La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, ordenó a la Unidad Nacional de Protección evaluar el riesgo en que se encuentra el líder indígena Rafael Ulcue Perdomo y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en un término de dos meses lleve a cabo un censo actualizado, de todas las personas que pertenecen al grupo de familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto (Cauca) beneficiarias de la medida de cautelar 97/10 de la CIDH. Una vez hecho el censo, dentro de las dos (2) semanas siguientes a su culminación, esta entidad deberá inscribir en el Registro Único de Víctimas a todas las personas que no estén inscritas y que cumplan con los requisitos legales. Igualmente, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que, en un término de dos meses realice una evaluación de riesgo colectiva de las 12 familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal. La evaluación tendrá en cuenta un enfoque diferencial, por lo que valorará de manera expresa las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde se presentan las amenazas.
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