Boletín No. 005

Bogotá, 28 de enero de 2021

Diversidad y reconocimiento es el eje temático central del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que fue instalado por el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, en Pereira, con la asistencia virtual del jefe de Estado, Iván Duque Márquez, y con la participación presencial del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, y el alcalde encargado de la ciudad, Álvaro Arias Pérez.

El evento inició con un minuto de silencio en memoria de las 52.523 personas que hasta ayer fallecieron a causa del Covid-19, así como por todas las víctimas de los crímenes que ha dejado la violencia y la intolerancia en nuestro país.

En su discurso de inauguración, el presidente de la Corte recordó que, pese a que la Constitución de 1991 emprendió una senda irreversible hacia la igualdad, la libertad y la dignidad de los colombianos al instituir como principio el pluralismo, es inocultable que todavía persiste la discriminación de ciertos grupos sociales.

“Es una verdad inocultable que, más allá de lo que las estadísticas demuestran, se trata de la privación de derechos que afrontan no solo las comunidades indígenas sino también los grupos afrodescendientes, raizales y ROM, lo que nos obliga a interrogarnos cómo a pesar del reconocimiento y la proclamación de derechos en la Carta Política, aún quedan muchos desafíos para lograr la materialización efectiva de aquellos preceptos del constituyente”, señaló el presidente de la Corte.

El magistrado Alberto Rojas hizo énfasis en la función contra-mayoritaria que tiene la jurisdicción constitucional, sustentada en el consenso pluralista en la dignidad humana y los derechos fundamentales, que se eleva al reconocer y proteger a las minorías, así como a todos los sujetos y colectivos que han sido sometidos a una constante discriminación.

“La garantía de la independencia de los jueces es democracia. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera grupo de interés o por cualquier motivo”, puntualizó el magistrado Rojas.

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le hizo un reconocimiento a la Corte Constitucional por el compromiso y la colaboración armónica entre los poderes que le permitió revisar más de 100 decretos legislativos expedidos en el marco del estado de emergencia por el Covid-19.

“Tenemos infinita gratitud por la Corte Constitucional porque, gracias a la independencia de poderes y a la colaboración armónica, se hizo una revisión de más de 100 decretos legislativos de emergencia que permitieron no solamente atender las vicisitudes en materia de salud, sino convertirse en el más grande programa de equidad… En todas esas decisiones estuvo el ojo avizor, intérprete seguro de nuestra Carta Política, para buscar la armonía en esas decisiones de emergencia con nuestra Constitución. Y la Corte, en más de un 95%, así lo estimó”, sostuvo el primer mandatario.

Por otro lado, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, destacó el trabajo de la Corte como guardiana de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y fiscalizadora para evitar los abusos del poder.

“Esperamos que este espacio de discusión y análisis nos acerque a una convivencia pacífica y a un orden más justo que dignifique la lucha de los movimientos sociales y ponga sobre la mesa las agendas pendientes”, puntualizó el Gobernador.

Finalmente, el alcalde encargado de Pereira, Álvaro Arias Pérez, le agradeció al presidente de la Corte Constitucional por escoger la ciudad como escenario natural para sus deliberaciones e hizo votos para que encuentren en el fecundo suelo pereirano la savia que los inspire en sus reflexiones.

La agenda del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional incluyó en su primer día temas como justicia de género, reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados y un conversatorio sobre el impacto de la corrupción en los derechos de las minorías, en el que participaron los organismos de control del Estado.