Boletín No. 188

Bogotá, 15 de diciembre de 2020 

El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, a través de una rueda de prensa, hizo un balance de gestión del 2020 en relación con tres ejes temáticos: actividad judicial, procesos de modernización y los principales retos para el próximo año.

Respecto de los resultados de la actividad judicial, indicó que se realizaron 85 salas plenas. 16 de ellas fueron presenciales, 3 mixtas y 66 fueron virtuales. Se han proferido 513 sentencias (214 de constitucionalidad y 299 tutelas) y 490 autos de sala plena.

Precisó que por mandato constitucional gran parte de la labor se concentró en el control automático de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos del Gobierno Nacional. En siete meses se culminó esta revisión y se analizaron 885 artículos, de los cuales el 11 % se declararon inexequibles y un 9 % tuvieron algunas expresiones inexequibles o condicionalmente exequibles.

Así mismo, el alto dignatario destacó la revisión de los decretos sobre justicia digital, arrendamiento de locales comerciales, la continuidad de funciones de la jurisdicción constitucional, el acceso a productos básicos de la canasta familiar, contratación estatal y servicios públicos domiciliarios.

De forma paralela, afirmó que se han proferido 93 sentencias que estudian demandas de inconstitucionalidad y se avanzó en la revisión de tutelas. Entre estas decisiones se destacan: la reparación de daños en divorcios cuando se demuestre violencia, la unificación de reglas para acceder a servicios en salud, la orden que obliga a los jueces a no impedir el acceso de la prensa a las audiencias preliminares y la sentencia que destrabó la integración de la Comisión de Disciplina Judicial, entre otras.

Modernización de la Corte

De otra parte, y según el concepto del magistrado Rojas, el aislamiento social obligó a adoptar otras medidas inmediatas. Estas incluyeron la reforma al reglamento interno, la incorporación de la firma electrónica, la migración de sistemas de información a versiones web y la creación de herramientas para votaciones electrónicas y el reparto de procesos.

Uno de los principales cambios fue el paso a la remisión electrónica de tutelas que empezó a realizarse en todo el país a partir del 31 de julio y que permitió sustituir el envío por correo físico.

“A la fecha se han recibido 150 mil tutelas de manera electrónica, de las cuales el 84 % se han enviado a través de una plataforma que desarrolló la Corte. Esta nueva forma de remisión aumentará la trazabilidad de las tutelas, liberará infraestructura física, eliminará trámites operativos, ahorrará más de 11.000 millones anuales al Estado en correo físico y generará menores impactos ambientales”, detalló.

El segundo proyecto de transformación digital, agregó, es la incubación de Pretoria, un sistema que auxiliará en el proceso de selección de tutelas y que permitirá a la Corte adaptar su gestión a la demanda actual, que es 1900% mayor a la que se tenía hace 25 años. Dicho sistema, justamente, fue premiado anoche por la Corporación Excelencia en la Justicia.

Igualmente, señaló que otra de las aristas de la modernización es el programa de la Corte de acercamiento a los ciudadanos. Para esto, se desarrollaron una serie de estrategias para cumplir este fin, como la traducción de sentencias a comunidades indígenas, la elaboración de material pedagógico y nuevos contenidos web. De este modo, resaltó la labor para promover la jurisprudencia en los debates globales, prueba de ello es la realización de la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

En materia de transparencia y fortalecimiento institucional, el Presidente de la Corte mencionó las siguientes iniciativas: el ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto y estadísticas y bases de datos abiertos sobre la jurisdicción constitucional, así como la suscripción de un memorando de entendimiento con el Departamento de la Función Pública y el apoyo de USAID para generar recomendaciones sobre la gestión del proceso de tutela.

Retos y casos para el 2021

Finalmente, anunció que, para el 2021, deberán resolverse en el alto tribunal temas de trascendencia nacional, como son los expedientes relacionados con las curules derivadas del Acuerdo de Paz, el aborto, la cadena perpetua y los terrenos baldíos y la política de tierras sin titulación.

De ahí que explicara que estos asuntos admiten tensiones entre múltiples derechos fundamentales y los principios que caracterizan un Estado social de derecho. También contienen problemáticas estructurales que han sido abordadas a lo largo de la jurisprudencia constitucional y respecto de las que permite definir si el tratamiento otorgado resulta suficiente o adecuado para el contexto actual.

Por último, destacó varios retos para consolidar la modernización de la Corporación, como: fortalecer la comunicación con los ciudadanos y los jueces, mejorar la relatoría para facilitar la búsqueda de información entre las más de 26 mil sentencias que se han proferido, mejorar los tiempos de publicación de los fallos proferidos por la Sala Plena y fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela.

Lo anterior por cuanto es preocupante que en el último informe del Consejo Superior de la Judicatura se señale que en 2019 en el 66 % de las tutelas concedidas se iniciaron incidentes de desacato y, por último, asumir la nueva función de resolución de conflictos entre jurisdicciones que venía ejerciendo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La gestión de la Corte en 2020 en cifras - Corte: 11 de diciembre de 2020

En 2020, la Corte Constitucional ha recibido 707 procesos (555 de constitucionalidad, 137 conflictos de competencia y 15 de jurisdicciones) y 248.246 tutelas para el trámite eventual de revisión. A su vez, profirió 490 autos de sala plena y 513 sentencias; todo esto en el marco de un proceso de virtualización y cambios inesperados.  A continuación se detallan algunas de las cifras que ilustran la gestión del año:

1. Salas plenas

Se realizaron 85 Salas Plenas distribuidas así:

• Presenciales: 16
• Virtuales: 66
• Mixtas: 3

Dato importante: para realizar las salas plenas virtuales, la Corte Constitucional aprobó en las sesiones del 18 y 19 de marzo la reforma a su reglamento interno. La primera sala virtual en la historia de la Corte se realizó el 25 de marzo de 2020.

2. Procesos de constitucionalidad; conflictos de competencia y jurisdicción

2.1 Procesos recibidos:

• Demandas de inconstitucionalidad: 436
• Leyes aprobatorias de tratado: 3
• Conflictos de Jurisdicciones: 15
• Conflictos de competencia: 137
• Decretos Legislativos: 115
• Proyecto de Ley Estatutaria: 1

2.2 Decisiones adoptadas:

Se han proferido 513 sentencias, de las cuales el 41,72% (214) son de constitucionalidad.

Los procesos estudiados fueron:

• Demandas de inconstitucionalidad: 93 (43,46%)
• Decretos legislativos: 115 (53,74%)
• Leyes aprobatorias de tratado: 3 (1,40%)
• Objeciones gubernamentales: 3 (1,40%)

En total se estudiaron 1.119 artículos en las sentencias de constitucionalidad, así:

• Demandas de inconstitucionalidad: 198 (17,69%)
• Decretos legislativos: 885 (79,09%)
• Leyes aprobatorias de tratado: 9 (0,80%)
• Objeciones gubernamentales: 27 (2,41%)

2.3 Control de constitucionalidad de los Decretos legislativos:

• De los 115 decretos legislativos recibidos, 73 eran de la primera declaratoria de emergencia y 42 de la segunda. El 34,78% de los decretos estaban relacionados a Hacienda y Crédito Público. El segundo tema más recurrente fue el de Trabajo y Seguridad social, con un 9,57%.
• A través de canales virtuales recibieron 2.450 intervenciones ciudadanas y conceptos sobre los decretos legislativos bajo estudio.

Resultados del control por Decreto:

• • Exequibilidad: 57 (50%)
  • Exequibilidad parcial/condicionada: 51 (44%)
  • Inexequibilidad: 7 (6%)

Resultados del control por Artículo:

• Exequibles: 79,89%
• Con condicionamientos o expresiones inexequibles: 9,04%
• Inexequibles: 11,07%

Datos importantes:

• El control automático de los decretos legislativos debe realizarse en un tercio de los términos ordinarios. Adicionalmente, requiere del análisis y decisión individual sobre cada artículo.
• Desde 1992 hasta la fecha se han recibido 390 decretos legislativos para control automático de constitucionalidad, quiere decir que este año la Corte recibió el 29% de todos los decretos legislativos que se han proferido desde su entrada en funcionamiento.

3. Procesos de tutela

248.246 tutelas para el trámite eventual de revisión. De las 513 sentencias proferidas por la Corte, el 58,28% son de tutela, es decir, 299, así:

• Sentencias de Unificación de Tutela: 34
• Sentencias de Tutela: 265

Datos importantes:

• En el mes de octubre, la Corte superó los 8 millones de tutelas recibidas desde su entrada en funcionamiento.
• Entre el 16 de marzo y el 30 de julio se interrumpió el envío de tutelas a la Corte para iniciar el trámite eventual de revisión. Esta decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura para proteger a los ciudadanos y usuarios durante el periodo de aislamiento social.
• En este tiempo, la Corte en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, adoptaron las medidas regulatorias y tecnológicas para dar el salto histórico a la remisión electrónica de tutelas, que comenzó a realizarse el 31 de julio. Con esto, en tan solo unos meses, se han ahorrado más de mil millones de pesos al Estado en correo físico y se espera un ahorro anual de 11 mil millones solo por este rubro.
• Se observa una reducción de las tutelas recibidas por la Corte para el trámite eventual revisión. Esto puede deberse a un menor uso de la acción de tutela y a que aún faltan despachos por enviar sus expedientes a la Corte. (Aún no cuenta con el dato total de las tutelas tramitadas por los despachos del país, pues el Consejo Superior de la Judicatura suspendió el diligenciamiento del sistema de reporte estadístico de los despachos hasta enero de 2021).

4. Memorandos de entendimiento suscritos por la corte constitucional

• Departamento Administrativo de la Función Pública para el fortalecimiento institucional de la Corte.
• Universidad del Rosario y Universidad de Buenos Aires para el proyecto de Pretoria.
• Defensoría del Pueblo para la divulgación y promoción de los derechos humanos.
• Ministerio de Justicia, DNP, Ministerio del Interior y Contraloría para imprimir un millón de constituciones.
• UNAD para la divulgación y pedagogía de la jurisprudencia constitucional.
• GIZ para la modernización de la Corte Constitucional.
• Policía Nacional para la divulgación de la garantía de los derechos fundamentales en la Policía.
• Amazon Conservation Team para la traducción de resúmenes de sentencias a lenguas indígenas.
• Comparative Constitution Project para la traducción de la Constitución al inglés.