En un fallo de tutela que amparó los derechos de una mujer que padecía de una enfermedad terminal y a quien los médicos tratantes se oponían a practicar la Eutanasia, la Corte Constitucional consideró que la ausencia de legislación, no faculta a los galenos para negarse a practicar este tipo de procedimientos. La Corte ordenó al Ministerio de Salud que imparta una directriz a todos los hospitales, clínicas, IPS, EPS, y en general a los prestadores del servicio de salud para que conformen un grupo de expertos interdisciplinarios que cumplirán varias funciones cuando se esté en presencia de casos en los que se solicite el derecho a morir dignamente.
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