territoriales (juicio de motivación suficiente). Por último, la Sala precisó que la asunción de “costos” del alumbrado público con recursos del Sistema General de Regalías desconoce la autonomía de las entidades territoriales (juicio de no contradicción específica). Aclaró la Corporación que lo anterior no debía entenderse como una prohibición o restricción al financiamiento de proyectos de inversión destinados a la ampliación, mejora, modernización o ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, en la medida en que estaría comprendido como proyectos para el desarrollo social, en los términos del artículo 361 de la Constitución.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 245    Expediente   RE-277    Fecha sentencia   2020-07-22    Sentencia   C-255/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 546/20

Tema: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos administrativos y judiciales aplicables a ésta; (iii) las medidas accesorias para el cumplimiento de la medida principal y, finalmente, (iv) las medidas complementarias a ésta. La Corte decidió declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Decreto Legislativo 546 de 2020. Su artículo 2º se declara EXEQUIBLE salvo el literal d) que se condiciona al entendido de que no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social por parte de la población privada de la libertad. El artículo 5º ibídem se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que respecto de las personas sometidas a extradición que estén en las circunstancias contempladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 2º precitado Decreto, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte de la autoridad competente para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Los artículos 3 y 10 del Decreto Legislativo 546 de 2020 se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que la persona a la que se le concedió alguna de las medidas de privación de la libertad domiciliaria transitoria (detención domiciliaria transitoria o prisión domiciliaria transitoria), si bien debe presentarse una vez venza el término de la medida, no podrá ser recluida nuevamente en el lugar en el que se encontraba, si al interior del mismo se presenta un brote de COVID-19, salvo que se le pueda garantizar su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Si no fuere posible la reubicación en un lugar especial, el juez competente deberá fijar el término en el cual debe presentarse nuevamente. Se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO el Artículo 7 ídem, en el entendido de que para las personas cobijadas por medida de aseguramiento de detención preventiva en aplicación de la Ley 600 de 2000, la autoridad competente para resolver sobre la detención domiciliaria transitoria es la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia según sus competencias. Se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO el Artículo 8 del pluricitado Decreto, en el entendido de que (i) los abogados de las personas condenadas también podrán hacer la solicitud directa al juez competente, siempre que adjunten previamente las cartillas biográficas correspondientes entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como el certificado médico, según corresponda; (ii) para las personas condenadas también procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, que se interpondrá y sustentará dentro los tres (3) días siguientes por escrito remitido por el mismo medio virtual; precluido este término correrá el traslado común a los no recurrentes por tres días; y (iii) también comprende a las personas recluidas en centros de detención transitoria, y que para estos eventos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sigue siendo la entidad encargada de adjuntar la cartilla biográfica.
Recibo Relatoria:   2020-09-15


Item 246    Expediente   RE-303    Fecha sentencia   2020-07-23    Sentencia   C-256/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 580/20

Tema: MEDIDAS EN MATERIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo Número 580 del 15 de abril de 2020, por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por no haber cumplido con los criterios formales que rigen el control de constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020, se declara la INEXEQUIBILIDAD de la norma estudiada en la presente oportunidad.
Recibo Relatoria:   2020-09-14


Item 247    Expediente   RE-301    Fecha sentencia   2020-07-23    Sentencia   C-257/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 576/20

Tema: MEDIDAS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PARA IMPEDIR LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID19. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 576 de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que la norma analizada cumplió con los requisitos previstos en la Carta Superior, en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y desarrollados por la jurisprudencia constitucional y, por ello lo declaró EXEQUIBLE a excepción de lo dispuesto en su artículo 6°, el cual fue declarado INEXEQUIBLE, por no superar el juicio de necesidad jurídica.
Recibo Relatoria:   2020-09-04


Item 248    Expediente   RE-284    Fecha sentencia   2020-07-23    Sentencia   C-258/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alejandro Linares Cantillo SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 558/20

Tema: MEDIDAS PARA DISMINUIR TEMPORALMENTE LA COTIZACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTEGE A LOS PENSIONADOS BAJO LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO. Revisión automática del Decreto Legislativo 558 de 2020, por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, protege a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Social y Ecológica. La Corte declaró INEXEQUIBLE la norma objeto de estudio, porque encontró que las medidas adoptadas en ella no satisfacen requisitos materiales que se derivan de la Constitución y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. De manera particular encontró que dichas medidas de excepción implican una desmejora de derechos sociales, disponen de recursos destinados a la financiación de las pensiones para fines distintos a ellas, no asegura la sostenibilidad financiera y, no satisface los requisitos de conexidad material y de motivación suficiente. Con la presente sentencia se ordena al Gobierno Nacional que, en ejercicio de sus competencias adopte e implemente un mecanismo que, en un plazo razonable, (i) permita a empleadores, empleados e independientes, aportar los montos faltantes de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes a los períodos de abril y mayo del presente año, cuyos pagos se hicieron parcialmente en virtud de lo dispuesto por el Decreto 558 de 2020; y (ii) garantice el restablecimiento de la vinculación a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que fueron trasladados a COLPENSIONES en cumplimiento de los dispuesto por el precitado Decreto.
Recibo Relatoria:   2021-02-01


Item 249    Expediente   T-7575016    Fecha sentencia   2020-07-23    Sentencia   T-259/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    DAYRO CAMILO BARRERA ARIAS Y OTROS VS. CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y OTRO

Tema: DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. VULNERACION POR REQUISAS INDIGNAS Y DEGRADANTES A FAMILIARES Y AMIGOS VISITANTES DE LOS INTERNOS El accionante y otras 107 personas que se encuentran privadas de la libertad, interponen la acción de tutela en nombre propio y en representación varias mujeres familiares y amigas que los visitan. De un lado, le atribuyen al personal de custodia y vigilancia del centro penitenciario donde se encuentran recluidos la vulneración de derechos fundamentales de dichas mujeres y de ellos mismos, debido a las requisas abusivas y humillantes que les practican. De manera particular afirman que sus familiares han sido tocadas en sus partes íntimas o forzadas a desnudarse y hacer flexiones con las piernas, lo cual ha generado que no quieran volver al establecimiento penitenciario. En otro sentido, alegan la trasgresión de sus propias garantías constitucionales a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la resocialización al imponerles el uso obligatorio de uniforme durante las audiencias judiciales y las citas médicas, sin considerar las diferentes situaciones jurídicas en las que se encuentran. Se aborda el análisis de los siguientes temas:1º Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el marco de la relación especial de sujeción con el Estado. 2º. La prohibición de someter a las personas privadas de la libertad y a sus visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes y, 3º. El principio de presunción de inocencia y el derecho de los detenidos a vestir de civil durante el juicio. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación a fin de que adelanten las investigaciones a que haya lugar, y se esclarezca si las conductas denunciadas en el proceso de la referencia fueron cometidas por el personal de vigilancia de la Cárcel Distrital.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 250    Expediente   T-7414172    Fecha sentencia   2020-07-24    Sentencia   T-260/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LUZ MERCEDES PULIDO HINOJOSA VS. COMPENSAR E.P.S.

Tema: DERECHO AL DIAGNOSTICO DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y REQUISITOS PARA QUE EPS BRINDE SERVICIOS DE CUIDADOR. La accionante actúa en representación de un hermano de 55 años de edad, que presenta Síndrome de Down profundo, retardo mental severo, hipertensión arterial, trastorno deglutorio secundario, trastorno cognitivo severo, hipotiroidismo, artrosis, incontinencia dual, trastorno afectivo bipolar, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síncope, lumbalgia, dermatomicosis, alergia a las sulfas, estreñimiento y verruga vulgar. La actuación de la E.P.S. Compensar que se considera violatoria de derechos fundamentales, tiene que ver con la negativa de suministrar el servicio de enfermera 24 horas que inicialmente había sido ordenado por el galeno tratante, con fundamento en un nuevo dictamen médico que suspende ese servicio y señala que solo se requiere el de cuidador. El argumento de la peticionaria sobre la necesidad de la atención de enfermería radica en el hecho de que la única familiar que podría ejercer como cuidador de su familiar, no cuenta con las condiciones físicas para ello. Se reitera el precedente constitucional respecto del derecho a la salud y se hace una referencia a los cuidadores y al servicio de enfermería. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la entidad que autorice y programe una valoración médica del estado de salud del paciente, en la que participen sus médicos tratantes y con el fin de determinar si requiere el servicio de enfermería las 24 horas y, en caso de ser afirmativo, le sea suministrado el mismo de forma inmediata.
Recibo Relatoria:   2020-07-30


Item 251    Expediente   T-7389008    Fecha sentencia   2020-07-24    Sentencia   T-261/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ALBA LUZ FERNANDEZ MARTINEZ VS. UGPP Y OTROS

Tema: DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ La actora alega que las entidades cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que no le han reconocido ni pagado la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que reclamó desde el año 2011. Las demandadas argumentaron que el periodo en el que fundó la petición es previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que por tanto el empleador no estaba obligado legalmente a efectuar las cotizaciones en pensión, debido a que el ISS no tenía cobertura suficiente. Así mismo, que la historia laboral no reflejaba el pago de los aportes a seguridad y que la efectividad del bono pensional al que eventualmente tendría derecho, estaba supeditada al reconocimiento previo de una pensión de vejez. La Corte concluyó que la negativa de la UGPP de reconocer y pagar la indemnización sustitutiva a la accionante vulneró sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna y, que la postura asumida por la OBP del MinHacienda desconoció los mandatos constitucionales y legales aplicables a estos asuntos. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la indemnización solicitada.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 252    Expediente   T-7687780    Fecha sentencia   2020-07-24    Sentencia   T-262/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    NORAIDA LARRAHONDO BALANTA VS. ASMET SALUD EPS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR FALLECIMIENTO DE TITULAR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. A través de la figura de la agencia oficiosa, se instaura la acción de tutela en representación de una mujer de 87 años de edad, con diabetes mellitus, insulinodependiente, hipertensa, antecedentes de demencia vascular, trastornos de deglución y amputación de sus dos piernas. Se aduce que E.P.S demandada vulneró derechos fundamentales, al no asignarle el cuidador domiciliario que requería. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la Sala conoció que la agenciada falleció, decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por la ocurrencia de un hecho sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-07-30


Item 253    Expediente   T-7765196    Fecha sentencia   2020-07-27    Sentencia   T-263/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    KAC Y YDP VS. COOMEVA E.P.S. Y OTRO

Tema: DERECHO AL DIAGNOSTICO DE PERSONAS TRANSGENERO EN PROCESOS DE REAFIRMACION SEXUAL En este caso las accionantes son dos mujeres transgénero que son pareja y afirman que desde su infancia se identifican con el género femenino, por lo que se encuentran en un proceso de tránsito para la reafirmación sexual quirúrgica de dicha identidad. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la falta de autorización para la práctica de la cirugía denominada orquiectomía. Con la acción de tutela se pretende que el juez constitucional ordene la realización de dicho procedimiento y los demás que se requieran para el tratamiento integral de transformación sexual, así como el acompañamiento psicológico durante el referido proceso. La accionada negó la solicitud argumentando que la pretensión se trata de una intervención sin un fin funcional, que se encuentra expresamente excluida del contrato de medicina prepagada. Se reitera jurisprudencia sobre la prestación del servicio de salud a las personas transgénero cuando se encuentran en procesos de reafirmación sexual y se aborda temática referente al derecho al diagnóstico en los procesos de reafirmación sexual. Se deniega la pretensión relativa a la práctica de la cirugía denominada orquiectomía, pero se amparan los derechos fundamentales al diagnóstico y a la identidad sexual y de género. En este sentido se ordena a la accionada informar de manera precisa y clara a las accionantes sobre las etapas que deben surtir para una valoración integral, de conformidad con lo desarrollado en este fallo.
Recibo Relatoria:   2020-08-12


Item 254    Expediente   T-7629192    Fecha sentencia   2020-07-27    Sentencia   T-264/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MARIA AMANDA BOLIVAR CORREA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE La actora adujo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al haber decretado como medida cautelar, a favor de la UGPP, la suspensión de los efectos de las resoluciones que le habían reconocido una pensión gracia, y con ello, la interrupción del pago de la misma. La precitada providencia fue proferida en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, iniciado por la UGPP en contra de la tutelante. Teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio no quedó demostrada la existencia de una situación urgente que le permitiera al juez constitucional estudiarla de fondo y, en virtud del fallecimiento de la peticionaria, la Sala considera que no es necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable de su derecho al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas. Se confirma el fallo de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 255    Expediente   T-7788135    Fecha sentencia   2020-07-28    Sentencia   T-265/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    CRISTIAN DAVID ARIAS GIRALDO VS. UNIVERSIDAD DEL VALLE Y OTRO

Tema: DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO A ESTUDIANTE DE MEDICINA, QUIEN FUE SANCIONADO POR ACTOS DE ACOSO ESTUDIANTIL, DISCRIMINACION Y VULNERACION DE LA INTIMIDAD AL REVELAR DATOS CONTENIDOS EN HISTORIA CLINICA DE UN COMPAÑERO DE FACULTAD El actor aduce que la Universidad del Valle y el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE vulneraron sus derechos fundamentales, a raíz de las irregularidades en las que incurrieron en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra, por acceder y divulgar información reservada contenida en la historia clínica de un paciente, que también era estudiante de la universidad. El mencionado proceso llevó a que el Consejo Superior de la entidad educativa expidiera dos resoluciones a través de las cuales impuso la sanción de expulsión. Con la acción de tutela se pretende que el juez constitucional ordene dejar sin efectos los actos administrativos acusados o, en su defecto, se rehaga la actuación disciplinaria. Así mismo, que decrete el reintegro académico al último año de medicina que adelantaba el actor al momento de la expulsión. Se aborda temática relacionada con: 1º. La naturaleza del derecho a la educación y las obligaciones correlativas a cargo de los estudiantes como miembros de una comunidad 2º. La autonomía universitaria y el derecho al debido proceso en el marco de los procedimientos sancionatorios en instituciones educativas. 3º El principio de presunción de inocencia en los procesos disciplinarios; y 4º. El derecho a la intimidad y la naturaleza reservada de los datos consignados en la historia clínica. La Corte considera que las entidades demandadas no vulneraron derechos fundamentales del actor y que por el contrario, éste sí transgredió garantías constitucionales de otra persona. En tal sentido precisó que, el derecho fundamental a la educación comporta deberes correlativos a cargo de los estudiantes y, del cumplimiento de aquellos, depende la continuidad de su proceso educativo. Uno de los deberes que debe ser observado por los estudiantes es el de respetar los derechos de los miembros de la comunidad educativa, en particular, el derecho a la igualdad. La Sala puntualizó que, cuando un alumno realiza conductas que afectan derechos de otros miembros de la comunidad educativa, incumple las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias propias de tales conductas. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-08-12


Item 256    Expediente   T-7515907    Fecha sentencia   2020-07-28    Sentencia   T-266/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    CARLOS JULIO GONZALEZ CADENA Y OTRO VS. FAMISANAR Y OTRO

Tema: PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD Y CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye a las entidades cuestionadas la vulneración de garantías constitucionales, a raíz de la abstención de autorizar en favor de los actores controles médicos especializados, medicamentos recetados y transporte para ellos y sus acompañantes, para trasladarse desde sus lugares de residencia hasta las ciudades donde les realizan los procedimientos médicos requeridos por su condición de salud. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud. 2º. Los escenarios constitucionales del precitado derecho. 3º. El transporte, alimentación y alojamiento como garantía de accesibilidad del derecho a la salud. 4º. El derecho al diagnóstico y el acceso a servicios, insumos y tecnologías en salud conforme con la Ley 1751 de 2015 y las resoluciones 1885 de 2018, 244 de 2019, 3512 de 2019 y 205 de 2020. 5º. La garantía del tratamiento integral de los pacientes. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-30


Item 257    Expediente   T-7747740    Fecha sentencia   2020-07-28    Sentencia   T-267/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    GIOVANNI Y OTRO VS. FUERZACTIVA SAS Y OTRO

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE ENFERMO DE VIH/SIDA En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los actores son ciudadanos diagnosticados con VIH que demandan a las empresas para las cuales laboraban, debido a que fueron desvinculados de sus empleos sin que para ello se contara con autorización previa por parte de la autoridad de trabajo. Aducen que el virus del que son portadores los ubica en un estado de debilidad manifiesta y que la ruptura unilateral de la relación laboral les acarrea una desprotección de sus garantías fundamentales, en particular, de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida. Se aborda temática relacionada con el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras del VIH. La Corte concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada, ante un despido a todas luces injustificado surge un deber en cabeza de las empresas, consistente en garantizarles a los actores la permanencia en sus empleos, con fundamento en el principio superior de solidaridad. Esto, teniendo en cuenta que el desconocimiento del empleador acerca de la afección de salud del trabajador no condiciona la procedencia de la protección constitucional, sino que orienta las medidas que puede adoptar el juez para salvaguardar los derechos de quien se halla objetivamente en un estado de debilidad manifiesta. Se CONCEDE
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 258    Expediente   T-7692912    Fecha sentencia   2020-07-28    Sentencia   T-268/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    GERMAN FANDIÑO VS. NUEVA EPS Y OTRO

Tema: INCAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 540 DIAS El peticionario aduce que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al negarse a reconocer y pagar las correspondientes incapacidades que le fueron generadas con posterioridad a los primeros 180 días. Se reitera jurisprudencia relacionada con el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el pago de incapacidades superiores a 180 días y 540 días y se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-30


Item 259    Expediente   T-7622508    Fecha sentencia   2020-07-30    Sentencia   T-269/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ALEX FUENTES VARGAS VS. ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Tema: ACCION DE TUTELA DE VENDEDOR AMBULANTE-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE El actor aduce que la entidad territorial cuestionada vulnera derechos fundamentales al poner en marcha un proceso registro, formalización y recuperación del espacio público, por cuanto con ello se modifica la situación de aquellos que utilizan dicho escenario para ejercer el comercio informal invocando la posibilidad de la existencia del principio administrativo conocido como la confianza legítima. Así mismo, alega trasgresión de garantías constitucionales por parte de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de Cartagena al omitir de manera injustificada su inclusión en el RUV, lo cual le impide ingresar a los programas de formalización de los trabajadores informales que ocupan el espacio público, lo que genera que se ponga en riesgo su mínimo vital y el de su familia. Teniendo en cuenta que el peticionario no logró acreditar el requisito de subsidiariedad, en la medida en que no aportó al expediente prueba, siquiera sumaria, de una vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales, se declaró la IMPROCEDENCIA del amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 260    Expediente   T-7654408    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-270/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    CIRO SANCLAMENTE BAUTISTA VS. IPS MINGA Y OTRO

Tema: DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y EXONERACION DE COPAGOS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO El actor actúa en representación de su progenitora, una mujer de más de noventa años de edad que presenta diferentes patologías y una difícil situación económica, por lo que se encuentra afiliada al régimen subsidiado e inscrita en el Sisbén. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se atribuye a la exigencia del pago del 30% de varios insumos y medicamentos prescritos a la representada por su médico tratante, sin tener consideración que en la última encuesta presentada para la actualización del Sisbén III, en el que se encontraba clasificada, se disminuyó el puntaje y se reclasificó en el nivel I Se analiza la siguiente temática. 1º. El derecho fundamental a la salud y su protección en las personas de la tercera edad. 2º. La naturaleza jurídica de los copagos y las causales de exoneración en el régimen subsidiado. 3º. El Sisbén como instrumento de focalización del régimen subsidiado del SGSSS y el impacto material de sus actualizaciones. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 261    Expediente   T-7699176    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-271/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    CARLOS ALFONSO AGUILAR OSSA VS. JUZGADO 32 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA

Tema: TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA. Se atribuye a la autoridad judicial accionada la vulneración de derechos fundamentales, al proferir un fallo al interior de un proceso de reparación directa iniciado por el actor en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, en el cual declaró probada la excepción previa de caducidad propuesta por la entidad demandada. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y por violación directa de la Constitución y, el término de caducidad del medio de control de reparación directa según la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-22


Item 262    Expediente   T-7659177    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-272/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    GUSTAVO VERGEL RAMOS VS. COLPENSIONES

Tema: DERECHO A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por tener a cargo un hijo en condición de discapacidad, no obstante cumplir con los requisitos legales previstos para acceder a tal prestación. La razón de la negativa radicó en la condición de padre cabeza de familia del peticionario. Según la entidad, el hecho de que éste anotara en la declaración extraprocesal que su estado civil era casado, desvirtuaba la calidad alegada, la cual requería el incumplimiento total de las obligaciones por parte de la cónyuge o compañera permanente, o su incapacidad física o mental. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho constitucional a la seguridad social y la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad definida en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria:   2020-08-21


Item 263    Expediente   T-7619198    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-273/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ZOILO QUINTERO PALLARES VS. COOMICRO LTDA

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD En este caso se aduce que la accionada vulneró los derecho fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, al dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el actor, dentro del preaviso establecido en el contrato a término fijo, a pesar de tener prescrita una incapacidad antes de la expiración de dicho plazo. Se analiza jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud. La Corte considera que en este caso procede CONCEDER el amparo invocado, por cuanto la empresa trasgredió una garantía de índole constitucional como lo es la estabilidad laboral reforzada, al terminar el contrato de trabajo al peticionario pese a sus condiciones limitantes de salud, sin solicitar la correspondiente autorización de la autoridad laboral competente para tal fin.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 264    Expediente   T-7687494    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-274/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    ANTONIO JOSE CAICEDO QUICENO VS. EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SLAUD

Tema: PLANES ADICIONALES DE SALUD Y LA OBLIGACION DE REALIZAR EXAMENES MEDICOS A LOS USUARIOS, AL MOMENTO DE CELEBRAR LOS CONTRATOS El accionante, actuando en representación de un hijo que presenta un delicado estado de salud, manifiesta que la E.P.S. accionada vulneró el derecho de petición al omitir dar respuesta a la solicitud que formuló para que se reactivara el contrato de plan complementario y, en consecuencia, continuara con la prestación de los servicios médicos requeridos en el tratamiento médico que le fue prescrito a su hijo. La accionada de forma unilateral dio por terminado el contrato de plan complementario de salud suscrito con el agenciado, bajo el argumento de que este había omitido información sobre su estado médico previo al contrato. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver controversias en planes adicionales de salud; el derecho de petición; la naturaleza jurídica de los planes complementarios de salud y, el derecho fundamental a la salud. La Corte considera que la EPS desconoció el propio acuerdo de voluntades y la jurisprudencia constitucional al no realizar, de forma previa a la suscripción del acuerdo, un examen médico al usuario del plan de salud con el fin de determinar las preexistencias, además de no señalarlas de forma taxativa. Así mismo, estableció que no era imputable al agenciado haber omitido información sobre su diagnóstico, pues no fue posible determinar con certeza cuando tuvo conocimiento del mismo, situación que no fue controvertida. La Sala recuerda que, las empresas que ofertan planes adicionales de salud (PAS) deben realizar exámenes médicos a sus futuros usuarios a fin de establecer, antes de la suscripción del contrato, las patologías que serán consideradas como preexistencias y que, por lo tanto, serán excluidas del mismo; de tal forma que el interesado pueda decidir si, a pese a las exclusiones, es su voluntad suscribir el acuerdo. Se CONCEDE el amparo y se hace un exhorto a la entidad para que en los próximos contratos adicionales de salud que suscriba, atienda lo normado en el Decreto 780 de 2016, la jurisprudencia constitucional y lo dispuesto en este fallo.
Recibo Relatoria:   2020-08-28


Item 265    Expediente   T-7717114    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-275/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    DUVELYS CHIQUINQUIRA APALMO RINCON VS. SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

Tema: DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS RECIEN NACIDOS DE PADRES MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR La accionante, de nacionalidad venezolana, migró a Colombia como consecuencia de la crisis económica, política y social vivida su país. Específicamente llegó a Uribia en el departamento de La Guajira y allí tuvo un hijo que fue diagnosticado con hidrocefalia no derivada, infección del sistema nervioso central y disfunción valvular infecciosa. Con la acción de tutela pretende que el juez constitucional ordene a la autoridad demandada autorizar la remisión del menor a neurocirugía pediátrica en un centro médico de cuarto nivel de complejidad, en donde lo mantengan en aislamiento en habitación unipersonal y le briden la atención integral que requiere. Así mismo pretende, que se suministre el servicio de transporte con acompañante que se necesite a futuro para cumplir con las citas de control. Se aborda temática relacionada con el derecho fundamental a la salud y el derecho al acceso al sistema de salud de niños y niñas con padres en situación migratoria irregular. En sede de revisión la Sala evidenció la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, en lo concerniente al traslado del menor a la especialidad para tratar su enfermedad. Además, verificó que la EPS le ha dado continuidad al tratamiento por hidrocefalia no derivada. A pesar de lo anterior, no pudo determinar si efectivamente le fue autorizado del servicio de transporte para él y su acompañante. En ese sentido, se ACCEDIÓ a la pretensión que buscaba la concesión del precitado servicio para el desplazamiento y asistencia a controles médicos en un municipio diferente al de residencia. Concluye la Corte que, una EPS o una prestadora de salud vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades congénitas cuando, en urgencias, niega la autorización de su traslado a un centro médico de mayor complejidad para tratar sus patologías, así como el transporte intermunicipal para atender su especialidad médica, ignorando la afiliación del menor al sistema general en salud y sus circunstancias económicas particulares de la familia.
Recibo Relatoria:   2020-08-24


Item 266    Expediente   T-7613979    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-276/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    CAMILO ESTEBAN GONZALEZ CADENA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA PENAL Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-NO VULNERACIÓN DEBIDO PROCESO POR CUANTO ACCIONANTE INCUMPLIO DEBER DE SUMINISTRAR LA DIRECCION CORRECTA PARA NOTIFICACION EN PROCESO PENAL El actor considera que las autoridades judiciales cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al no notificarlo de las actuaciones realizadas dentro del proceso penal adelantado en su contra por el punible de tentativa de homicidio, en el cual fue encontrado responsable y condenado a ciento cuatro meses de prisión, sin que, en su criterio, haya podido defenderse de los hechos imputados, ni hacer uso de los recursos de ley que correspondían, como el extraordinario de casación. De manera específica se cuestiona el hecho de que se envió las respectivas notificaciones a una dirección que contenía un error que cometió la Fiscalía al trascribir los datos que el peticionario aportó en el escrito de acusación presentado al juez de conocimiento. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y los deberes de las partes dentro del proceso penal. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 267    Expediente   T-7722775    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-277/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    MARTHA LILIANA LONDOÑO CORREA VS. JOSE HUMBERTO PEREZ CARMONA Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR EN CONDICION DE DISCAPACIDAD QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-PROCEDENCIA A la accionante le fue terminado su contrato de trabajo, de manera unilateral, mientras se encontraba dentro de un período de incapacidad médica y sin mediar autorización alguna por parte de la Oficina de Trabajo. Se alega que el empleador conocía plenamente la situación de salud de la actora y que la falta trabajo generó el entorpecimiento del tratamiento de sus patologías, al no contar con recursos para continuarlos. Supuestamente el despido se dio por la cancelación de la matrícula comercial del establecimiento, pero la peticionaria considera que esto no es cierto, porque el restaurante siguió funcionando con el mismo nombre, razón social, adecuación y empleados que tenía cuando ella laboraba allí. Con la acción de tutela se pretende la declaratoria de la ineficiencia de la terminación contractual, el reintegro laboral sin solución de continuidad, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante la desvinculación y la cancelación de la indemnización correspondiente. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad laboral reforzada en virtud a su condición de discapacidad. 2º. El despido de personas sobre las que versa incapacidad médica. 3º. La desvinculación de empleados con problemas de salud o en condición de discapacidad y, 4º los requisitos jurisprudenciales y legislativos para la configuración de la sustitución patronal. Se CONCEDE el amparo y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-09-23


Item 268    Expediente   T-7677060    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-279/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    TERESA RIASCOS VS. AFP PORVENIR S.A Y OTROS

Tema: DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE HIJO FALLECIDO, EN CALIDAD DE MADRE DE CRIANZA A través de la figura de la agencia oficiosa se interpone la acción de tutela en favor de una mujer de 83 años de edad que padece delicadas patologías. Se pretende que el juez constitucional le ordene de manera inmediata a quien corresponda, el reconocimiento de la sustitución pensional que reclamó la peticionaria en calidad de madre de crianza del afiliado fallecido, de quien dependía económicamente. La prestación fue negada por no acreditar la calidad de beneficiaria al no ser la madre biológica del causante. Se analiza temática relacionada con: 1º. La seguridad social como derecho fundamental. 2º. El derecho a la sustitución pensional, beneficiarios y su aplicación en relación con la figura de familias de crianza y, 3º. El concepto de familia en el ordenamiento jurídico colombiano. Protección del pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformación. Se CONCEDE el amparo y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación pretendida. Se advierte a las accionadas que, en lo sucesivo, siga los lineamientos jurisprudenciales en materia de garantía de los derechos alegados en la presente decisión, y se abstengan de incurrir en conductas que puedan enervar la posibilidad de acceder a las mencionadas prestaciones sociales, teniendo en cuenta los mandatos constitucionales de protección a la familia y a los padres de crianza.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 269    Expediente   T-7502904    Fecha sentencia   2020-07-31    Sentencia   T-280/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    ANGELICA CARDONA POSADA VS. DIGITEX INTERNACIONAL SAS Y OTRO

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONANTE SUSCRIBIÓ CONTRATO DE TRANSACCIÓN La actora considera que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al haber sido despedida durante el tiempo de su lactancia. En virtud de lo anterior, solicitó al juez constitucional que ordene su reintegro laboral, en tanto su desvinculación constituye prueba de que fue discriminada por su especial condición. En sede de revisión la Sala conoció que entre las partes se suscribió un contrato de transacción en el que pactaron que, a cambio de recibir el pago de la suma de 8’250.000 pesos por parte de su anterior empleador, la peticionaria renunciaría a cualquier derecho -incierto y discutible, así como a cualquier condena que surja con ocasión al trámite de la presente solicitud de amparo. Se declaró IMPROCEDENTE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 270    Expediente   T-6826800    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-281/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JAIME RODRIGO TAMAYO RAMIREZ VS. CERVECERIA UNION S.A Y OTRO

Tema: OMISION REGLAMENTARIA EN EL TRANSITO ENTRE PENSIONES DE JUBILACION Y DE VEJEZ El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a que, pese a laborar interrumpidamente desde 1948 hasta 1961 y con posterioridad cotizar 476,43 semanas más, no pudo acceder a una pensión de vejez porque, durante el primer lapso, la Cervecería cuestionada no realizó los aportes al sistema de pensiones. Esta empresa, por su parte, aceptó que el vínculo laboral existió con el actor en los términos indicados por él, pero se defendió alegando que no estaba obligada ni legal ni reglamentariamente a efectuar cotizaciones, en tanto el ISS empezó a funcionar, en materia pensional, desde el 1º de enero de 1967. De otro lado, Colpensiones afirmó que, en caso de que se reconociera el derecho a la contabilización de los tiempos laborados con anterioridad al llamamiento que hiciera el ISS, le correspondería, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al empleador pagar en su favor un cálculo actuarial para validarlos y, una vez ello ocurriera, proceder con el reconocimiento de la pensión de vejez. Se aborda temática relacionada con: 1º El tránsito de las prestaciones patronales a las de vejez en Colombia: la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones. Recuento normativo. 2º. Las decisiones de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia frente a la posibilidad de que las semanas trabajadas antes de que la obligación de cotizar surgiera, fueran tenidas en cuenta por el ISS –hoy Colpensiones– de cara al reconocimiento pensional, y 3º. La omisión reglamentaria en el tránsito entre pensiones de jubilación y pensiones de vejez desde el punto de vista del principio de la equidad. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten que una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-08-24


Item 271    Expediente   T-7314613    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-282/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    YURLY VIVIANA OSORIO NUÑEZ VS. ACUABUITRERA Y OTRO

Tema: LA FALTA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR COVID-19, PONE EN RIESGO EL DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la accionada se atribuye al hecho de haber negado la conexión del servicio del agua potable a la vivienda de la actora, por no haber radicado el documento de la entidad ambiental en el que se registrara el aval dado para el vertimiento de su predio, ni la licencia de construcción para lotes o viviendas nuevas. Se reitera jurisprudencia sobre el derecho fundamental al agua potable y se aborda temática relacionada con: 1º. La licencia urbanística como requisito para la conexión del servicio público de acueducto y, 2º. Las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. A pesar de que la accionada obró de conformidad con el ordenamiento jurídico y que la peticionaria soslayó los trámites urbanísticos y administrativos imprescindibles para disfrutar del servicio de acueducto, la Sala considera que dadas las circunstancias de emergencia sanitaria que afronta el país, la falta de suministro de agua potable pone en riesgo la salud y la vida de las personas, por lo que es necesario exigir el concurso de los esfuerzos institucionales a fin de garantizar, entre otras cosas, que las y los colombianos efectivamente logren acceder al vital líquido. Con base en la anterior consideración se CONCEDE el amparo de manera transitoria y se ordena a la accionada que, desde el momento en que se le notifique la presente decisión y, por el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, tome las medidas necesarias para garantizar que la tutelante y su grupo familiar tengan acceso como mínimo, a 50 litros de agua por persona al día.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 272    Expediente   T-7184275    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-283/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    VIOLETA VS. CENTRAL DE ABASTOS Y OTRO

Tema: DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES -CENTRAL DE ABASTOS- La actora aduce que la Central de Abastos y el ciudadano accionados vulneraron sus derechos fundamentales. El primero, por imponerle una sanción consistente en la prohibición de desarrollar su actividad comercial como vendedora ambulante en las instalaciones de la Central, durante cinco años, como consecuencia de una solicitud hecha por uno de sus copropietarios y, el segundo, por acusarla de ofrecer servicios sexuales y querer destruir su matrimonio, cuando en realidad tenían una relación sentimental. Se aborda temática relacionada con: 1º. La competencia de los particulares para imponer sanciones contempladas en los reglamentos de propiedad horizontal y la obligación de respetar el derecho al debido proceso. 2º. Los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, 3º. La protección al trabajo y las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras informales, especialmente quienes trabajan en el espacio público. La Corte concluyó que la Central de Abastos trasgredió el derecho al debido proceso de la peticionaria al iniciar el proceso sancionatorio y sancionarla con una prohibición de ingreso por conductas relacionadas con su vida íntima, las cuales no afectaron la convivencia ni el funcionamiento normal de la copropiedad. En este sentido, se confirma la decisión de instancia que amparó el derecho al debido proceso. Respecto a las acusaciones hechas por el particular, la Sala consideró que no se presentó la vulneración de derechos alegada.
Recibo Relatoria:   2020-09-29


Item 273    Expediente   T-7041100    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-285/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ VS. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-EXISTE PRONUNCIAMIENTO DE UNA ACCION POPULAR QUE PROTEGIO LA PARTICIPACION DE MINEROS DE LA ZONA, EN EL TRAMITE DE DELIMITACION DEL PARAMO DE PISBA Los accionantes solicitaron el amparo constitucional de los derechos al debido proceso, trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, participación ambiental y propiedad privada, amenazados, según ellos, con el proyecto del acto administrativo por medio del cual se delimita el Páramo de Pisba y se adoptan otras determinaciones. Dicha resolución fue publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo en la página web de la entidad. Los actores, como trabajadores de la empresa Bulk Trading Sur América Ltda y de la mina Santa Ana, consideran que sus trabajos pueden resultar afectados, en tanto el Ministerio no ha socializado, ni garantizado los estándares de participación ambiental establecidos en la Sentencia T-361/17. La Corte constató que en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, en tanto que el trámite de delimitación del páramo se reinició por disposición del juez popular, asegurando expresamente espacios de participación ambiental en los términos indicados en el precitado fallo de tutela, así como en la Ley 1930 de 2018, por lo que se encuentra superada la vulneración alegada esta acción constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 274    Expediente   T-7607315 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-286/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JOSE GABRIEL TORRES RODAS Y OTROS VS. SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA Y OTRO

Tema: DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce la vulneración de los derechos fundamentales los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, ante la mora en la adopción de decisiones en los procesos penales adelantados en etapa de instrucción y juzgamiento por parte de los respectivos entes competentes, esto es, el Tribunal Superior y la Fiscalía Seccional. Se analizan los siguientes temas: 1º. La carencia actual de objeto y, 2º. La garantía del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, particularmente, el plazo razonable y la mora injustificada. Luego de revisar las particularidades de cada proceso la Sala decidió declarar la carencia actual de objeto en uno y, en el otro, confirmar la decisión de instancia que denegó el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-23


Item 275    Expediente   T-7601933 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-287/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    JORGE CEBALLOS ABUDINEM Y OTROS VS. CORPORACION EDUCATIVA BILINGUE DE SANTA MARTA Y OTRO

Tema: DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES En este caso se instaura la acción de tutela en representación de jóvenes que por sus trastornos de comportamiento infringieron los reglamentos escolares y, en virtud de ello, fueron sancionados, por las instituciones educativas demandadas, disciplinariamente o con la negación del cupo escolar. La vulneración de derechos fundamentales se predica de la ausencia de un programa de educación inclusiva dirigida a estudiantes que presenten déficit de atención e hiperactividad, así como al hecho de adelantar los procesos disciplinarios sin haber articulado un plan individual de ajustes razonables (PIAR), en el que se realice un trabajo integral entre padres, institución educativa y autoridades locales. Se analiza temática relacionada con: 1º. El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y, 2º. La educación inclusiva basada en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En ambos casos se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a garantizar la efectividad del derecho a la educación tutelado.
Recibo Relatoria:   2020-10-30


Item 276    Expediente   T-6745002    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-288/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    SALOMON ALVARADO NAVARRO Y OTROS VS. INPEC Y OTROS

Tema: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-APLICACIÓN DE REGLAS DE EQUILIBRIO Y EQUILIBRIO DECRECIENTE Los peticionarios son un grupo de 70 ciudadanos que se encuentran privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Banco (Magdalena). En dicho lugar, indican ellos, hay un total de 213 internos distribuidos en tres patios, cuando su capacidad de reclusión es sólo para 64 personas. La anterior situación representa un hacinamiento superior al 200% y genera que muchos de ellos deban dormir en los patios a la intemperie y otros en el piso de los baños, como consecuencia de la imposibilidad de ser acomodados en las celdas. En sede de tutela se cuestiona las deficiencias de la infraestructura de la cárcel, el suministro interrumpido del servicio de energía eléctrica que incrementa la dificultad para sobrellevar las altas temperaturas que se presentan, la falta de entrega en los insumos de aseo, el manejo inadecuado de las aguas negras que se filtra en varios lugares de la penitenciaría y las malas condiciones sanitarias del lugar. Luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción de tutela, se analiza temática relacionada con: 1º. El marco jurisprudencial del estado de cosas inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional en materia carcelaria referente a los mínimos constitucionalmente asegurables en aspectos como el hacinamiento, el suministro de energía eléctrica, la salubridad, los insumos mínimos de aseo y descanso. 2º. Seguimiento a las órdenes de las Sentencias T-388/13 y T-762/1y, 3º. El rol de las entidades territoriales en la atención de las personas sindicadas. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho fundamental a la dignidad humana tutelado.
Recibo Relatoria:   2021-01-26


Item 277    Expediente   T-7685616    Fecha sentencia   2020-08-03    Sentencia   T-289/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    CARMEN VS. INPEC Y OTRO

Tema: TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-REGULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL La accionante, actuando en representación de un hijo menor de edad, invoca la protección del derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella y, en consecuencia, solicita al juez constitucional ordenar al INPEC trasladar a su compañero sentimental y padre del joven, desde la Cárcel de Montería a otra ubicada en el Departamento de Antioquia. El argumento de la negativa fue la configuración de dos causales de improcedencia del traslado de reclusos, previstas en la Resolución N° 001203 de 2012. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental de los menores a tener una familia y no ser separados de ella y, 2º. La regulación legal y jurisprudencial en materia de traslado carcelario de personas privadas de la libertad. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-22


Item 278    Expediente   T-6939071    Fecha sentencia   2020-08-04    Sentencia   T-290/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    AURA MARIA CABALLERO DE SANGUINO VS. COLPENSIONES

Tema: IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de haber negado el reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante como hija en situación de invalidez, con fundamento en haber comparecido extemporáneamente a solicitar su derecho, el cual, en consecuencia, ya había reconocido en un 100% a la cónyuge supérstite del causante. Se reitera jurisprudencia relacionada con la sustitución pensional; y la imprescriptibilidad de los derechos pensionales. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la entidad proferir un nuevo acto administrativo mediante el cual se redistribuya el pago de la sustitución pensional del afiliado fallecido entre la cónyuge supérstite y la hija en situación de invalidez, en el porcentaje que le corresponde a cada una como sus beneficiarias.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 279    Expediente   T-7337215    Fecha sentencia   2020-08-04    Sentencia   T-291/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    PEDRO ELIAS ALARCON MORALES VS. ARL POSITIVA

Tema: PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD NO PUEDE SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE El actor, sujeto de especial protección constitucional por su condición de discapacidad y por los problemas de salud que actualmente padece, considera que la ARL cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al no pagar el valor total de las incapacidades médicas prescritas por su médico tratante, y por omitir realizar los trámites y gestiones tendientes a obtener la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Se reitera doctrina constitucional referente a los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el pago de prestaciones económicas, ii) el pago de las incapacidades laborales como sustituto del salario; iii) el desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial aplicable en materia de incapacidades con ocasión de un accidente o enfermedad laboral y; iv) la importancia de la calificación de la pérdida de capacidad laboral y su regulación. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la Administradora accionada reconocer y pagar la diferencia entre lo efectivamente cancelado y lo realmente debido por concepto de incapacidades al tutelante. Adicionalmente, se le advierte a la entidad que en caso de que se sigan emitiendo incapacidades de manera ininterrumpida por parte del médico tratante y mientras la calificación de la enfermedad sea de origen laboral, estas deberán ser pagadas oportunamente y en los mismos términos, hasta tanto se verifique su recuperación integral o en su defecto, hasta tanto se establezca el grado de incapacidad o invalidez.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 280    Expediente   RE-278    Fecha sentencia   2020-08-05    Sentencia   C-292/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 551/20

Tema: EXENCIÓN TEMPORAL DE IVA A IMPORTACIÓN DE CIERTOS ELEMENTOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID19. Control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 551 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte encontró que la precitada disposición cumple con los requisitos formales y materiales de validez y, en tal sentido, declaró su XEQUIBILIDAD, salvo el artículo 1º que lo declaró EXEQUIBLE DE MANERA CONDICIONADA, en el entendido de que las medidas tributarias estarán vigentes durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 281    Expediente   RE-293    Fecha sentencia   2020-08-05    Sentencia   C-293/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Carlos Libardo Bernal Pulido SV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alberto Rojas Ríos AV:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 568/20

Tema: CREACIÓN DEL IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID19, SOBRE SALARIOS O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 10 MILLONES O MÁS, A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A LA CLASE MEDIA VULNERABLE Y TRABAJADORES INFORMALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 568 de 15 abril de 2020, por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020. La Corte encontró que el impuesto establecido para un cierto grupo de servidores públicos, contratistas y pensionados, excluyendo a los trabajadores particulares y funcionarios públicos que están en iguales condiciones, en términos de capacidad contributiva, desconoce los principios de equidad e igualdad tributaria y de generalidad del impuesto. Con base en la anterior consideración La Sala Plena de la Corporación declaró INEXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Legislativo 568 de 2020 y dispuso que esta decisión tenga efectos RETROACTIVOS. En consecuencia, estableció que los dineros que los sujetos pasivos del impuesto han cancelado, se entenderán como abono del impuesto de renta para la vigencia 2020 que debe liquidarse y pagarse en el año 2021. Así mismo, declaró EXEQUIBLES los artículos 9º, 10º, 11, 12, 13 y 14 ibídem, salvo las siguientes expresiones que declaró INEXEQUIBLES: 1º). “con salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000.oo)”, contenida en el inciso 1º del artículo 9º. 2º). “de salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000.oo)”, contenida en el inciso 2º del artículo 9º. 3º). La tabla contenida en el primer inciso del artículo 9º. 4º). “El aporte solidario voluntario por el COVID 19 de que trata el presente artículo no es aplicable al talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID 19 incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica y que por consiguiente, están expuestos a riesgos de contagio, así como los miembros de la fuerza pública.”, correspondiente al inciso final del artículo 9º. 5º). “los valores retenidos en la fuente a título del impuesto solidario por el COVID 19 y” contenida en el inciso 1º del artículo 12. 6º). “del impuesto solidario por el COVID 19 y” contenida en el inciso 2º del artículo 12. 7º). “El valor total de las retenciones en la fuente a título del impuesto solidario por el COVID 19 constituyen el valor total del impuesto y no habrá lugar a la presentación de la declaración del impuesto”, correspondiente al inciso 3º del artículo 12. 8º). “Al impuesto solidario por el COVID 19 le son aplicables en lo que resulte compatible, las disposiciones sustantivas del impuesto sobre la renta y complementarios, procedimentales y sancionatorias previstas en el Estatuto Tributario”, correspondiente al inciso 1º del artículo 13.
Recibo Relatoria:   2020-10-23


Item 282    Expediente   RE-300    Fecha sentencia   2020-08-05    Sentencia   C-294/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 575/20

Tema: MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID19 EN EL SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo número 575 del 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró que las disposiciones contempladas en la norma objeto de estudio cumplen con los requisitos formales y materiales contemplados en la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y precisados por la jurisprudencia de la Corporación, por lo que la declaró EXEQUIBLE, salvo las contenidas en los arts. 9 y 10 relativas al precio de las mejoras en predios baldíos y a la inclusión de una conducta que atenta contra la libre competencia, respectivamente, que fueron declarados INEXEQUIBLES, por no existir una relación entre dichos artículos y las causas que sustentaron la declaratoria del estado de excepción.
Recibo Relatoria:   2020-10-19


Item 283    Expediente   T-7794961    Fecha sentencia   2020-08-05    Sentencia   T-284/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    SYAH VS. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. MENOR LLEVÓ A TERMINO SU EMBARAZO La accionante, actuando en representación de una hija adolecente que tiene un embarazo no deseado de 27 semanas, considera que la entidad cuestionada vulneró derechos fundamentales de la menor al no remitirla al médico ginecólogo y obstetra con el fin de que se le prescribiera la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E). La clínica adujo el incumplimiento de los presupuestos para poder llevar a cabo el procedimiento. Se reiteró jurisprudencia sobre los casos en los cuales existe una inmunidad frente al tipo penal del delito de aborto y se analizó si el asunto objeto de estudio se circunscribe a alguna de las hipótesis previstas en la Sentencia C-355/06, para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo sin incurrir en el tipo penal de aborto previsto en el artículo 122 del Código Penal. Así mismo, se aborda temática relacionada con el deber de asistencia y protección del Estado a la mujer en estado de embarazo y después del parto. La Sala de Revisión constató la ocurrencia del fenómeno de la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, toda vez que el proceso de gestación llegó a término y la menor decidió continuar con el embarazo y asumir la maternidad. No obstante lo anterior, se imparten una serie de órdenes conducentes a brindar a la joven madre toda la asistencia que requiera para afrontar la maternidad y para que esté informada sobre los programas estatales que existen para apoyar a las madres durante la lactancia y crianza.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 284    Expediente   T-7738256    Fecha sentencia   2020-08-05    Sentencia   T-295/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    AMANDA ANGARITA CASTRO VS. UGPP Y OTROS

Tema: REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION-ALCANCE La accionante presenta un estado de discapacidad y vive en una institución geriátrica, por eso la solicitud de amparo es formulada a través de apoderada judicial. En la demanda se advierte que la peticionaria percibe desde hace más de cuarenta años el pago de las mesadas correspondientes a una sustitución pensional que la Caja Nacional de Previsión le reconoció, con ocasión del fallecimiento de su madre. Sin embargo, desde el mes de mayo del año 2019 dejó de percibir el ingreso mensual de dicha prestación, porque se suspendió la consignación de la misma y se le pidió, como condición para reanudarla la presentación de la Resolución expedida en 1980, mediante la cual se le reconoció la referida pensión. Con la acción de tutela se pretende que se reactive el pago de las mesadas pensionales, sin tener que aportar el acto administrativo requerido, pues la tutelante no logra recordar en qué lugar pudo haberlo guardado, máxime cuando en ese momento carecía de casi todas sus facultades psicomotoras. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la Sala conoció que la entidad reanudó los pagos y generó los que le habían sido suspendidos, declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Recibo Relatoria:   2020-08-25


Item 285    Expediente   T-7736908 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-06    Sentencia   SU.296/20
Magistrado Ponente:Carlos Libardo Bernal Pulido
Demandante / Demandado    OMAR CARDENAS LOPEZ Y OTRO VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR NO CONFIGURARSE DEFECTOS ALEGADOS POR EL ACCIONANTE EN PROCESO PENAL En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que la autoridad judicial cuestionada vulneró derechos fundamentales al proferir un auto mediante el cual inadmitió las demandas de casación interpuestas por los actores en contra del fallo judicial que confirmó la decisión de condenarlos como coautores del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los peticionarios argumentaron que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo por falta de motivación y en desconocimiento del precedente, en particular el establecido en la sentencia SU.635/15. Se analiza la normativa sobre la procedibilidad del recurso de casación penal, se reitera jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de la Corte Constitucional al respecto y, se examina la configuración de los defectos específicos alegados por los peticionarios. Por no encontrar acreditada la vulneración alegada, la Sala decidió DENEGAR el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 286    Expediente   T-7165635 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-06    Sentencia   T-297/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    NUBIA CAÑAS FAJARDO Y OTROS VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO

Tema: REGIMEN PENSIONAL DE DOCENTES Y REGLA PARA LIQUIDAR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACION En este caso, 32 personas que se desempeñaron a lo largo de su vida laboral como docentes oficiales y lograron el reconocimiento de su pensión de jubilación al amparo del régimen pensional docente, cuestionaron las decisiones de segunda instancia proferidas al interior de procesos de nulidad y restablecimiento de derechos que iniciaron en contra del Fondo de Pensiones y Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). En las causas administrativas los demandantes consideraron que en la base de liquidación de las prestaciones que les fueron reconocidas, no se incluyeron todos los factores salariales a los que tenían derecho. En los fallos censurados se estableció que los demandantes no tenían derecho a la reliquidación de la mesada pensional. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos: a). material o sustantivo; b) desconocimiento del precedente judicial vertical y horizontal; c). fáctico. 3º. El régimen pensional docente. La Corte encontró que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en defecto constitucional alguno. En consecuencia, revocó las sentencias de instancia que otorgaron la tutela y, en su lugar, confirmó los fallos de primera instancia que negaron la protección constitucional invocada. Así mismo, decidió NEGAR el amparo en aquellos asuntos que fueron concedidos en las dos instancias.
Recibo Relatoria:   2020-10-30


Item 287    Expediente   T-7751924    Fecha sentencia   2020-08-06    Sentencia   T-298/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    ANA MARGARITA PEÑA PABLOS VS. UARIV

Tema: DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, FRENTE AL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR PARTE DE LA UARIV A través de la figura de la agencia oficiosa se interpone la acción de tutela en favor de una persona de 34 años de edad que presenta una discapacidad total y permanente, cuyo núcleo familiar se encuentra registrado como víctima de la violencia por el hecho de desplazamiento forzado. La actuación que se considera como trasgresora de derechos fundamentales es la negativa de la entidad financiera de entregar a la madre del accionante la indemnización administrativa que le fue concedida a éste como beneficio prioritario, a pesar de haber cumplido con el requerimiento de aportar la historia clínica correspondiente. La entidad adujo que, en virtud del contrato interadministrativo celebrado con la UARIV, le correspondía a dicha entidad autorizar el pago cuando el beneficiario estuviera en situación de discapacidad, situación que no ocurrió en el presente asunto, por lo que procedió a devolver el dinero a dicha Unidad. Se reitera jurisprudencia relativa a la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial y, se establecen las reglas relacionadas con la imposición de restricciones para el ejercicio de los derechos de estas personas, víctimas de la violencia frente al pago de indemnizaciones. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 288    Expediente   T-7007550    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-299/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ROSA MIRA LEITON SANCHEZ VS. PORVENIR S.A.

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PENSION DE INVALIDEZ-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL La actora, quien padece una enfermedad crónica y catastrófica a raíz de la insuficiencia renal que padece, alega que la entidad cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al negar el reconocimiento y pago de la pensión que solicitó, argumentando que no cumplía con el requisito establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es, tener 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Luego de analizar el caso concluyó la Corte que la acción de tutela es IMPROCEDENTE, pues acarrea un debate probatorio cuya intensidad trasciende la intervención del juez constitucional, por cuanto se trata de un asunto que, en consideración de los elementos de juicio obrantes en el expediente, debe ser planteado ante la Jurisdicción Ordinaria.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 289    Expediente   T-7598926    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-300/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    TANIA BARRERA RODRIGUEZ VS. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y OTRO

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONANTE FUE NOMBRADA EN CARGO PARA EL CUAL HABÍA CONCURSADO La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se predica de la decisión de dejar de nombrar a la actora, quien participó en una convocatoria pública de oferta de empleos y ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, con base en debates interpretativos sobre la firmeza de una providencia judicial. Teniendo en cuenta que en sede de revisión se conoció el acto administrativo mediante el cual se nombró a la actora en período de prueba en el cargo para el que concursó, se declaró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 290    Expediente   T-7615048    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-301/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    DANIELA RODRIGUEZ ACOSTA VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR EN INSCRIPCION EN EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DEL MENOR NACIDO EN EL EXTERIOR La accionante, actuando en representación de su hija de seis años de edad, aduce que la entidad demandada incurrió en una conducta inadmisible al no inscribir el nacimiento de la menor -el cual ocurrió en Ecuador- en el registro civil colombiano, a pesar de haber presentado el registro civil debidamente apostillado por las autoridades competentes del país vecino. En su criterio, exigir la presencia del progenitor de la menor, de quien no tiene conocimiento de su paradero, frustra la posibilidad de que la niña se naturalice en el país e impide consecuentemente que ejerza a plenitud el conjunto de prerrogativas básicas que se derivan del reconocimiento estatal a la nacionalidad. Teniendo en cuenta que durante el transcurso del trámite constitucional la causa material que dio origen a la presentación del mecanismo desapareció, se declaró la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un HECHO SUPERADO. No obstante lo anterior, la Sala consideró necesario emitir un pronunciamiento adicional y, en tal sentido instó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a sus dependencias para que, en adelante, todas las actuaciones relacionadas con el trámite de inscripción de nacimientos en el registro civil sean desplegadas con apego a los criterios de claridad y congruencia, a fin de que los ciudadanos interesados conozcan a plenitud el conjunto de deberes y derechos que se derivan de procedimientos de esta naturaleza. De un lado, el deber de someterse con responsabilidad a las verificaciones de ley que impongan las autoridades competentes, las cuales deben ser expresas a la luz de las circunstancias específicas de cada caso e identificables para los interesados, de suerte que comprendan el propósito de veracidad que persigue el proceso administrativo y, del otro, la prerrogativa de toda persona a que el Estado reconozca y respete su identidad y filiación propia. Los funcionarios registrales deben adelantar su actuación, a la luz de la Carta Política, conscientes de que detrás de estos trámites se encuentra la consolidación de valores constitucionales esenciales y el reconocimiento de atributos propios de la persona humana, tales como el estado civil y la nacionalidad.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 291    Expediente   T-7656161    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-302/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    MARIA EUGENIA MACIAS RIVERA VS. BANCO DE BOGOTA Y OTRO

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-SE CANCELARON PÓLIZAS QUE AMPARABAN CRÉDITOS DE LA AGENCIADA. La accionante, actuando en representación de su progenitora, considera que las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales, al negarse a hacer efectivas las pólizas de seguro que respaldan las dos obligaciones crediticias adquiridas y a entregarle copia de las respectivas pólizas, a pesar de que su mamá fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 95%, como consecuencia del accidente cerebrovascular que sufrió y al estado vegetativo en que quedó. La Corte declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, ya que durante el trámite del proceso de tutela las pólizas que amparaban los créditos mencionados se hicieron efectivas. No obstante lo anterior y dada la gravedad de los hechos, la Sala estimó necesario emitir un pronunciamiento de fondo respecto al deber de información que tienen las entidades financieras y aseguradoras con los consumidores financieros. Con base en lo anterior concluyó que el Banco cuestionado omitió el deber de entregar información completa y oportuna a la hija de la accionante en relación con el trámite requerido para solicitar el pago de las pólizas de seguro y la compañía aseguradora con quien se habían suscrito tales pólizas y, de esta manera, hacer valer los derechos de su madre. Considera la Corporación que dicha actuación devino en una vulneración de los derechos a la información y al derecho al debido proceso contractual de la accionante, lo que también implicó una amenaza a su mínimo vital. En este sentido decidió AMPARAR los derechos fundamentales a la información y al debido proceso contractual.
Recibo Relatoria:   2020-08-18


Item 292    Expediente   T-7484852 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-303/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    LUZ MARLENE JARAMILLO GONZALEZ Y OTRO VS. COLPENSIONES

Tema: APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que Colpensiones vulneró derechos fundamentales al dejar de aplicar las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, en su versión original, para efectos de declarar el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez que reclamaron los actores. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el alcance del principio de la condición más beneficiosa respecto del otorgamiento de la pensión de invalidez por la ultractividad del Acuerdo 049 de 1990 y de analizar cada caso en concreto, la Corte decidió conceder el amparo en un asunto y declarar la improcedencia de la acción de tutela en el otro.
Recibo Relatoria:   2020-08-25


Item 293    Expediente   T-7532730    Fecha sentencia   2020-08-10    Sentencia   T-304/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    TERESITA DE ISAZA DAVILA VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD En este caso se atribuye a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la vulneración de derechos fundamentales de la actora al declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión, con el que pretendía que se dejara sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la Auditoría General de la República por haberla declarado responsable fiscal por detrimento patrimonial debido al pago irregular de horas extras, festivos y vacancias a varios empleados de la Contraloría General de la República, en donde laboraba como gerente de Talento Humano. Luego de verificar que no se acreditó el cumplimiento de todos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte decidió confirmar la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-08-26


Item 294    Expediente   T-7622236    Fecha sentencia   2020-08-11    Sentencia   T-305/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    MICHEL CAROLINA ARISTIZABAL VANEGAS VS. JHON WILSON RESTREPO CANO

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y SUS DERECHOS A LA AUTONOMÍA, A LA INTIMIDAD Y A LA NFORMACIÓN RESPECTO A EXAMENES MÉDICOS QUE SE REALICE Y LAS RESTRICCIONES PARA TERCEROS DE ACCEDER A SUS RESULTADOS En este caso se instaura la acción de tutela en contra de un ciudadano propietario de un establecimiento comercial en el cual laboraba la actora como vendedora de ropa, al que fue vinculada a través de un contrato verbal. Indicó la peticionaria que luego de llevar varias semanas trabajando en dicho establecimiento le informaron que, por su buen rendimiento en el ejercicio de sus funciones, sería contratada directamente con la tienda y, que para ello, era necesario realizar un examen médico de ingreso que incluía la práctica de varias pruebas de laboratorio, en la IPS escogida por el empleador. Al preguntar en la institución médica por la entrega de resultados, le fue informado que éstos se enviarían directamente al jefe. Ese mismo día, en lugar de ser vinculada directamente, le fue terminada la relación laboral, bajo el argumento de estar pasando la tienda un mal momento económico. No obstante, cuando fue a reclamar su liquidación, vio que ya había otra persona que la estaba reemplazando. Así mismo, comenta la demandante que días después de estar desempleada empezó a sentir mareos y al realizarse una prueba de embarazo el resultado dio positivo para seis semanas de gravidez. Con lo anterior, comprendió que el despido se dio porque el accionado tuvo conocimiento de su estado, en tanto dentro de las pruebas que le ordenó realizar la empresa había una serología. Esta situación, es la que se expone en la acción de tutela como trasgresora de derechos fundamentales. Se aborda temática relacionada con: 1º. La discriminación en vigencia de la relación laboral y en el acceso al trabajo. 2º. La protección de la madre gestante en el ámbito laboral. 3º. La realización de pruebas de embarazo y exámenes de serología a los trabajadores y, 4º. Los derechos de los ciudadanos frente a los exámenes médicos de ingreso. Se CONCEDE el amparo invocado, se declara la ineficacia del despido y se ordena el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido, así como la indemnización prevista en el inciso 3º del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.
Recibo Relatoria:   2021-06-04


Item 295    Expediente   T-7699921    Fecha sentencia   2020-08-11    Sentencia   T-306/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ROSA MARIA PEREA LEIVA VS. COMISARIA DE FAMILIA DE JAMUNDI

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-PERSONA ADULTA MAYOR FUE DESALOJADA DE SU VIVIENDA En el presente asunto se alega que el Comisario de Familia accionado vulneró derechos fundamentales de la actora, al ordenar el desalojo de su lugar de habitación, con fundamento en una decisión judicial en la que no se decretaron ni practicaron las pruebas que resultaban relevantes para identificar la veracidad de los hechos analizados, y desconociendo las disposiciones normativas aplicables al caso, especialmente las contenidas en las Leyes 1251 de 2008 y 1850 de 2017. El proceso de violencia intrafamiliar fue interpuesto por la propia hija de la actora y en favor de sus hijos menores de edad, es decir, los nietos de aquella. La autoridad accionada expuso que su decisión estuvo amparada en el principio in dubio pro infans, según el cual, frente a cualquier duda en la aplicación de derechos y medidas, deben prevalecer aquellas que garanticen los derechos de los niños. Se verifica el cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza temática relacionada con: 1º. La naturaleza y competencia de las Comisarías de Familia a la hora de adoptar medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. 2º. La prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, 3º. Jurisprudencia sobre los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional. La Corte concluyó que la decisión del comisario de familia incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. Por una parte, se abstuvo de decretar y practicar las pruebas que resultaban relevantes para identificar la veracidad de los hechos analizados. Y, por otra parte, desconoció la normatividad aplicable al caso, especialmente el marco de protección de los derechos de las personas adultas mayores y los deberes de solidaridad en cabeza del Estado y la familia. Teniendo en cuenta que la acción de tutela tenía como objeto evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual efectivamente no se conjuró toda vez que la accionante perdió definitivamente su lugar de habitación y no se retrotrajeron los efectos de la medida, al punto que nunca pudo retornar a la vivienda, la Corte decidió declarar la carencia actual de objeto por DAÑO CONSUMADO.
Recibo Relatoria:   2020-09-11


Item 296    Expediente   RE-305    Fecha sentencia   2020-08-12    Sentencia   C-307/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alberto Rojas Ríos AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 637/20

Tema: REVISION DEL DECRETO LEGISLATIVO QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR ESPACIO DE 30 DÍAS MAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Teniendo en cuenta que la precitada norma establece una segunda declaratoria del estado de emergencia en el país, considera la Corte que el control a su cargo debe ser más riguroso en la verificación de la existencia de hechos sobrevinientes y graves, que no puedan ser afrontados con los medios ordinarios o los medios extraordinarios decretados en la emergencia anterior. La Sala Plena de la Corporación concluyó que, ante una crisis de la magnitud que se afronta por el COVID 19 y, como ya se dijo en la Sentencia C-145/20, los medios ordinarios, que no han cambiado de manera significativa entre la primera y la segunda declaración de un estado de emergencia, pese a que se han usado, siguen siendo insuficientes. Considera que, los hechos sobrevinientes han mostrado, también, la insuficiencia de las medidas adoptadas en el marco del primer estado de emergencia, muchas de las cuales tuvieron que replantearse en su duración, incluso durante la vigencia del mismo estado, para prolongarse en el tiempo, pues no resultaron idóneas para hacer frente a los efectos no previstos, ni previsibles en ese momento, de la crisis. Así mismo, consideró que el decreto sub judice no desconoce ninguna de las demás prohibiciones constitucionales, en la medida en que no suspende los derechos humanos y las libertades fundamentales, no vulnera el principio de intangibilidad de ciertas garantías, no desmejora los derechos sociales de los trabajadores, no interrumpe el normal funcionamiento de las ramas y órganos del Estado, ni contraría los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-11-19


Item 297    Expediente   RE-329    Fecha sentencia   2020-08-12    Sentencia   C-308/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 802/20

Tema: PENSIONADOS EN RETIRO PROGRAMADO. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 558/20. TRASLADO A COLPENSIONES DEL PAGO DE MESADAS EQUIVALENTES A UN SALARIO MÍNIMO LEGAL DE PENSIONADOS BAJO LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO. Revisión de constitucionalidad del Decreto 802 del 4 de junio de 2020, por el cual se modifica el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte encontró que el Decreto analizado no cumplía los requisitos de conexidad, de necesidad, ni de motivación suficiente que se exigen de las medidas de excepción que corresponde adoptar en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 637 de 2020, por lo cual decidió declararlo INEXEQUIBLE. Resaltó la Sala Plena de la Corporación que el uso injustificado de la competencia legislativa excepcional en cabeza del Ejecutivo es contrario al ordenamiento constitucional y que ésta debe estar reservada para asuntos imprescindibles que afronten la crisis que ha generado la declaratoria de emergencia o mitiguen sus efectos, en tanto altera temporalmente la división de poderes y no puede banalizarse su importancia ni su gravedad.
Recibo Relatoria:   2020-12-18


Item 298    Expediente   RE-336    Fecha sentencia   2020-08-12    Sentencia   C-309/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 809/20

Tema: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELECTRICO. Control de Constitucionalidad del Decreto Legislativo 809 de 4 de junio de 2020, por el cual se autoriza al Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) a realizar operaciones de crédito público para garantizar los procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios afectados por la emergencia sanitaria. El precitado Decreto adopta tres medidas que persiguen financiar los esquemas de solución a largo plazo afectados por la emergencia y asegurar que las ESPD puedan continuar prestando los servicios domiciliarios a su cargo. La Corte consideró que las precitadas medidas robustecen las fuentes de recursos mediante operaciones de crédito público inmediatas y temporales para financiar dichos esquemas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios para los hogares de las zonas en las que operan las empresas intervenidas, particularmente de las familias que se han visto especialmente afectadas en los estratos 1 y 2 y; garantizar la suficiencia en el servicio requerida para una exitosa reactivación económica en dichas regiones. Lo anterior, sin afectar la solvencia del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) ni del Fondo Empresarial, por tratarse de condiciones crediticias favorables para éstos dos Fondos. Luego de concluir que la norma objeto de estudio cumple con las exigencias formales y materiales previstas en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y precisadas en la jurisprudencia para las medidas que puede adoptar el Gobierno Nacional para conjurar la crisis generada por la pandemia de COVID19 e impedir la extensión de sus efectos, la Sala Plena de la Corporación declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-12-10


Item 299    Expediente   RE-346    Fecha sentencia   2020-08-12    Sentencia   C-310/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 819/20

Tema: SECTOR VIVIENDA. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. EXTENSIÓN PAGO DIFERIDO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LÍNEAS DE REDESCUENTO. SUBSIDIOS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE. PAGO DEL SERVICIO DE ASEO POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 819 de 2020, por el cual se adoptan medidas para el sector Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. En el precitado Decreto hay cuatro tipos de medidas: 1) las relativas al sector vivienda; 2) las relacionadas con el financiamiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico; 3) las que corresponden a subsidios en el sector de agua potable y saneamiento básico; y, 4) las que tienen que ver con el servicio público de aseo. Luego de concluir que la norma objeto de estudio cumple con las exigencias formales y materiales previstas en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y precisadas en la jurisprudencia de la Corporación, se declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-12-10


Item 300    Expediente   RE-317    Fecha sentencia   2020-08-13    Sentencia   C-311/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 771/20

Tema: ACCESO A SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AUXILIO DE CONECTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN CASA CUANDO SE DEVENGUE HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 771 del 3 de junio de 2020, por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. La norma en mención establece una modificación en la destinación del auxilio de transporte regulado en la Ley 15 de 1959. A pesar de que la Corte concluyó que el auxilio de conectividad satisface todos los juicios de validez material, consideró necesario precisar que la aplicación de esa medida de protección a quienes realizan el trabajo desde casa debe ocurrir cuando se cumpla la condición material que la justifica. Esto es, cuando el trabajador no se pueda desplazar físicamente a su lugar de trabajo en cumplimiento de una orden legal, un protocolo de bioseguridad o una instrucción de su empleador con el objetivo de evitar el contagio del coronavirus COVID-19. Preciso, que en estos casos se deberá pagar el auxilio de conectividad sustitutivo del auxilio de transporte, aun cuando no haya una declaratoria formal de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del Decreto 771/20, bajo el entendido de que la medida se podrá extender más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria, cuando sea necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa, con el fin de evitar el contagio del COVID19.
Recibo Relatoria:   2020-10-15


Item 301    Expediente   T-7243742    Fecha sentencia   2020-08-13    Sentencia   SU.312/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alberto Rojas Ríos SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    NELCY ELIZABETH JARAMILLO ZAPATA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: APLICACION DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA POR COMISION DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Se interpone la acción de tutela en contra de la decisión judicial que confirmó el fallo que desestimó, por caducidad, el medio de control de reparación directa que impetró la actora con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados por el homicidio de su progenitor por miembros del Ejército Nacional. Se aduce que dicha providencia incurrió en los siguientes defectos: a). violación directa de la Carta Política; b) defecto sustantivo; c) desconocimiento del precedente y; d) fáctico. Según la peticionaria, la acción interpuesta no estaba sometida al término de caducidad de dos años establecido en el derecho positivo, puesto que el hecho dañoso imputable al Estado tuvo su origen en un delito de lesa humanidad y, por consiguiente, la imprescriptibilidad penal que se predica de dichas conductas criminales se hace extensiva a la acción contenciosa administrativa. Luego de revisar si la solicitud de amparo satisfacía los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se analizó temática relacionada con: 1º. La imprescriptibilidad de la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra y, 2º. La caducidad del medio de control de reparación directa frente a daños originados por la comisión de los precitados delitos por parte de los agentes del Estado. La Corte concluyó que la decisión de la autoridad judicial cuestionada no vulneró los derechos fundamentales alegados, ni incurrió en los defectos señalados, en tanto la fundamentó en una interpretación razonable y proporcionada del derecho positivo y a partir de una de las posturas jurisprudenciales vigentes para la época. Con base en lo anterior, confirmó los fallos de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria:   2021-03-03


Item 302    Expediente   T-7439053    Fecha sentencia   2020-08-13    Sentencia   SU.313/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    EFRAIN GARCIA ESPINOSA VS. AFP PROTECCION S.A.

Tema: COMPETENCIA POR EL PAGO DE PENSION DE INVALIDEZ EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE LA FECHA DE ESTRUCTURACION HAYA SIDO ANTERIOR AL TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL El actor aduce que la AFP Protección S.A. vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, luego de haber sido calificado con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. La calificación fue dada en el año 2017, pero la fecha de estructuración de la invalidez se fijó para el año 2006 y, en los tres años anteriores a ese momento, el peticionario acreditó más de las 50 semanas cotizadas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. La controversia en el reconocimiento de la prestación se suscitó porque al momento en que se emitió el dictamen, el accionante se hallaba afiliado y cotizando al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin embargo, para la fecha en la que se estructuró la invalidez, se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En virtud de esta última consideración, Colpensiones decidió no reconocer la pensión argumentando que la competente para ello sería la accionada. Por su parte, esta entidad también se negó a proceder con el reconocimiento, afirmando que no había sido notificada de dictamen alguno y, por tanto, que no había tenido la oportunidad procesal para controvertir la determinación médico-laboral. La Corte consideró necesario buscar una solución armónica que permitiera, de un lado, proteger el derecho a la seguridad social del afiliado y, del otro, amparar el derecho al debido proceso de la administradora o fondo que debía reconocer la pensión. En tal sentido, abordó temática relacionada con: 1º. El desarrollo legal de la pensión de invalidez, especialmente en lo que tiene que ver con la forma en que se reconoce el derecho, la fecha desde la cual se causa, cómo se calcula su mesada y el modo en que se fija la fecha de estructuración. 2º. Los conflictos de competencia que surgen entre administradoras del RPM y del RAIS, desde una aproximación normativa y financiera y, 3º. Las implicaciones de la regla del último fondo sobre la estructura financiera de ambos regímenes y las afectaciones que la regla del fondo de estructuración podría causar al derecho a la seguridad social de los afiliados. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la Junta de Calificación de Invalidez del Huila notificar a Protección S.A. y a los demás sujetos que hayan intervenido en el proceso, el dictamen que emitió en el año 2017. ASÍ mismo, se ordenó a esta Administradora reconocer provisionalmente la pensión de invalidez al actor, hasta que se encuentre ejecutoriada la determinación médico laboral y, si esta no es impugnada, proceda a reconocer la prestación de manera definitiva y pagando el retroactivo a que haya lugar.
Recibo Relatoria:   2020-11-19


Item 303    Expediente   T-7334181    Fecha sentencia   2020-08-14    Sentencia   T-323/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REBECA VS. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ABC

Tema: DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-PROTECCIÓN En este asunto se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a una institución educativa que ofrece un programa de educación formal para adultos y que niega la admisión a un adolescente menor de dieciocho años, con base en el argumento de no cumplir con las condiciones regulatorias que, excepcionalmente, le permitirían acceder a dicho programa. El joven accionante pretende ingresar en tal establecimiento, porque no tiene interés en continuar su formación en el plantel regular donde ha estado adelantando sus estudios y porque colabora con su familia en actividades económicas. Se reitera la jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes y el principio que les asigna un interés superior. Así mismo, se estudian las diferencias que la legislación y la reglamentación vigentes establecen entre el sistema de educación formal dirigido a niños, niñas y adolescentes y el correspondiente a los adultos. Teniendo en cuenta que el juez de segunda instancia concedió la tutela y ordenó a la institución garantizarle un cupo al adolescente en el establecimiento, la Corte consideró necesario mantener esta disposición porque revocarla podría poner en peligro la continuidad y permanencia del proceso educativo del menor. No obstante precisó que, por regla general, los menores de edad deben estudiar en una institución que ofrezca un programa diseñado para atender sus necesidades e intereses y, por tanto, favorecer su desarrollo armónico e integral y que, sólo en circunstancias excepcionales, en las que, de otra forma, su proceso educativo podría verse interrumpido, está justificado constitucionalmente que se permita el ingreso del niño, niña o adolescente a un programa de educación para adultos, con el objetivo de garantizar la continuidad y permanencia del proceso mencionado.
Recibo Relatoria:   2020-08-25


Item 304    Expediente   T-7402480    Fecha sentencia   2020-08-14    Sentencia   T-324/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JAIME PARRA CUBIDES VS. NESTOR OBED CAMARGO CAMELO

Tema: LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES El accionante, un militante del partido político Centro Demócrativo, aduce que la persona que funge como presidente del directorio regional de dicho partido vulneró sus derechos fundamentales, al haber emitido un mensaje vía WhatsApp en el cual hay afirmaciones deshonrosas en su contra. Se aborda jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión, haciendo especial énfasis en el ejercicio de este derecho en un contexto político. Así mismo, se analizan los parámetros constitucionales para establecer su grado de protección y las características que adquiere la libertad de expresión al ser ejercida en plataformas tecnológicas. Para resolver el asunto la Corte tuvo en cuenta que las partes involucradas no desempeñan cargos públicos, no son ampliamente reconocidos dentro de su partido, el discurso que se cuestiona no es de interés público, no se estaba en etapa electoral o pre-electoral y no son candidatos a un cargo público. A partir de lo anterior concluyó que en este caso debe ser el mismo partido político el que controle, inicialmente, un presunto exceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de uno de sus militantes. Por último recordó que, al afiliarse voluntariamente a un partido político, el accionante asumió que sus actos, la forma en que desempeña sus funciones y el cumplimiento de sus deberes legales como ciudadano, entre otros, son y, por tanto, accedió a soportar críticas y a que sus ideas y aportes sean controvertidos. Se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-08-26


Item 305    Expediente   T-7453964    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-314/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ANTONIO JOSE QUINTERO DORIA VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR ANULACION REGISTRO CIVIL. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE En la partida de bautismo del actor se registra como fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1953. Cuando tenía 16 años, esto es en 1969, tramitó la expedición de su cédula de ciudadanía indicando que había nacido el 14 de octubre de 1947. En el 2011, es decir, 41 años después de contar con su cédula de ciudadanía, el actor inició trámites para registrarse civilmente. Para ello aportó la partida de nacimiento como documento soporte y, por tal motivo, en el Registro Civil de Nacimiento quedó estipulada como fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1953. No obstante lo anterior, la Registraduría municipal expidió de oficio un nuevo Registro en el que corrigió la precitada fecha y estableció que ésta había sido la que aparecía en la cédula de ciudadanía, es decir, el 14 de octubre de 1953. Siete años después se inició un proceso judicial de jurisdicción voluntaria y se solicitó además a la Registraduría Nacional del Estado Civil la anulación del primer Registro Civil de Nacimiento o la expedición de un nuevo documento de identidad en el que se estableciera que la fecha de nacimiento efectivamente correspondía a la indicada en la Partida de Bautismo. Como ninguna actuación fue favorable a las pretensiones, se interpuso la presente acción constitucional. En sustento de lo anterior, señaló que le es imprescindible que su fecha de nacimiento se ajuste a la realidad, pues, en estos momentos, la contradicción existente entre los datos consignados en su cédula de ciudadanía y los registrados en su partida de bautismo le está obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida y la salud, en tanto el peticionario está pendiente de un trasplante hepático que requiere con urgencia y para esto existe una relación directa entre la edad del paciente y el acceso oportuno a dicha intervención quirúrgica. Teniendo en cuenta que no se demostró la afectación de las garantías invocadas en tanto al tutelante se le practicó el mencionado procedimiento quirúrgico y su edad nunca fue obstáculo para que se les prestaran todas las atenciones médicas de rigor, la Corte decidió confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA del amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-08-26


Item 306    Expediente   T-7802739    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-315/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ANGELA MARIA CRUZ LIBREROS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL

Tema: INAPLICACIÓN DEL INCIDENTE DE DESACATO EN LOS CASOS INDIVIDUALES CUANDO EXISTE UN PROBLEMA ESTRUCTURAL EN COOMEVA La accionante, actuando en calidad de Gerente General y Representante Legal de Coomeva E.P.S. y por conducto de apoderado judicial, interpuso la acción de tutela en contra de las autoridades judiciales que se negaron a ordenar, en el marco de un recurso de habeas corpus, su libertad inmediata y la suspensión de la ejecución de las sanciones de arresto impuestas en su contra, por el desacato de órdenes contenidas en fallos de tutela que no fueron oportunamente atendidas por la entidad. En los fallos cuestionados se descartó la procedencia del recurso, por cuanto el arresto de la peticionaria se derivaba de trámites de desacato que no constituían privación ilegal, ni mucho menos una prolongación indebida de la libertad. En el precitado recurso la actora alertó sobre la necesidad de trascender el análisis de su detención prolongada, a la luz de la crisis estructural por la que atraviesa el sector salud y por tanto, la E.P.S que representa. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Naturaleza dual del habeas corpus como derecho fundamental y acción constitucional para la protección de la libertad personal. 3º. Las facultades ultra y extra petita del juez constitucional. La Corte consideró que problemática estructural de Coomeva E.P.S. hace procedente la regla de inaplicación del incidente de desacato establecida en el caso Cajanal y, por ello, decidió CONCEDER la protección invocada de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al debido proceso y, en consecuencia, suspender durante un año las sanciones que se hayan dictado en contra de la accionante fijándose como regla de esta providencia, que habrá de tenerse en cuenta por los jueces constitucionales que en adelante deban resolver eventuales incidentes de desacato por incumplimientos de Coomeva E.P.S., la de evitar imponer cualquier tipo de sanciones -bien sean de arresto o multas- por desacato en contra de la accionante, durante este periodo de tiempo. La anterior decisión tiene por objeto reestablecer los derechos fundamentales de la Gerente General de Coomeva E.P.S. y evitar que se sigan vulnerando, lo que se produciría si los jueces de tutela siguen expidiendo en su contra sanciones por desacato en los casos concretos, sin tener en cuenta el problema estructural que afecta a la E.P.S. que representa legalmente.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 307    Expediente   T-7495600    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-316/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REBECA VS. JUZGADO 23 PENAL MUNIICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN Y OTROS

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURAN LOS DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR En este caso se cuestiona tanto la decisión que ordenó la preclusión de una investigación penal, como aquella que declaró desierto el recurso de apelación presentado contra la misma. Se aduce un defecto fáctico por la valoración indebida de los elementos materiales probatorios que evidenciaban los daños psicológicos y físicos que sufrió la actora por la violencia ejercida en su contra por su ex esposo. Se revisan las disposiciones legales y constitucionales, así como la jurisprudencia de la Corporación en torno a los parámetros que deben seguir las autoridades públicas para garantizar el derecho a la administración de justicia de las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Así mismo, se hace un recuento del contenido de las normas relativas a la prevención, protección y sanción de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y el derecho a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia. La Corte encontró que las autoridades cuestionadas no incurrieron en el defecto alegado y, por ello, decidió confirmar la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 308    Expediente   T-7591317    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-317/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    YON FREDY SUAREZ NAVARRO VS. AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA Y OTROS

Tema: ACOSO LABORAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OUTSOURCING DE VIGILANCIA El actor aduce que la empresa accionada vulneró sus derechos fundamentales, al resolver dar por terminado de forma anticipada su contrato de trabajo a término fijo, mediante el cual se desempeñaba como vigilante en un conjunto residencial, argumentando el ejercicio de la facultad contractual contenida artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y luego de efectuar un proceso disciplinario en su contra con base en dos informes presentados por la administradora de dicha copropiedad. Lo anterior, sin tener en cuenta que en el referido proceso el peticionario no fue sancionado y se acordó que sería reubicado en otra propiedad horizontal. Alega que tampoco se haya tenido en consideración el presunto acoso laboral del que fue víctima por parte de la administradora de dicha unidad residencial. Se aborda el estudio de la siguiente temática: 1º. el acoso laboral. 2º. El marco normativo de dicha figura (Ley 1010 de 2006). 3º. El derecho al trabajo en condiciones dignas y, 4º. La facultad del empleador de terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, en desarrollo del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Se CONCEDE el amparo invocado, se DECLARA la ineficacia del despido y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 309    Expediente   T-7638470    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-318/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    JOSE ROBERTO DIAZ SARMIENTO VS. AFP PORVENIR S.A.

Tema: RECONOCIMIENTO TRASITORIO PENSION DE VEJEZ Y DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL Se aduce que la AFP Porvenir S.A. vulneró derechos fundamentales del actor, al negarse a realizar el estudio de fondo de su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez a la que considera tiene derecho, argumentando que se encuentra en trámite un recurso extraordinario de casación mediante el cual se debe definir la validez del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que se efectúo en el año 2000. Se reitera el análisis del principio de subsidiariedad de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de acreencias pensionales y se aborda temática relacionada con el derecho a la seguridad social en materia pensional; la pensión de vejez y los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima establecida en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento transitorio de la pensión mínima de vejez en favor del peticionario. Se precisa que la anterior determinación tiene efectos hasta tanto el juez natural, es decir, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera definitiva frente al recurso extraordinario de casación, como quiera que en la actualidad la sentencia que decidió sobre la validez del traslado del accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no se encuentra en firme.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 310    Expediente   T-7787882    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-320/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    CRISTIAN CORREA MUNERA VS. PORVENIR S.A.

Tema: PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN La accionante, a través en su condición de madre y guardadora legítima de un hijo de 22 años que se encuentra en estado vegetativo a raíz de un accidente de tránsito, considera que Porvernir vulneró derechos fundamentales al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que se reclamó en favor de su descendiente. La entidad argumentó que no cumple con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Se pretende con la acción de tutela que el juez constitucional ordene la prestación prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, o que se reconozca la misma de manera transitoria mientras que la justicia ordinaria determina si le asiste o no el derecho a dicha mesada pensional. Se analiza temática relacionada con: 1º. Los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en los términos de la Ley 100 de 1993. 2º. La jurisprudencia constitucional en relación con la protección de la población joven en condición de invalidez y, 3º. El concepto de capacidad laboral residual en el reconocimiento de la pensión de invalidez derivada de enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación pretendida. Se previene a la entidad para que, en lo sucesivo, acate las reglas establecidas en la jurisprudencia frente a casos como el presente y no vuelva a desconocer las garantías fundamentales de personas que se encuentran en situación de discapacidad y son menores de 26 años.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 311    Expediente   T-7610285    Fecha sentencia   2020-08-18    Sentencia   T-321/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    NICOLAS ZULUAGA PEREZ VS. CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 5

Tema: DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD AL USO DE PARQUEADEROS ACCESIBLES La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la copropiedad que le limitó al actor el derecho de utilizar permanentemente el parqueadero exclusivo para personas en situación de discapacidad, sin tener en cuenta que pertenece a este grupo poblacional y que necesita el espacio sin interrupción porque de su vehículo depende su mínimo vital y el de su familia. En la contestación de la demanda se adujo la inexistencia de violación alguna, en razón a que el conjunto debe rotar los parqueaderos exclusivos para personas en situación de discapacidad, entre todos los residentes que, como el peticionario, estén en esa condición. Se aborda la siguiente temática: 1º. Los fundamentos normativos para la garantía de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. 2º. Las acciones afirmativas como forma de proteger el derecho a la igualdad de dicho grupo poblacional. 3º. El marco legal nacional sobre su derecho al uso de parqueaderos accesibles y, 4º. El precedente constitucional sobre la garantía de los derechos fundamentales de dicha minoría, respecto del uso de parqueaderos en una propiedad horizontal. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados
Recibo Relatoria:   2020-09-23


Item 312    Expediente   RE-314    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   C-323/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 683/20

Tema: MEDIDAS RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 -2023. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 683 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego de constatar que la norma en mención cumplió con los requisitos formales de validez y acató las disposiciones previstas en la Constitución, en la LEEE y desarrollados por la jurisprudencia constitucional, la Corte decidió declarar su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 313    Expediente   RE-321    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   C-324/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 770/20

Tema: MEDIDAS LABORALES. PROTECCIÓN AL CESANTE. JORNADAS ALTERNAS DE TRABAJO. APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS Y A LOS TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN CONTRACTUAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020. La precitada norma busca adoptar medidas de tipo laboral, concentradas en cinco aspectos: (i) la protección del cesante; (ii) medidas alternativas respecto de la jornada laboral, (iii) una alternativa para el primer pago de la prima de servicios; (iv) un programa de apoyo para el pago de la prima de servicios – PAP - y (v) un programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual. La Corte encontró que dichas medidas cumplen los requisitos formales establecidos en la Carta Política y guardan relación directa con las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Excepción. Con base en lo anterior lo declaró EXEQUIBLE excepto: (i) El parágrafo 1º del artículo 5, que se declara EXEQUIBLE en el entendido de que la opción de diferir el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, sólo es aplicable a los empleadores que demuestren una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos; y (ii) La expresión “La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este Programa.”, contenida en los artículos 10, párrafo 3, y artículo 22, que se declara EXEQUIBLE en el entendido de que no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos encargados de la implementación de los programas, sino un llamado para que, en la valoración del dolo o la culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad, se tengan en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca dicha implementación.
Recibo Relatoria:   2021-02-16


Item 314    Expediente   RE-322    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   C-325/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 789/20

Tema: MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto legislativo 789 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La precitada norma establece la exclusión del IVA para (i) materias primas destinadas a producción de medicamentos; (ii) contratos de franquicias de restaurantes, cafeterías, heladerías, fruterías y pastelerías de consumo en el establecimiento; (iii) importación de vehículos de transporte público y de carga; y (iv) servicios de hotelería y turismo. Luego de revisar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de validez, la Corte decidió declarar EXEQUIBLES los artículos 2, 3 y 5 del Decreto legislativo 789/20. El artículo 1º ídem se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO, bajo el entendido de que la fecha máxima de vigencia de la medida es el 31 de diciembre de 2021. El artículo 4º también se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido que para los prestadores de los servicios de hotelería y turismo es optativo acogerse al beneficio de exclusión del IVA. Por último, la Sala Plena de la Corporación hizo un exhorto al Gobierno Nacional para que en el término máximo de 30 días contado a partir de esta sentencia, expida la reglamentación para permitir que los prestadores de los servicios de hotelería y turismo puedan optar por acogerse a la medida de exclusión del IVA dispuesta en el artículo 4 del pluricitado Decreto.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 315    Expediente   RE-326    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   C-326/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 799/20

Tema: SUSPENSIÓN SOBRETASA SECTOR ELÉCTRICO. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 799 de junio 4 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La precitada norma adicionó un parágrafo transitorio al artículo 211 del Estatuto Tributario, que suspende, hasta el 31 de diciembre de 2020, el pago de esa sobretasa por parte de los prestadores de los servicios turísticos de alojamiento, parques de atracciones y temáticos y otras actividades recreativas y de esparcimiento. La Corte concluyó que este decreto satisface los requisitos formales y materiales de constitucionalidad previstos en la Carta Superior, en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y en la jurisprudencia de la Corporación. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-09-17


Item 316    Expediente   D-13089    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   C-327/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO Y OTRO VS. LEY 1708 DE 2014

Tema: EXTINCIÓN DEL DOMINIO. CAUSALES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Se atacan las disposiciones que permiten la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito de valor equivalente a los de origen ilícito que no pueden ser objeto de la acción por el reconocimiento de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa o por no ser posible su localización, identificación o afectación material. La Corte concluyó que, aunque la facultad conferida al Estado para extinguir el dominio sobre los bienes que tienen un origen y una destinación lícita no contraviene el derecho a la propiedad privada ni los lineamientos constitucionales de la extinción de dominio, la posibilidad de que ésta se haya extensiva a los bienes lícitos que hubiesen sido adquiridos por terceros, sí resulta contraria a los mandatos constitucionales. En tal sentido, declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los numerales 10 y 11 del artículo 16 de la Ley 1708 del 2014, en el entendido de que la extinción de bienes de origen lícito sólo procede cuando su propietario sea el mismo titular de los bienes cuya extinción no es posible por la configuración de las hipótesis previstas en tales numerales, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.
Recibo Relatoria:   2020-11-12


Item 317    Expediente   T-7022148    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   T-328/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    NMP* VS. FISCALIA PRIMERA SECCIONAL DE LA URI DE BARRANCABERMEJA Y OTRO

Tema: TRÁMITE DE RECONSTRUCCIÓN COMO MEDIDA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE UN EXPEDIENTE JUDICIAL La accionante instauró la tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso para su hija, presuntamente vulnerados por las entidades demandadas en virtud de la mora judicial injustificada en la que incurrieron, al no haber adelantado ninguna diligencia en relación con la denuncia presentada a comienzos del año 2006, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años del que resultó víctima su hija, cuando tenía siete años para ese entonces. El argumento de la inactividad fue el extravío del expediente. Se abordó temática relacionada con el trámite de reconstrucción como medida para garantizar el acceso a la administración de justicia en caso de pérdida total o parcial de un expediente judicial. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales tuteladas.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 318    Expediente   T-7153045    Fecha sentencia   2020-08-19    Sentencia   T-329/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    MARIA FERNANDA ZARATE ESCOBAR VS. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR QUE NO SE REALICEN DESCUENTOS EN NOMINA, POR PRIMA DE ACTIVIDAD-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE. Se Aduce que la Dirección de Personal del Ejército Nacional vulneró derechos fundamentales de la actora, al ordenar la realización de descuentos mensuales por concepto de la prima de actividad que, según se demostró, percibió durante los 126 días que duró su licencia de maternidad. Con la acción de tutela se pide al juez constitucional que ordene a la entidad suspender el referido descuento y la devolver el monto correspondiente a las cuotas descontadas. Como quiera que la accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial para reclamar la protección de sus garantías y no logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, la Corte decidió confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada
Recibo Relatoria:   2020-08-26


Item 319    Expediente   RE-325    Fecha sentencia   2020-08-20    Sentencia   C-330/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 798/20

Tema: APOYOS AL SECTOR MINERO. Revisión de constitucionalidad del Decreto 798 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan medidas para el sector minero-energético en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. El estudio de la presente norma se realizó a través de tres ejes temáticos que agrupan la totalidad de las medidas adoptadas en esta norma, a saber: (i) medidas en el sector minero, (ii) medidas en el sector de energía eléctrica y (iii) medidas en el sector de hidrocarburos. En términos generales las disposiciones del decreto hacen alusión a créditos a pequeños mineros y mineros de subsistencia, distribución de ciertas regalías, pago diferido de servicios públicos domiciliarios de energía y gas, líneas de redescuento y compensación de tasa, mitigación de los efectos de la baja demanda de combustible para avión y la continuación de inversiones en hidrocarburos y minería. De declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto objeto de estudio, a excepción de la expresión “mediante decisión que no será susceptible de recursos”, contenida en el artículo 7º. que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-09-24


Item 320    Expediente   RE-344    Fecha sentencia   2020-08-20    Sentencia   C-331/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 817/20

Tema: CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EMISION DE VALORES DE SEGUNDO MERCADO Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 817 de 2020, por el cual se establecen las condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La norma objeto de estudio tiene como propósito permitir el ingreso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en el mercado de valores. La Corte determinó que dicha disposición cumple los requisitos formales y materiales de validez definidos por la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional y, en tal sentido, declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 321    Expediente   D-13455    Fecha sentencia   2020-08-20    Sentencia   C-332/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    JUAN FELIPE DIAZ CASTAÑO Y OTROS VS. LEY 130/94

Tema: ESTATUTO BASICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. IMPUGNACIÓN CIUDADANA DE CLÁUSULAS ESTATUTARIAS ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) de la Ley 130 de 1994, por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones. Los demandantes cuestionan el aparte normativo que determina que la facultad de los ciudadanos para impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas de los estatutos de los partidos y movimientos políticos así como las decisiones de sus autoridades, por ser contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, es de veinte días desde la adopción de la respectiva decisión. Según los actores, la restricción temporal establecida en dicha norma, desconoce los artículos 107, 1, 4 y 40 de la Carta Política. Frente al cargo relativo al desconocimiento del principio de participación política consagrado en los artículos 1° y 40 de la Constitución se decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-089/94, que declaró exequible el artículo 7 del Proyecto de Ley Estatutaria número 11 de 1992 de la Cámara de Representantes y 348 de 1993 del Senado de la Republica, por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, promulgado como Ley 130 de 1994. La Sala Plena se declaró INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del cargo por desconocimiento del deber de responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por toda infracción a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación consagrado en el inciso séptimo del artículo 107 de la Constitución Política, formulado contra la expresión “dentro de los veinte días siguientes”, contenida en el inciso primero del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria:   2020-10-28


Item 322    Expediente   T-7211254 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-20    Sentencia   SU.333/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    JHON FREDY RODRIGUEZ SUAREZ Y OTROS VS. SALA DE DEFINICIONES DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JEP Y OTROS

Tema: ACCION DE TUTELA PARA LA RESOLUCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS DE QUIENES SE SOMETIERON A LA JEP. REGLAS. En 20 acciones de tutela formuladas de manera independiente se reúnen 25 solicitudes de personas procesadas por jueces penales o por la justicia penal militar que acuden ante diferentes instancias de la JEP, con el fin de solicitar que dicha jurisdicción asuma competencia sobre sus procesos penales originados, en su criterio, por hechos ocurridos con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Todos los peticionarios pretenden que se les aplique los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. De manera inicial la Corte entró a establecer si las solicitudes formuladas correspondían a peticiones de carácter judicial y como tal, debían contestarse siguiendo los requisitos y exigencias del procedimiento transicional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en las Leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y 1957 de 2019 o, por el contrario, eran de carácter administrativo y en esa medida, se trataban de derechos de petición que debían responderse con base en las normas establecidas en la Ley 1755 de 2015. Luego de determinar que todos los escritos tenían un contenido eminentemente judicial, se analizó temática relacionada con: 1º. Las reglas constitucionales sobre la procedencia de la acción de tutela contra autoridades de la JEP. 2º. Los términos legales previstos en las leyes precitadas, para que las Salas de Justicia competentes respondan las solicitudes sometidas a su estudio. 3º. El precedente constitucional sobre las peticiones ante autoridades judiciales y, 4º. Las reglas constitucionales sobre el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable. Dependiendo de las particularidades de cada caso se declaró en algunos expedientes la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que la JEP dio respuesta a los comparecientes. En otros asuntos se confirmaron las decisiones de instancia que denegaron el amparo al derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de justicia y, en algunos, se concedió el amparo al derecho al debido proceso, al comprobarse la violación de esta garantía, por la dilación injustificada de la autoridad judicial cuestionada al resolver la petición de los actores. Por último, la Corporación decidió exhortar al Órgano de Gobierno de la JEP que, conforme al Reglamento vigente, mantenga la vigilancia y evaluación periódica de las medidas de descongestión, y cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, ajuste los planes adelantados por la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de garantizar que se apliquen y profundicen los mecanismos que evidencien mejores resultados.
Recibo Relatoria:   2021-01-22


Item 323    Expediente   T-7337215 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-334/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    COOPNALSERVIS VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES

Tema: ALCANCE DEL ARTICULO 121 DEL CGP DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO LABORAL En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye a autoridades judiciales la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los peticionarios, a raíz de adoptar decisiones en las cuales incurrieron en un defecto orgánico por falta de competencia, al no cumplir con el término previsto en el artículo 121 del CGP. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial en cada uno de los casos, se reitera jurisprudencia sobre las características del defecto orgánico. Así mismo, se explican los alcances del artículo 121 del CGP y se analiza esta normativa desde la perspectiva del proceso laboral. De acuerdo a las particularidades de cada caso la Corte decidió negar el amparo en tres y, en el otro, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 324    Expediente   T-7608187    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-335/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    VICTOR MANUEL CORTES VS. COLPENSIONES Y OTRO

Tema: PENSION DE VEJEZ-CONFLICTO ENTRE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES NO PUEDE AFECTAR LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL AFILIADO El actor aduce que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento pensional que solicitó, con fundamento en un conflicto administrativo negativo de competencias suscitado por una falta de certeza sobre el momento de afiliación a dichas entidades, sin tener en consideración el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Se aborda temática relacionada con los conflictos de competencia entre Colpensiones y la UGPP como trabas injustificadas para acceder a derechos pensionales y se CONCEDE el amparo invocado como mecanismo transitorio, hasta tanto culmine el proceso ordinario laboral que se encuentra en curso.
Recibo Relatoria:   2020-08-28


Item 325    Expediente   T-77855591    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-336/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    EDISON JHOAHO GONZALEZ TILAGUY VS. SEGUROS MUNDIAL S.A

Tema: HONORARIOS DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO El actor considera que la respuesta que le dio la Aseguradora accionada a su petición relacionada con el cubrimiento del costo de los honorarios de la Junta Regional de Calificación del Meta para la valoración de su pérdida de capacidad laboral, necesaria para reclamar posteriormente la indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito previsto en el SOAT, vulnera sus derechos fundamentales. La entidad no accedió a la pretensión y justificó su negativa en un concepto de la Superintendencia Financiera que indica que los honorarios de las juntas de calificación deben ser cancelados por quien solicita la evaluación. Se aborda temática relacionada con la seguridad social como derecho fundamental, la regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente de tránsito y, los honorarios de las juntas de calificación de invalidez. La Corte concluye que, una compañía de Seguros vulnera el derecho a la seguridad social al omitir su deber de realizar, en primer lugar, el examen de pérdida de capacidad laboral a sus asegurados, cuando asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. Asimismo considera, que dicha entidad debe sufragar los costos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en caso de que dicha decisión sea impugnada; así como los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez si hubiere lugar a la apelación del dictamen; cuando esté demostrado que el asegurado carece de recursos económicos para asumirlos directamente. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-08-28


Item 326    Expediente   T-7780975    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-337/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    FERLEY GAVIRIA GALVEZ VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ATENCION MEDICA COMO MIEMBRO RETIRADO DEL EJERCITO-IMPROCEDENCIA El actor alega que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulneró sus derechos fundamentales, al tomar la decisión de no vincularlo al programa especial para portadores de VIH/SIDA y no prestarle la atención médica que requiere, por no encontrarse activo en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Se aborda temática relacionada con el régimen de los afiliados y beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y sobre el derecho a la salud que se predica de miembros retirados del ejército. Teniendo en cuenta que la patología alegada por el tutelante no está asociada a la prestación del servicio militar y que actualmente no mantiene ningún vínculo con la institución cuestionada, considera la Corte que la decisión de no brindar la atención médica pretendida no vulnera ningún derecho fundamental. Consecuentemente con lo anterior, se DENIEGA el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-21


Item 327    Expediente   T-7345779    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-338/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO Y OTRA VS. AVIANCA S.A. Y OTRO

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-SE RESTABLECIERON BENEFICIOS A PILOTO, COMO DESCUENTOS EN COMPRA DE TIQUETES El accionante considera que Aerorepública y Avianca vulneraron sus derechos fundamentales al quitarle el beneficio de los boletos ZED, el cual corresponde a un acuerdo privado que realizan distintas aerolíneas para darle a sus empleados descuentos en las tarifas de compra de tiquetes aéreos para ellos y para sus beneficiarios. Así mismo, por imponerle un trámite distinto al de los demás empleados para el reconocimiento de los tiquetes con otras aerolíneas. Las pretensiones del actor están orientadas a que se reanuden dichos beneficios y que se le permita el ingreso a la plataforma en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. En el trámite de revisión la Corte pudo constatar que cesó la conducta que dio origen al presente amparo constitucional, por cuanto al peticionario y a su grupo familiar le fueron restablecidos los beneficios de compra de tiquetes derivados del acuerdo ZED con Avianca. En tal sentido se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. Respecto a las demás pretensiones, se declaró la improcedencia del amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-10-16


Item 328    Expediente   T-7577342    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-339/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ANDRES RAMIREZ URBANO VS. DIARIO EL PAIS

Tema: LIBERTAD DE INFORMACIÓN EJERCIDA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. REGLAS El actor considera que el diario El País quebrantó sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad y a la propia imagen, al haber publicado en su página web oficial el video sin editar del percance automovilístico que sufrió en una vía pública, sin contar con su consentimiento. Así mismo, por negarse a eliminar las imágenes en las que podía ser reconocido o identificado, en tanto éstas han dado lugar a burlas y comentarios falaces en su contra. El medio de comunicación adujo que no vulneró garantía constitucional alguna y que su actuación obedeció a un ejercicio legítimo de la libertad a informar. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión y de información, haciendo énfasis en la protección especial que se deriva del ejercicio de tales garantías en cabeza de los medios de comunicación, y se aborda temática relacionada con la protección constitucional a los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la propia imagen cuando entran en conflicto con las libertades de información y prensa. Se DENIEGA el amparo invocado y se insta al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Constitucional, para que en casos análogos al aquí examinado aplique la jurisprudencia constitucional relativa a la protección de las libertades de expresión, información y prensa, de conformidad con lo que fue expuesto en este fallo.
Recibo Relatoria:   2020-09-21


Item 329    Expediente   T-7650952    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-340/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    JOSE FERNANDO ANGEL PORRAS VS. ICBF Y OTRO

Tema: PRINCIPIO DEL MÉRITO COMO PRINCIPIO RECTOR DEL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA LEY 1960 DE 2019 Se aduce que el ICBF y la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneraron derechos fundamentales del actor, como consecuencia de la negativa de agotar la lista de elegibles para cubrir la vacante de Defensor de Familia, código 2125, grado 17, en el centro zonal de San Gil, en la cual hacía parte por haber participado en el concurso de méritos que se ofertó a través de convocatoria pública. Las entidades accionadas alegaron que no había lugar al pretendido nombramiento, por cuanto el cargo al que hacía referencia el peticionario, por cuanto el mismo no fue convocado inicialmente. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las normas y la jurisprudencia sobre el derecho de quienes conforman una lista de elegibles a ser nombrados y posesionados en los cargos convocados. 2º. La Ley 1960 de 2019 y su aplicación en el tiempo. 3º. El principio constitucional del mérito como principio rector del acceso al empleo público. La Corte considera que el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la precitada ley aplica a la situación de las personas que ocupan un lugar en la lista de elegibles que excedía el número de vacantes ofertadas y por proveer. Es decir que, si dichas personas son las siguientes en orden y existe una lista vigente, en caso de producirse una vacante para ese empleo, aun cuando no haya sido ofertado, tendrán derecho a ser nombradas en las vacantes definitivas que se vayan generando. Se CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria:   2020-09-16


Item 330    Expediente   T-7676912    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-341/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    MARIA MARGARITA BOLAÑOS MAYA VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

Tema: ENTREGA DE SUBSIDIOS SOCIALES CONDICIONADA A LA ESCOLARIZACION DE NIÑOS La accionante, actuando en representación de una hija que tiene varias patologías que le generaron una discapacidad crónica permanente, aduce que la autoridad demandada vulneró derechos fundamentales de la adolescente al retirarla del programa Familias en Acción, luego de cumplir los siete años de edad. Tras solicitar la continuidad de las ayudas, le fue indicado a la actora que los auxilios educativos para la menor estaban supeditados a su escolarización. La peticionaria alega que su hija no puede asistir con regularidad a ningún establecimiento educativo debido a las enfermedades que padece, pero que requiere los auxilios, en tanto la familia se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud y ella no puede trabajar por estar dedicada exclusivamente al cuidado de la niña. Se aborda temática relacionada con el derecho a la educación de los menores con discapacidad y la escolaridad como condición del incentivo educativo del programa Familias en Acción. La Corte concluye que no es procedente la protección solicitada de la manera pretendida, toda vez que los requisitos exigidos para la entrega del subsidio son, prima facie, constitucionalmente aceptables. No obstante lo anterior, considera que se debe propender en primer lugar por el cumplimiento de estos requerimientos pero también porque la familia y las entidades del Estado competentes busquen que la menor estudie acorde a sus capacidades. En tal sentido, se confirma la decisión de instancia que denegó el amparo invocado, pero se imparten una serie de órdenes conducentes a logar que la joven pueda escolarizarse para recibir el auxilio educativo o para que se exceptúe este requisito, en el evento en que no pueda estudiar debido a su condición de discapacidad y no exista un programa que salvaguarde su derecho al mínimo vital.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 331    Expediente   T-709*2205    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-342/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO PADILLA CEPEDA VS. COMUNIDD DE LA PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Tema: DERECHO AL BUEN NOMBRE DE BRIGADA MILITAR Y LA IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA VIOLENCIA ARMADA Y LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD DE LOS COMUNICADORES El accionante, actuando en calidad de comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, considera que la Comunidad de Paz de San José del Municipio de Apartadó vulneró derechos fundamentales de dicha unidad militar y del personal que la compone, en virtud de las publicaciones realizadas en su página web, a través de las cuales se afirmó que actuaban en complicidad con organizaciones al margen de la ley, sin que existiera alguna prueba de ello. La parte actora pretende que el juez constitucional le ordene a la accionada rectificar la información que divulgó, con el propósito de que sea veraz e imparcial, ya que la misma afecta su buen nombre y honra. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Los derechos al buen nombre y a la honra. 2º. La libertad de expresión. 3º. La importancia de la divulgación de información relacionada con la violencia armada y la consecuente responsabilidad de los comunicadores y, 4º. La prerrogativa fundamental a la rectificación de información. Se CONCEDE la protección invocada y, a) se declara, a título de reparación, que se presentó una vulneración del derecho al buen nombre de la Brigada accionante, así como de la prerrogativa a la honra de sus integrantes y, b) se insta a la Comunidad tutelada, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las actuaciones reprochadas en el presente proceso.
Recibo Relatoria:   2020-11-18


Item 332    Expediente   T-7781236    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-343/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO ZAPATA VS. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE RISARALDA

Tema: PAGO DE HONORARIOS A LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN Y EL ACCESO A LA PRESTACIÓN HUMANITARIA PERIÓDICA PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA El actor aduce que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al exigirle pagar los honorarios contemplados en el Decreto 1072 de 2015, como requisito para obtener el dictamen de pérdida de capacidad laboral requerido para acceder a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado. El peticionario alegó no tener los recursos económicos para el efecto. Se reitera jurisprudencia referente al pago de honorarios a las juntas de calificación y al acceso a la prestación humanitaria periódica para las víctimas de la violencia. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la Junta cuestionada ponerse en contacto con el actor, a fin de celebrar un acuerdo de pago dirigido a determinar las condiciones en las que serán cancelados los honorarios exigidos para proceder con la valoración de su pérdida de capacidad laboral. Se dispone que, celebrado el precitado acuerdo y sin que sea oponible la obligación de pago del total de los honorarios, se proceda a realizar la valoración correspondiente y a proferir el dictamen a que haya lugar para el trámite del reconocimiento de la prestación humanitaria pretendida.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 333    Expediente   T-7127827 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-344/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ESPERANZA COMETA Y OTRA VS. JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI Y OTROS

Tema: PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente, las actoras presentan como hecho común que fueron víctimas de violencia física, psicológica e incluso sexual por parte de sus exparejas sentimentales, con quienes convinieron poner fin a la relación marital y, con ese objeto, suscribieron acuerdos económicos en virtud del cual, ellos se comprometían a abandonar la vivienda familiar a cambio de una determinada suma de dinero, que equivaldría a sus derechos patrimoniales sobre el inmueble cuyo registro de propiedad figuraba a nombre de las peticionarias. En un primero caso se cuestiona el fallo proferido en un proceso ejecutivo singular de menor cuantía iniciado en contra de la tutelante por su excompañero permanente, en el que el acta de conciliación, título base de la ejecución, no reunía los requisitos establecidos en la Ley 640 de 2001 para su validez, toda vez que la obligación allí consignada estuvo precedida de actos constitutivos de violencia intrafamiliar. En el otro asunto se ataca la providencia que libró mandamiento de pago en contra de la accionante y ordenó seguir adelante la ejecución, sin permitirle ser oída en el proceso para exponer los hechos de violencia intrafamiliar que la forzaron a contraer la obligación respaldada en el título base de recaudo. Se analiza la siguiente temática: 1º. La protección integral de los derechos de la mujer a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de cualquier tipo de violencia. 2º. Las barreras que enfrentan las mujeres para el acceso a la administración de justicia. 3º. La perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad jurisdiccional. 4º. La jurisprudencia constitucional en relación con la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia. 5º. Los criterios de equidad para una administración de justicia con perspectiva de género y, 6º. El deber de los conciliadores en derecho de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio la función de administrar justicia de manera transitoria. En el primer expediente se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado y, en el segundo, se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-11-19


Item 334    Expediente   T-7225913    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-345/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LKBA VS. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

Tema: DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE MENOR CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE La actora actúa en representación de un hijo de ocho años de edad que tiene diagnosticadas varias patologías y que presenta un perfil intelectual y promedio bajo. Como consecuencia de lo anterior, el niño no fue aceptado para el año lectivo 2018 en el colegio al que asistía, bajo el argumento de que la institución no contaba con herramientas pedagógicas para tratarlo, por lo cual la accionante le pidió a la Secretaría cuestionada la asignación de un cupo escolar para el grado segundo de primaria en un centro educativo de calendario B y privado, que cumpliera con tales estándares. No obstante lo anterior, la entidad asignó un cupo para el grado primero. Por lo anterior, se instauró la acción de tutela para reclamar la asignación de un cupo en el grado segundo de primaria, en un plantel educativo especializado en el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad mixto (TDAH), con cubrimiento total de los costos que ello represente. Se analizó temática relacionada con las diferencias entre el TDAH, la dislexia, la disgrafía y la discapacidad y el derecho a la educación inclusiva en Colombia. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la institución educativa en la que se encuentra el menor que, si aún no lo ha hecho, proceda a realizar los cambios curriculares o pedagógicos necesarios en el proceso académico de éste, como parte de la implementación y monitoreo del Pan Individual de Ajustes Razonable que hubiese sido elaborado para tal efecto, con el fin de garantizar su derecho a la educación inclusiva, en los términos en que fue planteado en esta providencia. Así mismo, se ordena a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. que analice si en el caso del hijo de la actora es posible otorgar un subsidio de transporte, de acuerdo con las exigencias normativas previstas para tal efecto.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 335    Expediente   T-7331296    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-346/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    LUZ MARINA ALVARADO GAITAN VS. ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES UNIDOS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE FONTIBON

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD La actora aduce que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al no renovar su contrato de trabajo como madre comunitaria y darlo por terminado de manera unilateral, sin que para el efecto mediara autorización especial como consecuencia de su estado de debilidad manifiesta, habida cuenta de la enfermedad que padece. La Asociación alegó el vencimiento del plazo formalizado entre las partes y la existencia de una justa causa amparada en la enfermedad crónica de la trabajadora, en tanto su curación no fue posible durante 180 días. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. 2º. El alcance normativo del precitado derecho de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de sus afecciones físicas, sensoriales o psicológicas. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada y se ordena a la accionada garantizar la continuidad de la vinculación de la peticionaria al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones mediante el pago de los respectivos aportes, por el término que esta requiera mientras se finiquita el trámite administrativo de calificación de su pérdida de capacidad laboral, con independencia de su resultado. Lo anterior significa que dicho gravamen cesará una vez la entidad competente lleve a cabo hasta su culminación el respectivo proceso de calificación, en el cual se determine con carácter definitivo el origen y grado de su discapacidad, así como el eventual reconocimiento y pago de una prestación económica.
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 336    Expediente   T-7733430    Fecha sentencia   2020-08-21    Sentencia   T-347/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    JEAN CARLOS DIAZ BERTEL VS. JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA Y OTRO

Tema: TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA En este caso se cuestionan las decisiones judiciales que rechazaron, por extemporánea, la demanda de reparación directa instaurada por el actor y sus familiares contra la Nación (Ministerio de Defensa y Armada Nacional), con el propósito de reclamar la indemnización de perjuicios causados por la pérdida de capacidad laboral que le generó el accidente ocurrido a raíz de la manipulación que hizo un compañero del armamento de dotación, cuando prestaban el servicio militar obligatorio en calidad de infantes militares. El precitado incidente ocurrió a mediados del año 2015 y el porcentaje de PCL fue dictaminada a finales del año 2016 por la Junta Médico Laboral. Se aduce que dicha decisión incurrió en varios defectos y por tanto, violó garantías fundamentales. Se reitera jurisprudencia constitucional en torno a las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo énfasis en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Carta Política. Así mismo, se revisa jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la caducidad del medio de control de reparación directa. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena al Tribunal accionado resolver nuevamente el recurso de apelación formulado por accionantes, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, sin que pueda reiterar el argumento relativo a la oportunidad de la demanda de reparación directa.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 337    Expediente   T-7573990    Fecha sentencia   2020-08-24    Sentencia   T-348/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ROBERTO CARLOS GUZMAN FONTALVO VS. JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE SOLEDAD

Tema: DERECHO A LA LIBERTAD Y AL DEBIDO PROCESO PENAL-VULNERACION POR PRIVACION DE LA LIBERTAD PROLONGADA POR EXTRAVIO DE EXPEDIENTE JUDICIAL El actor se encuentra privado de la libertad desde hace más de diez años, con ocasión de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que le fue impuesta por el juez de garantías, pero la administración de justicia se ha negado a adelantar cualquier trámite relacionado con su libertad, debido a que el expediente penal no aparece en poder de ninguna autoridad judicial. El accionante considera que debe quedar en libertad, porque tanto la acción como la sanción se encuentran prescritas. Se analiza temática relacionada con: 1º. El derecho a la libertad en la etapa de investigación del proceso penal. 2º. El acceso al expediente judicial como manifestación del derecho al debido proceso. La Corte encontró acreditada la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso del peticionario, en tanto se permitió la prolongación de su privación de la libertad por más de diez años, luego de que la Fiscalía archivara el expediente sin antes haber solicitado la preclusión del mismo ante la autoridad judicial correspondiente. Para la Sala, ni el juez del caso, ni las Fiscalías que actuaron dentro del proceso penal, permitieron un acceso real y efectivo a la administración de justicia, ni ejercer en debido forma el derecho de defensa del imputado. El primero, al no conservar copia de la actuación realizada en calidad de juez de control de garantías y, las segundas, al no haber procedido a poner a disposición del accionante y de su apoderado la carpeta que consideraban extraviada pero que, en su lugar, fue archivada. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena al juzgado cuestionado disponer, de manera inmediata, la libertad del actor. A la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico y a las fiscalías involucradas, se les ordena ubicar la carpeta penal mencionada y suministrar al accionante y/o a su apoderado, la información relacionada con las actuaciones que se adelantaron luego de la imputación de cargos, a fin de que éste pueda ejercer en debida forma su defensa material y técnica.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 338    Expediente   OG-160    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   C-349/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alberto Rojas Ríos AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y OTRO VS. PROYECTO DE LEY 206/16 SENADO Y 094/15 CAMARA

Tema: PENSIÓN DE VEJEZ. NÚMERO DE SEMANAS POR COTIZAR PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR PARTE DE LAS MUJERES Objeciones presidenciales al proyecto de Ley 206 de 2016 Senado y 094 de 2015 Cámara, por medio del cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres. En el precitado proyecto se dispuso que las mujeres podrían pensionarse con 1150 semanas de cotizaciones, para obtener una prestación de hasta dos salarios mínimos. El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público formularon tres tipos de cuestionamientos a dicha disposición, todos fundadas en razones de inconstitucionalidad. Se alegó la carencia del aval gubernamental, el desconocimiento de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la violación del principio de equidad. La ausencia de iniciativa gubernamental exigida por la Carta Superior para los proyectos de ley relativos a tributos que pueden ser impuestos, tasas o contribuciones parafiscales, determinó la inconstitucionalidad del proyecto objetado por el Gobierno Nacional, sin necesidad de abordar el examen de los restantes cuestionamientos. Se declaran FUNDADAS las objeciones y, en consecuencia, INEXEQUIBLE el proyecto de ley precitado.
Recibo Relatoria:   2020-11-23


Item 339    Expediente   RE-310    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   C-350/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 662/20

Tema: CREACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN PARA MITIGAR LA DESERCIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID19. Revisión de constitucionalidad del Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El principal objetivo del Decreto analizado es mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad, a través de la creación un Fondo de Solidaridad cuyos recursos se dirigen a apalancar planes de apoyo para el cubrimiento del costo de las pensiones y las matrículas, en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior, así como en los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Adelantada la revisión respectiva consideró la Corte que las medidas adoptadas en dicho instrumento jurídico satisfacen plenamente los requisitos formales y materiales que se desprenden de la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y, por ello, declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-11-25


Item 340    Expediente   RE-320    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   C-351/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales SPV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 774/20

Tema: ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE RENTA Y A LA LEY DE APROPIACIONES DEL PERIODO FISCAL 2020. LIQUIDACIÓN DE DICHA ADICION Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 774 de 3 de junio de 2020, por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La Corte determinó que la adición presupuestal que contiene la precitada norma satisface los juicios materiales de constitucionalidad, a excepción de las disposiciones que incluyen como medida de excepción la liquidación presupuestal, puesto que esto corresponde a facultades ordinarias del Gobierno Nacional. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2 y 6 del Decreto Legislativo 774/20 e INEXEQUIBLES los artículos 3, 4 y 5 ibídem.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 341    Expediente   RE-307    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   C-352/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 658/20

Tema: MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS MEDIOS ABIERTOS RADIODIFUNDIDOS Y LA TELEVISIÓN COMUNITARIA Revisión de constitucionalidad del Decreto 658 del 13 de mayo de 2020, por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitaria en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Esta norma tiene dos objetivos esenciales: (i) aplazar el pago de algunas obligaciones que la televisión abierta radiodifundida, la televisión y radio comunitarias, y la radio de interés público tienen con el Estado; y (ii) ampliar las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), con el fin de que se establezcan líneas de crédito y fomento a favor de los operadores de servicios y redes de telecomunicaciones. Esto, con el fin de concurrir en el normal funcionamiento de dichos servicios públicos, puesto en riesgo tanto por la disminución de sus ingresos derivados de pauta publicitaria, patrocinios, aportes de asociados en el caso de la televisión comunitaria e inversiones estatales propias de la difusión de campañas; como por los efectos generales de la contracción económica derivada de la pandemia y que afectan a los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en especial aquellos de menores ingresos. La Corte encontró que el decreto examinado no ofrece controversias constitucionales y se inserta dentro de las medidas vinculadas a la atención de la emergencia y, en particular, la garantía del normal funcionamiento de los medios de comunicación que tienen un lugar central en la difusión de las políticas públicas implementadas para la contención de la crisis y sus efectos. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-02


Item 342    Expediente   T-7532245    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   SU.353/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO VS. CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B

Tema: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPECTO A LA IMPUTACION JURIDICA DE DAÑOS ACAECIDOS EN EL MARCO DE ACTOS TERRORISTAS -CLUB EL NOGAL- La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa cuestionan el fallo judicial adoptado en segunda instancia al interior de un proceso de reparación directa interpuesto en contra de varias entidades gubernamentales, por hechos relacionados con la explosión de un carro bomba en las instalaciones del club El Nogal, a comienzos del año 2003, en la ciudad de Bogotá D.C. La Sentencia cuestionada declaró a las accionadas patrimonial y administrativamente responsable de los perjuicios causados a los demandantes por el referido atentado. Se atribuye a la referida decisión la vulneración al debido proceso, por incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, así como en una violación directa de la Constitución. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El desconocimiento del precedente judicial en decisiones del Consejo de Estado. 3º. El régimen de responsabilidad del Estado en punto a la imputación jurídica de daños acaecidos en el marco de actos terroristas, a la luz de las consideraciones expuestas en sentencia dictada por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se realizó un balance jurisprudencial sobre los casos en los cuales se ha atribuido responsabilidad patrimonial al Estado por los daños causados por actos violentos de terceros a partir de los títulos de imputados depurados por la misma, tales como, falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la sentencia impugnada y se ordena a la accionada proferir una nueva decisión en el proceso administrativo mencionado. La Sala Plena enfatizó en la necesidad de que, particularmente cuando se está frente a decisiones de los órganos de cierre de las jurisdicciones, exista consistencia en los pronunciamientos, sin que la diversidad en la asignación interna de los asuntos o en la composición de las salas o secciones encargadas de resolverlos, se traduzca, de manera irresoluble, en la inestabilidad de las reglas de decisión, con grave desmedro de la seguridad jurídica y de la igualdad.
Recibo Relatoria:   2021-03-16


Item 343    Expediente   T-7616782 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-08-26    Sentencia   SU.354/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alberto Rojas Ríos AV:José Fernando Reyes Cuartas AV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    LUIS CAMILO OSORIO ISAZA Y OTRA VS. CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A

Tema: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS AGENTES DEL ESTADO Y LA ACCION DE REPETICION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION POLITICA En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores atribuyen la vulneración de sus derechos fundamentales al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de las sentencias condenatorias que profirió dentro de las causas de repetición que la Fiscalía General de la Nación y la ESE Hospital Regional de Duitama, respectivamente, iniciaron en su contra por las indemnizaciones que debieron pagar por los yerros en la declaratoria de insubsistencia de trabajadores de las referidas entidades, durante los periodos en que los peticionarios actuaron como representantes legales de las mismas. En el primer expediente se aduce que en el fallo cuestionado se incurrió conjuntamente en violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo, porque estableció la responsabilidad patrimonial por la expedición del acto de insubsistencia con base en consideraciones propias del régimen de carácter objetivo contemplado en el inciso primero del artículo 90 Superior, cuando lo procedente era aplicar el inciso segundo de la misma disposición, que estipula un modelo de responsabilidad de naturaleza subjetiva para el efecto. En el otro caso se alega que la autoridad accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, porque fundamentó la responsabilidad patrimonial de la actora en lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001, a pesar de que no se configuraba el supuesto de hecho de dicha disposición, ni se demostró que actuó con culpa grave al expedir el acto de insubsistencia que dio origen a la condena al Estado. Asimismo, se alegó la violación directa de la Constitución, ya que condena impuesta desconoció el principio superior de proporcionalidad. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se aborda temática referente a: 1º. La responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado y, 2º. La acción de repetición en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. En los dos casos se CONCEDIÓ el amparo invocado, en uno, por vulneración del derecho al debido proceso y en el otro, por no observarse proporcionalidad y razonabilidad en el monto de la suma impuesta mediante la acción de repetición.
Recibo Relatoria:   2021-03-03


Item 344    Expediente   T-7494532    Fecha sentencia   2020-08-27    Sentencia   SU.355/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA VS. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, POR CUANTO CONSEJO DE ESTADO DESCONOCIÓ ARTÍCULO 257A SUPERIOR, CONFORME A LA SENTENCIA C-285/16, LO QUE CONLLEVÓ BLOQUEO INSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA El Consejo Superior de la Judicatura presentó acción de tutela en contra de una sentencia dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la nulidad por inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de julio de 2016. Como consecuencia de lo anterior, también quedó sin efectos el Acuerdo que contenía las ternas que se formulaban al Congreso para proveer cuatro cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Corporación accionada interpretó el artículo 257A de la Carta en el sentido de concluir que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular la convocatoria pública para la selección de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dado que en virtud de los artículos 126, 256 y 257 superiores, dicha atribución correspondía al legislador estatutario, en virtud de los principios de reserva de ley y separación de poderes. Se alega que dicho fallo vulneró derechos fundamentales al incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente constitucional, al contradecir lo establecido en la Sentencia C-285/16. También se aduce un defecto orgánico, dado que asignó al Congreso, en virtud de su interpretación particular, una competencia que la Constitución no le atribuyó, tendiente a exigir la expedición de una ley destinada a la regulación de la convocatoria pública orientada a la elección de los candidatos para integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se aborda temática relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de nulidad por inconstitucionalidad y el del cumplimiento de los requisitos de la tutela contra providencias judiciales. La Corte concluyó que el Consejo de Estado se apartó de la cosa juzgada constitucional al interpretar el artículo 257A de la Constitución en contravía de las modulaciones y condicionamientos expuestos en la Sentencia C-285/16, en la cual se estableció con claridad que el Consejo Superior de la Judicatura asumiría las atribuciones constitucionales que, en su momento, habían sido otorgadas al Consejo de Gobierno Judicial respecto de la elaboración de las ternas para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en tanto que dicho Consejo de Gobierno Judicial desapareció del mundo jurídico y frente al Consejo Superior de la Judicatura operó la reviviscencia normativa. Igualmente concluyó que presentó un bloqueo institucional inconstitucional cuando al evaluar la validez constitucional de un acto administrativo se inhibe el desarrollo de la Constitución, a través de una interpretación judicial que desafía a la propia Carta o produce una parálisis funcional o institucional que afecta la eficacia de la Constitución. Es decir, cuando las sentencias de dicho Tribunal conducen a lecturas de las normas constitucionales que implican la pérdida de efectos de los mandatos establecidos en la Carta. Se CONCEDE el amparo invocado y se dispone que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de la Constitución, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta sentencia, deberán enviar al Congreso de la República, previa convocatoria pública reglada, las ternas que les corresponden conformar, para efectos de que esa Corporación proceda a la elección de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año en curso.
Recibo Relatoria:   2020-09-17


Item 345    Expediente   T-7690013    Fecha sentencia   2020-08-27    Sentencia   T-356/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    JOHN EDER VILLAREAL BAGUI VS. UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Tema: DERECHO A LA EDUCACION Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE MIEMBROS DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y DESPLAZADOS El accionante, afrodescendiente y miembro de las comunidades negras del Pacífico, aduce que la universidad cuestionada vulneró sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la diversidad étnica y cultural, al negar su solicitud de inscripción a los programas de ingeniería ambiental y arquitectura dentro del cupo especial previsto para la comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de haber culminado sus estudios de educación media en una institución ubicada en la Zona Pacífica del Departamento de Nariño, lo cual desconoció su calidad de desplazado por la violencia. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la educación superior; el alcance de la autonomía universitaria y las acciones afirmativas en favor de miembros de comunidades afrocolombianas y de desplazados. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la entidad valorar, en la próxima convocatoria de pregrado después de la publicación de la presente providencia, la inscripción ya efectuada por el actor bajo la modalidad de cupo especial previsto para la población desplazada.
Recibo Relatoria:   2020-10-26


Item 346    Expediente   T-7697179    Fecha sentencia   2020-08-27    Sentencia   T-358/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    MARIA EMILCE SALDAÑA VS. MAGNOFORMA SAS EN LIQUIDACION

Tema: DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES Y DERECHO DE INSPECCION EN EL AMBITO SOCIETARIO Se atribuye a la empresa accionada la vulneración del derecho fundamental de petición, como consecuencia de no dar respuesta a la solicitud que le formuló la actora a mediados del año 2019, en donde, entre otras cosas, pidió los certificados de los dividendos pagados entre los años 2009 y 2018. Teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta a la peticionaria en dos oportunidades diferentes, la Corte se enfocó en determinar si lo contestado fue congruente, preciso y de fondo respecto a lo pretendido. Se analiza temática relacionada con: 1º. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición frente a particulares y la procedencia de la acción de tutela para protegerlo. 2º. Los límites del derecho de inspección y el tipo de información al que un accionista pueda acceder a través de este mecanismo. 3º. La jurisprudencia constitucional proferida recientemente en casos similares al presente y, 4º. Los aspectos esenciales de la carencia actual de objeto por hecho superado. Se confirma parcialmente la decisión de segunda instancia, únicamente en lo referido al ampro del derecho de petición en lo que concierne a la expedición de certificados de entrega de dividendos a la actora en calidad de accionista. Se revoca esta decisión en los demás aspectos. Así mismo, se declara la carea actual de objeto por HECHO SUPERADO en el caso objeto de revisión.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 347    Expediente   T-7067461    Fecha sentencia   2020-08-28    Sentencia   T-359/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    OVELIO SAENZ VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema: PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. REITERACION SENTENCIAS DE UNIFICACION SU.442/16 Y SU.556/19. Colpensiones le negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que solicitó, argumentando el incumplimiento de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, conforme con los requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003. Asimismo, por no cumplir con los requisitos para estudiar la pretensión de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa. Frente a esta decisión el peticionario inició un proceso ordinario laboral y en ambas instancias la pretensión fue denegada. El accionante interpuso el recurso de casación de manera oportuna y formuló la presente acción de tutela en contra de los jueces de primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario. Se aborda temática relacionada con el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez (unificación jurisprudencial contenida en las sentencias SU.442/16 y SU.556/19). Concluyó la Corte que el Tribunal demandado incurrió en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al desatender el alcance constitucional del principio de la condición más beneficiosa, en virtud del cual el actor tiene derecho a acceder a la pensión de invalidez. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 348    Expediente   T-7395713    Fecha sentencia   2020-08-28    Sentencia   T-360/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    FREDY ARMANDO URON FREYTTER VS. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-SE TOMARON MEDIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SOLUCIONES INMEDIATAS EN MATERIA DE MITIGACIÓN DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA SEQUÍA DEL RÍO MURINDÓ El accionante, en su calidad de personero del municipio de Murindó (Antioquia), actúa en representación de las comunidades que residen tanto en el área urbana como rural de dicha localidad. Pretende con la acción de tutela la protección de los derechos fundamentales de sus representados al agua potable, a la vida digna, a la salud, al mínimo vital, a la libre locomoción, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano. Solicita puntualmente que se ordene al juez constitucional que ordene a las entidades demandadas atender de manera integral la emergencia que dio lugar a la calamidad pública decretada en la precitada entidad territorial, adelantando las siguientes acciones: (i) ejecución inmediata de las actividades programadas dentro de los planes de acción aprobados por el CMGRD y el DEPARD; (ii) el suministro permanente y suficiente de agua potable; (iii) el suministro de alimentos y medicamentos; (iv) la atención médica integral; (v) la recuperación y rehabilitación del cauce del río Murindó y de la ciénaga La Legiada; (vi) la reactivación económica de las zonas afectadas y de la población damnificada; (vii) la restauración del impacto ambiental y ecológico; (viii) la implementación de planes de prevención; (ix) la determinación de causas y responsabilidades de las afectaciones; y (x) la remisión de informes semanales sobre los avances en materia de atención integral de la emergencia. Con base en los elementos probatorios allegados a la Sala, se constató que las pretensiones formuladas por la parte actora se encuentran actualmente satisfechas, en especial, aquellas relacionadas con la atención inicial de la emergencia en los componentes de agua potable, alimentación, intervención del río Murindó, construcción de vías de acceso, rehabilitación de cultivos y recuperación del impacto ambiental, se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. No obstante lo anterior, se advierte a las accionadas que deben continuar trabajando de manera articulada para ejecutar en su totalidad el proyecto de traslado de la cabecera municipal de Murindó dentro de los plazos establecidos en el cronograma acordado para tal fin. Ello, sin desatender su obligación de asegurarles a los habitantes de las comunidades indígenas representadas las garantías mínimas del derecho fundamental al agua siempre que lo requieran, mientras terminan de realizarse las obras de construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en el lugar de reubicación del municipio. Así mismo, se insta a la Defensoría del Pueblo (Regional Urabá) para que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, supervise la satisfacción efectiva de las garantías mínimas del derecho fundamental al agua de los habitantes de las precitadas colectividades.
Recibo Relatoria:   2020-10-08


Item 349    Expediente   T-6666413    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-361/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ALLIANZ SEGUROS S.A. VS. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GIRALDO Y OTRO

Tema: PROTECCION DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE DE PERSONA JURIDICA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION EN VALLA PUBLICITARIA La empresa tutelante considera que los ciudadanos accionados, en su calidad de propietario y contratante de una empresa de publicidad, vulneraron sus derechos fundamentales al publicar en una valla, ubicada en una vía pública, el siguiente mensaje: ANTES DE TOMAR UNA PÓLIZA DE SEGUROS, ¿PIENSA CON QUE ASEGURADORA LO HACE? ASEGURADORA ALLIANZ NO ME RESPONDIO”, el que además incluía el logo de la empresa y la paleta de colores similar a la que dicha aseguradora utiliza en el giro ordinario de sus negocios Para la parte actora, el mensaje publicado obedece al propósito deliberado de causar una afectación negativa, en función de lo que se percibe como un incumplimiento de la compañía, la cual no ha sido acreditada ante las instancias competentes. El peticionario solicitó a los demandados retirar la valla y rectificar la información, por ser ésta imprecisa y errónea. La primera pretensión fue acatada, más no la segunda. Se aborda temática relacionada con: 1º. La libertad de expresión e información. 2º. La procedencia de la rectificación y, 3º. El derecho fundamental al buen nombre de las empresas comerciales. Se confirmar parcialmente la decisión de única instancia que concedió el amparo y, se declara a título de reparación, que se presentó una vulneración al derecho al buen nombre comercial de la empresa Allianz Seguros, con ocasión a la valla mencionada, toda vez que al momento en que se publicó su contenido, no había sido declarado por ningún juez de la república que dicha aseguradora hubiese incumplido su obligaciones respecto a la póliza de seguros adquirida por uno de los accionados.
Recibo Relatoria:   2020-11-18


Item 350    Expediente   T-6083432    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-362/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    CAROLINA SANIN PAZ VS. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Tema: DESPIDO ASOCIADO AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y AL GENERO, EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO FRENTE A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA La accionante es escritora, docente y columnista que estuvo vinculada varios años a la planta docente de la universidad accionada. La precitada institución inició en su contra un proceso disciplinario por las publicaciones que realizó en una plataforma digital de comunicación global y en una entrevista radial, a través de las cuales calificó públicamente el perfil, las calidades y las políticas del plantel educativo, así como las prácticas, las actividades, las decisiones y las afirmaciones de algunos de los miembros la comunidad académica. Producto de este proceso, la accionada dispuso la terminación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo, por desatender los deberes como docente de la institución. La peticionara estima que la medida adoptada por el empleador se ampara en una lectura equivocada de sus expresiones, implica un cercenamiento indebido de su facultad para expresar el disenso, el desacuerdo y la crítica, y provoca un efecto intimidatorio en la comunidad educativa. Además, que el despido ignoró el contexto de acoso y violencia de género en el que se inscribieron sus pronunciamientos por los que terminó siendo despedida, y con ello, se generó una nueva forma de revictimización en su contra. A su juicio, lo anterior deviene en una transgresión de la libertad de expresión y del deber de erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego de abordar temática relacionada con los despidos fundados en motivos inconstitucionales asociados al ejercicio de la libertad de expresión y al género, en el entorno universitario, la Corte decidió NEGAR el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2021-01-14


Item 351    Expediente   T-7704190    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-363/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    HENRY JAVIER PEÑA CAÑON VS. ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA

Tema: ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION Y RESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS El Personero de Villa de Leyva, actuando como agente oficioso de las niñas, los niños, los jóvenes educandos y el personal docente y administrativo de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Ricaurte (sede central) de dicho municipio, aduce que las entidades accionadas vulneran los derechos a la educación e integridad personal de sus agenciados, debido al mal estado y deterioro evidente de la infraestructura de la edificación donde funciona el mencionado centro educativo, lo que genera amenaza de ruina y riesgo de derrumbe. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la educación de los menores de edad y sus componentes y, la responsabilidad en el mantenimiento de las infraestructuras educativas. Se confirmó la decisión de segunda instancia que denegó el amparo invocado luego de comprobar, por un lado, que los estudiantes agenciados recibían sus clases normalmente en otras sedes educativas y que se les garantizaba transporte y alimentación; y, por el otro, que no existía necesidad de intervención urgente e inmediata del juez de tutela porque lo que en realidad se pretendía proteger eran derechos colectivos para lo que procede la acción popular regulada por la Ley 472 de 1998. Igualmente, se declaró la improcedencia parcial de la acción de tutela al no existir legitimación en la causa por activa en los derechos invocados respecto del personal docente y administrativo agenciado. Se exhorta a la entidad territorial a establecer una hoja de ruta en la que incluya las herramientas jurídicas que permitan esclarecer la titularidad del bien inmueble donde funciona la sede central de la institución educativa referenciada, para que pueda invertir en el mantenimiento y recuperación de los salones y aulas de clase. Así mismo, se advierte a la Secretaria de Educación de Boyacá que, en atención a los principios de celeridad, eficacia, coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y en el ámbito de sus competencias, desempeñe un rol más activo, participativo y colaborativo en la gestión del mantenimiento de la infraestructura educativa de su región, en particular en municipios no certificados, como Villa de Leyva, ya que el presupuesto de éstos recae en el departamento.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 352    Expediente   T-7632489    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-364/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    EVER PRADO GUERRERO VS. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: DEBIDO PROCESO, ACCESO A UNA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PRONTA Y EFICAZ Y DEBER DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ADOPTAR DECISIONES AJUSTADAS A LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD EN IMPOSICION DE MULTAS En este caso la acción de tutela se interpone en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al tardar 479 días para proferir providencia dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias jurisdiccionales. Con dicho fallo se le impuso al actor una sanción consistente en una multa superior a los cincuenta millones de pesos, más el pago de intereses sobre esa suma, los cuales continúan generándose, más gastos administrativos, por el incumplimiento de un acuerdo de transacción en el que pactó el pago de doscientos mil pesos Se aborda temática relacionada con: 1º. La constitucionalidad del traslado de competencias judiciales a las superintendencias. 2º. La jurisprudencia constitucional sobre acciones de tutela dirigidas contra decisiones judiciales emitidas por la SIC. 3º. El deber de las autoridades judiciales de adoptar decisiones ajustadas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 4º. Los requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 5º. El defecto procedimental y, 6º. Las circunstancias que estructuran la mora judicial injustificada. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos el auto cuestionado y, en consecuencia, todas las decisiones que fueron proferidas por esa entidad con base en dicha providencia, dentro de las cuales se encuentran todas las relacionadas con el proceso de cobro coactivo. Además de lo anterior, se imparten una serie de órdenes a la Superintendencia accionada.
Recibo Relatoria:   2020-12-05


Item 353    Expediente   T-7748972    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-365/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    ALEJANDRO COPETE ROBLES VS. EPCAMS DE VALLEDUPAR

Tema: DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL DE INDIGENAS PRIVADOS DE LA LIBERTAD El accionante, miembro de una comunidad indígena que se encuentra privado de la libertad, aduce que la autoridad cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al negarle el ingreso y uso del ayú y el poporo al interior del establecimiento carcelario, argumentando, por un lado, razones de seguridad y orden y, por el otro, por ser catalogado como una supuesta actividad ilícita. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la diversidad e identidad étnica y cultural en el ordenamiento jurídico colombiano. 2º. Los derechos de las comunidades indígenas en el marco del derecho internacional. 3º. Los derechos de las personas privadas de la libertad. El uso de la hoja de coca como manifestación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y, 5º. Los principios orientadores del sistema penitenciario y el reglamento interno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. La Corte considera que sí existió la trasgresión de garantías constitucionales alegadas, por las siguientes razones: a). Se desconoció del contenido del derecho a la diversidad e identidad étnica y cultural del pueblo indígena. b). Se equiparó erróneamente el uso de la hoja de coca, amparado por la Constitución, con el uso ilícito de la planta como materia prima para la elaboración de la cocaína y el consumo de esta droga. 3º. Se realizó una indebida interpretación y aplicación de las normas que rigen el sistema penitenciario y, 4º. Por la imposición indebida de una visión del mundo no propia de la cultura indígena. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 354    Expediente   T-7730387    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-366/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    YEISON NAVARRO ROA Y OTROS VS. ALCALDIA DE IBAGUE

Tema: ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION Y DEBERES DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS -CONSTRUCCION DE PUENTE- En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que las entidades cuestionadas vulneran derechos fundamentales de menores de edad que residen en áreas rurales del municipio de Ibagué, al no proveer la infraestructura vial apropiada para atravesar, en condiciones seguras, las corrientes de agua que se constituyen en el paso obligatorio para poder asistir a sus respectivas instituciones educativas. Los estudiantes, en su orden, utilizan un puente colgante en mal estado y a punto de colapsar y, una estructura improvisada con guaduas y cuerdas que en época de lluvias dificulta o imposibilita el paso. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la educación como servicio público y, 2º. Los deberes generales y especiales del Estado para garantizar el derecho fundamental a la educación, específicamente en materia de obras públicas como componente de accesibilidad. En ambos casos se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 355    Expediente   T-7119719    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-367/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    OLGA LUCIA FAJARDO LOPEZ VS. MUNICIPIO DE GAMBITA

Tema: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA La actora aduce que las entidades cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar, al no garantizar el servicio de energía eléctrica en su vivienda, la cual se encuentra construida en el sector rural. Las entidades le indicaron que existe un programa para acceder al servicio de energía eléctrica en el que está incluida como posible beneficiaria, pero a la vez le dijeron oficialmente que no puede acceder al mismo porque su casa no cumplía las exigencias técnicas requeridas y, estar construida sin los permisos previos requeridos. La tutela fue negada en primera instancia e impugnada por el Personero municipal, pero este recurso fue rechazado en segunda instancia, por considerar que el representante del Ministerio Público no había sido parte en el proceso y no podía aparecer en esa etapa procesal, ni como representante de la peticionaria. Se aborda el estudio de la siguiente temática: 1º La relación entre el acceso, en condiciones de seguridad, al servicio de energía eléctrica y el derecho fundamental a la vivienda digna y, 2º. El deber de la entidad territorial accionada de contar con un plan escrito y público que permita satisfacer de manera progresiva y sin discriminación el suministro de energía eléctrica en todo su territorio. La Corte concluyó lo siguiente: a). Una entidad territorial del orden municipal vulnera el derecho fundamental a una vivienda digna de una mujer y de su núcleo familiar, que habitan en el área rural dispersa del Municipio respectivo, al no contar con un plan que sin discriminación les permita acceder de manera progresiva al servicio de energía eléctrica en condiciones de seguridad. b). Los personeros municipales se encuentran facultados para impugnar sentencias de tutela, cuando la persona que considera afectados sus derechos fundamentales se encuentre en una situación de indefensión jurídica que le impida impugnar el fallo. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-29


Item 356    Expediente   T-6939071    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-368/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    SAMANTHA VS. JUZGADO XX DE FAMILIA DE XX

Tema: MEDIDAS DE PROTECCION A ADOLESCENTE, EN EL MARCO DE PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, POR VIOLENCIA, MALTRATO, O AGRESION POR PARTE DE SU PROGENITOR La accionante, actuando en representación de una hija adolescente, cuestiona el fallo judicial que revocó la medida de protección decretada por una comisaría de familia en favor de su hija por violencia intrafamiliar, posterior a una denuncia formulada por la joven en contra de su progenitor. La autoridad acusada adoptó dicha decisión, tras considerar que los hechos que condujeron a la medida de protección ocurrieron dos meses antes de acudir a la comisaría en busca de ayuda, y porque no había prueba de que las agresiones hubiesen continuado. Se analiza la siguiente temática: 1º. La especial protección constitucional en cabeza de los adolescentes. 2º. La medida de protección en el marco de las actuaciones por violencia intrafamiliar como herramienta para poner fin a la violencia, maltrato o agresión o evitar que éstas se realicen. 3º. El compromiso nacional e internacional de erradicar cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer. 4º. El defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-09


Item 357    Expediente   T-7317868    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-369/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    OSCAR MANUEL MONSALVE JAIMES VS. ECOPETROL S.A

Tema: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR El actor pretende con la acción de tutela que Ecopetrol ampare los derechos fundamentales de una hijastra menor de edad y que, en consecuencia, sea reconocida como miembro de su familia e inscrita como tal en los sistemas de información de la entidad, para que tenga acceso a los beneficios convencionales de salud, educación y protección social a que tienen derecho los descendientes de los trabajadores, según la Convención Colectiva 2018-2022. La entidad adujo que estos servicios tenían como destinatarios a los familiares de los empleados, sin incluir a los hijastros. Se analiza jurisprudencia sobre el reconocimiento de los hijastros como miembros del núcleo familiar de los trabajadores de Ecopetrol S.A., a efectos de acceder a los servicios derivados de la convención colectiva. La Corte consideró que la accionada vulneró derechos de raigambre constitucional de la niña mencionada y, por ello, decidió confirmar íntegramente el fallo de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-09-29


Item 358    Expediente   T-7608624    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-370/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    DIANA SOFIA NITOLA VIANCHA VS. PERIODICO BOYACA 7 DIAS

Tema: LIBERTAD DE PRENSA Y SU RELACION CON LOS DERECHOS A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE, A LA INTIMIDAD Y A LA RECTIFICACION La accionante considera que el periódico cuestionado vulneró sus derechos fundamentales al negarse a rectificar la información contenida en una publicación que tituló “Demandará a la Fiscalía”. Se analiza temática relacionada con: 1º. Las libertades de expresión, de opinión, de información y de prensa. 2º. Los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. 3º. El derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad y, 4º. La violencia contra la mujer y la administración de justicia en perspectiva de género. La Corte consideró que el medio de comunicación demandando sí vulneró garantías constitucionales al hacer la publicación mencionada, por cuanto desconoció el principio de veracidad exigido a los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa, al haber afirmado que “ de acuerdo con las investigaciones, la víctima al parecer habría inventado una lesión que le provocó una fractura de muñeca”. Esto, por cuanto indujo al lector a concluir que la peticionaria no había sufrido ningún tipo de lesión o que incluso ésta habría sido creada por ella misma, lo cual no se desprendía de las pruebas que obran en el expediente y no correspondía con lo demostrado en el proceso penal, presentando esta información como cierta y comprobada. En esa medida, se concluyó que el periódico cuestionado incumplió el deber de proporcionar información exacta e inequívoca sobre la cuestión que estaba informando. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena la rectificación pretendida por la parte demandante. En tal sentido, se ordena al periódico accionado realizar una publicación en las mismas condiciones de la noticia antes citada, en la que se evidencie que se incurrió en un error al divulgar información inexacta sobre las lesiones sufridas por la accionante, así como sobre su supuesto involucramiento en las pruebas dentro del proceso penal sobre el que trata la publicación. Asimismo, le advierte al medio de comunicación abstenerse de incurrir en actos que puedan perpetuar la discriminación estructural que ha llevado a muchas mujeres a no denunciar a sus agresores, por miedo a no ser tomadas en serio o a que las consecuencias de la denuncia lleven a una revictimización..
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 359    Expediente   T-7732378    Fecha sentencia   2020-08-31    Sentencia   T-371/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MAYID ALFONSO CASTILLO ARIAS VS. SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR RETIRO DE LA HABILITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE IPS Y AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO DE OTRA IPS-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales a la propiedad y a la libre disposición de sus bienes, con ocasión a la negativa de la Secretaría de Salud accionada de retirar la autorización de funcionamiento otorgada a la empresa Médicos Asociados SA como gestor de la Nueva Clínica San Sebastián de la ciudad de Girardot, la cual encuentra registrada en un predio de su propiedad y, dar a la sociedad Junical Medical SAS una nueva habilitación de funcionamiento como IPS, toda vez que a ella le arrendó el inmueble donde funcionaba la precitada clínica, para que desarrolle su actividad como Institución Prestadora de Salud. Las anteriores pretensiones fueron denegadas porque no fueron formuladas por el representante legal de la entidad que radicó la petición. Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo invocada, se deja sin efectos la decisión judicial que dictó medidas cautelares y se ordena compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación; a la Superintendencia Nacional de Salud y al Consejo Superior de la Judicatura, para que adelanten las investigaciones que correspondan de conformidad con sus competencias, respecto a algunas situaciones particulares omitidas deliberadamente en el trámite de la acción de tutela.
Recibo Relatoria:   2020-10-26


Item 360    Expediente   T-7662457    Fecha sentencia   2020-09-01    Sentencia   T-372/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    MONICA CECILIA PAYARES MEDINA VS. HERES SALUD LTDA Y OTROS

Tema: ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITARSE PERJUICIO IRREMEDIABLE. La actora aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, con ocasión de la presentación de actos de persecución laboral y violencia económica que trascendieron al ámbito del trabajo, como consecuencia de una relación asimétrica con su cónyuge, quien es, al mismo tiempo, gerente y socio mayoritario de la empresa familiar donde trabajó por varios años. En esa medida, solicitó el reintegro a su puesto de trabajo o a uno en igualdad de condiciones, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, así como garantías laborales contra actitudes de retaliación. La Corte constató que la acción de tutela no cumple con los requisitos exigidos para su análisis y, por ello, decidió declararla IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria:   2021-01-15


Item 361    Expediente   T-72508025    Fecha sentencia   2020-09-01    Sentencia   T-373/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    SOCIEDAD ARRENDAMIENTOS OGLIASTRI COMPAÑIA LTDA VS. WILSON FERNANDO SALAZAR RUIZ

Tema: PROTECCION DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE DE PERSONA JURIDICA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION EN PLATAFORMA DIGITAL YOU TUBE En este asunto la solicitud de amparo versa sobre la afectación del derecho al buen nombre de una persona jurídica dedicada a arrendar, vender y administrar viviendas. La actuación que se cataloga como trasgresora de dicha garantía es la publicación del video que un arrendatario publicó en Youtube, a través del cual cuestionó la integridad e imagen comercial de la empresa de forma injustificada, al hacer aseveraciones que no correspondían a la verdad de lo acontecido respecto a la atención, gestión y solución dada a los requerimientos del accionado por la humedad que se presentaba en el inmueble que ocupaba, debido al daño estructural en las tuberías del unidad residencial ubicado encima del que él ocupaba. . Se analiza temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela en el caso específico. 2º. La libertad de expresión en redes sociales y las nuevas plataformas y, 3º. El derecho fundamental al buen nombre de las empresas comerciales frente a divulgaciones relacionadas con el giro ordinario de las actividades y negociaciones inherentes a su objeto social. Se confirma la decisión de instancia que atendió de manera adecuada la protección del derecho al buen nombre de la empresa accionante, al ordenar que el ciudadano cuestionado retirara de la red el video objeto de reproche.
Recibo Relatoria:   2020-12-11


Item 362    Expediente   T-6649675    Fecha sentencia   2020-09-01    Sentencia   T-374/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ Y OTRO VS. FISCALIA 3 DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema: EL ROL DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA. EL ALCANCE DE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN La autoridad accionada permitió a los actores, en su calidad de intervinientes especiales dentro de una actuación penal, consultar el expediente durante la etapa de indagación, pero solo accedió a la reproducción de documentos que no tuvieran el carácter de reservado o clasificado. Tal actuación, desde la perspectiva de los peticionarios, constituye una violación a los derechos de acceso a la información, a un recurso judicial efectivo, al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas. En esta línea, solicitaron la obtención de copias de los elementos materiales probatorios que reposan en el proceso penal, sin limitación alguna. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El rol de las víctimas en los procesos penales y el alcance de la garantía de acceso a la información y, 2º. Los límites de esta garantía cuando se discute el acceso a copias en el proceso penal de tendencia acusatoria y la carga argumentativa de la entidad pública que valora dicha solicitud. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada resolver nuevamente la petición presentada por los actores, con fundamento en los criterios indicados en esta providencia, a fin de que sus garantías sean respetadas en el marco del proceso penal en el que fungen como intervinientes. Lo anterior siempre que el expediente aún se encuentre en su poder.
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 363    Expediente   T-7653065    Fecha sentencia   2020-09-01    Sentencia   T-375/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    BTPS VS. PORVENIR S.A.

Tema: RECONOCIMIENTO TRANSITORIO PENSION DE SOBREVIVIENTES La accionante, actuando en nombre propio y en representación de dos hijos menores de edad, aduce que la Administradora de Pensiones accionada vulneró sus derechos fundamentales, al negarse a pagar la pensión de sobrevivientes que les fue reconocida en primera y segunda instancia en el proceso ordinario que interpusieron, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de casación que dicha entidad formuló. La peticionaria informó que junto con sus hijos son víctimas de desplazamiento forzado; dependían económicamente del causante; no cuentan con ninguna fuente de ingresos formal que les permita suplir sus necesidades básicas de manera digna; no tiene grado alguno de escolaridad que le permita acceder a un trabajo y, además, tiene diagnóstico de VIH. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 2º. La precitada prestación y los requisitos que el legislador ha fijado para su reconocimiento y, 3º. Los efectos del recurso extraordinario de casación en materia laboral. Se CONCEDE la tutela de manera transitoria y se ordena a la accionada reconocer la pensión reclamada, hasta tanto quede en firme la decisión sobre el recurso extraordinario de casación en el proceso ordinario laboral adelantado por la actora. Se indica que dicho reconocimiento se debe hacer en la cuantía que fue ordenada en la sentencia ordinaria laboral de segunda instancia y con efectos a partir de la fecha de esta providencia.
Recibo Relatoria:   2020-09-10


Item 364    Expediente   RE-772    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   C-378/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 772/20

Tema: RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE SALVAMENTO, RECUPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS. MECANISMOS DE PROTECCIÓN A EMPRESAS Y EMPLEO. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 772 de 2020, por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial. La Corte concluyó que las medidas adoptadas en materia de régimen de insolvencia para mitigar los efectos del estado de emergencia económica, social y ecológica, se ajustan a los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, salvo algunas normas relativas al uso de medios tecnológicos, auxiliares de la justicia, procesos abreviado y simplificado, así como honorarios del liquidador. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 del Decreto Legislativo 772/20. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 3 ibídem, salvo su parágrafo 1, que se CONDICIONA en el entendido de que la disposición de facilidades tecnológicas y apoyo en la secretaría del despacho para el diligenciamiento y radicación de la solicitud y su información y/o la radicación en físico de documentos y memoriales, aplica para todos los sujetos del concurso. Se declara EXEQUIBLE el artículo 7 del precitado Decreto, salvo las expresiones “e interventor” y “e intervención”, contenidas en su inciso primero, que se declaran INEXEQUIBLES. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Artículo 11 ídem, salvo la expresión “o no presentar la sustentación durante la misma,” contenida en el parágrafo 2, y el parágrafo 3 en su integridad, que se declaran INEXEQUIBLES. El artículo 12 se declara EXEQUIBLE, salvo el parágrafo 3 que se declara INEXEQUIBLE en su integridad. Por último, se declaró la INEXEQUIBILIDAD del Artículo 13. Como consecuencia de lo anterior, el régimen aplicable a la regulación de los honorarios debidos al liquidador del proceso de liquidación judicial simplificado previsto en el Artículo 12 del mismo decreto, será el previsto en la Ley 1116 de 2006 y normas que la reglamenten.
Recibo Relatoria:   2020-10-02


Item 365    Expediente   D-13426    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   C-379/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ROBERTO ANDRES NAVARRO ORDOÑEZ VS. LEY 1943 DE 2018

Tema: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. DESCUENTO DE LO PAGADO POR LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN O FORMACIÓN E IMPORTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 (parcial) de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Así mismo, contra el artículo 95 (parcial) de la Ley 2010 de 2019, por medio dé la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. El actor aduce que el aparte normativo cuestionado trata de modo diferenciado a los sujetos no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), frente de aquellos que sí son responsables de tal impuesto. Tras verificar por una parte, que sujetar a la condición de responsable del IVA la posibilidad de acceder al beneficio tributario que contempla la norma que incorporó el artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 y actualmente contiene el artículo 75 de la Ley 2010 de 2019, no consulta el principio de igualdad que prevé el artículo 13 de la Carta; pero por el otro, que el propósito de la norma es loable y debe mantenerse, la Corte decidió declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la disposición legal demandada, en el entendido de que al beneficio tributario contemplado por la norma correspondiente también podrán acceder aquellos sujetos que no son responsables del Impuesto sobre las Ventas.
Recibo Relatoria:   2020-09-25


Item 366    Expediente   RE-315    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   C-380/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 688/20

Tema: MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS. TASA DE INTERÉS MORATORIA. FACILIDADES DE PAGO ABREVIADAS. PLAZOS PARA CONCILIACIÓN. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 688 del 22 de mayo de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 de 2020. La Corte consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la cancelación de las obligaciones tributarias en el marco de la emergencia decretada por la pandemia generada por el COVID 19 se ajustan a los requisitos formales y materiales establecidos por la Constitución, por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y por la jurisprudencia constitucional. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto analizado.
Recibo Relatoria:   2020-10-02


Item 367    Expediente   RE-335    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   C-381/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 808/20

Tema: Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo Número 808 del 4 de junio de 2020, Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020. Por cumplir con los requisitos formales y materiales exigidos la Corte declaró EXEQUIBLE el Decreto objeto de estudio, condicionando únicamente el entendimiento de su artículo 1º, en el sentido de precisar que la exclusión del Impuesto al Valor Agregado allí contemplada solo aplicará hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive.
Recibo Relatoria:   2020-12-07


Item 368    Expediente   RE-339    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   C-382/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 812/20

Tema: REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y PLATAFORMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020, por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con la norma objeto de estudio se creó un registro social de hogares administrado por el Departamento Nacional de Planeación, con el objeto de identificar los criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas sociales y subsidios del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales, así como para la asignación de tales subsidios. La Corte consideró que la centralización de los datos y el manejo de varios programas sociales a fin de hacer más eficiente y eficaz el manejo de los recursos, constituye una medida que supera los juicios a que debe someterse las medidas de excepción expedidas por el gobierno para conjurar la crisis generada por la pandemia de COVID19 y, por ello, declaró EXEQUIBLE el Decreto analizado.
Recibo Relatoria:   2020-11-03


Item 369    Expediente   T-4485608    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   T-376/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    DEFENSORIA DEL PUEBLO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA LABORAL

Tema: DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL Y POSIBILIDAD DE LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO DE ASOCIARSE A SINDICATOS La accionante, en su condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo, considera que la decisión adoptada por la autoridad judicial cuestionada en el trámite del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad, toda vez que incurrió en un defecto sustantivo al aplicar indebidamente el Código Sustantivo del Trabajo, respecto de los requisitos mínimos necesarios para conformar un sindicato de empresa. En dicha providencia se negó la disolución del sindicato y la cancelación de su personería jurídica, bajo la consideración de que es posible que las personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de contratos estatales de prestación de servicios, concurran como miembros fundadores de sindicatos de empleados públicos, de conformidad con los artículos 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y a la luz de lo señalado en la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498 , consagrada en el informe 353. Se analiza la siguiente temática: 1º. Doctrina constitucional en torno a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos generales previstos para ese efecto. 3º. Caracterización del defecto sustantivo. 4º. El derecho a la libertad de asociación sindical. 5º. La precitada garantía para los trabajadores al servicio del Estado, y 6º. La posibilidad de los contratistas del Estado de asociarse a sindicatos. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la Sala conoció que la mencionada asociación sindical cuenta con 723 afiliados, de los cuales 182 están vinculados con la Defensoría del Pueblo mediante una relación legal y reglamentaria y 541 a través de contratos de prestación de servicios para la defensa pública en materia penal, es decir, que el sindicato tiene más de 25 afiliados que ostentan la calidad de empleados públicos, la Corte decide conceder el amparo invocado, pero abstenerse de dictar una orden específica, dada la configuración de un hecho sobreviniente en tanto el mencionado requisito de constitución del sindicato fue subsanado, produciéndose la sustracción de materia en relación con la pretensión orientada a obtener la cancelación del sindicato
Recibo Relatoria:   2020-10-21


Item 370    Expediente   T-7628981    Fecha sentencia   2020-09-02    Sentencia   T-377/20
Magistrado Ponente:Luis Guillermo Guerrero Pérez SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JAIME LOPEZ GUERRA VS. COLPENSIONES

Tema: ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO PARA OBTENER PENSION DE VEJEZ En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente, se aduce que la decisión judicial y administrativa que denegó la pretensión de los actores de acceder a la pensión de vejez, vulnera derechos fundamentales. Luego de analizar temática relacionada con la posibilidad de acumular el tiempo de servicio al Estado con los períodos cotizados al ISS para acceder, bajo el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, a la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, la Corte decidió CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, en el primer asunto ordenó a Colpensiones iniciar el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la prestación reclamada por el actor y, en el segundo, revocó las sentencias adoptadas en el proceso ordinario laboral adelantado por el peticionario y ordenó a la misma administradora de pensiones adelantar el mismo proceso ordenado en el asunto anterior.
Recibo Relatoria:   2020-10-28


Item 371    Expediente   RE-327    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   C-383/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 800/20

Tema: MEDIDAS PARA EL FLUJO DE RECURSOS EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARA MANTENER LA AFILIACIÓN AL MISMO DE QUIENES HAN PERDIDO LA CAPACIDAD DE PAGO. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 800 de 2020, por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte concluyó que las medidas adoptadas en la norma objeto de estudio cumplen a cabalidad con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y en la jurisprudencia constitucional. Se condicionó la exequibilidad de algunas de las normas, para que se entienda que estarán vigentes por el término de la emergencia sanitaria. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 del Decreto revisado y EXEQUIBLES CONDICIONADOS sus artículos 2, 3 y 8, en el entendido que las medidas en ellos contenidas estarán vigentes durante la emergencia sanitaria, o durante el término de vigencia que señale el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias ordinarias en la materia.
Recibo Relatoria:   2020-11-11


Item 372    Expediente   T-7771999 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   T-384/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MARITZA SOTO SANCHEZ Y OTRA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA

Tema: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR NIVELACION SALARIAL-IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que la entidad territorial demandada vulneró derechos fundamentales de las accionantes, al negarles la nivelación salarial que solicitaron por recibir una asignación básica menor a la que percibe otra empleada que ejerce un cargo de igual categoría y funciones a las que ellas desempeñan. La Corte considera que las solicitudes de amparo resultan IMPROCEDENTES, por cuanto incumplen los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad exigidos por el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-09-28


Item 373    Expediente   T-7796133    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   T-385/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ASTRID BAQUERO HERRERA VS. UNIAGRARIA

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADO SOLO APLICA EN LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIO MANTENER EL VÍNCULO LABORAL DEL TRABAJADOR, PARA QUE ESTE PUEDA COMPLETAR LAS SEMANAS DE COTIZACIÓN REQUERIDAS En este caso se atribuye a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, y a la protección de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, como consecuencia de dar por terminado el contrato laboral suscrito con la actora, de manera unilateral y sin justa causa, a pesar de llevar trabajando con la entidad durante 9 años en diferentes cargos. La peticionaria tiene 59 años de edad, le quedan menos de tres años para poder pensionarse en tanto le faltan 128,57 semanas para completar las 1.300 requeridas; sufre una parálisis facial izquierda; padece sobrepeso por exceso de calorías por lo que debe someterse a una cirugía “bariátrica” para mejorar su salud y cubre el 100% de la manutención de su señora madre de 76 años. Luego de analizar el caso la Corte concluyó que, un empleador del sector privado vulnera el derecho al mínimo vital de una persona cuando la despide sin justa causa y sin considerar que se trata de un pre pensionado cuyo único ingreso es su salario. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la entidad reintegrar a la peticionaria al cargo que desempeñaba antes del despido o a uno vacante, con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba, sin desmejorar su condición laboral, hasta tanto Colpensiones le reconozca la pensión de vejez y la incluya en la nómina de pensionados, siempre que no exista alguna causal de despido justificado.
Recibo Relatoria:   2020-09-15


Item 374    Expediente   T-7625718    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   T-386/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    ARNALDO DE JESUS PAJARO SEQUEA VS. SODEXO S.A.S.

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD Se atribuye a la empresa Sodexo S.A.S. la vulneración de derechos del actor, como consecuencia de haber finalizado su contrato de trabajo a término definido a pesar de tener conocimiento de que se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta a causa de un gioblastoma (tumor maligno en el cerebro) que le había sido diagnosticado previamente. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. Para la Sala resultó claro que la terminación del contrato del accionante fue arbitraria, en tanto se dio de manera unilateral y sin contar con la previa autorización de la Oficina del Trabajo. En virtud de lo anterior declaró que el peticionario es titular de la estabilidad laboral reforzada y, por consiguiente, que en su beneficio deben aplicarse las consecuencias jurídicas previstas para este tipo de eventos. La Sala concluyó que, una empresa vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada al despedir un trabajador vinculado mediante contrato a término fijo, que fue diagnosticado con cáncer, si conociendo su delicado estado de salud, no pide permiso a la Oficina del Trabajo para el efecto. Se CONCEDE el amparo invocado, se declara la ineficacia de la terminación de la relación laboral entre las partes, se ordena el reintegro del actor, reubicándolo previo concepto del área de medicina laboral, en un cargo u oficio que preserve y atienda su estado de salud, si ello es aún posible dado el concepto de recuperación desfavorable emitido por Nueva EPS. Así mismo, se ordena el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta el momento en que se haga efectiva la nueva contratación.
Recibo Relatoria:   2020-09-17


Item 375    Expediente   T-7488614    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   T-387/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    HEMIL RUPERTO CUARON VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCION INDIGENA Y JURISDICCION ORDINARIA EN PROCESO PENAL POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR El actor, en su condición de Gobernador del resguardo indígena de Males, cuestiona la decisión adoptada en la resolución de un conflicto de jurisdicciones en favor de la Justicia Penal Ordinaria dentro de una investigación por violencia intrafamiliar, según la cual el caso superaba la órbita de la Jurisdicción Indígena dado que los delitos investigados comprometían un bien jurídico de suma importancia para el derecho nacional y, las autoridades tradicionales no ofrecían garantías reales para la víctima y para obtener una decisión justa. Para el peticionario, dicho fallo constituye una vía de hecho al desconocer el alcance conferido a la Jurisdicción Especial Indígena por el artículo 246 Superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, por tanto, configura un defecto por violación directa de la Constitución, en detrimento de la diversidad cultural, la autonomía jurisdiccional y la integridad étnica del resguardo que representa, al cual pertenecen la víctima y su agresor. Se aborda temática relacionada con la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena y su importancia para Estado Social de Derecho, a partir de los mandatos dispuestos por la Constitución de 1991. La Corte concluye que, una autoridad judicial no viola los derechos constitucionales a la autonomía, la supervivencia cultural y los procesos de justicia propia de una comunidad indígena, al asignar un caso de violencia intrafamiliar a la Justicia Penal Ordinaria, cuando las autoridades tradicionales no han ofrecido garantías reales para resolver el conflicto en justicia (según su derecho propio), de manera oportuna y con la debida protección a las mujeres indígenas víctimas, como ellas mismas lo reclaman. Se precisa que, no es razón suficiente para dejar de reconocer la competencia de la Jurisdicción Indígena, el que un delito comprometa un bien jurídico de suma importancia para el derecho nacional. Se solicita al Resguardo accionante que en el marco de su autonomía, fortalezca los mecanismos de derecho propio para prevenir y sancionar los desequilibrios que se produzcan por conductas de violencia de género, privilegiando el liderazgo de las mujeres de la comunidad, a partir de su propia cosmovisión.
Recibo Relatoria:   2020-10-01


Item 376    Expediente   T-7745031    Fecha sentencia   2020-09-03    Sentencia   T-388/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    LUCY CAICEDO CHALA VS. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS S.A.

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MADRE CABEZA DE FAMILIA Se atribuye a la entidad accionada la vulneración de derechos fundamentales de la actora, como consecuencia de decidir no renovar su contrato de prestación de servicios como enfermera de la institución, luego de cumplirse el plazo fijo pactado para éste, a pesar de la antigüedad de más de 6 años alcanzada mediante la sucesiva suscripción de contratos y sin haber considerado o verificado que era beneficiaria de la garantía de la estabilidad reforzada por su condición de salud y por ser madre cabeza de familia. Se reitera jurisprudencia constitucional relativa al derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada por salud y se precisan los presupuestos para poder declarar la existencia de un contrato realidad, en particular, en los casos en que el contrato de prestación de servicios no cumple con el parámetro de temporalidad, se presente una suscripción sucesiva de contratos y se demuestren funciones permanentes de auxiliar de enfermería, Así mismo, se analiza temática relacionada con la estabilidad reforzada de una madre cabeza de familia. La Corte concluyó que en el presente caso se demostró la existencia de un contrato realidad y que la accionante es beneficiaria de la estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia. Con base en lo anterior, decidió CONCEDER el amparo invocado e impartir una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 377    Expediente   T-7673053    Fecha sentencia   2020-09-07    Sentencia   T-389/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    ANGEE THALIA LASSO Y OTROS VS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE AIPE

Tema: DERECHO A LA EDUCACION Y OBLIGACIONES DE LOS ENTES TERRITORIALES EN EL NOMBRAMIENTO DE DOCENTES Los actores¸ varios padres de familia de niños matriculados en una institución educativa ubicada en zona rural del municipio de Aipe (Huila), consideran que las entidades gubernamentales accionadas vulneraron derechos fundamentales, en virtud de la no asignación de un docente adicional para los 40 estudiantes de dicha escuela y, por la falta de instalaciones donde los estudiantes puedan recibir sus clases y tomar sus alimentos. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a la educación de los menores de edad y sus componentes. 2º. Las obligaciones de los entes territoriales en el nombramiento de docentes y, 3º. Los conceptos del modelo de escuela nueva y tradicional académico y su relación con el PEI (Proyecto Educativo Institucional). Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 378    Expediente   T-7525716 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-09-07    Sentencia   T-390/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    FRANCISCA Y OTROS VS. SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA Y OTROS

Tema: DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS VENEZOLANOS EN COLOMBIA En cinco acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que se cuestiona a entidades que prestan servicios de salud, por vulnerar derechos fundamentales de niños y niñas extranjeros con permanencia irregular en el territorio colombiano, al negarles la prestación de los servicios médicos que requieren para tratar las delicadas patologías que presentan. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento colombiano y su protección por vía de tutela. Reiteración de jurisprudencia. 2º. Las reglas generales en materia de derechos y obligaciones de los extranjeros para acceder a los servicios de salud en el territorio Colombiano y, 3º. La atención integral en salud de los niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación de irregularidad. En cuatro expedientes se CONCEDE el amparo invocado y en uno se declara la improcedencia de la acción de tutela por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Se insta a los representantes de los menores involucrados en las presentes causas para que, en el menor tiempo posible, adelanten los trámites administrativos tendientes a regularizar su situación migratoria y la de sus hijos, para con ello, proceder a su afiliación al SGSSS, hecho que, deberá ser puesto en conocimiento del juez que en primera instancia conoció, respectivamente, cada proceso de tutela. Así mismo, se solicita al Consejo Superior de la Judicatura que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie las gestiones pertinentes para remitir copia de la misma a todos los despachos judiciales del territorio nacional, con el objetivo de que conozcan y acaten la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a los servicio de salud de los menores extranjeros en situación irregular.
Recibo Relatoria:   2020-10-26


Item 379    Expediente   T-7669771    Fecha sentencia   2020-09-07    Sentencia   T-391/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    GUSTAVO CHAVARRO RAMIREZ VS. COLPENSIONES

Tema: ACCION DE TUTELA TRANSITORIA EN PENSION DE INVALIDEZ-RECONOCIMIENTO Y PAGO MIENTRAS JUSTICIA ORDINARIA SE PRONUNCIA El actor aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó luego de haber sido calificado con un 77.57% de pérdida de capacidad laboral a causa de una enfermedad crónica. Advierte el peticionario que por falta de la mencionada prestación se encuentra en una situación precaria que le impide garantizar su mínimo vital, al menos, hasta que se resuelva la demanda ordinaria que presentó contra esa entidad. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y los requisitos legales para acceder a esta prestación. Se confirma la decisión de instancia que otorgó el AMPARO TRANSITORIO de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante; a lo que se suma la protección de su derecho fundamental a la vida digna. De manera consecuente se ordena a la entidad reconocer la pensión de invalidez pretendida, hasta tanto la justicia ordinaria laboral decida definitivamente la controversia suscitada en torno a dicha prestación económica.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 380    Expediente   T-7609701    Fecha sentencia   2020-09-07    Sentencia   T-392/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    ESILDA FRANCISCA ARAUJO VS. UGPP

Tema: DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE HERMANA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Se atribuye a la UGPP la vulneración de derechos fundamentales, al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia que solicitó la actora en su condición de hermana en situación de discapacidad y dependiente económica de la causante. La acción de tutela fue presentada a través de la figura de la agencia oficiosa, porque la titular de los derechos no se encuentra en condiciones de promover su propia defensa debido a su avanzada edad, la ausencia de recursos económicos y el estado de incapacidad cognitiva que presenta. Se aborda temática relacionada con: 1º. La protección internacional y nacional de las personas con discapacidad mental. 2º. La capacidad legal de las personas con discapacidad mental mayores de edad. 3º. Los derechos de las personas de tercera edad en situación de discapacidad. 4º. La distinción entre pensión de sobrevivientes y sustitución pensional. 5º. El exceso ritual manifiesto en los procedimientos administrativos y, 6º. La libertad probatoria en materia de sustitución pensional. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria:   2021-01-14


Item 381    Expediente   RE-330    Fecha sentencia   2020-09-09    Sentencia   C-393/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 803/20

Tema: CREACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS (PAP) PARA EL SECTOR AGROPECUARIO. Revisión de constitucionalidad del Decreto 803 del 4 de junio de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID 19. La norma en mención estableció la creación del PAP agropecuario para subsidiar una parte del primer pago de la prima de este año que le corresponde a los trabajadores agrarios y las disposiciones necesarias para su funcionamiento. Así mismo, la determinación de los beneficiarios; el procedimiento de postulación; las previsiones dirigidas a asegurar el cumplimiento de la finalidad del programa; los instrumentos y estrategias para lograr la debida destinación de los recursos; las disposiciones tributarias y la utilización de procesos y formularios del Programa de apoyo al empleo formal-PAEF. La Corte determinó que la norma estudiada cumple con los requisitos formales y materiales que se exigen de las medidas legislativas de emergencia establecidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y, por ello, declaró su EXEQUIBILIDAD. No obstante lo anterior, declaró la INEXEQUIBILIDAD del numeral 1º del parágrafo 5° del artículo 3° que se declaró INEXEQUIBLE. La expresión “La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa” contenida en el artículo 5°, parágrafo 3°, inciso 1° se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADA, en el entendido que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa.
Recibo Relatoria:   2020-10-06


Item 382    Expediente   RE-334    Fecha sentencia   2020-09-09    Sentencia   C-394/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 807/20

Tema: MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS. DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES. INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y CONTABLE VIRTUAL. VISITAS ADMINISTRATIVAS VIRTUALES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL TRIBUTARIO Y CAMBIARIO. Control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 807 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias y de control cambiario transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. El precitado Decreto tiene como propósito la modificación de normas de índole tributaria que contribuyan a mitigar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. La Corte concluyó que las modificaciones al procedimiento abreviado de devolución de saldos a favor de los impuestos de Renta e IVA son inconstitucionales, al no tener por finalidad afrontar las causas que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia, no estar adecuadamente motivadas, ni responder a la exigencia de necesidad fáctica. Consecuentemente con lo anterior, se declararon INEXEQUIBLES los artículos 1°, 2° y la expresión “y modifica el inciso 1 del artículo 1 y el parágrafo del artículo 3 del Decreto Legislativo 535 de 2020” del artículo 9° del Decreto Legislativo 807 analizado. El resto de articulado de dicha norma, esto es, los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la expresión “El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial” del artículo 9° ibídem son declarados EXEQUIBLES, salvo la expresión del artículo 9º, relativa a la vigencia de los artículos 1º y 2º del mismo.
Recibo Relatoria:   2020-12-04


Item 383    Expediente   RE-331    Fecha sentencia   2020-09-09    Sentencia   C-395/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 804/20

Tema: MEDIDAS PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN A CARGO DE LOS ENTES TERRITORIALES Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 804 de 2020, por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte determinó que las medidas adoptadas por el gobierno en la norma objeto de estudio superan los juicios de finalidad, conexidad material y motivación suficiente, así como de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica. En tal sentido, la declaró EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-21


Item 384    Expediente   RE-337    Fecha sentencia   2020-09-09    Sentencia   C-396/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 810/20

Tema: CREACIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO COMO VEHÍCULO PARA PROMOVER, FINANCIAR Y APOYAR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN COLOMBIA. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 810 de 4 de junio de 2020, por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Corte considera que el patrimonio autónomo creado como la finalidad del mismo, se dirige de modo efectivo a contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía y, específicamente, el impacto exacerbado que genera en las mujeres trabajadoras. El Decreto objeto de estudio se declara EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-11-11


Item 385    Expediente   RE-340    Fecha sentencia   2020-09-09    Sentencia   C-397/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Luis Javier Moreno Ortiz AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Luis Javier Moreno Ortiz
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 813/20

Tema: MODIFICACIÓN PRESUPUESTO NACIONAL. ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y A LA LEY DE APROPIACIONES. CONTRACRÉDITOS. LIQUIDACIÓN DE ADICIONES Y CRÉDITOS. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 813 de 2020, por el cual se modifica el Presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La Corte constató que la norma objeto de estudio cumplió con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, salvo en cuanto estableció la liquidación de las adiciones y reducciones, créditos y contracréditos previstos en el presupuesto nacional, lo cual incumple los requisitos de necesidad jurídica y subsidiariedad. Así mismo, consideró que el gobierno no podía auto otorgarse facultades normativas para modificar el presupuesto de 2020, lo que desconoce la reserva de ley y despoja al Congreso de sus competencias. Consecuentemente con lo anterior decidió declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 13 del Decreto 813 de 2020 y declarar INEXEQUIBLES los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 12 ibídem. De la misma manera se declaró INEXEQUIBLE su artículo 11, partir de la expedición del Decreto 813 de 2020, es decir, desde el día 4 de junio de dicho año.
Recibo Relatoria:   2020-12-18


Item 386    Expediente   T-7563145    Fecha sentencia   2020-09-11    Sentencia   T-398/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    NESTOR HERNANDO SANCHEZ CASTRILLO VS. FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL TOLIMA Y OTRO

Tema: ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE Con la acción de tutela se pretende conseguir a favor del actor la sustitución pensional a la que considera tener derecho, por ser hijo en condición de discapacidad del pensionado causante. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela en temas pensionales, la Corte declaró la IMPROCEDENCIA de la presente solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. De manera específica precisó la Sala que existe otro mecanismo de defensa judicial como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el cual se pueden absolver una serie de dudas suscitadas, dado que existe una controversia probatoria de tal magnitud que excede las capacidades del juez de tutela en el caso concreto, frente al corto tiempo que tiene para adoptar una decisión y la informalidad propia del proceso, lo cual le impide establecer si concurren los presupuestos materiales para conceder la prestación solicitada.
Recibo Relatoria:   2020-11-24


Item 387    Expediente   T-7066517    Fecha sentencia   2020-09-14    Sentencia   T-399/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    SFBR VS. POLICIA NACIONAL

Tema: DEBIDO PROCESO EN LA EXPEDICIÓN DE LOS DICTÁMENES DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL En este caso se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a la Policía Nacional por haber retirado del servicio activo al actor, a pesar de ser portador del VIH. Así mismo, por hacer una valoración dos años después de haber realizado la Junta Médico Laboral, teniendo en cuenta solo las secuelas generadas por una de las enfermedades que padece. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho al trabajo en el marco de la garantía de la estabilidad laboral reforzada y el debido proceso en la expedición de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. Así mismo, se analiza temática referente a los beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y la continuidad en la prestación de los servicios de salud a miembros retirados de la institución. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la entidad valorar nuevamente y de manera integral el estado de salud del peticionario, así como realizar la calificación correspondiente para que, conforme a los resultados adopte una decisión sobre su reubicación y reintegro. De igual manera se le ordena a la accionada prestar todos los servicios médicos y asistenciales que requiera el tutelante por sus condiciones de salud, los cuales se mantendrán durante los tres meses posteriores al dictamen en el evento de que sea desfavorable. En dicho lapso, el peticionario deberá afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo o subsidiado. Frente a esta anterior disposición se precisa que, si el demandante, dentro del referido término, no concluye los trámites respectivos para obtener la afiliación, se exonerará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de suministrar los servicios de salud.
Recibo Relatoria:   2020-10-05


Item 388    Expediente   T-7679077    Fecha sentencia   2020-09-14    Sentencia   T-400/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    JHTZ VS. IEJPT

Tema: DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS La accionante, actuando en representación su hijo de quince años de edad, considera que la institución tutelada afectó los derechos del adolescente debido a la decisión del Comité Escolar de Convivencia, ratificada por el Consejo Directivo, de suspenderlo indefinidamente de manera preventiva, como resultado de un procedimiento disciplinario adelantado por la conducta de solicitar y obtener, a través de medios electrónicos, material fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12 años, también vinculada a la entidad educativa. Se recuerda el precedente fijado en la Sentencia T-240/18, en la que se abordó un caso similar al ahora estudiado. La Corte concluyó que la accionada no vulneró las garantías constitucionales alegadas por la parte demandante, pero que sí utilizó un lenguaje indebido al referir que la conducta realizada por el estudiante disciplinado constituyó “un delito tipificado en la legislación colombiana vigente”, pues dicha categorización correspondía hacerla a la autoridad penal competente. Pese a ello precisó, que tal señalamiento no comporta la invalidez de la actuación que se adelantó. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado. No obstante lo anterior, ordenó a la accionada adecuar el artículo 19 de su Manual de Convivencia, de tal forma que cumpla criterios de proporcionalidad, y no supedite las sanciones a imponer a sus estudiantes a las actuaciones que corresponda adelantar a autoridades externas en el marco de sus competencias. Así mismo, invitó a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño a que programe en las diferentes instituciones educativas de carácter público del departamento jornadas de reflexión con perspectiva de género, en las que se aborden temas referentes a (i) el deber de respeto a la intimidad de las personas, (ii) el manejo de las redes sociales, y (iii) los derechos y deberes de los estudiantes.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 389    Expediente   T-7699307    Fecha sentencia   2020-09-14    Sentencia   T-401/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    CLARIA OLIVIA PINZON SARMIENTO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema: ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO PARA OBTENER PENSION DE VEJEZ La accionante agotó un proceso ordinario laboral contra COLPENSIONES por la negativa en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que solicitó. La pretensión fue acogida en primera instancia, pero en el trámite de la impugnación se revocó esta decisión. Inconforme con el precitado fallo, el actor formuló la presente acción de tutela, tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto se profirió en contradicción la jurisprudencia constitucional, al señalar que no resultaba posible acumular las semanas cotizadas a la UGPP en razón a los servicios prestados en el sector público, con las semanas cotizadas a COLPENSIONES, para el reconocimiento de la prestación de vejez. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se analiza la Sentencia SU.769/14 y el alcance del artículo 12 del Decreto 758 de 1990. La Corte concluyó que la Corporación accionada desconoció el precedente sentado por el fallo de unificación precitado, cuando interpretó que, en aplicación del Decreto 758 de 1990, no era posible acumular los tiempos de servicio en el sector público con las cotizaciones realizadas a COLPENSIONES. Se CONCEDE el amparo invocado y se deja sin efecto la providencia cuestionada y, en su lugar, se confirma la decisión adoptada en primera instancia dentro del proceso ordinario laboral mencionado.
Recibo Relatoria:   2020-10-29


Item 390    Expediente   RE-345    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-402/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 818/20

Tema: APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y CREATIVAS. RETENCIÓN EN LA FUENTE. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CULTURAL. PÓLIZAS. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 818 de junio 4 de 2020, por el cual se adoptan medidas especiales para la protección y mitigación del impacto del COVID19 en el sector cultura, en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 637 de 2020. La precitada norma establece, entre otras cosas, disminuir la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta prevista, por un lado, sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y prestación de servicios correspondiente a las 27 actividades de inclusión total de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del DANE y, por el otro, sobre los estímulos públicos culturales otorgados en desarrollo del artículo 18 de la Ley 397 y la Ley 814 de 2003. Así mismo, reducir los costos de producción de las producciones audiovisuales orientadas a la transmisión digital, en tanto prevé que estos servicios estarán excluidos de IV. Igualmente, ampliar los plazos para la declaración y el pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas; facilitar, mediante la ampliación de plazos, las devoluciones o reembolsos por venta de boletería y derechos de asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas y, exonerar a los productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes escénicas del pago de la póliza de que trata el artículo 10 de la Ley 1493 de 2011, para garantizar el pago de la contribución parafiscal. Luego de verificar que el Decreto objeto de revisión cumple con los requisitos establecidos en la Carta Superior, en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y en la jurisprudencia constitucional, la Sala Plena de la Corporación lo declaró EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-07


Item 391    Expediente   RE-308    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-403/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 657/20

Tema: ENTREGA DE TRANSFERENCIA MONETARIA NO CONDICIONADA, ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCIÓN, PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR -COLOMBIA MAYOR Y JÓVENES EN ACCIÓN Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 659 de 2020 por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El precitado Decreto ordena la entrega a los beneficiarios de los Programas de Adulto Mayor (Colombia Mayor), Familias en Acción y Jóvenes en Acción de una transferencia económica, adicional y extraordinaria a la que ya venían recibiendo y los exime de demostrar el cumplimiento de las corresponsabilidades para acceder a dicho apoyo. Así mismo dispone la exención de gravámenes a las operaciones financieras que lleven a cabo la entrega de tales recursos que provienen de Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) y deben ser entregados por el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social. Consideró la Corte que la mencionada transferencia monetaria se ajusta a las condiciones y requisitos constitucionales de medidas legislativas de excepción dirigidas a conjurar la crisis generada por la pandemia y a impedir la extensión de sus efectos. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2021-02-05


Item 392    Expediente   RE-341    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-404/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 814/20

Tema: APOYOS ECONÓMICOS. TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (COLOMBIA MAYOR), FAMILIAS EN ACCIÓN Y JÓVENES EN ACCIÓN. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 814 de 2020, por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020. La Corte considera que la precitada norma no sólo cumple con todos los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución, la LEEE y los tratados internacionales correspondientes, sino que la ampliación del número de entregas monetarias a beneficiarios de los programas de protección social a los grupos poblacionales discriminados ella, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, supera los juicios de constitucionalidad que deben aplicarse en ejercicio del control de las medidas de excepción. Consecuentemente con lo anterior, se declaró EXEQUIBLE el Decreto Legislativo de la referencia.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 393    Expediente   RE-319    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-405/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 773/20

Tema: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. EL GOBIERNO TENDRÁ HASTA EL 30 DE JUNIO PARA PRESENTARLO A LAS COMISIONES ECONÓMICAS DE LAS CÁMARAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 773 de 2020, por el cual se modifica la fecha de presentación del marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. El precitado Decreto amplió en 15 días calendario el plazo para la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia fiscal 2020 ante las comisiones económicas del Congreso de la República. La Corte determinó que el plazo antes mencionado está dirigido a superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, sin limitar derechos ni afectar el normal funcionamiento de las ramas del poder público. Así mismo, consideró que el Decreto objeto de estudio se ajustó a los contenidos de la Carta Política y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-12-04


Item 394    Expediente   RE-343    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-406/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Alberto Rojas Ríos SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Cristina Pardo Schlesinger SPV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 816/20

Tema: FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. COMITÉ DE GARANTÍAS PARA ENFRENTAR EL COVID19. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CREADAS PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE HAYAN SUFRIDO EFECTOS ADVERSOS EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA PANDEMIA. Revisión de constitucionalidad del Decreto 816 de 2020, por el cual se establecen normas relacionadas con la administración del Fondo Nacional de Garantías S.A (FNG), en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La precitada norma consagra un marco regulatorio especial y preferente para la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Garantías S.A. en relación con las operaciones de acceso a crédito, relativas a los recursos transferidos a ese fondo, en cumplimiento del Decreto Legislativo 492 de 2020. La Corte consideró que la definición de un marco especial de autorizaciones dirigidas al Fondo Nacional de Garantías para dar acceso al crédito a quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia, así como del marco de acción del Comité de Garantías para enfrentar el COVID19 y la autorización al FNG para recibir información sensible con el objeto de evaluar riesgos en su operación, se ajustan a la Constitución y a la Ley Estatutaria de Estados de Excepción. En tal sentido declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto en mención.
Recibo Relatoria:   2020-10-16


Item 395    Expediente   D-13458    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-407/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Luis Javier Moreno Ortiz AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    LUIS ANDRES VELEZ RODRIGUEZ Y OTRA VS. LEY 1918 DE 2018

Tema: INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD. PERSONAS CONDENADAS POR ESTOS DELITOS QUEDAN INHABILITADAS PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS, OFICIOS O PROFESIONES QUE INVOLUCREN UNA RELACIÓN DIRECTA Y HABITUAL CON MENORES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 de la Ley 1918 de 2018, por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones. Los demandantes señalaron que el artículo 1° demandado impone una pena cruel e inhumana que renuncia a la resocialización al establecer un contenido sin límite temporal, lo cual, además, contradice la prohibición constitucional de penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Indicaron que esa disposición desconoce el principio de legalidad porque delega en una autoridad administrativa (ICBF) la determinación del alcance de una medida sancionatoria de carácter penal, lo que debe radicar exclusivamente en el Congreso de la República. En cuanto al artículo 2°, aseguraron que la discrecionalidad dada al ICBF para determinar los cargos, oficios o profesiones que teniendo una relación directa o habitual con menores de edad son susceptibles de la aplicación de la inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores, es contraria a la dignidad humana de quienes serían inhabilitados, por cuanto atenta contra las expectativas de vida del aspirante a un empleo y su posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Sobre el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad (artículo 3°) aseguraron que vulnera los derechos a la dignidad humana, a la intimidad, al trabajo y a la elección de profesión u oficio de los pos-penados, al etiquetarlos durante toda su existencia. Finalmente, consideraron que el artículo 4° cuestionado vulnera el Preámbulo y el artículo 1° de la Constitución al someter a los pos-penados a una marcación social y a constantes humillaciones sociales. La Corte declaró EXEQUIBLE CONDICINADO el artículo 1° de la Ley 1918 de 2018, en el entendido de que la duración de la pena accesoria referida en la mencionada disposición, deberá sujetarse a los límites temporales que para dichas penas establezca el Código Penal. La expresión “en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces” se declaró INEXEQUIBLE, con el alcance indicado en la parte motiva de este fallo. Así mismo, se declaró INEXEQUIBLE el artículo 2° ibídem y EXEQUIBLE el artículo 3º, únicamente por los cargos analizados en esta sentencia. Por último, se declaró EXEQUIBLE el artículo 4° ídem, exceptuando la expresión “por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2021-03-25


Item 396    Expediente   RE-332    Fecha sentencia   2020-09-16    Sentencia   C-408/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 805/20

Tema: APORTE ECONÓMICO TEMPORAL DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LAS NOTARÍAS DEL PAÍS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 805 de 2020, por medio del cual se crea un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego de analizar el precitado Decreto la Corte que la ayuda económica temporal decretada en ella cumple con los requisitos formales y materiales establecidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Consecuentemente con lo anterior, lo declaró EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-22


Item 397    Expediente   RE-323    Fecha sentencia   2020-09-17    Sentencia   C-410/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 796

Tema: CRÉDITO AGROPECUARIO. ACUERDOS DE RECUPERACIÓN Y PAGO DE CARTERA EN EL SECTOR AGROPECUARIO. ADQUISICIÓN DE CARTERA DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La norma objeto de estudio tiene dos objetivos definidos: (i) otorgar determinados alivios financieros para los pequeños y medianos productores agropecuarios afectados por los efectos socioeconómicos de la pandemia por el COVID-19 y, (ii) flexibilizar las reglas de contratación estatal, con el objeto de permitir la respuesta ágil y adecuada, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto de la adquisición de bienes e insumos para el sector agropecuario, así como la logística y medidas de fomento a favor de los productores mencionados. La Corte concluyó que las medidas adoptadas en el Decreto precitado superan a cabalidad los juicios de constitucionalidad que se debe aplicar a toda medida dictada en desarrollo de un estado de emergencia económica, social y ecológica y, por ello, declaró su EXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria:   2020-10-20


Item 398    Expediente   T-7640364    Fecha sentencia   2020-09-17    Sentencia   SU.411/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos AV:Alberto Rojas Ríos AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y OTRO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMACA, SECCION PRIMERA, SUBSECCION B

Tema: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DEL SUBSUELO DEBEN SER ADOPTADAS POR AUTORIDADES NACIONALES EN COORDINACION Y CONCURRENCIA DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES En este asunto el Ministerio de Minas y Energía y la Ladrillera Santafé S.A., formularon separadamente la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B. Se atribuye a esta autoridad judicial la vulneración de los fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de la sentencia que declaró constitucional la consulta popular de Cogua, relacionada con la ampliación de la explotación minera por fuera de las zonas donde se desarrolla esa actividad en dicho municipio. La autoridad judicial cuestionada consideró que las autoridades municipales son competentes para resolver este tipo de asuntos, y que la pregunta formulada cumplía con los requisitos de claridad y lealtad con el elector. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y/o desconocimiento del precedente, al desconocer los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y, que la Corte Constitucional señaló que, antes de que los municipios realicen consultas populares sobre asuntos mineros, se deben agotar los mecanismos de concertación señalados en la ley, dado que la Nación es propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. . Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se hace una caracterización de los defectos invocados por la parte actora y se analizan las reglas constitucionales fijadas en materia de consultas populares relacionadas con la exploración o explotación del subsuelo o de los recursos naturales no renovables. Tras reiterar el ámbito de competencia de la Nación sobre uso del subsuelo y su convergencia con las competencias de las entidades territoriales en la administración del suelo, que lleva implícita la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia, se CONCEDIÓ el amparo invocado, se dejó sin efectos la providencia atacada y se ordenó al Tribunal accionado proferir una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo expuesto en el presente fallo.
Recibo Relatoria:   2021-02-12


Item 399    Expediente   T-7657598    Fecha sentencia   2020-09-18    Sentencia   T-412/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ROSA MARIA BANDA MERCADO VS. CREDIVALORES Y OTRO

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE- COMPAÑÍA DE SEGUROS REALIZÓ EL PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE La actora adquirió varias obligaciones crediticias con Credivalores y éstas fueron respaldadas con pólizas de seguro grupo deudores que esa compañía contrató con la aseguradora Positiva. A raíz del tumor maligno de ovario que le fue diagnosticado a la accionante, ésta tuvo dificultad para seguir cumpliendo con el pago de las cuotas y, por ello, solicitó hacer efectivas las pólizas por incapacidad total y permanente. Esta pretensión fue denegada y se condicionó el inicio de los trámites a la presentación de un dictamen de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. En sede de revisión la Sala constató que las pólizas cuyo pago solicitaba la accionante fueron ejecutadas y el valor abonado a sus obligaciones crediticias, motivo por el cual, no existen a la fecha obligaciones pendientes de pago. Con base en lo anterior, se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por situación sobreviniente.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 400    Expediente   RE-324    Fecha sentencia   2020-09-19    Sentencia   C-409/20
Magistrado Ponente:Luis Javier Moreno Ortiz SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 797/20

Tema: ARRENDAMIENTO COMERCIAL. TERMINACIÓN UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE CIERTOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, POR PARTE DE LOS ARRENDATARIOS. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales y se dictan otras disposiciones, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. El objeto de la precitada disposición es regular, extraordinaria y temporalmente, la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19. La Sala advirtió que, la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial genera objetivamente, al menos, seis consecuencias problemáticas desde una perspectiva constitucional, a saber: 1) anula la autonomía de la voluntad privada; 2) no propugna por la conservación del equilibrio contractual; 3) desconoce el principio de seguridad jurídica; 4) no evita abusos del derecho; 5) permite la proliferación de controversias jurídicas; y 5) dificulta la conservación de la actividad económica y el empleo. Concluyó la Corte que, la medida de excepción que intervenía los contratos de arrendamiento comercial para autorizar la terminación unilateral a favor de una sola de las partes resulta incompatible con la constitución, al no superar los juicios materiales de finalidad, conexidad material externa, motivación suficiente, no contradicción específica, ausencia de arbitrariedad, incompatibilidad, proporcionalidad y necesidad. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del Decreto 797/20 estudiado.
Recibo Relatoria:   2021-05-26


Item 401    Expediente   T-7728984    Fecha sentencia   2020-09-21    Sentencia   T-413/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    PAULA ELOISA SANTAFE DUQUE VS. S.O.S. E.PS. Y OTROS

Tema: PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA SALUD DE MENOR CON ENFERMEDAD HUERFANA La accionante, actuando en representación de su hijo de seis años de edad, considera que la E.P.S. accionada vulneró derechos fundamentales del niño, al decidir cambiar la IPS tratante de su patología, la cual es un trastorno hemorrágico de carácter hereditario que ocasiona sangrado de manera prolongada, en tanto la sangre no contiene suficientes factores de coagulación. Dicho trastorno es considerado como una enfermedad huérfana. La entidad argumentó la terminación del convenio con la institución. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la salud, especialmente en los relativo a esta garantía para los niños y las personas que padecen enfermedades huérfanas. 2º. El principio de continuidad en el derecho a la salud y, 3º. Los deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado. Se autoriza a la accionada trasladar de IPS al menor, siempre y cuando se asegure un tratamiento adecuado y la satisfacción de los principios del Sistema de Seguridad Social en Salud. Se pide a la accionante cumplir las obligaciones frente a su hijo, de manera que garantice que él pueda recibir los tratamientos que los médicos tratantes le provean y se abstenga de impedir el acceso del niño a los servicios de salud prescritos para la atención de su patología.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 402    Expediente   T-7682324    Fecha sentencia   2020-09-21    Sentencia   T-414/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    RAFAEL ANTONO LEON ORTIZ VS. INPEC

Tema: DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y TRABAJO CARCELARIO El actor se encuentra privado de la libertad y considera que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al no dar respuesta a las peticiones en las que solicitó ingresar a un programa de trabajo que le permita continuar con su proceso de resocialización y redimir la pena que le fue impuesta. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. La suspensión y restricción de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y los deberes del Estado como consecuencia del surgimiento de la relación especial de sujeción. 2º. El alcance y contenido del derecho fundamental de petición de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios. 3º. El marco jurídico del derecho al trabajo penitenciario y, 4º. La jurisprudencia constitucional en materia del derecho al trabajo penitenciario. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-11-04


Item 403    Expediente   D-13353    Fecha sentencia   2020-09-23    Sentencia   C-415/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    LEON FREDY MUÑOZ LOPERA VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: DEMANDA INTEGRAL CONTRA LA LEY 1955. CARGOS ESPECÍFICOS CONTRA NORMAS QUE REGULAN LOS RECURSOS DE FONTIC PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE INFRAESTRUCTURA. EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. CONTRAPRESTACIONES A CARGO DE OPERADORES POSTALES. DEROGACIÓN AUDITORÍA A ZONAS FRANCAS Demanda de inconstitucionalidad en contra de la integralidad de la Ley 1955 de 2019 y de sus artículos 152, 309, 310 (parcial), 311 y 336 (parcial). Con la precitada Ley se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El actor planteo cuatro cargos de inconstitucionalidad. 1º. Violación del principio de publicidad. 2º. Trasgresión del principio de consecutividad. 3º. Incumplimiento de la ley orgánica presupuestal y; 4º. Vulneración del principio de unidad de materia. La Corte decidió lo siguiente: 1º. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo de violación del principio de publicidad, la Ley 1955/19. 2º. Declarar la EXEQUIBILIDAD, por el cargo de violación del principio de unidad de materia, de los artículos 152, 309, 310 (parcial) y 311 ibídem. 3º. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018” prevista en el artículo 336 de la precitada Ley y, 4º. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto a los demás cuestionamientos a los artículos 310 (parcial) y 311, por la ineptitud sustantiva de la demanda
Recibo Relatoria:   2021-02-17


Item 404    Expediente   RE-338    Fecha sentencia   2020-09-23    Sentencia   C-416/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Richard Steve Ramírez Grisales SV:Luis Javier Moreno Ortiz AV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 811/20

Tema: MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INVERSION Y LA ENAJENACION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DEL ESTADO Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 811 de 2020, por el cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. La Corte consideró que el Decreto objeto de estudio es contrario al artículo 150-9 de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional. Determinó la Sala Plena que las medidas adoptadas a través de dicho instrumento jurídico no están directa ni específicamente encaminadas a conjurar las causas que dieron origen a la declaratoria de la emergencia, o a impedir la extensión o agravación de sus efectos. Así mismo, reafirmó que la enajenación de empresas estatales o de la participación accionaria del Estado, requiere de un debate democrático, el cual solo puede concretarse en el Congreso de la República, a través de una ley ordinaria. Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corporación declaró la INEXEQUIBILIDAD del precitado Decreto.
Recibo Relatoria:   2021-02-18


Item 405    Expediente   RE-328    Fecha sentencia   2020-09-23    Sentencia   C-417/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 801/20

Tema: CREACIÓN DE UN AUXILIO ECONÓMICO PARA LA POBLACIÓN CESANTE. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 801 de 2020, por medio del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. El precitado Decreto crea un auxilio económico a la población cesante que haya perdido su empleo a partir del 12 de marzo del año en cita, correspondiente a un valor mensual de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000) moneda corriente, hasta por tres (3) meses. La Corte consideró que la medida de apoyo a la población cesante durante el estado de emergencia se ajusta a los requisitos formales y materiales exigidos de las normas de excepción, por la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional. Con base en la anterior consideración declaró EXEQUIBLE la norma objeto de estudio.
Recibo Relatoria:   2021-02-16


Item 406    Expediente   RE-309    Fecha sentencia   2020-09-23    Sentencia   C-418/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 660/20

Tema: MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 660 de 2020, por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma contiene una medida que faculta al Ministerio de Educación para organizar, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las semanas de trabajo académico que se realizan durante el año lectivo en periodos diferentes a los previstos por el inciso primero del artículo 86 de la Ley General de Educación, siempre y cuando así se lo soliciten las autoridades competentes en educación, de manera motivada y acorde con las directrices fijadas por el MEN. Dicha medida busca flexibilizar el calendario académico, de manera que se pueda asegurar la continuidad de la prestación del servicio de educación sin poner en riesgo la vida y salud de las niñas, niños adolescentes, jóvenes y personal docente y directivo docente. La Corte concluyó que el Decreto objeto de estudio supera los juicios de constitucionalidad relativos a la finalidad, conexidad, justificación suficiente, intangibilidad, no arbitrariedad, no contradicción específica, necesidad material, necesidad jurídica, proporcionalidad y no discriminación y, en tal sentido, lo declaró EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria:   2020-10-28


Item 407    Expediente   RE-316    Fecha sentencia   2020-09-23    Sentencia   C-419/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 768/20

Tema: TRANSPORTE PÚBLICO. ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI INDIVIDUAL. COBRO DE PEAJES. PRÓRROGA DE CONCESIONES. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 768 de 2020, por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, en el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica. La precitada norma adopta cuatro medidas dirigidas esencialmente a reactivar algunas actividades de los sectores de transporte e infraestructura, a saber: el transporte de pasajeros individual tipo taxi por cualquier medio, el funcionamiento de los Organismos de apoyo a las Autoridades de Tránsito, el cobro de peajes y la prórroga de los contratos de concesión; acompañadas en principio de medidas de bioseguridad e indicaciones de las autoridades territoriales. Por reunir los requisitos legales establecidos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y en la jurisprudencia de la Corporación, se declaró la EXEQUIBILIDAD de la norma objeto de estudio.
Recibo Relatoria:   2020-11-05


Item 408    Expediente   RE-333    Fecha sentencia   2020-09-24    Sentencia   C-420/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales SPV:Alberto Rojas Ríos AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 806/20

Tema: MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma previó dos clases de medidas. Un primer grupo, relacionadas con las reglas y deberes procesales para la implementación de las TIC en el trámite de procesos judiciales. El segundo grupo, disposiciones tendientes a lograr el efectivo uso dichas tecnologías y que agilizan el trámite de los procesos judiciales. Luego de comprobar el cumplimiento de las exigencias formales y materiales requeridas para la expedición de este tipo de Decretos, la Corte decidió declararlo EXEQUIBLE todas las disposiciones contenidas en él, a excepción de su artículo 6º que lo declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que, en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión y, del inciso 3º del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9, que también los CONDICIONA en el entendido de que, el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
Recibo Relatoria:   2020-11-24


Item 409    Expediente   T-7779351    Fecha sentencia   2020-09-28    Sentencia   T-421/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    VIRGINIA VS. CAPITAL SALUD EPS-S

Tema: DERECHO DE LAS PERSONAS TRANSGENERO A ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD. TRATAMIENTO PARA REAFIRMACION SEXUAL QUIRURGICA O CAMBIO DE SEXO La accionante es una mujer transgénero que está afiliada al sistema de salud en el régimen subsidiado. El hecho que se considera trasgresor de derechos fundamentales es la negativa de la EPS accionada de autorizar los procedimientos en salud y de laboratorio clínicos que fueron ordenados por el médico tratante para la feminización facial de la actora, por considerarlos procedimientos estéticos. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho de las personas transgénero a acceder a los servicios de salud que requieren en su proceso de reafirmación sexual y de género y se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado. En consecuencia, se dispuso que los procedimientos de salud y de laboratorio prescritos a la actora sean ordenados por la entidad.
Recibo Relatoria:   2020-12-04


Item 410    Expediente   T-7466000 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   2020-09-28    Sentencia   T-422/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    JHON JAIRO HURTADO Y OTROS VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO RESPECTO A LA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE DE CERTIFICACION DE PRESENCIA DE COMUNIDADES ETNICAS QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO DEL INTERIOR En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades afrodescendientes accionantes, al no agotar el trámite que se debía en un proyecto que se encontraba en la fase exploratoria. Según los actores, se expidió la certificación relacionada con la presencia de comunidades étnicas sin completar la visita de campo y, se omitió realizar la consulta previa que correspondía, por cuanto el área de influencia del proyecto interactuaba con sus territorios. Se reitera jurisprudencia relacionada con la competencia del Ministerio del Interior para certificar la presencia de comunidades étnicas y el derecho fundamental a la consulta previa (contenido y alcance). En ambos casos de declara la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a la violación al debido proceso en el trámite de certificación de presencia de comunidades étnicas que lleva a cabo el Ministerio del Interior y se niega el amparo del derecho a la consulta previa invocado en los dos asuntos.
Recibo Relatoria:   2020-11-18


Item 411    Expediente   T-7785575    Fecha sentencia   2020-09-29    Sentencia   T-423/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado    XYZ VS. UARIV

Tema: DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN SOLICITUDES DE INCLUSION EN EL RUV Se atribuye a la UARIV la vulneración de derechos fundamentales de la actora, como consecuencia de su negativa de incluirla en el Registro Único de Víctimas (RUV), argumentando que el hecho victimizante no ocurrió en el marco del conflicto armado interno, según lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. Se analiza temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos expedidos por la UARIV en materia de solicitudes de inclusión en el RUV y, se reitera jurisprudencia sobre el alcance del derecho al debido proceso de las víctimas respecto del deber de motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes de inscripción en dicho Registro. La Corte considera que la entidad no motivó suficientemente las decisiones cuestionadas, por cuanto no aplicó de forma adecuada la normativa vigente relativa a la definición de víctima y, como consecuencia de ello, no desarrolló un análisis detenido y cuidadoso de los diversos criterios técnicos y de contexto, según las disposiciones legales que regulan dicho trámite y las reglas jurisprudenciales definidas por la Corte Constitucional relativas a la motivación adecuada y suficiente. Se CONCEDE el amparo.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 412    Expediente   T-7806285    Fecha sentencia   2020-09-29    Sentencia   T-424/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    RIGOBERTO SUAREZ BOBADILLA VS. JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA

Tema: . ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE DESACATO Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS DE TUTELA Se ataca la decisión judicial que revocó, en grado de consulta, la sanción impuesta al Coordinador Nacional de Cumplimiento de Fallos de Tutela de COOMEVA EPS, con ocasión de un incidente de desacato presentado por el actor por el incumplimiento de una orden de tutela que amparó los derechos fundamentales de su nieto menor de edad y que ordenó a la entidad, entre otras cosas, brindar la atención integral que requería el niño para el manejo de la delicada patología que afrontaba. Según el peticionario, la sanción debió quedar en firme, en tanto la EPS dilató y obstaculizó por más de 20 meses un tratamiento integral ordenado por el médico tratante. Se adujo que en dicho se configuraron los siguientes defectos: (i) procedimental absoluto; (ii) violación directa de la Constitución; y (iii) decisión judicial sin motivación. En sede de revisión la Sala conoció sobre el fallecimiento del menor agenciado. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Los requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La procedencia excepcional de la acción constitucional contra la providencia que resuelve el trámite incidental de desacato. 3º. El precitado incidente como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela y, 4º. La carencia actual de objeto por daño consumado por muerte del titular de los derechos fundamentales invocados. Pese a declarar la carencia actual de objeto por DAÑO CONSUMADO, se revocó la decisión cuestionada y se ordenó al operador jurídico accionado proferir nueva providencia que resuelva en grado de consulta el incidente de desacato mencionado, pero teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente fallo. Así mismo, se hace una advertencia a Coomeva EPS para que no vuelva a incurrir en conductas dilatorias que atenten contra los derechos fundamentales de sus usuarios, especialmente cuando se trata de menores de edad, sujetos de especial protección constitucional.
Recibo Relatoria:   2020-10-28


Item 413    Expediente   D-13466    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   C-426/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    ADELAIDA ANGEL ZEA VS. LEY 1821 DE 2016

Tema: EDAD DE RETIRO FORZOSO. EDAD MÁXIMA DE RETIRO DEL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, CON EXCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LOS MENCIONADOS EN EL DECRETO 3074 DE 1968. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016, por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas. La demandante considera que la precitada disposición vulnera los artículos 150 (numerales 13, 17b y 22), 371, 372 y 373 de la Constitución Política, por inaplicar la edad de retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y por no incluir a estos funcionarios entre las excepciones. La Corte consideró que la edad de retiro forzoso del ejercicio de funciones públicas no se aplica a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, para garantizar la autonomía de la máxima autoridad monetaria, crediticia y cambiaria del estado colombiano. La Sala Plena se declaró INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto del cargo por desconocimiento del artículo 150 (numerales 13 y 19b) Superior, por la ineptitud sustantiva de la demanda. En relación con la omisión legislativa alegada la Corporación encontró que efectivamente el legislador incurrió en una omisión relativa y, por ello declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 1º de la Ley 1821 de 2016, en el entendido de que la edad máxima para el retiro del cargo no es aplicable a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República.
Recibo Relatoria:   2021-02-23


Item 414    Expediente   D-13440    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   C-427/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    GLORIA DEL PILAR HERNANDEZ DIAZ VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO. SE APLAZA SU ENTRADA EN VIGENCIA MEDIANTE NORMA DE LA LEY DEL PLAN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La demandante considera que la norma cuestionada viola los artículos 150, 157, 158 y 160 de la Constitución Política, porque desconoce los principios de unidad de materia y de consecutividad que rigen la expedición de leyes. Para fundamentar los cargos formulados la actora adujo que la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo no puede modificar códigos, porque esto deriva en una extralimitación de las competencias del Congreso de la República y en un quebrantamiento de disposiciones Superiores y; no hay conexidad entre la norma demandada y las bases del referido Plan. La Corte considera que la prórroga de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario contenida en la Ley 1955 de 2019, fue adoptada de conformidad con el principio de consecutividad al cual está sujeto el procedimiento legislativo. Con base en lo anterior, se declara EXEQUIBLE el artículo cuestionado.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 415    Expediente   D-13492    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   C-428/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Alberto Rojas Ríos SV:Antonio José Lizarazo Ocampo SV:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    ANDRES GONZALEZ BECERRA VS. LEY 1943 DE 2018

Tema: DEDUCCIÓN DE INTERESES POR DEUDAS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN MONTO DEL DOBLE DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. El actor considera que la norma cuestionada, al prever el régimen aplicable a la subcapitalización, viola el principio de irretroactividad de las leyes tributarias, atenta contra dicho principio “al afectar elementos de contratos de préstamo celebrados por las empresas de factoring con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1943, al limitar la deducibilidad de los intereses de los contratos ya negociados y, desconoce el principio de buena fe, en su manifestación de confianza legítima. La Corte constató la ausencia de objeto de control en el presente caso, toda vez que la norma cuestionada fue subrogada totalmente por el artículo 63 de la Ley 2010 de 2019. Consecuentemente con lo anterior y, al no proceder un examen y decisión de fondo por sustracción de materia, la Sala Plena de la Corporación se declaró INHIBID.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 416    Expediente   D-13512    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   C-429/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO Y OTRO VS. LEY 906 DE 2004

Tema: JUICIO PENAL. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS DE LA JUSTICIA. Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Los demandantes alegaron que la disposición cuestionada vulnera los artículos 20, 29, 74 y 228 de la Constitución Política, que versan sobre la libertad de información, libertad de prensa y publicidad en la administración de justicia, al conceder a la autoridad judicial la facultad de restringir la publicidad de una actuación dentro de los procesos penales, con fundamento en razones que pueden llegar a ser irracionales y desproporcionada. Igualmente, aducen que dicha disposición también desconoce los artículos 1º, 2º y 29 Superiores que consagran los fines del Estado Social de Derecho y el derecho al debido proceso, al limitar de manera injustificada el ejercicio del derecho de contradicción por parte de los perjudicados con la restricción de la publicidad de la audiencia penal. Argumentan que reservar o limitar el acceso a una audiencia afecta al enjuiciado, de quien no se podría conocer el proceso en el que está inmerso, y a los demás interesados en acceder a una información que por regla general es pública. La Corte consideró que la facultad legal del juez penal para establecer, mediante auto motivado, restricciones al principio de publicidad en la etapa del juicio oral por motivos del interés de la justicia, no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación. En tal sentido, declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo demandado.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 417    Expediente   RE-313    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   C-430/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 682/20

Tema: EXENCIÓN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PARA EL AÑO 2020 Y OTRAS DISPOSICIONES ORIENTADAS A PROMOVER LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. Revisión automática del Decreto Legislativo 682 de 2020, por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020. Con la precitada norma el Gobierno Nacional puso en marcha tres medidas tributarias transitorias. En primer lugar, (i) estableció la exención del IVA para un conjunto de bienes determinados, en tres fechas específicas del año en curso. En segundo lugar, (ii) redujo a 0% las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas, hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad y, en tercer lugar, (iii) excluyó del IVA los cánones de arrendamiento de locales comerciales y los pagos mensuales por concepto de concesión de espacios, hasta el 31 de julio de 2020. La Corte concluyó que la exención especial del IVA para el año 2020, establecida con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana en el marco del estado de emergencia generado por la pandemia de COVID 19, cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y en la jurisprudencia constitucional. Con base en lo anterior, se declaró la EXEQUIBILIDAD del Decreto en mención.
Recibo Relatoria:   2020-10-28


Item 418    Expediente   T-7672795    Fecha sentencia   2020-09-30    Sentencia   T-425/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    DIGNA JUDITH GONZALEZ GONZALEZ VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE URIBIA

Tema: TRANSPORTE ESCOLAR COMO GARANTIA DEL DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE COMUNIDAD INDIGENA Se instaura la acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del municipio de Uribia (La Guajira), por vulnerar los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de los niños que estudian en el aula de Punta Coco, perteneciente al Centro Etnoeducativo Integral Rural Bahía Hondita, al no garantizarles el servicio de transporte escolar. La parte demandada adujo que la comunidad de Punta Coco no hacía parte de las rutas de transporte escolar que habían sido autorizadas en el 2018, pero que se estaban adoptando medidas a efectos de suministrar el transporte para el año 2019 y que para la vigencia del año 2020 se había suscrito un contrato que incluía la ruta escolar que originó la presentación de la solicitud de amparo objeto de estudio. Puntualizó además, que actualmente no se está prestando el servicio debido a la suspensión de clases por la emergencia sanitaria generada por a la pandemia del COVID-19. Se CONCEDE el amparo al derecho fundamental a la educación, pero no se emite ninguna orden debido a que cesó la vulneración que causó la presentación de la acción de tutela y que hasta el momento en el que se decretó el primer aislamiento preventivo obligatorio, como consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país, se encontraban vigentes las medidas administrativas requeridas para suministrar el servicio de transporte escolar a los niños y niñas inicialmente afectados. Se hace un exhorto a varias entidades para que, una vez se levanten las medidas administrativas a través de las cuales se suspendió la prestación presencial del servicio de educación en el Centro Etnoeducativo mencionado, garanticen el componente de accesibilidad del derecho fundamental a la educación y, con ello, el servicio de transporte escolar de todos los niños y niñas que estén administrativamente a su cargo, siguiendo los protocolos de bioseguridad que para tal efecto establezcan las autoridades competentes. Asimismo, se les informa que, si procedieren de modo contrario serán sancionada de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 419    Expediente   D-13535    Fecha sentencia   2020-10-01    Sentencia   C-431/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    ANDRES ARIEL NUÑEZ GODOY VS. LEY 1819 DE 2016

Tema: DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS EN EFECTIVO PARA CIERTOS CONTRIBUYENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 307 parcial de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dicta otras disposiciones, y contra el artículo 120 de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. La Corte considera que la limitación al reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo es una medida que se ajusta a la Constitución, en cuanto busca finalidades legítimas que garantizan la eficiencia y transparencia del sistema, contribuye a evitar fenómenos de evasión de tributos y operaciones de lavado de activos y resulta acorde con el principio de equidad tributaria. La Sala se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la constitucionalidad del artículo 120 de la Ley 1943 de 2018 por sustracción de materia; en tanto no existe en la actualidad norma objeto de control ante la subrogación de la misma con ocasión de la expedición del artículo 136 de la Ley 2010 de 2019. De otro lado, declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 307 (parcial) de la Ley 1819 de 2016.
Recibo Relatoria:   2020-11-13


Item 420    Expediente   D-13568    Fecha sentencia   2020-10-01    Sentencia   C-432/20
Magistrado Ponente:Luis Javier Moreno Ortiz SV:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Alberto Rojas Ríos AV:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    LAURA KATHERINE QUEVEDO BAYONA Y OTRA VS. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Tema: AUXILIO DE CESANTÍA. EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA LOS ARTESANOS QUE NO OCUPEN MÁS DE 5 TRABAJADORES PERMANENTES EXTRAÑOS A LA FAMILIA. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo. La disposición acusada prevé una excepción a la regla general sobre pago de auxilio de cesantía, cuando se trata de trabajadores al servicio de un artesano que no sean más de cinco, cuando el artesano trabaja directamente en su establecimiento. Las demandantes consideran que dicha excepción es incompatible con el Preámbulo y los artículos 1, 13, 25, 42 y 53 de la Constitución. La Corte concluyó que, al no estar justificada, la norma demandada es incompatible con los mencionados artículos de la Carta Superior y, por ello, decidió declararla INEXEQUIBLE. Se dispuso que dicha decisión tenga efectos a partir de la sentencia, dado que no se modularon sus efectos en el tiempo, en el sentido de hacerlos retroactivos o diferidos. Se precisa que, si bien la regla general es que los efectos del fallo se producen a partir de su comunicación, en este caso se precisó esto de manera explícita, en la parte motiva de la sentencia, para evitar eventuales equívocos o confusiones.
Recibo Relatoria:   2021-03-02


Item 421    Expediente   T-7176810    Fecha sentencia   2020-10-01    Sentencia   SU.433/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Gloria Stella Ortiz Delgado SV:Cristina Pardo Schlesinger SV:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Luis Javier Moreno Ortiz
Demandante / Demandado    FiDEL JOSE GOMEZ RUEDA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA, SALA PENAL

Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE DECRETO PRECLUSION POR PRESCRIPCION EN PROCESO PENAL. IMPROCEDENCIA Se instaura la acción de tutela en contra de una decisión judicial adoptada en sede de impugnación al interior de una causa penal, adelantada a un ciudadano a quien se le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Con dicha providencia se decretó la prescripción de la acción penal en favor del procesado de conformidad con el artículo 86 del Código Penal, por haber transcurrido más de 10 años desde la formulación de la imputación, sin que se hubiese culminado la etapa del juicio oral. . En criterio del actor, dicha sentencia trasgredió la prevalencia de los derechos de los niños y niñas, así como las garantías al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto sustantivo por indebida interpretación normativa, en tanto para el caso resultaba aplicable el inciso tercero del artículo 83 del precitado Código. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo. 3º. La prevalencia de los derechos de los menores de edad víctimas dentro del proceso penal. 4º. La prescripción de la acción penal como límite al ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte considera que la interpretación vertida en el fallo cuestionado no sólo se considera como plausible, sino también constitucionalmente admisible, en tanto atendió razonablemente la diferencia existente entre: a). la prescripción general de la acción penal y la interrupción de la prescripción; b). el término de prescripción como elemento esencial del debido proceso del acusado; c). el principio de estricta legalidad en materia penal y; d). el respeto por el precedente del órgano de cierre de su jurisdicción. En consecuencia, al no encontrar configurado el defecto alegado, se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado. No obstante lo anterior, la Sala Plena se pronunció sobre el evidente desinterés y desidia con las cuales las diferentes autoridades dieron trámite al proceso penal. Consideró la Corporación, que el problema de fondo no fue la manera en la que se computaron los términos penales, sino la posible negligencia de entidades estatales, quienes, pese a contar con diez años para empezar y culminar un juicio penal, dejaron vencer los términos legalmente establecidos, en detrimento de los derechos de una presunta víctima de violencia sexual a la verdad, justicia y reparación. Se compulsan copias de los expedientes de los procesos penal y de tutela a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de que se investigue la posible incursión en faltas disciplinarias y conductas punibles de los intervinientes en la causa judicial que dio origen a la solicitud de amparo. Así mismo, se exhorta al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en el marco de sus competencias, evalúen la necesidad de adoptar las medidas legislativas y administrativas orientadas a solventar el estancamiento de los procesos penales, debido a la malsana práctica de suscitar continuos aplazamientos de audiencias, la cual, por lo demás, desafía la efectividad del sistema penal acusatorio y de la administración de justicia
Recibo Relatoria:   2021-01-26


Item 422    Expediente   T-7594854    Fecha sentencia   2020-10-01    Sentencia   T-434/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Luis Guillermo Guerrero Pérez
Demandante / Demandado    MARIA INES LLANO NARVAEZ Y OTRA VS. ECOPETROL Y OTRO

Tema: DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONAS EN CONDICION DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que las accionantes persiguen el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, seguridad social, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada y debido proceso de sujetos en situación de debilidad manifiesta, por la situación de salud que afrontan. Además, que presentan una situación fáctica similar y que tienen en común las mismas pretensiones, esto es: el reintegro laboral; el pago de los salarios dejados de percibir y; la cancelación de la sanción de 180 días de salario por terminar el contrato de trabajo sin autorización del Ministerio del Trabajo. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la salud y la protección constitucional a personas en situación de debilidad manifiesta por salud en materia laboral. La Sala concluye que: i). un empleador vulnera los derechos fundamentales de un trabajador cuando lo despide sin autorización del Ministerio del Trabajo, a pesar de presentar una condición de salud que le impide significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades ii) La condición de debilidad manifiesta fue conocida por el empleador en un momento previo al despido y, iii) no existe una justificación suficiente para la desvinculación, en razón a que el empleador no desvirtúa la presunción de despido discriminatorio y las pruebas aportadas ratifican tal presunción. En ambos casos de CONCEDE el amparo invocado, se declara la ineficacia de la terminación de las relaciones laborales y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-09


Item 423    Expediente   T-7720117    Fecha sentencia   2020-10-01    Sentencia   T-435/20
Magistrado Ponente:Luis Javier Moreno Ortiz
Demandante / Demandado    MIRIAM RIVERA OSORIO VS. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Tema: DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD. La accionante, actuando en calidad de agente oficiosa de una hija mayor de edad que presenta una condición de discapacidad y una situación de salud por la que debe consultar con frecuencia diferentes especialistas, en ocasiones, con manejo mediante hospitalización, considera que la universidad cuestionada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad material y a la educación, al no haber implementado acciones afirmativas que aseguraran la continuidad y permanencia de su hija en el programa académico de pregrado que cursa en dicha institución. El ente universitario adujo que ha desplegado todo lo que ha estado a su alcance para llevar a cabo los distintos componentes de la propuesta de acompañamiento a la estudiante, a pesar de que se han presentado diversas situaciones, ajenas a su voluntad, que le han impedido dar cumplimiento a todos ellos. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a la educación y el componente de adaptabilidad para personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior y, 2º. Los deberes del Estado y de las instituciones de educación superior frente a la educación de las personas con discapacidad. La Corte verificó que los esfuerzos conjuntos de la universidad, la familia y la estudiante muestran resultados destacables, en la medida en que la universitaria ha podido permanecer en el sistema educativo y, con los ajustes necesarios, ha podido superar con éxito varios semestres de su carrera profesional. No obstante lo anterior, instó a la institución a continuar brindando los apoyos y ajustes que requiera la estudiante a fin de avanzar en su proceso educativo. De manera especial se insiste a la universidad sobre la necesidad de liderar el diálogo y el acercamiento con la estudiante y su acudiente, a fin de actualizar las medidas de acompañamiento académico, de acuerdo con las necesidades específicas de la joven, para que pueda continuar con su proceso educativo. La Sala precisa que lo anterior debe realizarse conforme al marco establecido en la “Política institucional de inclusión con enfoque en discapacidad” de la UTP, estableciendo el seguimiento adecuado de las mismas y asegurando el presupuesto para la aplicación de las acciones afirmativas que correspondan.
Recibo Relatoria:   2020-12-11


Item 424    Expediente   T-7810888    Fecha sentencia   2020-10-02    Sentencia   T-436/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado    CARMEN VS. SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DE AMARILLO Y OTRO

Tema: DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE PADRES MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR La accionante, de nacionalidad venezolana que ingresó al país con los miembros de su familia de manera irregular, considera que las entidades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana de su hija de tres años de edad, al abstenerse de brindarle la atención médica que requiere para el tratamiento de la delicada patología que padece. Así mismo, por no expedir en favor de otros menores de edad el Permiso Especial de Permanencia (PEP), lo que les ha impedido afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud. Se reiteran las reglas existentes en materia de: 1º Los derechos y deberes de las personas extranjeras en Colombia. 2º. El derecho fundamental a la salud y a la atención de los extranjeros y en especial de los migrantes con estancia irregular, a la luz del principio de solidaridad, de la noción de urgencia y de la prestación de los servicios relacionados con ella y, 3º. El derecho a la salud de los niños y niñas migrantes con estancia no regularizada en Colombia y las implicaciones del interés superior del menor de edad. Se CONCEDE el amparo del derecho a la salud, a la igualdad y a la vida digna de la hija de tres años de la actora, pero se NIEGA el amparo invocado en lo que respecta a la regularización de la condición migratoria de los otros menores de edad agenciados.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 425    Expediente   T-7719279    Fecha sentencia   2020-10-06    Sentencia   T-437/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    ANGIE KATERINE TOVAR RICO VS. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Tema: DERECHO A LA IGUALDAD EN ACCESO A EDUCACION SUPERIOR Y LOS CUPOS ESPECIALES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS En el año 2018 la accionante fue admitida en la universidad cuestionada a través de un cupo especial destinado a población desplazada por la violencia. Al comenzar el primer período académico, la madre de la peticionaria sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó en condición de discapacidad física y, por ello, tuvo que dedicarse de tiempo completo a su cuidado y asistencia, lo cual la obligó a solicitar el retiro voluntario del semestre. Debido a que la situación familiar y económica persistió y a que finalizaba el plazo para solicitar el reingreso, en febrero de 2019, acudió a la oficina de Bienestar Institucional de la Universidad, en busca de orientación frente a su situación académica. No obstante, no recibió ninguna asesoría ni le fueron ofrecidas alternativas frente a sus condiciones, de manera que, a través de esa dependencia, terminó solicitando el retiro definitivo del proyecto curricular. A mediados del año 2019, inició un segundo proceso de admisión en la misma Institución, pero ésta la excluyó con el argumento de que se encontraba inhabilitada, pese haber obtenido el mejor puntaje entre los aspirantes inscritos en la modalidad de cupo especial. Esta decisión es la que se considera trasgresora de derechos fundamentales. Se reitera jurisprudencia relacionada con el acceso a la educación universitaria en condiciones de igualdad y, los cupos especiales en las universidades públicas y sus límites frente a terceros y a los destinatarios. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada que, si es del interés de la tutelante, la admita en el periodo académico siguiente a la notificación de esta Sentencia, en el proyecto curricular al que aspiró en el año 2019. En tal caso, la accionante deberá acercarse a la oficina de admisiones de la Universidad, con la finalidad de ser informada acerca de la manera en que, de manera puntual y precisa, se tramitará el cumplimiento de la presente orden.
Recibo Relatoria:   2020-10-27


Item 426    Expediente   T-7742471    Fecha sentencia   2020-10-06    Sentencia   T-438/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SV:Alejandro Linares Cantillo AV:Luis Javier Moreno Ortiz
Demandante / Demandado    CAREN DAYANA CALIZ OTECA VS. MARIA VICTORIA GONZALEZ DE PEREZ

Tema: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA QUE SE DESEMPEÑA EN LABORES DE SERVICIO DOMESTICO Y PERTENECE A COMUNIDAD INDIGENA La accionante pertenece a la comunidad indígena Páez del departamento del Cauca y se desempeñó como empleada de servicios domésticos en la casa de la accionada, a través de la suscripción de un contrato de trabajo. La actuación que se considera trasgresora de derechos fundamentales es la terminación de la relación laboral a pesar de que la peticionaria se encontraba en estado de embarazo y la empleadora conocía tal situación. La ciudadana cuestionada alegó que su ex trabajadora no sólo renunció voluntariamente, sino que firmó un paz y salvo por la terminación del contrato. Se reitera jurisprudencia constitucional relativa a: 1º. El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por maternidad. 2º. El fuero de maternidad cuando la alternativa laboral es un contrato de trabajo a término indefinido de servicios domésticos. 3º. El fuero de maternidad en los casos de terminación por renuncia. 4º. La precitada garantía en los casos de terminación de mutuo acuerdo y, 5º. La protección de los derechos de los indígenas. Se CONCEDE el amparo invocado, se declara la ineficacia de la terminación de la relación laboral mencionada y se ordena el reintegro y el pago de las erogaciones dejadas de percibir.
Recibo Relatoria:   2020-11-17


Item 427    Expediente   T-7719491    Fecha sentencia   2020-10-06    Sentencia   T-439/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera SPV:Alejandro Linares Cantillo
Demandante / Demandado    HENRY TORRES VS. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Tema: DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDER SOCIAL AFRO El peticionario es un líder de las comunidades negras del Cauca que por su protagonismo en la defensa del medio ambiente, la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal, ha sido objeto de diversas amenazas, desplazamiento e incluso, atentados, por lo que desde el año 2014 cuenta con un esquema de protección a cargo de la UNP. No obstante lo anterior, considera que la precitada entidad no ha tomado los correctivos necesarios para preservar su vida y, que por el contrario, ha tomado ciertas decisiones que por el contrario ponen en inminente y grave riesgo su integridad y la de su núcleo familiar. Con la acción de tutela se pretende: (i) el cambio del vehículo de protección; (ii) la no suspensión del vehículo por presunto mal uso; (iii) la ampliación del esquema a su familia; (iv) la contratación del escolta de confianza propuesto; (v) el traslado de su caso a la regional del Valle del Cauca; y (vi) un subsidio económico para vivienda y manutención en la ciudad de Cali. Se aborda temática relacionada con: 1º. La acción de tutela como mecanismo de protección definitivo en defensa de la vida y la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos y, 2º. Las obligaciones del Estado con respecto a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales. Considera la Corte que la entidad cuestionada sí vulneró garantías constitucionales al proferir decisiones insuficientemente motivadas y al abstenerse de tomar los correctivos necesarios para garantizar la seguridad del actor y de su núcleo familiar. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria:   2020-10-22


Item 428    Expediente   D-13510    Fecha sentencia   2020-10-08    Sentencia   C-440/20
Magistrado Ponente:Richard Steve Ramírez Grisales AV:Jorge Enrique Ibáñez Najar
Demandante / Demandado    OSCAR DAVID GOMEZ PINEDA VS. LEY 1955 DE 2019

Tema: DEROGACIÓN DEL ARTICULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR ORDEN JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 336 (parcial) de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El actor sostiene que la derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 de 2002, que regula “la guarda de los vehículos inmovilizados por orden judicial en parqueaderos autorizados bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama judicial, vulnera los artículos 158 y 157 de la Constitución Política, al desconocer el principio de unidad de materia y los principios de consecutividad e identidad flexible. La Corte declaró INEXEQUIBLE la norma cuestionada. En su criterio, la misma desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible, así como el de unidad de materia. Lo primero, por cuanto corresponde a una materia nueva que solo fue introducida en el segundo debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, que cual corresponde al tercer debate del trámite legislativo, por lo que no surtió la totalidad de los debates parlamentarios. Lo segundo, porque la norma derogatoria carece de conexidad directa e inmediata con los pactos y estrategias que integran la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
Recibo Relatoria:   2020-11-20


Item 429    Expediente   T-7803142    Fecha sentencia   2020-10-13    Sentencia   T-441/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    MARTHA EDA CARDONA OSPONA VS. FISCALIA 31 DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE BOGOTA Y OTROS

Tema: VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR MORA JUDICIAL EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO La accionante, actuando en calidad de agente oficiosa de su progenitora, una mujer de 89 años de edad, reprochó que, tras haber transcurrido más de catorce años desde el inicio del trámite de una acción de extinción de dominio, la Fiscalía no hubiera realizado las gestiones procesales necesarias para que el juez competente adopte el pronunciamiento de fondo, desconociendo con ello la estructura procesal establecida en la Ley 1708 de 2014 y, en consecuencia, vulnerando derechos fundamentales. Esto, porque el apartamento reclamado por la Sociedad de Activos Especiales SAS constituye el único bien con el que cuenta su progenitora para residir y para que se lleve a cabo el tratamiento médico de suministro de oxígeno y atención en salud domiciliaria que requiere., Concluye la actora que la orden de desalojo afecta las condiciones de vida de su madre. También se cuestiona a las entidades que no respondieron las peticiones que buscaban obtener un pronunciamiento de fondo. Se analiza temática relacionada con los siguientes temas: 1º. La aproximación al proceso judicial de extinción del derecho de dominio y, 2º. La relación entre los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en casos de mora judicial. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-12-05


Item 430    Expediente   T-7630065    Fecha sentencia   2020-10-14    Sentencia   T-442/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    N.M.CH.C VS. COMPARTA E.P.S. S

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-SE GARANTIZÓ SERVICIOS MÉDICOS REQUERIDOS A MENOR DE EDAD La accionante, actuando como representante legal de una hija de 15 años de edad, considera que las entidades cuestionadas vulneraron derechos fundamentales de la menor, al no haberle asignado cita para dar inicio al plan de manejo de veinte sesiones de psicoterapia individual, prescrito por el médico tratante, quien le diagnosticó un trastorno del desarrollo psicológico no especificado. El precitado servicio médico fue autorizado desde mediados del año 2019 y se hace necesario para la evolución del estado clínico de la adolescente. Teniendo en cuenta que la peticionaria vive a una hora de distancia del lugar donde se deben realizar las terapias mencionadas, solicitó también la ayuda para sufragar los costos que se podrían generar por el traslado de su hija y de un acompañante hasta dicho lugar. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la Sala tuvo conocimiento que la joven cambió de domicilio y que le practicaron las sesiones de terapia solicitadas, se declaró la carencia actual de objeto por configurarse un HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 431    Expediente   T-7793605    Fecha sentencia   2020-10-14    Sentencia   T-443/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    JOSE MANUEL ECHEVERRY RODRIGUEZ VS. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FELIX DE RESTREPO DE SABANETA

Tema: DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS DE COMUNIDAD LGBTI-DEBER DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROCESO DE ADAPTACIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTE QUE SE AUTODETERMINA COMO PERSONA TRANS El accionante manifiesta que la institución educativa cuestionada ejerció actos discriminatorios en su contra, desde que asumió una identidad de género diversa como hombre trans. Relató diferentes situaciones que considera menoscabaron sus derechos fundamentales, siendo la última de ellas, la adopción de un programa de trabajo reducido en el cual directivas y profesores le prohibieron salir del aula de clases y compartir con los demás estudiantes del colegio. Por tanto, solicita vía tutela que se le ordene a dicha entidad dejar sin efectos el cronograma de clases acordado, presentar excusas públicas por los tratos degradantes cometidos en su contra y darle instrucciones a quienes trabajan allí en temas de identidad sexual, a fin de que no se sigan vulnerando sus garantías constitucionales. Por su parte, la entidad adujo que ningún directivo o educador había incurrido en tratamiento discriminatorio alguno en contra del peticionario. Aseguró, que el estudiante de manera voluntaria requirió unas condiciones especiales para terminar su año escolar, motivo por el cual se le presentó un plan de estudios que el mismo acogió, sin estar facultado para cuestionar posteriormente el acuerdo al que habían llegado. Se analiza la siguiente temática: 1º. La protección de la identidad de género a la luz de la Constitución. 2º. El derecho a la igualdad y la orientación sexual e identidad de género como criterios sospechosos de discriminación y, 3º. El derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes y su conexidad con el libre desarrollo de la personalidad de personas con sexualidad e identidad de género diversa. Pese a declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, la Corte previno a la accionada para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actuaciones como la descrita en esta providencia, en las que despliegue conductas discriminatorias contra un estudiante por razones derivadas de su identidad de género, comoquiera que tal actuación se aparta de su deber institucional de propiciar un ambiente sano para el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes.
Recibo Relatoria:   2021-02-12


Item 432    Expediente   RE-312    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   C-448/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SPV:Gloria Stella Ortiz Delgado SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo SPV:Richard Steve Ramírez Grisales SPV:Jorge Enrique Ibáñez Najar AV:Alejandro Linares Cantillo AV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 678/20

Tema: MEDIDAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 678 del veinte (20) de mayo de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2000. La Corte concluyó que, salvo algunos que resultaron inconstitucionales, las disposiciones del Decreto objeto de estudio cumplen con los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución Política, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional; todo ello sin perjuicio de que otros artículos requirieran de condicionamiento. En consecuencia, declaró EXEQUIBLES sus artículos 1, 3, 4, 5 y 101, EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 2, en el entendido de que para el ejercicio de las facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes de que trata dicho artículo no se puede prescindir, cuando sea del caso, de las autorizaciones de las asambleas departamentales y concejos municipales. Así mismo se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 8, en el entendido de que los recursos provenientes de la sobretasa al ACPM distribuida a los departamentos y el Distrito Capital serán destinados a atender la emergencia económica declarada por el Decreto Legislativo 637 de 2020. Por último, se declaró la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 6, 7 y 9 del pluricitado Decreto.
Recibo Relatoria:   2021-01-20


Item 433    Expediente   D-13417    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   C-450/20
Magistrado Ponente:Cristina Pardo Schlesinger SV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado    CAROLINA ROZO GUTIERREZ Y OTRO VS. LEY 1943 DE 2018

Tema: OMISIÓN DE ACTIVOS O INCLUSIÓN DE PASIVOS INEXISTENTES. TIPIFICACIÓN PENAL DE ESTAS CONDUCTAS EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 63 (parcial) de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Los demandantes alegaron la vulneración del debido proceso y del principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal consagrados en los artículos 29 y 250 de la Constitución. Su objeción radicó en la falta de parámetros objetivos para controlar la facultad otorgada al director de la DIAN de solicitar a la Fiscalía General de la Nación la persecución penal de los delitos tributarios. A su juicio, es inconstitucional el hecho de que un funcionario administrativo que tiene interés directo en el proceso tributario pueda decidir de manera exclusiva y excluyente si activa o no la acción penal. El cargo de inconstitucionalidad propuesto contra las normas que establecían la necesaria petición del director de la DIAN o de su delegado para iniciar la acción penal por omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria no fue estudiado de fondo por la Corte, debido a que las disposiciones demandadas fueron derogadas por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019 y actualmente no producen efectos jurídicos. La Sala Plena de la Corporación se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo
Recibo Relatoria:   2020-12-02


Item 434    Expediente   OG-158    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   C-451/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SV:Richard Steve Ramírez Grisales SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Diana Constanza Fajardo Rivera AV:Antonio José Lizarazo Ocampo AV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY 127/15 SENADO Y 277/16 CAMARA

Tema: MADRES COMUNITARIAS. LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO DESARROLLADO POR LAS PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ICBF. Objeciones gubernamentales al Proyecto de ley número 127 de 2015 Senado y 277 de 2016 Cámara, por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones. En el trámite de las Objeciones de la referencia, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-110/19 mediante la cual decidió lo siguiente: 1º. Declarar infundada la objeción formulada por el Gobierno Nacional contra el artículo 3º del proyecto de ley bajo examen, por falta de aptitud formal. 2º. Declarar fundada la objeción formulada por el Gobierno Nacional contra el artículo 4º parcial del proyecto de ley bajo examen y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la expresión “en forma directa con el ICBF o” de la referida disposición, y 3º. Declarar fundada la objeción formulada por el Gobierno Nacional contra los artículos 5º y 6º del pluricitado proyecto de ley. En consecuencia, devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes el expediente legislativo con el fin de que tramite la subsanación del vicio de procedimiento identificado a partir del cuarto debate en la plenaria de dicha Cámara Legislativa. Al recibir nuevamente el expediente legislativo le correspondió a la Corte verificar el trámite de subsanación y emitir el presente fallo definitivo, en el que se decide: 1º. Declarar que en la reelaboración del proyecto ley de la referencia, en relación con sus artículos 2º, 3º, 7º y 10 del mismo, el Congreso se excedió en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, las modificaciones realizadas a los mencionados artículos se declaran INEXEQUIBLES. 2º. Declarar que en la reelaboración del proyecto de ley mencionado, en relación con el artículo 4º del mismo, el Congreso vulneró lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 167 de la Constitución Política y, en consecuencia dicho numeral es declaro INEXEQUIBLE. 3º. Declarar fundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de ley número 127 de 2015 Senado y 277 de 2016 Cámara, relativas al vicio de procedimiento señalado en sus artículos 5º y 6º ibídem y, por tanto, declararlos INEXEQUIBLES.
Recibo Relatoria:   2020-12-15


Item 435    Expediente   D-13652    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   C-452/20
Magistrado Ponente:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado    DIEGO HUMBERTO RENDON GOMEZ VS. LEY 1862 DE 2017

Tema: DEBER DE TESTIMONIO. LOS MENORES DE EDAD DESPUÉS DE LOS SIETE AÑOS PUEDEN RENDIR TESTIMONIO EN PROCESOS PENALES MILITARES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 194 de la Ley 1862 de 2017 y 164 de la Ley 1952 de 2019, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar. El actor considera que las disposiciones acusadas, al excluir a los niños y niñas menores de siete años de la posibilidad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios regidos por el Código Disciplinario Militar y por el Código General Disciplinario, incluso en los casos en que estén habilitados a intervenir en su condición de sujetos procesales dada su calidad de víctimas, vulneran su derecho prevalente a expresar libremente su opinión en los asuntos que los afecten y a que ésta sea tenida en cuenta. La Corte declaró INEXEQUIBLE la expresión “que tengan más de siete años” contenida en las disposiciones acusadas, porque en su criterio priva a los menores de siete de años de la facultad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios, y vulnera su derecho prevalente a la verdad y a la justicia disciplinarias cuando son sujetos procesales en razón de su condición de víctimas, desconociendo que los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez, en los términos de los artículos 44 Constitucional y 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En relación con el cargo formulado contra el inciso tercero del artículo 194 de la Ley 1862 de 2017, Código Disciplinario Militar, la Sala Plena se declaró INHIBIDA para decidir de fondo, por cuanto el cargo formulado carece de los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
Recibo Relatoria:   2021-01-22


Item 436    Expediente   T-7753067    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   T-444/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado    IRMA DEL SOCORRO SANZON GUERRERO VS. INSTITUCION HERMANAS BETHELEMITAS PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Tema: COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS Y CONGREGACIONES A través de apoderada judicial, la actora, una mujer de más de 70 años de edad que presenta dificultades de salud y problemas económicos, instaura la acción de tutela en contra del Instituto Hermanas Bethlemitas (Provincia del Sagrado Corazón de Jesús). Se aduce la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y a la igualdad, ante la negativa de tramitar el cálculo actuarial (por omisión de afiliación) de los 10 años que estuvo vinculada a la comunidad religiosa y que laboró como docente en algunos Colegios de esa congregación. La entidad argumentó que la vinculación era de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de apostolado y evangelización, la cual no generaba la obligación de efectuar aportes pensionales. Se analiza la siguiente temática: 1º. El marco jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los miembros de comunidades religiosas y congregaciones. 2º. Los fundamentos constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para regir sus asuntos internos y definir las relaciones con sus miembros. Límites constitucionales de dicha autonomía y, 3º. La protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo en materia de reconocimiento de derechos pensionales. Se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria:   2020-11-10


Item 437    Expediente   T-7779282    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   T-445/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas SV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    LEONARDO PACHON GONZALEZ VS. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTROS

Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-ACCIONANTE NO PUDO EJERCER DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO, AL EXIGIRSELE COMO REQUISITO PARA INSCRIPCION DE CANDIDATURA A ALCALDIA, EXPEDIR PÓLIZA DE SERIEDAD Y LA CONSTITUCION DE UNA CONTRAGARANTÍA El actor, un ciudadano que pretendía participar como candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones del 27 de octubre de 2019, consideró que sus derechos fundamentales fueron vulnerados cuando se le negó su inscripción, por no presentar una póliza de cumplimiento que no le fue emitida por no presentar una contragarantía. En su criterio, tal requerimiento de la aseguradora desconoció la Sentencia T-117/16. La pretensión principal de la acción de tutela se relaciona con la ampliación del plazo de inscripción de candidatos para el cumplimiento del pago de la prima de la póliza de seriedad y que la entidad aseguradora la expida sin exigir la contragarantía mencionada. Inicialmente la Sala entró a determinar si en el presente caso había operado el fenómeno de la carencia de objeto, en vista de que a la fecha la inscripción de las listas de candidatos ya se venció y las elecciones para las que buscaba inscribirse el peticionario se realizaron a finales del año 2019. Así mismo, se refirió a la procedencia de la acción de tutela contra particulares, la naturaleza de los derechos políticos, los requisitos para la inscripción de la candidatura y la actividad aseguradora según la ratio decidendi de la sentencia de tutela invocada por la parte actora. Teniendo en cuenta que la exigencia de la contragarantía desencadenó a su vez en la vulneración del derecho fundamental del accionante a ser elegido y de contera a ocupar cargos públicos, ya que a raíz de esa barrera administrativa se le truncó la posibilidad de participar en las contiendas electorales para alcalde de Bogotá el 27 de octubre de 2019, la Corte decidió revocar las sentencias de instancia que denegaron el amparo y, en su lugar, declarar la carencia actual del objeto por DAÑO CONSUMADO.
Recibo Relatoria:   2020-12-16


Item 438    Expediente   T-7235254 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2020-10-15    Sentencia   T-446/20
Magistrado Ponente:José Fernando Reyes Cuartas AV:Richard Steve Ramírez Grisales
Demandante / Demandado    MARTHA CECILIA DIAZ SUAREZ Y OTRA VS. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ

Tema: REGLAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente las peticionarias aducen que el ciudadano accionado vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra al realizar, en ejercicio de sus funciones como servidor público, declaraciones o afirmaciones difamatorias en sus redes sociales digitales, las cuales exceden los límites del poder-deber de comunicación con la ciudadanía. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las reglas de procedibilidad de la acción de tutela en materia de libertad de expresión y, 2º. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión por los servidores públicos, enfatizando en el poder-deber de comunicación de los a