El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), hizo un reconocimiento a la sentencia T-735 de 2017 de la Corte Constitucional, ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, que determinó que las autoridades encargadas de la ruta de la atención de las mujeres víctimas de agresiones pueden incurrir en actos de violencia institucional, al estudiar el caso de una mujer que pidió durante más de 5 años a una Comisaría de Familia que le fuera impuesta una sanción a su ex pareja, por actos de violencia psicológica. Este Tribunal explicó que el Estado se convierte en un segundo agresor cuando sus funcionarios i) no expiden medidas de protección en plazos razonables, ii) niegan información sobre el estado de los procesos administrativos o judiciales, iii) sus decisiones se fundamentan en nociones preconcebidas sobre el comportamiento que debe asumir una mujer agredida, iv) no aseguran los derechos reconocidos en la Ley 1257 de 2008, o v) no dictan medidas de protección que conjuren el tipo de violencia sufrida. Teniendo en cuenta que en el Plan Decenal de Justicia, adoptado mediante el Decreto 979 de 2017, el Gobierno Nacional reconoció que el funcionamiento actual de las comisarías de familia no garantiza sus derechos fundamentales y que era necesario su rediseño, la Corte solicitó al Comité Directivo del Plan Decenal del Sistema de Justicia, integrado por el Ministerio de Justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que pusiera en marcha en el menor tiempo posible el rediseño de las comisarías de familia. A nivel local, le solicitó a la Mesa de Trabajo del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia (SOFIA), conformada por las entidades distritales encargadas de la atención, hacer un diagnóstico del funcionamiento de las comisarías y establecer protocolos de atención para evitar la revictimización de las mujeres, así como iniciar jornadas de sensibilización para que la ruta de atención sea un escenario libre de violencia institucional.
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