La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a una familia pagar un salario mínimo a su ex empleada doméstica, mientras que ella inicia un proceso laboral para obtener el pago de sus acreencias laborales por su despido. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo prestar la asesoría jurídica para evitar que sus derechos laborales sean vulnerados por su despido presuntamente por una enfermedad.
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