Boletín No. 193

Bogotá, 19 de diciembre de 2020

La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) eligió al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos, como el personaje del año Acofade 2020.

El alto dignatario de la Corte fue elegido por votación de la comunidad jurídica. Así, se le otorgará un reconcomiendo especial por parte de la Junta Directiva de esta Asociación. 

Vale decir que sus méritos en la presenta anualidad, resaltó Acofade en un comunicado, “se deben a su labor de encabezar la implementación de la virtualidad en los trámites de tutela al interior de la alta Corporación judicial, así como la puesta en marcha del software que por la emergencia fue necesario para llevar a cabo la selección y el estudio de tutelas”.

Además de liderar la gestión judicial del alto tribunal frente a la revisión constitucional de los decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica para mitigar la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Para el reconocimiento del personaje del año, que reconoce el perfil profesional con mayor aportes para la consolidación jurídica en el país, el magistrado Rojas Ríos obtuvo casi el 70 % de los votos; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, el 16,2 %, y el presidente de la República, Iván Duque, el 12.3 %. En la votación también participaron la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, así como la electa procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

Para finalizar, y en materia de jurisprudencia constitucional, Rojas se ha caracterizado en su paso por el alto tribunal como un defensor a ultranza de las poblaciones que históricamente han sido discriminadas, así como de los derechos fundamentales y de la justicia social.

De ahí que ha sido el ponente de importantes decisiones de impacto social, jurídico y nacional, como las relacionadas con la discriminación por razones de género y de orientación sexual, la autonomía territorial, los derechos de las víctimas, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la protección de las comunidades étnicamente diferenciadas y la participación ambiental, así como la conservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, entre otras.