REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

SENTENCIA SU-184 DE 2025

 

Referencia: expedientes T-9.379.113 (AC)

 

Asunto: revisión de las decisiones judiciales relacionadas con las solicitudes de tutela presentadas por (i) Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán en contra de diferentes organizaciones religiosas, y (ii) por los presbíteros Juan José Janna Céspedes y otros en contra de distintas autoridades judiciales

 

Tema: derecho de petición y de acceso a la información de periodistas para obtener datos de miembros de organizaciones religiosas en el marco de investigaciones periodísticas sobre conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero[1]

 

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, decide sobre los fallos de tutela proferidos dentro de los siguientes 48 expedientes, relacionados con acciones de tutela promovidas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán contra distintas organizaciones religiosas: T-9.379.113 (Instituto Misionero San Juan Eudes); T-9.388.994 (Diócesis de Neiva); T-9.390.120 (Diócesis de Apartadó); T-9.401.364 (Diócesis de Caldas); T-9.408.984 (Diócesis de El Espinal); T-9.416.225 (Hijos de la Sagrada Familia);      T-9.420.990 (Diócesis de Girardot); T-9.423.798 (Arquidiócesis de Tunja);                 T-9.432.271 (Padres Montfortianos); T-9.435.595 (Diócesis de Granada);                            T-9.439.040 (Diócesis de Santa Rosa de Osos); T-9.439.068 (Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia); T-9.439.968 (Diócesis de Valledupar); T-9.440.665 (Diócesis de Sincelejo); T-9.443.946 (Diócesis de Yopal); T-9.445.440 (Padres Asuncionistas);           T-9.445.635 (Clérigos de San Viator); T-9.447.464 (Padres Jesuitas); T-9.449.573 (Diócesis de Socorro y San Gil); T-9.450.994 (Orden de Frailes Siervos de María); T-9.452.369 (Diócesis de Montelíbano); T-9.454.028 (Misioneros Javerianos de Yarumal); T-9.454.967 (Vicariato Apostólico de Tierradentro); T-9.456.770 (Diócesis de Chiquinquirá); T-9.457.457 (Arquidiócesis de Popayán); T-9.460.173 (Congregación de Jesús y María - Padres Eudistas); T-9.460.895 (Congregación Josefinos de Murialdo); T-9.461.175 (Diócesis de Buenaventura); T-9.461.384 (Congregación de los Sagrados Corazones); T-9.471.308 (Misioneros de San Carlos Scalabrinianos); T-9.474.971 (Agustinos Recoletos Provincia Nuestra Señora de La Candelaria); T-9.479.400 (Diócesis de Cúcuta); T-9.487.762 (Obispado Castrense); T-9.489.477 (Diócesis de Garzón); T-9.492.648 (Diócesis de Buga); T-9.509.781 (Diócesis de La Dorada - Guaduas); T-9.511.805 (Diócesis de Pasto); T-9.521.560 (Pía Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín); T-9.536.110 (Arquidiócesis de Bogotá); T-9.538.380 (Diócesis de Mocoa - Sibundoy);                           T-9.548.517 (Arquidiócesis de Pamplona); T-9.564.684 (Padres Vicentinos);                            T-9.571.501 (Diócesis de Cartago); T-9.575.079 (Diócesis de Palmira); T-9.618.460 (Arquidiócesis de Medellín); T-9.660.207 (Diócesis de Málaga - Soatá); T-9.668.123 (Diócesis de Pereira); y T-9.675.582 (Congregación de la Fraternidad Sacerdotal); así como las decisiones de tutela dictadas en los siguientes dos expedientes, relacionados con solicitudes de amparo promovidas por presbíteros contra autoridades judiciales, en el marco de procesos de tutela promovidos por los periodistas, en los que se ordenó la entrega de la información personal de los párrocos: T-9.660.217 (Juan José Janna Céspedes vs. Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Caldas y Juzgado 1 Civil del Circuito de Caldas, acumulada con Alirio de Jesús Zapata vs. Diócesis de Caldas por los mismos hechos) y T-9.824.281 (Juan Pablo Barrientos Hoyos contra la Diócesis del Espinal)[2].

 

I.                  ANTECEDENTES

 

En este acápite la Sala presentará la síntesis de la decisión, hará una presentación de los hechos relevantes de los casos y los ocurridos con anterioridad a la presentación de la tutela, además de sus pretensiones; igualmente, dará cuenta de las decisiones de instancia y del trámite en sede de revisión.

 

A.          Síntesis de la decisión

 

1.           La Corte Constitucional se pronunció respecto de 50 expedientes de tutela acumulados. De un lado, lo hizo frente a 48 acciones presentadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes, en ejercicio de los derechos de petición y de acceso a la información, solicitaron a distintas autoridades eclesiásticas datos personales de los sacerdotes o presbíteros nacionales o extranjeros, ordenados, incardinados o colaboradores adscritos a organizaciones religiosas, desde su creación hasta la actualidad. En tres de estos expedientes            (T-9.457.457, T-9.454.967 y T-9.439.040) los periodistas solicitaron información específica sobre la existencia de denuncias contra clérigos previamente determinados, por presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en el marco de investigaciones relacionadas con dichas conductas.

 

2.            Al resolver las acciones de tutela presentadas por Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, la Sala Plena valoró si las organizaciones religiosas vulneraron el derecho de petición de los periodistas, al no acceder a la entrega de información relacionada con: (i) los sacerdotes y presbíteros involucrados en denuncias por conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y (ii) la trayectoria de los sacerdotes y clérigos adscritos a la institución religiosa, con independencia de su vinculación con hechos relacionados con este tipo de violencias.

 

3.            En cuanto a lo primero, la Sala Plena estimó que la solicitud de información sobre sacerdotes o presbíteros presuntamente involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes debía ser valorada de acuerdo con el estándar fijado por esta Corte en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. De acuerdo con estas decisiones, la información relacionada con las denuncias que las organizaciones religiosas hubieran podido recibir, su conocimiento sobre los procesos penales, así como las medidas que se hubieran tomado en relación con las conductas denunciadas implican una intromisión menor en el ámbito de la privacidad de los titulares de los datos, en comparación con el interés legítimo de la sociedad para conocerla.

 

4.            En cuanto a lo segundo, por una parte, precisó que no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada. En particular, indicó que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 133 de 1994 y el artículo 2.2 del Decreto 1377 de 2013, la condición de ministro o la profesión u oficio de sacerdote se desarrolla, necesariamente, en el ámbito público y, por lo tanto, es información que, como lo precisó esta Corte en la sentencia T-091 de 2020, “suele ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad”. De ahí que, en este tipo de asuntos, la información relacionada con el ejercicio de la profesión, más que ser reservada, se trata, en general, de información semiprivada.

 

5.            La Sala Plena señaló que si bien, en principio, la información sobre la trayectoria de todos los sacerdotes y clérigos adscritos a una institución religiosa no es de conocimiento o interés público, al no estar prima facie relacionada con casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, su acceso adquiere una especial relevancia para la sociedad cuando, a partir de una valoración conjunta e integral de los elementos que involucran la solicitud de información, prevalezca la protección de intereses constitucionales superiores, entre estos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto ocurre, entre otras circunstancias, cuando, al valorar las particularidades del caso, se advierte que la información solicitada (i) guarda relación con la notoriedad e importancia que tienen los sacerdotes en la sociedad y (ii) su estudio es central para el periodismo de investigación, dado que permite identificar patrones y circunstancias especiales en la trayectoria de los sacerdotes, lo que resulta crucial para identificar casos de violencia sexual y/o encubrimiento, al analizar los cambios abruptos en cuanto a trayectoria temporal y local de sacerdotes. También resaltó que, en estos contextos, el ejercicio periodístico y la libertad de prensa adquieren especial relevancia, pues la información solicitada no solo es importante para los titulares de los datos, sino que, dadas las circunstancias que motivan la presentación de las peticiones, el acceso a esta es funcional a los fines que pretenden proteger aquellas libertades.

 

6.            A partir de lo anterior, la Sala Plena amparó los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de los periodistas, tras constatar que las organizaciones religiosas no contestaron las peticiones o lo hicieron de forma incompleta. Por lo tanto, ordenó a las accionadas (i) suministrar la información de los clérigos denunciados o investigados por la presunta comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y (ii) entregar la información relativa a los sacerdotes o clérigos que han ejercido labores pastorales y, en general, de relacionamiento con la sociedad. 

 

7.            De otro lado, en cuanto a los expedientes T-9.824.281 y T-9.660.217, referidos a las tutelas de los clérigos o sacerdotes contra las autoridades judiciales que presuntamente vulneraron su derecho fundamental al debido proceso por no haberlos vinculado a los trámites de amparo en los que se ordenó suministrar su información a los periodistas, la Sala Plena revocó las decisiones de instancia y, en su lugar, declaró improcedentes las demandas presentadas por los accionantes. Esto, por cuanto la acción de tutela no procede contra sentencias de la misma naturaleza, sobre todo si se tiene en cuenta que los asuntos que originaron las decisiones cuestionadas fueron seleccionados para revisión por parte de la Corte Constitucional. En este orden de ideas, la Sala Plena constató que los fallos de amparo proferidos en los expedientes T-9.824.281 y T-9.660.217 tuvieron por objeto cuestionar las sentencias de tutela dictadas por los jueces accionados en los procesos T-9.408.984 y T-9.401.364, asuntos que también fueron seleccionados para revisión de la Corte.

 

8.            Finalmente, al analizar el expediente T-9.487.762, la Sala Plena revocó la sentencia proferida por el juez de instancia que ordenó amparar los derechos fundamentales de Juan Pablo Barrientos Hoyos en el proceso promovido contra el Obispado Castrense, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que el Obispado Castrense es una institución adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, por lo que el actor debió haber agotado el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, para cuestionar la negativa de la accionada de suministrarle la información. 

 

B.               Hechos y pretensiones

 

(i)               Expediente T-9.379.113 (AC). Solicitudes de tutela presentadas por Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán contra distintas organizaciones religiosas

 

9.            La información solicitada mediante el ejercicio del derecho de petición. Desde el año 2018, Juan Pablo Barrientos Hoyos adelanta una investigación periodística con el fin de establecer “cuántos” y “cuáles” sacerdotes en Colombia han sido “denunciados” y “encubiertos” por abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes. De manera reciente, a esa investigación se sumó Miguel Ángel Estupiñán. Para “asegurar la objetividad y la transparencia” de la investigación, y con fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional mediante las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, el 10[3], 16[4] y 17[5] de enero, el 21 de febrero[6] y el 2[7] y 21 de marzo de 2023[8], los accionantes solicitaron a distintas organizaciones religiosas el acceso a la siguiente información sobre la trayectoria de los sacerdotes ordenados e incardinados, las relaciones de estos con las instituciones religiosas, las quejas recibidas por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y las medidas adoptadas frente a esas denuncias:

 

 

10.        Adicionalmente, en tres expedientes[10], los accionantes solicitaron información específica relacionada con la existencia de denuncias contra clérigos previamente determinados por presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así:

 

 

11.             Respuesta de las organizaciones religiosas frente a las solicitudes de información. En respuesta a las solicitudes de información, las organizaciones religiosas se pronunciaron de la siguiente forma:

 

 

12.             Solicitudes de tutela. Los accionantes promovieron acciones de tutela, para obtener el amparo de sus derechos de petición y de acceso a la información. Según los actores, la tutela era procedente porque (i) las organizaciones católicas son sujetos pasivos del derecho de petición, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, (ii) la solicitud se promovió en un plazo razonable, y (iii) el ordenamiento jurídico no cuenta con un medio judicial principal diferente a la acción de tutela para garantizar el acceso a la información que niega una organización religiosa. Además, indicaron que estas últimas tenían el deber de suministrar la información solicitada con base en los criterios establecidos por la Corte en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, pues la información semiprivada de clérigos católicos se solicitaba para llevar a cabo una investigación periodística relacionada con conductas de violencia sexual cometidas contra niños, niñas y adolescentes.

 

13.             Decisiones de tutela de primera instancia. Los jueces de tutela de primera instancia adoptaron distintas decisiones, las cuales se estructuran en los siguientes argumentos principales: (i) declararon improcedente la tutela, porque (a) el término para contestar no había finalizado y el derecho de petición estaba incompleto[30]; (b) no era procedente ordenar a las accionadas suministrar datos semiprivados, ante la inexistencia de denuncias por violencia sexual cometidas por sacerdotes[31], o (c) se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado[32]; (ii) negaron la tutela, porque (a) la petición fue contestada de manera clara, congruente y precisa[33]; (b) el precedente fijado por las sentencias T-091 de 2020 y SU-091 de 2022 no resultaba aplicable[34]; o (c) se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado[35]; (iii) concedieron el amparo solicitado y, en consecuencia, ordenaron a las accionadas otorgar una respuesta completa, clara, congruente y de fondo sobre lo solicitado[36]; y, (iv) otorgaron el amparo en forma parcial[37].

 

14.             Decisiones de tutela de segunda instancia. Los jueces de tutela de segunda instancia también profirieron distintas decisiones, las cuales se sistematizan en los siguientes términos: (i) confirmaron la improcedencia de la acción[38]; (ii) revocaron la negativa de otorgar el amparo y, en su lugar, concedieron la tutela[39]; (iii) confirmaron la negativa de brindar el amparo, porque (a) se había dado una respuesta[40], o (b) se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado[41]; (iv) revocaron la decisión de amparar los derechos de los tutelantes, porque (a) se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado[42], o (b) la accionada había dado respuesta a la petición, y no estaba obligada a suministrar toda la información solicitada[43]; (v) confirmaron la decisión de conceder el amparo[44]; (vi) confirmaron parcialmente la decisión de amparar los derechos de los actores[45]; (vii) modificaron la decisión de primera instancia[46]; y (viii) revocaron parcialmente la decisión y ordenaron contestar la solicitud de información frente a un sacerdote[47].

 

(ii)        Expedientes T-9.660.217 y T-9.824.281. Solicitudes de tutela promovidas por Juan José Janna Céspedes y otros contra las autoridades judiciales que ampararon los derechos de los periodistas y ordenaron la entrega de los datos personales de distintos sacerdotes

 

15.        Expediente T-9.660.217. En la solicitud de tutela identificada con el radicado T-9.401.364, promovida por Juan Pablo Barrientos Hoyos contra la Diócesis de Caldas, seleccionada para revisión por esta Corte, los jueces de primera y segunda instancia concedieron el amparo solicitado por el periodista[48]. Como consecuencia de la decisión de tutela emitida en dicho trámite, ordenaron la entrega de la información solicitada por el accionante, incluida la del sacerdote Juan José Janna Céspedes, integrante de la citada organización religiosa[49].

 

16.        Solicitud de tutela. Según el accionante, las autoridades judiciales vulneraron sus derechos de defensa, contradicción y de acceso a la administración de justicia, por omitir vincularlo al trámite de la solicitud de tutela T-9.401.364[50], en la que ordenaron suministrar sus datos personales.

 

17.        Sentencia de tutela de primera instancia. En sentencia del 2 de junio de 2023, la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó la solicitud de amparo, pues consideró que no se advertía una situación de fraude a la ley que hiciera procedente la tutela y que, en todo caso, “los accionantes y vinculados aún cuentan con otro mecanismo judicial idóneo y efectivo, como lo sería la revisión”[51].

 

18.        Sentencia de tutela de segunda instancia. En sentencia del 28 de junio de 2023, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia concedió parcialmente el amparo. En consecuencia, ordenó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas dejar sin valor y efectos los fallos de tutela dictados en el trámite del expediente T-9.401.364 y volver a tramitar el asunto, “teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este veredicto, especialmente las relacionadas con la vinculación y enteramiento de los sacerdotes ordenados para la Diócesis de Caldas, así como los incardinados en la misma”.

 

19.        Decisiones dictadas como consecuencia de la tutela promovida por Juan José Janna Céspedes. El 21 de noviembre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas declaró la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, por considerar que la Diócesis de Caldas había puesto en conocimiento del accionante la respuesta a su petición[52]. No obstante, el periodista impugnó la decisión[53] y, como consecuencia de ello, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas revocó la determinación del a-quo y, en su lugar, concedió el amparo. Por lo tanto, ordenó suministrar la información solicitada, incluso respecto de los clérigos no vinculados en las presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, investigadas.

 

20.        Expediente T-9.824.281. En la solicitud de tutela identificada con el radicado T-9.408.984[54], promovida por Juan Pablo Barrientos Hoyos contra la Diócesis de El Espinal, seleccionada para revisión por esta Corte, el juez de tutela de primera instancia declaró improcedente la tutela por considerar que se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado. Sin embargo, la decisión fue revocada por el juez de tutela de segunda instancia, que concedió el amparo solicitado y ordenó a la accionada suministrar toda la información requerida. La Diócesis de El Espinal suministró, entre otra, la información del sacerdote Jonathan Collazos.

 

21.        Solicitud de tutela. Los sacerdotes Jonathan Collazos Vera y Jhon Henry Velásquez Sáenz promovieron solicitud de tutela contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de El Espinal. Como consecuencia de la solicitud de amparo mencionada en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia ordenó rehacer el trámite para garantizar la participación de los titulares de los datos en el proceso de tutela. La tutela promovida por los sacerdotes se identificó con el número de expediente T-9.786.998, y no fue seleccionada para revisión[55].

 

22.        Trámite adelantado en el expediente. En relación con el trámite adelantado en el expediente T-9.408.984, el 22 de septiembre de 2023, la Jueza Primera Civil Municipal de El Espinal se declaró impedida para conocer de la solicitud de amparo, por tener lazos de amistad con un sacerdote de la diócesis y ser catedrática de una fundación cuyo rector es un sacerdote adscrito a la organización religiosa accionada. Por ello, mediante providencia del 25 de septiembre de 2023, el Juzgado Segundo Civil Municipal de El Espinal declaró fundado el impedimento y asumió el conocimiento del asunto.

 

23.        Sentencia de tutela de primera instancia. En sentencia del 3 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Civil Municipal de El Espinal concedió el amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó a la Diócesis responder, dentro de los cinco días siguientes, de manera clara y de fondo, la petición presentada el 10 de enero de 2023 por Juan Pablo Barrientos. El a-quo consideró que, con base en lo indicado por la Corte en la sentencia SU-191 de 2022, “se desvirtúa el argumento del extremo pasivo, estando obligado no sólo a responder sobre los ocho sacerdotes que refirió en la respuesta alcanzada el 24 de enero del 2023, sino que debe allegar la información de todos y cada uno de los clérigos vinculados a la Diócesis de El Espinal, abarcándose todos los ítems dentro del escrito allegado el pasado 10 de enero”[56].

 

C.          Trámite en sede de revisión

 

24.        Selección de los casos. En auto del 30 de mayo de 2023[57], la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco seleccionó el expediente T-9.379.113, que fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, para su conocimiento. Los demás procesos acumulados a este expediente fueron seleccionados mediante: (i) el auto proferido el 30 de junio de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis[58], (ii) el auto proferido el 28 de julio de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete[59], (iii) el auto proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho[60], (iv) el auto dictado el 12 de septiembre de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete[61], (v) el auto proferido el 26 de septiembre de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve[62], (vi) el auto proferido el 30 de octubre de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez[63] y (vi) el auto proferido el 18 de diciembre de 2023 por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce[64].

 

25.        Autos relacionados con las solicitudes de medidas provisionales. Durante el trámite de revisión, la Corte se pronunció respecto de varias solicitudes de medidas provisionales presentadas en diferentes expedientes. Como consecuencia de ello, suspendió el cumplimiento de las órdenes proferidas en sede de instancia, mientras se agotaba el procedimiento ante esta Corporación, en los siguientes expedientes: (i) T-9.423.798 (mediante el auto 1613 de 2023)[65]; (ii) T-9.450.994, T-9.487.762,           T-9.618.460, T-9.460.895, T-9.461.175, T-9.461.384, T-9.471.308, T-9.564.684,         T-9.575.079 y T-9.450.994 (mediante el auto 2689 de 2023)[66], y (iii) T-9.439.040,  T-9.445.635, T-9.447.464, T-9.479.400 y T-9.489.477 (mediante el auto 2066 de 2023)[67]. Por el contrario, rechazó la adopción de medida provisional en el expediente T-9.329.937[68].

 

26.        Autos de pruebas. En los autos proferidos el 31 de agosto de 2023, el 14 de septiembre de 2023, el 4 de octubre de 2023 y el 23 de enero de 2024, se decretaron pruebas de oficio, con la finalidad de clarificar y profundizar sobre el tema objeto de controversia. En la medida en que las mismas resulten idóneas y oportunas para efectos de resolver el caso planteado, se hará uso de ellas en la parte destinada al examen del caso concreto.

 

27.        Auto de emplazamiento y actuaciones adicionales. En auto del 19 de octubre de 2023, la Corte vinculó a los titulares de los datos personales aportados al proceso, emplazó a las personas que consideraran tener derecho a ser vinculadas en esta actuación, decretó nuevamente pruebas de oficio y negó la solicitud de acceso al expediente presentada por un ciudadano[69]. Por otra parte, rechazó las solicitudes de devolución de los expedientes T-9.401.364 y T-9.487.762 presentadas por los Juzgados Promiscuo Municipal de Oralidad de Caldas (Antioquia) y 24 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, las cuales fueron presentadas en cumplimiento de lo ordenado por las Salas de Casación Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, mediante auto del 26 de octubre de 2023, rechazó la solicitud de acceso al expediente presentada por el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, y en auto del 23 de enero de 2024 accedió a la solicitud de intervención elevada por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales.

 

28.        Finalmente, en auto del 27 de marzo de 2025, vinculó a todos los sacerdotes y diáconos de la Iglesia Católica que así lo solicitaron, a la Diócesis de Engativá; al Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los niños, niñas y adolescentes Víctimas de Abuso Sexual; a la Fiscalía General de la Nación; y a la Conferencia Episcopal de Colombia; y  aceptó las intervenciones en el proceso presentadas por los ciudadanos católicos a título de amicus curiae. Por último, en esta última providencia también decretó pruebas de oficio para precisar el contenido de la política pública adoptada para enfrentar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y ordenó el traslado de los documentos recibidos a las partes, a las entidades vinculadas y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

A.          Competencia

 

29.        La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias de tutela proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

30.        En relación con la competencia, en el expediente T-9.675.582, la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal argumentó que la Sala Plena carecía de atribuciones para resolver el presente asunto, porque ella se rige por las normas del derecho canónico. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la organización religiosa, como lo ha reiterado esta Corporación en diversas oportunidades[70], la legislación canónica no prevalece sobre la legislación interna. Si bien el artículo 16 de la Ley 153 de 1987 reconoce que “la legislación canónica es independiente de la civil, y no forma parte de ésta”, el artículo XIX de la Ley 20 de 1974[71] establece que “continuarán diferidas a los Tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos […] como también los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesiástico, sancionados por las Leyes de la República”[72]. Además, el artículo 13 de la Ley 133 de 1994 señala que: “[e]l Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos para decidir, lo relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas que afecten o puedan afectar el estado civil de las personas”[73]. De esta manera, además de que las autoridades eclesiásticas tienen una competencia claramente limitada en el ordenamiento jurídico, no existe razón alguna que permita justificar que esta Corporación y los jueces de tutela están excluidos del conocimiento de la acción de amparo para la protección de los derechos de todas las personas (CP art. 86), cuando la vulneración o amenaza de los mismos se predica de las organizaciones religiosas.

 

31.        La Corte tiene competencia para conocer de este proceso porque así lo disponen los artículos 86[74] y 241.9[75] de la Constitución, y no existe ningún precepto de rango superior que determine lo contrario, con miras a cumplir con su misión de velar por la integridad y supremacía de la Constitución Política y asegurar la prevalencia de los derechos fundamentales de los habitantes en el territorio nacional.

 

B.           Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión

 

32.             De acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala Plena deberá determinar si las organizaciones religiosas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información de los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, al negarse a suministrarles información o entregarla parcialmente, pese a que fue solicitada para adelantar una investigación periodística sobre conductas de violencias sexual cometidas por sacerdotes contra niños, niñas y adolescentes, porque, según las iglesias, es información cuya divulgación requiere autorización previa de su titular. En consecuencia, la Sala definirá si las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar los datos solicitados por los accionantes y, en tal caso, si dieron respuesta oportuna, completa y congruente a las solicitudes de información, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

33.             Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se pronunciará, de forma previa, sobre la inexistencia de la cosa juzgada frente a los expedientes T-9.618.460 y T-9.521.560, tras la expedición de las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. Luego, procederá al examen de procedencia del asunto propuesto, y dado el caso, se referirá (i) al derecho de petición frente a particulares, (ii) al derecho de acceso a la información y su relación con la actividad periodística, y (iii) a la solicitud de información de datos administrados por organizaciones religiosas. Por último, teniendo en cuenta el marco jurídico previamente expuesto, resolverá el caso concreto.

 

C.          Cuestión previa

 

34.        Inexistencia de cosa juzgada frente a los expedientes con número de radicado T-9.618.460 y T-9.521.560, tras la expedición de las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. Los accionantes presentaron dos solicitudes de tutela contra la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-9.618.460) y la Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de la ciudad en cita (expediente T-9.521.560). En relación con dichas solicitudes de amparo, el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos explicó que en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, la Corte analizó tres acciones de tutela similares que, a su vez, fueron por él promovidas contra algunas de las organizaciones religiosas demandadas en esta oportunidad[76].

 

35.        Al respecto, la Sala advierte que el citado periodista efectivamente presentó tres recursos de amparo previos en contra de la Arquidiócesis de Medellín y la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de dicha ciudad, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información, en el marco de una investigación sobre presuntos abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de clérigos católicos, los cuales corresponden a los expedientes T-7.418.371, T-8.049.718 y T-8.412.216.

 

36.        Los expedientes T-7.418.371 y T-8.412.216 fueron estudiados por esta Corporación en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, respectivamente. El expediente restante, identificado con el radicado T-8.049.718, fue excluido de revisión mediante auto del 26 de febrero de 2021 por la Sala Segunda de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional y, en consecuencia, devuelto al juzgado de origen el 3 de marzo de 2022. Ahora bien, en relación con todos los expedientes mencionados, hayan sido o no revisados por este Tribunal, la Sala Plena constata que no se cumplen los requisitos para considerar acreditado el fenómeno de la cosa juzgada, como se pasa a explicar:

 

37.             La cosa juzgada se configura cuando la demanda tiene identidad jurídica de (i) partes, intervinientes y personas obligadas por la decisión; (ii) objeto o pretensión, y (iii) causa petendi o hechos que la sustentan. Dicha identidad se debe presentar respecto de un proceso anterior que fue resuelto mediante un fallo de tutela que se encuentra ejecutoriado, de manera que la solicitud de amparo debe sustentarse en los mismos fundamentos, de hecho y de derecho, que dieron lugar a la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada frente a unas mismas partes. En el presente asunto, no se advierte la existencia de esta figura frente a lo decidido en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, en las que se abordó las solicitudes de tutela promovidas en los expedientes T-9.618.460 y T-9.521.560, porque no comparten identidad de partes, objeto y causa, como seguidamente se explica:

 

 

 

38.        Como se advierte de lo expuesto, en ninguna de las dos acciones de tutela que estuvieron bajo el conocimiento de este Tribunal, se presenta la triple identidad que habilita la configuración de la cosa juzgada constitucional, por lo que, ante dicha situación, es posible realizar un pronunciamiento sobre las nuevas reclamaciones realizadas en esta oportunidad.

 

39.        Por su parte, en relación con el expediente T-8.049.718 tampoco se acredita el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, dada la evidente ausencia de identidad de partes, pues mientras que en aquel la demanda de tutela fue promovida por Juan Pablo Barrientos contra la Arquidiócesis de Medellín, en el presente asunto la solicitud de amparo fue presentada por Miguel Ángel Estupiñán Medina contra la Arquidiócesis de Medellín. Como se advierte, de inicio, no existe identidad de partes.

 

D.          Análisis de procedencia

 

40.        En el presente asunto es indispensable separar el examen de procedencia de la acción de tutela, por una parte, para realizarlo en relación con las actuaciones cuestionadas de las organizaciones religiosas, ya sea que se hayan pronunciado o no frente a la petición formulada por los periodistas; y por la otra, para adelantarlo respecto de las sentencias que también son objeto de demanda mediante el recurso de amparo, en los casos propuestos por los señores Juan José Janna Céspedes y otros.

 

(i)          Examen de procedencia frente a las actuaciones de las organizaciones religiosas demandadas

 

41.        Conceptualización general. La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución como un mecanismo judicial, preferente y sumario, para la protección inmediata de derechos fundamentales, que únicamente procede ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial idóneos y efectivos o ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Dado su carácter urgente y residual, la procedencia de la tutela está supeditada a la satisfacción de unos presupuestos generales que el juez de tutela debe constatar antes de examinar el fondo del asunto: (i) la legitimación de las partes, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. Enseguida, se realizará una conceptualización general sobre cada uno de estos requisitos, y más adelante se verificará su acreditación o no en el caso concreto.

 

42.        Legitimación en la causa por activa. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, la tutela la pueden ejercer (i) la persona directamente afectada con la acción u omisión de otra; (ii) su representante legal o judicial; (iii) un agente oficioso; y (iv) las personerías municipales o la Defensoría del Pueblo[77].

 

43.        Los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán cumplen con este requisito de procedencia, pues acudieron directamente en ejercicio de la acción de tutela y son los titulares de los derechos de petición y de acceso a la información presuntamente vulnerados por las organizaciones religiosas accionadas. En este punto, cabe resaltar que, en lo que corresponde al derecho de acceso a la información, los periodistas cuentan con una protección constitucional especial en los términos del artículo 73 del Texto Superior[78], ya que cumplen con “una función de particular importancia en la sociedad, relacionada con la formación de los ciudadanos y de la opinión pública, con hechos especial y socialmente relevantes y con el control de otros poderes”[79], que los habilita para solicitar la protección constitucional.

 

44.        En el caso concreto, los elementos de prueba allegados al proceso dan cuenta de que los accionantes han ejercido la actividad periodística. Así, primero, se identificaron como periodistas en todas las acciones de tutela que presentaron y su calidad no fue discutida ni por las partes, ni por los intervinientes en el proceso. Por el contrario, ella fue admitida por las accionadas y por la organización El Veinte, institución que trabaja por la defensa judicial de la libertad de expresión de los periodistas. Segundo, en los términos de la jurisprudencia constitucional, entre otras, las sentencias C-087 de 1998 y T-454 de 2024, los demandantes acreditan la calidad de periodistas pues cuentan con una trayectoria laboral que demuestra que han ejercido actividades periodísticas por un tiempo considerable: (i) Juan Pablo Barrientos Hoyos trabajó para varios medios de comunicación como La FM, Noticias RCN, Teleantioquia Noticias, Vorágine, W Radio, Caracol Radio y es el Director General de “Casa Macondo. Somos Historias”, un medio de comunicación virtual certificado por Journalism Trust Iniative; y (ii) Miguel Ángel Estupiñán se ha desempeñado como reportero, corresponsal y editor periodístico, durante más de 10 años, con un enfoque en el cubrimiento de hechos religiosos. Ambos fueron galardonados con el premio reporteros sin fronteras, en la categoría impacto, por la publicación de su libro “El Archivo Secreto”, el cual fue producto de la investigación que suscitó la controversia de este caso.

 

45.        Es importante señalar que, como lo ha sostenido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

 

“(…) el ejercicio profesional del periodismo no puede diferenciarse del ejercicio de la libertad de expresión –por ejemplo atendiendo al criterio de la remuneración–: son actividades ‘evidentemente imbricadas’, y el periodista profesional es simplemente quien ejerce su libertad de expresión en forma continua, estable y remunerada^[[80]]. Por su estrecha relación con la libertad de expresión, el periodismo no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en una universidad, o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional (como podría suceder con otros profesionales), pues el periodismo se vincula con la libertad de expresión inherente a todo ser humano. En términos de la Corte Interamericana, los periodistas se dedican profesionalmente al ejercicio de la libertad de expresión definida expresamente en la Convención Americana, a través de la comunicación social”[81].

 

46.             En el mismo sentido, en su Declaración Conjunta de 2003, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE recordaron lo siguiente:

 

“el derecho a la libertad de expresión garantiza a todas las personas la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio y que, como consecuencia de ello, los intentos de limitar el acceso al ejercicio del periodismo son ilegítimos, y en consecuencia declararon: (i) que ‘a los periodistas no se les debe exigir licencia o estar registrados’; (ii) que ‘no deben existir restricciones legales en relación con quiénes pueden ejercer el periodismo’; (iii) que ‘los esquemas de acreditación a periodistas sólo son apropiados si son necesarios para proveerles de acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos; dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y las decisiones sobre la acreditación deben tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y no discriminatorios, publicados con anterioridad’; y (iv) que ‘la acreditación nunca debe ser objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un periodista’. (…)”[82].

 

47.        Legitimación en la causa por pasiva. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 5 y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, la tutela procede contra las autoridades que amenacen o vulneren derechos fundamentales. Igualmente, procede contra particulares en los casos excepcionales previstos en la Constitución y en la ley, como ocurre cuando un particular presta servicios públicos o cuando se trata de una solicitud que fue “(…) dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”[83].

 

48.        Así, para efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito, este tribunal ha señalado que se deben justificar las siguientes condiciones: (i) que se trate de la autoridad pública o el particular respecto de los cuales procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión^[84].

 

49.        En el asunto bajo examen, de acuerdo con lo expuesto por la Corte en las sentencias T-449 de 2018, T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, la acción de tutela procede en contra de las organizaciones privadas de índole religiosa para obtener la protección de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información. Lo anterior, en cuanto estas organizaciones pueden afectar las prerrogativas constitucionales de otras personas, mediante sus acciones u omisiones. Por lo tanto, son las llamadas a responder por las afectaciones que puedan ocasionar al no dar respuesta a las peticiones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[85].

 

50.        Con base en lo anterior, la Sala Plena encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de las instituciones religiosas demandadas, por cuanto (i) son organizaciones con personería jurídica de acuerdo con el derecho eclesiástico, en los términos de los artículos 11 de la Ley 133 de 1994 y IV de la Ley 20 de 1974[86]; y (ii) son las responsables del manejo y la administración de la información que los accionantes solicitan y, en esa medida, son las llamadas a contestar las peticiones presentadas por los periodistas.

 

51.        Inmediatez. Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela debe ser interpuesta en un plazo prudente y razonable contado desde el momento en el que se presenta la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. La Corte ha establecido que la razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino que debe corresponder a las circunstancias de cada caso concreto^[87].

 

52.        En el caso concreto, la Sala advierte que entre la conducta que presuntamente generó la vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes, esto es, la falta de respuesta o la respuesta incompleta a las peticiones formuladas, y la presentación de las solicitudes de amparo, transcurrieron entre uno y dos meses, como se indica en la siguiente tabla. Este tiempo se considera razonable y oportuno para reclamar la protección constitucional.

 

 

53.        Subsidiariedad. Al ser la tutela un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario únicamente procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, (i) aquel no es idóneo ni eficaz para otorgar un amparo integral, o (ii) es necesario acudir al amparo como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

54.        Un mecanismo judicial es idóneo, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y es capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados^[97]. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados, de manera oportuna e integral.

 

55.        Finalmente, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el perjuicio irremediable se caracteriza por ser (i) inminente, es decir, que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el restablecimiento de forma inmediata[98].

 

56.        En relación con los mecanismos judiciales para la protección del derecho de petición, la Ley 57 de 1985[99] inicialmente estableció que “[t]oda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional” (art. 12). Respecto de los documentos reservados, dispuso que “el secreto se aplicará exclusivamente a dicho documento y no a las demás piezas del respectivo expediente o negocio” (parágrafo del art. 19). Además, señaló que “la administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes” (art. 21).

 

57.        Para efectos de controvertir a la Administración, la ley previó el recurso de insistencia como un mecanismo judicial para garantizar el acceso a la información pública, cuando esta se hubiese negado por razones de reserva constitucional o legal[100]. El conocimiento del recurso correspondía al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar en el que se encontraran los documentos, mediante un proceso sumario de única instancia. En los términos de la jurisprudencia de la Corte, el recurso constituía un “medio idóneo para controvertir la reserva legal”[101], “regido por una reglamentación especial, para garantizar el derecho de acceso a documentos públicos[,] cuando se considere que éste no ha sido satisfecho por parte de la administración a través de sus órganos oficiales”[102]. A partir de esta premisa, por regla general, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que, “cuando las entidades públicas se niegan expresamente a suministrar la información solicitada por los ciudadanos, bajo el argumento de su carácter reservado, la tutela es improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial”[103]. Por ello, y a contrario de lo expuesto, si la respuesta de la entidad no se fundamenta en la existencia de una reserva sino en una manifestación distinta, siguiendo lo señalado en la sentencia T-828 de 2014, en la medida en que la competencia del juez administrativo se relaciona únicamente con la valoración de ese argumento, en tal caso, “la tutela [se] constituye en el mecanismo idóneo para proteger los derechos de petición y acceso a la información”.

 

58.        El artículo 21 de la Ley 57 de 1985 fue derogado por el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (en adelante CPACA), que previó nuevamente el recurso de insistencia como mecanismo judicial principal para garantizar el acceso a la información pública, en los términos del artículo 74 del Texto Superior. Su resolución se asignó a los tribunales[104] y jueces administrativos[105] con jurisdicción en el lugar donde se encontraran los documentos, respecto de los cuales se aducía su carácter reservado, los cuales debían decidir sobre la solicitud de acceso en el plazo sumario dispuesto en la ley.

 

59.        El título del CPACA del que hacía parte la disposición en cita fue declarado inexequible en la sentencia C-818 de 2011, por violar la reserva de ley estatutaria, de que trata del artículo 152, literal a), de la Constitución. La Corte difirió los efectos de su decisión hasta el 31 de diciembre de 2014, “a fin de que el Congreso (…) expida la Ley Estatutaria [del derecho de petición] correspondiente”.

 

60.        Tres años después de esta decisión, y antes de que el Congreso de la República se ocupara del vacío normativo derivado de la declaratoria de inexequibilidad, se expidió la Ley Estatutaria 1712 de 2014, “[p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, que, en el artículo 27, dispuso lo siguiente: “[c]uando la respuesta a la solicitud de información invoque la reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes a ella” (énfasis añadido). Además, en el parágrafo, estableció que la tutela sería procedente “para aquellos casos no contemplados en el presente artículo, una vez agotado el recurso de reposición del Código Contencioso Administrativo”. Es decir, como lo precisó la Sala Plena en la sentencia C-274 de 2013,

 

“el legislador optó por establecer dos mecanismos judiciales para el evento en que se niegue el acceso a documentos públicos amparados por la existencia [de] una reserva legal, que se consideran idóneos y efectivos para la protección del derecho a acceder a la información pública, el procedimiento especial para reservas que protegen la seguridad y defensa nacionales y las relaciones internacionales, y la acción de tutela en los demás casos en que se niegue el acceso a un documento público amparado en una reserva legal”.

 

61.        Ante la declaratoria de inexequibilidad diferida del Título II del CPACA ordenada en la sentencia C-818 de 2011, en la providencia que se ocupó del examen de la Ley 1712 de 2014 y que ha venido siendo objeto de referencia[106], se precisó que el procedimiento previsto en el artículo 27 “sustituiría el que se aplica actualmente por remisión a las normas del Código Contencioso Administrativo que regulan el derecho de petición”[107].

 

62.        Luego, el legislador expidió la Ley Estatutaria 1755 de 2015, “[p]or medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. La normativa sustituyó el Título II del CPACA y reinstaló el recurso judicial de insistencia, en los mismos términos en que se encontraba establecido en el artículo 26 inicial, que se había expedido antes de la decisión adoptada en la sentencia C-818 de 2011[108]. Este hace parte del Capítulo II, del título en cita, que regula las “reglas especiales del derecho de petición ante autoridades”. Por ello, cuando se trata de peticiones que se formulan ante organizaciones e instituciones privadas, como lo ha precisado la Corte –tanto en su jurisprudencia de control abstracto, como de control concreto, tanto por la Sala Plena, como por sus salas de revisión[109]–, el recurso de insistencia no procede en contra con estos, dado que el Capítulo III del Título II del CPACA, que regula el derecho de petición ante particulares, tan solo remite, en lo no regulado, a las reglas previstas en el Capítulo I del Título II, relacionado con las “reglas generales del derecho de petición ante autoridades”.

 

63.        En atención a este tránsito normativo, y al sustrato jurisprudencial que le sirvió de base, es claro para la Sala Plena que el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 subrogó –en los términos dispuestos por el artículo 3 de la Ley 153 de 1887[110]– el contenido normativo del artículo 27 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, ya que, a través de una norma de igual jerarquía, se adoptó una regulación integral y completa del mecanismo judicial principal de defensa del derecho de acceso a la información pública, y de salvaguarda del derecho fundamental de petición, esto es, el recurso judicial de insistencia, que protege ambas garantías, con independencia de la razón de reserva que se alegue por parte de las autoridades.

 

64.        En efecto, de un lado, los artículos 27 de la Ley 1712 de 2014 y 26 del CPACA (en donde se incorpora la Ley 1755 de 2015) se refieren al mismo mecanismo: el recurso judicial de insistencia, a pesar de las distinciones que se advierten en los supuestos que permiten su ejercicio. Así, mientras la norma de 2014 partía de una división basada en el objeto de la petición: que se tratara de información relacionada con la seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales; la norma de 2015 se refiere, de manera general, a cualquier negativa de acceso a documentos o información que se fundamente en la existencia de una reserva legal o constitucional. Así las cosas, la Ley Estatutaria 1755 de 2015 estableció un recurso judicial principal, protector del derecho de acceso a la información pública, sin importar la razón de la reserva que se alegue por parte de las autoridades para negarla.

 

65.        Y, del otro, en atención a las razones que justificaron el tránsito legislativo entre las Leyes 1437 de 2011, 1712 de 2014 y 1755 de 2015, no es posible inferir que esta última se hubiese adoptado con independencia del contenido normativo de la anterior, que, de manera necesaria, había considerado el vacío ocasionado por la sentencia C-818 de 2011. En estos términos, la identidad sustancial entre el texto reincorporado en el año 2015 y el contenido original del CPACA, da cuenta de que se produjo una nueva regulación incompatible con la dispuesto en el año 2014. Así las cosas, dado que la norma introducida como consecuencia de la sentencia en cita fue posterior a la Ley 1712 de 2014, y no incluyó las particularidades que esta había establecido, el campo de aplicación que tuvo la normativa adoptada en esta última regulación fue subrogado por la Ley 1755 de 2015[111].

 

66.        En este orden de ideas, la ordenación integral del recurso judicial de insistencia mediante la Ley 1755 de 2015 supuso dos modificaciones puntuales: (i) eliminó la exigencia de agotar el recurso de reposición como requisito de procedencia para acudir al citado instrumento judicial, en los supuestos en los que la negativa al acceso se fundamenta en el carácter reservado, por tratarse de información relacionada con la seguridad y defensa nacional, o relaciones internacionales; y (ii) suprimió el carácter principal de la acción de tutela como medio de protección del derecho de acceso a la información pública, cuando este se negara por otras razones de reserva distintas a las antes mencionadas.

 

67.        Por ende, en la actualidad, existe un único medio judicial principal para solicitar el acceso a la información –cualquiera que ella sea – que se niegue por parte de las autoridades por razones de reserva: el recurso judicial de insistencia, previsto en el artículo 26 del CPACA –en los términos en que se produjo su reincorporación por la Ley Estatutaria 1755 de 2015–. Precisamente, el artículo en cita, al respecto, dispone que: “[s]i la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva”, procede este medio judicial. En este evento, no es necesario agotar el recurso de reposición ante la misma autoridad, por cuanto la disposición en cita prescribe que: “[c]ontra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente [hace referencia al recurso judicial de insistencia]”.

 

68.        La existencia del recurso judicial de insistencia implica, además, la imposibilidad de que el solicitante de la información acuda directamente a la acción de tutela para que se proteja su derecho de acceso a la información pública, como componente del derecho fundamental de petición, pues aquel constituye un mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para obtener dicha protección, salvo en aquellos en los que, por las particularidades del litigio, no resulte pertinente su agotamiento, como podría ocurrir, entre otras, cuando la reserva se invoca en el trámite de una tutela, precisamente dirigida a obtener una respuesta ante el silencio de fondo de la Administración. En estos casos, se produciría un sacrificio desmedido del derecho de acceso a la justicia, al obligar al administrado a actuar por otra vía judicial, derivado de la falta de actuación en tiempo de la Administración.

 

69.        A pesar de esto, la regla general es que el recurso judicial de insistencia es el medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, para proteger los derechos de acceso a la información pública y petición, cuando esta se hubiese negado por razones de reserva constitucional o legal. Esto es así, pues (i) se refiere específicamente a los casos en los cuales se niega el acceso a información pública por su carácter reservado, y (ii) por lo general, debe decidirse dentro de los 10 días siguientes al envío de la documentación correspondiente, de modo que se trata de un procedimiento expedito y sumario.

 

70.        Por consiguiente, tal y como lo indicó esta Corte en la sentencia T-043 de 2022 –que, además, reiteró el precedente de la sentencia T-119 de 2017–, la Ley 1755 de 2015, al sustituir el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, “estableció un proceso destinado exclusivamente a que un funcionario judicial decida si los documentos de una determinada autoridad deben ser o no entregados al solicitante”, razón por cual “la acción de tutela recobra su carácter subsidiario”. Con todo, como se recordó de manera reciente en la sentencia T-173 de 2025, “[e]n los demás casos en los que la autoridad niega la petición, bajo fundamentos diferentes a la reserva, la acción de tutela es el medio idóneo y eficaz para proteger el derecho de petición” (énfasis añadido).

 

71.        Este recuento histórico-normativo se puede sintetizar de la siguiente manera:

 

 

72.        Con base en el examen previamente realizado, y respecto del caso concreto, la Sala Plena de la Corte encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad frente a las siguientes 47 solicitudes de tutela presentadas en los expedientes que a continuación se mencionan, por cuanto fueron radicadas para obtener la protección de los derechos de petición y de acceso a la información, relacionada con la trayectoria de sacerdotes ordenados e incardinados en distintas organizaciones religiosas y las conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidas por los integrantes de estas instituciones religiosas de carácter privado. De tal forma, los accionantes no cuentan con ningún mecanismo judicial a su disposición para solicitar la protección de sus derechos. En particular, porque las iglesias tienen carácter privado y, por lo tanto, no procede el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, en los términos previamente explicados.

 

73.        El listado de tutelas que cumplen el requisito de subsidiariedad es el siguiente: T-9.379.113 (Instituto Misionero San Juan Eudes), T-9.388.994 (Diócesis de Neiva), T-9.390.120 (Diócesis de Apartadó), T-9.401.364 (Diócesis de Caldas), T-9.408.984 (Diócesis de El Espinal), T-9.416.225 (Hijos de la Sagrada Familia), T-9.420.990 (Diócesis de Girardot), T-9.423.798 (Arquidiócesis de Tunja), T-9.432.271 (Padres Montfortianos), T-9.435.595 (Diócesis de Granada), T-9.439.040 (Diócesis de Santa Rosa de Osos), T-9.439.068 (Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia), T-9.439.968 (Diócesis de Valledupar), T-9.440.665 (Diócesis de Sincelejo), T-9.443.946 (Diócesis de Yopal), T-9.445.440 (Padres Asuncionistas), T-9.445.635 (Clérigos de San Viator), T-9.447.464 (Padres Jesuitas), T-9.449.573 (Diócesis de Socorro y San Gil), T-9.450.994 (Orden de Frailes Siervos de María), T-9.452.369 (Diócesis de Montelíbano, T-9.454.028 (Misioneros Javerianos de Yarumal), T-9.454.967 (Vicariato Apostólico de Tierradentro), T-9.456.770 (Diócesis de Chiquinquirá), T-9.457.457 (Arquidiócesis de Popayán), T-9.460.173 (Congregación de Jesús y María - Padres Eudistas), T-9.460.895 (Congregación Josefinos de Murialdo), T-9.461.175 (Diócesis de Buenaventura), T-9.461.384 (Congregación de los Sagrados Corazones), T-9.471.308 (Misioneros de San Carlos Scalabrinianos), T-9.474.971 (Agustinos Recoletos Provincia Nuestra Señora de la Candelaria), T-9.479.400 (Diócesis de Cúcuta), T-9.489.477 (Diócesis de Garzón), T-9.492.648 (Diócesis de Buga), T-9.509.781 (Diócesis de La Dorada - Guaduas), T-9.511.805 (Diócesis de Pasto), T-9.521.560 (Pía Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín), T-9.536.110 (Arquidiócesis de Bogotá), T-9.538.380 (Diócesis de Mocoa - Sibundoy), T-9.548.517 (Arquidiócesis de Pamplona), T-9.564.684 (Padres Vicentinos), T-9.571.501 (Diócesis de Cartago), T-9.575.079 (Diócesis de Palmira), T-9.618.460 (Arquidiócesis de Medellín), T-9.660.207 (Diócesis de Málaga - Soatá), T-9.668.123 (Diócesis de Pereira) y T-9.675.582 (Congregación de la Fraternidad Sacerdotal).

 

74.        A diferencia de lo expuesto, no se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad en relación con la solicitud de tutela promovida por el señor Juan Pablo Barrientos Hoyos en contra del Obispado Castrense, en el expediente T-9.487.762. En este caso, el accionante formuló un derecho de petición a dicha organización religiosa, en el que expuso cuatro preguntas sobre la trayectoria y las conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidas por los sacerdotes ordenados e incardinados a la institución[113]. En la respuesta al derecho de petición, el obispado manifestó que concedería la información únicamente sobre los sacerdotes involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero no sobre los demás presbíteros, por tratarse, en su criterio, de información reservada en los términos de la Ley 1582 de 2012[114].

 

75.        Sobre el particular, la Sala observa que el Obispado Castrense es una de entidad de naturaleza pública. En efecto, la Ley 126 de 1959[115] dispone que son oficiales de los servicios de las Fuerzas Militares: “todos aquellos que operen dentro de la organización militar con el objeto de satisfacer las necesidades técnicas o administrativas de las Fuerzas Militares”, entre ellos los oficiales de culto[116]. Además, de conformidad con el Decreto 1874 de 2021[117], el Obispado Castrense integra la estructura del despacho del ministro de Defensa Nacional[118] y tiene, entre otras funciones, la de predicar entre los integrantes del sector defensa y sus familias; hacer presencia en las escuelas de formación, capacitación y demás centros educativos de la Fuerza Pública; organizar e implantar una pastoral que responda a sus necesidades, y promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio de Defensa[119].

 

76.        Por lo tanto, en los términos del artículo 1 de la Ley 1437 de 2011[120], le son aplicables las normas relativas al ejercicio del derecho de petición y a la presentación del recurso de insistencia. De allí que la decisión del Obispado Castrense, de negar la información solicitada mediante derecho de petición por la supuesta reserva, debió haber sido controvertida mediante el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, lo que no ocurrió en este caso.

 

77.        En consecuencia, la solicitud de tutela es improcedente y el despacho revocará el fallo del Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó la decisión del Juzgado 24 Penal Municipal de la misma ciudad, que otorgó el amparo. En su lugar, se declarará la improcedencia del amparo constitucional, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esta determinación se plasmará en la parte resolutiva de esta providencia.

 

(ii)        Examen de procedencia respecto de las sentencias que también son objeto de demanda mediante el recurso de amparo, en los casos propuestos por los señores Juan José Janna Céspedes y otros

 

78.        En los casos en los que la tutela se interpone contra una providencia judicial, según la jurisprudencia reiterada de la Corte, el examen de procedencia exige verificar, además de la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, los siguientes requisitos[121]: (i) la relevancia constitucional del asunto, (ii) el carácter determinante de la irregularidad procesal, (iii) la identificación razonable de los hechos que dieron origen a la presentación de la solicitud de amparo, (iv) los derechos que se consideran vulnerados, y (v) que la tutela no se utilice para cuestionar sentencias de tutela u otras providencias respecto de las cuales no procede el amparo[122].

 

79.             En relación con este último requisito, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las acciones de tutela presentadas en contra de fallos de la misma naturaleza son improcedentes, porque una vez concluido el proceso de selección para revisión de la Corte opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional[123]. Esta regla sólo se exceptúa como consecuencia del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, “que se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”[124].

 

80.             Adicionalmente, esta Corte ha indicado que la solicitud de tutela contra una sentencia de tutela es improcedente cuando no se ha agotado el trámite de revisión eventual ante la Corte Constitucional[125]. Ello es así, en el entendido de que si bien una solicitud ciudadana en la que se pide la selección para revisión de los casos no es un recurso y, por lo tanto, no es exigible como requisito de procedibilidad[126]; en todo caso, dicha herramienta “sí constituye un mecanismo idóneo para evitar que una decisión que contraviene los presupuestos constitucionales y/o legales, haga tránsito a cosa juzgada constitucional”[127]. En efecto, el trámite de selección es un mecanismo expresamente regulado en la Constitución que resulta idóneo para revisar si los jueces de tutela incurrieron en una eventual vía de hecho en sus decisiones[128]. De tal forma, los interesados en la selección de un caso, “bien sea porque los jueces de instancia no accedieron a la protección de los derechos invocados, o porque las autoridades judiciales desconocieron normas constitucionales o legales al momento de proferir el fallo, pueden solicitar a la Sala correspondiente la selección del asunto, por cualquier medio, correo electrónico, fax, correo certificado, o de manera personal. Esta solicitud es una condición necesaria cuyo cumplimiento, prima facie, debe verificarse al momento de establecer la procedencia de una acción de tutela contra una sentencia de tutela” (énfasis añadido)[129].

 

81.             En consecuencia, las acciones de tutela presentadas en contra de fallos proferidos en procesos de la misma naturaleza que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional, por su no selección para revisión de la Corte, solo serán procedentes a través de la figura de la cosa juzgada fraudulenta, esto es, cuando “cumpl[an] con una exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente negligente; y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta evidentemente incorrecta, implicando además –en principio– una afectación grave del patrimonio público. […] En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional” (énfasis añadido)[130].

 

82.             La situación descrita es distinta de aquellos casos en los que la tutela se dirige contra actuaciones del proceso de amparo diferentes a la sentencia, en donde la Corte ha admitido de forma excepcional la procedencia de este medio de defensa judicial, en las siguientes hipótesis: (i) “[c]uando la actuación ocurre con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción, el amparo sí procede. Esto incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”[131], y (ii) “[c]uando la actuación ocurre con posterioridad al fallo y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en el mismo, la acción de tutela es improcedente. No obstante, si se trata se obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción contra providencias judiciales el amparo puede proceder de manera excepcional”[132].

 

83.             Con fundamento en lo expuesto, se valorará la procedencia de las solicitudes de tutela presentadas en el asunto sub examine a partir de los requisitos descritos.

 

84.             Sobre el particular, cabe mencionar que, mientras la Corte adelantaba los trámites de selección y revisión de los expedientes T-9.401.364[133] y T-9.408.984[134], algunos clérigos de las diócesis de Caldas y El Espinal interpusieron nuevas acciones de tutela en contra de los juzgados de instancia que tramitaron los expedientes referidos. En ellas solicitaron la protección de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la intimidad, que consideraron afectados al no ser vinculados a los procesos de tutela en los que se solicitaban, entre otros, sus datos personales. Esas demandas fueron resueltas de fondo, a pesar de que los fallos de tutela cuestionados habían sido remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

85.             En efecto, en primera instancia, las acciones de tutela interpuestas para dejar sin efectos las decisiones adoptadas en los expedientes T-9.401.364 y T-9.408.984 fueron declaradas improcedentes por los jueces de cada causa, dado que, si bien estaban dirigidas a advertir una indebida integración del contradictorio, pretendían cuestionar los fallos emitidos en los procesos de tutela. En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia revocó esa determinación, al considerar que las solicitudes de amparo no estaban dirigidas en contra de las sentencias de tutela, sino que, en su lugar, cuestionaban las actuaciones previas, por lo que no se debía verificar la configuración de una cosa juzgada fraudulenta. En su criterio, la indebida integración del contradictorio permitía resolver el fondo del asunto. Así, consideró que los titulares de los datos tenían un interés directo en la controversia, por lo cual (i) debían ser convocados al proceso y, (ii) ante dicha omisión, las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa los sacerdotes. Por lo tanto, concedió el amparo solicitado por los clérigos y ordenó que, “previa petición a la Corte Constitucional y recepción de los expedientes”, los jueces de instancia profirieran una nueva decisión. Como consecuencia de las referidas actuaciones, la Corte seleccionó los expedientes T-9.660.217 y T-9.824.281, que corresponden, respectivamente, a las nuevas sentencias de tutela dictadas en esos asuntos.

 

86.             Para la Sala Plena, las solicitudes de tutela presentadas en los expedientes T-9.824.281 y T-9.660.217 son improcedentes, ya que tuvieron por objeto cuestionar las sentencias de tutela dictadas por los jueces accionados en los procesos T-9.408.984 y T-9.401.364, asuntos que también fueron seleccionados para revisión por la Corte Constitucional y que, como consecuencia de ello, hacen parte de los casos valorados en esta oportunidad[135]. La improcedencia de las solicitudes de tutela es evidente, en particular, si se tiene en cuenta que, en los trámites de tutela cuestionados, los sacerdotes solicitaron la nulidad de las actuaciones con fundamento en la indebida integración del contradictorio. Por lo tanto, no es posible afirmar que la solicitud de tutela se dirige contra una irregularidad del trámite procesal, cuando lo cierto es que pretenden reprochar las sentencias de tutela en las que se ordenó suministrar sus datos personales.

 

87.             En consecuencia, la Sala Plena revocará las decisiones de instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia de las demandas presentadas por los accionantes. Así mismo, dejará sin efectos las sentencias de reemplazo proferidas con ocasión del trámite adelantado en los citados expedientes.

 

88.        A continuación, la Sala Plena procederá a valorar la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán Medina, al tratarse de los amparos que continúan con el examen de fondo, con excepción del expediente con número de radicado T-9.487.762 dirigido contra el Obispado Castrense, el cual no superó el requisito de subsidiariedad. Para resolver el problema jurídico planteado, como se anunció en el título B de esta providencia, se pronunciará, de manera abstracta, sobre (i) el derecho de petición frente a particulares, (ii) el derecho de acceso a la información y su relación con la actividad periodística y (iii) la solicitud de información de datos administrados por organizaciones religiosas.

 

E.    El derecho de petición frente a particulares

 

89.             Alcance del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. A partir de esta norma, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual se reguló el ejercicio del derecho fundamental de petición ante autoridades (capítulos I y II) y organizaciones privadas (capítulo III). Al momento de controlar la constitucionalidad de la ley estatutaria, la Corte resaltó la importancia del derecho de petición para facilitar la protección de otros derechos como la participación política, el acceso a la información y la libertad de expresión, y recordó que la voluntad del Constituyente primario, al incluir el derecho de petición en el capítulo “de los derechos fundamentales” de la Constitución, “no fue otra que garantizar, de manera expresa, a los gobernados la resolución pronta y oportuna de la cuestión que les atañe, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”[136].

 

90.             En la sentencia C-951 de 2014, la Corte destacó la importancia del derecho de petición para materializar los fines esenciales del Estado, como el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, la participación de las personas en las decisiones que las afectan y el cumplimiento de las funciones de las autoridades, lo que evidencia su relación intrínseca con los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 del Texto Superior.

 

91.             Dimensiones del derecho de petición. El derecho de petición constituye una garantía para facilitar la protección de otros derechos, como, por ejemplo, la libertad de expresión, el acceso a la información o el ejercicio de la actividad periodística. En esos eventos, esta garantía se convierte en un derecho instrumental y complejo. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha resaltado dos dimensiones del derecho fundamental de petición. La primera, como un fin, en la que el derecho de petición es, en sí mismo, un derecho fundamental, objeto de protección constitucional, que se constituye en la vía directa de comunicación efectiva entre las autoridades y los administrados, y “cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”[137]. La segunda, como un medio o instrumento, “puesto que es un vehículo que permite y facilita el ejercicio de muchos derechos, tanto fundamentales como sin esa connotación”[138].

 

92.             Esta diferencia es relevante para determinar el alcance del derecho de petición frente a particulares, así como la eventual procedencia de la tutela para su protección. Tal como lo explicó la Corte en la sentencia SU-166 de 1999 existen tres situaciones en las que procede el derecho de petición frente a particulares: (i) cuando la organización privada preste un servicio público o cuando, por la función que desempeña, adquiere un estatus de autoridad; (ii) cuando el particular sea una organización que no tenga la calidad de autoridad, pero el Legislador así lo haya determinado, y (iii) cuando se configuren los supuestos contenidos en el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, esto es, que la solicitud se dirija contra “una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”[139]. Estas reglas jurisprudenciales fueron adoptadas posteriormente por la Ley 1755 de 2015[140].

 

93.             Sujetos obligados a responder las peticiones. El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo”. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 señaló que la categoría de autoridades “incluye a todas las personas de derecho público”, siguiendo lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011[141]. Adicionalmente, aclaró que el derecho de petición debe tramitarse con la misma lógica cuando se formule ante un particular que preste servicios públicos o que esté a cargo de funciones públicas. Por su parte, el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “[t]oda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica” (énfasis añadido). Salvo norma especial, estas peticiones se someten, en lo pertinente, a los principios y reglas aplicables al derecho de petición ante las autoridades, siempre “que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares”[142]. En esta disposición, la protección del derecho de petición recae sobre su dimensión de medio para alcanzar la garantía de otros derechos fundamentales. Por esta razón, el análisis de la procedencia de la petición requerirá verificar cuál es el derecho que se pretende garantizar, que, en todo caso, deberá ser uno distinto del de derecho de petición. En palabras de la Corte, “[l]a extensión del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando aquel es el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, como quiera que este derecho no puede implicar una intromisión indiscriminada y arbitraria en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público”[143].

 

94.             Adicionalmente, esta Corporación ha precisado lo siguiente:

 

“[…] con la entrada en vigencia de la Ley 1755 de 2015, es posible presentar derecho de petición ante particulares siempre que estos (i) presten servicios públicos o estén encargados de ejercer funciones públicas; (ii) se trate de organizaciones privadas, con o sin personería jurídica, si lo que se busca es garantizar otros derechos fundamentales –diferentes al derecho de petición–; y (iii) sin importar si se trata de una persona natural o jurídica, cuando exista subordinación, indefensión o posición dominante”[144].

 

95.             El núcleo esencial del derecho de petición. Esta Corte ha delimitado los siguientes elementos que componen el núcleo esencial del derecho de petición y que, por ende, se predican de las solicitudes formuladas ante las autoridades y ante los particulares, cuando esto sea procedente de acuerdo con la Ley 1755 de 2015: (i) la formulación de la petición, entendida como la faceta negativa del derecho de petición, según la cual el destinatario[145] no puede negarse a recibir la petición o abstenerse de tramitarla[146], ya que las personas naturales y jurídicas deben contar con la posibilidad cierta y efectiva de presentar solicitudes respetuosas[147]; (ii) la pronta resolución, entendida como la faceta positiva del derecho de petición, en virtud de la cual el destinatario legítimo tiene la obligación de dar una pronta respuesta[148]; (iii) la respuesta de fondo, que debe ser (a) clara, es decir, enfocada en lo solicitado; (b) precisa, esto es, que no incurra en evasivas, y (c) completa y congruente, lo que implica abarcar todos los asuntos planteados, sin que esto implique que la respuesta sea positiva a los intereses del peticionario[149]. En caso de que el destinatario se niegue a suministrar la información solicitada deberá explicar, de manera concreta y veraz, las razones por las cuales considera que la misma debe mantenerse bajo reserva[150]. Finalmente, (iv) la comunicación o notificación de lo decidido, de modo que el peticionario tenga conocimiento de la respuesta a su petición.

 

96.             Deber de conservación de los archivos. Para cumplir cabalmente con la garantía de otorgar una respuesta material a las peticiones, esta Corte ha señalado que el derecho de petición conlleva un deber de las autoridades e instituciones de conservar sus archivos, en estos términos:

 

“[E]l ejercicio del derecho de petición, en la modalidad de requerir información y consultar, examinar y solicitar copias de documentos, impone a las autoridades públicas y a las organizaciones e instituciones privadas el deber de efectuar la correcta administración, protección, guarda y custodia de los archivos, así como de las ‘bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante’. Esto tiene sustento en el hecho de que la información no perdura por su propia naturaleza, sino que es necesario guardarla. De ahí la obligación de ‘preservar los soportes en los cuales se almacenan los datos’, pues ‘el pleno ejercicio de derechos, tanto constitucionales como legales, dependen, en no pocas ocasiones, de la existencia de estos soportes”[151].

 

97.             La Corte ha precisado que este deber tiene fundamento constitucional, porque se deriva de “la prohibición genérica, dirigida a toda persona, sea natural o jurídica, de impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos fundamentales o de tornar imposible dicho goce”[152]. En consecuencia, este Tribunal ha concluido que cuando determinada información resulte decisiva para el ejercicio de un derecho o prestación, quien administra la base de datos asume dos obligaciones mínimas en el marco del derecho de petición: “(i) certificar la existencia de los datos o entregar copia de los mismos; y (ii) en caso de deterioro o pérdida de la información –incluso por causas ajenas a la misma entidad–, adelantar las gestiones necesarias para su reconstrucción”[153]. En conclusión, la garantía del derecho de petición tiene como presupuesto la existencia de la información solicitada y, en consecuencia, el correlativo deber de la entidad o el particular de conservar la información o, en su defecto, de reconstruirla en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 del Código General del Proceso[154].

 

98.             El principio de gratuidad. El inciso 3 del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, dispone que “[e]l ejercicio del derecho de petición es gratuito”. En esta misma línea, el artículo 29 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “en ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado”. Esas disposiciones son concordantes con el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, que, al referirse a la respuesta a la solicitud de acceso a información, establece: “[l]a respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante”[155]. Ahora bien, en virtud del artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la misma disposición, que consagran el principio de gratuidad del derecho de petición, también es aplicable a aquellos casos en los que se ejerce ante organizaciones e instituciones privadas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que no es una disposición desproporcionada que resulte incompatible con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares.

 

99.             De hecho, en la sentencia C-951 de 2014, la Corte explicó que esta garantía es conforme con el goce efectivo de un derecho fundamental “que permite el acceso de todos a las autoridades, sin barrera de orden pecuniario”. Además, se trata de una norma razonable, en la medida en que fija un límite al valor de las copias que corresponde al de reproducción, sin que pueda llegar a superar el valor comercial, lo que evita valoraciones excesivas en cuanto al costo de la reproducción, impidiendo que se fijen barreras para acceder a la información que se pretende obtener[156].

 

100.        Los términos para resolver la petición. El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, fija los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, diferenciando tres escenarios: (i) las peticiones de documentos y de información deben resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción, (ii) las peticiones de consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deben solventarse dentro de los 30 días siguientes a su recepción, y (iii) las demás peticiones –salvo norma legal especial– deben desatarse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. En todo caso, cuando excepcionalmente no sea posible atender la petición en los términos dispuestos en la ley, el parágrafo del artículo 14 dispone que la autoridad debe informar de esta circunstancia al interesado antes del vencimiento y, en su respuesta, debe exponer las razones de la demora y fijar un plazo para contestar, siempre que este no sea superior al doble del inicialmente previsto, según corresponda. Adicionalmente, el artículo 17 de la misma ley que dispone que cuando las peticiones resulten incompletas se requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, para que complete su solicitud, salvo que el peticionario solicite una prórroga antes de que se venza el término. En caso de que no se corrija el requerimiento, se configurará el desistimiento tácito y, en consecuencia, se archivará la actuación.

 

101.        A partir de lo anterior, esta Corporación ha señalado que se vulnera el derecho de petición cuando (i) no se permite la formulación de la solicitud; (ii) no se otorga una respuesta en el término legal previsto; (iii) se da una respuesta formal, mas no material, es decir, la respuesta no es clara, precisa o congruente, y (iv) lo resuelto al interesado no es debidamente notificado[157].

 

102.        Límites del derecho de petición por información reservada. La Ley 1755 de 2015 previó un apartado específico para regular las peticiones que versan sobre información o documentos de carácter reservado. El artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, tal y como fue modificado por la Ley 1755 de 2015, señala de forma taxativa cuáles son las informaciones y los documentos sometidos a reserva, los cuales deben estar expresamente clasificados de esta manera[158]. Así, en el artículo 25 siguiente se prevé el rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. En estos casos, (i) la decisión debe ser motivada, (ii) se tienen que indicar de forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de la información, y (iii) se debe notificar en debida forma lo resuelto. Contra esta decisión, el legislador dispuso el recurso de insistencia, contenido en el artículo 26 del actual CPACA, como medio idóneo para controvertir las razones expuestas para justificar la reserva[159].

 

103.        En efecto, dadas las tensiones que pueden generarse entre diversos principios constitucionales como la publicidad de las actuaciones, el acceso a la información pública, el buen nombre y el habeas data, entre otros, el legislador previó el recurso de insistencia como el escenario idóneo para que los tribunales o, en su defecto, el Consejo de Estado, valoren la procedencia de la reserva cuando esta sea invocada por una autoridad para negar la información solicitada en ejercicio del derecho de petición. De acuerdo con su configuración normativa, y según se expuso con anterioridad en el examen de subsidiariedad, esta figura sólo está prevista para las peticiones formuladas ante autoridades, pero no ante organizaciones e instituciones privadas.

 

104.        En este sentido, para estos últimos, aplica lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, que señala que “las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley”, por ejemplo, en el artículo 15 del Texto Superior o las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, que se refieren al derecho al habeas data y la protección de datos personales. Con fundamento en lo anterior, la sentencia T-487 de 2017[160] precisó que las organizaciones privadas tenían dos deberes respecto de las peticiones: (i) responder las solicitudes formuladas ante ellas, y (ii) suministrar la información cuando no haya cláusula constitucional o legal que imponga la reserva de la información.

 

105.        En suma, cuando se pretende obtener información que, en principio, esté sujeta a reserva, debe diferenciarse si la petición se presenta ante una autoridad o ante organizaciones e instituciones privadas, por al menos tres razones. En primer lugar, porque cuando se formula ante las autoridades, la negativa del acceso a la información admite el recurso de insistencia; en cambio, cuando la petición se presenta ante particulares, no se prevé un control de idéntica naturaleza, lo que habilitaría la posibilidad de que sea el juez de tutela el competente para velar por las garantías constitucionales. En segundo lugar, porque los particulares no pueden invocar el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 como fundamento para negar el acceso a la información solicitada, sin perjuicio de que puedan acudir a otras normas que prevean la reserva de la información o regulen la materia. Y, en tercer lugar, porque el derecho de petición frente a organizaciones e instituciones privadas sólo es procedente como un medio para garantizar los derechos fundamentales.

 

106.        Deberes del peticionario. El ejercicio del derecho de petición se caracteriza por ser informal y no exige agotar previamente algún requisito, siempre que sea una petición respetuosa, tal y como lo señala el artículo 23 de la Constitución. Sin embargo, el legislador estatutario previó algunos parámetros que deben observarse para garantizar su ejercicio.  

 

107.        A partir de los artículos 15 y 16 de la Ley 1437 de 2011 es posible identificar los siguientes requisitos formales que deben cumplir las peticiones, para que gocen del amparo constitucional: (i) deben presentarse por escrito, siempre que las autoridades así lo dispongan, sin que esto las habilite para exigir un costo[161], y (ii) deben contener, por lo menos: (a) la designación del destinatario de la petición; (b) los nombres y apellidos completos del solicitante y su representante, si es el caso, incluyendo el documento de identidad y la información del lugar donde recibirá correspondencia, salvo las peticiones anónimas, cuando exista una justificación seria y creíble para mantener la reserva de la identidad del peticionario[162]; (c) el objeto de la petición; (d) las razones en las que fundamenta; (e) la relación de los documentos que acompañan; y (f) la firma del peticionario.

 

108.        En particular, las razones que fundamentan la petición deben ser fácticas y jurídicas. Este requisito es relevante, pues permite delimitar el alcance de la petición y, en esa medida, también el de la respuesta. Además, adquiere una especial relevancia cuando las peticiones se formulan ante organizaciones o instituciones privadas, pues su procedencia está necesariamente vinculada a la satisfacción de otros derechos; de allí que la petición deba señalar mínimamente cuál es ese otro derecho que se pretende satisfacer. Cuando el destinatario es una persona natural, la petición debe incluir los elementos que permitan derivar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que exista una situación de indefensión, subordinación o que la persona natural ejerza una función dominante frente al peticionario. El parágrafo 1º del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 incluye la obligación de examinar integralmente la petición, sin que pueda estimarse incompleta por la falta de requisitos que no estén previstos por el ordenamiento jurídico o que no sean necesarios para resolverla.

 

109.        El artículo 19 de la Ley 1437 de 2011 se refiere a las peticiones irrespetuosas y a las peticiones oscuras o reiterativas. Las primeras pueden ser rechazadas, mientras que las segundas, esto es, aquellas en las que no se comprenda la finalidad o el objeto de la petición, deben devolverse al interesado, para que las corrija o aclare, so pena de su archivo. No obstante, “en ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas”. Por otra parte, frente a las peticiones reiterativas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, salvo que en la nueva petición se subsane esa deficiencia. En otras palabras, el peticionario debe asumir una carga, no solo de respeto al dirigirse al destinatario, sino también de claridad, completitud y de no reiteración[163].

 

110.        Por último, tanto el recurso de insistencia como la tutela son mecanismos para garantizar la efectividad del derecho fundamental de petición, que deben ejercerse de forma razonable[164], habida cuenta de lo previsto por el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución, que consagra como deber de todos los miembros de la comunidad “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Por ello, no hay lugar a activar dichos mecanismos cuando, por ejemplo, ya se ha concedido el objeto solicitado. Lo anterior, además, en concordancia con el artículo 95 de la Constitución, según el cual, “[e]l ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”.

 

F.    Acceso a la información y su relación con la actividad periodística[165]

 

111.        El artículo 20 de la Constitución “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social”. A su vez, el artículo 74 del Texto Superior señala que todas las personas “tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los que establezca la ley”. Asimismo, los artículos 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[166] y 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos[167], que hacen parte del bloque de constitucionalidad[168], establecen que todas las personas son libres “de buscar […] informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

 

112.        Con fundamento en lo anterior, en la sentencia T-578 de 1993, la Corte precisó que “la libertad de información se constituye en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades”. Además, garantiza a las personas investigar y recibir la información requerida con fundamento en los artículos 15[169], 23[170], 74[171] y 112[172] de la Constitución[173].

 

113.        El derecho de acceso a la información pública fue desarrollado en la Ley Estatutaria 1712 de 2014, que, en el artículo 4, lo define como el derecho que tiene toda persona de “conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados”. Entre esos sujetos están los mencionados en el artículo 5 de la ley, quienes deben cumplir las obligaciones establecidas en esa normativa[174]. Al estudiar la constitucionalidad de dicha norma en la sentencia C-274 de 2013, esta Corte identificó tres funciones esenciales del derecho de acceso a la información pública: (i) garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos; (ii) facilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, al permitir conocer las condiciones necesarias para su realización; por ejemplo, para las víctimas, el acceso a la información pública es una herramienta esencial para la satisfacción del derecho a la verdad, así como la memoria histórica de la sociedad; (iii) propender por la transparencia de la gestión pública y constituirse en un mecanismo ciudadano de la actividad estatal.

 

114.        Esta garantía iusfundamental se materializa mediante la presentación de peticiones respetuosas ante las autoridades que administran la información requerida. La jurisprudencia ha destacado que el derecho a obtener información tiene un nexo inescindible con los derechos fundamentales de acceso a la información pública (CP art. 74) y de petición (CP art. 23)[175]. En la sentencia C-951 de 2014, esta Corte afirmó que el derecho fundamental de petición “tiene nexo directo con el derecho de acceso a la información (CP artículo 74), en la medida que los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición tienen la potestad de conocer la información sobre el proceder de las autoridades y/o particulares, de acuerdo [con] los parámetros establecidos por el legislador”[176]. Además, la Corte aclaró que el derecho de acceso a la información pública se puede comprender como una manifestación del derecho de petición[177], a partir de lo cual concluyó que “el derecho de petición es el género y el de (…) acceder a la información pública es una manifestación específica del mismo”[178].

 

115.        Este derecho no se limita a la prerrogativa de informar, que incluye también el derecho a estar informado. En efecto, en los términos del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Sin embargo, la Corte ha precisado que el derecho de investigar y recibir informaciones no es absoluto. Para determinar su alcance, es necesario identificar (i) el tipo de información solicitada y su relevancia social, (ii) la titularidad de los datos y (iii) las características del solicitante.

 

116.       El derecho de acceso a la información según la tipología de datos solicitados. Las obligaciones y responsabilidades derivadas del derecho de acceso a la información se encuentran determinadas por la naturaleza de la información a la que se pretende acceder y por su titular. La Corte ha diferenciado dos regímenes legales de información: por un lado, el régimen de acceso a la información pública de la Ley 1712 de 2014 –información pública, pública clasificada y reservada– y, por otro, el régimen de habeas data –dato público, semiprivado, privado y sensible– (leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012).

 

117.        El régimen de información pública establecida en la Ley 1712 de 2014. La información pública está conformada, entre otros, por los datos contenidos en documentos públicos y sentencias judiciales ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y por los datos relativos al estado civil de las personas. Dado que el derecho a la información pública no es absoluto y, por tanto, puede ser objeto de restricciones razonables, el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con el artículo 74 del Texto Superior, dispone que la Constitución y la ley pueden determinar que ciertos documentos e información no podrán ser conocidos por el solicitante. Esa restricción opera cuando la información es pública reservada o pública clasificada[179], esto es, “aquella que puede tener acceso restringido, porque pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado, de una persona natural o jurídica”[180].

 

118.        De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, los siguientes son los elementos generales del régimen de acceso a la información pública:

 

 

119.        Ahora bien, como lo precisó esta Corte en la sentencia T-173 de 2025, los sujetos obligados en los términos del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 deben elaborar un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados. Este índice les permite a los interesados, de manera previa a su solicitud de acceso a la información, conocer qué tipo de acto o documentos en poder o custodia del sujeto obligado tienen la naturaleza de clasificados o reservados. La reserva legal “sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta”[181]. Por ello, “toda decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser motivada, y la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva”[182]; además, “la reserva legal no puede cobijar información que por decisión constitucional debe ser pública”[183].

 

120.        La Ley 1712 de 2014 dispuso que la información pública clasificada –es decir, aquella que, aunque está en custodia de los sujetos obligados, se encuentra relacionada con la vida de alguien en particular– incluye datos de carácter privado y semiprivado. Del mismo modo, en la sentencia C-274 de 2013, en la cual se hizo el análisis integral de constitucionalidad de la Ley 1712 de 2014, la Corte señaló que “dentro de la categoría de información pública clasificada quedarían todos los datos privados, semiprivados o sensibles”[184]. Es decir, el régimen de información pública está ligado estrechamente con el régimen de datos personales, puesto que muchos conceptos de éste delimitan y explican los alcances de aquél.

 

121.        Además, según lo precisó esta Corporación en la sentencia T-487 de 2017, las reglas establecidas para acceder a la información pública no son aplicables para obtener documentos o datos de carácter privado, ya que las relaciones entre particulares se rigen por los principios de libertad y autonomía de la voluntad privada, lo que significa que no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para las personas. En esos casos, corresponde determinar si la información solicitada está o no sujeta a reserva como consecuencia de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. En caso de no estarlo, las entidades privadas deben entregar la información requerida.

 

122.        El régimen de habeas data previsto en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. El derecho al habeas data se relaciona con la autodeterminación informativa. Este derecho otorga a las personas la facultad de conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se encuentra registrada en bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas[185]. En ejercicio de la cláusula general de libertad, este derecho confiere al individuo el control sobre los datos personales que han sido recopilados por centrales de información[186]. En el ordenamiento jurídico colombiano coexisten dos regímenes legales estatutarios de habeas data: la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012, que prevén la siguiente categorización de la información según el tipo de dato:

 

123.        Dato público[187]. Alude a la información que puede ser obtenida sin reserva alguna. Incluye documentos públicos como los títulos universitarios[188], las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los datos sobre el estado civil[189].

 

124.        Dato semiprivado. Es aquel que, “por versar sobre información personal o impersonal”[190], no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública. Esta información “presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales”[191], pues su conocimiento puede interesar no sólo al titular, sino además a cierto sector o grupo o a la sociedad en general.

 

125.        Dato privado. Es aquel de naturaleza íntima o reservada. Sólo es relevante para el titular, “por versar sobre información personal”. Por encontrarse en un ámbito privado y “revela[r] facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo”[192], por expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, únicamente puede ser divulgada con autorización de la persona a la que se refiere o por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones[193]. De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar su reserva, salvo en los eventos señalados por la misma ley.

 

126.        Con relación a los datos semiprivados y privados, la sentencia C-1011 de 2018 mencionó que, “habida cuenta la naturaleza de la información que contienen, se les adscriben restricciones progresivas en su legítima posibilidad de divulgación, que se aumentan en tanto más se acerquen a las prerrogativas propias del derecho a la intimidad”. Dicho en otras palabras, la protección de la información debe aumentar en tanto más se acerca a la esfera propia de la intimidad de la persona.

 

127.        Dato sensible. Esta categoría corresponde a información que, “por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular –dignidad humana, intimidad y libertad–, se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en cumplimiento de sus funciones”[194]. En ella se encuentra “la información genética” y “los datos sensibles” que, en los términos del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, “afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos” (énfasis añadido).

 

128.        En relación con el acceso a la información que contenga datos personales, el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 dispone que “solo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del titular”, por lo que dichos datos “no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento”. Sin embargo, según el artículo 10 de la misma normativa, se exceptúan de la solicitud de autorización las peticiones relativas a: “a) información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; b) datos de naturaleza pública; c) casos de urgencia médica o sanitaria; d) tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, y e) datos relacionados con el Registro Civil de las Personas”.

 

129.        A continuación, se describe una tabla que presenta las definiciones que estas leyes establecen de los distintos tipos de datos y su correspondencia con la modalidad de información según la Ley 1712 de 2014, de acceso a la información pública.

 

 

G.          Solicitud de información de datos administrados por organizaciones religiosas, en ejercicio de la actividad periodística

 

130.        El artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 dispone que “[t]oda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes” (énfasis añadido). Para el efecto, estableció que “[s]alvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título”[195].

 

131.        En la sentencia C-951 de 2014, esta Corte precisó que “al remitirse únicamente al Capítulo I del derecho de petición ante autoridades, torna evidente que fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en la medida en que este recurso es conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no se estableció un procedimiento para ello, por cuanto ello hace parte de otras leyes que de manera especial regulan la materia”. En esta línea, aclaró que la redacción del inciso 3 del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 corresponde al tenor literal del artículo 74 de la Constitución, de manera que debe analizarse en conjunto con el inciso segundo del mismo artículo, según el cual “[s]alvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título”. Con ello “se entiende que el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante particulares”, y que frente a esta cuestión “cabe señalar que los particulares están habilitados para invocar las reservas contempladas en otras leyes que de manera especial regulan la materia, como en efecto, lo son la Ley Estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre otras normas”.

 

132.        En consecuencia, las organizaciones privadas, entre ellas las religiosas, deben tramitar las peticiones que les sean allegadas con el fin de obtener la protección de otro derecho fundamental, con base en las reglas generales para el ejercicio del derecho de petición establecidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 que les sean compatibles.

 

133.        En concreto, deben atender a las disposiciones sobre (i) el objeto, (ii) las modalidades de ejercicio de esta garantía[196], (iii) los términos para contestar[197], (iv) la presentación de las solicitudes[198], (v) el contenido de las peticiones[199], (vi) el trámite de los requerimientos incompletos y del desistimiento[200], (vii) la gestión de las peticiones irrespetuosas, oscuras y reiterativas[201], (viii) la atención prioritaria de algunas solicitudes[202] y (ix) la falta de competencia[203].

 

134.        Además, la jurisprudencia ha señalado que las organizaciones privadas, incluidas las religiosas, deben garantizar el cumplimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición[204].

 

135.        Derecho de acceso a la información semiprivada por parte de periodistas en el marco de investigaciones relacionadas con conductas de violencia sexual. El ejercicio periodístico goza de garantías previstas por la Constitución y por la ley estatutaria, para el acceso a la información que se requiere con fines investigativos, “aun cuando esta sea de carácter semiprivado, repose en manos de particulares y, en especial, cuando la requieran para mostrar a la opinión pública asuntos de relevancia social”[205].

 

136.        En el caso de las solicitudes de información relacionada con procesos y decisiones sobre delitos sexuales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no está sometida a una reserva estricta, porque el deber de confidencialidad en casos de abuso no es absoluto y cede ante valores o derechos que merecen mayor protección[206]. En estos eventos, si bien el habeas data otorga al titular de la información la facultad de exigir al administrador de los datos la limitación en sus posibilidades de divulgación, publicación o cesión, conforme con los principios que rigen el proceso de administración de bases de datos personales[207], la Corte ha resaltado que la restricción legal para los administradores de revelar datos semiprivados sin la autorización del titular no es absoluta, “por lo que deberá ser ponderada en la medida en que el ordenamiento jurídico no dispone ningún otro mecanismo, administrativo ni judicial, para resolver las tensiones derivadas del requerimiento de acceso por parte de terceros”[208]. Cada caso concreto, de acuerdo con su complejidad y el carácter dinámico de la información, exige considerar la existencia de eventos en los que los datos sensibles pueden aparecer como datos semiprivados[209]. Esto ocurre como consecuencia del (i) interés que tenga la sociedad en el asunto y (ii) las características tanto del titular de la información como del solicitante.

 

137.        En relación con el primer requisito, en el caso específico de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la Corte Constitucional, en la sentencia T-091 de 2020, precisó que “no se vulnera el derecho a la intimidad del titular de los datos semiprivados”, porque “[c]laramente, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un tema de relevancia social e importancia significativa desde el punto de vista constitucional”. Esto “debido a la importancia social que tiene investigar y sancionar estas conductas, en particular, porque afectan a sujetos de especial protección constitucional”[210]. Además, la Corte ha reconocido que los datos personales pueden vincularse con información que no tiene relevancia pública y que tiene un alto grado de protección, como lo pueden ser los datos privados o sensibles, la cual cederá a la relevancia pública y social de la información[211].

 

138.        En cuanto al segundo requisito, esta Corte ha precisado que, en el caso de las personas con relevancia o influencia social y comunitaria, existen estándares diferentes respecto a la posibilidad de acceder a sus datos o información personal. Para ello, se debe determinar que la información en realidad tenga relevancia pública, esto es, que comprenda un interés legítimo de la sociedad para conocer la información relacionada con aspectos personales del individuo[212]. Así, “para hablar de relevancia pública se requiere de un interés público, real, serio y actual, en el que no haya una finalidad difamatoria o tendenciosa”[213]. Entre la información que se considera relevante socialmente están los hechos delictivos, su investigación y esclarecimiento, ya que generan un interés legítimo por conocer la verdad sobre una actuación reprochable. Por lo tanto, “es válido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una persona, ‘siempre y cuando estos tengan relación (directa o indirecta) con el asunto investigado o permitan aclarar puntos al respecto’ (…)”[214].

 

139.        Ahora bien, esta Corte ha manifestado que los predicadores o representantes de las iglesias son personas que tienen relevancia social, pues cuentan con una comunidad de feligreses a quienes instruyen, aconsejan y orientan[215]. De tal forma, como lo precisó este Tribunal en la sentencia SU-191 de 2022, “la naturaleza de la información relativa a violencia sexual [ejercida contra] niños, niñas y adolescentes es relevante para determinar la posibilidad que tiene un tercero de solicitar los datos semiprivados”, pues en tratándose de una persona con relevancia social, por su posición o cargo, existen menos restricciones para acceder a la información.

 

140.        Si bien esta regla no puede desconocer el derecho al habeas data del titular de los datos, ni habilita la exposición pública de asuntos amparados por el derecho a la intimidad, cuando el sujeto que solicita la información es un periodista, dada la protección reforzada de su derecho al acceso a la información, fundamentada en la particular importancia de la labor periodística en la sociedad, el derecho de acceso a la información le garantiza el derecho a informar de forma veraz. Por lo tanto, en el caso de las investigaciones que buscan esclarecer conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes habilita el acceso y la divulgación de la información por parte de los periodistas que adelantan tales investigaciones. No obstante, la divulgación de la información debe ser veraz y equilibrada, dadas las circunstancias del caso y las implicaciones penales que puede tener la comunicación de los datos obtenidos en el marco de la investigación. En todo caso, el derecho de acceso a la información no implica sustituir a las autoridades competentes y, por ende, tampoco faculta al periodista para presentar los hechos como probados.

 

141.        En todo caso, este derecho de acceso a la información no es absoluto, pues el ejercicio periodístico conlleva el deber de respetar los derechos de terceros, entre ellos la dignidad humana y la intimidad personal y familiar[216]. Esta prerrogativa también encuentra un límite en el riesgo de afectación a los derechos a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia del titular de los datos. En relación con estos, como lo precisó la Sala en la sentencia SU-191 de 2022: (i) “cuando se trata de información de interés general que vincula a una persona con hechos delictivos en proceso de investigación, el ordenamiento no prohíbe el acceso a la información o su difusión” (énfasis del texto original) y (ii) los presupuestos para restringir la divulgación de contenidos procesales en materia penal depende de la etapa del proceso y “deben responder [a] un riesgo grave, actual y cierto de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia que no pueda justificarse en la importancia de divulgar información relativa al proceso. Esta valoración debe hacerse caso a caso y considerar la muy diferente naturaleza de las variables que deben tomarse en cuenta”.

 

142.        La información que administran las iglesias. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 133 de 1994, las iglesias y confesiones religiosas tendrán plena autonomía y libertad “en sus asuntos religiosos”, y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros. Lo anterior, “sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación”. Si bien el ordenamiento jurídico les concede autonomía y libertad a las organizaciones religiosas para determinados asuntos, esto no se extiende a ámbitos reservados al legislador, como los derechos fundamentales, entre ellos los de petición y de acceso a la información. Tampoco puede invadir la órbita de primacía de garantías constitucionales como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

 

143.        En concordancia con lo anterior, no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada. En particular, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 133 de 1994[217] y el artículo 2 del Decreto 1377 de 2013[218], la condición de ministro o la profesión u oficio de sacerdote se desarrolla, necesariamente, en el ámbito público y, por lo tanto, es un “dato público”[219]. De ahí que, como lo precisó esta Corte en la sentencia T-091 de 2020, la información relacionada con su ejercicio “suele ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad”. Ahora bien, la información relacionada con el ejercicio de la profesión u oficio de ministro de culto se trata, en general, de información semiprivada, sobre todo a partir del estándar de carencia de expectativa de privacidad. Sobre esto último, como precisó esta Corte en la sentencia C-094 de 2020:

 

“la expectativa de privacidad es un criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la vida de las personas pueden entenderse comprendidas por el ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden ser conocidas o interferidas por otros. Tal categoría impone definir, atendiendo diferentes factores contextuales, si (i) quien alega la violación puede considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de otros; y (ii) si es o no posible concluir que dicha valoración es oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla”.

 

144.        Así las cosas, si bien, en principio, la información sobre la trayectoria y el relacionamiento de los sacerdotes y clérigos adscritos a una institución religiosa no es de conocimiento o interés público, al no estar prima facie relacionada con casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que el acceso a ella adquiere una especial relevancia para la sociedad cuando, a partir de una valoración conjunta e integral de los elementos que involucran la solicitud de información, prevalezca la protección de intereses constitucionales superiores, como los derechos de los niños, niñas y adolescentes (CP art. 44).

 

145.        En los términos del artículo 13 de la Ley 133 de 1994, el ordenamiento jurídico otorga autonomía e independencia a las iglesias y confesiones, “sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación”. En consecuencia, las disposiciones sobre el funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar de manera desproporcionada los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística, cuando, de acuerdo con las circunstancias que rodearon la presentación de la solicitud, esa información resulta especialmente relevante para la sociedad. En estos eventos, la restricción que se impone a los responsables del tratamiento de datos para revelar la información, sin la autorización de su titular, cede ante la finalidad que se pretende con el ejercicio de los derechos de petición y de acceso a la información con fines periodísticos. Sobre todo cuando estos derechos se ejercen de manera diligente y en procura de un fin legítimo y constitucionalmente protegido, relacionado con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 

146.        En estos contextos, el ejercicio periodístico y la libertad de prensa adquieren especial relevancia, dado que la información solicitada no sólo es importante para los titulares de los datos, sino que, dadas las circunstancias que motivan la presentación de las peticiones, el acceso a esa información es funcional a los fines que pretenden proteger aquellas libertades.

 

147.        El precedente fijado en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. En las citadas providencias, esta Corte se pronunció sobre el ejercicio del derecho de petición por parte de los periodistas, con el fin de acceder a información de miembros de organizaciones religiosas.

 

148.        De un lado, en la sentencia T-091 de 2020, la Corte revisó las decisiones judiciales adoptadas en los procesos de tutela promovidos por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos en contra de la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y de la Arquidiócesis de Medellín (expedientes con número de radicado T-7.418.878 y T-7.486.371). En esa ocasión, el accionante indicó que adelantaba una investigación periodística para la W Radio titulada “Dejad que los niños vengan a mí”, mediante la cual obtuvo indicios sobre la posible existencia de una red de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín. Con el fin de corroborar las sospechas y asegurar que la información periodística fuera “objetiva y transparente” presentó derechos de petición ante la “Inspectoría de los Salesianos” y la Arquidiócesis de Medellín, en los cuales solicitó información sobre 7 y 36 sacerdotes, respectivamente, que pertenecían a estas organizaciones religiosas.

 

149.        En concreto, el periodista requirió información sobre (i) la relación de estas personas con las accionadas, (ii) su trayectoria en la Iglesia Católica, (iii) las denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de delitos que configuran abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y, en caso de haberlas, los trámites adelantados a partir de esas denuncias. Asimismo, le solicitó (iv) a la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín informar si había analizado las denuncias publicadas en la W Radio sobre presuntos abusos sexuales cometidos en la institución, y (v) a la Arquidiócesis de Medellín explicar las razones por las cuales indicó que desconocía el paradero de uno de sus sacerdotes, pese a que su arzobispo lo había recomendado para trabajar en otro país. El periodista adujo que las entidades demandadas le negaron el acceso a esa información, que, a su juicio, no estaba sometida a reserva y era necesaria para: (i) “proteger diversos derechos fundamentales”[220], incluidos los derechos de niños y niñas[221], (ii) “garantizar los principios de publicidad y transparencia”[222], y iii) “descubrir un entramado de corrupción y de abusos por parte de una entidad religiosa”[223].

 

150.        Para resolver el asunto, la Corte precisó que, “[s]egún su cercanía con el ámbito íntimo, la información puede catalogarse como ‘reservada’, ‘privada’ o ‘semiprivada’. El acceso a la información ‘reservada’ o ‘privada’ es más restringido, a diferencia de lo que ocurre con la información ‘semiprivada’, la cual tiene un grado menor de limitación para su acceso”. En este sentido, recordó que, al tenor de los principios de circulación restringida y de confidencialidad, los responsables del tratamiento de datos no pueden relevarla sin la autorización de su titular. Sin embargo, esta restricción no es absoluta, “en tanto su valoración en cada caso supone ponderar las circunstancias específicas de que se trate por el juez constitucional, a quien el ordenamiento constitucional le otorga competencia para valorar cuándo es procedente garantizar el acceso a determinada información que detentan organizaciones privadas, en este caso religiosas”. Entre las excepciones al acceso a la información semiprivada se destaca la información que solicitan los periodistas para ejercer su profesión, la cual “debe garantizarse en la mayor medida de lo posible” (énfasis añadido).

 

151.        Así, en relación con la información solicitada por el accionante, la Corte identificó los siguientes tres tipos:

 

 

152.        Sobre los datos solicitados, la Corte manifestó que los dos primeros tipos de información, esto es, la referida a (i) la trayectoria de los sacerdotes y su relación con la organización religiosa, y (ii) las denuncias formuladas en su contra por conductas de violencia sexual cometidas contra niños, niñas y adolescentes y las medidas adoptadas por la organización religiosa frente a estas, planteaban una controversia sobre el acceso a información semiprivada. Por su parte, el tercer tipo de información, esto es, aquella relacionada con la organización religiosa y sus representantes, no generaba tensión frente a los derechos a la intimidad y al habeas data, dado que su solicitud no se dirigía a obtener información personal de los sacerdotes.

 

153.        De tal forma, frente a la información semiprivada relacionada con la trayectoria de los sacerdotes y su vínculo con las organizaciones religiosas, así como la referida a las posibles conductas de violencia sexual cometidas contra niños, niñas y adolescentes por sacerdotes de las organizaciones religiosas, la Sala ordenó el acceso, “dada la leve afectación que se presenta al derecho a la intimidad de los titulares de la información –como consecuencia de su carácter semiprivado’–, en comparación con la muy grave afectación al derecho de acceso a la información que se podría presentar al negar su acceso, en las específicas circunstancias de los casos acumulados”. Esto, al considerar que la afectación al derecho a la intimidad de los sacerdotes respecto de los cuales se solicitó la información era leve, porque (i) los derechos de petición formulados por el periodista pretendían confirmar información que este ya había obtenido en el marco de su investigación periodística, y (ii) los datos solicitados no eran reservados ni privados, sino semiprivados.

 

154.        La Corte precisó que la información sobre la trayectoria de los sacerdotes y su relación con la organización religiosa (primer grupo de preguntas), así como sobre las denuncias formuladas en su contra y las medidas adoptadas por la organización (segundo grupo de preguntas) era semiprivada, ya que, por regla general, (i) los datos relacionados con la trayectoria y vinculación laboral de los sacerdotes es información de conocimiento público. Esto es así, pues, de un lado, es usual que los sacerdotes se identifiquen con indumentaria o signos distintivos de su congregación y que su pertenencia se divulgue en los medios oficiales de las organizaciones. Lo mismo ocurre con las preguntas relacionadas con los cargos que desempeñan, que suele ser información de público conocimiento como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad. De otro lado, pese a que la información relacionada con las facultades ministeriales, fechas de nombramientos y ordenaciones y fechas en que los sacerdotes son relevados o dejan el ministerio no son de conocimiento público, su acceso no implica una afectación intensa al derecho a la intimidad, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de información orientada a demostrar el término en el que aquellos cumplieron sus funciones ministeriales.

 

155.        Por otra parte, la información relacionada con las denuncias que las organizaciones hubiesen recibido por conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, su conocimiento sobre procesos penales y las medidas adoptadas en relación con las conductas denunciadas “implic[a] una leve intromisión en el ámbito privado de los sacerdotes”, pues el peticionario (i) indagó de forma genérica sobre las denuncias, pero no solicitó información específica sobre aquellas; (ii) se limitó a indagar si las organizaciones religiosas tenían conocimiento de las denuncias que estuviera tramitando la justicia penal colombiana en contra de esos clérigos, y (iii) los interrogantes relacionados con las medidas adoptadas por la comunidad, como suspensiones, dimisiones y la remisión de los casos a la Congregación de la Doctrina para la Fe, no pretendían auscultar los detalles de las decisiones adoptadas.

 

156.        La sentencia agregó que, en gracia de discusión, de acuerdo con el contexto de la solicitud de información, los datos semiprivados requeridos no sólo interesaban a sus titulares, sino que eran relevantes para el accionante y la sociedad en general. Ello era así, “si se [tenía] en cuenta que el peticionario, en su condición de periodista, pretendía su acceso para corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, y así garantizar que la investigación que llegare a divulgar fuese objetiva y transparente”. De tal forma, la negativa de acceso afectaba gravemente el derecho a la información, a diferencia de la leve afectación a la intimidad, dada la relevancia cualificada del derecho de acceso a la información cuando es invocado por un periodista para el ejercicio adecuado de su profesión y la relevancia social de la investigación periodística para la cual se solicitan los datos.

 

157.        De otra parte, en la sentencia SU-191 de 2022, la Corte estudió las decisiones judiciales adoptadas con ocasión de una nueva acción de tutela presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición de información, presuntamente, vulnerado por la Arquidiócesis de Medellín, al no responder de forma completa una solicitud radicada el 19 de febrero de 2021. El accionante enlistó, con nombre propio, novecientos quince (915) sacerdotes de la arquidiócesis por los que, aseguró, no había preguntado en anteriores oportunidades, y solicitó que se le informara de manera concreta sobre (i) el número de denuncias contra sacerdotes recibidas en los últimos 30 años por la Arquidiócesis de Medellín por presuntos actos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes; (ii) la identidad de los sacerdotes involucrados; (iii) las fechas de los hechos; (iv) el trámite dado por el derecho canónico a esas denuncias, y (v) el estado de esas denuncias ante la justicia penal ordinaria[224].

 

158.        En esa oportunidad, en cuanto al derecho de petición de información en el marco de investigaciones periodísticas orientadas a indagar sobre las conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ejercidas por sacerdotes de la iglesia Católica, la Sala Plena manifestó que “[s]i bien la regla general es la necesidad de la autorización del titular para su divulgación, el juez constitucional debe estudiar las particularidades del caso para establecer el alcance de tal protección. Entre los factores que se deben analizar se encuentra: (i) el interés público en la información, (ii) las características de los titulares de los datos como personas con relevancia social y comunitaria, y (iii) la calidad de periodista del peticionario. Si se presentan estas características, se protegerá en mayor medida el derecho de acceso a la información”.

 

159.        En esos eventos, el acceso a los datos semiprivados de los sujetos con cierta relevancia pública cede ante la relevancia social de la información solicitada para el ejercicio de la investigación periodística. En efecto, “la naturaleza de la información relativa a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es relevante para determinar la posibilidad que tiene un tercero de solicitar datos semiprivados. Si se trata de una persona con relevancia social por su posición o cargo, es aún más claro que hay menos restricciones para acceder a información relativa a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se reitera que esta regla no implica desproteger el derecho al habeas data, alterar la protección constitucional de los datos privados o sensibles, o exponer públicamente la intimidad de un sujeto con información que sea irrelevante o tendenciosa”.

 

H.   Decisión de los casos concretos

 

160.        La Sala Plena constata que las autoridades religiosas vulneraron los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán, pues no contestaron las peticiones o las contestaron en forma incompleta. Esto es así, por cuanto: (i) se limitaron a manifestar que sólo suministrarían la información de presbíteros que estuviese relacionada con conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y (ii) se negaron a suministrar la información detallada sobre la trayectoria y los vínculos laborales de los sacerdotes ordenados e incardinados de la organización religiosa. Ello, pese a que, según la jurisprudencia constitucional y en los términos expuestos en esta providencia, los datos solicitados por los accionantes constituyen información semiprivada que, en virtud de su relevancia pública y social, y de la finalidad de la investigación periodística para la cual se requieren, deben ser suministrados a los accionantes sin necesidad de autorización del titular.

 

161.        Primero: las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al negarse a suministrar la información relacionada con los sacerdotes involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes o limitarse a suministrar la información referida a clérigos previamente identificados por los periodistas. Las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar la información relacionada con las presuntas conductas de violencia sexual en las que hubiesen incurrido los sacerdotes ordenados e incardinados a sus dependencias. Sin embargo, interpretaron de manera inadecuada las reglas fijadas por las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, para negarse a suministrar la información solicitada por los accionantes.

 

162.        La Sala advierte que los asuntos examinados en esta oportunidad comparten similitudes con los decididos en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, únicamente en lo relacionado con la solicitud de información de los sacerdotes presuntamente vinculados a conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no son idénticos, pues en aquellos no se analizó la solicitud de información, en términos generales, de los presbíteros ordenados y/o incardinados a las iglesias y su trayectoria, y de las denuncias sobre conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que hubiesen recibido las organizaciones religiosas contra sus integrantes, pese a no estar previamente identificados por los periodistas[225].

 

163.        En efecto, mientras que en esa oportunidad las peticiones formuladas por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos contra la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín se orientaban a obtener información sobre (i) la trayectoria y (ii) presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ejercidas por sacerdotes previamente identificados; en las 47 solicitudes de tutela sub examine los accionantes (a) presentaron peticiones en las que, en general, no identificaban, con nombres y apellidos, a los sacerdotes o clérigos titulares de la información, y (b) pidieron datos sobre los sacerdotes o clérigos que han pertenecido a las instituciones accionadas a lo largo de su historia, sin importar si estos han estado o no implicados en la comisión de conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.  A continuación se presentan las diferencias entre la información solicitada y se explica por qué los asuntos resueltos por la Corte en la sentencia T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 no comparten identidad fáctica con los estudiados en esta oportunidad:

 

 

164.        Con fundamento en lo expuesto, para la Sala, la solicitud de información sobre los sacerdotes o presbíteros presuntamente involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes debía ser valorada de acuerdo con el estándar fijado por esta Corte en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. De conformidad con este, la información relacionada con las denuncias que las organizaciones religiosas hubieran podido recibir, su conocimiento sobre los procesos penales y las medidas que se hubieran tomado en relación con las conductas denunciadas implica una intromisión menor en el ámbito de la privacidad de los titulares de los datos, en comparación con el interés legítimo de la sociedad en conocerla. Por lo tanto, las accionadas debían suministrar la información solicitada por los actores, incluso frente a sacerdotes no identificados por estos en el marco de su investigación periodística, por estar involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y por tratarse de información conocida y administrada por las iglesias. De tal forma, las respuestas otorgadas por las accionadas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información, pues debían dar una respuesta clara, detallada, precisa, congruente y coherente a las preguntas formuladas por los accionantes frente a los sacerdotes ordenados e incardinados, tanto frente a los identificados como a los no determinados por los periodistas en sus investigaciones, pero sobre los cuales la organización religiosa conociera que estuviesen involucrados en investigaciones o denuncias por actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

 

165.        Segundo, las organizaciones religiosas accionadas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información de los periodistas al negarse a suministrar la información relacionada con la trayectoria de los sacerdotes y clérigos adscritos a la institución religiosa, con independencia de su vinculación con hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes[230]. En el presente asunto, los tutelantes –en su condición de periodistas– pretendían acceder a (i) información relacionada con la trayectoria y vinculación de los sacerdotes ordenados e incardinados, y (ii) los vínculos y la relación de aquellos con las organizaciones religiosas, con el fin de corroborar la existencia de indicios de conductas de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y su posible encubrimiento dentro de las organizaciones religiosas.

 

166.        En el contexto de la información solicitada y los fines que orientan la petición, la garantía de acceso a la información por parte de los periodistas no sólo protege la libertad de prensa, entendida como manifestación del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución, sino que también contribuye al cumplimiento de la función social que ejerce el periodismo en una sociedad democrática. En contextos especialmente sensibles, como aquellos que involucran la eventual afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el acceso a la información por parte de los periodistas tiene una especial relevancia constitucional, pues permite identificar factores que pueden comprometer su protección integral y favorecer, mediante su difusión responsable, la actuación oportuna de las autoridades competentes. Por ello, el ejercicio del derecho de acceso a la información en estos casos adquiere una dimensión reforzada, en la medida en que está orientado a garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, conforme con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución.

 

167.        Así, conforme con el marco constitucional, legal y jurisprudencial descrito, es posible concluir que no toda la información administrada por las iglesias que se relaciona, prima facie, con la libertad de cultos y el derecho a la intimidad de los titulares de los datos es reservada. Dada su relevancia para la sociedad, la condición y relacionamiento social y público de los titulares de los datos, la calidad de los solicitantes de la información y los fines de la investigación periodística para la que se solicita, la información puede tener una naturaleza semiprivada. En esos términos, en los asuntos sub examine, las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar la siguiente información relacionada con la vinculación y trayectoria laboral de sus integrantes ordenados y/o incardinados, sin oponerse a ella con el argumento de la reserva y los derechos a la intimidad, el habeas data y la presunción de inocencia de los sacerdotes o presbíteros titulares de los datos:

 

 

168.        En este orden de ideas, y como previamente se manifestó en esta sentencia, aun cuando, en principio, la información sobre la trayectoria y el relacionamiento de los sacerdotes y clérigos adscritos a una institución religiosa no es de conocimiento o interés público, al no estar prima facie relacionada con casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que el acceso a ella adquiere una especial relevancia para la sociedad cuando, a partir de una valoración conjunta e integral de los elementos que involucran la solicitud de información, prevalezca la protección de intereses constitucionales superiores, como los derechos de los niños, niñas y adolescentes (CP art. 44), hipótesis que hace que los datos solicitados adquieran la condición de semiprivados. Esto ocurre, en esencia, cuando al valorar los hechos y particularidades del caso, se advierte que la información solicitada (i) guarda relación con la notoriedad e importancia que tienen los sacerdotes en la sociedad, y (ii) su estudio es central para el periodismo de investigación, dado que permite identificar patrones y circunstancias especiales en la trayectoria de los sacerdotes, lo que resulta relevante para identificar casos de violencia sexual y/o encubrimiento, al analizar, por ejemplo, los cambios abruptos en la trayectoria temporal y local de sacerdotes.

 

169.        En todo caso, por la relevancia y sensibilidad de esta información, por una parte, los emisores deben tener especial cuidado y diligencia al momento de entregarla y, por la otra, los solicitantes deben ejercer de manera responsable y diligente los derechos de petición y de acceso a la información con fines periodísticos. Sin perjuicio de que una expresión no pueda ser prohibida simplemente porque expresa una idea u opinión provocadora, ofensiva, controversial o simplemente contraria a la de la mayoría[231], los solicitantes deben emplear, manejar, publicar, difundir y transmitir la información de manera adecuada y proporcional a los fines que originaron la solicitud, con observancia de los estándares jurisprudenciales sobre el ejercicio de la libertad de información periodística[232], incluido el de la verdad periodística o real malicia[233].

 

170.        Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que las organizaciones religiosas accionadas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información de los periodistas accionantes, por dos razones: (i) se negaron a suministrar la información completa y detallada sobre la trayectoria de los sacerdotes ordenados e incardinados y las relaciones de estos con las organizaciones religiosas, con independencia de si se encontraban o no involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y (ii) se opusieron a entregar la información sobre las presuntas conductas de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en las que hubiesen incurrido los sacerdotes ordenados e incardinados previamente determinados por los periodistas, así como respecto de aquellas sobre las que la organización religiosa tuviera conocimiento.

 

171.        A continuación, y sobre la base de las dos vulneraciones previamente advertidas, la Sala Plena indicará los términos en que las accionadas emitieron las respuestas incompletas, las decisiones de los jueces de instancia y las órdenes que adoptará en relación con cada uno de los expedientes, utilizando para ello el recurso de un cuadro unificador de todo lo ocurrido:

 

 

172.        Aunado a lo expuesto, en los siguientes expedientes las accionadas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información de los accionantes, pues, además de (i) responder parcialmente o (ii) negarse a responder a las peticiones con base en su interpretación de las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, como ya se demostró con anterioridad; también (iii) se negaron a suministrar la totalidad de la información solicitada, con fundamento en la presunta amplitud temporal de la petición y la inexistencia de sistematización de la información; (iv) trasladaron a los actores la carga de consultar los archivos de la organización y de asumir el valor de la reproducción de los documentos; (v) contestaron por fuera del plazo previsto por el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, o (vi) declararon la improcedencia de la tutela o negaron la solicitud de amparo, por la “falta de complementación” de la petición. Lo anterior, en los términos que se expone a continuación.

 

173.        (i) Peticiones de información sobre las que se adujo irrazonabilidad, debido a su amplitud temporal. En los siguientes asuntos, las accionadas vulneraron el derecho de petición de los actores y, como consecuencia de ello, el derecho de acceso a la información, pues se negaron a tramitar las solicitudes sobre la trayectoria de los párrocos, debido a su amplitud temporal. Así, las organizaciones religiosas omitieron su deber de efectuar la correcta administración, protección, guarda y custodia de los datos y de las bases de datos que contengan información socialmente relevante. En gracia de discusión, para fundamentar sus respuestas, las accionadas debían certificar la existencia de los datos y las fechas desde las cuales cumplían con sus obligaciones como administradoras de la información, para, de tal forma, entregar lo solicitado desde el momento en que contaran con la sistematización de los datos, así sea de forma manual.

 

 

174.        (ii) Respuesta en la que se remitió a los actores a consultar un texto canónico. En el siguiente asunto, la accionada desconoció los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de los actores, ya que brindó una respuesta evasiva a la petición, al trasladarles la carga de efectuar la consulta individualizada de los datos requeridos. En efecto, la organización religiosa remitió a los actores a consultar un texto, para que estos, de manera autónoma, obtuvieran los datos solicitados, pese a que era su obligación contestar cada uno de los asuntos indagados por los periodistas.

 

 

175.        (iii) Sentencia en la que se adujo que la accionada contaba con términos legales adicionales para contestar la solicitud de información. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, las peticiones de información deben resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Si el administrador de los datos no está en la posibilidad de contestar en dicho término, debe informar de tal circunstancia al peticionario, exponer las razones de la demora y justificar el plazo en el que dará respuesta. Por ello, no resultan adecuadas las siguientes decisiones de instancia, en las que se consideró que las organizaciones religiosas tenían, prima facie, un plazo superior a 15 días para responder la solicitud de información, pues lo cierto es que el plazo para contestar la petición presentada por los accionantes el 16 de enero de 2023 vencía el 6 de febrero del mismo año.  

 

 

176.        (iv) Solicitud de amparo declarada improcedente por falta de complementación de la petición. La solicitud de información presentada el 16 de enero de 2023 al Instituto Juan Eudes no fue contestada, porque se consideró incompleta. Los accionantes aclararon la petición e indicaron el objeto y las razones de la solicitud de información, por lo que resultaba desproporcionado exigirles una complementación adicional, como lo hicieron los jueces de instancia.

 

 

177.        Adicionalmente, en los siguientes asuntos los accionados vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al negarse a otorgar completa la información solicitada. A su vez, los jueces de instancia erraron al declarar la improcedencia de la tutela, con fundamento en la supuesta configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado. Como se ha visto, en los expedientes T-9.420.990, T-9.439.968, T-9.440.665, T-9.449.573, T-9.474.971, T-9.571.501 y T-9.660.207, los jueces de instancia declararon la improcedencia de la tutela por la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado. En su criterio, las organizaciones religiosas accionadas contestaron lo peticionado y, por lo tanto, se superó la causa que dio origen a la vulneración de las garantías constitucionales de los periodistas. Sin embargo, la Sala constata que no se configuró la carencia actual de objeto, en los términos indicados por los juzgados de instancia.

 

178.        De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que carece de objeto el pronunciamiento del juez”[279], lo que ocurre cuando “previamente al pronunciamiento del juez de tutela sucede lo requerido”, por voluntad propia del demandado. Así, no se configura el hecho superado: (i) cuando el accionado realiza la conducta solicitada, antes de la presentación de la tutela, pues el hecho superado “[s]e presenta cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional, desaparece la presunta afectación o amenaza al derecho fundamental cuya protección se invoca”[280], y (ii) cuando “las pretensiones del tutelante fueron satisfechas por parte de la accionada en cumplimiento de la orden del juez de tutela”[281].

 

179.        Con base en lo expuesto, se evidencia que, en los siguientes asuntos, no se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues las accionadas contestaron de forma incompleta o con respuestas evasivas las peticiones formuladas por los periodistas accionantes, antes de la interposición de las solicitudes de amparo o como consecuencia del cumplimiento de las decisiones de instancia.

 

 

180.        Ahora bien, aunado a que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, los jueces de instancia han debido amparar los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de los actores, dado que las accionadas contestaron en forma incompleta o con evasivas la información peticionada. Esto, como se explica a continuación.

 

 

181.        De acuerdo con lo expuesto, la Sala revocará las decisiones de instancia que confirmaron las sentencias de primera instancia que declararon la carencia actual de objeto por hecho superado. En su lugar, amparará los derechos fundamentales de los accionantes y ordenará la entrega completa de la información solicitada.

 

I.      Remedios constitucionales

 

182.        De los 47 asuntos analizados, en los que los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán Medina solicitaron información a distintas organizaciones religiosas, mediante cuatro preguntas con distintos numerales o mediante cinco preguntas con sus respectivos numerales, en tres expedientes específicos la Sala Plena concluyó que las organizaciones religiosas accionadas vulneraron los derechos de petición y de acceso a la información de los accionantes. Esto, porque todas y cada una de las preguntas efectuadas por los periodistas, relacionadas con (i) la trayectoria, vinculación y relacionamiento laboral de los sacerdotes ordenados e incardinados con las organizaciones religiosas, estuviesen o no relacionados con conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como con (ii) las presuntas conductas de violencia sexual cometidas por los sacerdotes ordenados e incardinados a las iglesias, y los detalles de estas denuncias, debían ser resueltas de manera completa, detallada, suficiente, coherente y congruente por las administradoras de los datos semiprivados. En este contexto, concedió el amparo solicitado por los accionantes y ordenó a las organizaciones religiosas suministrar toda la información peticionada. De resto, la parte resolutiva refleja el alcance de las diferentes determinaciones adoptadas, sobre la base de los amparos integrales que fueron concedidos, de la protección parcial que fue dada, o del uso equivocado de instrumentos como la carencia actual de objeto.

 

183.        En este sentido, la Sala Plena reitera que, independientemente de que las decisiones de instancia en las que se concedió total o parcialmente el amparo hayan sido confirmadas, las organizaciones religiosas deben satisfacer de manera completa los derechos de petición y de acceso a la información de los actores y, por lo tanto, verificar y asegurar que sus respuestas sean de fondo y completas, de manera que contesten de forma congruente, detallada y sin evasivas cada una de las preguntas formuladas por los actores, con sus correspondientes numerales. En esa medida, los jueces de instancia deberán garantizar que las accionadas cumplan con su deber de contestar las peticiones de los actores, conforme con las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en esta providencia. Lo anterior, en caso de que resulte necesario recurrir a los instrumentos de cumplimiento de lo aquí resuelto, en los términos previstos en los artículos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

III.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

Primero: REVOCAR los fallos proferidos dentro de los expedientes T-9.824.281 y T-9.660.217 y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE las solicitudes de tutela. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de reemplazo proferidas con ocasión del trámite adelantado en los citados expedientes.

 

Segundo: REVOCAR la providencia de segunda instancia proferida en el expediente T-9.487.762, que confirmó la decisión de primera instancia que otorgó el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela promovida por Juan Pablo Barrientos Hoyos contra el Obispado Castrense, por falta de subsidiariedad.

 

Tercero: CONFIRMAR las decisiones de segunda instancia dictadas en los expedientes T-9.423.798, T-9.445.635, T-9.447.464, T-9.450.994, T-9.456.770, T-9.460.173, T-9.471.308, T-9.489.477, T-9.564.684, T-9.575.079 y T-9.675.582, que confirmaron las sentencias de primera instancia en las que se otorgó el amparo solicitado.

 

Cuarto: CONFIRMAR las decisiones de primera instancia proferidas en los expedientes T-9.454.028, T-9.461.175 y T-9.509.781, en las que se otorgó el amparo solicitado.

 

Quinto: CONFIRMAR las decisiones de segunda instancia proferidas en los expedientes T-9.401.364, T-9.408.984 y T-9.461.384, que revocaron las decisiones de primera instancia en las que se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su lugar, otorgar el amparo solicitado.

 

Sexto: CONFIRMAR la decisión de segunda instancia proferida en el trámite del expediente T-9.618.460, que modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Séptimo: CONFIRMAR las decisiones de segunda instancia proferidas en los expedientes T-9.439.040, T-9.460.895 y T-9.548.517, que revocaron las decisiones de primera instancia que negaron el amparo solicitado y, en su lugar, tutelaron los derechos de los accionantes.

 

Octavo: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión de segunda instancia proferida en el expediente T-9.390.120, que revocó parcialmente la decisión de primera instancia, en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de los accionantes y ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Noveno: REVOCAR PARCIALMENTE las decisiones dictadas en los expedientes T-9.492.648 y T-9.479.400, en cuanto modificaron las sentencias de primera instancia en las que se otorgó el amparo. En consecuencia, ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

 

Décimo: REVOCAR las decisiones de segunda instancia adoptadas en los expedientes T-9.435.595 y T-9.416.225, que revocaron las decisiones de primera instancia en las que se otorgó el amparo solicitado y, en su lugar, declararon la carencia actual de objeto por hecho superado. En consecuencia, ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Décimo primero: REVOCAR las decisiones de segunda instancia proferidas en los expedientes T-9.388.994, T-9.432.271, T-9.439.068 y T-9.536.110, que confirmaron las decisiones de primera instancia que negaron el amparo solicitado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de los accionantes y ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Décimo segundo: REVOCAR los fallos de segunda instancia proferidos en los expedientes T-9.443.946, T-9.445.440, T-9.452.369, T-9.457.457, T-9.511.805, T-9.521.560, T-9.538.380 y T-9.668.123, que revocaron las decisiones de primera instancia en las que se otorgó el amparo solicitado. En su lugar, ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Décimo tercero: REVOCAR las decisiones de segunda instancia adoptadas en los expedientes T-9.420.990, T-9.439.968, T-9.440.665, T-9.449.573, T-9.474.971, T-9.571.501 y T-9.660.207, que confirmaron las decisiones de primera instancia que declararon la carencia actual de objeto por hecho superado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de los accionantes y ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

Décimo cuarto: REVOCAR las decisiones de segunda instancia dictadas en los expedientes T-9.379.113 y T-9.454.967, que confirmaron las decisiones de primera instancia que declararon la improcedencia de la tutela. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de los accionantes y ORDENAR la entrega completa de la información solicitada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Con salvamento de voto

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con aclaración de voto

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

 JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

A LA SENTENCIA SU.184/25

 

 

Referencia: Expedientes T-9.379.113 (AC)

 

Asunto: revisión de las decisiones judiciales relacionadas con las solicitudes de tutela presentadas por (i) Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán en contra de diferentes organizaciones religiosas, y (ii) por los presbíteros Juan José Janna Céspedes y otros en contra de distintas autoridades judiciales

 

Tema: Derecho de petición y de acceso a la información para obtener datos de miembros de organizaciones religiosas en el marco de investigaciones periodísticas sobre conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

 

Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero

 

 

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

 

 

Con el respeto habitual por las decisiones de la Sala Plena, presento las razones que me llevan a salvar mi voto frente a la decisión mayoritaria adoptada en este proceso.

 

1. En ejercicio de su derecho fundamental de petición y con fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional en algunos apartes de las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, los actores presentaron peticiones por escrito, a varias instituciones clericales católicas.[297] En ellas, solicitaron información sobre: (i) el número de sacerdotes ordenados, nombres, vinculación y trayectoria de los clérigos que pertenecen o pertenecieron a cada institución religiosa desde que hacen presencia en el país; (ii) sus relaciones con las organizaciones católicas; (iii) si han sido objeto de denuncia o queja por “pederastia”, abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, y/o prostitución; y, (iv) sobre las medidas adoptadas frente a esas denuncias o quejas por parte de la congregación.[298]

 

2. Frente a la naturaleza de la información requerida, la decisión mayoritaria consideró que las peticiones presentadas por los accionantes comprendían los datos personales tanto de los clérigos relacionados con la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil en escenarios religiosos, como de aquellos que no han estado vinculados a ese tipo de conductas.

 

3. Respecto de los primeros, consideró que debía aplicarse el precedente establecido en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. Bajo esta perspectiva, en la Sentencia SU-184 de 2025, la Corte determinó razonablemente que los datos de los clérigos involucrados en casos de abuso sexual infantil debían considerarse como semiprivados. En concreto, reiteró que la información relacionada con la trayectoria de los sacerdotes católicos, denunciados por la presunta comisión de conductas constitutivas de violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes, así como, con las medidas adoptadas por las organizaciones religiosas con ocasión de estas, es semiprivada. Lo expuesto, en la medida en que los clérigos de esta religión suelen utilizar distintivos religiosos, su pertenencia a estas instituciones suele divulgarse en medios públicos y la publicidad de los datos propios de su trayectoria no afecta intensamente su derecho a la intimidad, en la medida en que permiten demostrar la época en la que cumplieron sus funciones ministeriales.

 

4. En cuanto a los segundos, señaló que no toda la información administrada por las entidades religiosas vincula a las personas con sus convicciones religiosas, ni está sujeta a reserva. Al respecto, argumentó que, con ocasión de lo dispuesto en “el artículo 16 de la Ley 133 de 1994^[299] y el artículo 2 (sic) del Decreto 1377 de 2013^[300], la condición de ministro o la profesión u oficio de sacerdote se desarrolla, necesariamente, en el ámbito público y, por lo tanto, es un “dato público”. Sin perjuicio de lo anterior y con fundamento en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022,

 

5. Respecto del acceso a esta información, la Corte reiteró que, en principio, se requiere la autorización del titular de los datos. Sin embargo, señaló que el juez constitucional debe estudiar las particularidades del caso para establecer el alcance de esa protección. En concreto, indicó que la autoridad judicial correspondiente debe analizar (i) la relevancia pública de la información, es decir, verificar si existe “un interés público, real, serio y actual, en el que no haya una finalidad difamatoria o tendenciosa”; (ii) las características de los titulares de los datos como personas con relevancia social y comunitaria; y, (iii) la calidad de periodista del peticionario. Si el caso reúne estas características, el juez deberá proteger “en mayor medida el derecho de acceso a la información”. Así las cosas, señaló que el acceso a los datos semiprivados de los sujetos con cierta relevancia pública, como los sacerdotes de la iglesia católica, debe ceder ante la relevancia social que, en virtud del principio de prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrado en el artículo 44 de la Constitución, tiene la información sobre la violencia sexual cometida en contra de esta población. Lo expuesto, siempre que sea solicitada en el marco de una investigación periodística.

 

6. Con fundamento en esta regla, la decisión mayoritaria analizó el caso concreto y determinó que la sociedad tiene un interés legítimo en conocer la información relacionada con la trayectoria de los clérigos, en especial, la relativa a las denuncias que las organizaciones religiosas hubieran podido recibir, su conocimiento sobre los procesos penales y las medidas que se hubieran tomado en relación con las conductas denunciadas que prevalece frente a la afectación leve que la divulgación de esa información puede suscitar en el ámbito de la privacidad de los titulares de los datos. En esa medida, concluyó que las organizaciones religiosas debían suministrar toda la información solicitada. Es decir, tanto los datos personales de los “sacerdotes no identificados por [los accionantes] en el marco de su investigación periodística, por estar involucrados en conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y por tratarse de información conocida y administrada por las iglesias”; como los de los clérigos que no están involucrados con este tipo de conductas.

 

7. Respecto de los sacerdotes que no están involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la mayoría de los integrantes de la Sala Plena de la Corte, apartándose del precedente contenido en la Sentencia SU-191 de 2022, cambió su jurisprudencia, ampliándola, y consideró que las organizaciones religiosas vulneraron los derechos de los accionantes de petición y de acceso a la información, porque indicó que, “si bien, en principio, la información sobre la trayectoria y el relacionamiento de los sacerdotes y clérigos adscritos a una institución religiosa no es de conocimiento o interés público, así no esté prima facie relacionada con casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que el acceso a ella adquiere una especial relevancia para la sociedad cuando, a partir de una valoración conjunta e integral de los elementos que involucran la solicitud de información, prevalezca la protección de intereses constitucionales superiores, como lo son los derechos de los niños, niñas y adolescentes (CP art. 44), hipótesis que hace que los datos solicitados adquieran la condición de semiprivados. Esto ocurre, [señaló la Corte asumiendo sin más la narrativa de los accionantes -en esencia-], cuando al valorar los hechos y particularidades del caso, se advierte que la información solicitada (i) guarda relación con la notoriedad e importancia que tienen los sacerdotes en la sociedad, y (ii) su estudio es central para el periodismo de investigación, dado que permite identificar patrones y circunstancias especiales en la trayectoria de los sacerdotes, lo que resulta relevante -señalaron- para identificar casos de violencia sexual y/o encubrimiento, al analizar, por ejemplo, los cambios abruptos en la trayectoria temporal y local de sacerdotes” (énfasis añadido)

 

8. Finalmente, la mayoría de la Sala Plena consideró que, por la sensibilidad de la información, los accionantes deben tener un especial cuidado en su divulgación, de manera tal que la información obtenida debe ser difundida y transmitida “de manera adecuada y proporcional a los fines que originaron la solicitud” con observancia de los estándares jurisprudenciales sobre el ejercicio de la libertad de información periodística, incluido el de real malicia.

 

9. Al respecto, considero que, en los casos objeto de análisis, tal y como lo propuse a la Sala Plena y por las amplias razones contenidas en la ponencia que sometí a su consideración con base en la sustanciación de los procesos acumulados para su revisión, solo era pertinente amparar los derechos de los accionantes y ordenar entregar la información de aquellas personas de tales entidades religiosas que hayan estado o estén vinculadas formalmente a investigaciones judiciales o eclesiásticas por la comisión de delitos sexuales tal y como ya se había ordenado por la Corte Constitucional en los estrictos y precisos términos señalados en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. Yo mismo le propuse a la Sala Plena adoptar en este caso los resolutivos correspondientes en ese sentido por cuanto los datos personales relacionados con la condición de ministro de la iglesia católica, la trayectoria de una persona dentro de una organización eclesiástica y su relacionamiento con la institución, a pesar de que dan cuenta del vínculo de la persona con una creencia religiosa determinada, deben catalogarse como semiprivados, cuando sus titulares estén relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

 

10. En efecto, pienso que los accionantes tenían derecho a acceder a la información personal de los clérigos investigados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, en la medida en que la jurisprudencia ha sido clara en señalar que, en esos casos, los datos personales solo tienen la protección constitucional intermedia que se le otorga a los datos semiprivados, la cual, a su turno, debe ser relativizada para garantizar que la sociedad pueda acceder a esa información que tiene una gran relevancia para pública, derivada del interés real, serio y actual de la sociedad en general sobre los escenarios de violencia sexual que afrontan nuestros niños, niñas y adolescentes. En ello la decisión adoptada es razonable, en la medida en que la información referida tiene una relevancia pública, en virtud de la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrada en el artículo 44 de la Constitución.

 

11. Empero, con todo respeto, me aparto de la insólita decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Plena consistente en amparar a los accionantes en sus peticiones que exigen revelar datos personales asociados a las convicciones y actividades religiosas de todos los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la Iglesia Católica que nunca estuvieron ni han estado relacionados con la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil. En mi criterio, no era ni es posible entregar información personal de clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros vinculados a instituciones de la Iglesia Católica desde la creación de las diócesis, arquidiócesis o congregaciones religiosas, muchas de ellas que datan desde hace varios siglos, que han ejercido o ejercen labores pastorales y, en general, de relacionamiento con la sociedad y que nunca han estado involucrados o relacionados con investigaciones judiciales o eclesiásticas por violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en la medida en que son datos sensibles.

 

12. Además, considero que el hecho de que la Sentencia establezca que los periodistas deben atender a los límites del ejercicio de la libertad de información periodística, incluido el de real malicia, puede disfrazar a la investigación de objetividad. Con todo, al no atender a los estándares de protección de derechos fundamentales como al buen nombre y al habeas data, lo que hace la Corte es trasladar el ámbito de protección constitucional de la libertad de información a la libertad de opinión, como cuando se expresa paladinamente que la Iglesia Católica es “una empresa transnacional del crimen organizado”. En efecto, la sentencia, con el ánimo de defender el derecho a la libertad de información, termina por favorecer el derecho a la libertad de opinión y ello ocurre porque la Corte no fijó ninguna precisa regla, condición o límite para que los accionantes procedan de conformidad.  

 

13. En mi opinión, la Sentencia SU-184 de 2025, con fundamento en una aplicación inadecuada del principio del interés superior de los niños, terminó por equiparar el caso de los clérigos involucrados en casos constitutivos de abuso sexual infantil, con el de los sacerdotes que no han estado, ni están relacionados con este tipo de conductas. Esto conllevó a desnaturalizar la protección constitucional otorgada por el legislador a los datos que revelan las convicciones religiosas de las personas y sometió a todos los sacerdotes del credo católico a una estigmatización por motivos religiosos.

 

14. Además, dejó de lado un número importante de debates de relevancia constitucional. En efecto, la Sentencia SU-184 de 2025 no atendió a los límites constitucionales de los derechos de acceso y de libertad a la información, no ponderó los principios en pugna, no le atribuyó a los accionantes el rol de encargados de la información, ni analizó la posible afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por motivos religiosos. Tampoco tuvo en cuenta el ámbito de protección constitucional del derecho al habeas data de las personas fallecidas, ni de las personas involucradas en procesos penales. De igual forma, desconoció los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia de los clérigos que no están involucrados en asuntos relativos al abuso sexual infantil; y, eludió su deber de adoptar medidas idóneas para garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos de toda forma de abuso sexual. Todo ello conllevó a que la decisión mayoritaria desdibujara los límites entre el periodismo investigativo y el deber de investigación, judicialización y sanción del Estado.

 

 

Los datos personales que revelan las convicciones religiosas de las personas son sensibles y cuentan con una protección constitucional reforzada que solo puede relativizarse cuando la ley lo disponga o cuando su inviolabilidad se utilice para invisibilizar, justificar u ocultar la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes

 

15. Con todo respeto, no comparto la postura adoptada por la mayoría al proferir la Sentencia SU-184 de 2025 con la cual se apartó del precedente contenido en la Sentencia SU-191 de 2022 y de las normas constitucionales aplicables, porque considero que ella desconoce la protección constitucional reforzada otorgada a los datos sensibles. En esta última decisión la Corte estableció criterios claros para determinar en qué circunstancias los derechos fundamentales al habeas data y a la intimidad pueden ceder frente al derecho de acceso a la información. De acuerdo con dicho precedente, la divulgación de datos personales, incluso de naturaleza semiprivada, exige verificar la existencia de un interés público real, actual y suficientemente cualificado que justifique la restricción de los derechos del titular. Así, tratándose de sacerdotes frente a los cuales existen denuncias por presuntos abusos contra niñas, niños y adolescentes, es claro que la entrega de información -aún sin autorización del titular- encuentra sustento en la necesidad de proteger el interés superior del niño y garantizar el control social frente a hechos de especial gravedad.

 

16. Ahora, extender esa misma regla a sacerdotes respecto de los cuales no existen denuncias desborda los parámetros fijados por el precedente y desconoce el ámbito de protección constitucional otorgado a los datos sensibles de los clérigos que no están relacionados con casos de abuso sexual infantil. En estos casos, no se advierte un interés público real y actual que justifique la afectación de los derechos a la intimidad y al habeas data, por lo que debe exigirse la autorización previa del titular para la divulgación de la información. En consecuencia. La Sentencia SU-184 de 2025 se apartó del precedente constitucional sin acreditar de manera suficiente la carga argumentativa reforzada que la propia jurisprudencia exige cuando la Corte decide modificar o apartarse de una línea consolidada.

 

17. Para justificar su decisión, la Corte aludió de forma reiterada a los principios de interés superior del niño y de prevalencia de sus derechos. Pero, lo cierto es que se apartó de la interpretación que tradicionalmente se le ha otorgado a los principios del interés superior del niño y de prevalencia de sus derechos. Estos mandatos se conciben como un criterio hermenéutico fundamental, según el cual, cuando una disposición admite varias interpretaciones razonables, debe preferirse aquella que mejor satisfaga los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el caso, los principios fueron utilizados para justificar la entrega indiscriminada de información, sin realizar una ponderación concreta y diferenciada entre situaciones fácticas distintas.

 

18. Una aplicación adecuada de estos mandatos habría exigido distinguir entre los casos en los que existen denuncias -donde se configura una finalidad legítima y urgente de protección-, y aquellos en los que no se presentan ningún señalamiento, escenario en el cual la divulgación amplia de datos personales no contribuye de manera directa, necesaria ni proporcional a la salvaguarda del interés superior del niño. De este modo, la decisión termina por ampliar el alcance del principio más allá de su función interpretativa y ponderativa. En consecuencia, lo utilizó como fundamento autónomo para restringir derechos fundamentales sin asumir la carga argumentativa reforzada que le correspondía para cambiar la línea jurisprudencial consolidada.

 

19. En tal virtud, con todo respeto disiento de la aproximación acogida mayoritariamente en la Sentencia, porque, en aplicación de la regla jurisprudencial establecida por la misma decisión, no había lugar a ordenar la entrega de los datos personales de los clérigos que no están, ni estuvieron relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. A diferencia del entendimiento de la mayoría de la Sala Plena, considero que la información sobre la trayectoria y el relacionamiento de los sacerdotes y clérigos adscritos a una institución religiosa no es de conocimiento o interés público, en la medida en que no está relacionada con casos de violencia sexual en contra de niños, niñas o adolescentes, como lo reconoce la misma providencia. Para que exista esta relación, era indispensable que el peticionario hubiera puesto en evidencia la relación del titular de los datos con un escenario de presunto abuso sexual infantil, pero no lo hizo y no lo probó, sencillamente porque esa relación no existe. No en vano la jurisprudencia ha señalado que se debe establecer un interés público, real, serio y actual que no tenga una finalidad difamatoria, ni tendenciosa.

 

20. Bajo este criterio jurisprudencial, retomado de forma reiterada en la decisión, la Corte debió precisar en qué consistía ese interés para el caso de los clérigos que no están relacionados con la posible comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, pero no lo hizo, sencillamente porque no está probado que existiera. La Corte solo se limitó a establecer que la relación estaba dada por la naturaleza de la investigación periodística, sin siquiera estudiar si ella en verdad es una investigación de esa naturaleza o de otro carácter, si existía o no una tendencia difamatoria, ni determinar, de cara a los elementos materiales probatorios disponibles en el expediente, en qué consistía el interés público, real, serio y actual de la sociedad en conocer esa información. La sola referencia a una posible relación muy tangencial entre la trayectoria de los clérigos y la remota posible existencia de un escenario de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes hace que el supuesto interés deje de ser serio y real.

 

21. Así las cosas, en el análisis del caso concreto, la Sentencia SU-184 de 2025 se apartó de la regla jurisprudencial establecida en la parte considerativa de la decisión y generó una incongruencia en la providencia. Ciertamente, en su parte considerativa, la decisión mayoritaria señaló que la “relativización” de la protección constitucional de los datos semiprivados de los sacerdotes, en el contexto señalado, solo procedía respecto de la información que tuviera una relevancia pública, bajo los criterios previamente señalados. Sin embargo, al analizar el caso concreto, sin fundamento alguno, indicó que también procedía en aquellos eventos en los que una valoración conjunta o integral de los elementos de la petición hiciera prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, señaló que la posibilidad de divulgación de la información semiprivada de los clérigos ya no dependía del interés público, real y serio de la sociedad en conocer la información, sino de un análisis que evidenciara que en el contexto de la petición estaban involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por tanto, la prevalencia de sus derechos. La sentencia afirma que la información relacionada con el ejercicio del oficio ministerial es información semiprivada a partir del “estándar de carencia de expectativa de privacidad”, citando la sentencia C-094 de 2020 y transcribe el concepto sobre expectativa de privacidad, pero no desarrolla el porqué del argumento de carencia ni la razón por la que es considerado “estándar” aplicado al ejercicio del ministerio sacerdotal por el que la información relacionada se vuelve semiprivada.

 

22.  También se aparta de la regla expuesta para concluir que la divulgación de la información procede, cuando “su estudio es central para el periodismo de investigación, dado que permite identificar patrones y circunstancias especiales en la trayectoria de los sacerdotes, lo que resulta relevante para identificar casos de violencia sexual y/o encubrimiento, al analizar, por ejemplo, los cambios abruptos en la trayectoria temporal y local de sacerdotes” (subrayado y resaltado añadidos). Esto quiere decir entonces que bastaría con que el accionante considere motu proprio, o lo que es lo mismo, por su libre y propia iniciativa, que la información requerida es importante en el contexto de su investigación, para relativizar la protección constitucional de los derechos fundamentales de los clérigos, sacerdotes o ministros católicos, por el solo hecho de prestar un servicio de gran relevancia para la sociedad.

 

23. Por lo demás, estos textos estigmatizan el ejercicio del gobierno de los obispos y reduce por desconocimiento del Derecho Canónico las causas por las que un párroco o cualquier ministro ordenado (presbítero o diácono) puede ser legítimamente removido o trasladado de su oficio eclesiástico, sin importar un condicionamiento temporal/local entre las que están la necesidad pastoral; la renuncia libre o bajo condición; un modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la comunión eclesiástica; la impericia o una enfermedad permanente mental o corporal, que hagan al párroco incapaz de desempeñar útilmente sus funciones; la pérdida de la buena fama a los ojos de los feligreses honrados y prudentes o la aversión contra el párroco, si se prevé que no cesarán en breve; la grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales, si persiste después de una amonestación; la mala administración de los bienes corporales con daño grave para la Iglesia, cuando no quepa otro remedio.

 

24. La Corte omitió hacer un examen especialmente riguroso del derecho fundamental al habeas data respecto de los sacerdotes que no tienen denuncias en su contra, quienes constituyen el grupo más claramente afectado por la decisión. Precisamente en relación con ellos, la exigencia constitucional y legal estatutaria de contar con la autorización previa, expresa e informada del titular para acceder a la información privada o semiprivada debió aplicarse con el mayor nivel de intensidad, pues no existe ningún señalamiento, investigación y circunstancia fáctica que permita justificar una restricción excepcional de su derecho. A diferencia de los casos en los que existen denuncias -en los cuales existe un interés público real y actual-, frente a los sacerdotes sin denuncias en su contra, no se acredita un elemento objetivo que habilite la excepción al consentimiento. No hay denuncia, no hay investigación, no hay proceso en curso y mucho menos imputación. En consecuencia, la divulgación de su información no responde a una necesidad concreta de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, sino a una lógica general e indiferenciada que termina por erosionar la garantía básica de la protección que se deriva del habeas data.

 

25. Al extender a estos casos el mismo tratamiento previsto para situaciones en las que sí existen denuncias, la Corte desdibuja los límites constitucionales y legales estatutarios del derecho al habeas data, afectando de manera desproporcionada la intimidad, el buen hombre y la protección de los datos sensibles de quienes no enfrentan ningún señalamiento. De este modo, la decisión compromete el estándar de protección reforzada que la Constitución y la ley estatutaria reconocen en materia de tratamiento de datos personales.

 

26. La decisión mayoritaria ha debido considerar que los datos relacionados con la trayectoria de los ministros de la Iglesia Católica que no tienen investigaciones por abuso sexual infantil cuentan con una protección constitucional reforzada, en la medida en que revelan las convicciones religiosas de las personas. En mi opinión, los datos relacionados con la ordenación de una persona como sacerdote de la Iglesia Católica, sus ejecutorias y su trayectoria dentro de la institución, per se, revelan las convicciones religiosas de los titulares de la información. Si bien estos datos están asociados a la trayectoria “laboral” de determinadas personas, lo cierto es que necesariamente asocian a los titulares de la información con el ejercicio de una fe, es decir, con una convicción religiosa determinada. En virtud del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, esta información es sensible, en la medida en que su uso indebido puede conllevar a que el titular de los datos afronte escenarios de discriminación.

 

27.  Así, los datos que revelan las convicciones religiosas de las personas cuentan con una protección constitucional reforzada, derivada de los derechos fundamentales al habeas data (Constitución Política, art. 15 y Ley 1581 de 2012, art. 5), a la libertad de conciencia (Constitución Política, art. 18) y a la libertad religiosa y de cultos (Constitución Pol., arts. 1, 7 y 19 y Ley 133 de 1994, art. 6).[301] Por regla general, su tratamiento está prohibido.[302] Excepcionalmente, esta información podrá ser tratada cuando:[303]

 

· El titular lo autorice,

 

· La información sea requerida por una entidad pública o administrativa para el ejercicio de sus funciones o por una orden judicial,

 

· Exista un caso de urgencia médica o sanitaria,

 

· La ley lo autorice para fines históricos, estadísticos o científicos. En estos casos, los responsables del tratamiento deberán realizar las actuaciones conducentes para suprimir la identidad de los titulares.

 

· Haga parte del registro civil de las personas.

 

· El titular de los datos esté física o jurídicamente incapacitado y el tratamiento de sus datos resulte necesario para salvaguardar su interés vital. En estos casos, se requerirá la autorización del representante legal de la persona involucrada.

 

· Sea requerido por parte de fundaciones, ONG, asociaciones o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro con finalidades políticas, filosóficas, religiosas o sindicales, para el desarrollo de sus actividades legítimas. En estos casos, los responsables del tratamiento solo podrán tratar los datos de sus miembros y de las personas que mantengan contacto regular con ellos por razón de su finalidad; deberán proteger las garantías correspondientes; y, se abstendrán de suministrar la información a terceros, sin la autorización del titular.

 

· Pretenda el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 

28. En suma, esta información podrá suministrarse a (i) los titulares de los datos, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; y, (iii) las personas autorizadas para su tratamiento, bajo las condiciones previamente expuestas, quienes deberán respetar los principios generales del tratamiento de datos personales.[304]

 

29. A diferencia de las peticiones, las respuestas y en general los hechos valorados en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, en esta oportunidad, los accionantes pretendían conocer los datos personales de todos los sacerdotes que han pertenecido a las instituciones accionadas a lo largo de su historia en el país, independientemente de si están vinculados o no a una investigación judicial por delitos relacionados con abuso sexual en contra de niñas, niños o adolescentes. Esta distinción resulta de la mayor relevancia, porque en los casos previamente analizados los datos de los titulares de la información ya habían sido divulgados. Ciertamente, en esos procesos, el accionante había solicitado la información de personas debidamente determinadas e identificadas, a través de otros medios como clérigos católicos. Por esa razón, esta Corporación recondujo su análisis y reiteró los pronunciamientos jurisprudenciales que aceptaron que “las historias laborales y los procesos internos relacionados con la posible comisión de ciertas conductas [podían] ser considerados datos semiprivados”.[305]

 

30. En esta oportunidad, el peticionario solicitaba un acceso irrestricto a la información personal de todos los clérigos de distintas instituciones católicas ubicadas a lo largo del territorio nacional que no estaban, ni están relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Ello exigía que las entidades accionadas entregaran un listado en el que revelaran las convicciones religiosas de todos sus ministros religiosos y clérigos e, identificaran su trayectoria en la institución, sin importar su relación con la presunta comisión de actos constitutivos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, requería divulgar los datos que revelan las convicciones religiosas de todos los ministros que pertenecen a ese credo y ejercen sus funciones en las instituciones demandadas, sin distingo alguno y sin justificación alguna. De manera que, el análisis del caso debió centrarse en determinar si la protección constitucional reforzada de los datos que revelan las convicciones religiosas de las personas es absoluta o si puede relativizarse cuando los titulares de los datos estuvieran vinculados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, como lo hizo la Corte en las providencias referidas.

 

31. Bajo esta aproximación, considero que la Corte debió establecer que ni siquiera la protección constitucional reforzada de los datos religiosos es absoluta, puesto que la inviolabilidad de este tipo de información no puede ser invocada para ocultar, invisibilizar o justificar escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional. Esto, en la medida en que, en ejercicio de sus derechos fundamentales a la intimidad (Cons. Pol., art. 15), a la libre autonomía de la voluntad privada de las organizaciones (Cons. Pol., art. 333), a la libertad de conciencia, religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 18 y 19), los particulares no pueden generar escenarios vedados para la Constitución, en los que se afecten fines constitucionales legítimos e imperiosos como la dignidad humana (Cons. Pol., art. 1°).

 

32. Así, debió determinar que la protección constitucional reforzada de los datos que revelan convicciones religiosas, al igual que la otorgada a sus datos semiprivados y privados, puede relativizarse, por medio de una orden judicial, cuando: (i) exista un indicio razonable sobre la configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados; (ii) la sociedad tenga un interés legítimo, real, serio y actual en conocer la información, porque reviste una relevancia pública, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional; (iii) los titulares de los datos ocupen un lugar de relevancia social o comunitaria que pudo facilitar su presunta participación en el posible escenario de maltrato o de violencia que se pretende investigar; y, (iv) la petición sea presentada por un periodista con el fin de adelantar una investigación periodística sobre los hechos que podrían configurar un escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, sin fines difamatorios, ni tendenciosos.

 

33. En los demás casos, la Corte ha debido garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data, a la libertad de conciencia, así como la libertad religiosa y de cultos de las personas que no están involucradas con posibles escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional. Por tanto, las instituciones religiosas solo podrán entregar los datos personales de sus ministros o líderes religiosos con su autorización previa o en los escenarios dispuestos por el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012.

 

34. La Sentencia SU-184 de 2025 ha debido considerar los límites de los derechos de acceso y de libertad de información; ponderar los mandatos constitucionales en pugna para adoptar una decisión, en el caso de los clérigos, sacerdotes o ministros que no están relacionados con casos de abuso sexual infantil y analizar la posible afectación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por motivos religiosos. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que para prescindir de la autorización del titular de los datos personales para proceder a su entrega solo es posible cuando concurren estrictamente ciertos presupuestos. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que “no existe una presunción de prevalencia del derecho a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad y viceversa”.[306] De manera que, esos casos deben resolverse a través de una ponderación entre (i) la afectación que el acceso o publicación de la información semiprivada, privada o sensible genera en las personas; y, (ii) los beneficios que esto suscita en la libertad de información. En este ejercicio, deberá tenerse en cuenta que, a mayor proximidad con la esfera privada de las personas, mayor afectación. Además, el grado de satisfacción de la libertad de información dependerá de la relevancia pública de los datos, la repercusiones sociales y la utilidad de la divulgación de los datos. Así las cosas, no basta con identificar una relación meramente tangencial entre la información requerida y la investigación periodística adelantada.[307] En este caso, era indispensable que la Corte (i) realizara un análisis individualizado de los escenarios sometidos a su consideración; (ii) estableciera si la información tenía relevancia pública, es decir, si la sociedad tenía un interés directo, legítimo, real, serio y actual en la información; (iii) ponderara las garantías constitucionales en tensión; y, (iv) protegiera el núcleo esencial de los derechos en cuestión; en vez de aplicar una presunción casi irrefutable en favor de la libertad de información.

 

35. Sin embargo, respecto de los sacerdotes que no tienen denuncias en su contra, ninguno de estos requisitos aparece debidamente acreditado. No se identifica una relevancia constitucional concreta y diferenciada; no se demuestra la necesidad estricta de la medida; no se realiza un análisis particularizado de los casos concretos; ni se explica cómo se salvaguarda el núcleo esencial del derecho al habeas data cuando se ordena la entrega generalizada de datos. En otros términos, frente a los sacerdotes que no registran denuncias en su contra, la Sentencia SU-184 de 2025, no acredita de manera suficiente ninguno de estos requisitos. No se demuestra la existencia una relevancia constitucional concreta que habilite la excepción al consentimiento, ni se realiza una ponderación detallada que explique por qué la divulgación de su información resulta necesaria y estrictamente proporcional para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, la orden general de entrega de información prescinde del análisis individualizado exigido por la jurisprudencia y transforma una excepción en regla.

 

36. Por otra parte, la Corte omitió pronunciarse de manera expresa y suficiente sobre los límites constitucionales al derecho a la información y a la libertad de prensa, al no incorporar en su análisis la dimensión correlativa de responsabilidad y deber de diligencia que recae sobre los periodistas en el ejercicio de su labor investigativa. Si bien la libertad de expresión y de información goza de una protección reforzada en el orden constitucional, no se trata de derechos absolutos. La jurisprudencia ha reiterado que su ejercicio está condicionado al cumplimiento de cargas específicas, entre ellas: (i) el deber de veracidad e imparcialidad en la información difundida; (ii) el respeto por la honra y el buen nombre de las personas; (iii) la protección de la intimidad y de los datos personales; y (iv) la prohibición de promover discursos de odio o estigmatizantes. Estas exigencias no constituyen restricciones indebidas, sino garantías estructurales que permiten armonizar la libertad de prensa con los derechos fundamentales de terceros.

 

37. Sin embargo, la Sentencia solo indicó que los periodistas deben atender a los límites del ejercicio de la libertad de información periodística, incluido el de real malicia, Al no atender a los estándares de protección de derechos fundamentales como al buen nombre y al habeas data, trasladó el ámbito de protección constitucional de la libertad de información a la libertad de opinión. Ni siquiera le atribuyó el rol de “encargado de la información” a los accionantes, en atención a lo dispuesto en el literal d) del artículo 3 de la Lye 1581 de 2012. En mi criterio, esta era la única forma de proteger a los titulares de los datos sensibles que la Corte ordenó entregar. Esto, en la medida en que es el único mecanismo establecido por el ordenamiento interno para proteger los datos de las personas que no están relacionadas con investigaciones por abuso sexual infantil, fueron declaradas inocentes o fallecieron sin ser declaradas culpables.

 

38. En el caso concreto, la Corte debió analizar si la actuación de los accionantes en su calidad de periodistas satisfacía los estándares constitucionales de diligencia y responsabilidad. No basta invocar el interés público de la investigación para justificar el acceso irrestricto a información privada o semiprivada; es necesario verificar que el ejercicio periodístico se ajuste a parámetros de rigor, contrastación de fuentes y tratamiento respetuoso de las personas involucradas. Al omitir este análisis, la Corte dejó de ponderar adecuadamente la tensión entre la libertad de prensa y otros derechos fundamentales y desatendió la necesidad de fijar criterios claros sobre la responsabilidad social del periodismo en contextos particularmente sensibles. En consecuencia, la decisión privilegia de manera amplia el acceso a la información sin delimitar con precisión las cargas constitucionales que acompañan su ejercicio, debilitando el equilibrio que debe existir entre una prensa libre y la protección efectiva de la dignidad, la honra y la intimidad de las personas.

 

39. Así las cosas, la Corte omitió examinar aspectos de indudable relevancia constitucional que, de haber sido debidamente considerados, habrían incidido de manera sustancial en el sentido de la decisión. En particular, se abstuvo de analizar la posible afectación del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por motivos religiosos.

 

40. La orden de acceder y divulgar información personal de los sacerdotes que no han sido denunciados por presuntos abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes parece sustentarse, de manera implícita, en una presunción generalizada asociada a su condición de presbíteros. Este enfoque resulta problemático desde la perspectiva constitucional, pues supone trasladar un manto de sospecha colectiva a un grupo determinado por sus creencias religiosas, sin que medien eventos objetivos individualizados que justifiquen tal tratamiento diferenciado. La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que cualquier diferenciación basada en criterios sospechosos -como la religión- está sometida a un escrutinio estricto, que exige demostrar una finalidad imperiosa, así como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. En el caso analizado, la Corte no desarrolló un examen de esta naturaleza, ni explicó por qué la divulgación amplia de información relativa a sacerdotes no denunciados superaría ese estándar reforzado de constitucionalidad.

 

41. Además, al no distinguir entre quienes enfrentan denuncias y quienes no registran señalamientos, la decisión puede generar un efecto estigmatizante contrario a la dignidad humana, al buen nombre y a la presunción de inocencia, afectando de manera desproporcionada a un colectivo definido por su identidad religiosa.

 

42. La Sentencia SU-184 de 2025 ha debido pronunciarse respecto de la protección de los derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre y a la honra de todos los clérigos, en especial, de los clérigos fallecidos. En mi opinión, la Corte ha debido precisar que la flexibilización de la protección constitucional de los datos personales semiprivados, privados y sensibles de los clérigos que están vinculados a un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional no puede conllevar al desconocimiento pleno de sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra, al habeas data y a la libertad religiosa y de cultos. En esa medida, las instituciones religiosas debían observar las reglas establecidas en la ley, en el derecho canónico y en la jurisprudencia para garantizar los derechos de estas personas, en especial, cuando los titulares de los datos son investigados por las autoridades civiles y eclesiásticas por la presunta comisión de una conducta punible; o, fallecieron sin que se demostrara su responsabilidad en los hechos denunciados.

 

43. Esta omisión resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, si bien la titularidad de los derechos fundamentales se predica en principio de personas vivas, la protección del buen nombre y la honra y la memoria de los fallecidos proyecta efectos jurídicos que trascienden su muerte, en la medida en que su afectación puede repercutir directamente en la dignidad de su memoria y en los derechos de sus familiares. En este sentido, la divulgación de información que pueda generar sospechas, insinuaciones o asociaciones indebidas respecto de sacerdotes fallecidos sin denuncias en su contra, constituye un riesgo particularmente grave de afectación irreparable.

 

44. A diferencia de las personas vivas, quienes han fallecido no cuentan con la posibilidad de ejercer directamente su derecho de defensa, de rectificación o de contradicción, lo que impone al juez constitucional un deber reforzado de cautela y ponderación. La Corte, sin embargo, no efectuó un análisis diferenciado frente a este grupo específico, ni evaluó si la orden de entrega amplia información podía comprometer la honra y el buen nombre de quienes no enfrentaron en vida ningún reproche. Tampoco examinó el impacto que dicha divulgación podría tener sobre sus familias, quienes sí son titulares plenos de derechos fundamentales y pueden verse afectados por la eventual estigmatización derivada de asociaciones infundadas.

 

45. La Corte omitió realizar un análisis suficiente sobre la protección del derecho fundamental al debido proceso y de la presunción de inocencia, garantías que resultan especialmente sensibles en un asunto que involucra la divulgación de información potencialmente lesiva del buen nombre de personas individualizadas.

 

46. Adicionalmente, considero que la Sentencia desconoce la presunción de inocencia, en tanto permite la divulgación de información que puede proyectar una sombra de sospecha sobre personas frente a las cuales no existe decisión judicial, imputación formal ni investigación en curso. La Sentencia deja en manos de los accionantes la responsabilidad de juzgar si la divulgación de información vulnera o no el derecho a la presunción de inocencia del titular, sin ofrecer reglas claras y órdenes precisas en la parte resolutiva. La presunción de inocencia no solo opera en el ámbito penal estricto, sino que constituye un principio estructural del orden constitucional: toda persona debe ser tratada como inocente mientras no haya sido vencida en juicio ante un juez de la República con observancia plena de las garantías procesales.

 

La información sobre la trayectoria de los ministros o sacerdotes de la Iglesia Católica que no están vinculados con la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil no está relacionada con los escenarios de violencia sexual en contra de esta población en escenarios religiosos

 

47. Por regla general, los datos personales no revelan información que tenga un impacto significativo en la sociedad. Sin embargo, cuando las personas se encuentran vinculadas con una posible ruptura del pacto social, su información adquiere una especial relevancia para la opinión pública.

 

48. Al respecto, en la Sentencia T-098 de 2017 la Corte consideró que los antecedentes penales de una persona pueden constituir un dato “relevante en la discusión pública en torno a la idoneidad y aptitudes éticas para el desempeño como rector de un colegio, cuando previamente esa persona fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad”[308]. Por su parte, en la Sentencia SU-191 de 2022, con fundamento en lo dicho en la Sentencia SU-1723 de 2000, la Corte indicó que la sociedad puede tener un interés legítimo en conocer la información relacionada con los aspectos personales de un individuo. Con todo, aquel debe ser real, serio y actual. De manera que se protegen las solicitudes de información personal que no tengan “una finalidad difamatoria y tendenciosa”.[309] Además, precisó que “[e]n relación con hechos delictivos, su investigación y esclarecimiento, al igual que la eventual imposición de sanciones, generan un interés legítimo por conocer la verdad sobre una actuación reprochable. En consecuencia, es válido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una persona, ‘siempre y cuando estos tengan relación (directa o indirecta) con el asunto investigado o permitan aclarar puntos al respecto’.”[310]

 

49. En consecuencia, la protección de los datos que revelan convicciones religiosas solo podrá relativizarse, cuando su contenido sea de relevancia pública. Es decir, que se trate de información que la sociedad tenga un interés legítimo en conocer, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

50. Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia ha considerado que la información relativa a la violencia sexual en contra de la población infantil está revestida de relevancia pública y que la sociedad tiene un interés legítimo, real, serio y actual en conocer ese tipo de información, razón por la cual en tal caso no es reservada, siempre que el peticionario no tenga un interés difamatorio, ni tendencioso en publicar la información.

 

51. Sin embargo, el expediente no cuenta con elementos de prueba fehacientes que demuestren que los patrones a identificar en la trayectoria de los sacerdotes están asociados a la posible existencia de un escenario de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, ni existen estudios sistemáticos que evidencien dicha relación. Ese tipo de relaciones deben ser establecidas por las autoridades públicas encargadas de investigar la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil, en el marco de un proceso judicial con el pleno de los requisitos legales y de las garantías propias del derecho al debido proceso; y, hasta el momento ello no ha ocurrido. De modo que, no hay elementos que demuestren que los datos sobre la trayectoria de los clérigos en la Iglesia Católica tienen una relación directa, ni indirecta, con escenarios de abuso sexual infantil y, en esa medida, dicha información carece de relevancia pública. Ciertamente, la sociedad no tiene un interés legítimo, real, ni serio en conocer la trayectoria de una persona en el ministerio de la Iglesia Católica. La sola referencia del peticionario a una eventual relación entre el dato y su investigación resulta insuficiente para demostrar la relevancia pública de la información y para desvirtuar que el acceso a los datos no tiene una pretensión difamatoria o tendenciosa como lo exige la jurisprudencia.

 

52. Reitero con todo respeto que, en mi opinión, a pesar de la exposición pública de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la Iglesia Católica, la información personal de los que no han estado ni están vinculados a investigaciones por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes es sensible y, en esa medida, cuenta con una protección constitucional reforzada, derivada de los derechos fundamentales al habeas data (Constitución Política, art. 15 y Ley 1581 de 2012, artículo 5), a la libertad de conciencia (Constitución Política, art. 18) y a la libertad religiosa y de cultos (Constitución Política, arts. 1, 7, 19 y Ley 133 de 1994, artículo 6), que debe mantenerse, respetarse y garantizarse. Debe tenerse presente que en la información de los ciudadanos sacerdotes existen temas de fuero interno que son sensibles como, por ejemplo, las historias clínicas en los que constan traslados por motivos de enfermedad física o mental, conceptos y escrutinios del equipo de formadores durante su etapa de preparación académica pastoral (sobre carácter, personalidad, tendencias, ideología, etc.).[311]

 

53. Bajo esta normativa constitucional y estatutaria, por regla general, el tratamiento de los datos personales de los clérigos, sacerdotes, ministros o religiosos se encuentra prohibido. Excepcionalmente, pueden entregarse a terceros cuando así lo determine la ley o cuando su inviolabilidad sea utilizada para justificar, ocultar o invisibilizar la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, para relativizar la protección constitucional expuesta, la decisión mayoritaria debió determinar que las instituciones accionadas utilizaron la inviolabilidad de la información para invisibilizar u ocultar un escenario de abuso sexual infantil. Al no hacerlo, porque no existe prueba alguna con fundamento en la cual así se pueda determinar, solo se podía otorgar acceso a los datos personales de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la Iglesia Católica o de sus congregaciones demandadas que sí estuvieran relacionados con investigaciones por abuso sexual infantil.

 

54. La jurisprudencia constitucional ha considerado que la información relativa a la violencia sexual en contra de la población infantil está revestida de una relevancia pública y que la sociedad tiene un interés legítimo, real, serio y actual en conocer ese tipo de información, razón por la cual, en tal caso, no es reservada y, aquella que no fue entregada, debía suministrarse a quienes adelanten verdaderas y serias investigaciones que en realidad sean de naturaleza periodística. Sin embargo, los datos que asocian a los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la Iglesia Católica o sus congregaciones con sus convicciones religiosas y respecto de los cuales no tienen relación directa ni indirecta con escenarios de abuso sexual infantil, no solo son sensibles, sino que carecen de relevancia pública. Es decir, la sociedad no tiene un interés legítimo, real, ni serio en conocer esa información.

 

55. Contrario a lo manifestado por la mayoría, el voluminoso expediente de la referencia en el cual se analizaron todos los casos seleccionados por la Corte relacionados con clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la iglesia católica que no han estado vinculados a investigaciones de abuso sexual, no da cuenta alguna de elementos de prueba que demuestren que los patrones a identificar en la trayectoria de los mismos estén asociados a la posible existencia de un escenario de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Por lo demás, ese tipo de relaciones solo pueden ser establecidas por las autoridades encargadas competentes de investigar ese tipo de conductas, en el marco de un proceso judicial con el pleno de los requisitos legales y de las garantías propias del derecho al debido proceso. De modo que, la decisión mayoritaria relativizó la protección constitucional de los datos que revelan las convicciones religiosas de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de la Iglesia Católica o de sus congregaciones que no han sido denunciados, ni investigados o juzgados y mucho menos condenados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes con fundamento en una relación meramente intuitiva entre esa información y un posible escenario de abuso sexual infantil.

 

56. Adicionalmente, considero con todo respeto que la decisión mayoritaria incurrió en una contradicción importante a la hora de determinar la naturaleza de los datos personales de los sacerdotes que no están involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Al inicio de la decisión, señaló que la condición de ministro de una religión es equivalente a una profesión u oficio y, en esa medida, el dato es público, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 1377 de 2013. Pero, luego, reiteró la jurisprudencia establecida en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, para concluir que la información sobre la trayectoria de los sacerdotes y su relación con las instituciones religiosas es semiprivada. A mi juicio, estas aproximaciones son incompatibles entre sí, en la medida en que la condición de ministro religioso no puede ser una profesión u oficio y no serlo al mismo tiempo.

 

57. Bajo la primera aproximación, la Corte debió considerar que, al ser una profesión u oficio, las accionadas tenían una relación de trabajo con los titulares de los datos y, en esa medida, su trayectoria debía constar en sus hojas de vida. Así las cosas, el estudio sobre el ámbito de protección constitucional de esos datos debió concentrarse en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, “[s]olo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: […] [l]os que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica”. 

 

58. Al no hacerlo así, terminó por indicar que la condición de ministro religioso no es equiparable a la de una profesión u oficio, sino que corresponde a una actividad que se practica con el uso de símbolos distintivos y se certifica con un documento expedido por las entidades religiosas, motivo por el cual la información asociada a ella es semiprivada. Es decir, determinó la naturaleza de los datos a partir de la visibilidad de la actividad desarrollada por los clérigos católicos, en abierta contradicción con las reglas establecidas por la Ley y la jurisprudencia sobre el asunto.

 

59. En efecto, contrario a lo señalado en la Sentencia SU-184 de 2025, la naturaleza de los datos personales no se determina a partir de la visibilidad del dato en la vida diaria de las personas, sino de las características que el legislador le atribuyó a cada una de las categorías de datos personales establecidas en las distintas leyes sobre el asunto, en atención a su relación con la intimidad y la privacidad de los titulares de la información. En cuanto a los datos semiprivados, el legislador estableció que a esta categoría corresponde la información personal que “no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general”.[312] Con fundamento en ello, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado que a esta categoría pertenecen los datos que no contienen información sensible, privada, reservada, ni pública y son de interés de terceros o de la sociedad en general.[313] De modo que, para clasificar un dato personal, los jueces constitucionales deben atender al carácter residual de esta categoría y al interés de terceros en la información, más no a la visibilidad del dato por parte de aquellos que comparten con la persona en su día a día como lo hace la providencia.

 

60.  Bajo esta perspectiva, la sentencia debió: (i) establecer las razones por las cuales el dato sobre la pertenencia de una persona al ministerio de una religión no era sensible, a pesar de que revelaba sus convicciones religiosas; y, (ii) explicar las razones por las cuales consideraba que la sociedad en general o un grupo específico tenía interés en la misma, para poder concluir que los datos eran semiprivados. Al no hacerlo, desconoció sin razón ni causa alguna el ámbito de protección otorgado a los datos personales y con ello vulneró el debido proceso de las personas vinculadas a este radicado.

 

61. En línea con lo expuesto, considero que la exposición pública de una persona, como podría ser el caso de un sacerdote, no implica que todos sus datos deban ser entregados o pierdan su naturaleza como sensibles o semiprivados, según corresponda. Por el contrario, es fundamental que en estos escenarios se mantenga el estándar de protección determinado tanto por el constituyente como por el legislador estatutario. La exposición pública de una profesión no supone en sí misma la pérdida de protección de la garantía constitucional a los datos derivada del artículo 15 de la Constitución.

 

 

El carácter preventivo de la protección constitucional de los datos que revelan convicciones religiosas no puede ser desnaturalizado por la exposición pública de los sacerdotes católicos, ni por disposiciones normativas que regulen otros asuntos o que tengan un rango normativo inferior al concedido a las leyes estatutarias

 

62. La decisión adoptada por la mayoría no tuvo en cuenta que la protección del dato personal que revela convicciones religiosas tiene un carácter preventivo. Ciertamente, el legislador prohibió el tratamiento de estos datos para evitar que la divulgación de esa información personal genere escenarios de discriminación para sus titulares. En otras palabras, estableció esta regla para evitar que las personas -sin importar si ocupan o no un cargo ministerial- sean discriminadas por sus convicciones religiosas, sobre todo cuando su rol dentro de la comunidad se asocia a determinado estereotipo.

 

63. En este punto, la Corte debió tener en cuenta que la divulgación de los datos relacionados con las convicciones y actividades religiosas de todos los sacerdotes, clérigos o ministros de la Iglesia Católica o de sus congregaciones, que no están relacionados con escenarios de abuso sexual infantil, en el marco de la investigación que adelantan los accionantes bajo afirmaciones falaces u opiniones generales difamatorias o tendenciosas utilizadas para persuadir sin base sólida o sustento alguno que supuestamente la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado trasnacional y que sus integrantes conforman una red de pederastia encubierta por los altos jerarcas de la institución, puede conllevar a que sus nombres sean asociados injustamente y con ligereza con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Ciertamente, la publicación de este tipo de información sin soporte, respaldo o justificación alguna puede afectar sus derechos fundamentales y generar así escenarios de discriminación en su contra, cuando no existen siquiera indicios de estar involucrados con escenarios de abuso sexual infantil.

 

64. De hecho, en sede de revisión, algunos de los clérigos vinculados al proceso señalaron que las publicaciones de los periodistas han generado un escenario de estigmatización en contra de todos los sacerdotes católicos de tal magnitud que a muchos de ellos les han impedido el ejercicio de la labor docente, a pesar de que no han estado, ni están vinculados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Estos elementos que hacen parte del expediente demuestran que los sacerdotes católicos están expuestos a un riesgo real, serio e inminente de discriminación que se puede exacerbar con la publicación indiscriminada de sus datos personales y trayectorias. 

 

65. Por la vinculación de algunos clérigos, sacerdotes o religiosos de la Iglesia Católica o de sus congregaciones con la comisión de delitos sexuales, no se puede derivar la conclusión general conforme a la cual todos los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros sean presuntos responsables de estos hechos, así como tampoco se podría sostener sin más que la Iglesia católica sea una empresa transnacional del crimen organizado. El hecho de que un juez o magistrado haya estado asociado con la comisión de delitos no implica que todos los jueces y magistrados sean corruptos o que la Rama Judicial sea una organización o empresa criminal. Lo propio ocurre con el ejercicio del periodismo. Por el hecho de que un comunicador eventualmente incurra en una conducta delictiva, no por ello es posible concluir que todos los periodistas violen la ley o que los medios en los cuales laboren sean empresas u organizaciones del crimen organizado.

 

66. Este tipo de razonamientos constituyen una falacia de generalización indebida o de generalización apresurada, en la medida en que consisten en inferir una conclusión general, a partir de una prueba insuficiente, como la ocurrencia de algunos casos concretos. La ausencia de validez de este razonamiento es especialmente evidente en el contexto del abuso sexual infantil, porque ese tipo de violencia es una problemática que tiene una incidencia mucho más grande en contextos diferentes a los identificados por los accionantes. Además, como se demostrará más adelante, el número de clérigos asociados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes solo representa del 4% al 7% del total de los ministros de la Iglesia Católica. Esto no significa que los casos identificados carezcan de relevancia, ni justifica la ocurrencia de estos crímenes atroces en escenarios religiosos. Sin embargo, sí pone en evidencia que el razonamiento generalizado que hacen los accionantes, al presentar a la Iglesia Católica como una empresa del crimen organizado y a sus clérigos como integrantes de una red de pederastia, carece de validez y suscita escenarios de discriminación.

 

67. Lamentablemente, el abuso sexual infantil es un fenómeno criminal atroz que no conoce límites de ninguna clase y curiosamente tiene mayor incidencia en el hogar, en los espacios escolares, sociales y deportivos; vulnera todos los derechos fundamentales de sus víctimas y genera consecuencias gravísimas para las personas que la padecen. Estas conductas pueden ocurrir y de hecho lastimosamente ocurren en cualquier escenario y contexto, imputables a personas de diversas características.

 

68. Por ello, el Estado y la sociedad no solo no pueden desconocer que los niños, las niñas y los adolescentes están expuestos a este tipo de vejámenes en todo momento y lugar, incluso en sus mismos hogares, escuelas, colegios, clubes deportivos, entre otros, sino que deben prevenir, atacar y corregir este grave flagelo de la sociedad, razón por la cual debe existir un compromiso tanto nacional como internacional de erradicar toda forma de abuso sexual en su contra, y las investigaciones no pueden centrarse solo en algunos escenarios que, si bien son alarmantes, no son los únicos que generan vulnerabilidad para estos sujetos de especial protección constitucional.

 

69. En efecto, el fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una problemática muy seria a nivel nacional que suele ocurrir en escenarios familiares y en espacios privados como los entornos escolares. Por ello, existe un compromiso tanto nacional como internacional de erradicar toda forma de abuso sexual en su contra, y las investigaciones no pueden centrarse solo en algunos escenarios que, si bien son alarmantes, no son los únicos que generan vulnerabilidad para estos sujetos de especial protección constitucional. Así, el Estado y la sociedad no solo no pueden desconocer que los niños, las niñas y los adolescentes están expuestos a este tipo de vejámenes en todo momento y lugar, incluso en sus mismos hogares, escuelas, colegios, clubes deportivos, entre otros, sino que deben prevenir, atacar y corregir este grave flagelo de la sociedad.

 

70. Con todo, el hecho de que los estudios demuestren que estos casos suelen ocurrir en el entorno familiar y escolar, más allá de advertir sobre los riesgos, no genera la idea generalizada o simplificada de que, en todos los casos, las casas o colegios suponen necesariamente un escenario en el que los niños, las niñas y los adolescentes serán víctimas de abuso o acoso sexual. Lo mismo debería ocurrir con la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes presuntamente cometida al interior de la Iglesia Católica.

 

71. Es cierto que existe un déficit de información y de investigación por cuanto las entidades públicas no han adelantado y publicado estudios que analicen la incidencia de este tipo de abusos en entornos religiosos, pero el análisis de estos hechos no puede reducirse a una aparente, tendenciosa y falaz investigación que más parece dirigida a estereotipar por alguna razón oculta el ejercicio de la fe católica, al equiparar los datos personales de los pocos e individualizados clérigos, sacerdotes, ministros o religiosos investigados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, a los de los demás clérigos, sacerdotes, ministros o religiosos de la Iglesia Católica o de sus congregaciones que no están relacionados con este tipo de vejámenes que son la gran mayoría o la casi totalidad.

 

72. También es cierto que la violencia sexual en que han incurrido algunos pocos y determinados e individualizados religiosos es una problemática que traspasa fronteras, culturas, credos y creencias, la cual debe ser investigada, juzgada y sancionada con todo el peso que la ley impone, al tiempo que debe ser erradicada de raíz para impedir la vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esa es y debe ser una cruzada en la cual se debe emplear a fondo el Estado, la sociedad, la familia y la propia Iglesia Católica. Esta última ha recibido especial atención por parte de algunos respetuosos medios que sí se han dedicado profesionalmente en Colombia y en el exterior a investigar este asunto, pero lo cierto es que no es una problemática exclusiva de esa institución. Es también una grave problemática que afecta a un número importante de instituciones de diversa índole en Colombia y en el mundo, comenzado por la familia, la escuela o el colegio y la universidad, algunos clubes y organizaciones deportivas, entre otras. Empero, la divulgación de datos relacionados con clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros católicos, entre ellos los que guardan relación con sus convicciones religiosas, que nada tienen que ver con conductas relacionadas con abusos sexuales, que nunca han sido ni son objeto de investigación, ni están relacionados directa o indirectamente con tales hechos, puede conllevar a que la falacia de generalización indebida sobre este fenómeno criminal, previamente advertida, se extienda y propicie un escenario de discriminación en contra de todos los sacerdotes católicos, sin importar si están asociados o no con fenómenos de abuso sexual infantil, tal y como lo advertí previamente. Esta situación pone de presente que la presunta investigación que adelantan los accionantes parece que sí tiene un fin difamatorio y tendencioso que debe impedir que se relativice la protección constitucional de los datos personales de los clérigos, sacerdotes o religiosos que nunca han estado ni están involucrados con investigaciones judiciales o eclesiásticas sobre este tipo de conductas. Por esa razón, la Sala Plena de esta Corporación ha debido advertir la importancia de mantener la protección constitucional, de carácter preventivo, sobre los datos personales de los clérigos que no estaban involucrados con escenarios de abuso sexual infantil para evitar escenarios de discriminación en su contra que, a su vez, conlleven a la vulneración de otras garantías fundamentales.

 

73. Ahora bien, a mi juicio, esa protección preventiva no puede ser desnaturalizada por la exposición pública de los sacerdotes, ni por una disposición normativa que regula otro asunto, ni por una norma de inferior jerarquía. El hecho que una persona tenga una exposición pública, como podría ser el caso de un sacerdote, no implica que todos sus datos personales sean públicos o que pierdan la protección constitucional que les fue otorgada por su naturaleza como semiprivados, privados o sensibles. Ciertamente, la exposición pública de una profesión no supone en sí misma una pérdida de protección de la garantía constitucional a los datos derivada del artículo 15 de la Constitución.

 

74. Si bien es cierto que el ejercicio del ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica tiene expresiones públicas que generan un impacto en la vida social de las personas, también lo es que ello no reduce la protección otorgada por el ordenamiento jurídico a los datos personales que revelen esa convicción religiosa por la discriminación que ello puede generar. Sobre todo, con base en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 que establece las excepciones en el tratamiento de datos sensibles. De dicho artículo se puede concluir que la protección del dato sensible debe mantenerse, a pesar de las manifestaciones públicas que puedan relacionar a las personas con estos datos, salvo en los casos excepcionales desarrollados por la jurisprudencia. La aproximación propuesta por la mayoría implica señalar que los datos relacionados con el origen racial o con la orientación política de las personas no deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico, en la medida en que la raza de las personas es evidente y la orientación política generalmente está asociada con manifestaciones públicas.

 

75. En este punto, es importante resaltar que el uso de símbolos religiosos y el ejercicio del ministerio sacerdotal no implica una divulgación indiscriminada de las convicciones religiosas. Por el contrario, esta información hace parte de la vida privada de esas personas quienes la publican dentro en su ámbito familiar y eclesiástico, pues es en este último espacio en el que ejercen su labor.

 

76. Ahora bien, en mi opinión, ni el uso de símbolos religiosos, ni la celebración de ritos pueden relativizar la protección de los datos personales de quienes utilizan este tipo de elementos, como parece hacerlo la decisión mayoritaria. Este tipo de medidas o de aproximaciones a la norma desconocen los principios de pluralismo religioso y de neutralidad religiosa del Estado, así como el mandato de trato paritario entre confesiones religiosas, en la medida en que establecen un trato diferente para aquellas creencias religiosas que expresan su fe a través del uso de elementos que tienen trascendencia social;[314] y, aquellas que no lo hacen.

 

77. Sobre el asunto, la Sentencia C-350 de 1994 aseguró que el pluralismo religioso es uno de los elementos más importantes del carácter pluralista del Estado previsto en la Constitución. Por esa razón, resaltó la importancia de garantizar la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas, a través de la estricta neutralidad del Estado en materia religiosa. Esa postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-139 de 2014 y T-449 de 2018.

 

78. En esta última la Corte explicó que las manifestaciones del derecho a la libertad religiosa tienen implicaciones sociales, porque involucran la práctica de ciertos actos como consecuencia de la adscripción de los fieles a determinada creencia. Para la Corte, las personas que practican una religión comparten una doble condición en la medida en que son ciudadanos colombianos y creyentes de cierta religión. Esa situación genera un entramado de relaciones sociales y jurídicas, “porque las personas expresan su fe a través de actos que forman parte de la esfera misma de las libertades individuales pero que no se quedan en su fuero interno, sino que tienen trascendencia social”,[315] como, por ejemplo, la celebración de nupcias bajo el rito católico.

 

79. Sin embargo, al establecer que el uso de prendas religiosas o la celebración de determinados ritos religiosos desnaturalizan la protección preventiva de los datos personales que revelan las convicciones religiosas de las personas, la decisión mayoritaria estableció una excepción a la prohibición del tratamiento de datos sensibles que impide la coexistencia igualitaria de las religiones que tienen este tipo de prácticas. Si bien esas actuaciones tienen una trascendencia social, ello no implica que sean públicas. El uso de símbolos religiosos suele estar vinculado a la celebración de ceremonias que ocurren en espacios cerrados, fuera de quienes no hacen parte de la comunidad que participa del rito.

 

80. En este punto, es clave señalar que el hecho de que el 57,2% de la población colombiana se reconozca como católica (Encuesta Nacional de Diversidad Religiosa 2019), no implica que todo el país lo sea, ni que todos los que se reconocen como tal sean partícipes de los cultos y de las actividades clericales. Por el contrario, la Iglesia Católica calcula que solo el 20% de las personas bautizadas en el país practican esa fe y asisten regularmente a misa. De manera que, las manifestaciones públicas del ejercicio de su ministerio no afectan la protección otorgada por el ordenamiento jurídico al dato personal que revela las convicciones religiosas de los clérigos.

 

81. Por otra parte, considero que la protección especial de los datos personales de los ministros religiosos que no están, ni han estado vinculados con investigaciones sobre este abuso sexual infantil en escenarios religiosos está dada por una ley estatutaria que regula de manera especial el alcance del derecho fundamental al habeas data (Ley 1581 de 2012) y, en esa medida, no puede ser desnaturalizada por una norma que regula un asunto diferente (Ley 133 de 1994), ni por una de inferior jerarquía normativa (Decreto 1377 de 2013) y mucho menos por la jurisprudencia proferida por esta Corporación en una sala de revisión.

 

82. El hecho de que la condición de ministro de una religión se acredite con un documento proferido por la misma institución (Ley 133 de 1994; art. 16) no significa que ese documento sea público. De hecho, ese documento contiene un dato sensible cuya divulgación puede generar escenarios de discriminación. En esa medida, las instituciones religiosas solo podrán proferir ese documento a las personas autorizadas para recibirlo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la ley sobre el derecho fundamental al habeas data.

 

83. Esa norma regula asuntos propios del ejercicio del derecho a la libertad de religión y de culto. Simplemente, establece una forma de probar si una persona está autorizada para ejercer como ministro de una religión o no. Además, es una norma previa a la ley estatutaria que establece la confidencialidad de los datos sobre las convicciones de religiosas de las personas. En esa medida, no puede desnaturalizar, ni relativizar el alcance de una norma posterior de igual jerarquía.

 

84. En esa misma línea, advierto que la protección establecida por la ley estatutaria de habeas data no puede ser desconocida por una disposición posterior de inferior jerarquía normativa. Si bien el artículo 3.2 del Decreto 1377 de 2013 establece que los datos relacionados con el oficio o profesión de las personas son públicos, lo cierto es que esa regla general admite excepciones en atención a la naturaleza misma de la profesión u oficio de las personas. Tal es el caso de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia. De conformidad con los artículos 35 y 40 de la Ley 1621 de 2013, los datos que permiten relacionar a un funcionario público con el ejercicio de labores de inteligencia y contrainteligencia deben mantenerse bajo reserva, para proteger la vida e integridad de estas personas y garantizar la seguridad nacional. De modo que, esta regla debe analizarse a la luz de las disposiciones que regulan la profesión en concreto.

 

85. Algo similar ocurre en el caso de los clérigos católicos. El dato relacionado con el ejercicio del ministerio católico no solo denota la relación de la persona con el ejercicio de una actividad u oficio, sino que la vincula de modo inescindible con determinada creencia religiosa. Es decir, revela sus convicciones religiosas. La divulgación abierta de esa información puede generar escenarios de discriminación para estas personas y, en esa medida, se convierte en un dato sensible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.

 

86. Además, en ocasiones previas, la Corte ha reconocido que el sacerdocio no puede ser equiparado a las demás profesiones, entre otras razones, porque las instituciones religiosas están facultadas para regular de forma específica su estructura y la naturaleza de la relación que tienen con sus miembros. Sobre el asunto, en la Sentencia SU-368 de 2022 la Corte destacó que, en virtud de los artículos 7 y 13 de la Ley 133 de 1994, “las entidades religiosas están facultadas para determinar el contenido de sus creencias y cultos, cuentan con un amplio poder jurídico de autorregulación para fijar las normas que rigen su estructura y funcionamiento interno, y las relaciones de sus miembros y adherentes con las autoridades de la comunidad. Lo anterior porque, como lo ha señalado esta Corte, la autonomía de las iglesias y confesiones, así como la libertad para determinar su estructura y reglamentos internos, son medios esenciales para que puedan expresar sus creencias, promover su “esquema axiológico” y conservar sus tradiciones religiosas”.

 

87. Bajo la doctrina del catolicismo, el ejercicio de ese ministerio no es una actividad, ni un oficio, ni una profesión. Es una vocación que no atiende a un asunto meramente volitivo y solo se puede ejercer cuando la persona cumple con una serie de requisitos doctrinales que determinan su relación con Dios o con el Ser Supremo. De hecho, los clérigos desarrollan actividades, oficios y profesiones ajenas a sus actividades espirituales. Por esa razón, el legislador estatutario en la Ley 133 de 1994 estableció unas condiciones especiales para el ejercicio de esta actividad y revistió a los ministros religiosos con una protección constitucional especial, al prever el deber de proteger su honra y de garantizar mecanismos de retractación, ante la difusión de información calumniosa, agraviante, tergiversada o, incluso, inexacta. De modo que, la regla general prevista en el artículo 3.2 del Decreto 1377 de 2013 no tiene la entidad suficiente para desnaturalizar la protección prevista en una ley estatutaria frente a la protección de los datos personales que revelan convicciones religiosas.

 

88. Así las cosas, la única forma en la que se puede relativizar la protección otorgada a los datos sensibles, privados y semiprivados de los clérigos o ministros religiosos de cualquier credo, exige demostrar que: (i) la información tiene relevancia pública. Es decir que la sociedad tiene un interés público, real, serio y actual, como ocurre en los asuntos relacionados con escenarios de abuso sexual infantil; (ii) los titulares de los datos ostentan una posición notoria en la sociedad; (iii) los datos personales de los titulares están directamente relacionados con esos escenarios de relevancia pública; y, (iv) el peticionario ostenta la condición de periodista y no tiene una intención difamatoria, ni tendenciosa en su investigación. Con todo, la decisión mayoritaria no analiza la acreditación de estos elementos en la sentencia, sino que simplemente relativiza la protección de los datos, bajo el criterio de que son datos semiprivados que pueden llegar a estar relacionados con información de relevancia pública, cuya divulgación no afecta de forma excesiva la intimidad de los titulares de la información.

 

 

El carácter sumario de la acción de tutela no puede conllevar a que se desdibujen la garantías de defensa y contradicción propias del derecho al debido proceso

 

89. En efecto, la Sentencia SU-184 de 2025 produce efectos directos sobre sacerdotes determinados -incluidos algunos sin denuncias en su contra-, sin que se haya garantizado plenamente su participación efectiva en el proceso y con ella su derecho de defensa y la posibilidad real de controvertir las pretensiones de los accionantes. En sede de instancia y de revisión, las instituciones accionadas argumentaron, entre otras cosas, que se negaron a entregar la información requerida, porque los accionantes abusaron de su derecho fundamental a la libertad de prensa, al señalar paladinamente que la iglesia católica es una empresa del crimen organizado transnacional y, en su criterio, remitieron pruebas que demostraban esa situación.

 

90. Sin embargo, la decisión mayoritaria omitió el análisis de estos argumentos. Ello resulta problemático si se tiene en cuenta que la acción de tutela, aun cuando es un mecanismo preferente y sumario, no está exenta del respeto por las garantías mínimas del debido proceso. En mi respetuosa opinión, estas afirmaciones hacían parte del debate presentado con motivo de las acciones de tutela instauradas y, en esa medida, la Corte ha debido pronunciarse al respecto y establecer que al menos uno de los accionantes vulneró el derecho de la sociedad a recibir información veraz e imparcial, al publicar en sus redes sociales y en distintos medios de comunicación -sin sustento o base sólida de ninguna naturaleza- que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado. Esto, en la medida en que no cuenta con elementos que demuestren la veracidad de esa afirmación y para proteger los derechos fundamentales de la sociedad.

 

El ámbito de protección constitucional de los principios de interés superior de los niños, niñas y adolescentes exigía que la Corte adoptara medidas idóneas para proteger a esta población de todo tipo de abuso sexual en su contra

 

91. Finalmente, en todo caso, advierto que independientemente de la supuesta investigación de los accionantes, las pruebas recolectadas a lo largo de este proceso judicial tanto en las instancias como en sede de revisión, sí dan cuenta de la existencia de un escenario de desprotección para los niños, niñas y adolescentes, el cual por lo demás había sido previamente identificado por esta Corporación en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, derivado de la presunta comisión de abusos sexuales en su contra. De manera que, ante la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, la Corte debió aplicar el principio iura novit curia y utilizar sus facultades ultra y extra petita para pronunciarse de fondo sobre dicha situación.

 

92. En efecto, no es la primera vez que la Corte reconoce la existencia de un escenario de desprotección para los niños, las niñas y los adolescentes en materia de abuso sexual. En la Sentencia T-091 de 2020, la Corte a través de una de sus salas de revisión señaló que la presunta comisión de delitos constitutivos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es “un asunto de importancia para la sociedad, que, según lo ha resaltado la doctrina internacional y la Iglesia Católica, ha logrado mantenerse oculto por sus perpetradores y cómplices por medio de diversas estrategias y que solo de manera reciente conoce la luz”. Para justificar esa postura, indicó que el Comité de los Derechos del Niño “al referirse a las “decenas de miles de niños en todo el mundo” que han sufrido abusos sexuales por parte de clérigos pertenecientes a la Iglesia Católica” manifestó que: 

 

“c) En los casos en que la Santa Sede ha tratado el abuso sexual de niños, lo ha considerado un delito grave contra la moral, objeto de procedimientos confidenciales que dispusieron medidas disciplinarias que han permitido a la gran mayoría de los abusadores y a casi todas las personas que han encubierto el abuso sexual de niños evadir los procedimientos judiciales en los Estados en que se cometieron esos abusos. d) Debido a un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero so pena de excomunión, los casos de abuso sexual de niños prácticamente nunca se han denunciado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los países en que se cometieron los delitos. En cambio, se ha informado al Comité de casos de monjas y sacerdotes condenados al ostracismo, degradados y apartados del sacerdocio por no respetar el código de silencio, así como casos de sacerdotes felicitados por negarse a denunciar a los que habían cometido abusos sexuales contra niños.”

 

93. Además, resaltó que el Papa Francisco aseguró que “la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad” y profirió una “Instrucción Sobre la Confidencialidad de las Causas” en la que precisó que las noticias o denuncias por abusos sexuales cometidos por sus clérigos no estarían sujetas al secreto pontificio y, en esa medida, pueden entregarse a las autoridades seculares para la adecuada investigación de los hechos.

 

94. A su turno, en la Sentencia SU-191 de 2022 la Corte retomó los argumentos expuestos y afirmó que “la problemática del abuso sexual de menores de edad en contextos religiosos supone un asunto de relevancia social que ha sido abordado en diferentes latitudes. Por ejemplo, en Francia se publicó recientemente que cerca de 216.000 menores de edad fueron víctimas de pederastia en la Iglesia católica durante los últimos 70 años”. Asimismo, al analizar el caso concreto, aseguró que el caso debe estudiarse con fundamento en el rol que han ocupado los medios de comunicación en poner en el debate público los presuntos abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes cometidos en la Iglesia Católica. Al respecto, afirmó que:

 

“Por ejemplo, en España los protagonistas han sido los medios de comunicación cuando un reconocido diario habilitó un buzón para recibir denuncias sobre abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de la Iglesia Católica. A partir de los testimonios directos de las víctimas, el medio ha consolidado una base de datos. Sin embargo, su investigación comenzó con la circulación de un cuestionario a diferentes diócesis de toda España, al que, en su momento, 18 contestaron. De ellas, únicamente 4 admitieron la existencia de un caso en cada una. Otras 5 afirmaron no tener ninguno registrado y las últimas 9 evadieron las preguntas. A raíz de la publicación de casos gracias a investigaciones periodísticas se posicionó el tema en el debate público. Sin embargo, en febrero de 2021, el diario señaló que ‘[l]a mitad de las diócesis no han respondido al cuestionario de este diario, después de tres semanas’.

 

“En Estados Unidos también se han presentado situaciones similares, por ejemplo, un caso relacionado con el acceso a los documentos de los procesos judiciales de 23 sacerdotes que habían sido condenados por abuso sexual a menores de edad en el año 2001. En 2009, cuatro periódicos (entre ellos el Boston Globe y el New York Times) solicitaron acceso a los expedientes judiciales y la Iglesia católica se opuso a la solicitud bajo el alegato de que se podía afectar el derecho a la intimidad de las personas involucradas en los litigios en cuestión. La Corte Suprema de Justicia del Estado de Connecticut concedió la petición de los medios de comunicación y ordenó hacerles entrega de los documentos solicitados. La Iglesia Católica apeló la decisión ante la Corte Suprema federal y esta rechazó el recurso, por lo cual se permitió el acceso de los periodistas a los expedientes judiciales”.

 

95. De modo que, bajo este contexto, la Corte debió además formular un problema jurídico independiente y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a ser protegidos de toda forma de abuso sexual en los términos del artículo 44 de la Constitución.

 

96. En mi opinión, resulta inadmisible que la decisión mayoritaria invoque los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes como fundamento para reforzar las garantías dirigidas principalmente a la protección de los accionantes y de la sociedad en general, pero omita la adopción de medidas efectivas orientadas a salvaguardar a esta población de riesgos ciertos y concretos de violencia sexual y espiritual. Al proceder de esta manera, la Corte terminó por instrumentalizar los derechos de estos sujetos de especial protección constitucional, para la consecución de fines ajenos a su interés superior, en vez de advertir con claridad que están expuestos a posibles escenarios de abuso sexual y ordenar las acciones necesarias para que sean las autoridades competentes las que investiguen, prevengan y sancionen adecuadamente estos reprochables hechos. La protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la prevalencia de sus derechos no pueden desdibujarse, ni postergarse, con fundamento en meros formalismos que relegan la garantía efectiva de sus garantías ius fundamentales.

 

97. Además, la investigación rigurosa de posibles casos de abuso sexual en contextos religiosos, por parte de las autoridades públicas competentes para el asunto, cumple un papel fundamental no solo para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, sino también para aportar una comprensión más precisa de los escenarios en los que estos hechos ocurren. Si bien las agresiones sexuales en ámbitos religiosos constituyen situaciones especialmente graves y socialmente repudiables, la evidencia disponible muestra que no representan el entorno de mayor incidencia, pues la mayoría de estos casos se producen en contextos familiares.

 

98. Reconocer esta realidad no busca minimizar la importancia de vigilar o investigar lo que sucede en las instituciones religiosas, sino orientar la acción estatal hacia una protección más efectiva, basada en los riesgos que realmente enfrentan las niñas, los niños y los adolescentes y evitar que las instituciones religiosas sean estigmatizadas con fundamento en investigaciones sesgadas, difamatorias y tendenciosas que no atienden a la realidad del fenómeno reprochable del abuso sexual infantil.

 

99. Si bien, en el ámbito comparado, los periodistas han tenido un rol fundamental en el proceso de sacar a la luz el contexto de violencia sexual que afrontan los niños, las niñas y los adolescentes en la Iglesia Católica, lo cierto es que esas investigaciones no representaron una desprotección para los datos personales de los clérigos católicos y conllevaron a que los Estados promovieran iniciativas concretas para investigar, judicializar y reparar a los perpetradores de estas conductas atroces. A manera de ejemplo, vale la pena destacar los casos de Australia con la creación de una instancia estatal denominada Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse en 2013, para investigar las respuestas de las distintas instituciones frente a las denuncias de abuso sexual en contra de niños que recibieron;[316] Inglaterra y Gales con la creación de una instancia denominada The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse en 2015;[317] y España con la investigación que hizo la Defensoría del Pueblo sobre el asunto en el año 2023, los cuales se describirán más adelante.[318] Estas iniciativas permitieron que los Estados formularan políticas públicas idóneas para proteger a los niños y para evitar estigmatizar a los ministros de la Iglesia Católica. Así las cosas, la Corte debió realizar las actuaciones necesarias para promover investigaciones serias por parte del Estado colombiano en el asunto.

 

100. En conclusión, me aparto de la decisión mayoritaria porque la Sentencia SU-184 de 2025 desdibuja la frontera entre el ejercicio legítimo del periodismo investigativo y las competencias propias de las autoridades judiciales, en particular de la Fiscalía General de la Nación. La labor periodística cumple una función esencial de control social y de denuncia. Sin embargo, no puede suplantar ni arrogarse facultades investigativas reservadas al órgano de persecución penal, tales como la estructuración formal de hipótesis delictivas, la determinación de responsabilidades individuales o la deducción de patrones que permitan afirmar la existencia de encubrimientos.

 

101. Esta decisión vulnera de manera desproporcionada los derechos fundamentales de los sacerdotes, clérigos o ministros de la Iglesia Católica, respecto a los cuales no existen denuncias, al ordenar la entrega indiscriminada de su información sin interés público real ni autorización del titular. La decisión carece de la ponderación, diferenciación y justificación constitucional necesarias, afectando su honra, intimidad, igualdad y presunción de inocencia.

 

102. Con el ánimo de explicar de forma puntual los argumentos esbozados, a continuación, presentaré (i) todos los antecedentes de los casos seleccionados y revisados por la Corte; así como, (ii) un análisis sobre el contexto en medio del cual ha debido adoptarse la decisión. Luego, (iii) ahondaré en las razones por las cuales considero que la Corte debió mantener la protección constitucional reforzada de los datos personales de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros que no están, ni estuvieron relacionados con denuncias, ni con investigaciones por la presunta comisión de delitos sexuales. Posteriormente, (iv) indicaré los motivos que me llevan a señalar que la mayoría debió determinar si los accionantes incurrieron o no en un abuso de los derechos fundamentales de petición, de libertad de prensa y de libertad de información, al asegurar en las redes sociales y en libros publicados -sin base alguna-, que la Iglesia Católica es una empresa transnacional del crimen organizado. Finalmente, (v) expondré las razones por las cuales estimo que la Corte ha debido pronunciarse sobre la posible existencia de un escenario de desprotección para los niños, las niñas y los adolescentes que amerita la intervención de las autoridades encargadas de investigar este tipo de situaciones y con base en él determinar la pertinencia de ejercer sus facultades ultra y extra petita para adoptar decisiones adicionales que permitan garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser protegidos de toda forma de abuso sexual.

 

 

A. ANTECEDENTES DE LOS CASOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN DE LA CORTE

 

103. Los procesos de tutela acumulados en este radicado correspondían a acciones presentadas en el marco de una controversia general derivada de peticiones de quienes señalaron dedicarse al periodismo elevadas a distintas entidades relacionadas con la Iglesia Católica en Colombia, entre ellas, diócesis o arquidiócesis en las que solicitaban información con ocasión de una investigación que también calificaron de periodística sobre contextos de presunta pederastia en la Iglesia Católica. La mayoría de los casos acumulados tenían que ver con acciones iniciadas por estas dos personas con el fin de que las entidades y autoridades eclesiásticas contestaran sus solicitudes o peticiones de información. Los asuntos restantes correspondían a acciones de tutelas interpuestas por clérigos católicos en contra de algunos de los fallos proferidos en el escenario previamente descrito o a las decisiones adoptadas por los jueces de instancia con posterioridad a las sentencias de tutela que ordenaron revocar las decisiones iniciales.

 

104. En todo caso el debate jurídico que subyace a los expedientes de tutela acumulados al proceso es el mismo. En consecuencia, este acápite describe los asuntos generales que son comunes a todos los procesos y menciona algunas particularidades procesales de los escenarios relacionados con las acciones de tutela presentadas en contra de algunas de las decisiones seleccionadas por la Corte para su revisión.

 

 

Hechos y pretensiones comunes en los expedientes acumulados

 

105. Desde el año 2018, por su cuenta, el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos adelanta una investigación sobre la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en instituciones relacionadas con la Iglesia Católica, a la que recientemente se sumó el también accionante Miguel Ángel Estupiñán. En ella, intentan establecer cuántos y cuáles sacerdotes de Colombia han sido denunciados, investigados y presuntamente encubiertos por esas conductas.

 

106. Para el efecto, en ejercicio de su derecho fundamental de petición y con fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional en algunos apartes de las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, los actores presentaron peticiones por escrito, a varias instituciones clericales católicas.[319] En ellas, solicitaron información sobre: (i) el número de sacerdotes ordenados, nombres, vinculación y trayectoria de los clérigos que pertenecen o pertenecieron a cada institución religiosa desde su creación; (ii) sus relaciones con las organizaciones católicas; (iii) si han sido objeto de denuncia o queja por “pederastia”, abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, y/o prostitución; y, (iv) sobre las medidas adoptadas frente a esas denuncias o quejas por parte de la congregación.[320] Los requerimientos tienen una estructura común que consta de cuatro puntos,[321] los cuales se describen a continuación:

 

En el primer punto indagaron por el número de sacerdotes ordenados en cada una de las instituciones eclesiásticas, desde que hacen presencia en el país.

 

En el segundo punto solicitaron organizar la información pedida en el numeral anterior, en atención a las siguientes categorías: (i) nombre de cada sacerdote; (ii) fecha de ordenación; (iii) trayectoria desde su ordenación diaconal hasta el presente (sobre este asunto, exigieron precisar los lugares, las fechas de nombramiento y de salida; en caso tal de que hubiese ocurrido la muerte, la dimisión del estado clerical o su renuncia); (iv) estado actual del ejercicio de su ministerio sacerdotal en la jurisdicción de la congregación (activo/inactivo y, en caso de no estar activo, explicar los motivos); (v) cargo actual; y (vi) fecha de nombramiento.

 

Asimismo, pidieron que, frente a cada sacerdote, se informara: (i) si ha estado asociado con denuncias por “pederastia”, abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, y/o prostitución, recibidas por la congregación o autoridad religiosa, con las correspondientes fechas y lugares; (ii) las investigaciones adelantadas sobre esos hechos, los encargados de las mismas y sus resultados; (iii) el traslado del conocimiento de estos hechos a las autoridades civiles, las fechas en las que se realizó esta actuación y los delitos que se le atribuyen a los clérigos o sacerdotes investigados; (iv) las decisiones que las organizaciones han adoptado con ocasión de esas denuncias, en concreto, suspensiones, dimisiones del estado clerical o denuncias ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe o cualquier otra autoridad vaticana (para responder esta pregunta, solicitaron especificar las fechas de adopción de las medidas); y, (vi) las medidas de reparación adoptadas a favor de las víctimas.

 

En el tercer punto, indagaron por la cantidad de sacerdotes incardinados para trabajar o colaborar con las congregaciones peticionadas, sin importar si son colombianos, extranjeros, diocesanos o de comunidad religiosa, a lo largo de su historia.

 

Finalmente, en el cuarto punto solicitaron discriminar la información del numeral previo, en atención a los criterios especificados en el segundo punto de la petición.

 

107. De conformidad con lo anterior, se advierte que, en el marco de su investigación por la presunta existencia de una red de pederastia al interior de la Iglesia Católica, los accionantes formularon el mismo cuestionario a distintas instituciones eclesiásticas, con el fin de conocer datos personales de todos los sacerdotes ordenados e incardinados en las entidades demandadas.

 

108. Los accionantes recibieron varias clases de respuestas por parte de las distintas instituciones religiosas demandadas. Algunas contestaron de forma negativa las peticiones, mientras que otras entregaron parte de la información, bajo el argumento de que solo les corresponde flexibilizar el principio de circulación restringida de los datos personales semiprivados, respecto de los sacerdotes involucrados en denuncias o investigaciones por actos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. En suma, en algunas, las instituciones negaron el acceso a la información requerida y en otras lo brindaron parcialmente. En este último caso, las instituciones religiosas limitaron su respuesta a entregar los datos personales de los sacerdotes efectivamente denunciados por la presunta comisión de actuaciones que constituyen violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; por lo tanto, no suministraron información alguna relacionada con clérigos o sacerdotes que no han sido denunciados o no han sido vinculados a investigación alguna por tales hechos.

 

109. Ante las distintas respuestas otorgadas por las instituciones religiosas relacionadas con la Iglesia Católica, los accionantes presentaron 120 acciones de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la información de interés público y a la libertad de expresión y de prensa. Aquellas fueron resueltas por los jueces de instancia. Cuarenta y ocho (48) de ellas fueron seleccionadas para su revisión y acumuladas en un solo proceso. Dos (2) de estos expedientes corresponden a trámites de tutela adelantados por los demandantes en contra de la Arquidiócesis de Medellín (T-9.618.460) y de la Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín (T-9.521.560). En concreto, alegaron que las instituciones religiosas desconocieron lo dicho por la Corte Constitucional en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, en las que se pronunció sobre el alcance de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información del accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos, con ocasión de una investigación periodística previamente adelantada.

 

110. En esta oportunidad solicitaron (i) datos semiprivados de clérigos o sacerdotes católicos que no han sido denunciados ni investigados por hechos punibles relacionados con violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes; (ii) que aducen requerir para realizar una investigación periodística; y, que (iii) señalaron que el problema jurídico suscitado es el mismo resuelto por esta Corporación, esto es, “si, en virtud de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información de interés público, una entidad religiosa tiene el deber constitucional de suministrarle a un periodista datos semiprivados de sus integrantes que son necesarios para el ejercicio adecuado de su profesión”. Por consiguiente, los demandantes señalaron que las instituciones eclesiásticas demandadas debían entregarles la totalidad de la información por ellos solicitada. Adicionalmente, advirtieron que el acceso a esos datos personales solo afecta de manera leve el derecho a la intimidad de los sacerdotes involucrados, mientras que, no entregarla genera una contradicción con el ordenamiento jurídico interno. Lo expuesto, en la medida en que (i) el derecho canónico no tiene aplicación en el marco del derecho de petición; y, (ii) la relevancia pública de su investigación, por tratarse de actos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de clérigos, impide que las autoridades eclesiásticas opongan algún tipo de reserva sobre la información requerida.

 

111. En las acciones de tutela referidas, el accionante explicó que la Corte Constitucional analizó dos casos similares a los que generan la controversia, en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, al estudiar los fallos proferidos por los jueces de instancia con ocasión de dos acciones de tutela por él interpuestas en contra de las instituciones eclesiásticas mencionadas. En su criterio, esas providencias advierten que los datos semiprivados de todos los ministros de esa religión deben ser entregados a quienes adelanten investigaciones por presuntos actos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, en la medida en que (i) los sacerdotes católicos ejercen un rol de relevancia social; (ii) la información requerida es de interés público; y, (iii) existe una protección constitucional reforzada de los derechos de petición y de acceso a la información para los periodistas, en atención al rol del periodismo en la democracia y la sociedad.

 

112. Por su parte, una de las entidades accionadas manifestó que esta Corporación carecía de competencia para conocer de los casos referidos. Las demás y algunos de sus ministros aseguraron que solo están obligadas a entregar la información relativa a los sacerdotes que están involucrados en denuncias o investigaciones por presuntos abusos sexuales en contra de personas menores de edad. En su criterio, el precedente de la Corte Constitucional contenido en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 es claro en precisar que los datos personales de los sacerdotes son semiprivados y, en esa medida, quienes los administran no pueden divulgarlos, sin el consentimiento previo y expreso de sus titulares. La única excepción a esa regla está limitada de forma expresa por esas mismas Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, a los ministros involucrados con actuaciones que puedan constituir violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Además, consideraron que la información de los sacerdotes que han tenido una conducta intachable es irrelevante para la investigación de los demandantes y, por el contrario, su divulgación puede generarles afectaciones en sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y al habeas data. Finalmente, advirtieron que las investigaciones de los accionantes pueden estar viciadas por sus propios prejuicios, en la medida en que han proferido varias frases difamatorias en contra de la Iglesia Católica, situación que pone en riesgo sus garantías iusfundamentales.

 

 

Trámite constitucional de los expedientes en sede de instancia

 

113. En los expedientes acumulados, los Juzgados respectivos admitieron las acciones de tutela y ordenaron ponerlas en conocimiento de las entidades demandadas y vinculadas[322] para que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones en ellas planteadas.[323] Sin embargo, en algunos casos, surgieron debates relacionados con la integración del contradictorio[324] y con las notificaciones surtidas en el proceso[325] que dieron lugar a declarar la nulidad de esos trámites. En esos casos, las autoridades judiciales de instancia iniciaron los procesos nuevamente, con el debido respeto de las garantías procesales, entre ellas, la vinculación de los clérigos o sacerdotes que no están relacionados con investigación alguna por conductas constitutivas de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, por ser los titulares de los datos personales solicitados por los demandantes.[326]

 

114. Adicionalmente, cuatro de los fallos seleccionados para revisión por parte de esta Corporación fueron cuestionados, de manera paralela, en sede de tutela. A partir de esas actuaciones, los jueces de instancia revocaron sus decisiones e iniciaron de nuevo la actuación procesal con la debida integración del contradictorio. Los expedientes T-9.660.217 y T-9.824.281 están asociados a esas actuaciones posteriores que fueron adelantadas de modo concomitante con el proceso de selección y de revisión de los fallos por parte de esta Corporación. La descripción de las respuestas de las accionadas y de los vinculados a los trámites, así como las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en los 48 casos que corresponden a las tutelas presentadas por los accionantes, se encuentran descritos en el documento Anexo 1 a este salvamento.

 

115. Las decisiones judiciales adoptadas en instancia son disimiles. Algunos jueces concedieron la tutela, tras considerar que la información es relevante para la investigación de los accionantes y debe entregarse, en virtud del precedente establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-191 de 2022. Por su parte, otros negaron las pretensiones de la acción o declararon su improcedencia, al advertir que las entidades eclesiásticas habían entregado los datos de los sacerdotes involucrados con denuncias o investigaciones por presuntos abusos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. Cuatro de los fallos seleccionados para revisión, fueron cuestionados de manera concomitante en sede de tutela. Esa situación dio lugar a la declaratoria de nulidad de los fallos seleccionados para revisión y a la emisión de nuevas decisiones.

 

116. A continuación, se relacionan las decisiones adoptadas en los procesos promovidos por los accionantes con ocasión de las respuestas dadas por las diversas instituciones religiosas accionadas.

 

 

 

Trámite de las acciones de tutela presentadas en contra de cuatro de los fallos seleccionados por la Corte para su revisión

 

117. Mientras esta Corporación adelantaba los trámites de selección y revisión de los expedientes T-9.401.364,[327] T-9.408.984,[328] T-9.487.762[329] y T-9.675.582,[330] algunos clérigos integrantes de las Diócesis de Caldas y El Espinal, y de las Congregaciones de Obispado Castrense y de la Fraternidad Sacerdotal interpusieron nuevas acciones de tutela dirigidas en contra de los juzgados de instancia que resolvieron los expedientes referidos. Lo anterior, con el fin de solicitar la protección de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, al acceso a la administración de justicia e intimidad, los cuales consideraron se les habían afectado al no ser vinculados en los procesos de tutela referidos, a pesar de tener un interés legítimo por estar involucrada una petición sobre sus datos semiprivados. Aquellas fueron resueltas de fondo, a pesar de que los fallos de tutela cuestionados habían sido remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

118. En concreto, las autoridades judiciales que conocieron los casos protegieron los derechos fundamentales de los clérigos y ordenaron que, “previa petición a la Corte Constitucional y recepción de los Expedientes”, los jueces de instancia profirieran un nuevo fallo tras declararse la nulidad de las decisiones que conforman los radicados. Con ocasión de esas actuaciones, la Corte seleccionó los expedientes T-9.660.217 y T-9.824.281, los cuales se describen a continuación:

 

Expediente T-9.660.217

 

119. Este radicado corresponde a una acción de tutela interpuesta por clérigos miembros de la Diócesis de Caldas, en contra de las autoridades judiciales que, en su momento, resolvieron la acción de tutela dentro del expediente T-9.401.364. El asunto le correspondió a la Sala 3 de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.[331]

 

120. En Sentencia del 2 de junio de 2023, la autoridad judicial referida señaló que, según la jurisprudencia, esas acciones solo resultan viables cuando: (i) la sentencia cuestionada fue proferida con fundamento en un fraude; (ii) la demanda no tiene identidad procesal con el fallo cuestionado; y, (iii) las partes no cuenten con otro mecanismo de defensa. En su criterio, la demanda no cumplió con esos requisitos de viabilidad excepcional, porque no demostró que la sentencia fue proferida con fundamento en una actuación fraudulenta o en propósitos ilegales, dolosos, o contrarios a la lealtad, probidad y buena fe.[332] Así mismo, dejó de lado que los accionantes y vinculados aún contaban con la posibilidad de que la Corte Constitucional revisara el caso. En esa medida, tenían un mecanismo judicial idóneo y efectivo, pues en los términos de la jurisprudencia “el trámite de la eventual revisión de todas las decisiones de tutela se erige como ‘un control específico e idóneo de los fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución’”.[333] En consecuencia, concluyó que la demanda era improcedente y, por tanto, denegó el amparo deprecado.[334] Esa decisión fue impugnada por los accionantes, bajo el argumento de que la demanda no pretendía cuestionar la sentencia de tutela propiamente dicha, sino de las actuaciones previas que no los vincularon al proceso.

 

121. Como consecuencia de ello, en Sentencia del 28 de junio de 2023,[335] la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo impugnado y, en su lugar, concedió parcialmente el amparo solicitado. Para esa Corporación, los jueces de instancia vulneraron los derechos fundamentales de los sacerdotes incardinados en la Diócesis de Caldas, al impedirles intervenir en un proceso que tenía por objeto permitir el acceso a sus datos personales. En esa medida, las providencias cuestionadas incurrieron en un error de procedimiento que da lugar a revocar esas decisiones, por haber comprometido las garantías de los accionantes. Aunque reconoció que el recurso, en principio, era inviable, porque la sentencia cuestionada no había agotado el trámite de revisión, consideró que los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados de forma latente.[336] Por tanto, concedió el amparo requerido y ordenó al juez de instancia que “previa petición a la Corte Constitucional y recepción del expediente contentivo del asunto reprochado (radicado 05129-40-89-001-2023- 00089-00), dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que lo último ocurra, tras dejar sin valor ni efecto los fallos allí proferidos, imprima al asunto el trámite de rigor, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este veredicto, especialmente las relacionadas con la vinculación y enteramiento de los sacerdotes ordenados para la Diócesis de Caldas, así como de los incardinados en la misma. Por Secretaría, envíesele copia de esta sentencia”.[337]

 

122. En cumplimiento de la decisión aludida, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Caldas (Antioquia) profirió un nuevo fallo[338] el 4 de septiembre de 2023 en el expediente T-9.401.364. Esa decisión, a su vez, fue anulada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Caldas (Antioquia), mediante Auto del 9 de octubre de 2023.[339] El a quo reasumió las diligencias y profirió sentencia el 25 de octubre de 2023,[340] decisión que fue anulada, nuevamente, por el ad quem, el 8 de noviembre de 2023.[341] Finalmente, el 8 de noviembre de 2023, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Caldas (Antioquia) reasumió el conocimiento de las diligencias y dictó el auto admisorio de la acción de tutela.[342] Como consecuencia de ello, profirió una nueva sentencia el 21 de noviembre de 2023. En ella, advirtió que se configuró la carencia actual de objeto, porque la autoridad demandada puso en conocimiento del accionante la respuesta a su petición. En su criterio, esa situación conllevó a que el objeto jurídico de la decisión desapareciera.[343]

 

123. El 27 de noviembre de 2023, el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos impugnó la decisión. En consecuencia, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Caldas (Antioquia), en Sentencia del 13 de diciembre de 2023, revocó la proferida por el a quo y, en su lugar, concedió la tutela a Juan Pablo Barrientos. Para el Juzgado, la petición en comento fue respondida mediante comunicación del 6 de febrero de 2023 y en ella solo se brindó información sobre los sacerdotes que al momento tenían denuncias, pero guardó silencio sobre lo solicitado respecto de los demás clérigos. Lo expuesto, bajo el argumento de que la institución no cuenta con bases de datos sistematizadas que le permitan aportar dicha información. Además, advirtió que debido a la cantidad de años no le es posible recaudar la información requerida y no puede ser obligada a cumplir con lo imposible. Para la autoridad judicial, esa justificación no satisface las exigencias del derecho fundamental de petición, pues esta no recae sobre datos sensibles de los sacerdotes, ni en información reservada o privada. Aunque no desconoció que puede ser difícil sistematizar dicha información, consideró que ello no puede argüirse como excusa para negar el acceso a tales datos o para no suministrarlos. A su juicio, bastaría con indicarle al actor una fecha para entregarle esa información, en aplicación de un plazo razonable para su compendio; o, con permitirle el acceso a los libros o archivos dónde reposan los datos para que él mismo los extrajera. Incluso, advirtió que era posible trasladar los costos del trámite al accionante.[344]

 

 

Expediente T-9.824.281

 

124. Con posterioridad a la sentencia de tutela contra los fallos proferidos en el expediente T-9.408.984, la juez de primera instancia se declaró impedida para iniciar de nuevo el trámite, porque sostiene lazos de amistad con un sacerdote y una relación contractual como catedrática de una Fundación que está dirigida por otro ministro de la Iglesia Católica, quienes están adscritos a la Diócesis de El Espinal. El proceso lo asumió el Juzgado Segundo Civil Municipal de El Espinal (Tolima). Esa autoridad judicial avocó el proceso el 25 de septiembre de 2023,[345] vinculó a los clérigos que así lo solicitaron, adoptó la decisión correspondiente y lo remitió a esta Corporación para su eventual revisión. Con ocasión de esa actuación, la Secretaría General de la Corte Constitucional le asignó el radicado T-9.824.281 y fue seleccionado para su revisión por parte de esta Corporación.[346]

 

125. Mediante Sentencia del 3 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Civil Municipal del Circuito de El Espinal retomó las consideraciones de la Sentencia SU-191 de 2022, para asegurar que las autoridades eclesiásticas deben entregar todos los datos personales semiprivados de sus sacerdotes, sin importar si están o no relacionados con investigaciones o denuncias por abusos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. A partir de ello, estudió la controversia y concluyó que, en atención a las garantías propias del derecho fundamental de petición, las cuales se encuentran reforzadas, en este caso, por el interés superior de los niños, corresponde entregar la información de todos los clérigos católicos. En especial, porque ya se subsanó la irregularidad advertida por la Corte Suprema de Justicia frente a la participación de los titulares de los datos en el proceso de la referencia. En consecuencia, concedió las pretensiones del accionista y le otorgó a la demandada cinco (5) días hábiles para brindar una respuesta clara, completa y de fondo al accionante.[347] Aunque uno de los sacerdotes impugnó esa decisión, posteriormente, desistió del trámite de la misma.[348]

 

 

Selección de los casos y actuaciones en Sede de Revisión

 

Autos de selección

 

126. Mediante Auto del 30 de mayo de 2023, notificado el 9 de junio siguiente, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco seleccionó el expediente T-9.379.113, el cual fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, para su conocimiento. Los demás procesos acumulados a este expediente fueron seleccionados a través de: (i) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis el 30 de junio de 2023;[349] (ii) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete el 28 de julio de 2023;[350] (ii) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho del 31 de agosto de 2023;[351] (iii) el Auto de la Sala de Selección de Tutelas Número Siete del 12 de septiembre de 2023;[352] (iv) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve el 26 de septiembre de 2023;[353] (v) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez el 30 de octubre de 2023;[354] y, (vi) el Auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce el 18 de diciembre de 2023.[355]

 

 

Autos relacionados con las solicitudes de medidas provisionales

 

127. Durante el trámite de revisión, la Sala Cuarta de Revisión de la cual fui su presidente, se pronunció respecto de varias solicitudes de medidas provisionales presentadas en diferentes procesos. Como consecuencia de ello, suspendió el cumplimiento de las órdenes proferidas en sede de instancia, mientras se agotaba el trámite ante esta Corporación, en los Expedientes (i) T-9.423.798 (Auto 1613 de 2023); (ii) T-9.450.994, T-9.487.762, T-9.618.460, T-9.460.895, T-9.461.175, T-9.461.384, T-9.471.308, T-9.564.684, T-9.575.079 y T-9.450.994 (Auto 2689 de 2023); y, (iii) T-9.439.040, T-9.445.635, T-9.447.464, T-9.479.400 y T-9.489.477 (Auto 2066 de 2023). Por el contrario, mediante Auto 3161 de 2023, rechazó la solicitud de extensión de medida provisional al expediente T-9.329.937 y le solicitó a la Secretaría General de esta Corporación que garantizara la subsanación del referido proceso. Lo expuesto, con el fin de garantizar que se pudiera surtir el trámite de eventual selección del proceso 270014071001-2023-00020-00, en la medida en que el estudio de eventual selección del radicado se adelantó, sin que se hubiese surtido la segunda instancia.

 

 

Autos de pruebas

 

128. Por su parte, como Magistrado Sustanciador decreté pruebas de oficio mediante los autos proferidos el 31 de agosto de 2023, el 14 de septiembre de 2023, el 4 de octubre de 2023 y el 23 de enero de 2024. Con ocasión del primer auto, además de las pruebas recaudadas, el despacho sustanciador recibió 28 intervenciones de las instituciones eclesiásticas y universidades invitadas a participar del proceso. 

 

 

Auto de emplazamiento y actuaciones adicionales

 

129. Como Magistrado Sustanciador proferí tres autos el 19 de octubre de 2023, a través de los cuales, se vincularon a todos los titulares de los datos personales aportados al proceso, se emplazaron a todas las personas que consideraran que tenían derecho a ser vinculadas al proceso, se decretaron pruebas de oficio nuevamente y se negó la solicitud de acceso al expediente presentada por un ciudadano.

 

130. Como consecuencia de estas decisiones, el despacho sustanciador recibió 3.899 mensajes electrónicos. Al depurar la información, (i) corroboró que algunos de los mensajes remitidos a la Corporación se encontraban repetidos; (ii) advirtió que algunos clérigos remitieron el mismo oficio varias veces, a través de diferentes direcciones de correo electrónico; (iii) encontró que algunos memoriales solicitaban la vinculación de varios clérigos; y, (iv) evidenció que algunos oficios correspondían a intervenciones de instituciones eclesiásticas, más no a solicitudes de vinculación.

 

131. En concreto, encontró que la Corte recibió 1.505 oficios que pretendían solicitar la vinculación de terceros interesados al proceso,[356] 12 intervenciones de instituciones de la Iglesia Católica que pretendían contestar el decreto probatorio del despacho sustanciador, 6 oficios suscritos por feligreses católicos y el último a un escrito suscrito por un funcionario público.

 

132. Además, al analizar las solicitudes de vinculación presentadas por los clérigos católicos, halló que algunas de ellas estaban suscritas por varios personas. De manera que, los 1.505 oficios que contenían solicitudes de vinculación corresponden a 1.811 solicitudes de vinculación al proceso presentadas por sacerdotes católicos; a dos presentadas por ciudadanos que renunciaron al sacerdocio; y, a una presentada por la Diócesis de Engativá.

 

133. Algunos de los oficios recibidos coadyuvaron la postura de los accionantes y aseguraron que las entidades religiosas debían entregar toda la información por ellos requerida por los ciudadanos. Incluso, señalaron que la Iglesia Católica debería ser proactiva en la divulgación de este tipo de información para proteger los derechos de las víctimas y de la ciudadanía de acceder a esos datos de relevancia social. Por el contrario, los sacerdotes y las instituciones religiosas que intervinieron en el proceso manifestaron que los accionantes utilizaron su investigación y publicación para desplegar una campaña de desprestigio y estigmatización en contra de la Iglesia Católica. En su criterio, el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos (i) ha publicado información que no cumple con las cargas de veracidad e imparcialidad; (ii) ha incurrido en la conducta de cyberacoso; (iii) ha vulnerado el derecho a la libertad de cultos no solo de los sacerdotes católicos como tal, sino de todos los integrantes de la institución; y, (iv) ha difamado a la Iglesia Católica al asegurar que es una “empresa del crimen organizado”, a algunos clérigos que señaló como culpables de incurrir en conductas de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, a pesar de haber sido absueltos por esos cargos y a ciertos obispos y superiores religiosos, a quienes señaló de haber encubierto la comisión de este tipo de conductas.

 

134. Adicionalmente, durante el trámite en revisión en la Corte, los accionantes fraudulentamente tuvieron acceso a distintos documentos del expediente incluidos los que estaban sometidos a reserva. En efecto, no obstante, las medidas de protección adoptadas por la Corte en relación con la información reservada, ella fue descargada en 4 dominios distintos y, parte de ella, apareció publicada en 2024 en el libro más reciente de autoría de los accionantes.

 

135. Por otra parte, en las providencias mencionadas, el despacho sustanciador rechazó las solicitudes de devolución de los expedientes T-9.401.364 y T-9.487.762 presentadas por los Juzgados Promiscuo Municipal de Oralidad de Caldas (Antioquia) y 24 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, las cuales fueron presentadas en cumplimiento de lo ordenado por las Salas de Casación Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

136. Asimismo, mediante Auto del 26 de octubre de 2023, el despacho sustanciador rechazó la solicitud de acceso al expediente presentada por el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás. Posteriormente, en Auto del 23 de enero de 2024, accedió a la solicitud de intervención elevada por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Para esos efectos, le ordenó a la Secretaría General que garantizara el acceso al expediente, por parte de la entidad referida, con excepción del cuaderno de documentos reservado.

 

137. Finalmente, en Auto del 27 de marzo de 2025, el Magistrado Sustanciador (i) vinculó a todos los sacerdotes y diáconos de la Iglesia Católica que así lo solicitaron, a la Diócesis de Engativá, al Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, a la Fiscalía General de la Nación y a la Conferencia Episcopal de Colombia; y, (ii) aceptó las intervenciones presentadas por los ciudadanos católicos al proceso a título de Amicus Curiae. Asimismo, (iii) decretó pruebas de oficio para precisar el contenido de la política pública adoptada para enfrentar la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y (iv) ordenó el traslado de los documentos recibidos a las partes involucradas en el proceso, a las entidades vinculadas al proceso y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. 

 

 

 

B. CONTEXTO. EL ABUSO SEXUAL EN ESCENARIOS RELIGIOSOS

 

138. Los casos acumulados en el proceso a que se refiere la Sentencia SU-184 de 2025 están relacionados con un estudio y publicaciones que adelantan los accionantes sobre la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en entidades relacionadas con la Iglesia Católica en Colombia, cuyo propósito es, a su juicio, demostrar que al interior de esta institución, existe una red de pederastia que, según su dicho, sus dirigentes o jerarcas han ocultado de manera sistemática, con la implementación de medidas que favorecen a los presuntos agresores y, de forma correlativa, menoscaban los derechos de las víctimas, quienes ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional.

 

139. El debate judicial propuesto giró en torno al acceso a la información personal de clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros vinculados a instituciones de la Iglesia Católica, con el fin de determinar quiénes han estado involucrados en este tipo de conductas. Sin embargo, en el marco del trámite constitucional, las partes y los intervinientes pusieron bajo el conocimiento de la Corte Constitucional una serie de circunstancias relacionadas con la presunta afectación, de un lado, de los derechos a la honra, al buen nombre, a la libertad religiosa y al debido proceso de varios clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de instituciones de la Iglesia Católica; y, del otro, de los derechos fundamentales a la libertad, integridad y formación sexual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes colombianos que participaron en actividades que profesan y practican esa religión.[357] Por esa razón, al analizar las controversias sometidas a su consideración, la Corte ha debido aplicar un enfoque diferencial que permitiera (i) materializar el principio de prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y, a su vez, (ii) respetar en la mayor medida de lo posible las garantías iusfundamentales de todas las partes involucradas, es decir, de las víctimas de violencia sexual en el contexto referido, de los accionantes, de la Iglesia involucrada y de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros de esa Institución religiosa que no han estado ni están vinculados a ninguna investigación judicial o eclesiástica por hechos relacionados con abuso sexual.

 

140. El abordaje del caso requería valorar tres escenarios que, a pesar de estar correlacionados, tienen un alcance propio, en la medida en que involucran tensiones de derechos que, de conformidad con la jurisprudencia, exigen un análisis diferenciado e independiente. En efecto, la Corte tenía que determinar cuál es el alcance de los derechos fundamentales de los accionistas a obtener datos personales administrados por instituciones religiosas y a divulgar la información recopilada. Asimismo, debía precisar hasta qué punto el ejercicio de esas garantías iusfundamentales están limitadas por el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. Finalmente, debía estudiar las medidas que se debían adoptar para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en este tipo de contextos.

 

141. En efecto, en Colombia, la familia, la sociedad y la organización estatal tienen un deber constitucional reforzado de proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de abuso sexual. En virtud de esta obligación tripartita, las autoridades - incluida la Corte-, que conozcan de actuaciones que hayan afectado o puedan poner en riesgo a esta población, deben desplegar todas las actuaciones que estén a su disposición para investigar y condenar públicamente estos vejámenes y tratar de conjurar los daños o riesgos perpetrados. Por esa razón, la Corte Constitucional debe estudiar asuntos que están relacionados con la protección integral que deben brindar las autoridades públicas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual o que estén en riesgo de serlo.

 

142. Como consecuencia de ello, antes de precisar las particularidades de los escenarios descritos y de formular los problemas jurídicos que se debían resolver, la Corte debía tener en cuenta el contexto existente para proferir la decisión. Ello le hubiera permitido viabilizar la aplicación transversal del principio de prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, facilitar la comprensión de los debates que debían ser abordados a lo largo de la decisión y justificar la pertinencia de implementar medidas idóneas para la lucha contra este flagelo.

 

143. Por ello, entonces, la Corte ha debido (i) realizar una aproximación al fenómeno de la violencia sexual cometida en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, incluidas aquellas cometidas en escenarios religiosos. Luego, (ii) explicar el rol del periodismo de investigación en estos escenarios. Y, finalmente, (iii) precisar las razones por las cuales los discursos que asocian a las personas que ocupan una posición notoria en la sociedad con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes cuentan con una protección constitucional reforzada.

 

 

Aproximación al fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, incluida aquella que se desarrolla en escenarios religiosos

 

144. Los accionantes aseguraron que adelantan una presunta investigación periodística para determinar si al interior de la Iglesia Católica existe una red de pederastia presuntamente encubierta por sus jerarcas. La comprensión de esa situación exigía precisar en qué consiste la pederastia e identificar los fenómenos asociados a su presunta ocurrencia en escenarios religiosos. Por esa razón, la Corte debía (i) distinguir los conceptos de pedofilia, pederastia y abuso sexual. Luego, (ii) presentar al menos una breve descripción del fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes; y, (iii) caracterizar el fenómeno de la violencia sexual en espacios religiosos. Posteriormente, (iv) establecer que la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes traspasa fronteras, culturas, credos y creencias; (v) explicar las particularidades de la situación en la Iglesia Católica, con énfasis en el caso de Colombia; y, (vi) describir las actuaciones que algunos Estados, incluido el Estado Vaticano, han implementado para hacer frente y combatir esta situación.

 

 

Diferencias entre la pedofilia, la pederastia, el abuso y la violencia sexual

 

145. Los conceptos de pedofilia, pederastia, abuso y la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes suelen ser utilizados como sinónimos, a pesar de sus diferencias. En términos generales, la pedofilia corresponde a un trastorno que involucra fantasías o impulsos sexuales con niños prepúberes que no se materializan. Por su parte, la pederastia engloba las actuaciones de contenido sexual que un adulto, hombre o mujer, despliega con una persona menor de edad. Finalmente, las expresiones “abuso sexual” o “violencia sexual” en contra de niños, niñas y adolescentes denotan o agrupan a las conductas sexuales que tienen relevancia jurídica en los distintos ordenamientos jurídicos por estar prohibidas o tipificadas como delito. A continuación, ahondaré en la definición de los conceptos enunciados.

 

 

Pedofilia

 

146. Según la Organización Mundial para la Salud, la pedofilia corresponde a un desorden de preferencia sexual que se presenta generalmente en adultos, es poco común en las mujeres e incluye parafilias. Quienes lo padecen sienten una preferencia sexual por las personas que aún no han llegado a la pubertad. Algunas personas solo experimentan inclinación sexual por las niñas, otras únicamente por los niños y otras por ambos sexos.[358] Esa inclinación puede ser exclusivamente pedofílica o no.[359] Una de sus modalidades, es la hebofilia que corresponde al interés sexual de un adulto por un adolescente, más no por niños pequeños como suele ocurrir en la mayoría de los casos.[360] Aunque este concepto ha causado un gran revuelo en la actualidad, no es un asunto moderno. Desde la antigua Grecia, el asunto fue una práctica socialmente aceptada, incluso, era considerada como una forma de homosexualidad. Solo en el siglo XX, la psicología empezó a abordar el asunto como un tipo de parafilia.[361]

 

147. Sobre este concepto, la Organización Mundial para la Salud precisó que, si bien los contactos sexuales entre adultos y adolescentes maduros en ese aspecto son socialmente reprochables, lo cierto es que no necesariamente están asociados con la pedofilia. De manera que, un incidente aislado no indica que la persona tenga una tendencia sexual por los niños persistente o predominante que amerite un diagnóstico, en especial, si el agresor es un adolescente. Asimismo, indicó que el trastorno incluye a aquellas personas que: (i) prefieren las parejas adultas, pero, al no lograr establecer contactos adecuados, sufren una frustración crónica que los lleva a sustituirlas de manera habitual por niños; o, (ii) acosan sexualmente a sus propios hijos durante la preadolescencia y, ocasionalmente, abordan a otros niños. Al respecto, explicó que ambos casos son indicativos de pedofilia.[362]

 

148. Por su parte, The American Psychiatric Association explicó que las personas son diagnosticadas con este trastorno sexual, cuando: (i) sienten “excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes (generalmente menores de 13 años)”,[363] durante por lo menos 6 meses; (ii) han materializado esos deseos sexuales irrefrenables o las fantasías que experimentan les causan un malestar importante o problemas interpersonales; o, (iii) tienen 16 años y experimentan la vivencia descrita en el primer escenario respecto de una persona 5 años menor.[364] Asimismo, aclaró que no padecen de pedofilia las personas que están al final de la adolescencia que sostienen relaciones sexuales continuas con otro individuo de 12 o 13 años. También, precisó que el diagnostico debe indicar si la atracción es exclusiva de uno de los sexos, los involucra a ambos o está limitada al incesto.[365]

 

149. Algunos académicos han señalado que la pedofilia puede presentarse de diferentes formas y niveles que deben conocerse para evitar estigmatizar a las personas que padecen este trastorno.[366] En concreto, han identificado dos grandes grupos. El primero está conformado por los pedófilos ocasionales, quienes “actúan por un estado mental regresivo; es decir, bajo una condición depresiva latente o por altos niveles de angustia. Algunos sienten un gran sentimiento de culpabilidad cuando abusan de menores e incluso piden ayuda. Pero son el grupo minoritario dentro de los pedófilos y el único que tiene posibilidades de rehabilitarse. Dentro de los pedófilos ocasionales existe un subgrupo, compuesto por aquellos sujetos que cometen abusos con mayor frecuencia y que son egos sintónicos; esto es, están convencidos de estar en lo correcto, y no distinguen entre la verdad y la mentira, y el bien y el mal. No acuden a tratamiento ni tampoco les interesa”.[367]

 

150. El segundo consta de los pedófilos estructurales, es decir, de personas que buscan constantemente cometer abusos en contra de niños. Además de ser egos sintónicos, pueden agruparse, formar redes y, en casos graves, formar mafias criminales en torno a la comisión de delitos sexuales contra personas menores de edad.[368] Este tipo de pedofilia es el más grave de todos y está compuesto por tres subgrupos:

 

(i) Pedófilos románticos. Experimentan una clase de enamoramiento por los niños y los seducen con una falsa ternura. En la mayoría de los casos, los tratan con cariño, están convencidos de que aportan un beneficio a los niños y no llegan a un contacto sexual, lo que dificulta la investigación en estos casos.[369]

 

(ii) Pedófilos cínicos. Presentan rasgos psicopáticos y llegan a abusar de los niños, a través del engaño y la mentira, sin sentir culpabilidad.[370]

 

(iii) Pedófilos sádicos. Quienes pertenecen a este grupo, además del placer sexual que buscan en su relación con los niños, pretenden sentirse superiores a ellos, los asustan y los humillan. Algunos de ellos pueden descontrolarse hasta perpetrar conductas que involucren violación, daños físicos e, incluso, la muerte de la víctima.[371]

 

151. Diversas áreas del conocimiento se han ocupado de estudiar las causas de esta desviación sexual. Sin embargo, no han alcanzado una respuesta unívoca. Los psicoanalistas consideran que la causa primordial de este trastorno es haber sido víctima de abuso sexual en su infancia, porque, a partir de esa experiencia, las personas adquieren una estructura mental perversa que las lleva a buscar una situación similar en el futuro para resolver su trauma y calmar la angustia. Por el contrario, algunos criminólogos advierten que las personas sexualmente abusadas en su infancia no necesariamente se convierten en agresores durante su adultez. En todo caso, coinciden en la magnitud del trauma. En su criterio, “el hecho de haber sido objeto de dominación por parte de un adulto, y aún más si se trata de una autoridad moral como el padre o un sacerdote, convierte al menor “en una víctima por toda la vida”. La manipulación de las emociones a la que ha sido sometido hace del menor abusado una persona débil, vulnerable y muy desconfiado de las instituciones sociales”.[372] Otros, por su parte, aseguran que la pedofilia se desarrolla desde la infancia a partir de un abuso sexual o de un aprendizaje visual. En esa medida, no es una patología inherente al ser. Además, han precisado que reconocer si una persona padece o no esa patología es muy difícil porque suelen ser sujetos que aparentan mucha seguridad y suelen escoger profesiones asociadas con niños.[373]

 

 

Pederastia

 

152. Corresponde al contacto sexual directo entre un adulto y un niño, niña o adolescente. El psicoanálisis advierte que estas conductas se despliegan como consecuencia de traumas o abusos sexuales de la infancia, mientras que la criminología sostiene que es un asunto que viene de la genética.[374] Con todo, es muy difícil identificar a las personas que ejecutan estas conductas, porque, “en apariencia, son personas normales, que tienen una vida común al resto de la sociedad, se casan, tienen hijos y pueden ser muy destacados en su trabajo. Son inteligentes, incluso pueden ser grandes intelectuales y cruzan todas las clases sociales y grupos etéreos”.[375]

 

153. En la antigüedad, estas prácticas no solo eran comunes, sino socialmente aceptadas en los niños de 12 años en adelante.[376] Por ejemplo, en la época greco-romana[377] “[l]os jóvenes entre 12 y 16 años eran iniciados por adultos (erastés) en una relación homosexual regulada por leyes y rituales como parte de su formación humana, en la que ellos eran sujetos pasivos (erómenos). Posteriormente, ellos pasaban a ser iniciadores de otros jóvenes dentro de unas leyes estrictas y respetando las costumbres de la época. […] La formación de un muchacho desde los 12 años incluía la iniciación sexual como método para conocer la belleza del cuerpo humano, y por ello los jóvenes eran iniciados en esta relación que Cantarella define en su amplio estudio como la cultura de la bisexualidad. Sin embargo, mantener relaciones homosexuales eran un delito si el erómeno tenía menos de 12 años, o si el erómeno no daba su consentimiento”.[378]

 

154. Con todo, posteriormente, se promulgaron leyes similares a la Lex Scantina que clasifican la pederastia como una conducta inmoral, al punto que empiezan a sancionarse las relaciones entre pederastas y personas menores de 17 años de edad.[379] Según los historiadores, es con la legalización del cristianismo y su adopción como religión oficial del Imperio que empiezan a castigarse los abusos sexuales en contra de los niños y las niñas.[380] A partir de esta nueva perspectiva, la pederastia empieza a tener una connotación negativa que no solo se relaciona con la “violencia” o el “abuso”, sino que adquiere una relevancia jurídico penal que conlleva a la tipificación de estas conductas.

 

155. Luego, en la Edad Media, los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes fueron considerados como una modalidad de sodomía que hacía parte del binomio pecado-delito, cuya práctica era común en la Alta Edad Media. Esta práctica fue denominada pecado nefando y era castigada tanto por la Iglesia como por la autoridad civil, por ejemplo, con castración o pena de muerte.[381] Estas sanciones continuaron vigentes por un tiempo considerable. Entre los Siglos XVII y XIX, las diversas jurisdicciones empezaron a tipificar de forma genérica esas conductas; Estados como España, expidieron legislaciones que dejaron de sancionar la sodomía y mantuvieron los delitos contra la honestidad que penalizan el adulterio, la violación, el estupro y el rapto. Durante ese período, la mayoría de las conductas se cometían al interior de los hogares o en el escenario de los trabajos forzados a los que eran sometidos los niños en el contexto de la industrialización.[382] Sin embargo, la legislación estaba lejos de abordar concretamente el abuso sexual en contra de los niños, pues el enfoque estaba en proteger la integridad de los agresores, más no la libertad, integridad y formación sexual de los niños. Además, las autoridades civiles estaban centradas en lograr una higienización que les permitiera sobrevivir.[383]

 

156. Sin embargo, a finales del Siglo XIX, empezaron a surgir varias asociaciones que velaban por la protección de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Estos movimientos dirigieron sus esfuerzos a amparar la dignidad de esta población y a protegerlos de las diferentes formas de abusos que perpetraban los adultos para ese momento. Para el Siglo XX, este despertar social conllevó a la expedición de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y, posteriormente, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989). A partir de la ratificación de este último instrumento, varios ordenamientos jurídicos empezaron a tratar de forma adecuada los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, es decir, a enfrentar el fenómeno de la pederastia. Desde ese momento, la integridad, la libertad, la indemnidad y la formación sexual de los niños fueron considerados bienes jurídicos de especial importancia para la sociedad, cuya afectación requería una sanción importante. Asimismo, surgen las normas o códigos de protección a los derechos de la infancia y las investigaciones científicas, desde diversas áreas del conocimiento, sobre el impacto de los abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Puntualmente, desde el punto de vista de la sociología, los abusos sexuales a niños empezaron a verse como un delito grave que debe perseguirse, a finales del Siglo XX, “prueba de ello es el hecho de que, en la primera década de este siglo, es el aumento del número de denuncias ante los tribunales de justicia”.[384]

 

 

Abuso o violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes

 

157. Estas expresiones denotan la comisión de alguna conducta de tipo sexual ejercida por un adulto, en contra de un sujeto menor de edad, con relevancia jurídico penal. Puntualmente, el término “abuso sexual” fue acuñado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), para referirse a las conductas que afectan la libertad, integridad y formación sexuales de los niños, niñas y adolescentes, respecto de las cuales los Estados deben adoptar todo tipo de medidas para evitar su comisión.

 

 

Conclusión. La pedofilia, la pederastia y la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes no son sinónimos. El último concepto referido es el único que tiene relevancia jurídico penal

 

158. A partir de lo expuesto, es preciso concluir que la pedofilia y la pederastia no son sinónimos.[385] Estos conceptos pueden distinguirse a partir de dos criterios. El primero es la acción. Los pedófilos tienen fantasías sexuales con niños que no siempre materializan, mientras que la pederastia implica la comisión de una conducta abusiva o violenta de carácter sexual en contra de un niño o niña.[386] El segundo tiene que ver con la caracterización de la conducta como trastorno. La pedofilia es considerada un trastorno sexual, mientras que la pederastia no. Algunos estudios, a partir del criterio de acción concluyen que “todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas”.[387] Sin embargo, esta conclusión resulta apresurada, porque no todas las personas que cometen una conducta de abuso sexual en contra de un niño, niña o adolescente, cumplen el estándar para ser diagnosticados con pedofilia. Tal y como lo precisó la Organización Mundial para la Salud, un evento aislado no indica que la persona tenga una tendencia sexual por los niños persistente o predominante que amerite un diagnóstico. De manera que, aunque es posible que una persona esté diagnosticada con pedofilia y cometa pederastia, está no es una regla general, ni inquebrantable. Algunos pedófilos nunca pasan a la acción y algunos pederastas no tienen trastornos sexuales, sino que actúan por oportunidad.

 

159. Asimismo, advierte que la pedofilia en sí misma no es punible. Al ser un trastorno sexual, suele quedarse en el mundo de las ideas y de las emociones. Solo adquiere relevancia jurídico penal en el momento en el que la persona decide materializar sus fantasías. Finalmente, destaca que el término pederastia suele utilizarse en contextos históricos para englobar las conductas que materializaban un acto de contenido sexual en contra de un niño o de una niña y la percepción de la sociedad sobre el carácter de esas conductas. Por el contrario, las expresiones abuso o violencia sexual recogen las conductas que afectan la libertad, integridad y formación sexual de los niños en los diferentes ordenamientos jurídicos y tienen relevancia jurídico penal, sin importar si son o no cometidas por las personas que sufren los trastornos referidos.

 

 

El fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes

 

160. Según la Organización Panamericana de la Salud, “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad […] mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo [constituyen violencia sexual]. [Dicha coacción] puede abarcar el ‘[…] uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.)’”.[388]

 

161. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, ha asegurado que “[l]a violencia sexual es un fenómeno criminal multidimensional, en término de sus causas, del tipo de poblaciones que afecta, de los móviles, de sus ejecutores, de las formas y los ámbitos en que se manifiesta y de sus consecuencias. Es una manifestación violenta de arreglos sociales de género que son discriminatorios, se exacerba en tiempos de guerra y se constituye como un mecanismo de dominación, que afecta de manera pronunciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA)”.[389]

 

162. Una de las manifestaciones de este tipo de violencia es la violación y el abuso sexual de los niños, las niñas y los adolescentes. Aquella corresponde a “la participación de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no entiende plenamente y con respecto a la que no está capacitado[/a] para dar su consentimiento fundamentado, o para la cual el niño, niña o adolescente no está preparado de acuerdo con su nivel de desarrollo y no puede dar su consentimiento, o que infringe las leyes o tabús de la sociedad”.[390] Con todo, esta categoría “está lejos de ser homogénea; por el contrario, esta abarca distintos tipos de comportamientos que suelen agruparse en subcategorías cuyos límites resultan bastante difusos”.[391]

 

163. Algunos teóricos han considerado que ese tipo de abuso está atravesado “por el ideario moderno de infancia y por el discurso de la inocencia infantil”.[392] En su criterio, la concepción de que los niños son seres frágiles, indefensos, incompletos, vulnerables y asexuados no solo conllevó a concluir que carecen de conocimiento y experiencia sexual, sino que, también, permitió advertir que la violencia que se perpetra en su contra con fines sexuales no es natural y, en esa medida, es inmoral. Lo expuesto, porque representa una ruptura del ideario social de lo que deben ser los niños y destruye su naturaleza intrínseca como seres asexuados.[393]

 

164. La violencia sexual en contra de las niñas, los niños y las adolescentes no siempre ha figurado en la agenda pública nacional e internacional. Fue en la década del sesenta, con ocasión de las manifestaciones del feminismo norteamericano de segunda ola y de la construcción del marco teórico del “maltrato infantil”, desde una perspectiva medicalizada, que la sociedad empezó a visibilizar este tipo de conductas como maltrato.[394] A partir de ese momento, este asunto apareció en el ámbito público como “un problema social [de] Occidente”.[395] Es más, la primera en considerar que la violación, el maltrato infantil y el abuso sexual intrafamiliar eran asuntos no solo públicos, sino políticos que demostraban la dominación del sistema patriarcal, fue Florence Rush, en discurso que dio en el año 1971.[396] Para algunos académicos, esta apertura de consciencia también estuvo relacionada con otros cambios sociales del Siglo XX, como la democratización de la vida familiar, la reivindicación de los niños como sujetos de derechos y la construcción de la categoría de víctima.[397]

 

165. El proceso descrito quedó consolidado con la expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, en la medida en que, con la ratificación de este instrumento, varios Estados se comprometieron a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para proteger a los niños de todo tipo de violencia. Ello facilitó la denuncia de los abusos cometidos en su contra, entre ellos, los de índole sexual; y, promovió una serie de actuaciones para garantizar que los Estados ajustaran su legislación y sus políticas públicas a los principios de ese tratado internacional.[398] Incluso, conllevó al desarrollo de una serie de actuaciones dirigidas a erradicar la violencia en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, a través de diversos medios como la tipificación de esas conductas que, con el paso del tiempo, se han convertido en “el principal modelo de atrocidad”.[399]

 

166. A continuación, se exponen las principales características de la violencia en contra de los niños, las niñas y los adolescentes. Para tal efecto, (i) se caracterizará este fenómeno criminal; y, (ii) se analizarán algunas de las cifras sobre la ocurrencia de este tipo de violencia. 

 

 

La violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes como un fenómeno delictivo de especial gravedad para la sociedad

 

167. Tal y como ya se explicó previamente, la violencia sexual en contra de los niños, las niñas y los adolescentes recoge todas las actuaciones de índole sexual que una persona en posición de poder (bien sea por su edad o por otra razón) despliega en contra de esta población, sin tener el consentimiento requerido; bien sea, porque la víctima carece de la capacidad de otorgarlo; o, porque fue obtenido mediante engaños, amenazas, violencia física o psicológica.[400] Este tipo de violencia reúne unas características especialísimas, en atención a (i) la naturaleza de los sujetos en ellas involucrados; (ii) a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que suele ocurrir; y, (iii) a los paradigmas que se han tejido en torno al abordaje de esta problemática.

 

168. En cuanto a los sujetos, los estudiosos del tema han destacado que, en estos casos, siempre existe una relación asimétrica de poder entre la víctima y el victimario que puede o no estar marcada por la edad.[401] Adicionalmente, las organizaciones internacionales han destacado que los niños y las niñas desarrollan un concepto propio de lo que les ocurre de conformidad con su edad y madurez. Además, dependen social, emocional y económicamente de los adultos encargados de su cuidado personal. De manera que, son más propensos que los adultos a ser engañados en escenarios de abuso o explotación y, generalmente, no comprenden que las actuaciones desplegadas en su contra son dañinas, incorrectas o criminales. Asimismo, han destacado que los niños suelen desarrollarse en entornos culturales que no los alientan a expresar sus emociones y sentimientos. Esta situación, aunada al miedo o a la angustia que les generan sus agresores, en especial cuando hacen parte del mismo núcleo familiar, desincentiva que denuncien las conductas de las cuales son víctimas.[402]

 

169. Un estudio reciente de UNICEF destacó que la adolescencia es el periodo de mayor vulnerabilidad en estos asuntos. Con fundamento en los datos recolectados de 60 países, advirtió que aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que sufrieron escenarios de violencia sexual durante su infancia manifestaron que los hechos violentos ocurrieron entre los 14 y los 17 años; mientras que, las dos restantes manifestaron que fueron victimizadas antes de los 13 años. Algo similar evidenció respecto de los niños. En esa oportunidad, estudió los datos aportados por 15 países sobre el asunto y concluyó que 7 de cada 10 hombres jóvenes víctimas de violencia sexual durante su infancia afrontaron esas conductas violentas entre los 14 y los 17 años. Los tres restantes aseguraron que los hechos victimizantes ocurrieron cuando eran menores de 13 años.[403] Aunque la entidad identificó que la cantidad de datos disponibles sobre estas afectaciones es menor, aseguró que algunos estudios sugieren que los hombres son menos dados a denunciar este tipo de situaciones, por diferentes razones, entre ellas, el miedo a ser vistos como vulnerables o indefensos.[404]

 

170. Asimismo, explicó que la mayoría de las mujeres víctimas tardan en decir que fueron agredidas sexualmente. Es más, 7 de cada 10 mujeres que fueron víctimas de estas conductas nunca se lo manifiestan a otra persona. Eso significa que solo 3 de ellas comunican su experiencia, de las cuales solo dos buscan apoyo de terceros, pero muy pocas consideran la idea de acudir a una asistencia formal.[405]

 

171. Por su parte, otras organizaciones han advertido que los agresores suelen ser personas cercanas a los niños, las niñas y los adolescentes, como, por ejemplo, integrantes de su familia, amigos o parejas sentimentales. Con todo, UNICEF aseguró que el 14% de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante su infancia y el 5% de los hombres que cumplían con las mismas condiciones fueron agredidos por extraños.[406] Estas personas suelen ejercer una posición de dominio respecto de sus víctimas y utilizan diversas estrategias para lograr su cometido, entre ellas, las amenazas, la seducción, el engaño, la mentira, el chantaje, el abuso de una posición de confianza o de autoridad, el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima, el uso de la fuerza o la violencia psicológica.[407]

 

172. Al respecto, algunos académicos han resaltado la importancia de deconstruir algunos mitos acerca de las características de los agresores. Esto, en la medida en que la sociedad suele considerar que los agresores son exclusivamente hombres incapaces de controlar sus impulsos sexuales con determinada condición socioeconómica. Sin embargo, las cifras demuestran que los agresores “pueden pertenecer a cualquier estrato social, vivir en la ciudad o en un medio rural, tener cualquier nivel educativo, profesión o actividad, pueden pertenecer a cualquier raza o religión”.[408] En esa medida, señalan que las mujeres también cometen esas conductas y que los agresores no cuentan con un perfil psicológico, ni con un trastorno mental particular, motivo por el cual son conscientes de la gravedad de los hechos y de su carácter punible.

 

173. Adicionalmente, resaltan que los padres biológicos suelen ser los principales responsables de los abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, seguidos por los familiares cercanos, luego por los conocidos de la familia y, finalmente, por los desconocidos.[409]

 

174. Con fundamento en ello, algunos estudiosos del tema han clasificado a los abusadores en dos categorías.[410] La primera de ellas corresponde a la de los agresores extrafamiliares que está compuesta por personas con impulsos, intereses y fantasías sexuales, que suelen ser solitarias y no han tenido relaciones sexuales exitosas. Y, la segunda es la de los abusadores intrafamiliares, endogámicos o incestuosos. Esta se conforma por personas que suelen dirigir su interés sexual preferentemente a las niñas de su familia, tienen una buena integración social y suelen mantener una fachada intachable. De modo que, los niños, las niñas y los adolescentes no están a salvo de este flagelo en ningún lugar. De hecho, los lugares que deberían representar los niveles más altos de seguridad para ellos son los que les generan mayores riesgos.[411]

 

175. Ahora bien, los estudios proferidos desde el área de la psicología destacan que, sin importar su clasificación, los agresores “suelen haber vivido su infancia en hogares donde existió una marcada carencia de cuidados parentales, en hogares donde las relaciones familiares eran extremadamente rígidas y distantes, o bien en hogares donde eran cotidianos el maltrato y el abuso sexual”.[412] Muchos de ellos vivieron historias de maltrato y de abuso sexual durante su infancia.[413] Además, indican que suelen afrontar una distorsión en la que consideran que los niños, las niñas y los adolescentes deben cumplir todos los roles, incluidos, aquellos de naturaleza sexual y, en esa medida, los conciben “como objetos que sirven para satisfacer sus necesidades”.[414] También resaltan que los agresores suelen ser adultos entre los 30 y los 50 años. Específicamente, hombres que “[u]tilizan su sexualidad como un arma para ejercer poder y reafirmar de este modo su autoestima masculina y confirmar que quien tiene el poder se sirve de su superioridad para infligir violencia a aquel que no lo tiene”.[415]

 

176. Respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar, en las que ocurren estas conductas, resulta oportuno destacar que aquellas pueden cometerse con o sin contacto físico. En esa medida, pueden involucrar expresiones de “incitación verbal, manoseos o peticiones sexuales, exhibición de genitales, mostrar películas, imágenes pornográficas o de violencia sexual, sexo oral, penetración anal, genital u oral con cualquier objeto o parte del cuerpo”.[416] Además, puede cometerse dentro del núcleo familiar o por fuera de él, aunque la mayoría de los casos ocurren dentro del hogar.[417]

 

177. En cuanto a la violencia sexual infantil intrafamiliar, algunos autores han señalado que se desarrolla en cinco fases. En la primera, denominada seducción, el agresor presenta los actos abusivos como juegos o como conductas normales y manipula a la víctima para que participe de ellos. Durante la segunda etapa, conocida como la interacción sexual abusiva, “usualmente el abusador comienza con gestos de exhibicionismo y/o voyerismo, siguiendo por manoseo de los genitales, obligando a la víctima a tocar los suyos, a realizar actos masturbatorios, felaciones y/o penetraciones”. En la tercera fase, llamada “del secreto”, el victimario impone la ley del silencio al niño, niña o adolescente, a través de amenazas relacionadas con su integridad o con la de su familia o de estrategias de manipulación. Posteriormente, en la cuarta etapa, ocurre el fenómeno de la divulgación, bien sea por un accidente o porque el niño informa de la situación a un tercero. Esta fase genera una crisis familiar y desencadena un gran sentimiento de culpa en la víctima. Finalmente, la quinta etapa llamada “represiva” corresponde al fenómeno de la negación de lo ocurrido al interior de la familia, con fundamento en el efecto desestabilizante de la situación. Usualmente, esta estrategia cuenta con la participación del agresor.[418]

 

178. Otro de los factores destacados por los autores sobre este tipo de conductas es el silenciamiento de las víctimas. En su criterio, los niños, las niñas y los adolescentes son renuentes a develar la situación que viven, por varias razones. Algunas de ellas, consideradas como externas, tienen que ver con (i) las amenazas de agresión o muerte, (ii) el temor a las consecuencias que ello pueda generar en sus familias, (iii) el riesgo de ser acusados de complicidad o complacencia con el abuso, y, (iv) la posibilidad de ser estigmatizados o rechazados. Otras están relacionadas con los sentimientos de culpa, vergüenza o menosprecio que afrontan las víctimas,[419] quienes suelen carecer de un interlocutor válido dispuesto a creer en su relato. Estos sentimientos son más evidentes en las víctimas de violencia sexual intrafamiliar que en aquellos casos que ocurren fuera del núcleo familiar. Adicionalmente, las víctimas padecen un temor frecuente que otras personas se den cuenta que sus cuerpos han sido dañados.[420]

 

179. Esta característica se exacerbó durante el periodo de aislamiento ocasionado por la pandemia COVID-19. En efecto, algunos académicos han señalado que esa situación conllevó a que las víctimas tuvieran que convivir 24 horas diarias con sus agresores y redujo los espacios que los niños tenían para comunicar su situación, como, el colegio o los centros de salud que son vitales para la recepción de denuncias de estas conductas. En esa medida, prefirieron mantener su silencio.[421] A pesar de la ausencia de cifras por el silenciamiento, algunos autores señalaron que: (i) el 75% de los abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes durante esa época fueron cometidos por familiares o personas del entorno familiar; (ii) nueve (9) de cada diez (10) fueron perpetrados por padres, padrastros, abuelos, tíos o hermanos; y, (iii) aproximadamente la mitad de las víctimas conviven con sus agresores.[422]

 

180. Sobre mitos y tabúes sociales en torno a este tipo de conductas, varias organizaciones han señalado que esas aproximaciones han impedido el análisis profundo de esa problemática.[423] Además, las entidades han identificado algunos paradigmas que han impedido el abordaje de la violencia sexual en contra de los niños, las niñas y los adolescentes; tales como, (i) el pánico moral; y, (ii) el adultocentrismo. Respecto del primero, algunas autoras han señalado que este tipo de violencia ha sido abordada desde un “pánico moral” que ha difundido la figura del pedófilo y la idea de que el depredador sexual es externo a la familia.

 

181. Sin embargo, esa aproximación es una especie de mito “que impregna las representaciones colectivas en torno a la violencia sexual y que opera incluso entre los agentes de organismos asistenciales y judiciales de protección de la infancia, impidiendo el reconocimiento, la denuncia y la intervención sobre el abuso sexual intrafamiliar. […] [L]a imagen estereotipada del violador de niños […] como depredador externo y reincidente impide pensar que las violencias sexuales puedan darse al interior de la familia”.[424] Así, la narrativa mediática contribuye a silenciar el hecho de que este tipo de conductas ocurren en el día a día de los niños y en los espacios en los que deberían sentirse más seguros, como su propio hogar. En los términos de Julieta Grinberg, “[l]a construcción del incesto como un acto extraordinario cometido por individuos monstruosos impide percibir la frecuencia de esta forma de violencia sexual que tiene lugar en el ámbito de la familia sobre niñas/os/es. Para la autora, estas operaciones serían parte del “silencio pesado” (2016, p. 211) que abarca diversos niveles: el de la familia incestuosa, de la sociedad y de las ciencias sociales”.[425]

 

182. Al respecto, la Defensoría del Pueblo aseguró que, en Colombia, el incesto y la iniciación sexual temprana de los niños por parte de sus familiares o de las personas con poder dentro de sus comunidades son prácticas sociales que han naturalizado la violencia sexual en contra de esa población. Esto, en la medida en que responden a las dinámicas propias de una sociedad patriarcal. Aunque esta conducta se encuentra tipificada dentro del ordenamiento jurídico, lo cierto es que existe un subregistro en esa materia por la poca importancia otorgada a nivel social e institucional. De modo que, es necesario promover actuaciones que sensibilicen a la comunidad frente a prácticas sociales y culturales que legitiman la violencia sexual de los adultos hacia los niños.[426]

 

183. En cuanto al adultocentrismo, la entidad referida manifestó que esta idea de que los adultos son superiores a las generaciones jóvenes y tienen acceso a ciertos beneficios ha impedido el abordaje integral de la violencia sexual en contra de esta población. Esto, en la medida en que este paradigma ha generado que la voz de los niños, las niñas y los adolescentes no sea del todo escuchada, ni en escenarios privados, ni públicos.[427] Para esa entidad, la idea de que los relatos de los niños y de las niñas surgen de la fantasía, imaginación e invención impide validar y legitimar sus testimonios de forma adecuada y oportuna.[428]

 

184. Para esa entidad, el paradigma señalado también está relacionado con el hecho de que el abordaje de este tipo de violencia este enfocado en el delito y en la judicialización del victimario. En su criterio, esta perspectiva hace que el sistema no valore adecuadamente a la víctima y les exige rendir varias veces sus testimonios, lo que las somete a experimentar graves procesos de revictimización.[429]

 

185. Finalmente, en cuanto a las consecuencias de estas actuaciones en la vida de las víctimas, los estudiosos del tema han manifestado que este tipo de conductas generan consecuencias físicas, cognitivas, psicosociales, económicas y emocionales gravísimas e incuantificables para las víctimas que perduran hasta su edad adulta.[430] Esto, en la medida en que aquellas imponen barreras al desarrollo de sus proyectos de vida y generan afectaciones sociales de alto impacto, los cuales, a su vez, suscitan graves violaciones a sus derechos humanos.[431] En cuanto a las consecuencias físicas, algunas organizaciones han destacado que los niños y las niñas afrontan un mayor riesgo de sufrir lesiones, de contraer infecciones de transmisión sexual o complicaciones en caso de embarazo.[432]

 

186. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ha manifestado que la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes genera varias consecuencias físicas, como, por ejemplo, un amplio riesgo de embarazo temprano, trastornos alimenticios como la bulimia nerviosa, desgarramiento o sangrados vaginales o anales, enfermedades de transmisión sexual, afectaciones psicosomáticas, cefaleas, fibromialgias, trastornos gastrointestinales y altos niveles de estrés y malestar.[433] Además, indicó que produce afectaciones psicológicas como los trastornos de estado de ánimo, los trastornos límite de personalidad, las conductas autodestructivas, ideación suicida, baja autoestima, síndrome y trastorno de la conducta disruptiva.[434] Frente a este tipo de consecuencias, la entidad afirmó que “las víctimas viven situaciones como baja autoestima, depresión, ira, irritabilidad, aferramiento extremo a no separarse de la figura protectora, inestabilidad emocional, rechazo a la propia corporalidad, interés desmedido por aspectos sexuales de adultos, ansiedad, sentimiento constante de desaprobación e ideaciones suicidas”.[435]

 

187. Incluso, señaló que ese tipo de violencias generan daños cognitivos como conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, así como, bajo rendimiento académico.[436] Al respecto, retomó algunos estudios para destacar que “las niñas maltratadas presentan mayores afectaciones en la capacidad de abstracción, de razonamiento, en la inteligencia verbal y en la memoria a corto plazo, respecto a los niños maltratados; […] también encontró que tanto en niñas como en niños maltratados se afecta la capacidad atencional, la velocidad de procesamiento y el lenguaje”.[437]

 

188. En conclusión, la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno criminal atroz que vulnera todos los derechos fundamentales de sus víctimas y genera consecuencias gravísimas para las personas que la padecen. Estas conductas no conocen límites de ninguna clase. Pueden ocurrir en cualquier escenario y contexto, por personas de diversas características. Sin embargo, los escenarios de cuidado que suelen asimilarse con espacios seguros son los más propicios para la comisión de este tipo de conductas. De modo que, los niños, las niñas y los adolescentes están expuestos a este tipo de vejámenes en todo momento y lugar, a pesar del compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de abuso sexual en su contra.

 

 

Magnitud del fenómeno de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes

 

189. La violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes tiene repercusiones directas en su vida, integridad, salud, dignidad y desarrollo y de sus familias. En esa medida, constituye una violación de todos los derechos fundamentales de las víctimas.[438] En los términos del Colegio Colombiano de psicólogos, este flagelo es un problema estructural,[439] que “puede ocurrir tanto en ámbitos de criminalidad cotidiana (familia, vecindario, escuela, entre otros), como de criminalidad organizada y del conflicto armado”.[440]

 

190. Aunque se han desarrollado múltiples aproximaciones diagnósticas y el Legislador ha generado una serie de normas robustas para responder a esta situación,[441] lo cierto es que la caracterización de esta problemática enfrenta varias dificultades sociales y económicas que impiden determinar la dimensión del fenómeno criminal,[442] porque este tipo de delitos suelen ocurrir fuera del alcance de testigos y en contextos en los que la denuncia del agresor puede generar consecuencias nocivas para la víctima, como el abandono, la disminución en los ingresos del hogar, entre otros.[443] De modo que, existe un subregistro de casos que genera dificultades evidentes en la caracterización de esta situación.

 

191. A pesar de lo expuesto, la Organización Mundial para la Salud (OMS) señaló que “una de cada 5 mujeres y uno de cada siete hombres declararon haber sufrido abusos sexuales durante la infancia”.[444] Por su parte, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (en adelante UNICEF) realizó las primeras estimaciones sobre este fenómeno criminal en el año 2024. Como resultado de ese proceso, el Fondo aseguró que una de cada ocho niñas y mujeres sufrieron abusos sexuales durante su infancia. Eso significa que, aproximadamente, 370 millones de niñas y mujeres en el mundo han sido víctimas de este flagelo, de las cuales 45 millones se encuentran ubicadas en América Latina y el Caribe.[445] Además, indicó que esa cifra se eleva a 650 millones de víctimas, cuando se considera la violencia sexual que es desarrollada en línea y sin contacto físico.[446] Por otra parte, manifestó que uno de cada once niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales durante su infancia, de modo que, entre 240 y 310 millones de niños han sufrido violencia sexual en su niñez, cifra que se eleva a un rango de 410 a 530 millones, cuando se tiene en cuenta el abuso sin contacto físico.[447] En todo caso, UNICEF aseguró que la falta de datos sobre el asunto persiste, en especial, respecto de las violencias perpetradas en contra de niños y hombres. Por tanto, puso de presente la importancia de aumentar la inversión para mejorar la recopilación de datos y asegurar una evaluación exacta de la violencia sexual perpetrada en contra de niñas, niños y adolescentes.[448]

 

192. A nivel nacional, en el año 2023, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que reveló que “la mayoría de los casos [de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes] corresponden a situaciones que se dan al interior de sus grupos familiares y comunidades en donde confluyen diferentes factores sociales como la pobreza, el conflicto armado y la baja presencia institucional”.[449] Con fundamento en las cifras reportadas durante el año 2022 por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría aseguró que “el posible agresor que tiene mayor frecuencia de identificación es un familiar (49,17%), seguido de un conocido (21,12%)”.[450] Asimismo, señaló que “en el diagnostico planteado a partir de las diferentes mesas de organizaciones sociales e interinstitucionales, desde la gran mayoría de los participantes se identificó el entorno familiar como el principal escenario de violencia sexual contra NNA”.[451] A partir de ello, resaltó que los datos registrados permiten señalar que la violencia sexual suele ser perpetrada por personas que pueden aprovecharse de su cercanía a niñas, niños y adolescentes, es decir, por sujetos allegados a la familia, padres, abuelos, cuidadores y amigos de los padres.[452]

 

193. En ese mismo informe, la Entidad destacó que, a pesar de lo alarmante de las cifras previas, niñas, niños y adolescentes también son víctimas de violencia sexual en otros entornos. A manera de ejemplo, destacó que, con corte al 2022, el 4,5% de los exámenes medicolegales practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal a niñas, niños y adolescentes estaba asociados a abusos sexuales cometidos en su contra en el escenario escolar. Además, indicó que el Ministerio de Educación reportó que, entre el 2018 y el 2022, recibió 876 denuncias por violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.[453] Luego, resaltó que los estudios cualitativos demuestran que los entornos comunitarios y el espacio público, entre ellos, el transporte público, también son escenarios de riesgo para niñas, niños y adolescentes. Esto, en la medida en que los estudiantes de varias regiones del país identificaron que el transporte, público y privado, es el espacio de mayor riesgo para ser víctimas de violencia sexual.

 

194. Por otra parte, destacó que niñas, niños y adolescentes corresponden a las poblaciones más vulnerables en los territorios que tienen presencia de conflicto armado. A partir de los datos registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, la Defensoría señaló que el 10,9% de los casos reportados durante el 2020, corresponden a abusos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.[454] Además, resaltó que “según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), en adelante CNMH, ‘[u]n 30 % de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niñas o adolescentes’, lo que demuestra la particular vulnerabilidad que tienen los NNA de ser víctimas de ataques contra su dignidad humana en este tipo de entornos. La dinámica del conflicto interno implica en sí misma una comprensión deshumanizada hacia la generalidad de los civiles por parte de los combatientes. Sin embargo, según el CNMH (2017) existen implicaciones diferenciales frente a las concepciones de fragilización otorgadas a los NNA, puesto que esto trae como consecuencia la apropiación de sus cuerpos como objetos serviles a las lógicas de la guerra que desempeñan diversos roles como informantes, mensajeros, cocineros, soldados”.[455]

 

195. Por su parte, en ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) que entregara un reporte sobre el Sistema Nacional de Alertas Tempranas establecido para brindar una respuesta temprana y eficaz frente a la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Para justificar su requerimiento, la entidad puso de presente que la Policía Nacional reportó que a lo largo del año se presentaron 4.605 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 3.690 estaban dirigidos en contra de adolescentes. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró la práctica de 12.899 exámenes medico legales por este tipo de violencias entre enero y agosto de 2023. Y, finalmente, el mismo ICBF registró 11.135 casos, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

 

196. Para la Entidad, el entorno educativo merece especial atención. Esto, en la medida en que el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE-, reportó 1.351 casos de agresión escolar, relacionados con abusos sexuales, de los cuales 1.123 ocurrieron en instituciones educativas oficiales y 228 en colegios no oficiales.[456]

 

197. A su turno, el Instituto Nacional de Medicina Legal señaló su preocupación por el incesante aumento en las valoraciones medicolegales por presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Al respecto, indicó que, a pesar del aumento en las sanciones penales para este tipo de conductas, las valoraciones están en constante aumento.[457] En sus propios términos aseguró que:

 

“Este tipo de delitos en niños, niñas y adolescentes han sido un flagelo, es una gran problemática que deja huella no solamente en la salud mental del menor que ha sido víctima, sino en su entorno familiar y social; situación que ha generado alarma y la adopción de medidas que permitan mitigar este tipo de maltrato infantil. Las medidas adoptadas en el territorio colombiano se han orientado a contrarrestar el abuso sexual y el acceso carnal violento, generando acciones encaminadas a la atención, prevención y sanción por la comisión del delito, pero han sido escasos los esfuerzos para reducir significativamente este tipo de violencia”.[458]

 

198. En términos generales, el Instituto señaló que, durante el último decenio, realizó 231.805 valoraciones medico legales por presunto delito sexual. Es decir, 23.181 casos por año. Sin embargo, advirtió que el número de registros obtenidos en el 2022 y en el 2023 superaron de forma considerable la media señalada. Sobre el año 2023, indicó que, a lo largo del año, efectuó 34.349, de las cuales el 81.17% estaban relacionadas con delitos presuntamente cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.[459]

 

199. En ese sentido, advirtió que “[h]istóricamente las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual han sido en su mayoría mujeres, para el 2023 representaron el 87,96 % de las valoraciones por este tipo de actos, el 80,32 % eran niñas y adolescentes; adicionalmente se resalta un porcentaje significativo de hombres víctimas (2,03 %), de los cuales el 87,44 % correspondía a niños menores de edad; por tanto, la población más vulnerable a este tipo de delitos son los niños, niñas y adolescentes De igual forma, es importante anotar que la tasa más alta registrada para el 2023 correspondió a NNA entre 10 a 14 años de edad (262,83) para ambos sexos, pero en mujeres en esas edades casi duplica ese valor. Lo anterior, concuerda con lo referido por la OMS (7) cuando afirma ‘una de cada cinco mujeres ha sufrido abusos sexuales en la infancia’, y con los hallazgos de estudios realizados y analizados por Contreras y otros (6), donde revelan los altos niveles de violencia sexual contra las mujeres adolescentes en una edad media de 10.5 años”.[460]

 

200. Estas cifras coinciden con los datos sobre el nivel educativo de las víctimas, pues el fato que predomina “es educación básica primaria (69,49 %), seguido de la educación inicial y preescolar (66,96 %); en menor proporción (37,96 %) refirieron que contaban con educación secundaria (básica y media), y solamente el 18,17 % no tenían ninguna escolaridad (el 77,94 % corresponde a menores de 4 años de edad). El anterior panorama, es acorde con las edades de la población víctima de este tipo de violencias, menores en situación de vulnerabilidad”.[461]

 

201. Sobre los agresores, destacó que el 93,84% de los casos fueron cometidos por familiares, conocidos, parejas o exparejas, amigos y encargados del cuidado de los niños. Esto, con la siguiente distribución “familiar (47,93 %), conocido (24,88 %), pareja o expareja (12,16 %), amigo (8,41 %), encargado del cuidado (0,33 %) y personal de custodia (0,13 %); el 5,06 % era agresor desconocido y el 0,42 % hacían parte de la delincuencia común”.[462] Además, precisó que el 78,33% de los casos violentos ocurrieron en el hogar, durante la ejecución de actividades vitales, domésticas o relativas al cuidado.[463]

 

202. En cuanto al tipo de conducta, la Entidad señaló que “la mayoría de los casos se presentaron en el marco de violencia sexual (94,40 %), de los cuales el 81,28 % estuvieron relacionados con abuso sexual, seguido de acceso carnal violento (9,15 %), acoso sexual (3,50 %), asalto sexual (3,09 %) y agresión o ataque sexual (1,31 %); adicionalmente se anota que los casos relacionados con explotación sexual y comercial, esclavitud sexual o prostitución forzada, aumentaron con respecto al año anterior (siendo en su mayoría menores de edad); lo que genera alarma en el territorio nacional, al ser un problema de salud pública de difícil identificación para su judicialización, por tanto, en muchos casos es invisibilizado”.[464]

 

203. A partir de lo expuesto, concluyó que este tipo de violencia ha traspasado la esfera íntima y privada de las personas, pues los agresores realizan todo tipo de actuaciones para aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad de sus víctimas. En su criterio, eso hace que “escenarios como las viviendas, donde pasan la mayor parte de tiempo, no sean un lugar seguro”.[465] De modo que, a pesar de la implementación de estrategias para la prevención y judicialización de estos delitos, aún persisten situaciones que invisibilizan este flagelo. A su juicio, esta situación se ve agravada por la evolución de este tipo de conductas y su comisión a través de medios telemáticos. Por ello, recomendó la implementación de estrategias que permitan la identificación y persecución efectiva de estos delitos y no solo se queden en mitigar el impacto negativo y las secuelas de estas conductas en la vida de las personas.[466]

 

204. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reportó una serie de cifras sobre las investigaciones adelantadas por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños menores de 14 años, en su portal de datos abiertos.[467] Según ese registro, entre el 2010 y abril del 2025, el ente acusador adelantó 126.453 investigaciones por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo en contra de menores de 14 años;[468] 41.781 por actos sexuales violentos en contra de esa misma población;[469] 188.141 por actos sexuales no violentos en contra de estos niños;[470] y, 3.846 por demanda de explotación sexual en contra de personas menores de 18 años.[471]

 

205. Puntualmente, para el año 2024, la Entidad registró 11.577 ingresos por el delito de acceso carnal abusivo; de los cuales el 40,9% corresponde a actos urgentes; el 51% a denuncias; el 2,5% a compulsas de copias y el 5,5% a investigaciones de oficio. Asimismo, reportó alrededor de 5-985 casos nuevos por el delito de acto sexual violento en contra de personas menores de 14 años; y, 15.265 por el mismo delito cuando es cometido sin violencia. Finalmente, informó que la entidad inició 460 investigaciones nuevas por el delito de demanda de explotación sexual en contra de personas menores de 18 años, de las cuales el 32,6% fueron iniciadas por actos urgentes; 4,1% por compulsas de copias; 5,4% por investigaciones de oficio; y, 57,8% por denuncias.[472]

 

206. En conclusión, el fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una problemática muy seria a nivel nacional que suele ocurrir en escenarios familiares y espacios privados como los entornos escolares.

 

207. Hasta el momento, las entidades públicas no han publicado estudios que analicen la incidencia de este tipo de abusos en entornos religiosos. Con todo, el director del Instituto de Antropología para Estudios Interdisciplinares sobre la Dignidad Humana y el Cuidado de las personas vulnerables de la Universidad Gregoriana y miembro de la Comisión para la protección de niñas, niños y adolescentes instituida por el Papa Francisco señaló que la cifra de abusos sexuales cometidos específicamente por la Iglesia Católica en su contra en Latinoamérica sería equiparable a la reportada en Europa. Aunque no se refirió al número de víctimas, señaló que “los sacerdotes acusados de abusos suponen entre el 3 y 5 por ciento del clero en un periodo de tiempo que abarque los últimos 75 años”.[473]

 

208. Por esa razón, a continuación, es preciso presentar una caracterización del fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en escenarios religiosos. Si bien ese entorno no ha sido identificado como el de mayor incidencia, lo cierto es que es el que está directamente relacionado con la problemática propuesta en los fallos objeto de revisión en este proceso.

 

 

Características de la pederastia en escenarios religiosos

 

209. Diversos estudios han centrado sus esfuerzos en establecer las características de la violencia sexual que se comete en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de clérigos, sacerdotes, ministros o predicadores vinculados a toda clase de instituciones religiosas, cualquiera que sea el credo que practiquen. A partir de estudios cualitativos de los casos reportados en los diferentes credos, la academia ha identificado algunas características de (i) los agresores; (ii) el abuso sexual cometido; (iii) el relato de los hechos frente a terceros; (iv) la respuesta de las instituciones; (v) las víctimas y (vi) los impactos de la agresión en sus vidas, que resultan comunes a todos los credos y religiones analizadas. Asimismo, han precisado (vii) algunos sesgos del conocimiento que deben ser rebatidos. 

 

 

Características de los religiosos o clérigos que incurren en abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes

 

210. Respecto de los victimarios, los estudios advierten que la mayoría son hombres idealizados y admirados por la comunidad. Aparentemente, tienen altos estándares morales y, en algunos casos, incluso son descritos con características divinas. Además, se ven como los encargados de cuidar del bienestar emocional y espiritual de las víctimas.[474] Sin embargo, no hay patrones psicológicos, familiares o sociales que resulten trasversales a los diferentes credos, salvo su “estatus” dentro de la comunidad. Algunos están casados otros no, algunos se ubican en el área rural otros en la urbana y tienen diferentes niveles de educación. En su gran mayoría, actúan por oportunidad, más no por trastornos sexuales como la pedofilia. Además, aproximadamente, el 58,2% de los agresores fueron víctimas primero.[475]

 

 

Aspectos comunes de los escenarios de abuso sexual infantil en escenarios religiosos

 

211. Según los estudios en la materia, el poder, la autoridad, la reverencia, la confianza y la estima depositados en estos clérigos, ministros, predicadores o sacerdotes facilitaron la comisión de las conductas sexuales en contra de las niñas, niños y adolescentes de los diferentes credos.[476] Su posición les permitió acercarse no solo a sus víctimas para involucrarlas en conductas sexuales, sino a sus familiares y cuidadores para ganarse su confianza y lograr espacios a solas que viabilizaran la comisión de las conductas. Ciertamente, en la mayoría de los casos analizados, los encargados del cuidado de los niños se sintieron privilegiados de contar con el apoyo del agresor en su educación. Por tanto, no pudieron advertir de forma oportuna que esas personas podían causar daño o abusar sexualmente de los niños que estaban bajo su cuidado, especialmente, aquellos que consideraban a sus clérigos, ministros o sacerdotes como los representantes de Dios en la tierra, lo que les permitió actuar casi que bajo impunidad.[477]

 

212. Al comparar los escenarios de abuso sexual en contra de niños cometidos por religiosos, con escenarios seculares, los académicos advirtieron que las instituciones religiosas tuvieron una mayor influencia y participación en la vida diaria de las personas, en su cultura e intimidad que otro tipo de entidades. En su criterio, ese contexto particular incrementó las posibilidades de que los clérigos, ministros o sacerdotes abusaran de los niños y generó mayores dificultades para que las víctimas informaran a sus familias o a las autoridades de las situaciones que atravesaban,[478] en la medida en que la mayoría de los agresores acudieron a las creencias religiosas de los niños y de sus familias para manipularlos y facilitar la comisión de la conducta.[479] Algunos utilizaron la espiritualidad de los niños para manipularlos, otros buscaron entrar en la dinámica familiar para visitar los hogares recurrentemente, otros crearon circunstancias particulares para estar a solas con la víctima como lecciones privadas o confesiones, otro disfrazaron la conducta como un asunto de educación sexual, otros aprovecharon su rol de guía espiritual y otros explotaron circunstancias particulares como las rupturas matrimoniales o la muerte de algún familiar para alcanzar el acercamiento que esperaban.[480]

 

213. Respecto de la manipulación espiritual, la Comisión establecida en Australia para investigar este contexto destacó que, en varias oportunidades, los niños fueron amenazados con ser enviados al infierno, si no aceptaban el abuso sexual o lo ponían en conocimiento de terceros. Para la entidad, esa forma de intimidación tuvo un impacto muy poderoso en las víctimas, porque se hizo en el nombre de Dios.[481] Asimismo, resaltó que varias víctimas denunciaron el uso indebido de prácticas o ritos religiosos para facilitar el abuso, como, por ejemplo, buscar un acercamiento durante la confesión de sus pecados o utilizar ritos, símbolos o expresiones propias de la creencia religiosa durante la comisión de la conducta de índole sexual.[482]

 

214. Finalmente, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar de los abusos, los académicos no identificaron un patrón común a los comportamientos. Con todo, advirtieron que, generalmente, las denuncias estuvieron relacionadas con la comisión de actos sexuales abusivos en contra de los niños, niñas y adolescentes, tales como, las caricias en las áreas genitales.[483] En esa medida, los casos que involucraron penetración fueron menos recurrentes en los escenarios religiosos que en los abusos cometidos en otros contextos.[484] Además, advirtieron que las conductas suelen ocurrir en lugares de oración, colegios, residencias institucionales, dentro de las casas de las víctimas o en los sitios destinados para el desarrollo de actividades religiosas o recreacionales.[485]

 

 

Publicidad de los relatos de las víctimas sobre la conducta que vulneró sus derechos

 

215. En promedio, las víctimas tardaron 23,9 años en decirle a alguien que fueron abusadas y muchas de ellas jamás lo verbalizaron. Esto ocurrió porque los niños, niñas y adolescentes afrontan barreras casi inquebrantables para denunciar o contar que fueron o son víctimas de violencia sexual por parte de los líderes espirituales de sus religiones. En algunos casos, esas limitaciones subsisten hasta la adultez.[486]

 

216. Según los estudios en la materia, parte importante de las víctimas fueron educadas en contextos religiosos muy conservadores o restrictivos, en los cuales la sexualidad suele ser un tabú y la educación sexual no resulta muy común. Por esa razón, los niños de esas comunidades, incluso, tienen dificultades para nombrar las partes del cuerpo.[487] Otros advirtieron que hacían parte de escenarios religiosos en los que no podían tener contacto con otros sectores de la misma comunidad o de la sociedad en general.[488] Ese contexto, en varias ocasiones, les impidió identificar que la conducta que desplegada sobre ellos era abusiva y tenía una connotación delictiva, motivo por el cual debían denunciarla, lo que los dejó muy vulnerables frente a los escenarios de violencia sexual que afrontaban.[489] Además, las víctimas decidieron guardar silencio, porque fueron renuentes a generar un daño reputacional a su iglesia y sintieron miedo de ser excluidos de sus familias y de sus comunidades religiosas.[490]

 

217. En comparación con contextos seculares, muy pocas víctimas de abuso sexual perpetrado por clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros denunciaron los hechos mientras ocurrían y la mitad de esas acusaciones fueron presentadas ante las mismas autoridades eclesiásticas. En efecto, la mayoría de las personas revelaron que sufrieron un abuso sexual después de que la situación terminó.[491] Generalmente, las denuncias fueron presentadas a la policía o a las instituciones religiosas; y, de manera menos frecuente, a los profesionales de la salud física y mental, a las instituciones encargadas del bienestar o de la protección de niños y a sus amigos. Para los académicos, esta situación demuestra que las instituciones religiosas tienen una influencia superior sobre las personas que otras autoridades.[492]

 

Respuestas institucionales

 

218. Ante las denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en una época, las instituciones religiosas prefirieron proteger la reputación de la organización y de los agresores, por encima de los derechos de las víctimas.[493] En efecto, varios de los sobrevivientes a estas vulneraciones indicaron que las autoridades eclesiásticas no creyeron sus relatos, otras minimizaron la situación para concluir que no constituía delito y otras simplemente desacreditaron su versión de los hechos. En su criterio, en una época, las organizaciones hicieron todo lo posible por proteger la reputación de sus religiones y de sus ministros, a través de distintas estrategias.

 

219. Algunas comunidades decidieron no denunciar la situación ante las autoridades civiles, a pesar de que eran conscientes de que constituía un delito. Esta postura se mantuvo en una época, incluso, en aquellos casos en los que los clérigos o sacerdotes aceptaron ante los líderes de sus religiones que habían cometido múltiples abusos en contra de niños, niñas y adolescentes. Las instituciones religiosas prefirieron manejar la situación al interior de la comunidad y se mostraron renuentes a remover a los agresores de sus posiciones dentro de la estructura de la organización. En consecuencia, optaron por: (i) implementar medidas suaves al interior de la comunidad, tales como, trasladar a los clérigos sin informar de la situación o acudir a la confesión para alcanzar el perdón y olvido de los pecados, con el fin de evitar las denuncias ante las autoridades públicas; y, (ii) manipular psicológicamente, amenazar o castigar a las víctimas, para evitar que publicaran la situación.[494] Algunas víctimas reportaron que quedaron en embarazo producto de la agresión cometida por los líderes religiosos. Sin embargo, los agresores con la anuencia de las instituciones realizaron actuaciones que las llevaron a perder su bebé, las forzaron a abortar o a casarse para remediar la situación.[495]

 

220. Otras instituciones, aunque desconocían el trastorno sexual de la pedofilia, sabían que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes era un delito. Sin embargo, lo catalogaron como una aberración, un incidente aislado o como un pecado o una falta moral perdonable. Al malinterpretar los abusos, consideraron que podían dar una segunda oportunidad a los involucrados, a través de nuevos nombramientos.[496] Por esa razón, trataron los asuntos al interior de la institución, a través del perdón y el olvido.[497]

 

221. En conclusión, la cultura del secreto frente al abuso, las prácticas y las creencias religiosas conllevaron a que en una época las autoridades clericales trataran de forma inadecuada los casos de abuso reportados por los niños, a través de respuestas suaves con los agresores que les permitieran mantener a sus credos a salvo y los blindara tanto del escrutinio público, como de asumir la responsabilidad que les correspondía.[498]

 

222. Con todo, en la década de los noventa, algunas instituciones adoptaron protocolos de acción frente al abuso sexual de niños. Aunque algunas víctimas reportaron experiencias positivas, en la mayoría de los casos las experiencias fueron difíciles. Las víctimas se sintieron asustadas y las comunidades religiosas fallaron en otorgarles una respuesta adecuada durante el proceso de reparación, los litigios civiles y los procesos penales. Para los sobrevivientes a estas situaciones, los procesos fueron demasiado técnicos, poco transparentes, no involucraron unas disculpas sinceras, solo en algunos eventos hubo una disculpa general y fallaron en reconocer los devastadores impactos a largo plazo del abuso sexual en las victimas, los sobrevivientes y sus familias.[499]

 

223. Al analizar la respuesta institucional de varias organizaciones religiosas, los académicos identificaron que, la cohesión de la comunidad religiosa puede romperse, cuando la inadecuada reacción de las organizaciones sale a la luz. Ciertamente, las congregaciones pueden dividirse cuando se revela que el abuso sexual en contra de los niños es extensivo o cuando las instituciones intentan conciliarlo. De hecho, ante esas situaciones, varios feligreses se sintieron traicionados por su religión y los ministros en quienes depositaron su confianza, reverencia y el cuidado de sus hijos.[500] Asimismo, advirtieron que la ausencia o baja representación de mujeres en las posiciones de liderazgo de las iglesias o en las estructuras de gobierno de esas instituciones afectan negativamente la toma de decisiones y la postura de los credos frente al abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Sobre el asunto, algunos miembros de la Iglesia Católica y otros de la Iglesia Anglicana indicaron que la participación de las mujeres en esos roles podría ayudar a hacer de esas instituciones espacios seguros para las niñas, los niños y los adolescentes.[501]

 

 

Características de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la conducta

 

224. Contrario a lo que ocurre en los contextos seculares, los hombres representan el porcentaje más alto de las personas sexualmente abusadas por líderes religiosos.[502] Con todo, en algunos credos, las víctimas son mayoritariamente mujeres.[503] Asimismo, la edad de la víctima, al momento de la comisión del primer abuso sexual en este contexto, es ligeramente superior a la de los niños que sufren este tipo de violaciones en escenarios seculares.[504]

225. Parte importante de los niños que fueron abusados sexualmente por clérigos o sacerdotes tenían un especial interés en la vida espiritual, mientras otros estaban bajo el cuidado de los líderes religiosos en el colegio o en instituciones establecidas para el cuidado. Esta situación, aunada al poder, la autoridad y la reverencia atribuida a los clérigos o sacerdotes, llevaron a las víctimas a pensar que sus agresores tenían una autoridad moral superior que hacía incuestionable su conducta.[505]

 

 

Impactos de la agresión en las víctimas

 

226. Los abusos sexuales cometidos por clérigos, sacerdotes o religiosos en contra de niños, niñas y adolescentes generaron y generan consecuencias físicas, psicológicas, biológicas, familiares, sociales y religiosas o espirituales.[506] Aquellas no solo afectan a las víctimas directas de la conducta, sino que también impactan a sus padres, hermanos, esposos, cuidadores y a los demás niños que pertenecen a la institución; y, pueden ser intergeneracionales.[507]

 

227. En cuanto a las consecuencias sociales y familiares, algunas víctimas tuvieron que afrontar el hecho de ser apartadas de sus familias, quienes no pudieron aceptar que los ministros de su religión hubiesen perpetrado ese tipo de abusos.[508] Otros fueron relegados por sus comunidades religiosas ante el descrédito de las instituciones frente a las denuncias.[509] Frente a las consecuencias psicológicas, algunas víctimas experimentaron pensamientos suicidas, otras intentaron suicidarse y otras lastimosamente acabaron con su vida.[510] Finalmente, respecto de las consecuencias psicológicas, físicas y biológicas se destaca que estas víctimas experimentan un comportamiento fóbico o evitativo frente a las relaciones íntimas.[511]

 

228. En este punto, se destaca que la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes genera graves consecuencias en la vida de las personas. Sin embargo, la que es perpetrada por clérigos, sacerdotes o religiosos plantea un reto adicional, en la medida en que involucra un escenario de violencia espiritual.[512] Este concepto ha sido definido como el término genérico que denota el uso de cualquier medio religiosos para violar la trascendencia espiritual de una persona. Su intensidad puede variar. En el extremo más gravoso genera un trauma religioso, es decir, una experiencia traumática causada en el marco de una vivencia espiritual que el individuo cree que está estrechamente relacionada con su religión. Aquella genera un efecto que transforma las creencias de la persona respecto de Dios o las experiencias emocionales de miedo o desconfianza extremas por el Ser Divino o por la congregación como tal.[513]

 

229. Las víctimas de abuso sexual por parte de religiosos suelen creer que los clérigos, ministros o sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra. Sin embargo, los niños no comprenden fácilmente que Dios, el Padre, es una forma simbólica de referirse al inefable y tienden a equiparar a la persona con Dios. Incluso, cuando el estatus del líder religioso es entendido como un asunto simbólico, el abuso sexual de quien es dotado de autoridad religiosa por parte de la comunidad puede dar el mensaje de que el Ser Supremo condona o aprueba el abuso. Algunos agresores sitúan o justifican la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con enseñanzas religiosas; otros manifiestan que el abuso es la voluntad de Dios y, otros, amenazan a las víctimas al precisarles que si informan a alguien de la situación Dios las castigará severamente. Este tipo de abusos suele tener lugar en lugares sagrados como altares, sacristías o confesionarios, a veces con el uso de objetos sagrados como crucifijos, rosarios o agua bendita. Cuando el agresor usa objetos, símbolos, lenguaje o rituales religiosos como instrumentos para cometer la violación sexual, el trauma es experimentado frecuentemente como si tuviera una causa o fuente religiosa o, incluso, divina.[514]

 

230. En efecto, las víctimas de abusos sexuales perpetuados por los clérigos o ministros de sus iglesias perciben marcadas consecuencias en su espiritualidad y religiosidad. Para muchos sobrevivientes de traumas de índole sexual, la espiritualidad es un pilar importante de soporte y hace parte del proceso de sanidad. Sin embargo, para las víctimas de clérigos o religiosos esa espiritualidad o religiosidad es su mayor fuente de dolor. Uno de los expertos en la materia “utilizó la expresión ‘la iglesia duele’ para describir la experiencia traumática que envuelve la decisión permanente de cuestionar la propia fe, la confianza en los lideres de la iglesia o de renunciar a la congregación que uno consideraba que era su hogar”.[515] Por ejemplo, las víctimas dejan de frecuentar sus iglesias y reducen su participación en las actividades de la congregación, lo que, en muchas ocasiones, les hace perder el soporte social. En el catolicismo, las víctimas suelen abandonar por completo esa iglesia, aunque se identifican como cristianos y frecuentemente muestran una desconfianza significativa respecto de los clérigos y sacerdotes y con la iglesia.

 

231. Mas allá de la Iglesia, las víctimas pueden experimentar cambios en su relación con Dios y en general en su espiritualidad. Muchos empiezan un proceso de desconexión espiritual y dejan de realizar actuaciones, como orar, las cuales en el pasado resultaban consoladoras. Algunos sufren una transformación negativa, dejan de ver a ese Ser Superior como un ser amoroso y protector, para verlo como vengativo, castigador y malicioso. Esta pérdida de su religión y de espíritu puede ser la consecuencia más devastadora para estas víctimas.[516] Ciertamente, el trauma religioso puede llevar a destruir la capacidad espiritual de la persona, su visión del mundo y de sus capacidades afectivas e imaginativas. Como resultado de la situación, algunos sobrevivientes llegan a creer que Dios los desechó o que ellos son en esencia malos. otros generan desconfianza en Dios o experimentan una ansiedad extrema o miedo de dirigirse a Dios. Otros, por su parte, diferencian la voluntad de Dios de la del agresor, pero, como resultado del abuso, se vuelven incapaces de entrar a una iglesia, de participar en el servicio o adoración comunitaria, o de recitar los rezos tradicionales y su habilidad para participar de la vida religiosa se ve considerablemente reducida.[517]

 

232. La mayoría de las víctimas explicaron que perdieron su fe, situación que tiene un impacto particular en estas personas que tenían fundados sus valores morales, sus relaciones sociales y su vida diaria en su religión. La ruptura de la confianza de estas personas va más allá de cuestionar a los agresores y a las instituciones relacionadas con la situación, desafían sus creencias religiosas y espirituales de una forma que no es generalmente evidente en los abusos cometidos en otras instituciones y circunstancias.[518] Esta situación, a veces, las deja con la sensación de que perdieron su hogar espiritual, de un lado, no pueden soportar entrar a una congregación que les causó un daño de tal magnitud. Y, del otro, no quieren pertenecer a otro credo, porque su identidad religiosa o sus creencias corresponden a las de la institución en la que fueron agredidos.[519]

 

 

La violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes por parte de instituciones religiosas

 

233. Así, entonces, la violencia sexual cometida por líderes religiosos es una problemática que traspasa fronteras, culturas, credos y creencias. Aunque la religión católica ha recibido especial atención por parte de los medios en este asunto, lo cierto es que no es una problemática exclusiva de esa creencia. Por el contrario, es un asunto que afecta a un número importante de creencias.[520] 

 

234. Algunos académicos han analizado el fenómeno de la violencia sexual cometida por líderes religiosos en contra de niñas, niños y adolescentes, en el marco del judaísmo. A partir de estudios de casos, han sugerido que los niños que pertenecen a las comunidades ortodoxas son cuatro veces más proclives a ser víctimas de abuso sexual que los niños de otras comunidades judías. Asimismo, han advertido que, en este contexto religioso, existen varias barreras para identificar los posibles abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. En concreto, han señalado que es difícil identificar los abusos cometidos por líderes de la comunidad de aquellos cometidos por otras personas importantes dentro de la comunidad que no tienen un rol de liderazgo, porque los niños los identifican como “rabbi” de manera indistinta.[521] También, han identificado que los miembros de estas comunidades están sujetos al cumplimiento de un código de conducta de índole religioso muy estricto que involucra un aislamiento de la sociedad secular, una aproximación a la sexualidad como tabú y una expectativa de lealtad con la comunidad y sus líderes. Para los académicos, estas características conllevan a que los integrantes de las comunidades ultraortodoxas no cuenten con el vocabulario, el conocimiento y la educación para discutir o identificar temas de contenido sexual. Incluso, en la edad temprana, se les dificulta nombrar las partes de su cuerpo. Por tanto, las víctimas tienen problemas para identificar el abuso sexual que han afrontado y terminan por contar su experiencia en la adultez.[522]

 

235. En esa misma línea, los académicos en la materia han precisado que la falta de registros relacionados con estos escenarios de violencia sexual está asociada a: (i) la prohibición que tienen los integrantes de la comunidad ultraortodoxa de denunciar situaciones ocurridas dentro de la comunidad ante las autoridades seculares y de hablar mal de los principales de la comunidad; (ii) el miedo al estigma que deben afrontar en caso de denunciar; (iii) la confianza que tienen por las instituciones religiosas en el manejo de las problemáticas que se presentan al interior de la comunidad e, incluso, en sus temas personales; así como, (iv) el miedo de la influencia de la parte secular de occidente en los asuntos de la comunidad.[523] Con todo, han reconocido que las comunidades ultraortodoxas están en un proceso de cambio en el que se han concientizado de la gravedad del fenómeno de abuso sexual en contra de niños cometido por líderes religiosos.[524]

 

236. Las instituciones religiosas cristianas que no están asociadas a la Iglesia Católica también han estado implicadas en asuntos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, 380 líderes de la Iglesia Bautista del sur fueron acusados de abusar a 700 víctimas durante 20 años.[525] Situaciones similares fueron puestas bajo el conocimiento de las autoridades judiciales en Estados Unidos, respecto de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de la Iglesia Menorah.[526] Incluso, un estudio reciente analizó casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de líderes de la Iglesia Anglicana, el Ejército de Salvación, United Reform Church y la Iglesia Metodista.[527]

 

237. A partir de un análisis de casos ocurridos en la Iglesia Anglicana de Inglaterra y Australia, los académicos advirtieron que en este tipo de creencia religiosa suele haber un retraso en la denuncia de los hechos. Al respecto, explicaron que entre la fecha en la que ocurrió el abuso y la denuncia suelen transcurrir de 24 a 29 años. En su criterio, esta situación ocurre porque las víctimas (i) suelen sufrir estados de confusión, de negación o incluso de culpa por el abuso, en parte, por el proceso de acercamiento que despliega el abusador para ganarse su confianza del niño o de la niña e involucrarlo en la conducta sexual, así como por la posición moral y social de la autoridad religiosa en la sociedad. Además, (ii) tienen la creencia de que su denuncia no va a ser creída o tenida en cuenta; (iii) son amenazadas por el abusador; o, (iv) desconocen a quien deben reportarle el abuso.[528]

 

238. Por otra parte, identificaron tres factores que facilitan la comisión de estas conductas en la Iglesia Anglicana. El primero tiene que ver con la participación de los niños en programas y servicios exclusivos para esa población propiciados por la misma congregación. En efecto, esas actuaciones generan la oportunidad de que los adultos compartan espacios a solas con niños y podría explicar las razones por las cuales en esa denominación en particular la mayoría de las víctimas son niños, pues las familias son más propensas a dejar a sus hijos bajo el cuidado de terceros, en espacios como campamentos de verano, que a sus hijas. El segundo tiene que ver con el estatus de autoridad del victimario, el nivel de confianza que se suele depositar en esas figuras y la influencia de estas personas en sus comunidades. Según los académicos, estas condiciones particulares de los clérigos facilitan el acercamiento a las víctimas y a sus familias para ejecutar las conductas abusivas de índole sexual en contra de los niños. Finalmente, el tercero está relacionado con la ausencia de una respuesta efectiva frente a las denuncias o sospechas por este tipo de violencia sexual. En su criterio, las diferentes denominaciones tienden a evitar que los abusos en contra de niños se pongan en conocimiento de las autoridades seculares, para evitar temas reputacionales, lo cual facilita la continuidad de la conducta sobre el tiempo.[529] 

 

239. De otra parte, a pesar de su baja representación en los medios de comunicación, la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes también ocurre en otras instituciones religiosas como el budismo y el hinduismo. Por ejemplo, en 2010, una niña de 14 años aseguró que su profesor la incurrió en un comportamiento sexual abusivo en su contra dentro de un templo hindú ubicado en Florida. Sin embargo, los estudios en la materia son muy pocos y las comunidades asiáticas en general no suelen reportar los abusos sexuales. En concreto, las barreras culturales que existen en esas comunidades, como la noción de Sharam que corresponde a la pérdida del honor, impiden que las personas reporten estas actuaciones y dificultan la medición de los crímenes sexuales en las instituciones religiosas de oriente.[530]

 

240. En suma, el abuso sexual cometido por líderes religiosos en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad es una problemática que atraviesa todas las culturas, clases sociales y parte importante de los credos. No hay un factor común a todos los escenarios que explique la desviación en el comportamiento sexual de algunos de los líderes religiosos de las diferentes creencias religiosas. Esta situación se debe a una compleja interacción de factores individuales, interpersonales, comunitarios y sociopolíticos. La mayoría de los datos empíricos sobre este tipo de crímenes corresponden a los estudios adelantados en la Iglesia Católica. Sin embargo, ello no significa que sea el único credo en el que ocurren este tipo de delitos, motivo por el cual corresponde adelantar investigaciones profundas en la materia que permitan garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.[531]

 

 

Particularidades del abuso sexual infantil en la Iglesia Católica

 

241. Aunque el abuso sexual de niños por parte de religiosos católicos ha tenido una especial atención desde 1990 que ha suscitado un incremento considerable de las investigaciones sobre el asunto,[532] lo cierto es que no es una problemática reciente.[533] Por esa razón, es preciso (i) explicar algunas características particulares de los abusos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes cometidos por clérigos o sacerdotes católicos, así como, algunos sesgos del conocimiento que deben tenerse en cuenta al momento de valorar estas situaciones; y, (ii) aludir a algunas de las medidas adoptadas por esa institución para enfrentar esta problemática a lo largo de la historia.

 

 

El contexto de abuso sexual de la Iglesia Católica, los sesgos que se deben evitar

 

242. A partir de un análisis comparado de los estudios realizados sobre el asunto en Estados Unidos, Australia y Alemania, los académicos han precisado algunas particularidades del contexto de pederastia en la Iglesia Católica. Frente a las características de los agresores, han advertido que el 55,7% de los sacerdotes señalados de cometer estas conductas tienen una sola denuncia y actuaron por una situación circunstancial; mientras que, el 2.2% cumple con los criterios necesarios para ser diagnosticados con pedofilia. Además, indicaron que solo un grupo poco representativo reincide en este tipo de conductas. Estas personas tienen más de 10 denuncias, iniciaron sus actuaciones en una etapa temprana de sus carreras y fueron más proclives a abusar de niños. Con todo, los estudios han señalado que los agresores suelen ser arbitrarios en la elección de sus víctimas.[534]

 

243. También, señalaron que los clérigos católicos acusados de cometer estas conductas (i) son hombres; (ii) suelen tener una edad más avanzada; (iii) tuvieron menos citas con mujeres y experiencias sexuales antes de su llegada a la vida sacerdotal; y, (iv) suelen tener una historia de abuso personal. Al parecer, esta última situación facilita su acercamiento a los niños e influencia su decisión de convertirse en sacerdotes.[535] En todo caso, sus rasgos de personalidad solo difieren de los demás sacerdotes en la escala de “aggresive/sadistic scale of the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III”.[536]

 

244. Al analizar los archivos de los sacerdotes acusados, los académicos evidenciaron que la mayoría negaron su responsabilidad y justificaron su comportamiento sexual. En su criterio, esta respuesta se debe al entrenamiento que reciben los clérigos de la Iglesia Católica. Lo expuesto, en la medida en que su formación genera una ideología que impide la adopción de medidas para remediar y componer de manera temprana las dificultades psicosociales y psicosexuales de sus clérigos.[537]

 

245. Finalmente, algunos estudios destacaron que la violencia sexual perpetrada directamente o con la participación de mujeres religiosas de la Iglesia Católica también es significativa. Aunque reconocieron que la mayoría de las denuncias en contra de monjas están relacionadas con abusos emocionales y físicos asociados a castigos especialmente crueles, advirtieron que son más proclives a cometer abusos sexuales que otros profesionales en situaciones de poder similares o que la población en general. Además, identificaron que algunas de ellas han facilitado la comisión de abusos sexuales por parte de sacerdotes e, incluso, de laicos, especialmente, en las instituciones dedicadas al cuidado de niños huérfanos.[538]

 

246. En cuanto a las víctimas, los autores manifestaron que los estudios sobre las características de los niños, niñas y adolescentes agredidos y las consecuencias psicosociales que afrontan con ocasión de este tipo de abusos sexuales son escasos. Con todo, advirtieron que, contrario a lo que ocurre en otros escenarios institucionales, la mayoría de las víctimas son niños entre los 11 y 14 años de edad. A partir de una comparación entre los casos de la Iglesia Católica de Estados Unidos y la Iglesia Anglicana de Australia, los académicos explicaron que esta particularidad puede deberse a la facilidad que tienen los clérigos de acceder a la juventud masculina. El estudio señala que el número de víctimas femeninas incrementó desde 1990 cuando las mujeres jóvenes empezaron a sumir roles que estaban reservados para los hombres dentro de sus credos, lo que soporta la teoría del rol que juega la oportunidad en la comisión de las agresiones sexuales.[539] En una línea similar, otros análisis han indicado que la diferencia tiene justificación en que las familias y cuidadores son más proclives a dejar que los clérigos cuiden a sus hijos en escenarios tales como el colegio o los campamentos de verano.[540]

 

247. Sobre las características del incidente, los estudios precisan que no existe un patrón de comportamiento en los abusos. Las denuncias involucran desde tocamientos sobre la ropa, hasta la penetración. Con todo, el 41% de los casos ocurrieron en la casa cural o en la residencia privada del clérigo.[541] En cuanto a las respuestas institucionales, los autores destacaron que las instituciones eclesiásticas de la Iglesia Católica tienden a ocultar las denuncias. Además, pareciera que recurren a la técnica del traslado de sus clérigos para abordar la situación. Sin embargo, no existe un estudio sistemático de las políticas de transferencia aplicadas a clérigos acusados y no acusados.[542]

 

248. Ahora bien, en este punto, se destaca que los distintos escándalos que se han suscitado alrededor del mundo, en torno a la pederastia en la Iglesia Católica, han generado muchos sesgos en la población que deben desestimarse. Por ejemplo, algunas investigaciones han concluido, sin un soporte empírico suficiente que, (i) los hombres que fueron abusados sexualmente abusarán a otros en el futuro. Aunque una historia personal de violencia sexual durante la infancia puede ser un indicador de las causas de un agresor para cometer la conducta, ello no constituye una regla general. Una persona que padece abusos sexuales durante su infancia puede abstenerse de incurrir en la misma conducta para evitar reproducir el ciclo de la violencia.[543]

 

249. Otro de los prejuicios que se han advertido consiste en considerar que (ii) los clérigos agresores son homosexuales y solo abusan niños. Este sesgo puede tener origen en dos situaciones. La primera tiene que ver con la inclusión de este tipo de agresiones como una modalidad del pecado de sodomía, en la antigüedad. Y, la segunda está asociada a la importante representación de víctimas masculinas en este contexto particular. Sin embargo, la agresión en contra de los niños no necesariamente tiene que ver con que la persona tenga una orientación homosexual, sino con la oportunidad de acceder a la población juvenil masculina por las prácticas religiosas o por la tendencia de las familias y los cuidadores a delegar el ciudadano de los niños en las instituciones religiosas.[544]

 

250. También, se ha advertido que existe la creencia de que (ii) los clérigos solo abusan niños de hogares rotos o que están en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, como se advirtió previamente, los estudios no han podido establecer un patrón de comportamiento en la elección de las víctimas. Por el contrario, esa decisión ha sido arbitraria. Asimismo, los estudios han identificado que, ante la publicidad de los escándalos, las personas han incurrido en generalizaciones indebidas tales como considerar que (iii) todos los sacerdotes son pedófilos y, por tanto, abusan sexualmente de sujetos menores de edad. Estas percepciones son equivocadas en la medida en que los estudios en la materia advierten que los sacerdotes que incurren en estas conductas representan del 4% al 7% de todos los clérigos de la institución. Los demás no han tenido ni una sola denuncia por estos hechos. Además, solo un porcentaje muy bajo de sacerdotes cumple con los criterios necesarios para ser diagnosticados con pedofilia. Por el contrario, la mayoría de los acusados actúan bajo un criterio de oportunidad y no padecen de enfermedades mentales.[545]

 

251. Por último, los estudios han señalado que considerar que (vi) el celibato es el responsable de los abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes es un prejuicio. Lo expuesto, en la medida en que no hay datos que puedan soportar esta afirmación.[546] Además, este fenómeno también se presenta en otros credos en los que los clérigos están casados y tienen hijos.

 

 

Respuesta institucional frente los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos contra niños, niñas y adolescentes

 

252. Tal y como lo advirtió el juez eclesiástico Sáez Martínez, la iglesia primitiva condenó, desde sus inicios, los abusos sexuales cometidos en contra de los niños, en la medida en que esas actuaciones eran consideradas como una grave violación a la ética cristiana.[547] Consiente de la comisión de este tipo de conductas por parte de sus clérigos, en la Doctrina de los Doce Apóstoles y en varios concilios, como el de Elvira, la Iglesia empezó a sancionar esas conductas con la excomunión. Luego, en el Concilio de Nicea, endureció las sanciones y estableció que los clérigos que abusaran de niños serían castigados con penas, tales como, azotes públicos, “pérdida de la tonsura, y humillaciones como raparlos al cero, junto con un encierro de seis meses a pan de cebada tres veces por semana y más tarde otros seis bajo tutela de un guía espiritual”.[548] Posteriormente, el III Concilio de Letrán precisó que quienes cometieran delitos sexuales serían expulsados de la clerecía y relegados a monasterios para que hicieran su penitencia. Por su parte, el Papa Inocencio III dispuso la degradación del clero que cometiera abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y su entrega a las autoridades seculares. Lo expuesto, permite advertir que esa institución ha tenido una preocupación constante por la violencia sexual que cometen algunos de sus integrantes en contra de los niños.[549]

 

253. Sin embargo, la postura institucional frente a la gravedad de esas conductas y las sanciones que deben imponerse ha variado de forma constante a lo largo de su historia. Sobre el asunto, Sáez Martínez aclaró que el abuso sexual contra niños estaba contemplado como modalidades de los pecados de sodomía[550] o de solicitación,[551] o mediante crimen pessimum y afirmó que “[l]a reforma gregoriana no quiere pasar por alto la inmoralidad sexual del clero, y por ello el Cuarto Concilio de Letrán (1215) siguió insistiendo en la pena de expulsión del estado clerical. Dentro de la reforma gregoriana, encontramos que el Corpus Iuiris Canonici (en adelante, CrIC) condenó la sodomía junto con el concubinato, y siendo las penas como suspensión del oficio y beneficio, deposición y excomunión, entre otras. Por ejemplo, en el Decreto de Gratiano, primer libro del CrIC aparece penalizado el pecado contra natura, aunque no es tratado de forma exhaustiva. En el Quinto Concilio de Letrán (1512-1517) el Papa León X insiste en que los clérigos que abusen de niños sean depuestos y entregados a la justicia eclesiástica o secular. San Pio V (1566-1572) al corriente de la situación de inmoralidad sexual clerical, promulgó una primera Constitución nada más llegar al pontificado en la que establecía que si un clérigo incurría en abusos sexuales a menores debía ser depuesto y sufrir una pena semejante a la del orden civil. Dos años más tarde, promulgó la Constitución Horrendus Illud Scellus, en la que establecía de forma rotunda la expulsión del estado clerical y la pena de muerte para los clérigos sodomitas”.[552]

 

254. Durante los Siglos XVI a XIX, la Iglesia Católica continuó con la regulación y sanción de los abusos sexuales cometidos por clérigos o sacerdotes en contra de niños menores de 16 años. Con todo, fue en el Siglo XX que reconoció la legislación de los Estados, inició la redacción del primer Código de Derecho Canónico, habló abiertamente de la pederastia en la Institución como delito y estableció penas “fijas” para esas conductas.[553] Ciertamente, en 1962, el Papa Juan XXIII aprobó la Instrucción de la Congregación del Santo Oficio Solicitaciones, la cual precisó las penas aplicables a los abusos sexuales cometidos por clérigos en contra de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, expidió mil copias del documento y las remitió de forma secreta a todos los Obispos y Superiores Religiosos.[554] Luego, el 28 de noviembre de 1983, en la Iglesia Católica empezó a regir un nuevo Código de Derecho Canónico, en virtud del cual, “[e]l clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”.[555]

 

255. A pesar de la implementación de estas medidas, la mayoría de los abusos sexuales en contra de niños ocurrieron entre 1940 y 1990. Para algunos expertos en la materia, la falta de aplicación de las normas eclesiásticas por parte de los Obispos facilitó la continuación de estas conductas. Por ejemplo, “[e]n pleno postconcilio Huizing describía la situación: “En casi todos los países, las infracciones más graves de las leyes eclesiásticas se cometen sin que exista posibilidad alguna de emplear la fuerza contra los delincuentes. Hoy día un sacerdote, un religioso o una religiosa de votos solemnes, puede abandonar la Iglesia, negar públicamente la fe, contraer matrimonio civil y vivir prescindiendo por completo de excomuniones, suspensiones, entredichos o cualesquiera otras penas eclesiásticas”. […] Para otros canonistas, lo que ocurrió fue que toda la legislación anterior al código pio-benedictino contra los abusos sexuales se inaplicó, porque la Iglesia ordenó silencio y encubrimiento a partir de 1917”.[556] Por su parte, otros aseguraron que el incremento de casos se debe a que las conductas no fueron denunciadas ante las autoridades civiles. Finalmente, otros consideraron que los casos aumentaron y las normas no fueron aplicadas, porque la Iglesia quiere mantener su privilegio sobre el foro que incluye a los clérigos pederastas, motivo por el cual le corresponde proteger y defender a sus clérigos a toda costa.[557]

 

256. En todo caso, la Santa Sede suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990[558] y presentó su informe inicial en 1994. Al año siguiente, el Comité de los Derechos del Niño emitió sus observaciones finales. Con todo, abordó el tema de los abusos sexuales en contra de niños cometidos por integrantes del clero.[559]

 

257. Como consecuencia de esa inactividad, en el 2001, la Iglesia empezó a afrontar una serie de escándalos relacionados con la pederastia en la institución. Una de las denuncias más recurrentes tuvo que ver con el traslado de los clérigos al interior de la institución, sin informar del presunto aviso al lugar de acogida, como mecanismo para ocultar la ocurrencia de este tipo de abusos.[560] Por esa razón, el Papa Juan Pablo II promulgó el “Sacramentorum sanctitatis tutela”. Aquel estableció que el abuso sexual de sujetos menores de 18 años de edad es uno de los delitos más graves que pueden cometer los clérigos, reservó el conocimiento de estos casos a la Congregación para la Doctrina de la Fe y modificó el término de prescripción para esas conductas, en el sentido de establecer que el término de prescripción sería de 10 años contados a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima.[561]

 

258. Posteriormente, el pontífice Benedicto XVI cambió la cultura de secretismo de la institución frente a la situación[562] y modificó algunos asuntos de la legislación canónica para evitar el secretismo y garantizar la investigación y sanción de estas conductas en la Iglesia. Como consecuencia de este cambio de perspectiva, “la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó el 20 de julio de 2010 “Modificaciones a las Normas de los delitos más graves”. En cuanto a la materia que nos ocupa, los artículos 6 y 7 de las normas sustanciales establecen: “Artículo 6 § 1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, son: 1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años. En este número se equipará al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón; 2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento. § 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. Art. 7 § 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 años. § 2. La prescripción inicia a tenor del can. 1362 § 2 del Código de Derecho Canónico y del can. 1152 § 3 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Sin embargo, en el delito del que se trata en el art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años”. Además de toda la normativa penal y procesal, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe Sede envió en 2011 a todas las conferencias episcopales del mundo una carta circular para que las iglesias particulares elaboraran guías de actuación contra los abusos sexuales cometidos por clérigos”.[563] (Énfasis añadido).

 

259. Aunque la Santa Sede no remitió los informes periódicos sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los niños, en el año 2011 presentó un documento que contenía los reportes que correspondían a los años 1997, 2002 y 2007.[564] Sin embargo, en la reunión de trabajo previa al periodo de sesiones de junio de 2013, el Comité analizó la información presentada por varias ONG, entre ellas, algunas conformadas por grupos de víctimas y se reunió con sus representantes en Ginebra. En atención a los datos recolectados, el Comité le solicitó a la Santa Sede que, en virtud de su reconocimiento de la violencia sexual cometida por sacerdotes, monjes y monjas de todo el mundo y de la escala de esa situación, presentara un informe detallado de los casos de abuso sexual cometidos por el clero en contra de niños, niñas y adolescentes conocidos por la Iglesia. Asimismo, le pidió precisar (i) si a los clérigos acusados se les prohibía volver a tener contacto con niños; (ii) las acciones o consecuencias legales específicas que se adoptaban; y, (iii) la protección que la Iglesia ofrecía a las víctimas de abusos sexuales, incluidos, los mecanismos para que compareciera y testificaran sobre el sufrimiento soportado.[565]

 

260. En esa oportunidad, el Comité aseguró que “tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, [sin embargo] observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad”.[566]

 

261. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de reconocimiento de los delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica que responden a la autoridad de la Santa Sede en contra de niños, niñas y adolescentes; así como por la ausencia de medidas para abordar estos casos. En su criterio, la Santa Sede, en vez de adoptar mecanismos para proteger a las víctimas, adoptó ciertas prácticas que han permitido la continuación de esas conductas y la impunidad para los agresores. Entre ellas, resaltó el traslado de sacerdotes entre parroquias para encubrir esos delitos, la renuencia de la Santa Sede frente a la entrega de información relevante sobre esos procesos, la implementación de procesos disciplinarios para evadir los trámites judiciales de los diferentes Estados, la adopción de la sanción de excomunión para quienes denuncien este tipo de casos, entre otros.[567] Por tanto, el Comité hizo varias recomendaciones a la Santa Sede, entre ellas, iniciar investigaciones autónomas e independientes para conocer la verdad de lo sucedido, separar a los clérigos denunciados de sus cargos, asegurar un intercambio transparente de expediente para garantizar la transparencia de las investigaciones, modificar el derecho canónico para que los abusos sexuales sean considerados un delito y no una infracción a la moral.[568]

 

262. Frente a estas observaciones, la Santa Sede expresó su preocupación respecto de la aproximación que adoptó el Comité sobre el concepto de “jurisdicción”. En su criterio, al ratificar la convención, el Estado adquirió la obligación de implementar la convención dentro de su territorio. Sin embargo, la instancia internacional adoptó una perspectiva más amplia, en virtud de la cual la Santa Sede es responsable de la implementación del tratado internacional en los Estados parte en los que la Iglesia Católica tiene presencia. A su juicio, esa aproximación es contraria a las obligaciones que emanan de la Convención en virtud del principio de territorialidad.[569]

 

263. Posteriormente, el Papa Francisco (i) enmendó el Código de Derecho Canónico, el motu proprio “sacaramentorum sanctitatis tutela”, el motu proprio “vos estis lux mundi y el dicasterium pro-Doctrina Fidei. Asimismo, (ii) promulgó, por Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei, el nuevo Libro VI del CIC; las normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, las cuales a su vez fueron modificadas por el Rescriptum ex Audientia; y, el “Vademécum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos” del 5 de junio de 2022, el cual contiene una especie de guía para que las autoridades eclesiásticas sepan cómo actuar ante las denuncias por la presunta comisión de abusos sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.[570]

 

264. Con todo, el enfoque del pontífice no estuvo restringido a la investigación y sanción institucional de las conductas, sino que intentó volcar la atención hacia las víctimas. Para el efecto, creó una Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, a la que le asignó la labor de diseñar políticas institucionales para afrontar la pederastia que se hizo evidente en la Iglesia Católica. En un discurso reciente dirigido a esa organización, el Papa aseguró que:

 

“El abuso sexual a menores por parte del clero y su mala gestión por parte de los líderes eclesiásticos han sido uno de los desafíos más grandes para la Iglesia de nuestro tiempo. Muchos de vosotros han comprometido la propia vida a esta causa. Las guerras, el hambre y la indiferencia hacia el sufrimiento de los otros son realidades terribles de nuestro mundo, son realidades que claman al Cielo. La crisis de los abusos sexuales, sin embargo, es particularmente grave para la Iglesia, porque mina su capacidad de abrazar en plenitud la presencia liberadora de Dios y de ser testigo. La incapacidad de actuar correctamente para detener este mal y ayudar a sus víctimas ha desfigurado nuestro mismo testimonio del amor de Dios. En el Confiteor nosotros pedimos perdón no solo por los errores cometidos, sino también por el bien que no hemos hecho. Puede ser fácil olvidar los pecados de omisión, porque en un cierto sentido parecen menos reales; pero estos son muy concretos y hieren a la comunidad como los otros, incluso más.

 

“No haber hecho lo que deberíamos haber hecho, sobre todo por parte de los líderes de la Iglesia, ha escandalizado a muchos, y en los últimos años la conciencia de este problema se ha extendido a toda la comunidad cristiana. Pero al mismo tiempo, no nos hemos quedado en silencio o inactivos. Recientemente he confirmado el Motu Proprio Vos estis lux mundi (VELM), que ahora es un reglamento permanente. En él, en particular, se solicita la predisposición de lugares para la acogida de las acusaciones y el cuidado de aquellos que dicen que han sido dañados (cf. art. 2). Seguramente hay mejoras que se pueden aportar en la base de la experiencia, con las Conferencias Episcopales y los Obispos. […]”[571]. (énfasis añadido).

 

265. Asimismo, en la Carta Apostólica muto proprio “vos estis lux mundi”, hizo un esfuerzo por reconocer el dolor de las víctimas e incluir una perspectiva reparativa del daño. En ella, se reconocieron los daños físicos, psicológicos y espirituales de las víctimas, así como su impacto en la comunidad de feligreses en general.[572]

 

266. En diciembre de 2023, la Santa Sede remitió un informe al Comité de los Derechos del Niño en el que reconoció que la Convención sobre los Derechos del Niño es la norma internacional por excelencia. Sin embargo, se negó a proporcionar la información requerida sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos en contra de niños, niñas y adolescentes, bajo el argumento de que el asunto no hace parte de su jurisdicción y no es su práctica revelar información sobre la disciplina religiosa.[573]

 

267. En conclusión, desde sus inicios, la Iglesia Católica ha reconocido que algunos de sus clérigos cometen abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la Congregación. Por esa razón, “[l]a legislación eclesiástica desde los siglos VIII al XX castigó de un modo u otro a los clérigos que abusaban de los menores. Durante el siglo XX, seguía habiendo clérigos que abusaban de menores, y la Iglesia creó nueva legislación canónica para sancionar estos delitos. Sin embargo, el desconocimiento de la legislación penal por parte de algunos obispos y superiores religiosos, y la frecuente inaplicación derecho penal canónico, contribuyeron no sólo a no solucionar el problema, sino a hacerlo más grande de lo que realmente era. También se dieron casos de encubrimiento que provocaron mayor dolor a las víctimas, y que permitieron que clérigos y algunos obispos siguieran ejerciendo el ministerio pastoral. El punto de inflexión lo marcó el Papa emérito Benedicto XVI al exigir a los obispos el cumplimiento de las normas, y recordar que estos actos además de ser un pecado, son un delito que debe ser juzgado por los ordenamientos jurídicos de la Iglesia y de los Estados”.[574]

 

 

Las medidas implementadas en distintos Estados por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles para contrarrestar la violencia sexual perpetrada por las instituciones religiosas en contra de niñas, niños y adolescentes

 

268. En este punto, es importante resaltar que la Iglesia Católica tiene presencia en gran parte del mundo y su estructura permite que algunas instituciones tomen ciertas decisiones de manera autónoma. Esa situación ha conllevado a que las actuaciones de esa religión frente a los abusos sexuales cometidos por sus clérigos en contra de niños, niñas y adolescentes difieran sustancialmente entre países.[575] Así lo reconoció el Papa Francisco en un discurso dado a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, al afirmar que:

 

“Hoy nadie puede decir honestamente que no ha sido tocado por la realidad de los abusos sexuales en la Iglesia. Por eso en vuestro trabajo, mientras afrontáis las muchas facetas de este problema, quisiera que tengáis en mente los tres principios que siguen, considerándoles como parte de una espiritualidad de reparación. […]

 

“Me han alentado los planes que habéis preparado para abordar las desigualdades dentro de la Iglesia, en términos de formación y servicio a las víctimas, en África, Asia y América Latina. En efecto, no es justo que las zonas más prósperas del planeta puedan contar con programas de tutela bien formados y financiados, en los que se respeta a las víctimas y sus familias, mientras quienes viven en otras partes del mundo sufren en silencio, tal vez rechazadas o estigmatizadas cuando intentan dar un paso adelante para contar los abusos que han sufrido. También en este ámbito la Iglesia debe esforzarse por convertirse en ejemplo de acogida y de buen obrar. […]

 

“El año pasado os exhorté a compartir vuestras competencias sobre las diversas formas en que pensáis que el trabajo de la Curia romana podría influir en la protección de los menores, para enriqueceros mutuamente en vuestro nuevo rol. Me ha complacido conocer el acuerdo de colaboración que habéis firmado con el dicasterio para la Evangelización, sobre todo teniendo en cuenta su amplio campo de acción en muchos de los lugares más olvidados del mundo”.[576]

 

269. En la misma línea, algunos estudios han advertido serias dificultades para encontrar registros confiables sobre el fenómeno de la pederastia en países de Asia,[577] África,[578] y Latino América.[579] Para los analistas, esas situaciones podrían estar relacionadas con la fuerte presencia de feligreses católicos en esas jurisdicciones. Por esa razón, a continuación, se describen las actuaciones adelantadas en algunos países de Oceanía, de América del Norte y del Sur y de Europa Occidental, para finalmente esbozar algunas conclusiones. 

 

270. Australia. Los escándalos por abuso sexual en este país iniciaron a publicarse a finales de los años noventa. La primera investigación oficial sobre el asunto fue adelantada por el parlamento del Estado de Victoria. En ese proceso, la Iglesia Católica de ese lugar reveló que, aproximadamente, 630 niños habían sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos católicos entre 1930 y 2012. Por su parte, las aseguradoras de la institución aseguraron que, para ese momento, habían pagado alrededor de 30 millones de dólares australianos por acusaciones sobre ese tipo de conductas. A partir de toda la información recopilada, el informe final aseguró que la institución “trivializó el problema, contribuyó a que los abusos no se divulgaran o a que no se respondiera por ellos antes de 1990, se aseguró de que la comunidad de Victoria permaneciera ajena a los abusos y se encargó de no responsabilizar a los perpetradores, con el trágico resultado de que más niños continuaron sufriendo abusos por parte del personal religioso cuando pudo haberse evitado”.[580]

 

271. Posteriormente, en enero de 2013, el gobierno de ese país conformó una instancia institucional denominada Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse para investigar las respuestas de las distintas instituciones frente a las denuncias de abuso sexual en contra de niños que recibieron.[581] Con ocasión de esa instancia, el arzobispo de Brisbane informó que esa instancia había conocido “99 casos de abuso sexual de niños y nueve cuestiones pendientes en la actualidad, y ha pagado 2,5 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas”.[582] Asimismo, una revisión de los archivos policivos sobre el asunto permitió concluir que “la policía de Nueva Gales del Sur que habría ayudado a cerrar las investigaciones de los supuestos abusos cometidos por sacerdotes.” Un alto cargo de la Iglesia Católica afirmó que, de hecho, existía un acuerdo en vigor con la policía. De acuerdo con David Shoebridge, diputado del partido australiano de los Verdes, “es probable que cientos [de casos], si no más, de los que se procesaron mediante esta forma [el acuerdo], se tramitaron de una manera en la que no se protegía a las víctimas ni se ayudaba a la policía en el enjuiciamiento por delitos, sino que se protegía la buena reputación de la Iglesia y se conseguía evitar que la policía recogiese pruebas clave que inculparan a cualquier sacerdote acusado”.[583] El informe final fue publicado en 2017 y no solo investigó a la Iglesia Católica, sino que abordó esta problemática en otros credos religiosos como el judaísmo y el protestantismo. Este reporte consta de 17 volúmenes, algunos de ellos con varios libros. El volumen 16 se centra en las instituciones religiosas y hace un recuento de la situación en las diferentes instituciones.[584]

 

272. En materia judicial, algunas investigaciones indican que en ese país alrededor de 100 sacerdotes católicos han sido condenados a penas privativas por abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, existe otro número importante de casos que han finalizado con otro tipo de sanciones o con procedimientos no concluyentes.[585]

 

273. Estados Unidos. La preocupación por el abuso sexual en la Iglesia Católica de este país inició con la publicación de una investigación periodística adelantada por The Boston Globe, en la que se denunció no solo una serie de denuncias en contra de sacerdotes católicos por abusos sexuales contra niños, sino una dinámica institucional para encubrir la situación. A partir de ese momento, la institución tomó la iniciativa de investigar la situación para determinar su naturaleza y alcance. Producto de ello, se generaron dos grandes investigaciones. La primera denominada “The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests an Deacons in the United States 1950-2002”[586], comúnmente conocida como John Jay Report, corresponde a una investigación adelantada por los comisionados de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, en 2004. Aquella indicó, entre otras cosas, que (i) en un periodo de 52 años, recibieron acusaciones en contra de 4.392 sacerdotes que representaban el 4,3% de los sacerdotes activos para ese momento[587]. Sin embargo, (ii) menos del 6% fueron sancionados. Al respecto, la investigación señaló que solo 9 de cada 1.000 casos denunciados ante las autoridades de la Iglesia Católica son remitidos a las autoridades seculares y solo 5 de ellos llegan a una condena[588]. Además, precisó que (v) 149 sacerdotes, fueron los acusados de abusar sexualmente a 2.960 niños.[589]

 

274. Frente a la naturaleza del abuso, los autores del estudio advirtieron que (iii) cerca del 38,4% de los abusos fueron perpetrados a lo largo de un año; mientras que, el 28% ocurrieron en periodos de 2 a 4 años, el 10,2% entre 5 y 9 años y menos del 1% tuvo lugar durante 10 años o más[590]. Sobre la edad de los niños, señalaron que (iv) el 51% tenían de 11 a 14 años de edad, cuando se convirtieron en víctimas de su primer abuso sexual, 6% tenían menos de 7 años[591]. Finalmente, indicaron que (vi) los costos de los abusos en la Iglesia de ese país ascienden a 500 millones de dólares.[592]

 

275. En 2011, se realizó un segundo estudio denominado “The Causes and Context of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United Estates, 1950-2010”.[593] Este análisis indicó que, en ese país, el fenómeno de la pederastia debe atribuirse a varios factores, en vez de uno solo. Entre ellos, identificó los cambios socio culturales afrontados por los clérigos entre 1970 y 1980, la educación que se da en los seminarios, los factores psicológicos de cada persona, la inadecuada respuesta institucional, el ciclo del abuso y los elementos circunstanciales. En cuanto a sus conclusiones, vale la pena destacar que, según los autores, los sacerdotes con historias personales de abuso sexual durante la infancia son más propensos a convertirse en agresores y a tener desordenes de personalidad o actitud. También, es importante resaltar que el estudio identificó una respuesta institucional inapropiada frente a los casos de abuso sexual contra niños, porque no tardaron décadas en reportar los abusos y enfocaron sus esfuerzos en rehabilitar a los agresores, más no en atender a las víctimas.[594]

 

276. Por su parte, las autoridades judiciales han adelantado las investigaciones correspondientes para sancionar la comisión de este tipo de conductas. Como consecuencia de ello, han condenado a algunos clérigos por la comisión de los abusos sexuales y a otros por encubrir las conductas y no proteger a los niños de este tipo de conductas[595]. En todo caso, es importante tener en cuenta que muchos de los casos que llegan a las autoridades seculares terminan con un acuerdo monetario para compensar los daños causados a las víctimas. A manera de ejemplo, la Arquidiócesis de Boston acordó pagar 85 millones de dólares a 500 víctimas de abusos sexuales, para evitar que las denuncias llegaran al conocimiento de las autoridades judiciales.[596]

 

277. Inglaterra y Gales. Con fundamento en una ley del 2005, Inglaterra creó una instancia para adelantar una investigación oficial sobre el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse fue creada en 2015, con el propósito de identificar los errores cometidos por las instituciones en la protección de los niños que estaban bajo su cuidado. Uno de los escenarios investigados por esa instancia es el relacionado con los abusos sexuales cometidos en escenarios religiosos.[597] En ese marco, la entidad ha adelantado múltiples investigaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2017, adelantó una evaluación de las conductas constitutivas de abuso sexual en la Iglesia Católica y en las Iglesias anglicanas en Inglaterra y Gales. Ese estudio identificó varios factores que contribuyen a los escenarios de pederastia en las congregaciones mencionadas, entre ellos: (i) la opinión de que los clérigos son superiores a los laicos; (ii) la estructura jerárquica de las iglesias; (iii) la posición de autoridad otorgada a las instituciones religiosas; (iv) las actitudes dentro de la iglesia frente a la sexualidad; (v) la cultura del secreto; (vi) la implementación de medidas disciplinarias poco exigentes; y, (vii) la falta de interés en aceptar los malos resultados en la respuesta institucional otorgada a las alegaciones, así como, la respuesta inadecuada a las víctimas[598]. Adicionalmente, múltiples clérigos han sido condenados por cometer abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.[599]

 

278. Irlanda. Varios estudios se han encargado de analizar la dimensión de los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos en contra de niños, niñas y adolescentes. Algunos de ellos han señalado que resulta imposible caracterizar por completo la dimensión de los abusos cometidos en colegios masculinos, porque las condiciones permitían que los sacerdotes cometieran este tipo de actuaciones por largos periodos sin ser detectados[600]. En este país se formó una instancia gubernamental para estudiar la situación denominada The Commission to Inquire into Child Abuse, también conocida como Ryan Commission. Esta instancia publicó el primer informe sobre sus actuaciones, las cuales pretendieron abarcar las denuncias por abuso sexual y físico cometidas en contra de niños por de los clérigos católicos encargados de administrar las instituciones de cuidado para esta población creadas en ese país, desde 1936. Esa investigación “reveló que el abuso sexual era “endémico” y que una “cultura de ocultación interesada” reinaba en las instituciones gestionadas por 18 órdenes religiosas diferentes a lo largo de toda Irlanda. Más de 2.000 exalumnos confesaron a la Comisión que habían sufrido abusos físicos y sexuales. Sin embargo, dichos resultados nunca pudieron usarse con fines acusatorios, ya que la Iglesia interpuso exitosamente una demanda contra la Comisión en 2004 para mantener las identidades de todos sus miembros en secreto”.[601]

 

279. Posteriormente, en 2009, otra instancia oficial de investigación denominada Commission of Investigation into the Catholic Archdiocese of Dublin, advirtió que, entre 1975 y 2004, cuatro arzobispos de Dublín habían omitido tramitar las denuncias por abuso sexual presuntamente cometidos por clérigos católicos en contra de niños, niñas y adolescentes. En esa oportunidad, los investigadores concluyeron que el interés de la institución, al menos hasta mediados de los noventas, se centró “en mantener la ocultación, evitar el escándalo, proteger la reputación de la Iglesia y conservar sus bienes y patrimonio. Todas las demás consideraciones, incluidas el bienestar de los niños y la justicia para las víctimas, quedaron subordinadas a estas prioridades”[602]. En ese sentido, señaló que la Arquidiócesis no aplicó el derecho canónico e hizo lo posible por evitar la intervención de las autoridades seculares en la materia. Una vez publicada la investigación las cuatro personas mencionadas renunciaron a sus cargos. Sin embargo, el Papa solo acepto dos de ellas.[603]

 

280. Bélgica. Las investigaciones en este país han sido promovidas por la misma institución en el año 2010. En esta oportunidad, la investigación fue delegada a un psiquiatra, quien advirtió que la problemática había afectado a todas las instancias de la Iglesia Católica de ese país y había promovido el suicidio de al menos 13 víctimas. El análisis tuvo en cuenta los casos reportados durante 50 años, los cuales dejaron alrededor de 500 niños agredidos. A partir de esos datos, resaltó que la problemática se generalizó, entre 1950 y 1980, porque “los sacerdotes tenían acceso libre al contacto con niños y disfrutaban de un gran respeto y confianza entre los padres, debido a que el catolicismo es la religión mayoritaria en el país belga”.[604] Por su parte, las autoridades seculares han condenado a algunos sacerdotes por este tipo de conductas y han impuesto sanciones privativas de la libertad de hasta 30 años.[605]

 

281. Alemania. El escrutinio público a la Iglesia Católica alemana por los presuntos abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por sus clérigos inició en el año 2010[606]. Aunque no es el único credo investigado en esa nación, ha sido uno de los que mayor atención ha recibido. En el año 2018, la Conferencia Episcopal alemana le encargó una investigación sobre los abusos cometidos entre 1946 y 2014 a varias universidades alemanas. Para efectos del acceso a la información, el personal de la Conferencia recopiló la información personal de los sacerdotes, diáconos y clérigos que conforman las 27 diócesis del país y las órdenes que están bajo la autoridad de la Conferencia Episcopal de ese país. En concreto, permitió el acceso a la información personal de 38156 clérigos, recopilada durante 68 años (de 1946 a 2014).[607]

 

282. El reporte final de esa investigación, entre otras cosas, advirtió que 1670 recibieron denuncias por abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, es decir, el 4,4% del total de los sacerdotes activos[608]. Aunque el rango de edad varió de los 20 a los 70 años, estableció que, en promedio, los agresores tenían 42,6 años de edad y 14,3 años de ministerio, al momento de cometer su primer abuso. Asimismo, indicó que el promedio de niños abusado por clérigo fue de 2.5, mientras que en el subgrupo de múltiples abusos el porcentaje fue de 4,7 y el caso documentado con el mayor número de abusos sexuales fue de 44 niños. También, señaló que el 28,2% de los sacerdotes cumplen con los criterios establecidos para ser diagnosticados por pederastia, porque abusaron sexualmente de al menos dos niños de 13 años o menores, con un espacio temporal de 6 meses o más, sin que tengan registros de ese tipo de conductas en contra de niños mayores de esa edad. En todo caso, aclararon que se requiere una valoración experta para poder determinarlo. Estos sacerdotes cometieron su primer abuso a una edad significativamente menor que el promedio de los demás acusados.[609]

 

283. Frente a los factores de riesgo, indicó que en el 1,8% de los casos, se encontró un registro de historia personal de abuso sexual. Con todo en los demás casos hubo registros de factores de riesgo potenciales como sobrecarga de responsabilidades (56,4%), sentimientos de aislamiento (13,7%), abuso de sustancias (24,5%), comportamiento inadecuado en relaciones sociales y signos de atrasos en su desarrollo o de problemas psicológicos (49,7%)[610]. Sobre las consecuencias de que afrontaron las víctimas reportó que los síntomas eran depresión, ansiedad, desordenes del sueño o alimenticios, síntomas de estrés postraumático (flashbacks, pesadillas, comportamiento evitativo), pensamientos y tendencias suicidas, autoflagelación, o abuso de sustancias psicoactivas. Aunque estos problemas no estuvieron diagnosticados, los patrones reportados permiten señalar que, al menos 244 víctimas, sufrieron del desorden de estrés postraumático.[611]

 

284. Frente a los procedimientos judiciales adelantados, precisó que entre el 33% y 37% de los casos fueron tramitados ante las instituciones eclesiásticas y ante las autoridades seculares. Por el contrario, más de la mitad de los casos no fueron tramitados y respecto de otros no se tiene información. Por su parte, el 25% de los casos conocidos por el derecho canónico finalizaron sin sanción, el 2,6% terminaron con la expulsión del sacerdocio y el 5,3% con la excomunión que corresponden a las sanciones más fuertes en el derecho canónico. Con todo, la mayoría de las sanciones impuestas parecieron ser menores como la admonición o la reubicación. Además, aseguró que algunas diócesis incluyeron en sus programas de formación módulos relacionados con violencia sexual.[612]

 

285. En este país han existido varias condenas a pena de prisión por estos hechos. Algunos estudios advirtieron que solo 30 sacerdotes fueron condenados, porque en los demás casos operó el fenómeno de la prescripción. Además, se han reportado casos de reincidencia. Uno de los informes emitidos en la materia señaló, a manera de ejemplo, que uno de los sacerdotes condenados por abuso sexual regresó al ejercicio de sus funciones clericales relacionadas con el cuidado de niños después de haber cumplido con su condena y reincidió en la conducta. Por último, esa institución creó una línea de atención telefónica para denunciar abusos sexuales, la cual recibió 8.500 llamadas en un período de dos años y actualmente está cerrada.[613]

 

286. Holanda. En Holanda, una investigación independiente de 200 acusaciones, adelantada en 2011, reveló “que decenas de miles de niños habían sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica holandesa durante más de seis décadas”[614]. El estudio reportó 800 clérigos acusados con 774 víctimas.[615]

 

287. Suiza. En 2002, una comisión encomendada por la Conferencia Episcopal de ese país investigó las acusaciones de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en las que estaban involucrados clérigos católicos. Como consecuencia de ello, varias personas acudieron a la policía a contar las situaciones de las que habían sido víctimas.[616]

 

288. Italia. Este país afronta serias dificultades para establecer la magnitud de la situación, porque tienen tratados suscritos con el Vaticano que garantizan inmunidad diplomática para los obispos y sacerdotes que ejercen su ministerio en esa nación. Con todo, se conocen algunas condenas penales por este tipo de conductas. Además, un abogado denunció públicamente que la Iglesia encubría este tipo de agresiones y señaló que la prensa había revelado alrededor de 130 casos denunciados por estos asuntos.[617] Por su parte, el fundador de la asociación de víctimas de violencia sexual presuntamente perpetrada por clérigos católicos, denominado Rete L´Abuso, señaló que en los últimos años ha conocido de 164 sacerdotes investigados, 162 condenados, 30 obispos encubridores y ha recibido nuevas acusaciones en contra de 161 de ministros de la Iglesia de ese país. En su criterio, si se aplicara la metodología empleada en Francia para analizar el fenómeno de la pederastia en la Iglesia Italiana, el resultado permitiría advertir alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Además, indicó que, junto con otras organizaciones de víctimas, solicitó a la Conferencia Episcopal de ese país que abra una investigación independiente para responder al fenómeno mencionado. Sin embargo, la Iglesia no ha dado respuesta al requerimiento y pareciera ser renuente a la propuesta.[618]

 

289. Francia. La Conferencia Episcopal Francesa permitió que una comisión de 21 expertos conformada en 2018 adelantara una investigación independiente para dimensionar el fenómeno de la pederastia al interior de la Iglesia Católica de ese país, durante el periodo comprendido entre 1950 y 2020. En ella, aplicó una encuesta a la sociedad civil y aplicó una metodología específica a los datos recopilados. Como resultado de ese proceso, la CIASE (por sus siglas en francés) informó que alrededor de 216.000 niños fueron víctimas de violencia sexual perpetrada por sacerdotes de la Iglesia Católica de Francia; mientras que, 114.000 fueron agredidos sexualmente por laicos que trabajaban para instituciones católicas de ese país. Es decir, señaló que aproximadamente 330.000 niños fueron víctimas de violencia en instituciones católicas de la Iglesia Católica francesa. Además, señaló que aproximadamente 3.200 sacerdotes de esa denominación religiosa cometieron actos de pederastia durante el periodo señalado. En consecuencia, la Conferencia Episcopal de Francia pidió perdón por esos abusos y remitió un mensaje a todas las parroquias de esa nación para que tuvieran conocimiento de la publicación del informe y de su importancia[619]. Además, el papa Francisco invitó a la Conferencia Episcopal de ese país a reunirse con las Conferencias de Alemania y Suiza para revisar las experiencias de esas instituciones en las investigaciones adelantadas con ocasión de la pederastia y destacó la dignidad de los Obispos de ese país al afrontar el informe de la Comisión independiente.[620] 

 

290. España. Históricamente, este país había recibido muy pocas denuncias en contra de clérigos católicos por la comisión de abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Algunos estudiosos de la materia han advertido que, de enero de 2001 a marzo de 2010, solo se presentaron 14 denuncias por este tipo de hechos. Otros indicaron que, en esa jurisdicción solo existen 25 sentencias condenatorias en contra de clérigos católicos por la comisión de abusos sexuales entre 1950 y 1913. Por su parte, el único estudio realizado, desde una perspectiva estadística, sobre el asunto tuvo como fundamento la aplicación de una encuesta a 3.200 personas. A partir de esa experiencia, el estudio concluyó que el 4,17% de los encuestados reconoció ser víctima de abusos sexuales por parte de clérigos, de los cuales el 9% eran niños y el 1% eran niñas. Finalmente, Varona Martínez investigó el asunto desde la victimología, con la colaboración de las diferentes diócesis y concluyó que la respuesta de la Iglesia Católica española resulta “insuficiente o ineficaz, respecto de las exigencias de prevención, intervención y reparación en los estándares mínimos internacionales de derechos humanos para las víctimas de delitos”.[621] En todo caso, la iglesia había adoptado varias medidas en contra de los sacerdotes acusados, entre ellas, la expulsión.[622]

 

291. Sin embargo, en el 2018, el periódico El País publicó una investigación sobre la pederastia en la Iglesia Católica de esa nación. A partir de la información contenida en ese informe, en el 2022, el Congreso le encargó a la Defensoría del Pueblo que adelantara una investigación oficial del asunto y lo remitiera a las Cortes Generales. Producto de ese encargo, en octubre de 2023, el Defensor del Pueblo publicó un informe construido con fundamento en los testimonios de 487 víctimas, de las cuales el 84% son hombres. Los resultados del informe son muy similares a los que fueron consolidados en países como Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Con todo, contiene una serie de propuestas que van más allá del ámbito institucional de la Iglesia Católica e involucran la participación del Estado en la reparación de los daños causados a las víctimas.[623] Asimismo, el ente acusador decidió agrupar las investigaciones que adelantaba sobre estas conductas para adelantar actuaciones sistemáticas que permitieran garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.[624]

 

292. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española elaboró el “Protocolo Marco para la Prevención y Actuación en caso de Abusos a Menores y Equiparables Legalmente”[625] y acogió la “Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre Abusos sexuales”.[626] Ambos fueron agrupados en un solo documento aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de España, celebrada en abril de 2023.[627]

 

293. Argentina y Chile. En Chile, la Iglesia destituía a los sacerdotes denunciados por abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, sin poner el caso bajo el conocimiento de las autoridades encargadas de investigar y sancionar las conductas. Sin embargo, en 2008, denunció algunos casos que terminaron en condenas por parte de la justicia ordinaria de ese país.[628] En el año 2018, el Papa Francisco visitó a la iglesia de Chile. Sin embargo, muy pocas personas asistieron a las actividades programadas. Al parecer, el pontífice fue acompañado por Juan Barrios, contra quien reposaban múltiples denuncias por encubrimiento de casos de pederastia. Aunque en su momento, el Papa aseguró que no existían pruebas de los señalamientos, tiempo después las pruebas salieron a la luz y el pontífice ordenó una investigación exhaustiva de la situación. Producto de ella, el 18 de mayo de 2018, cuatro Obispos de la Iglesia Católica de Chile presentaron su renuncia al sumo pontífice.[629]

 

294. Por su parte, Argentina es el país latinoamericano con el mayor número de condenas en contra de sacerdotes por abusos sexuales perpetrados en contra de niños, niñas y adolescentes.[630] Estos países son especialmente llamativos porque las actuaciones desplegadas hasta el momento no han surgido de las instituciones eclesiásticas, ni del Estado. Han sido las organizaciones de la sociedad civil quienes han promovido estas actuaciones. En efecto, la Red de Sobrevivientes de Chile y la Red de Sobrevivientes de Argentina han sido las encargadas de investigar el contexto y de promover las actuaciones judiciales en contra de los clérigos involucrados.[631]

 

295. Colombia. En nuestro país, las investigaciones por pederastia en la Iglesia Católica iniciaron hacía el año 2010. Producto de ello, en octubre de 2013, un cardenal “alentó a las víctimas a que informaran a las autoridades civiles sobre los sacerdotes abusivos para que se les someta a procedimientos penales”. Dijo: “Desafortunadamente en Colombia hay un absoluto desconocimiento de los derechos de los niños y jóvenes, y en este campo de los abusos sexuales hay cosas realmente lamentables”. Tan solo un mes antes, […] se informó de que la Conferencia Episcopal de Colombia, con 8.000 sacerdotes a su cargo, no mantiene un registro con el recuento de los sacerdotes que se han enfrentado a acusaciones de abusos”.[632]

 

296. Para esa misma época, la institución determinó que la protección integral de los niños, niñas y adolescentes sería el eje trasversal a la evangelización. Como consecuencia de ese lineamiento, en 2018, dispuso la Oficina del Buen Trato, para facilitar las denuncias por comportamientos abusivos. Esa instancia ha proferido dos documentos que buscan emitir lineamientos sobre el manejo institucional que debe darse a las denuncias por abuso sexual en contra de los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos en condición de vulnerabilidad denominados “Ruta de acompañamiento en presuntos casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y adultos en estado de vulnerabilidad” y “Lineamientos. Nuestra Iglesia, un hogar seguro”.[633] Adicionalmente, durante el año 2022, la Conferencia Episcopal de Colombia adelantó la jornada de talleres “Iglesias particulares, seguras y protectoras”.[634]

 

297. En el país se han emitido varias sentencias condenatorias en contra de clérigos católicos por abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes; y, una sentencia que condenó solidariamente a la Diócesis Líbano-Honda Tolima al pago de los perjuicios causados con la comisión de la conducta por parte de un sacerdote en contra de dos niños de una misma familia[635], respecto de las cuales la Corte deberá pronunciarse.

 

 

Conclusión

 

298. El fenómeno de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es una problemática muy seria a nivel nacional que suele ocurrir en escenarios familiares y en espacios privados como los entornos escolares. La mayoría de los agresores son familiares directos o conocidos de las víctimas.

 

299.  Hasta el momento existe un déficit de información respecto de los casos de violencia sexual ocurridos en escenarios religiosos en el país. Esto se debe a que ni las entidades públicas, ni las autoridades religiosas han adelantado investigaciones serias que analicen la comisión de este tipo de abusos en entornos religiosos. Con todo, la caracterización de este fenómeno no puede reducirse a investigaciones periodísticas que mantienen los sesgos de conocimiento que los académicos en otros países han recomendado eliminar, como incurrir en generalizaciones indebidas en las que se catalogan a todos los ministros de determinados credos como pederastas o pedófilos.

 

300. La violencia sexual cometida por líderes religiosos es una problemática que traspasa fronteras, culturas, credos y creencias. Aunque la Iglesia Católica ha recibido especial atención por parte de los medios en este asunto, lo cierto es que no es una problemática exclusiva de esa institución. Por el contrario, es un grave problema que impacta a las niñas, niños y adolescentes que profesan diferentes creencias religiosas. Si bien la violencia sexual, en cualquier contexto, genera impactos gravísimos en la vida de las víctimas que terminan por vulnerar todos sus derechos fundamentales, lo cierto es que la que ocurre en escenarios religiosos ocasiona afectaciones aún más trascendentes, en la medida en que afecta de forma importante la vida espiritual de las víctimas. Ciertamente, en estos escenarios, el abuso sexual viene acompañado de una violencia espiritual que suscita el denominado trauma religioso y cambia la relación de la persona con el ser Trascendente o Dios. 

 

301. El fenómeno del abuso sexual infantil en la Iglesia Católica ha recibido especial atención en los últimos años. Como consecuencia de ello, se han promovido diversos estudios con el fin de caracterizar esta situación y de establecer medidas que puedan evitar su continuación. En Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Francia, fue la misma Iglesia la que promovió alianzas estratégicas con investigadores independientes para poder dimensionar la magnitud de la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes dentro de la institución. En esos casos, la Iglesia permitió el acceso a los datos personales de los clérigos involucrados con ese tipo de conductas con el fin de identificar los factores de riesgo asociados a este fenómeno criminal y de establecer mecanismos para superar esos contextos de criminalidad.

 

302. Por su parte, en Australia, Inglaterra, Gales, Irlanda, Alemania y España, fueron las autoridades públicas las encargadas de promover las investigaciones relacionadas con esta situación. A través de comisiones independientes o de instituciones públicas, realizaron estudios que les permitieron identificar las características de la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes en estas instituciones. Para el efecto, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las normas de habeas data de cada jurisdicción, recolectaron los testimonios de las víctimas y le solicitaron a la Iglesia Católica la información que reposaba en sus archivos respecto de los clérigos denunciados o investigados por la comisión de este tipo de conductas.

 

303. Finalmente, en Chile y Argentina, fueron las organizaciones de la sociedad civil las que se encargaron de realizar estudios sobre el asunto, a través de la información brindada por las víctimas. En estos casos, las ONG recaudaron las vivencias de las víctimas para desarrollar litigios estratégicos que dieran visibilidad a las conductas y que garantizaran su efectiva investigación y judicialización.

 

304. En suma, las investigaciones que se han adelantado en otros países sobre el asunto han sido respetuosas de los derechos fundamentales al habeas data, a la intimidad y al buen nombre de los integrantes de la Iglesia Católica. En los casos referidos, los investigadores basaron sus estudios en la información aportada por las víctimas y en los datos personales de las personas relacionadas con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. En ningún caso, solicitaron el acceso a la información personal de los clérigos que no estaban, ni estuvieron, relacionados con situaciones constitutivas de abuso sexual infantil en escenarios religiosos. 

 

305.  Con fundamento en los estudios señalados, algunos académicos han indicado que la institución ha desplegado una serie de conductas dirigidas a manejar estos asuntos bajo la jurisdicción de las autoridades eclesiásticas y evitar así que sus integrantes sean juzgados por la justicia ordinaria. En ese contexto, los expertos en la materia han señalado que, si bien algunas denuncias han resaltado que una de las estrategias implementadas por la institución para evitar la judicialización de sus clérigos consiste en trasladar a sus integrantes a otras diócesis o capillas, lo cierto es que, hasta el momento, no existen estudios sistemáticos, ni contundentes que demuestren una relación directa e inescindible entre la trayectoria de los clérigos en la Iglesia Católica y la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

 

306. Adicionalmente, los expertos en la materia han evidenciado que, gracias a la atención que ha recibido la Iglesia Católica en el análisis de este tipo de violencia, las personas han incurrido en sesgos del conocimiento que los han llevado a considerar que todos los sacerdotes son pedófilos y, por tanto, abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, lo cierto es que los clérigos que incurren en este tipo de conductas solo representan del 4% al 7% de la institución. Además, solo un porcentaje muy bajo de esos sacerdotes cumple con los criterios necesarios para ser diagnosticados con pedofilia. Por esa razón, han hecho un llamado importante a la ciudadanía en el sentido de señalar la importancia de evitar esos sesgos del conocimiento.[636]

 

 

C. LAS RAZONES POR LAS CUALES CONSIDERO QUE LA CORTE DEBIÓ MANTENER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLÉRIGOS, SACERDOTES, RELIGIOSOS O MINISTROS QUE NO ESTÁN, NI ESTUVIERON RELACIONADOS CON DENUNCIAS, NI CON INVESTIGACIONES POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES

                                                                                     

 

El derecho fundamental de los periodistas a obtener información administrada por organizaciones religiosas y su relación con el derecho fundamental de petición

 

307. Le correspondía a la Corte resolver por lo menos los siguientes interrogantes:

 

· ¿Las instituciones religiosas que no contestaron las peticiones de los accionantes vulneraron los derechos fundamentales de petición y de libertad de información de los peticionarios?

 

· Ante la falta de competencia para contestar un requerimiento ¿las instituciones demandadas estaban obligadas a trasladar las peticiones a las autoridades encargadas de contestarlas?

 

· ¿Las instituciones religiosas accionadas vulneraron el derecho fundamental de los demandantes a obtener información para el ejercicio de sus actividades profesionales, al negarles el acceso a los datos personales de todos los sacerdotes ordenados e incardinados a sus instituciones, desde su llegada a Colombia, sin importar si estaban o no relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes?

 

· ¿Las instituciones eclesiásticas demandadas estaban obligadas a asumir los costos de la recopilación, sistematización y entrega de la información requerida por los accionantes, para garantizar su derecho fundamental de petición?

 

· ¿Las instituciones relacionadas con la Iglesia Católica tienen la obligación de divulgar los datos personales de los integrantes de las instituciones que no estén relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes en forma proactiva?

 

· ¿Los demandantes incurrieron en la figura del abuso del derecho de petición para obtener información, al formular varias solicitudes a diferentes instituciones de la Iglesia Católica?

 

308. Para tal efecto, la Corte tenía que (i) determinar el alcance del derecho fundamental de los demandantes a obtener información administrada por organizaciones religiosas, con fundamento en los elementos esenciales de los derechos fundamentales de petición y a obtener información administrada por entidades privadas de carácter religioso. A partir de ello, debía (ii) analizar los casos concretos.

 

 

Alcance del derecho fundamental de los periodistas a obtener información administrada por organizaciones religiosas

 

309. Téngase presente que el derecho fundamental de los periodistas a obtener información administrada por organizaciones privadas, entre ellas las religiosas, se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución,[637] así como en los artículos 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[638] y 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,[639] que hacen parte del bloque de constitucionalidad.[640] Aquellos establecen que todas las personas son libres “de buscar […] informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

 

310. Sobre el alcance de este precepto constitucional, en la Sentencia T-578 de 1993 la Corte explicó que el derecho fundamental a la obtención de información tiene una doble dimensión en la medida en que actúa como garantía constitucional y, a la vez, contiene obligaciones y responsabilidades.[641] En cuanto a su dimensión como derecho, señaló que, en las sociedades democráticas actuales, “se manifiesta en tres sentidos: a) en el deber tanto del Estado -salvo determinadas excepciones-, como de los particulares, a responder cuando la información sea requerida, b) en el derecho de toda persona a recibir información y c) en el derecho de los profesionales de ‘hacer la información’ con libertad y responsabilidad social.”[642] En esa medida, garantiza que las personas investiguen y reciban la información requerida y se relaciona con los preceptos consagrados en los artículos 15,[643] 23,[644] 74,[645] y 112[646] de la Constitución. Esta postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-487 de 2017, T-114 de 2018, T-091 de 2020 y SU-191 de 2022.

 

311. Esta garantía iusfundamental suele materializarse a través de la presentación de peticiones respetuosas ante las entidades que administran la información requerida. Por esa razón, la jurisprudencia ha destacado que el derecho a obtener información tiene un nexo inescindible con los derechos fundamentales de acceso a la información pública (artículo 74 superior) y de petición (artículo 23 de la Constitución).[647]

 

312. Al respecto, en la Sentencia C-274 de 2013 la Corte precisó que las tres garantías iusfundamentales señaladas comparten su núcleo axiológico esencial. Ello significa que los derechos fundamentales de acceso a los documentos públicos y de obtención de información pueden considerarse como modalidades del derecho de petición, a pesar de que cada uno tiene un alcance y contenido particular.[648] De ahí que, la jurisprudencia afirme que “el derecho de petición es el género y el derecho a acceder a la información pública es una manifestación específica del mismo”.[649] Por esa razón, la protección del derecho fundamental de petición, cuando se utiliza como una herramienta para acceder a determinada información, no solo exige el cumplimiento de los elementos esenciales del derecho fundamental de petición, sino la garantía de los derechos fundamentales de acceso a los documentos públicos y de obtención de información, según corresponda.[650]

 

 

Elementos esenciales del ejercicio del derecho fundamental de petición ante entidades privadas de carácter religioso

 

313. La jurisprudencia constitucional ha destacado que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reconoció que en la sociedad colombiana existe una asimetría de poderes entre los miembros de la comunidad que, en algunas circunstancias, es más amplia que la que existe entre el individuo y el Estado.[651] Por esa razón, consideró oportuno consagrar mecanismos para proteger los derechos de las personas que se encuentran en una situación de desventaja frente a otros con mayor poder político, social o económico. Como consecuencia de ello, en el artículo 23 de la Constitución estableció que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales” (énfasis añadido). Es decir, extendió el alcance del derecho fundamental de petición para permitir que los ciudadanos pudieran presentar peticiones respetuosas a las organizaciones privadas, con el fin de obtener la protección de otros derechos fundamentales.[652]

 

314. Según la jurisprudencia, esta garantía tiene una doble dimensión, en la medida en que garantiza que los interesados puedan elevar sus peticiones a las autoridades y a las personas privadas, al tiempo que exige que los sujetos obligados brinden una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo requerido.[653] Además, tiene un carácter instrumental,[654] pues permite que las personas se acerquen a las entidades públicas o a los particulares que ostentan una posición de privilegio por las actividades que desarrollan, para asegurar la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la información pública, el de obtener información, el de intimidad, el de libertad de expresión y el de participación política.[655] Esta característica resulta de vital importancia tanto para la efectividad de la democracia participativa,[656] como “para el logro de los fines esenciales del Estado”.[657] Por esa razón, la jurisprudencia ha destacado la importancia de la obligación que tiene el Estado de establecer herramientas eficaces para que los sujetos obligados contesten las solicitudes que se puedan generar en desarrollo de su actividad.[658]

 

315. Inicialmente hubo una falta de desarrollo normativo sobre la protección de esta garantía. Sin embargo, en la Sentencia T-001 de 1998 la Corte indicó que el ejercicio del derecho de petición ante las organizaciones privadas no solo permite que las personas tengan información sobre las decisiones y asuntos que les afectan, sino que garantiza que puedan participar y oponerse a los abusos en los que los particulares puedan incurrir como consecuencia de su posición dominante en una relación jurídica. En esa medida, aseguró que es una herramienta de participación democrática que le permite a la ciudadanía protegerse de las actividades que realizan las organizaciones privadas y exigirles el respeto por los derechos fundamentales. Por tanto, consideró oportuno establecer algunas reglas que permitieran el ejercicio de ese derecho fundamental, mientras el Legislador regulaba la materia.

 

316. Para el efecto, señaló que, en el ámbito del derecho fundamental de petición, la expresión “organización privada” tiene que ver con “la idea de una reunión o concurso de elementos personales, patrimoniales e ideales, convenientemente dispuestos para el logro de ciertos objetivos o finalidades vinculados a intereses específicos, con la capacidad, dados los poderes que detenta, para dirigir, condicionar o regular la conducta de los particulares, hasta el punto de poder afectar sus derechos fundamentales.”[659] Luego, indicó que las peticiones presentadas a particulares que prestan servicios públicos o que realizan funciones de interés general son asimilables a las que se presentan ante entidades públicas. Por tanto, señaló que estas deben tramitarse bajo el régimen establecido para garantizar el ejercicio del derecho de petición ante las entidades públicas, mientras que las demás deben atender a las reglas específicas que para el efecto determine el legislador. Con todo, precisó que, en este último escenario, la protección del derecho fundamental de petición solo procede cuando las personas presentan peticiones para “garantizar otros derechos fundamentales, pues su ejercicio no puede implicar una intromisión en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público.”[660]

 

317. Posteriormente, el legislador reguló este derecho fundamental en la Ley Estatutaria 1755 de 2015.[661] Dicha normativa establece que las personas pueden ejercer este derecho fundamental de forma directa y gratuita, para (i) solicitar de una autoridad pública el reconocimiento o la adjudicación de un derecho subjetivo, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio; (ii) requerir información pública; (iii) consultar, examinar y pedir copias de documentos públicos; (iv) formular consultas, quejas, denuncias y reclamos con motivo de las actuaciones y decisiones públicas; y, (v) interponer recursos. Asimismo, en su artículo 32 dispone que “[t]oda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes” (énfasis añadido). Para el efecto, estableció que “[s]alvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.”[662]

 

318. El artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 fue objeto de control previo y automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-951 de 2014. En ella la Corte señaló que el artículo 23 de la Constitución Política faculta al legislador para reglamentar el derecho de petición ante organizaciones privadas y que, en desarrollo de esa norma de habilitación al legislador, el artículo 32 sometido a estudio reglamenta la posibilidad de ejercer el derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. A juicio de esta Corte, el artículo contiene cuatro incisos y tres parágrafos que desarrollan diversos contenidos normativos, así:

 

“El enunciado general establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, señalando a modo enunciativo, el tipo de organizaciones privadas ante las cuales procede el derecho de petición.

 

“Enseguida, se establecen las reglas aplicables al derecho de petición ante las diversas organizaciones privadas.

 

“El inciso segundo hace una remisión, para que, salvo norma legal especial, el trámite y resolución de las peticiones ante organizaciones privadas se rija por las reglas generales previstas en el Capítulo Primero de la ley estatutaria del derecho de petición. Teniendo en cuenta que este precepto sólo remite al Capítulo I de la ley estatutaria en estudio, el inciso tercero replica el contenido dispositivo del artículo 74 de la Constitución, señalando que las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva en los casos expresamente señalados en la Constitución y la ley. 

  

“Por su parte el inciso cuarto, establece una regla especial de remisión, tratándose de peticiones ante las empresas o personas del sector financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países, las cuales se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Hábeas Data (Ley 1266 de 2008).

 

“El parágrafo 1º establece que el derecho de petición también podrá ejercerse ante personas naturales, cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en i) situaciones de indefensión, ii) subordinación o, iii) la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.

 

“También se establece el deber a cargo de los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo en prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que lo solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho ante organizaciones o instituciones privadas.

 

“Finalmente, la norma en estudio prevé que ninguna autoridad privada podrá negarse a la recepción del derecho de petición, estableciendo como consecuencia jurídica la imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes.”

 

319. Así mismo, precisó que, sobre el alcance del derecho fundamental de petición ante particulares, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que es preciso distinguir tres circunstancias concretas, a saber:

 

“1. Cuando la petición se presenta a un particular que presta un servicio público o que realiza funciones públicas, a efectos del derecho de petición, éste se asimila a las autoridades públicas.

 

“2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que ésta se produzca.[663]

 

“3. Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente.[664]”

 

320. Así las cosas, las organizaciones privadas, tales como las religiosas, deben tramitar las peticiones que les sean allegadas, con el fin de obtener la protección de otro derecho fundamental, a partir de las reglas generales para el ejercicio del derecho fundamental de petición establecidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 que les sean compatibles. En concreto, deberán atender a las disposiciones sobre (i) el objeto, (ii) las modalidades de ejercicio de esta garantía;[665] (iii) los términos para contestar;[666] (iii) la presentación de las solicitudes;[667] (iv) el contenido de las peticiones;[668] (v) el trámite de los requerimientos incompletos y del desistimiento;[669] (vi) la gestión de las peticiones irrespetuosas, oscuras y reiterativas;[670] (vii) la atención prioritaria de algunas solicitudes;[671] (viii) la falta de competencia;[672] y, (ix) la asistencia del ministerio público.[673]

 

321. Por su relevancia para el caso concreto, se precisa que los ciudadanos deben evitar incurrir en peticiones reiterativas, es decir, en presentar peticiones que resultan sustancialmente idénticas a una previa que se resolvió de fondo. En esos casos, no se vulnerará el derecho fundamental de petición[674] y las organizaciones podrán remitirse a sus respuestas anteriores, en aplicación de los principios de eficacia y economía de la labor administrativa, consagrados en el artículo 209 superior. Lo expuesto, a menos de que se trate de peticiones sobre derechos imprescriptibles.[675]

 

322. Además, reitera que “una persona comete abuso del derecho cuando (i) obtuvo el derecho de forma legítima, pero lo utiliza para fines contrarios al ordenamiento jurídico; (ii) se aprovecha de la interpretación de las normas o las reglas, con el fin de obtener resultados no previstos por el ordenamiento jurídico; (iii) hace un uso inadecuado e irrazonable del derecho, contrario a su contenido esencial y a sus fines; y (iv) invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada desvirtuando el objetivo jurídico que persiguen”.[676]

 

323. Ahora bien, por otra parte, la jurisprudencia ha señalado que las organizaciones privadas, incluidas las religiosas, deben garantizar el cumplimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición, el cual está compuesto por los elementos que se describen a continuación.[677]

 

Formulación de la petición

 

324. Según la jurisprudencia,[678] todas las personas naturales y jurídicas deben contar con la posibilidad cierta y efectiva de presentar solicitudes respetuosas ante los particulares establecidos por la ley;[679] quienes deberán recibirlas, tramitarlas y responderlas.[680] Al respecto, en la Sentencia T-726 de 2016 la Corte precisó que este tipo de solicitudes pueden presentarse ante las organizaciones privadas -con o sin personería jurídica, sin importar si prestan un servicio público o no-, con el fin de obtener la garantía de un derecho fundamental. Además, advirtió que también pueden interponerse ante personas naturales, cuando se pretenda la protección de una garantía iusfundamental y el solicitante tenga una relación de subordinación o de indefensión frente a este o exista una posición de dominio.[681]

 

325. Por su parte, en las Sentencias T-449 de 2018, T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 la Corte indicó que los ciudadanos tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las organizaciones religiosas. Frente al caso particular de la Iglesia Católica, en las Sentencias C-027 de 1993 y T-449 de 2018 la Corte aclaró que, en virtud del pluralismo político y religioso, consagrado en la Constitución de 1991, el Estado reconoce la coexistencia de ordenamientos jurídicos distintos y acepta la potestad normativa y judicial de esa institución. Con fundamento en ello, indicó que los Tribunales Eclesiásticos, en ejercicio de su jurisdicción, emiten verdaderas decisiones judiciales que resuelven asuntos de su exclusiva competencia. Por tanto, precisó que “los fieles católicos tienen la facultad de (i) elevar solicitudes respecto de su proceso (debido proceso) y (ii) peticiones fuera del proceso (derecho de petición). Así, los Tribunales Eclesiásticos deberán resolver las primeras peticiones en el marco de los procedimientos que se tramitan bajo la normativa canónica, a menos que se trate de solicitudes ajenas a los procesos sometidos a su competencia, las cuales, salvo norma canónica en contrario, se regirán por el marco constitucional y normativo del derecho de petición”.[682] De manera que, quienes se someten a las prácticas de la Iglesia Católica lo hacen bajo los parámetros de los ritos católicos, los cuales se prevén en el Código de Derecho Canónico.[683]

 

 

Pronta resolución

 

326. Las autoridades públicas y las organizaciones privadas deben contestar las solicitudes que les son presentadas en el menor plazo posible. Si bien el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fijó los plazos que deben tener en cuenta las autoridades y los particulares para contestar las peticiones allegadas por los ciudadanos, lo cierto es que esos tiempos corresponden al término máximo que tiene el sujeto obligado para resolver la petición.

 

327. En efecto, la norma referida dispone que las peticiones de documentos y de información deben contestarse dentro de los 10 días siguientes a su recepción, las consultas dentro de los 30 días siguientes y las demás dentro de los 15 días siguientes. De conformidad con lo dicho por la Corte en la Sentencia C-951 de 2014, esto significa que las organizaciones privadas están sujetas a los siguientes términos para responder: “peticiones en interés general y particular de quince (15) días hábiles; peticiones de información, diez (10) días hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días hábiles”. Con todo, si la autoridad no puede contestar la petición dentro de los plazos previstos, entonces deberá informar de la situación al peticionario antes del vencimiento del término, explicarle los motivos de la demora y señalar el plazo razonable en el que contestará la petición; el cual, en todo caso, no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. Sin embargo, la Corte señaló que los términos establecidos por la ley para contestar las peticiones deben entenderse como un plazo máximo de respuesta, en atención a “la necesidad de que los asuntos sean respondidos de manera oportuna y dentro de un plazo razonable el cual debe ser lo más corto posible”.[684]

 

328. Adicionalmente, deben dar atención prioritaria a las peticiones que pretenden el reconocimiento de un derecho fundamental para evitar un perjuicio irremediable y a las solicitudes que presenten los periodistas para el ejercicio de su actividad.[685] Sobre este último escenario, en las Sentencias C-951 de 2014, T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 la Corte señaló que el trámite prioritario de esas peticiones tiene que ver con la protección especial que el artículo 73 superior le otorga a la actividad periodística, [686] así como con el rol preponderante que cumplen los medios de comunicación en la sociedad al actuar “como ‘guardiana de lo público’ y de sus funciones medulares en materia de información y opinión, en una democracia participativa y pluralista”.[687]

 

 

Respuesta de fondo

 

329. Los sujetos requeridos mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición deben resolver las solicitudes que les planteen de forma clara, precisa, congruente y consecuente. Ello significa que, sus respuestas deben contener argumentos de fácil comprensión (claridad) que estén enfocados en lo solicitado, sin incurrir en evasivas (precisión), ni en abordar asuntos ajenos a la petición (congruencia). Además, si la solicitud se presenta en el marco de un proceso que adelanta la entidad, entonces, la respuesta debe ser consecuente con el trámite. Eso significa que, la autoridad debe tener en cuenta esa situación en su respuesta y evitar tratarla como una petición aislada (consecuencial).[688]

 

330. El cumplimiento de esta obligación no necesariamente implica otorgar lo pretendido por el peticionario,[689] en la medida en que el derecho de petición se agota con la presentación de la solicitud y la notificación de la respuesta, mientras que el derecho a lo pedido “implica el reconocimiento de un derecho o un acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la solicitud, la pretensión sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar la materia de la solicitud”.[690]

 

331. En materia de peticiones de documentos o de información, la jurisprudencia ha señalado que para dar una respuesta de fondo las autoridades y los particulares deben pronunciarse sobre la entrega de la información requerida. Eso significa que, les corresponde entregar la información requerida o invocar la reserva de la información para negarse a suministrarla. En este último escenario, los sujetos obligados deben explicar de manera concreta y veraz las razones por las cuales consideran que la información debe mantenerse bajo reserva.[691]

 

332. En el caso concreto de las organizaciones privadas, en la Sentencia T-487 de 2017 la Corte indicó que el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 prohíbe que las organizaciones privadas invoquen genéricamente la reserva de la información para negarse a suministrarla. En esa medida, las entidades referidas deben establecer de manera concreta y veraz las razones por las cuales consideran que la información es reservada y no pueden ponerla a disposición del peticionario. En caso de no hacerlo, desconocerán lo establecido en la Constitución y en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 e incurrirán en una vulneración del derecho fundamental de petición.

 

Costos causados por la respuesta emitida

 

333. Frente a los costos que puedan generarse para contestar las peticiones, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, establece que “[e]l ejercicio del derecho de petición es gratuito”. Sin embargo, el artículo 29 ejusdem dispone que, en las peticiones presentadas a las autoridades públicas, “los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas”. Además, señala que su valor no podrá exceder el costo de reproducción, el cual no podrá ser superior al comercial de referencia en el mercado. 

 

334. Esta última disposición fue analizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014. En esa oportunidad, la Corte consideró que la reproducción de documentos es “una actividad indirectamente relacionada con los fines de cada autoridad y que comporta un costo resultante del volumen de la documentación solicitada, [y, por tanto,] resulta razonable la previsión del legislador estatutario de permitir la asignación del costo de dicha reproducción al peticionario”. Sin embargo, esa norma no es directamente aplicable a las peticiones presentadas ante los particulares, porque se encuentra localizada en el Capítulo II de la Ley 1755 de 2015. Por tanto, en las peticiones presentadas ante los particulares, debe primar la gratuidad.

 

335.  En todo caso, lo expuesto, no significa que los particulares deban asumir todos los costos asociados a las peticiones presentadas por los ciudadanos. Si los peticionarios exigen la reproducción de ciertos documentos, las entidades particulares pueden trasladar esos valores a los interesados en acceder a la información. Sin embargo, no podrán imponerles el deber de sufragar los costos de personal o de infraestructura en los que pueda incurrir la entidad para contestar el requerimiento, ni podrá imponer un rubro para acceder a la información solicitada. Únicamente, podrán trasladar el valor exacto de los costos asociados a la reproducción de los documentos requeridos. 

 

 

Notificación de la decisión

 

336. Los sujetos requeridos mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición deben poner a disposición del interesado la respuesta otorgada a su solicitud. Esto, en la medida en que el conocimiento de la contestación hace parte del núcleo intangible de este derecho fundamental y es el presupuesto para impugnar la postura de la administración o del particular.[692] Sobre el particular, la Corte ha explicado que es el sujeto requerido quien tiene la carga de acreditar en el proceso que le notificó al solicitante su respuesta.[693]

 

337. En suma, para tramitar las peticiones que les sean allegadas, las organizaciones privadas de carácter religioso deben observar las reglas generales establecidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 y garantizar el cumplimiento de los elementos que componen el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. En esa medida, deben priorizar las solicitudes presentadas por los periodistas en ejercicio de sus labores, ante su eventual falta de competencia para responder el requerimiento debe remitir el asunto a la autoridad eclesiástica competente, contestar de fondo todas las peticiones que los ciudadanos les presentan para obtener la protección de sus derechos fundamentales y poner a disposición del interesado la respuesta otorgada. Todo ello dentro del menor tiempo posible y sin exceder el término establecido en la Ley.[694]

 

 

El derecho fundamental de los periodistas a obtener la información que requieren para el ejercicio de su profesión y que es administrada por las organizaciones religiosas

 

338. De conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Constitución, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[695] y 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,[696] los periodistas son titulares del derecho fundamental a obtener información de las entidades privadas, entre ellas, las religiosas. Según la jurisprudencia, este precepto constitucional (i) establece que el Estado y los particulares deben responder a las solicitudes de información que les son planteadas; (ii) garantiza que las personas reciban la información que requieren y (iii) permite que los periodistas procesen la información que conocen con libertad y responsabilidad social.[697] Sin embargo, no es un derecho absoluto, sino que admite limitaciones.

 

339. En efecto, esta Corporación ha precisado que, en principio, las organizaciones privadas, incluidas las religiosas, solo están obligadas a suministrar aquella información cuya divulgación no vulnere los derechos fundamentales al habeas data y a la intimidad de los titulares de la información. Es decir, la de carácter público que se encuentre en sus bases de datos o en sus archivos. Con todo, estableció algunas excepciones para estos casos.

 

340. En concreto, en la Sentencia T-487 de 2017 la Corte revisó los fallos proferidos con ocasión de la acción de tutela presentada por un ciudadano en contra de una compañía privada que se negó a entregarle copia de los videos captados por las cámaras de seguridad del establecimiento durante determinado periodo, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información. En esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión precisó que las reglas establecidas para el acceso a la información pública no son aplicables para la obtención de los documentos o datos de carácter privado. Esto, en la medida en que las relaciones entre particulares se rigen por los principios de libertad y autonomía de la voluntad privada de las partes, lo que significa que no deben existir desequilibrios, ni cargas adicionales para las personas. De manera que, en esos casos, corresponde determinar si la información solicitada está o no sujeta a reserva, como consecuencia de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. En caso de no estarlo, las entidades privadas deben entregar la información requerida. Al analizar el caso concreto, la Sala de Revisión de la Corte consideró que la compañía vulneró el derecho fundamental de petición de información del accionante, porque incumplió el deber de suministrar la información que no se encuentra sujeta a reserva legal, al negar la entrega de los videos requeridos, sin establecer las razones puntuales por las cuales consideraba que la información requerida no podía divulgarse.

 

341. En un caso con supuestos de hecho similares, en la Sentencia T-114 de 2018 la Corte a través de la Sala de Revisión aseguró que la información privada y personal “revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial”. Luego, precisó que, en virtud de la Ley 1581 de 2012, las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar su reserva, salvo en los eventos señalados por la misma norma. Asimismo, señaló que la normativa referida delimitó el concepto de los datos sensibles y prohibió su tratamiento, a menos que se cumplan las condiciones previstas en la norma. Posteriormente, estudió la naturaleza de la información recopilada por los circuitos cerrados de televisión y concluyó que, si estos instrumentos de monitoreo están ubicados en lugares abiertos al público, pero contienen imágenes de niños, niñas o adolescentes, entonces la información requerida es privada y solo puede ser obtenida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, concluyó que la accionada no vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria.

 

342. Luego, mediante la Sentencia T-091 de 2020 la Corte revisó las decisiones judiciales adoptadas con motivo las acciones de tutela presentadas precisamente por el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos en contra de la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y de la Arquidiócesis de Medellín (Expedientes T-7.418.878 y T-7.486.371). En esa ocasión, el citado accionante indicó que adelantaba una investigación periodística para la W Radio titulada “Dejad que los niños vengan a mí” de la cual obtuvo indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín; que con el fin de corroborar dichos indicios y garantizar que la información periodística fuera “objetiva y transparente”, presentó derechos de petición ante la “Inspectoría de los Salesianos” y la Arquidiócesis de Medellín mediante los cuales solicitó información acerca de siete (7) y treinta y seis (36) sacerdotes, respectivamente, que pertenecían a estas organizaciones religiosas. En concreto, requirió que se le brindara información concreta sobre (i) la relación de estas personas con las accionadas, (ii) su trayectoria en la Iglesia Católica, (iii) las denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de delitos que configuraban abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y, en caso de haberlas, los trámites adelantados a partir de ellas. Asimismo, le solicitó (iv) a la Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín que le informara si había analizado las denuncias publicadas en la W Radio sobre presuntos abusos sexuales cometidos en la institución; y, (v) a la Arquidiócesis de Medellín que explicara las razones por las cuales indicó que desconocía el paradero de uno de sus sacerdotes, si su arzobispo lo recomendó para trabajar en otro país. Sin embargo, el accionante adujo que las entidades demandadas le negaron el acceso a esa información que, a su juicio, no estaba sometida a reserva y cuyo acceso era necesario para: i) “proteger diversos derechos fundamentales”,[698] incluidos los derechos de niños y niñas;[699] ii) “garantizar los principios de publicidad y transparencia”[700] y iii) “descubrir un entramado de corrupción y de abusos por parte de una entidad religiosa”.[701] Además, señaló que tal proceder omisivo desconoció sus derechos fundamentales a la información y a la libertad de expresión,[702] “propios de [su] actividad profesional”.[703] Durante el trámite de revisión, el actor le solicitó a la Corte Constitucional que emitiera un pronunciamiento acerca de la exequibilidad del Concordato y sobre la apertura de los “Archivos Secretos” de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. La Sala Primera de Revisión se abstuvo de emitir un pronunciamiento en relación con estas pretensiones, dado que excedían su competencia, la cual se circunscribió a la revisión de los fallos de tutela.

 

343. Para analizar el caso descrito, la entonces Sala Primera de Revisión señaló que, según su cercanía con el ámbito íntimo, la información solicitada podía catalogarse como “reservada”, “privada” o “semiprivada”. Que el acceso a la información “reservada”[704] o “privada”[705] es más restringido, a diferencia de lo que ocurre con la información “semiprivada”, la cual tiene un grado menor de limitación para su acceso. La Sala Primera de Revisión señaló que, en principio, el acceso a cualquiera de los tres tipos de información (información personal “reservada”, “privada” o “semiprivada”) está restringida a su titular. Por tanto, su acceso por parte de terceros está condicionado a la autorización de aquel, como forma de garantía de su intimidad. Sin embargo, dijo, esta regla no es absoluta. Señaló que de conformidad con el principio de circulación restringida, previsto en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, el responsable del tratamiento de datos debe sujetarse a los límites propios de la naturaleza de la información y a garantizar que los mismos solo estén disponibles para sus titulares y usuarios autorizados.[706] Asimismo, que la sección f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, en virtud del principio de “acceso y circulación restringida”, “El Tratamiento [de la información] se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley”. Igualmente, que de conformidad con el “principio de confidencialidad”, de que trata la sección h) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012[707], quienes intervengan en el tratamiento de datos personales deben garantizar su reserva, salvo que se trate de datos públicos.[708] En concordancia con dichos principios, las normas que regulan el tratamiento de datos personales prevén que estos no deben suministrarse a terceros sin la autorización del titular. 

 

344. Por lo tanto, concluyó que el artículo 5 de la Ley 1266 de 2008 prescribe que la información personal “podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos: a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos”. Por su parte, que el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, “sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular”. Que, de manera especial, al referirse a la información “semiprivada”, el parágrafo del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Habeas Data prevé que su administración “requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos”, en los siguientes términos: Parágrafo.  La administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos […]. En todo caso, la administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley. En suma, dijo que, de conformidad con los principios de circulación restringida y confidencialidad, cuando se solicita información semiprivada, los responsables del tratamiento de datos no pueden revelarla sin autorización de su titular.

 

345. Sin embargo, la Sala Primera de Revisión señaló que “de esa restricción que se impone a las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales no se sigue que exista una prohibición absoluta para su acceso por terceros, en tanto su valoración en cada caso supone ponderar las circunstancias específicas de que se trate por el juez constitucional, a quien el ordenamiento constitucional le otorga competencia para valorar cuándo es procedente garantizar el acceso a determinada información que detentan organizaciones privadas, en este caso religiosas.”[709] En ese sentido, señaló que “[s]i la protección de otros derechos fundamentales que se obtiene mediante el acceso a la información justifica las limitaciones correlativas al derecho a la intimidad, tal acceso está constitucionalmente ordenado. Esto sucede cuando el grado de satisfacción de otros derechos fundamentales, como la libertad de información, es mayor que el grado de limitación del derecho a la intimidad que resulta del acceso a la información específica solicitada.”[710]

 

346. Con fundamento en lo anterior, la citada Sala Primera de Revisión analizó el caso concreto y concluyó que la entrega de la información requerida generaría una leve afectación del derecho a la intimidad de los titulares de la información, en comparación con la grave afectación del derecho a la libertad de información que podría generar la decisión de negar el acceso a los datos solicitados. La Sala Primera de Revisión advirtió que el impacto que generaría la entrega de la información en el derecho a la intimidad de los titulares de los datos es leve, porque las peticiones del periodista pretendían confirmar la información que ya había obtenido en el marco de su investigación periodística, por una parte y, por la otra, la información requerida era de carácter semiprivado.

 

347. Para justificar su decisión, la Sala Primera de Revisión indicó que la información sobre la trayectoria de los sacerdotes, su relación con las accionadas, las denuncias concretas formuladas en su contra y las medidas adoptadas por la organización a partir de ellas es semiprivada, incluso, es información que es de conocimiento público. En su criterio, el hecho de que los sacerdotes utilicen indumentaria o signos distintivos de su congregación, aunado a la divulgación de su pertenencia a ciertas instancias religiosas en los medios oficiales de las congregaciones, hace que esta información suela ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción de los sacerdotes con la sociedad. Además, consideró que la divulgación de los datos personales sobre la ordenación de los sacerdotes no implica una afectación intensa del derecho a la intimidad, porque solo se dirige a constatar los tiempos en los que las personas cumplieron su ministerio en ciertas organizaciones religiosas.

 

348. En esa misma línea, indicó que la información requerida sobre las denuncias presentadas en contra de los sacerdotes expresamente identificados por la presunta comisión de delitos constitutivos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes generaría una intromisión leve en el ámbito privado de los sacerdotes, porque sus preguntas no estaban dirigidas a indagar sobre las denuncias recibidas por las organizaciones. Por el contrario, solo pretendían saber de forma genérica si los sacerdotes identificados habían sido denunciados por las conductas enunciadas y si estas habían generado actuaciones por parte de la justicia penal colombiana y de las autoridades eclesiásticas encargadas del asunto. Por último, señaló que la información no solo era de interés de los titulares, sino que también era de interés para el accionante y para la sociedad en general, pues el acceso a la misma pretendía garantizar una investigación objetiva y transparente que otorgara información cierta, objetiva y veraz a la sociedad.

 

349. Por otra parte, advirtió que la resistencia a la divulgación de información semiprivada, en este caso, resultaba relativizada porque el acceso a la información requerida resultaba de especial relevancia para el ejercicio de las funciones propias del periodista. En esa medida, la interpretación de los derechos de los titulares debía efectuarse en armonía con el derecho a la información del peticionario. Además, indicó que, bajo el derecho canónico, los procesos relacionados con delitos sexuales no están sometidos a reserva estricta. En esos casos, el deber de mantener bajo secreto la información debe ceder ante los valores y derechos que merecen una mayor protección. Al final, manifestó que las peticiones presentadas por el accionante tenían un propósito legítimo en la medida en que pretendían corroborar la información obtenida en la investigación que adelantó con la W Radio, para garantizar que la sociedad recibiera información veraz e imparcial. En consecuencia, dispuso que las instituciones religiosas accionadas debían entregar la información requerida.

 

350. Posteriormente con la Sentencia SU-191 de 2022 la Corte estudió las decisiones judiciales adoptadas con ocasión de una nueva acción de tutela presentada por Juan Pablo Barrientos Hoyos, con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición de información, presuntamente, vulnerado por la Arquidiócesis de Medellín, al no responder de forma completa la solicitud radicada el 19 de febrero de 2021. En ella, el accionante enlistó, con nombre propio, a novecientos quince (915) sacerdotes de la Arquidiócesis por los que, aseguró, no había preguntado en anteriores oportunidades; y, solicitó que se le informara de manera concreta sobre: (i) el número de denuncias recibidas por la Arquidiócesis de Medellín, en los últimos 30 años, contra tales sacerdotes por presuntos actos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes; (ii) la identidad de los sacerdotes involucrados; (iii) las fechas de los hechos; (iv) el trámite dado por el derecho canónico a esas denuncias; y, (v) el estado de esas denuncias ante la justicia penal ordinaria.[711]

 

351. Para determinar el alcance del derecho a la libertad de información en el caso que ocupó la atención de la Corte, esta consideró necesario diferenciar varios elementos. Por un lado, identificar qué tipo de información se solicitó y su relevancia social, la titularidad de esos datos y las características del solicitante, aspectos concurrentes que, dijo, deben ser analizados de manera conjunta por el juez constitucional para establecer el alcance y los límites del derecho a la libertad de información. 

 

“En este primer elemento de análisis debe verificarse si la información que se solicita está relacionada con una persona en particular. Las normas más relevantes sobre datos personales son las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En este caso, un dato personal se define como “[c]ualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”[712]. A su vez, el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 previó tres categorías de datos personales:

 

(i)       Público: es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con esta ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas.

 

(ii)     Semiprivado: no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general.

 

(iii)   Privado: por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.[713]

 

(…)

 

“Posteriormente, la Ley 1581 de 2012 consagró una categoría adicional, los datos sensibles. Según el artículo 5°, se trata de:

 

‘aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos’.

 

“A su vez, el artículo 7° de la misma Ley señala que ‘[q]ueda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública’.”[714]

 

352. A juicio de la Corte, la clasificación de datos también está relacionada con la posibilidad que tiene un tercero de acceder a ellos.[715] Aquí la Corte concluyó que “Es claro que la regla general frente al manejo de datos semiprivados es que a estos solo pueden tener acceso los terceros previa autorización del titular, por lo que los administradores de las bases de datos con estas características tienen, en principio, prohibido entregarlos. La Sentencia T-729 de 2002, recientemente reiterada en la Sentencia SU-139 de 2021, destacó que el habeas data otorga al titular de la información la facultad de exigir al administrador de las bases de datos, entre otras, ‘la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de bases de datos personales’.”

 

353. Sin embargo, en esta Sentencia SU-191 de 2022, la Corte resaltó de nuevo que la restricción legal para los administradores de revelar datos semiprivados sin autorización del titular no es absoluta por lo que deberá ser ponderada en la medida en que el ordenamiento jurídico no dispone ningún otro mecanismo, administrativo ni judicial, para resolver las tensiones derivadas del requerimiento de acceso por parte de terceros.[716]  Al respecto señaló que “de las normas jurídicas aplicables no se sigue una protección absoluta de los datos semiprivados, y tampoco una prohibición total de divulgación dirigida a los administradores de los mismos. La complejidad y carácter dinámico de este tema exige la consideración de distintos elementos de acuerdo con cada caso concreto y bajo la consideración de la presencia de datos sensibles que puedan aparecer como datos semiprivados, por eso, es relevante analizar, a partir de los fundamentos mencionados, los límites a la protección de datos semiprivados con énfasis en el interés que para la sociedad tenga el asunto y en las características tanto del titular de esa información como del solicitante, aspectos relevantes para el caso bajo examen.”  

 

354. Al referirse a los límites a la protección de datos semiprivados y la relevancia social de la información sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la Corte señaló que “la regla general de los datos personales es que deben ser tratados según las indicaciones de su titular. En principio, los datos personales pueden vincularse con información que no tiene relevancia pública, y que tiene un alto grado de protección como lo pueden ser los datos privados o sensibles. En estos casos, es evidente que la información no tiene naturaleza pública porque corresponde exclusivamente al manejo que el titular quiera darle. Por otro lado, cuando se trata de datos públicos, es evidente su naturaleza pública, precisamente, porque se refieren a información contenida en documentos públicos sin ninguna reserva. Sin embargo, la categoría que presenta más dificultad en esta distinción -entre naturaleza pública y privada- es la de datos semiprivados. Como fue expuesto, el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 señala que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública. Además, su divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general.”

 

355. La Corte concluyó que “ha reconocido la posibilidad de que terceros accedan a datos sin autorización del titular debido a la naturaleza y relevancia social de la información, aunque sean datos semiprivados.” “Obviamente, señaló, esa apertura no incluye datos sensibles, que ostentan una alta protección constitucional. Por lo tanto, la interpretación del derecho de acceso a esos datos y a la correlativa protección ha sido clara: no hay una prohibición constitucional absoluta para que el administrador de datos semiprivados pueda divulgarlos sin autorización del titular. Para ello, se debe establecer si las circunstancias del caso concreto lo ameritan. Por ejemplo, en materia de violencia sexual contra menores de edad, esta Corporación ha admitido tal posibilidad debido a la importancia social que tiene investigar y sancionar estas conductas, en particular porque afectan a sujetos de especial protección constitucional. Por esta razón, la información que busca esclarecer o vislumbrar la comisión de estos hechos es relevante públicamente. Sin embargo, no toda información asociada con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene esa naturaleza. Para determinarlo será necesario estudiar la clasificación de cada dato según las categorías existentes, como lo son los datos públicos, semiprivados, privados o sensibles, al igual que las reglas especiales, como la prohibición del tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.[717]” (Resaltado fuera del texto).

 

356. La segunda dimensión para determinar el alcance de la libertad de información se refiere al titular de los datos, por lo que la Corte señaló que es necesario analizar la calidad de los sujetos sobre los cuales se solicita la información. En principio, dijo, cuando se trata de particulares, aplican las restricciones propias de la clasificación de datos personales mencionada previamente. En este sentido señaló que sus datos personales podrán ser públicos, semiprivados, privados o sensibles, según las particularidades del caso. No obstante, advirtió, debido a la incidencia social o comunitaria de ciertas personas, existen estándares diferentes respecto de la posibilidad de acceso a sus datos o información personal. Aquí la Corte reiteró lo dicho en la Sentencia SU-1723 de 2000, mediante la cual se pronunció sobre el principio de relevancia pública, que depende de la calidad de la persona y del contenido de la información: “Quienes por razón de sus cargos, actividades y de su desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. En estos eventos, el derecho a informar se torna más amplio y su primacía es, en principio, razonable”. Por ello señaló que “La misma providencia hizo énfasis en la noción de relevancia pública de la información, que comprende un interés legítimo de la sociedad para conocer información relacionada con aspectos personales de un individuo. Sin embargo, no se justifica una intromisión a la intimidad o una afectación al honor de la persona. Por lo tanto, para hablar de relevancia pública se requiere de un interés público, real, serio y actual, en el que no haya una finalidad difamatoria o tendenciosa. En relación con hechos delictivos, su investigación y esclarecimiento, al igual que la eventual imposición de sanciones, generan un interés legítimo por conocer la verdad sobre una actuación reprochable. En consecuencia, es válido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una persona, ‘siempre y cuando estos tengan relación (directa o indirecta) con el asunto investigado o permitan aclarar puntos al respecto’.” (Resaltado fuera del texto)

 

357. La Corte concluyó que la naturaleza de la información relativa a violencia sexual contra menores de edad es relevante para determinar la posibilidad que tiene un tercero de solicitar datos semiprivados. “Si se trata de una persona con relevancia social por su posición o cargo, es aún más claro que hay menos restricciones para acceder a información relativa a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se reitera que esta regla no implica desproteger el derecho al habeas data, alterar la protección constitucional de los datos privados o sensibles, o exponer públicamente la intimidad de un sujeto con información que sea irrelevante o tendenciosa. Además de este elemento, es importante analizar un aspecto adicional para interpretar el alcance del acceso a datos semiprivados por parte de terceros en casos como el estudiado ahora por la Corte: la titularidad del tercero solicitante de la información.”

(Resaltado fuera del texto)

 

358. Por su parte, la Corte reiteró que los artículos 20 y 74 superiores reconocen el derecho a la libertad de información a todas las personas, razón por la cual la jurisprudencia constitucional ha establecido que, a pesar de la titularidad universal del derecho de acceso a la información, hay individuos que tienen una protección reforzada en su condición de solicitantes, como sucede con los periodistas, quienes tienen una protección constitucional especial[718] porque ejercen una función de particular importancia en la sociedad. Además, señaló que la Ley 1755 de 2015 sobre el derecho fundamental de petición les reconoce un trámite preferencial en el ejercicio de su actividad.[719]

 

359. La Corte resaltó lo dicho en las Sentencias SU-274 de 2019[720] y SU-1723 de 2000 en las cuales aclaró que, a pesar de su importancia para la democracia, el ejercicio periodístico está limitado por la responsabilidad social de los medios de comunicación, lo cual implica que “la labor periodística se torna abusiva cuando excede los fines de la libertad de información, como lo es establecer la veracidad o falsedad de la noticia. Para ilustrarlo mejor, indicó que se puede restringir el derecho a la libertad de información cuando existe un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de divulgar datos del proceso.” Adicionalmente, luego de recordar lo dicho en la Sentencia T-007 de 2020[721] -que reiteró los límites de la actividad periodística-  y lo señalado en la Sentencia T-091 de 2020  -en la cual analizó el alcance del derecho a la libertad de información de los periodistas en relación con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes posiblemente ejercida por miembros de la Iglesia católica-, la Corte concluyó que uno de los canales más importantes para materializar el derecho a la libertad de información es el ejercicio de la actividad periodística y dijo que “[l]as investigaciones que realizan estas personas permiten garantizar la doble vía del derecho a la información, que consiste en informar y ser informado de forma veraz. Por lo tanto, existe una protección calificada al derecho a la información (tanto a su acceso como a su difusión) en cabeza de los periodistas dada la relevancia de su trabajo es un Estado democrático (artículo 1° superior). Sin duda alguna, ese rol es fundamental cuando se trata de investigaciones que buscan esclarecer hechos relativos a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, sucesos de innegable relevancia social y que comprometen el deber de respeto y garantía del Estado frente a sus derechos y la prevalencia del interés superior de los menores de edad. No obstante, la divulgación de la información debe ser veraz y equilibrada, aspectos que deberán ser especialmente considerados por quienes ejercen la labor periodística cuando se trata de situaciones que pueden tener implicaciones penales, pues los derechos de los involucrados también son protegidos por la Constitución. En ese sentido, la protección especial del derecho de acceso a la información a los periodistas puede generar la vulneración de otros derechos fundamentales.”  (Resaltado fuera del texto) En todo caso, señaló que “tanto la legislación estatutaria como la jurisprudencia constitucional han cobijado el ejercicio del periodismo con garantías que privilegian el acceso a la información que requieren con fines investigativos, aun cuando esta sea de carácter semiprivado, repose en manos de particulares y, en especial, cuando la requieran para mostrar a la opinión pública asuntos de relevancia social.”

 

360. Así mismo, en esta Sentencia la Corte señaló que el derecho de petición de información encuentra límites en su ejercicio cuando colisiona o puede afectar otros derechos fundamentales, como pueden ser los derechos al buen nombre y a la intimidad familiar. La Corte dijo entonces, “que la privacidad de la vida personal es una manifestación del derecho a la intimidad, e implica un deber de abstención por parte del Estado y de terceros de intervenir de manera arbitraria o injustificada en dicha esfera y también, de publicar o divulgar sin autorización asuntos relacionados con el ámbito privado de los individuos^[722].”

 

361. Con base en la jurisprudencia constitucional analizada la Corte señaló que el derecho a la intimidad puede restringirse cuando se cuente con el consentimiento libre de su titular o exista orden dictada por la autoridad competente. “En tal virtud, la legítima y adecuada divulgación o publicación de la información personal debe observar los principios de: (i) libertad, en virtud del cual los datos de una persona no pueden ser divulgados ni registrados, salvo que medie el consentimiento del interesado o exista un fin constitucionalmente legítimo; (ii) finalidad, el cual supone que la publicación o divulgación de los datos personales esté sustentada en un fin constitucionalmente legítimo; (iii) necesidad, esto es si los datos que se van a revelar guardan relación con un soporte constitucional; (iv) veracidad, que exige que la publicación de información personal que se ajuste a la realidad o sea correcta; y (v) integridad, que significa que no puede evidenciarse parcialidad o fragmentación en los datos que se suministran, en otras palabras, la información debe ser completa.”^[723]

 

362. De otra parte reiteró que en casos en los que se alegue la vulneración al buen nombre de una persona por divulgación de información, le corresponde al juez de tutela valorar la situación fáctica que se le presenta, analizar si las afirmaciones divulgadas son falsas, equivocadas o contrarias al prestigio que el individuo ha construido con su actuar, situación en la cual debe proceder al restablecimiento y protección del derecho.^[724] Señaló que la afectación del derecho a la honra necesariamente conlleva la vulneración del buen nombre y la dignidad humana, al difundir información tendenciosa o parcializada encaminada a menguar la integridad del individuo. En estos eventos el juez de tutela deberá verificar el contenido de la divulgación y sus efectos sobre la dignidad de la persona. No obstante, cuando se trata de personajes públicos, en la Sentencia T-437 de 2004 la Corte señaló que, si bien es claro que tienen derecho a solicitar la protección de sus derechos fundamentales, su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, se ve reducido.^[725] Lo anterior, al reiterar lo expuesto en las Sentencias T-066 de 1998 y T-1202 de 2000, que señalaron que cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad, en el caso de las personas y los hechos de importancia públicos, “el derecho de información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales - y de los poderes privados”. De lo contrario, es decir, si se impusieran fuertes restricciones sobre los medios de comunicación en estas áreas, se perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes.

 

363. La Corte señaló no desconocer que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos “puede llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos”. En efecto, su papel de figuras públicas que los convierte en objeto del interés general y, por lo tanto, sus actividades públicas y su vida privada son observadas de manera minuciosa por la sociedad. Lógicamente eso no implica avalar una invasión injustificada a su intimidad, ni una estigmatización al desarrollo de ciertas tareas públicas, ni mucho menos implica autorizar acosos mediáticos o acusaciones injustas.

 

364. La Corte ratificó que la jurisprudencia constitucional también ha señalado que la presunción de inocencia puede verse afectada por publicaciones o divulgaciones que hagan los medios de comunicación, cuando hagan referencia a hechos sometidos a investigaciones judiciales o relacionados con la comisión de conductas punibles. En efecto, pueden generar grandes impactos en los receptores de la información, así como acarrear consecuencias negativas para los implicados, por lo tanto, siempre habrá de tenerse en cuenta esta tensión por parte de quienes difunden la información, pues sobre ellos recae la responsabilidad de actuar de manera equilibrada con pleno respeto de los demás derechos involucrados.

 

365. Por ello, la Corte reitero que ha decidido que los medios de comunicación tienen derecho a hacer públicos los hechos aunque no exista una sentencia judicial, pero no están facultados para suplantar la labor del juez y declarar responsabilidades de aquellas personas que se encuentran investigadas.[726] En la Sentencia SU-274 de 2019[727], la Corte recalcó que la limitación a la divulgación de contenidos en el marco del proceso penal es posible siempre que se reúnan las siguientes condiciones: (i) exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia que no pueda justificarse en la importancia de divulgar información relativa al proceso; (ii) el riesgo deberá ser grave, cierto y actual; y (iii) en la valoración del riesgo deberán ser tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las mayores o menores probabilidades de afectación de la imparcialidad del juicio con la divulgación de una información judicial sometida a reserva. Entre las variables relevantes a tener en cuenta se mencionan: a) el detalle y profundidad de la reserva legal establecida; b) la naturaleza de la etapa procesal; c) la materia específica del proceso y en esa medida el tipo de reacciones que cabe esperar de la opinión pública antes de que se tome una decisión; d) la clase de derechos constitucionales que pueden ser restringidos con la decisión judicial; e) la clase de sujetos procesales; y, f) la existencia de reglas institucionales para garantizar la autonomía. Recientemente, en la Sentencia SU-141 de 2020, al analizar si era constitucionalmente admisible que un juez penal restringiera el ingreso de los medios de comunicación a las audiencias penales, la Corte concluyó que la publicidad de las actuaciones judiciales penales es una garantía de las sociedades democráticas, ya que permite que los ciudadanos puedan ejercer control de la administración de justicia y promueve el debate sobre asuntos de interés público. Asimismo, representa una garantía para el derecho a un juicio justo y para el ejercicio de la libertad de expresión, por cuanto la prensa es la encargada de informar al público acerca de la administración de justicia.

 

366. Finalmente, la Corte recordó los estándares generales que guían el estudio que adelantará la Corte sobre el acceso a la información de un periodista que investiga sobre la posible violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometida por miembros de la Iglesia católica.

 

En primer lugar, reiteró el criterio hermenéutico fundamental para abordar el caso: la jurisprudencia ha reconocido constante y pacíficamente la condición de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Además, ha sostenido que cuando sus derechos entran en colisión con los de otras personas, en principio, prevalecerán y ha aplicado este postulado incluso en materia penal. Por lo tanto, el análisis del caso debe considerar como elemento preponderante en el ejercicio hermenéutico el interés superior del menor de edad (o principio pro infans) y su aplicación en caso de conflicto con otros principios para materializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de delitos sexuales.

 

En segundo lugar, señaló que la Constitución ha reconocido que la libertad de informar es un derecho medio, que en principio prima sobre otros, con entidad propia, pero con impacto en la realización de otras prerrogativas. Además, incluye la posibilidad de acceder a los datos a través de la investigación, aspecto garantizado, entre otros, a través del derecho de petición (artículos 15 y 23 superiores). De tal forma, el sistema constitucional prohíbe la censura previa, ya sea explícita o por medio de obstáculos que la configuren de facto. En efecto, el absoluto e irrazonable control previo sobre el acceso a la información y sobre los periodistas corresponde a formas de censura[728]. Del mismo modo, los obstáculos administrativos para evadir la entrega de información de interés público también lo son, pues afectan el ejercicio de derechos en una sociedad democrática a la que la prensa libre e informada contribuye permanentemente. Las investigaciones periodísticas garantizan la doble vía del derecho a la información, que consiste en informar y ser informado de manera veraz. Por lo tanto, existe una protección calificada en general (artículo 73 superior) y en cuanto al derecho a la información (tanto a su acceso como a su difusión) en cabeza de los periodistas, dada la relevancia de su trabajo es un Estado democrático (artículo 1° superior).

 

En tercer lugar, la Corte indicó que el derecho de petición permite el logro de la libertad de información. La legislación y la jurisprudencia constitucional han reconocido que el Estado tiene obligaciones de respeto, garantía, protección y promoción en la materia, en particular cuando su ejercicio se relaciona con la libertad de prensa, de hecho, las peticiones de estos ciudadanos tienen trámite preferencial.^[729] Por lo tanto, debe proteger su ejercicio libre, incluso cuando se revelan aspectos negativos del Estado o la sociedad y cuando se dirija a entidades privadas[730]. Tal nivel de protección en el caso de los periodistas guía la comprensión de lo que debe ser una respuesta de fondo: clara, precisa, congruente, y consecuencial.

 

En cuarto lugar, este caso debe ser considerado con base en un contexto que muestra su importancia. La relevancia de este tipo de investigaciones por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidas por sacerdotes católicos es evidente en la experiencia comparada.

 

367. Con fundamento en lo expuesto, la Corte concluyó que el derecho de acceso a la información sobre la presunta comisión de actos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, con fines periodísticos, debe prevalecer sobre los derechos a la intimidad, honra y buen nombre de los sacerdotes cuestionados y respecto de los cuales se adelanta una investigación judicial. Esto, sin desconocer los límites que protegen los elementos básicos de los derechos en tensión.[731]

 

368. En suma, de lo expuesto se tiene que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en principio, las organizaciones privadas, incluidas las religiosas, deben mantener bajo reserva la información personal sensible, privada y semiprivada que repose en sus bases de datos o en sus archivos, a menos que su titular autorice la divulgación. Con todo, esta restricción no supone una prohibición absoluta, sino que admite matices cuando se acrediten algunos los criterios puntuales que ya fueron mencionados.

 

369. En todo caso, cabe destacar que los supuestos de hecho valorados por la Corte en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 no eran ni son equiparables a los supuestos de hecho sometidos al estudio de la Corte en esta oportunidad y que fueron revisados con la Sentencia SU-184 de 2025. En concreto, toda vez que las peticiones que dieron lugar a los fallos de tutela revisados por la Corte mediante las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 pretendían acceder a la información personal de clérigos católicos, previamente identificados por Juan Pablo Barrientos Hoyos, como personas que efectivamente estaban siendo investigadas judicialmente por hechos relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, en los casos analizados en esta oportunidad en la Sentencia SU-184 de 2025 respecto de los cuales no era posible amparar los derechos de los accionantes es porque éstos pretendían conocer los datos personales de todos los sacerdotes que han pertenecido a las instituciones demandadas a lo largo de su historia, así no hayan estado y no estén vinculados a investigaciones judiciales o eclesiásticas por hechos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes.

 

370. Esta distinción resulta de la mayor relevancia, porque en los casos previamente analizados en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 los datos que revelaban las convicciones religiosas de los sujetos identificados por el peticionario ya habían sido divulgados. Por esa razón, esta Corporación recondujo su análisis y reiteró los pronunciamientos jurisprudenciales que aceptaron que “las historias laborales y los procesos internos relacionados con la posible comisión de ciertas conductas [podían] ser considerados datos semiprivados”.[732] Por el contrario, en los casos acumulados objeto de análisis, el peticionario solicitó un acceso irrestricto a la información personal de todos los clérigos de distintas instituciones católicas ubicadas a lo largo del territorio nacional, sin importar si están o no relacionados con ese tipo de conductas. De manera que, exigía una divulgación de los datos religiosos de todas las personas que pertenecen a ese credo, sin distingo alguno.

 

371. Con esta claridad, la Corte ha debido determinar la regla de decisión para los supuestos de hecho sometidos a su conocimiento en los expedientes de la referencia y, para ello, ha debido (i) precisar las limitaciones de esa garantía iusfundamental; e, (ii) indicar algunas excepciones a la prohibición de entregar datos sensibles que divulguen las convicciones religiosas de las personas.

 

 

Limitaciones del derecho fundamental de los periodistas de obtener información administrada por organizaciones privadas de carácter religioso

 

372. El derecho a obtener información de organizaciones privadas de carácter religioso se encuentra limitado por las disposiciones legales y constitucionales que imponen reservas documentales, así como por los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data y a la libertad religiosa o de cultos de los titulares de la información. Ello en la medida en que estas organizaciones recopilan datos personales que pueden estar relacionados con el espacio individual de las personas que es inmune de injerencias del Estado y con sus convicciones. A continuación, es necesario precisar por ello el contenido de las restricciones que impone el ordenamiento jurídico para el derecho a obtener información administrada por entidades religiosas. Para el efecto, es preciso referirse a (i) las reservas documentales en general; (ii) los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data como límite del derecho de obtener información; y, (iii) a la libertad religiosa y de cultos como elemento a considerar a la hora de definir la divulgación de información administrada por entidades religiosas, con énfasis en las instituciones que profesan la fe católica.

 

 

Reservas documentales impuestas por la Constitución y la ley

 

373. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia ha establecido que todas las entidades públicas y privadas están obligadas a mantener en secreto los documentos o archivos sujetos a reserva por disposición constitucional o legal expresa. Sin embargo, es importante precisar que no todas las reservas documentales cobijan a todas las organizaciones privadas. Esto en la medida en que por disposición del Legislador algunas de estas previsiones solo aplican para las entidades públicas o para aquellos particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos públicos.

 

374. Sobre este asunto, en la Sentencia C-951 de 2014, la Corte señaló que las reservas documentales previstas en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, no son aplicables a las organizaciones privadas. Lo expuesto, porque el Legislador dispuso de forma expresa que el trámite de las peticiones presentadas ante los particulares solo debía atender a las reglas establecidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015, el cual no establece reservas documentales. En consecuencia, los particulares no podrán invocar la reserva documental allí prevista para negarse a entregar la información solicitada.

 

375. Tampoco, podrán invocar las normas previstas en la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones” para negarse a entregar determinada información, a menos que ejerzan funciones públicas o administren recursos parafiscales o públicos. Esto, en la medida en que esa norma establece que sus disposiciones solo serán aplicables a (i) las entidades, órganos, organismos y entidades estatales; (ii) a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que presenten una función pública o un servicio público; (iii) a los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos; (iv) a las entidades que administran parafiscales, fondos o recursos públicos y (iv) a las personas que reciben o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales.[733]

 

376. En consecuencia, las organizaciones privadas, incluidas las religiosas, solo podrán invocar las reservas documentales expresas que conforme a la Constitución y la Ley les sean aplicables para negarse a entregar la información que les es requerida. Ello significa que no podrán invocar los artículos 24 de la Ley 1437 de 2011 y 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 para oponer la reserva documental.

 

 

Los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data como límites del derecho fundamental de los periodistas a obtener información administrada por entidades religiosas

 

377. El derecho fundamental a la intimidad se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución.[734] Aquel tiene una dimensión individual “que preserva un espacio individual o familiar inmune de injerencias (no justificadas) de terceros”;[735] y otra relacional que se materializa “en la posibilidad de construir una identidad en el marco propio de las interacciones sociales.”[736] Ambas dimensiones generan deberes de abstención por parte de los particulares y el Estado, así como obligaciones positivas a cargo del Estado.[737] Según la jurisprudencia, esta cláusula general de protección está acompañada de una serie de disposiciones constitucionales que amparan la intimidad en ámbitos específicos, entre ellas, la que dispone que “nadie está obligado a revelar sus convicciones”[738] (Cons. Pol., art. 18).[739]

 

378. Esta garantía constitucional tiene un nexo estrecho con el derecho fundamental al habeas data, el cual también se encuentra consagrado en el artículo 15 Superior[740] y establece que todas las personas pueden conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recolectado sobre ellas en los distintos bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas.[741] Incluso, en un primer momento, la jurisprudencia consideró que la protección de los datos personales era una dimensión del derecho a la intimidad personal. En ese sentido, en las Sentencias T-414 de 1992, T-444 de 1992, T-525 de 1992 y T-022 de 1993 la Corte consideró que el derecho al habeas data estaba estrechamente ligado a la eficacia del derecho fundamental a la intimidad, en la medida en que el titular de los datos es quien tiene la potestad o no de divulgar su información personal.

 

379. Con todo, a partir de la Sentencia SU-081 de 1995, la Corte estableció que el derecho fundamental al habeas data es autónomo y abarca la posibilidad de conocer la información que sobre ellos se recolecta; el derecho de actualizar esos datos; y la garantía de solicitar la rectificación de la información que corresponda a la verdad. Bajo esta perspectiva, en las Sentencias T-527 de 2000 y T-729 de 2002, la Corte indicó que el derecho al habeas data corresponde a la potestad que tienen las personas de exigirle a los sujetos que administran bases de datos la inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, certificación de la información o la limitación de la divulgación, cesión o publicación de sus datos personales. Asimismo, señaló que el ámbito de aplicación de esta garantía iusfundamental depende del entorno en el que se realiza la administración de los datos; y, debe atender a los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.

 

380. En cumplimiento de su obligación constitucional de regular el alcance de los derechos fundamentales, se expidió la Ley Estatutaria 1266 de 2008, “[p]or la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. En su parte general, esta normativa, entre otras cosas, clasificó los datos personales en públicos, semiprivados y privados. Además, señaló que el tratamiento de los datos debe regirse por los principios de veracidad, finalidad, circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación integral de los derechos constitucionales, seguridad y confidencialidad.

 

381. Dicha disposición fue objeto de control de constitucionalidad mediante la Sentencia C-1011 de 2008. En esa oportunidad, la Corte determinó que esa norma “restringe su ámbito de acción al establecimiento de reglas para la administración de datos personales de carácter comercial, financiero, crediticio, de servicios y proveniente de terceros países, recopilados con el fin de calcular el riesgo crediticio del sujeto concernido”.[742] Sin embargo, advirtió que ello no significa que los demás escenarios de tratamiento de datos queden excluidos de la protección que otorga el artículo 15 superior, en especial, el derecho fundamental al habeas data. Incluso, advirtió que “las mismas normas de la ley estatutaria, en cuanto prevén los principios de administración de datos personales, al igual que los derechos y deberes de titulares, fuentes y usuarios; pueden servir de parámetro para la evaluación de la legitimidad de otras modalidades de tratamiento de información personal, en tanto dichos preceptos resulten pertinentes y aplicables”.[743] Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional aplicó las reglas generales de esta normativa a las controversias que involucraban debates sobre la protección de datos personales de salud y relativos a la pensión, en las Sentencias T-813 de 2011 y T-855 de 2011.

 

382. Posteriormente, fue sancionada y promulgada la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. El ámbito de aplicación de esta norma es mucho más amplio que el de la regulación previa, en la medida en que no involucra un alcance sectorial, sino global. En efecto, el artículo 2° de la norma establece que los principios y las disposiciones contenidas en la norma serán aplicables al tratamiento de los datos personales que estén registrados en cualquier base de datos pública o privada.

 

383. En esa oportunidad, el Legislador estatutario definió las categorías de autorización, bases de datos, dato personal, encargado del tratamiento, responsable del tratamiento, titular y tratamiento. Asimismo, dispuso que el tratamiento de los datos personales debe atender a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Finalmente, prohibió el tratamiento de los datos sensibles y de los datos de los niños, niñas y adolescentes, salvo en las excepciones previstas por la ley.

 

384. Dicha normativa fue objeto de control de constitucionalidad mediante la Sentencia C-748 de 2011. En ella la Corte precisó que, “[e]n el derecho comparado existen dos modelos de protección de datos ampliamente reconocidos: un modelo centralizado y un modelo sectorial”. Sin embargo, dijo que, el Legislador colombiano optó por un sistema híbrido de protección en el que “confluye una ley de principios generales con otras regulaciones sectoriales, que deben leerse en concordancia con la ley general, pero que introduce reglas específicas que atienden a la complejidad del tratamiento de cada tipo de dato”. De manera que, las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, lejos de considerarse como disposiciones opuestas, deben ser interpretadas de manera armónica y complementaria.

 

385. Tanto la jurisprudencia como las leyes estatutarias referidas optaron por caracterizar los datos personales, con el fin de establecer límites al derecho de obtener información que permitieran materializar otras garantías fundamentales como la intimidad y la honra[744]. Como consecuencia de ello, diferenciaron la información personal de la impersonal[745] y, establecieron una tipología que clasificó los datos personales en función de su naturaleza y de la posibilidad de acceder a los mismos. En concreto, dispusieron que los datos personales pueden clasificarse en públicos o de dominio público,[746] semiprivados,[747] privados[748] o sensibles,[749] los cuales se describen a continuación.

 

386. Los datos personales públicos son los que contienen información que puede ser obtenida y ofrecida sin reserva legal alguna. Corresponde a la categoría residual de los datos personales que no revelan información semiprivada, privada, o sensible. Entre ellos, se encuentran los datos sobre el estado civil de las personas, los nombres, los documentos públicos, las providencias judiciales ejecutoriadas y los números de los documentos de identificación.[750] Cualquier persona puede solicitar este tipo de información de manera directa y los administradores de los datos están obligados a entregarla, sin reserva alguna.[751]

 

387. Los datos personales semiprivados tienen información que no hace parte de la esfera íntima de las personas -esto quiere decir que no es pública, privada, ni sensible- y es de interés tanto para el titular, como para determinado grupo de personas o para la sociedad en general.[752] A esta categoría pertenecen los datos personales sobre el comportamiento financiero,[753] las relaciones con las entidades de la seguridad social[754] y la propiedad de perros de razas potencialmente peligrosas,[755] así como, las actas de los consejos de facultad de las universidades,[756] entre otros.

 

388. Inicialmente, la jurisprudencia consideró que el acceso a estos datos requería un grado mínimo de limitación. Por esa razón, en las Sentencias T-729 de 2002 y C-337 de 2007, la Corte indicó que esa información solo podía suministrarse con ocasión de una orden proferida por una autoridad administrativa o judicial en ejercicio de sus funciones; o, en cumplimiento de los principios de administración de los datos personales. Esta postura fue ratificada en la Ley 1266 de 2008, en la medida en que adoptó la definición de la jurisprudencia sobre la naturaleza de este tipo de datos.[757] En ese sentido, en la Sentencia T-414 de 2010 la Corte indicó que los sujetos interesados en determinada información solo pueden acceder a los datos que les afectan. A partir de ello, en la Sentencia T-238 de 2018 la Corte aseguró que a estos datos “sólo se puede acceder […] a partir de una orden de una autoridad judicial o administrativa”.[758]  

 

389. Con todo, esta aproximación no tuvo en cuenta que el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 estableció que los datos personales pueden suministrarse a (i) los titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; y, (iii) a los terceros autorizados por el titular o por la ley. Además, el artículo 10 de la norma referida permitió el tratamiento de los datos personales, sin autorización de su titular, cuando: (i) el tratamiento se requiera por casos de urgencia médica o sanitaria; (ii) la persona que solicita la información está autorizada por la ley para tratar la información con fines históricos, estadísticos o científicos; y, (iii) los datos objeto de tratamiento estén relacionados con el Registro Civil de las personas.

 

390. De manera que, una interpretación armónica de lo dispuesto en las leyes estatutarias de habeas data permite concluir que estos datos también pueden entregarse a las personas previamente referidas, quienes deberán atender a los principios sobre el tratamiento de los datos personales. Es decir, respetar los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad

 

391. Los datos personales privados corresponden a aquella información personal que hace parte del espacio individual libre de injerencia de terceros y del Estado; y, por tanto, solo le interesa a su titular.[759] Tal es el caso de los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio, entre otros.[760]

 

392. En las Sentencias C-1011 de 2008, T-238 de 2018, SU-355 de 2022 y SU-191 de 2022, la Corte señaló que este tipo de información solo puede obtenerse por orden de una autoridad judicial competente, en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la Ley 1581 de 2012, en sus artículos 10 y 13, estableció que estos datos pueden ser entregados a (i) los titulares de los datos, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; (iii) a los terceros autorizados por el titular; (ii) quienes los soliciten para atender casos de urgencia médica o sanitaria; y, (iii) los sujetos autorizados para tratar esa información con fines históricos, estadísticos o científicos. Además, (iv) precisó que los datos relacionados con el Registro Civil de las personas pueden entregarse a quienes lo requieran, sin autorización del titular. Esta disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-748 de 2011, en sede de control abstracto de constitucionalidad. De manera que, en los casos descritos, los encargados del tratamiento de la información deberán permitir el acceso a los datos personales requeridos, siempre que sean solicitados con una finalidad legítima (principio de finalidad) y que los sujetos que realicen el tratamiento mantengan bajo reserva la información que les sea puesta a su disposición (principio de confidencialidad). Adicionalmente, los sujetos que conozcan la información referida deberán observar los demás principios generales establecidos para el tratamiento de los datos.

 

393. Los datos personales sensibles son aquellos cuya divulgación puede afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede conllevar a su discriminación. A esta categoría pertenecen los datos que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.[761] Por regla general, el tratamiento de los datos sensibles está prohibido.[762] Excepcionalmente, esta información podrá ser tratada cuando:[763]

 

· El titular así lo autorice, salvo en los casos en los que el tratamiento no requiere autorización. Es decir, cuando la información sea requerida por una entidad pública para el ejercicio de sus funciones o por una orden judicial, corresponda realizar su tratamiento en casos de urgencia médica o sanitaria, sea autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, correspondan a datos sobre el registro civil de las personas.

 

· El titular de los datos esté física o jurídicamente incapacitado y el tratamiento de sus datos resulte necesario para salvaguardar el interés vital del titular. En estos casos, se requerirá la autorización del representante legal de la persona involucrada.

 

· Sea requerido por parte de fundaciones, ONG, asociaciones o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro con finalidades políticas, filosóficas, religiosas o sindicales, para el desarrollo de sus actividades legítimas. En estos casos, los responsables del tratamiento solo podrán tratar los datos de sus miembros y de las personas que mantengan contacto regular con ellos por razón de su finalidad; deberán respetar las garantías correspondientes; y se abstendrán de suministrar la información a terceros, sin la autorización del titular.

 

· Pretenda el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 

· Tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En estos casos, los responsables del tratamiento deberán realizar las actuaciones conducentes para suprimir la identidad de los titulares.

 

394. En esa medida, puede suministrarse a (i) los titulares de los datos, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.; y, (iii) las personas autorizadas para su tratamiento, bajo las condiciones previamente expuestas, quienes deberán respetar los principios generales del tratamiento de datos personales.[764]

 

395. En suma, las leyes estatutarias en materia de administración de datos disponen que los datos personales que no tengan la naturaleza de públicos solo podrán ser tratados por las personas autorizadas por su titular o por la ley para esos efectos,[765] quienes, a su vez, deberán garantizar la observancia de los principios rectores para el tratamiento de datos personales. Eso significa que las personas que tengan conocimiento de estos datos deberán:

 

· Sujetar el tratamiento de los datos a lo establecido en las leyes estatutarias referidas (principio de legalidad).[766]

 

· Realizar el tratamiento de los datos con una finalidad legítima que concuerde con el ordenamiento jurídico, la cual debe ser informada al titular (principio de finalidad).[767]

 

· Abstenerse de suministrar la información del titular a usuarios o terceros, cuando deje de ser útil para la finalidad del banco de datos (principio de temporalidad de la información).[768]

 

· Interpretar los derechos de los titulares de los datos en plena armonía con el derecho a la información. En otras palabras, deberán interpretar las disposiciones de la ley de tal manera que se amparen adecuadamente los derechos al habeas data, al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la información.[769]

 

· Contar con la autorización de la ley o con el consentimiento previo, expreso e informado del titular, tanto para el tratamiento como para la divulgación de este tipo de información (principio de libertad).[770]

 

· Ejecutar el tratamiento de la información de manera veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible (principio de veracidad o calidad).[771]

 

· Garantizar que los titulares cuenten con la información sobre la existencia de los datos que les conciernen (principio de transparencia).[772]

 

· Tratar los datos de conformidad con los límites que se derivan de la naturaleza misma de los datos (principio de acceso y circulación restringida).[773]

 

· Adoptar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar la seguridad a los registros (principio de seguridad).[774]

 

· Mantener la reserva de la información, incluso, después de finalizada su labor con las actividades que comprenden el tratamiento (principio de confidencialidad).[775] 

 

396. En este punto, es oportuno aclarar que la tipología referida no es el único mecanismo establecido para determinar los límites del derecho a obtener información. En efecto, la jurisprudencia ha establecido algunas restricciones aplicables a esa garantía constitucional, en atención al contexto en el que se recolecta la información y a las condiciones particulares de los titulares de los datos. En ese sentido, ha establecido (i) el alcance del derecho fundamental al habeas data en materia penal y (ii) algunas reglas sobre el tratamiento de los datos de las personas fallecidas.  

 

 

Habeas data en materia penal

 

397. En cuanto al derecho fundamental al habeas data en materia penal, en la Sentencia T-512 de 2016 la Corte señaló que los antecedentes penales contienen datos sensibles que tienen una connotación negativa, porque asocian a “una persona con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales”[776] y su divulgación puede conllevar a la configuración de actos discriminatorios. De manera que, “el marco de protección constitucional establece que, por los efectos negativos inherentes a dicha información, resulta inadmisible su divulgación y circulación irrestricta y sin límites.”[777] Por lo tanto, la Corte concluyó que su administración debe someterse a un riguroso tratamiento que respete los principios establecidos por la jurisprudencia en la materia.

 

398. Asimismo, precisó que, si bien el derecho fundamental al habeas data permite que el titular solicite la supresión de los datos negativos, esta garantía no es absoluta. Ella debe interpretarse de una forma concordante con los demás principios del tratamiento de los datos personales, entre ellos, el de finalidad. Para la Corte, es claro que la conservación de los antecedentes penales cumple varias finalidades constitucionales, como la moralidad de la función pública, la aplicación de la ley penal, las actividades de inteligencia y la ejecución de la ley. En consecuencia, señaló que la garantía de supresión de los datos negativos no comprende la exclusión total o definitiva de los antecedentes penales.[778]

 

399. Esta postura fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-098 de 2017, en la cual indicó que la circulación restringida del dato negativo no implica que los medios de comunicación tengan prohibido informarle a la sociedad sobre hechos ciertos y objetivos como lo son las condenas penales. En especial, cuando el dato resulta “relevante en la discusión pública en torno a la idoneidad y aptitudes éticas para el desempeño como rector de un colegio, cuando previamente esa persona fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad”.[779] En todo caso, la Corte precisó que la divulgación de ese tipo de información “debe realizarse con las debidas cautelas y precauciones pertinentes, ya que la forma de presentar la información debe darse en condiciones de veracidad, y sobre todo en estos asuntos complejos, con un altísimo grado de imparcialidad, porque de lo contrario, puede fácilmente el ejercicio de la libertad de expresión decaer en mensajes discriminantes, crear estigmatizaciones o estereotipos que afecten principios constitucionales como la resocialización y la no reincidencia.”[780]

 

400. En esa misma línea argumentativa, con la Sentencia SU-274 de 2019, la Corte revisó una decisión judicial que había resuelto una acción de tutela presentada por un ciudadano en contra de un medio de comunicación por publicar información sobre un proceso penal que se adelantaba en su contra. Para la Corte, este tipo de casos generan una tensión entre la libertad de información de los periodistas y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de las personas que son titulares de los datos publicados que debe resolverse a “partir del mayor respeto posible del derecho a la libertad de información y de la prohibición prima facie de cualquier restricción, salvo que sea constitucionalmente imperioso. Así, la restricción estaría permitida cuando: i) exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo deberá ser grave, cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán ser tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las mayores o menores probabilidades de afectación”.[781]

 

401. Posteriormente, en la Sentencia C-559 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 212B de la Ley 906 de 2004, el cual dispone que la indagación será reservada. En esa sentencia, que produce efectos erga omnes, la Corte aseguró que la reserva de la información resulta legítima para (i) proteger los derechos fundamentales de los terceros que puedan resultar afectados, de manera desproporcionada, por la publicidad de la información; (ii) garantizar la seguridad y defensa nacional; (iii) asegurar la eficacia de las investigaciones penales, disciplinarias, aduaneras o cambiarias; y, (iv) proteger los secretos industriales y comerciales. En todo caso, aclaró que cualquier restricción debe ser razonable y proporcionada de cara a los fines que pretende alcanzar. De manera que, quien invoque la reserva de la información deberá explicar las razones por las cuales considera que los derechos o bienes referidos se verían afectados con la divulgación de la información.

 

402. Con fundamento en lo anterior, la Corte precisó que la reserva de la indagación se ajusta a la Constitución porque aplicada en el asunto examinado a los procesos penales adelantados en contra de los Grupos Delictivos Organizados-GDO- y Grupos Armados Organizados -GAO-, está restringida a los datos recolectados por la Fiscalía sobre estrategia, seguridad e identidad de testigos, víctimas y funcionarios. En esa medida, dijo, no se extiende al conocimiento de la existencia de la investigación penal, la cual está directamente relacionada con el ejercicio del derecho a la defensa. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad condicionada “del artículo 22 de la Ley 1908 de 2018, por medio del cual se adicionó el artículo 212B a la Ley 906 de 2004, bajo el entendido de que la restricción a que alude podrá aplicarse únicamente en los casos en que se tenga noticia de un acto delictivo cometido por los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados a los que se refiere la Ley 1908 de 2018”.

 

403. Luego, en la Sentencia C-429 de 2020, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 152 de la Ley 906 de 2004, el cual establece que los jueces pueden limitar la publicidad del juicio penal, cuando ésta amenace o perjudique “los intereses de la justicia”. Sobre la publicidad de los procesos adelantados bajo la Ley 906 de 2004, indicó que aquella se presenta desde las primeras etapas del proceso. En esa medida, “permite que las actuaciones sean conocidas públicamente (…) desde la audiencia de legalización de captura o formulación de imputación”.[782] Con todo, precisó que este principio adquiere más protagonismo en la fase de juzgamiento, porque esta garantiza que las pruebas incorporadas al proceso sean conocidas por las partes y los intervinientes en el proceso para que ejerzan su derechos de audiencia, defensa y contradicción. De esta manera, evita que las autoridades judiciales justifiquen sus decisiones en pruebas ocultas, secretas o huérfanas de contradicción.

 

404. En atención a lo expuesto, la Corte analizó la norma objeto de control y concluyó que aquella no faculta al juez para limitar la publicidad del juicio penal de forma arbitraria, sino discrecional. Esto, en la medida en que le exige un análisis caso a caso, en el que debe justificar por qué es necesaria la restricción al principio de publicidad. Para el efecto, deberá “(i) señalar qué elemento propio de la administración de justicia penal (v.gr imparcialidad) está perjudicado o amenazado por la publicidad del juicio; (ii) exponer de forma clara las razones por las cuales considera afectado dicho elemento; (iii) identificar la medida a implementar (imposición del deber de reserva o limitación, total o parcial, del acceso a la audiencia); (iv) justificar la necesidad de la medida; y, (v) explicar por qué, en el caso concreto, dicha medida resulta razonable y proporcionada, en particular, frente a la afectación de los derechos de acceso a la información y a la libertad de prensa”.[783] Todo ello, mediante auto motivado, en el que debe determinar si les ordena a los asistentes que garanticen la reserva o si limita el acceso a la audiencia, y justificar, tanto la necesidad, como la proporcionalidad de la medida, frente a otros mandatos constitucionales.

 

405. Adicionalmente, aclaró que, si el juez limita el acceso a la audiencia pública, en la fase de juzgamiento, al finalizar la diligencia deberá proveer “a los medios de comunicación y al público en general, la información de interés público que no comprometa los derechos fundamentales de las personas ni la adecuada administración de justicia. Para tal fin, el juez podrá hacer uso de recursos alternativos como los comunicados de prensa, las ruedas de prensa, la edición de lo acontecido, entre otros. Esto, con el fin de evitar la completa anulación de la publicidad del juicio penal y de las garantías constitucionales que se derivan de esta”.[784]

 

406. Por otra parte, en la Sentencia T-398 de 2023 a través de una de sus salas de revisión, la Corte estudió una decisión judicial que había resuelto una acción de tutela interpuesta por un ciudadano para que se le ampararan sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al habeas data, porque aparecía asociado a dos procesos penales. En esa ocasión, la Sala Sexta de Revisión de la Corte explicó que, en virtud del artículo 18 de la Ley 906 de 2004, la actuación procesal penal es pública, de manera que, los medios de comunicación y la comunidad en general pueden acceder a ella. Sin embargo, advirtió que el principio de publicidad no tiene el mismo alcance en todas las etapas del proceso penal. Esto, en la medida en que, de las actuaciones tempranas, depende la eficacia misma de la investigación y la protección de los bienes jurídicos superiores. Esto significa que, su publicidad podría atentar contra el interés general y desarticular la lógica del proceso penal. Por tanto, esas diligencias deben adelantarse con la “inherente prudencia” que se deriva de su naturaleza y de los artículos 2, 15, 28 y 74 de la Constitución, lo cual implica mantenerlas bajo una reserva mucho más rigurosa. 

 

407. Al respecto, advirtió que “el legislador privilegió, en las etapas más tempranas del proceso penal, la eficacia de la investigación a través de mantener la reserva pese a la regla general de la publicidad. A medida que el proceso penal avanza, disminuye la necesidad de proteger con la misma firmeza dicha eficacia pues se espera que el ente investigador ya cuente con los insumos para darle continuidad al proceso. En el mismo sentido, el legislador previó otros escenarios en los que consideró necesario salvaguardar la reserva de la actuación procesal por razones de orden público o seguridad nacional, o para proteger la moral pública, la seguridad, el interés de la justicia, o garantizar el respeto a las víctimas menores de edad”.[785]

 

408. Luego, precisó que durante el proceso penal se realizan algunos registros personales sobre el desarrollo de las actuaciones procesales, los cuales no constituyen antecedentes penales, sino meras anotaciones, pero vinculan a las personas con la posible comisión de una conducta punible y, en esa medida, constituyen datos personales negativos que conllevan a una estigmatización del indiciado. Para la Corte, la publicidad de esas actuaciones puede entrar en tensión con otros derechos de rango constitucional como el buen nombre, la honra y el habeas data. Esto porque vincula a la persona “con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales”,[786] sin que todavía exista una decisión en firme sobre su responsabilidad penal. Incluso, señaló que, en algunos casos, este tipo de anotaciones generan afectaciones más gravosas para los derechos de los indiciados que los mismos antecedentes penales, como, por ejemplo, cuando los procesos terminan anticipadamente. En estos eventos, la persona resulta vinculada a la posible comisión de un delito de manera indefinida, a través de una anotación, sin que el proceso penal este llamado a concluir a través de una sentencia absolutoria que “lo posicione nuevamente ante la sociedad como un no infractor de la ley penal”. Por tanto, concluyó que, si el derecho al olvido se protege en el incumplimiento de obligaciones financieras, con mayor razón debe hacerse “respecto de las anotaciones judiciales que se formulen en los procesos penales que no alcanzan a constituir antecedentes penales y que cumplen una función instrumental al proceso”.[787]

 

409. A partir de lo expuesto, la Corte señaló que, para resolver este tipo de fricciones, es necesario atender a la finalidad que se pretende alcanzar con la divulgación de la anotación. En ese sentido, si la publicidad de la información persigue algún fin legitimo del proceso, como la aprehensión del indiciado, entonces deberá primar el principio de publicidad. En caso contrario, la tensión deberá resolverse en favor de los derechos a la honra, al buen nombre y al habeas data.

 

410. Al analizar el caso concreto, la Corte señaló que respecto de uno de los procesos las accionadas vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data del peticionario. Esto, porque publicaron en sus bases de datos una información que asociaba al accionante con la presunta comisión de una conducta punible durante más de 14 años, sin que hubiese estado vinculado formalmente al proceso.

 

411. En efecto, la Corte advirtió que el accionante quedó vinculado a una investigación penal por una actuación adelantada durante la etapa de investigación. Sin embargo, ese proceso ni siquiera alcanzó el grado de imputación, pues fue archivado por la caducidad de la querella. Al respecto, consideró que la información que se obtiene con ocasión “de las diligencias previas a la formulación de la imputación, incluyendo la de entrega provisional de los bienes de que trata el artículo 100 del Código de procedimiento penal, en tanto hacen parte de la etapa de indagación, no reviste la característica de ser pública y en consecuencia exige la aplicación de las limitaciones derivadas del habeas data y del derecho al buen nombre”.[788] Por lo tanto, la Corte concluyó que las accionadas como responsables del tratamiento de los datos personales referidos desconocieron los derechos del accionante.

 

412. Además, advirtió que la situación del demandante se vio agravada por la falta de claridad frente a la autoridad encargada del expediente del caso al que estaba vinculado. Esto impidió que pudiese realizar las reclamaciones pertinentes ante las autoridades competentes, lo que conllevó a que se perpetuara la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, tuteló los derechos del accionante y ordenó ocultar el nombre del demandante de las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso.

 

413. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el alcance del derecho al habeas data en materia penal debe definirse en concordancia con el principio de publicidad del proceso penal, el cual fue maximizado con la adopción del sistema penal mixto con tendencia acusatoria, a través de la Ley 906 de 2004. Aquel dispone que, por regla general, las actuaciones regidas bajo ese esquema procesal son públicas, pero al mismo tiempo establece que el principio de publicidad no tiene el mismo alcance en todas las etapas del proceso. Por tanto, las diligencias tempranas, es decir, las que se adelantan antes de la formulación de la imputación o de la legalización de captura, están sometidas a una reserva mucho más rigurosa que se fundamenta en los artículos 2, 15, 28 y 74 de la Constitución. A medida que el proceso avanza, la necesidad de proteger la eficacia de las actuaciones disminuye y la importancia de garantizar su publicidad incrementa. De manera que, la reserva inicial desaparece, salvo en las excepciones previstas por el Legislador. 

 

414. Bajo estos estándares, la Corte ha advertido que, a pesar de la regla general de publicidad, las actuaciones previas a la formulación de imputación o a la legalización de captura no son de conocimiento público, en la medida en que hacen parte de la etapa de indagación. Por tanto, sus resultados no podrán ser divulgados en los sitios web, entregados a los medios de comunicación, ni a la comunidad en general. Esta reserva también resulta oponible a los indiciados en procesos adelantados en contra de los Grupos Delictivos Organizados-GDO- y Grupos Armados Organizados -GAO-, respecto de los datos recolectados por la Fiscalía sobre estrategia, seguridad e identidad de testigos, víctimas y funcionarios. En consecuencia, las anotaciones derivadas de las actuaciones previas a la formulación de imputación o a la legalización de captura deberán mantenerse bajo reserva, a menos que la divulgación de esa información resulte indispensable para la consecución de un fin procesal constitucionalmente legítimo como la aprehensión del indiciado.

 

415. Asimismo, ha indicado que, una vez adelantada la formulación de imputación o la legalización de la captura, las actuaciones desplegadas en el proceso penal son públicas, pero los jueces penales pueden restringir el acceso de los medios de comunicación, cuando “i) exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo deberá ser grave, cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán ser tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las mayores o menores probabilidades de afectación”. Si deciden aplicar esta limitación en las audiencias de juicio oral, los jueces deberán entregarles a los periodistas la información de interés público que no afecte los derechos de los involucrados, ni la adecuada administración de justicia.

 

416. También, la Corte ha precisado que solo las sentencias condenatorias que se encuentran en firme constituyen antecedentes penales. Frente a esa información, ha indicado que corresponde a datos personales de carácter negativo que, a pesar de ser sensibles, son públicos. De manera que, la supresión del dato puede llevar a la circulación restringida de la información, más no a su eliminación o exclusión definitiva de las bases de datos. Además, ha señalado que, si este tipo de datos son requeridos por un periodista en ejercicio de su actividad profesional, los responsables de la administración de los datos deberán entregarlos, en especial, cuando la publicidad de la información resulta relevante para “la discusión pública en torno a la idoneidad y aptitudes éticas para el desempeño como rector de un colegio, cuando previamente esa persona fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad”.[789]

 

 

El habeas data de personas fallecidas

 

417. La Corte también se ha pronunciado en salas de revisión respecto de la administración de los datos personales, en dos escenarios, de las personas fallecidas. El primer escenario tiene que ver con el acceso de sus familiares o causahabientes a la historia clínica de la persona. En esos casos, en las Sentencias T-158 A de 2008, T-303 de 2008, T-343 de 2008, T-837 de 2008 y T-1137 de 2008 la Corte, a través de cada una de las salas de revisión señaló que las instituciones encargadas de administrar la historia clínica de una persona deberán entregarla a los integrantes del núcleo familiar, cuando el peticionario: (i) demuestre que el titular de la información falleció; (ii) acredite, a través de la exhibición de documentos conducentes para el efecto, que tenía la condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge compañero o compañera permanente con el paciente; (iii) exponga las razones por las cuales requiere el documento solicitado; y, (iv) garantice la reserva de la información que reposa en la historia clínica de la persona fallecida. En esa medida, solo podrá utilizar la información requerida para satisfacer las razones que motivaron la petición. Esta garantía tiene por propósito garantizar los derechos fundamentales a la intimidad familiar, a la vida en condiciones dignas, a la verdad y de acceso a la administración de justicia.

 

418. El segundo escenario corresponde al tratamiento de los datos financieros de las personas fallecidas. En la Sentencia T-798 de 2007, la Sala Tercera de Revisión se cuestionó “¿qué ocurre con la información negativa que sobre una persona permanece reportada en una base de datos crediticia luego de su fallecimiento, o que es divulgada con posterioridad a su muerte?”.[790] Al respecto, aseguró que, en principio, bajo las reglas generales de administración de datos personales, nadie podría solicitar la rectificación de la información reportada, porque esos atributos solo estaban en cabeza del titular de los datos. De manera que, bajo esos principios, las entidades financieras tendrían un poder omnímodo respecto de los datos personales de quienes fallecieron.

 

419. Sin embargo, la Corte advirtió que la divulgación indefinida del dato financiero negativo de una persona fallecida, a través de una base de datos, no solo afecta el derecho al buen nombre y a la persona que aparece reportado como deudor incumplido después de su fallecimiento, sino que también lesiona la intimidad y buena reputación de su familia. Esto, “no sólo por ver expuesta de manera indefinida una información negativa sobre uno de sus miembros, que ya no está ahí para defenderse de ella, sino en la medida en que tales datos puedan llegar a ser utilizados para elaborar el perfil de riesgo crediticio de los herederos de la persona que permanece o es reportada tras su muerte como deudora. Ello en tanto la información que se tenga sobre las deudas insolutas de una persona fallecida, puede influir en el juicio que se haga acerca de la solvencia económica y la capacidad de pago de quienes están llamados a sucederla en sus derechos y obligaciones”.[791] Por lo tanto, la Corte concluyó que los cónyuges supérstites y los causahabientes de una persona están legitimados para conocer y solicitar la actualización y rectificación de los datos que reposen en una central de información financiera sobre su familiar fallecido.

 

420. Posteriormente, la Ley 1581 de 2012 advirtió que los causahabientes de los titulares de los datos tienen derecho a acceder a esa información.[792] Además, en su artículo 15, precisó que pueden solicitar la corrección, actualización o supresión de la información personal de las bases de datos en las que repose.[793]

 

421. En suma, los causahabientes de los titulares de los datos personales pueden conocer la información que sobre ellos repose en las distintas bases de datos. En todo caso, deberán respetar los principios establecidos por la jurisprudencia sobre el tratamiento de los datos personales, entre ellos, los de confidencialidad, acceso y circulación restringida. Además, están facultados para solicitar la actualización, la rectificación y la supresión de los datos personales de su familiar fallecido que reposen en las diferentes bases de datos. 

 

 

La protección constitucional del dato religioso. La libertad religiosa y de cultos como límite del derecho a obtener información personal

 

422. El dato religioso es aquel que vincula a una persona con sus creencias como con las actividades religiosas que emprende, realiza o desarrolla,[794] como, por ejemplo, el que revela la pertenencia a una iglesia o grupo religioso, las contribuciones económicas que realiza a favor de las organizaciones religiosas (diezmos, ofrendas, entre otras modalidades), la propiedad y uso de textos religiosos, la participación en eventos o actividades religiosas como las sacramentales y la ordenación como ministro de determinada iglesia. Su divulgación puede generar escenarios de discriminación para el titular de la información.[795] Por esa razón, la Constitución, en su artículo 18, estableció un mandato de protección constitucional sobre este tipo de datos personales, al señalar que “[n]adie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas”.[796]

 

423. Este precepto constitucional tiene un nexo inescindible con el derecho fundamental al habeas data, en la medida en que impide el tratamiento de los datos personales que revelen información sobre las convicciones religiosas de las personas o la realización de actividades relacionadas con ella, sin la autorización expresa de sus titulares. Eso significa que el derecho a la protección de datos no solo materializa el derecho de las personas a su intimidad personal y familiar, sino que las protege de las injerencias arbitrarias en su zona espiritual íntima.[797] De manera que, en este escenario, el habeas data se comporta como una garantía instrumental que viabiliza el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa y de cultos. Por ese motivo, el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, catalogó los datos religiosos como sensibles, cuyo tratamiento, en principio, está prohibido, salvo las excepciones previstas por la ley, tal y como se explicó anteriormente.[798]

 

424. Esta protección constitucional del dato religioso resulta reforzada por los elementos que componen el derecho a la libertad religiosa y de cultos. Esta garantía iusfundamental está prevista en el artículo 19 superior, el cual dispone que “[s]e garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Además, fue regulada en la Ley Estatutaria 133 de 1994, “[p]or la cual se desarrolla el decreto de libertad religiosa y de cultos, reconoció en el artículo 19 de la Constitución Política”.  

 

425. En el ámbito internacional, está consagrada en los artículos 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,[799] 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[800] y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[801] Aquellos disponen que el derecho a la libertad religiosa y de cultos incluye tanto la libertad de adoptar, conservar o cambiar su religión o creencias, como la de profesarlas y divulgarlas, individual o colectivamente, en escenarios públicos y privados. Por su parte, los dos últimos preceptos prohíben cualquier medida restrictiva que pueda menoscabar estas libertades, al señalar que este derecho solo está sujeto a las limitaciones establecidas por ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de los demás.

 

426. Por su parte, la jurisprudencia ha indicado que el ámbito de protección de este derecho fundamental está compuesto por tres garantías constitucionales: “(i) la libertad de religión, (ii) la libertad de cultos strictu sensu y, (iii) el mandato de trato paritario a las entidades religiosas”[802]. Cada uno de estos preceptos refuerzan la protección constitucional del dato religioso, tal y como se expone a continuación.

 

 

La libertad de religión

 

427. La libertad de religión permite que los individuos practiquen, crean y confiesen “los votos éticos de una determinada orientación religiosa, mediante la asunción y el acatamiento de un credo o culto cuyo ejercicio se manifiesta en la interioridad de actos de fe”.[803] Según el artículo 6 de la Ley 133 de 1994, este mandato constitucional garantiza, entre otras cosas, que todas las personas puedan “manifestar libremente su religión o creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas”[804] (énfasis añadido). Por tanto, refuerza la protección constitucional otorgada a la autonomía del sujeto para determinar y controlar su identidad religiosa en espacios públicos, derivada de un análisis conjunto de los artículos 15, 18 y 19 de la Constitución. En esa medida, el dato religioso no solo se encuentra protegido por la autodeterminación informativa, sino por la dimensión individual del derecho a la libertad religiosa y de cultos que faculta a las personas para abstenerse a declarar sobre sus creencias religiosas.[805] 

 

 

La libertad de cultos strictu sensu

 

428. Esta garantía tiene una dimensión individual, en virtud de la cual, las personas tienen derecho a exteriorizar su sistema de creencias, a través de la ejecución de prácticas religiosas o de la adopción de símbolos religiosos. Asimismo, tiene una faceta colectiva que garantiza la expresión institucional de determinada creencia. Bajo esta dimensión, las personas tienen derecho a asociarse para formar entidades religiosas, las cuales, a su vez, son titulares de los derechos colectivos a la libertad religiosa previstos en los artículos 7 al 14 de la Ley 133 de 1994. Entre ellos, los derechos a: “(i) el reconocimiento de personería jurídica especial, (ii) “establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos”, (iii) “ejercer libremente su propio ministerio”, (iv) “establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos, por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia según sus normas internas” y (v) la “autonomía y libertad.”[806]

 

429. Una de las garantías más relevantes de la faceta colectiva de este mandato es el derecho a la autonomía y libertad de las entidades religiosas. Este precepto se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Ley 133 de 1994, el cual dispone que:

 

“Las Iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros.

 

“En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación”.

 

430. Según la jurisprudencia, este mecanismo no solo viabiliza el ejercicio de las libertades de cultos y de asociación, sino que materializa el principio de no injerencia mutua entre el Estado y las Iglesias.[807] En esa medida, tiene una dimensión positiva que faculta a las entidades religiosas para que determinen sus creencias y cultos. y las reviste de “un amplio poder jurídico de autorregulación para fijar las normas que rigen su estructura y funcionamiento interno, así como las relaciones de sus miembros y adherentes con las autoridades de la comunidad”.[808] Asimismo, cuenta con una dimensión negativa que prohíbe la injerencia del Estado en su funcionamiento. Ello significa que, por virtud de este mandato, las iglesias y confesiones religiosas son independientes “en el manejo autónomo de sus cultos y profesiones, de manera que resulta inaceptable cualquier pretensión de la autoridad civil por limitar su ejercicio o imponerles conductas que riñan con los principios y postulados religiosos que las identifican”. Asimismo, supone que “las autoridades estatales deben respetar las reglas propias de las organizaciones religiosas y garantizar ‘los compromisos’ que surjan entre aquellas y sus miembros o adherentes”.[809] (énfasis añadido)

 

431. Sobre la autonomía de las confesiones religiosas para definir sus propios asuntos, en decisiones con efectos erga omnes, como la Sentencia C-027 de 1993, la Corte señaló que, en virtud del principio de pluralismo previsto en el artículo 1 de la Constitución) ´´esta “permite la coexistencia de ordenamientos, entre ellos, unos religiosos, de las distintas confesiones”. Al respecto, explicó que la independencia y autonomía de las autoridades eclesiásticas, dentro de su marco espiritual y pastoral, son manifestaciones de la libertad religiosa. Por ese motivo, la Constitución “reconoce la existencia de estas potestades religiosas”[810] y atribuye efectos civiles tanto a los matrimonios celebrados bajo diferentes ritos religiosos, como a las decisiones de nulidad adoptadas por sus autoridades (Cons. Pol., art. 42). Además, indicó que, con ocasión de la libertad de asociación (Cons. Pol., art. 38) las personas que se adscriban a determinada religión pueden agruparse en torno a ella, “a través de organizaciones representativas de ellas, las cuales, y para ejercer su magisterio moral adoptarán sus propias reglas, diferentes a las de la potestad civil”.[811]

 

432. Por su parte, en la Sentencia C-088 de 1994, la Corte concluyó que el reconocimiento de la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas “presupone la admisión de un régimen especial, diferente del resto de los regímenes que regulan las demás libertades públicas, las sociedades, las asociaciones y las demás personas jurídicas”.[812] Para la Corte, este reconocimiento las habilita para participar en asuntos de la vida íntima de las personas, tales como su estado civil, así como, en temas de interés público como (i) la formación de profesionales de la difusión, propagación, proselitismo y enseñanza religiosa; (ii) el registro público de entidades religiosas; (iii) los beneficios tributarios; (iv) el valor de las decisiones de los tribunales eclesiásticos; y (v) los diversos derechos especiales y los comunes que les corresponden a las iglesias. Además, señaló que el reconocimiento de su autonomía refuerza la voluntad del legislador de hacer prevalecer la eficacia real y efectiva de los derechos de las personas. Sin embargo, advirtió que esas garantías no son absolutas, sino que encuentran su límite en el deber de respetar los derechos consagrados en la Constitución, en especial, los derechos a la libertad, la igualdad y la no discriminación; y, la obligación de abstenerse de cualquier coacción sobre las personas en sus fueros íntimos.

 

433. En esa misma línea, en la Sentencia C-350 de 1994 la Corte señaló con efectos erga omnes que el pluralismo religioso es uno de los elementos más importantes del carácter pluralista del Estado previsto en la Constitución. Por esa razón, resaltó la importancia de garantizar la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas, a través de la estricta neutralidad del Estado en materia religiosa. Esa jurisprudencia fue aplicada por la Corte en las Sentencias T-139 de 2014 y T-449 de 2018 proferidas en salas de revisión.

 

434. Esta última explicó que existe una diferencia clara entre las competencias de las autoridades eclesiásticas y las del Estado como tal, en la medida en que las iglesias están facultadas para tratar los asuntos eminentemente religiosos. En efecto, advirtió que es sobre esos temas que pueden ejercer su autoridad de manera libre y autónoma. Además, señaló que esta manifestación del derecho a la libertad religiosa tiene implicaciones sociales, porque involucra la práctica de ciertos actos como consecuencia de la adscripción de los files a determinada creencia. Para la Corte, las personas que practican una religión comparten una doble condición en la medida en que son ciudadanos colombianos y creyentes de cierta religión. Esa situación genera un entramado de relaciones sociales y jurídicas, “porque las personas expresan su fe a través de actos que forman parte de la esfera misma de las libertades individuales pero que no se quedan en su fuero interno, sino que tienen trascendencia social”,[813] como, por ejemplo, la celebración de nupcias bajo el rito católico. Por esa razón, se hace necesario lograr “la armonización entre “dos órdenes jurídicos diversos.”[814]

 

435. Por su parte, en la Sentencia SU-191 de 2022 al unificar su jurisprudencia en materia de tutela, la Corte aseguró que las instituciones religiosas pueden definir los lineamientos de su propia fe. Además, advirtió que pueden definir sus elementos típicamente religiosos, sin injerencias por parte del Estado. Sin embargo, precisó que “[t]odos los habitantes del país, y los miembros de las distintas iglesias no son la excepción, están sometidos a la Constitución y a las demás normas del ordenamiento en cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho. En ese sentido, desde los inicios de la jurisprudencia de esta Corporación se ha reconocido la indispensable intervención de los jueces constitucionales cuando se vinculan elementos de tipo religioso con consecuencias que afectan los derechos fundamentales tanto de la población en general como de miembros de las comunidades religiosas. Por lo tanto, no son oponibles disposiciones de funcionamiento interno de una entidad eclesiástica para limitar de manera desproporcionada el alcance de los derechos fundamentales de la población, ni en sus aspectos sustanciales ni procesales.”

 

436. En suma, la jurisprudencia ha establecido que, en virtud del carácter pluralista del Estado, la Constitución Política reconoce la coexistencia de varios ordenamientos jurídicos, entre ellos, algunos de índole religiosa. Lo expuesto, en la medida en que las instituciones religiosas tienen derecho a establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros de forma libre y autónoma. En ellas pueden incluir previsiones para proteger su identidad religiosa, su carácter propio y el debido respeto de sus creencias, sin desconocer los derechos y las libertades reconocidas por la Constitución, en especial, los derechos fundamentales a la libertad, igualdad y no discriminación. De manera que, deben abstenerse de contemplar normas que coaccionen el fuero íntimo de las personas.

 

437. En virtud de lo expuesto, la Corte ha considerado que las personas que profesan y practican una religión inclusive las de sus propias iglesias a las que pertenecen, tienen la condición de ciudadanos y de fieles a su creencia y en esa medida, están sometidas a las normas de dos ordenamientos jurídicos que deben armonizarse. Por tanto, al resolver controversias constitucionales que estén relacionadas con personas que profesan determinada religión, sobre asuntos relativos a sus creencias, los jueces constitucionales deben realizar una interpretación sistemática del contenido de los dos sistemas jurídicos, el civil y el eclesiástico, sin desconocer las garantías consagradas en la Constitución, ni ejercer coacción en el fuero interno de los ciudadanos. 

 

438. Para la Corte, lo expuesto genera una protección reforzada para el tratamiento de los datos religiosos. Esto en la medida en que exige tener en cuenta las regulaciones proferidas por las instituciones religiosas en materia de protección de datos, para resolver las eventuales controversias que se puedan generar frente a la divulgación o no de la información personal de carácter religioso, sin afectar las garantías consagradas en la Constitución.

 

 

El mandato de trato paritario a las entidades religiosas

 

439. En virtud de esa garantía, “[t]odas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Este principio se encuentra desarrollado en los artículos 2 y 3 de la Ley 133 de 1994, los cuales disponen que “[n]inguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal”;[815] que el Estado (i) “no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”[816] sino que, “reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales”.[817]

 

440. Según la jurisprudencia, este mandato constitucional materializa los principios de laicidad y de pluralismo religioso del Estado, y “es la consecuencia más relevante del modelo de Estado laico establecido por el Constituyente de 1991 que expresa el abandono de ‘la orientación confesional para dar paso a la neutralidad en materia religiosa, como expresión del principio democrático y pluralista -artículo 1º de la Carta Política’ y, en este sentido, implica ‘la prohibición de la preferencia de algún credo por parte del poder público’”.[818]

 

441. Frente a los principios de laicidad y de pluralismo religioso del Estado, la jurisprudencia ha señalado que, si bien la Constitución no consagra el principio de laicidad del Estado de forma explícita, lo cierto es que aquel se deriva de la interpretación sistemática de los valores y principios constitucionales que reconocen el carácter pluralista del Estado (arts. 1 y 7 de la Constitución). De manera que, la Constitución dejó atrás la consagración de la Iglesia Católica como la religión de la Nación establecida en el artículo 38 de la Constitución de 1886, para dar paso al pluralismo religioso.

 

442. Para la Corte, este cambio constitucional está directamente relacionado con el deber de neutralidad frente a todos los credos e iglesias. En la Sentencia T-403 de 1992 y, esencialmente en las sentencias C-568 de 1993, C-088 de 1994 y C-350 de 1994, la Corte señaló que el deber de neutralidad exige que las actividades públicas no estén sustentadas u orientadas por una religión en concreto y demanda que las entidades públicas proporcionen todas las garantías para que las distintas confesiones religiosas puedan difundir sus ideas y practicar sus cultos, sin injerencias del Estado. Frente al ámbito de protección de esta garantía constitucional, en la Sentencia C-152 de 2003 la Corte indicó que “está constitucionalmente prohibido no solo 1) establecer una religión o iglesia oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un estado liberal no confesional. No obstante, tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas”.

 

443. En todo caso, en la Sentencia C-766 de 2010 la Corte aclaró que “el deber de neutralidad no implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado, sino que, las actividades adelantadas por las autoridades públicas en materia religiosa tengan un propósito o finalidad (secular) que no desconozca la separación entre las iglesias y el Estado, así como, el pluralismo religioso y la igualdad de todas las confesiones ante el Estado y la ley”.

 

444. Por su parte, en las Sentencias C-817 de 2011, T-139 de 2014 y C-224 de 2016, la Corte reiteró lo expuesto previamente y precisó que, en atención al mandato constitucional descrito, el Estado no puede adoptar medidas para desincentivar la práctica de una creencia religiosa, ni mucho menos atribuir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja a las personas o comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria.[819] Estas consideraciones fueron retomadas por la Corte en las Sentencias C-441 de 2016, C-567 de 2016, C-570 de 2016, C-288 de 2017, C-054 de 2018 y C-034 de 2019.

 

445. En atención a lo expuesto, en la Sentencia T-124 de 2021 la Corte advirtió que el principio de laicidad del Estado, a su vez, se compone de varias garantías y principios que pueden entrar en conflicto entre sí. Esto en la medida en que exige que el Estado no intervenga en los asuntos de los diferentes credos, pero a la vez les proporcione las condiciones jurídicas y de hecho para que puedan pregonar sus creencias. En consecuencia, consideró que le corresponde al “juez constitucional ponderar adecuadamente estas tensiones y encontrar los remedios que garanticen en mayor medida la compatibilidad entre todas las garantías que hacen parte del principio de laicidad sobre el que se apoya nuestro Estado”.

 

446. Finalmente, en la Sentencia T-530 de 2023 la Corte concluyó que “la relación entre el Estado y la religión se desarrolla conforme al principio de laicidad, lo que si bien implica una desvinculación del órgano estatal a un credo especifico, no deja de lado el respeto por todas las confesiones religiosas en condiciones de igualdad. De esta manera, corresponde al Estado cumplir con el deber de neutralidad que conlleva a que sus actuaciones tengan un propósito secular y prohíbe a sus instituciones, entre otras cosas, identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión, realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una determinada creencia o tomar decisiones que tengan una finalidad religiosa”.

 

447. En suma, la jurisprudencia ha identificado que el principio de laicidad del Estado está directamente relacionado con el carácter pluralista del Estado y con el deber de mantener su neutralidad en escenarios religiosos. Este principio tiene una dimensión negativa, en virtud de la cual, prohíbe que el Estado (i) acoja, se identifique o realice actos de adhesión formales y explícitos a una creencia, religión o iglesia en concreto; o, (ii) tome decisiones, adopte políticas o desarrolle acciones que tengan una finalidad religiosa o tengan por propósito promover, beneficiar o perjudicar a una religión en particular. Asimismo, tiene una faceta positiva que exige que el Estado garantice las condiciones jurídicas y materiales idóneas para que las instituciones religiosas y sus integrantes puedan ejercer o practicar su derecho a la libertad religiosa. En esa medida, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pluralismo religioso y la igualdad de todas las confesiones ante el Estado y la ley. En consecuencia, este principio constitucional contempla varias garantías constitucionales que pueden entrar en conflicto entre sí, evento en el cual, los jueces constitucionales deben ponderar esas tensiones y adoptar remedios constitucionales que permitan el mayor grado de compatibilidad posible entre las garantías en fricción.

 

448. En este punto, se advierte que esta garantía constitucional también refuerza la protección constitucional del dato religioso. Lo expuesto, porque, al disponer la igualdad de trato entre los diferentes credos, (i) impone que los datos personales sobre las convicciones religiosas de las personas que practican una religión o una creencia sean tratados con el mismo estándar de protección; y, (ii) exige que las normas establecidas por las diferentes instituciones religiosas, para el trato de los datos religiosos, en el marco de su independencia y autonomía, sean tenidas en cuenta al momento de resolver las tensiones que puedan presentarse.

 

449. En efecto, la consagración explícita del derecho a la igualdad formal entre las diferentes iglesias también cobija a sus integrantes. En ese sentido, el tratamiento del dato religioso de cualquier persona debe atender a los estándares establecidos para los datos sensibles, sin importar el credo que el titular de la información practique. Esto, con el fin de evitar que el dato religioso sea utilizado para generar escenarios de discriminación.[820] En ese sentido, el uso de símbolos religiosos o de vestimentas particulares por parte de las personas que profesan determinado credo no flexibiliza la protección constitucional del dato religioso.

 

450. Sobre este asunto, en la Sentencia T-091 de 2020 la Corte señaló que la información personal de los sacerdotes requerida por el señor Barrientos era de conocimiento público. Esto, por cuanto “es usual que los sacerdotes se identifiquen con indumentaria o signos distintivos de su congregación y que su pertenencia se divulgue en los medios oficiales de las organizaciones a las que pertenecen, como sucedió en el caso de la Arquidiócesis de Medellín que, según informó, publicaba en su página web este tipo de datos. Lo mismo podría predicarse de la pregunta relacionada con el cargo que desempeñan, información que también suele ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad”. Sin embargo, ese razonamiento debe entenderse en el marco del caso concreto, pues, en esa oportunidad, hubo una divulgación previa de los datos religiosos de los clérigos identificados por el señor Barrientos en su petición, a través de los medios digitales de la institución demandada. Por tanto, no puede entenderse como una distinción constitucional entre los ministros de las religiones o creencias que utilizan vestimentas o símbolos dentro y fuera de la práctica de sus cultos y aquellos que no lo hacen.

 

451. Una distinción de esta naturaleza desconocería el mandato de trato paritario entre las entidades religiosas, el carácter pluralista del Estado colombiano y su deber de neutralidad. Esto, en la medida en que le atribuiría una consecuencia jurídica desfavorable o desventajosa a las personas que se adscriben a una religión o creencia que utiliza símbolos religiosos o vestimentas especiales. En concreto, reduciría el estándar de protección de sus datos religiosos por el solo hecho de realizar una actuación que está vinculada a su derecho fundamental a la libertad religiosa.

 

452. Adicionalmente, la interacción de los ministros de un credo con la sociedad no desnaturaliza el carácter sensible del dato religioso, pues la interacción de los sacerdotes con sus feligreses se hace con su autorización previa, ocurre en el marco de su libertad religiosa y no necesariamente involucra una divulgación “descontrolada” de sus datos religiosos. Por el contrario, ello ocurre en el marco de su autodeterminación religiosa, la cual no involucra una decisión informada que consista en poner bajo el conocimiento de toda la sociedad sus creencias religiosas. Si la interacción social de los clérigos conlleva a establecer que los datos sobre sus creencias religiosas son de público conocimiento, entonces los datos que revelan la pertenencia de las personas a los sindicatos dejarían de tener una protección constitucional reforzada, cuando sus titulares participan de las actividades sindicales, lo cual resulta a todas luces inconsecuente con el objeto mismo de la protección de los datos personales.

 

453. En consecuencia, la naturaleza sensible de los datos religiosos no puede resultar afectada por el uso de símbolos religiosos o de vestimentas especiales, ni por las interacciones sociales que se generan en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa.

 

 

El caso particular de la iglesia católica en Colombia

 

454. Desde sus inicios, la Iglesia Católica estableció sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros. Este conjunto de reglas se conoce como derecho canónico e inició su desarrollo en la época de la patrística.[821] En esa etapa primitiva, las normas jurídicas de la Iglesia estaban divididas en fuentes dogmáticas[822] y eclesiásticas humanas.[823] Aquellas regulaban los asuntos propios de su organización interna, disciplina y herejías. Sin embargo, hacía el Siglo IV, el derecho canónico empezó a regular asuntos de la vida diaria de los creyentes como el matrimonio, sus derechos reales y los procedimientos que deben seguirse en cada caso. Para esos efectos, estableció dos tipos de normas jurídicas: (i) los cánones o decretos, derivados de las deliberaciones de los concilios; y, (ii) las decretales o epístolas de los Pontífices que provienen de las consultas que se le hacían en su momento al Papa. Esas disposiciones fueron posteriormente recopiladas en la Dionysiana.[824]

 

455. Con todo, el derecho canónico se consolidó durante la Edad Media, pues en esa etapa la Iglesia utiliza su capacidad de legislar de una forma muchísimo más expansiva frente a los asuntos seculares de sus creyentes.[825] Además, surgen los concilios nacionales o provinciales que generan una legislación secundaria, en virtud de la cual, surgen los denominados “derechos canónicos”.[826] Posteriormente, entre los Siglos IX y XII, se crearon una serie de obras canónicas, entre ellas, las que sistematizaron las normas que eran aplicables a la iglesia y sus feligreses. Este proceso resultó fortalecido, cuando el Papa asumió la postura de “supremo legislador” hacía el Siglo XV.[827]

 

456. Esta breve referencia histórica, no solo permite advertir que el derecho canónico corresponde a un fenómeno sociológico que antecede a la formación del Estado moderno, sino que evidencia las complejidades del ordenamiento jurídico eclesiástico de la Iglesia Católica. Esto último en la medida en que, desde el desmembramiento del Imperio Romano de Occidente, la institución adoptó un sistema legislativo complejo que se mantiene aún en la actualidad. Aquel reconoce al Papa como el “legislador supremo”. Sin embargo, faculta a los concilios nacionales o provinciales para que profieran regulaciones secundarias que son de obligatoria observancia en sus jurisdicciones y constituyen derechos canónicos. Esto significa que las instituciones adscritas a esta religión no solo están obligadas a observar las normas proferidas por el Papa, sino aquellas que sean leyes secundarias emitidas por los concilios a los que están adscritas.

 

457. En la actualidad, las principales normas de derecho canónico se encuentran recopiladas en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales[828] y en el Código de Derecho Canónico de 1983. La Iglesia Católica de Colombia debe regirse por esta última normativa, la cual reitera que esta legislación tiene dos modalidades. La primera corresponde a la universal y es proferida por el romano Pontífice y por el Colegio Episcopal;[829] mientras que, la segunda, tiene que ver con la legislación emitida para una jurisdicción particular. Esta puede ser proferida por “a) el romano pontífice y el Colegio episcopal, cuando dan ley para una determinada circunscripción o comunidad de fieles; b) el obispo diocesano (canon 391 2), que es el legislador ordinario en el ámbito de las Iglesias particulares; se encuentre que no cualquier obispo, sin precisamente el obispo diocesano, aquel que desempeña el oficio capital de una Iglesia particular; c) los concilios particulares, plenarios y provinciales (canon 445); d) los titulares de otros oficios capitales, equiparados al obispo diocesano ipso iure, como son los prelados territoriales, los abades territoriales,  los vicarios apostólicos, los prefectos apostólicos y los administradores apostólicos de una administración apostólica erigida de un modo estable (cánones 381.2 y 368); e) otros titulares de oficios capitales de estructuras de potestad que, aunque no estén equiparados ipso iure al obispo diocesano, desplieguen una potestad análoga a la del obispo diocesano (como los ordinarios militares o los prelados personales), y f) las conferencias episcopales, cuando cubren las condiciones del canon 455.1”.[830] De manera que, para establecer cuáles son las normas eclesiásticas aplicables a la protección de los datos religiosos de las personas que practican el catolicismo, como feligreses o como ministros, que sean recopilados por las instituciones en las que ejercen su derecho a la libertad de cultos, es necesario atender a la regulación universal y a la legislación particular de la institución en concreto.

 

 

La legislación eclesiástica universal en materia de tratamiento de datos personales religiosos recolectados por instituciones de la iglesia católica

 

458. La Iglesia Católica de Colombia se rige por lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico que fue proferido en 1983 y regula la vida y organización de la institución, así como por las normas complementarias dictadas por el Papa. Si bien esa normativa no regula de manera explícita el derecho a la protección de datos, reconoce el derecho a la buena fama y a la intimidad de sus fieles y establece que algunos documentos y actuaciones deberán mantenerse bajo reserva, como se explica a continuación.

 

459. Derecho a la buena fama y a la intimidad de los fieles. Sobre estas garantías, el Código referido establece que “[a] nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad”.[831] Quien incurra en este tipo de actuaciones o presente denuncia calumniosa en contra del superior eclesiástico es castigado con una pena justa, a la que podrá añadirse la censura.[832]

 

460. Documentos sujetos a secreto. En cuanto al manejo de documentos, el Código de Derecho Canónico prohibió la divulgación de las solicitudes de remisión y las remisiones, a menos que resulte útil para la buena fama del reo.[833] Asimismo, estableció la creación de un “Archivo Secreto” dentro del general de cada instancia religiosa para conservar “con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto”.[834] Aquel contiene, entre otros documentos, (i) las actas[835] y los documentos de la instrucción previa de los procesos penales;[836] (ii) la documentación de los matrimonios celebrados en secreto;[837] y, (iii) las constancias de las amonestaciones o de las reprensiones que el Obispo imponga con ocasión de la inclinación de una persona a delinquir o después de tener una grave sospecha de que así lo hizo.[838]

 

461. Frente al manejo de los documentos contenidos en el “Archivo Secreto”, el Código de Derecho Canónico estableció las siguientes reglas:

 

· Los documentos del archivo secreto no podrán sacarse.[839]

 

· Ante la ausencia de un archivo secreto, las instancias religiosas deberán disponer de un armario o de una caja dentro del archivo general que no se pueda mover del sitio y permanezca cerrada con llave.[840]

 

· El dominio de la llave del archivo secreto estará únicamente en cabeza del Obispo.[841] Mientras la sede este vacante no se abrirá ese archivo. En caso de verdadera necesidad, aquel será abierto por el Administrador diocesano personalmente.[842]

 

· Cada año deberán eliminarse de ese archivo los documentos que correspondan a causas penales, en materia de costumbres, que se hayan adelantado en contra de personas que ya fallecieron o que culminaron hace más de 10 años con sentencia condenatoria. En esos casos, deberá conservarse un resumen del hecho con el fallo proferido por la autoridad competente.[843]

 

462. En este punto, resulta oportuno señalar que, el 28 de octubre de 2019, el Papa Francisco modificó el nombre del “Archivo Secreto” del Vaticano por “Archivo Apostólico Vaticano”. En una Carta Apostólica, en forma Motu Proprio, el Sumo Pontífice manifestó que el archivo pontificio “surgió del núcleo documental de la Cámara Apostólica y de la misma Biblioteca Apostólica (la llamada Bibliotheca secreta) entre la primera y segunda década del siglo XVII, comenzó a llamarse Secreto (Archivum Secretum Vaticanum) sólo a mediados de ese siglo; instalado en las salas apropiadas del Palacio Apostólico, alcanzó con el tiempo  una consistencia notable y se abrió desde el principio a las peticiones de documentos que llegaban al Romano Pontífice, al Cardenal Camarlengo y luego al Cardenal Archivero y Bibliotecario de toda Europa y del mundo”.[844] Sin embargo, consideró adecuado actualizar la denominación del archivo para que corresponda con los objetivos de esa documentación.

 

463. Al respecto, explicó que, el archivo nació “de la Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, es decir, de la parte de los códigos y escrituras más particularmente de propiedad y bajo la jurisdicción directa del Papa, el Archivo se llamaba primero simplemente Archivum novum, luego Archivum Apostolicum y luego Archivum Secretum (las primeras atestaciones del término se remontan aproximadamente a 1646). El término Secretum, que se ha convertido en el nombre propio de la institución y que ha prevalecido en los últimos siglos, estaba justificado porque indicaba que el nuevo Archivo, querido por mi predecesor Pablo V hacia 1610-1612, no era otro que el archivo privado, separado y reservado del Papa. Así es como todos los pontífices quisieron definirlo siempre, y así es como todavía lo definen hoy en día, sin ninguna dificultad, los estudiosos. Esta definición, por otra parte, estaba muy extendida, con un significado análogo en las cortes de soberanos y príncipes, cuyos archivos se definían propiamente como secretos.”[845] Con todo, el uso semántico actual de esa expresión varió y le atribuyó matices ambiguos y negativos al propósito del archivo, al asociarlo con lo escondido, lo no revelado y lo revelado a unos pocos. Por esa razón, decidió que, a partir de ese momento esa estructura documental sería denominada “Archivo Apostólico Vaticano”, sin cambiar su identidad, estructura, ni misión. En consecuencia, el tratamiento de los documentos en él contenido no varió. 

 

464. Publicidad de los procesos penales y contenciosos. Como regla general, el Código establece que las autoridades judiciales y sus ayudantes deben guardar de oficio el secreto de todo juicio penal y de aquellos contenciosos en los que la divulgación de la información pueda generar algún perjuicio a las partes. Así, deberán mantener bajo secreto las discusiones que ocurren antes de dictar sentencia, las opiniones que se profieran en ese momento y los votos de los involucrados.[846] Quienes incumplan estas disposiciones serán sancionados con penas adecuadas.[847] Además, dispone que, en atención a la naturaleza del proceso o de las pruebas recaudadas, el juez podrá ordenarles a las partes, sus apoderados, los procuradores, los testigos y los peritos que guarden las actuaciones procesales bajo secreto. Esto para evitar las rencillas, los escándalos, que se ponga en peligro la fama de otros por la divulgación de las actas o de las pruebas u otros inconvenientes semejantes.[848]

 

465. Para el caso concreto de los procesos penales, la normativa señala que, al investigar las noticias verosímiles que lleguen a su conocimiento sobre la presunta comisión de una conducta punible, el Ordinario deberá evitar que “se ponga en peligro la buena fama de alguien”.[849] Estas normas deben interpretarse de manera sistemática con las disposiciones proferidas por el Papa en el Motu proprio, Vos estis lux mundo (en adelante VELM); y, por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el VADEMÉCUM “sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos”, emitido el 16 de julio de 2020.

 

466. En concreto, El VELM, en su artículo 2, dispuso que los datos contenidos en los informes que se presentan sobre clérigos asociados con la presunta comisión de delitos contra el sexto mandamiento deben estar protegidos y serán tratados de manera tal que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad.[850] Por su parte, el parágrafo 2 del artículo 5 de la norma, estableció que “[l]a imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad de sus datos personales, han de estar protegidas”.[851]

 

467. Asimismo, el Vademécum señaló que, durante la etapa de investigación previa, las autoridades encargadas deben observar el secreto de oficio, sin imponer obligaciones de silencio a las personas que denuncian los hechos, a las víctimas, ni a los testigos[852]. Sobre este asunto, resaltó la importancia que el cumplimiento de esta obligación tiene para efectos del respeto del derecho de los fieles a la buena fama. En concreto, afirmó que:

 

“Los cann. 1717 § 2 CIC y 1468 § 2 CCEO, y los arts. 4 § 2 y 5 § 2 VELM hacen referencia a la tutela de la buena fama de las personas implicadas —acusado, presuntas víctimas, testigos—, de modo que la denuncia no genere prejuicios, represalias o discriminaciones. Quien realiza la investigación previa debe por tanto estar particularmente atento, tomando todas las precauciones con este fin, puesto que la buena fama es un derecho de los fieles garantizado por los cann. 220 CIC y 23 CCEO. Hay que señalar, sin embargo, que estos cánones protegen de la lesión ilegitima a tal derecho; por lo que, no constituye necesariamente una violación de la buena fama, si está en peligro el bien común, la difusión de noticias respecto a la existencia de una imputación. Además, las personas involucradas deben ser informadas que en el caso se produjese un secuestro judicial o una orden de entrega de las actas de la investigación por parte de la Autoridad civil, no será posible para la Iglesia garantizar la confidencialidad de las declaraciones o de la documentación adquirida en sede canónica.

 

“45. De todas formas, sobre todo cuando se deban emitir comunicados públicos sobre el caso, es necesario tomar todas las precauciones para informar sobre los hechos, por ejemplo, usando un modo esencial y conciso, evitando anuncios clamorosos, absteniéndose de todo juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona  denunciada—que será establecida por el proceso penal si este llega a realizarse, siendo el único al que corresponde verificar el fundamento de hechos denunciados—, respetando la voluntad de confidencialidad eventualmente manifestada por las presuntas víctimas.”[853]

 

468. Además, recordó que “las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos referidos en el art. 6 SST [entre ellos, las conductas constitutivas de abuso sexual] están sujetos al secreto de oficio.”[854] De hecho, señaló que las actas originales de esos procesos penales deben incorporarse al archivo secreto de las Curias.[855] Con todo, explicó que lo anterior no implica que los denunciantes deban abstenerse de publicar sus propias acciones, ni que las autoridades estén impedidas para evaluar la posibilidad de inaplicar el secreto a las notitiae de delicto que no correspondan a denuncias.[856]

 

469. Finalmente, a título de recomendación general, indicó que los responsables de la investigación deben informar a la presunta víctima y al indiciado las actuaciones adelantadas en el proceso, cuando así lo requieran. Todo ello, sin revelar la información que esté bajo secreto pontificio o de oficio, cuya divulgación pueda generar perjuicios para terceros. Sobre este asunto, precisó que el Ordinario o el Jerarca deberán definir de manera discrecional si le informan o no al indiciado sobre la existencia de la investigación previa y en qué momento. Para el efecto, no hay un criterio univoco. Por lo tanto, le corresponde “valorar el conjunto de los bienes jurídicos que están en juego: además de la protección de la buena fama de las personas interesadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de contaminar la investigación previa, el escándalo de los fieles, o la oportunidad de recoger antes todos los elementos indiciarios que podrían ser útiles o necesarios.”[857]

 

470. En conclusión, aunque la legislación universal de la Iglesia Católica no cuenta con una regulación exhaustiva del tratamiento de los datos personales, sí prevé algunas disposiciones generales sobre la protección de la información contenida en los documentos administrados por la institución. En concreto, el derecho canónico dispone que nadie puede lesionar de forma ilegítima la buena fama, ni el derecho a la intimidad de las personas. Esta regla que deberá orientar las respuestas que se otorguen a los ciudadanos que soliciten información administrada por las diferentes instancias religiosas. Además, establece que las solicitudes de remisión, las denuncias, las actas, las discusiones y las decisiones que se adopten en los procesos penales de carácter eclesiástico se mantendrán bajo secreto y reposarán en el Archivo Secreto de la institución. Con todo, dicha reserva (i) no será oponible a las autoridades civiles, a los denunciantes, ni a las víctimas, quienes podrán informar sobre las actuaciones que, al parecer, afectaron sus derechos. Además, (ii) el deber de mantener el secreto no podrá entenderse como una prohibición de comunicar la existencia de la imputación en contra del indiciado.

 

 

La legislación eclesiástica nacional en materia de tratamiento de datos personales religiosos recolectados por instituciones de la iglesia católica

 

471. Por su parte, la Iglesia Católica colombiana ha desarrollado preceptos que procuran garantizar la protección de los datos, de la buena fama y la intimidad de todas las personas. En efecto, desde el 2001, la Conferencia Episcopal de Colombia ha producido diversos documentos sobre la administración de datos personales administrados por las diferentes instituciones adscritas a esa religión.

 

472. En ese sentido, el numeral 38 de las Líneas guía de la cultura de cuidado en la Iglesia Católica colombiana prevé que la normativa aplicable en el sistema es la legislación canónica, la legislación estatal y el habeas data. A su turno, el numeral 40 de las Líneas operativas o buenas prácticas de los apóstoles del cuidado indica que, como criterio de la confidencialidad de los datos personales, es aplicable la legislación canónica, la legislación estatal vigente y las decisiones judiciales. En este último compendio, el numeral 166 señala que los datos personales registrados en los bancos de datos administrados por las autoridades eclesiástica serán tratados de conformidad con las disposiciones legales que regulan el habeas data y los principios del tratamiento de datos.

 

473. Con todo, las iglesias y confesiones religiosas tienen el derecho de regular cualquier aspecto que consideren pertinente para la administración de sus asuntos religiosos, incluso la gestión de sus archivos, bases de datos e información. Sin embargo, estas normas de funcionamiento interno tienen un alcance limitado, en la medida en que no pueden (i) contradecir las reglas establecidas en la legislación canónica universal y regional, (ii) desconocer los derechos fundamentales de las personas, especialmente las garantías a la libertad, integridad y no discriminación de sus feligreses; (iii) ni prever cláusulas de salvaguarda, pues estas deben ser definidas por la institución como tal y estar estrechamente relacionadas con el respeto a su identidad religiosa, carácter propio y creencias. Es decir, no pueden estar destinadas a crear espacios absolutamente vedados al escrutinio público que propicien la comisión de conductas que constituyan delitos o graves violaciones a los derechos humanos.

 

474. En mi opinión, las políticas de tratamientos de datos allegadas por las Arquidiócesis de Medellín e Ibagué, así como, por la Diócesis de Santa Rosa de Osos y el Obispado Castrense. A partir de ellas, concluyó que las autoridades eclesiásticas accionadas aplican las reglas previstas en la legislación colombiana sobre el derecho fundamental al habeas data, así como, las previsiones del derecho canónico nacional y universal en la materia, las cuales lejos de ser discordantes son complementarias entre sí.

 

Conclusión

 

Los datos religiosos son sensibles y tienen una protección constitucional reforzada. Su tratamiento, por regla general, se encuentra prohibido. Excepcionalmente, podrán ser entregados a terceros cuando así lo determine la ley o cuando su inviolabilidad justifique, oculte o invisibilice escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional

 

475. La información que recolectan las entidades religiosas sobre sus integrantes, fieles o ministros, son datos religiosos. Esto, en la medida en que, al asociar a la persona con una iglesia o confesión religiosa, revelan sus convicciones religiosas. Tal y como se explicó previamente, en el ordenamiento jurídico colombiano, este tipo de datos personales cuentan con una protección constitucional reforzada, derivada de los derechos fundamentales al habeas data (Cons. Pol., arts. 15 y Ley 1581 de 2012, art. 5), a la libertad de conciencia (Cons. Pol., art. 18) y a la libertad religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 1, 7, 19 y Ley 133 de 1994, art. 6.a). En virtud de lo anterior, para establecer las reglas que son aplicables a este tipo de datos, resulta indispensable armonizar la legislación civil y la eclesiástica que corresponda, en este caso, la prevista por la Iglesia Católica.

 

476. Según la legislación civil, la divulgación de la información que revela las convicciones religiosas de las personas puede someter a sus titulares a escenarios de discriminación. Por tanto, esos datos personales son sensibles y deben ser tratados como tal. Ello implica que, por regla general, su tratamiento está prohibido, salvo las excepciones previstas de manera taxativa por la ley. En este último escenario, los encargados del tratamiento deben mantener bajo reserva la información, en virtud del principio de confidencialidad.

 

477. Por su parte, la Iglesia Católica colombiana estableció que, en materia de tratamiento de datos personales, aplicaría las reglas universales del derecho canónico, la legislación colombiana y los principios generales del derecho fundamental al habeas data. La legislación universal de esa denominación religiosa no contempla una regulación específica en materia de protección de datos personales. En todo caso, dispone que los integrantes de ese credo tienen prohibido “lesionar de forma ilegítima” la buena fama y el derecho a la intimidad de las personas. Eso quiere decir que, no pueden realizar actuaciones contrarias a derecho que afecten la intimidad de las personas o su buena fama, como divulgar sus datos personales sin su consentimiento, a menos que esa publicidad sea requerida para un propósito con mayor relevancia constitucional o eclesiástica.

 

478. Una interpretación conjunta de las disposiciones referidas permite concluir que ambos ordenamientos jurídicos concuerdan en la importancia de proteger los datos personales asociados con la intimidad espiritual de las personas, con el fin de garantizar una efectiva protección de los derechos a la intimidad, a la buena fama y a la no discriminación de las personas. Si bien el derecho canónico no prevé una regulación propia para la protección de los datos personales, lo cierto es que se adhiere a la regulación proferida por el legislador nacional en la materia. En esa medida, tanto las autoridades civiles, como las religiosas de la Iglesia Católica, prohíben el tratamiento de los datos personales religiosos, a menos que se trate de uno de los casos previstos en el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012, los cuales no contemplan la entrega de este tipo de información con fines de investigación periodística y exigen la autorización previa del titular de los datos para su divulgación. 

 

479. Adicionalmente, ambas legislaciones contemplan reglas especiales para el tratamiento de la información que hace parte de los procesos penales que contempla cada ordenamiento jurídico. Colombia adoptó un sistema penal mixto con tendencia acusatoria en el que prima el principio de publicidad. Por ello, la jurisprudencia ha establecido que las actuaciones procesales inician con una reserva más estricta que se reduce a medida que avanza el proceso. Esto significa que, por regla general, las actuaciones previas a la formulación de imputación o a la legalización de captura deben mantenerse bajo reserva. En todo caso, ello no implica que esté prohibido informar que existe una indagación en contra de una persona determinada, por un delito determinado. Por su parte, el derecho canónico prevé un proceso penal de corte inquisitivo, cuya investigación previa debe mantenerse bajo secreto. De hecho, las actas del caso, las discusiones de las autoridades judiciales eclesiásticas y las sentencias deberán remitirse al archivo secreto de cada curia. Con todo, esta reserva (i) no es oponible a las autoridades civiles que requieran la información en ejercicio de sus funciones, (ii) no implica que los datos sobre la existencia de una investigación penal sean reservados, (iii) ni desconoce los derechos de las partes y de las víctimas a conocer el proceso. De manera que, aunque ambos ordenamientos prevén una reserva estricta para la etapa de la indagación, los dos permiten que se divulgue la existencia de una indagación penal en contra de determinada persona por un delito en concreto. 

 

480. Ahora bien, hasta el momento, la jurisprudencia solo ha relativizado la protección de los datos personales semiprivados. En efecto, la Corte ha establecido que la protección otorgada a ese tipo de información no es absoluta, porque, si bien se encuentra protegida, su circulación no amerita un control tan riguroso como el que debe otorgarse a los datos sensibles y privados. En esa medida, el alcance de su protección dependerá del análisis concurrente de tres elementos. El primero (i) consiste en que la sociedad tenga un interés legítimo en conocer la información, es decir, que exista un interés público, real, serio y actual en la divulgación de los datos.[858] El segundo (ii) exige verificar que los titulares de los datos estén relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y ocupen un lugar de relevancia social y comunitaria en la sociedad.[859] Por último, el tercero (iii) tiene que ver con la calidad del peticionario, la cual exige que quien solicita la información tenga la condición de periodista.[860]

 

481. Sin embargo, ni siquiera la protección constitucional reforzada de los datos religiosos es absoluta, puesto que la inviolabilidad de este tipo de información no puede ser invocada para justificar, ocultar o invisibilizar escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional. Esto, en la medida en que, en ejercicio de sus derechos fundamentales a la intimidad (Cons. Pol., art. 15), a la libre autonomía de la voluntad privada de las organizaciones (Cons. Pol., art. 333), a la libertad religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 18 y 19), los particulares no pueden generar escenarios vedados para la Carta, en los que se afecten fines constitucionales legítimos e imperiosos como la dignidad humana (Cons. Pol., art. 1). Por esa razón, el alcance de la protección de los datos religiosos dependerá del análisis concurrente de los siguientes elementos.  

 

 

La configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados.

 

482. Según el artículo 2° de la Constitución, uno de los fines esenciales del Estado consiste en “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Ello significa que no existen espacios públicos, ni privados que estén vedados para la Carta Política. Su eficacia debe garantizarse en todos los escenarios.

 

483. Uno de los pilares fundamentales de la Constitución es el respeto de la dignidad humana. Según la jurisprudencia, aquella debe comprenderse “desde dos dimensiones «a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa». Sobre la primera, hace referencia a «(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)». En relación con la segunda dimensión, debe comprenderse la dignidad humana como (a) un valor fundante del ordenamiento jurídico, (b) un principio constitucional y (c) como un derecho fundamental autónomo”[861].

 

484. En ese sentido, la Corte ha resaltado que “el principio de la dignidad humana comprende a la persona como un fin en sí mismo, como un ser que cuenta con unas capacidades humanas encaminadas a vivir una vida libre de violencia y de humillaciones” (énfasis añadido).[862] En esa medida, las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para “salvaguardar los bienes jurídicos que definen al hombre como persona, y entre los cuales se cuentan, la libertad, la autonomía, la integridad física, moral, espiritual y cultural, la exclusión de tratos degradantes, la intimidad personal y familiar así como ciertas condiciones materiales de existencia que el Estado social de derecho debe garantizar”. Eso significa que, los atentados contra la dignidad humana no solo afectan la intangibilidad de bienes de gran relevancia constitucional como la vida, la seguridad social, la salud, la integridad física, sexual, psicológica, moral y espiritual de las personas, sino que desconocen un principio fundante del ordenamiento jurídico que tiene las características de derecho fundamental autónomo. De manera que, las afectaciones a la dignidad humana son especialmente graves.[863] Este mandato resulta reforzado por otras garantías constitucionales como los derechos de las mujeres (Cons. Pol., art. 42) y de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencias y, de estos últimos, a ser protegidos de toda forma de abuso sexual (Cons. Pol., art. 44).[864]

 

485. En atención a lo expuesto, la jurisprudencia ha advertido que el ejercicio del derecho a la intimidad en escenarios privados, como el de la familia, no puede conllevar a un escenario que desconozca el principio de la dignidad humana. En efecto, en la Sentencia C-111 de 2022, la Corte explicó que la constitucionalización de las relaciones de familia generó varias garantías para los integrantes del hogar, entre ellas, “el deber de sancionar cualquier forma de violencia en el hogar por considerarla destructiva de su armonía y unidad. De manera que, cuando se desconoce alguna de esas prerrogativas, el Estado debe intervenir para proteger los derechos fundamentales de los integrantes de la familia. En especial, cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional como los niños o históricamente discriminados como las mujeres”.

 

486. En ese sentido, explicó que, en esos escenarios privados, se reproducen relaciones asimétricas de poder que, en reiteradas oportunidades, terminan en escenarios de violencia contra los más débiles. Por esa razón, los escenarios de autorregulación y autodeterminación de las familias deben ceder, para que se puedan proteger los derechos de las personas sometidas a este tipo de escenarios. Sobre este asunto, la Corte destacó que en “la Sentencia C-408 de 1996 señaló que ‘[n]o se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado’. (Énfasis propio del texto). Asimismo, en la Sentencia T-338 de 2018 advirtió que es necesario fortalecer la intervención del Estado en los escenarios de maltrato intrafamiliar para que aquellos trasciendan al ámbito público y no permanezcan en el ámbito privado. De este modo, se evita normalizar e invisibilizar la violencia doméstica”.[865]

 

487. Estas consideraciones son trasladables a los escenarios religiosos, porque, de un lado, las relaciones personales entre los feligreses y los ministros de las iglesias suelen ocurrir en unas condiciones asimétricas de poder. Además, en algunas ocasiones, tienen lugar en espacios aislados del escrutinio público, como ya se explicó al analizar el contexto en que debía adoptarse la Sentencia SU-184 de 2025. Y, del otro, las instituciones religiosas cuentan con una amplia discrecionalidad para regular sus asuntos internos. Esas situaciones en conjunto crean contextos que facilitan la ejecución de conductas que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual, espiritual y moral de las personas, en especial, de aquellos que afrontan situaciones históricas de debilidad manifiesta como los niños, niñas y adolescentes. Estos contextos no solo habilitan un escrutinio por parte del Estado, sino de la sociedad misma, quien tiene derecho a ejercer un control ciudadano de todos aquellos escenarios que vayan en contravía de la eficacia de la Constitución. En esa medida, las garantías constitucionales que protegen a los integrantes de las religiones del escrutinio público deben ceder ante la necesidad de proteger la eficacia de la dignidad humana y garantizar que no existan escenarios vedados para la Constitución.

 

488. Por lo tanto, ante la existencia de un indicio razonable que ponga de presente que alguno de los integrantes de una iglesia o de una confesión religiosa incurrió en una conducta que vulnera la dignidad humana de un sujeto de especial protección constitucional (sea o no integrante de la congregación), la protección de sus datos religiosos puede relativizarse, siempre y cuando se acrediten los elementos que se desarrollan a continuación.

 

489. Como ya se dijo, en estos casos, las solicitudes presentadas por la ciudadanía sobre este tipo de información deben estar justificadas en un indicio razonable de la ocurrencia de un hecho concreto. En esa medida, no serán suficientes las afirmaciones subjetivas, ni los argumentos de conveniencia o intuición. Los interesados deberán allegar elementos que permitan establecer que el dato religioso de una persona está vinculado con ese contexto de vulneración a la dignidad humana.

 

490. La relevancia pública de la información. Por regla general, los datos personales no revelan información que tenga un impacto significativo en la sociedad. Sin embargo, cuando las personas se encuentran vinculadas con una posible ruptura del pacto social, su información adquiere una especial relevancia para la opinión pública.

 

491. Al respecto, en la Sentencia T-098 de 2017 la Corte consideró que los antecedentes penales de una persona pueden constituir un dato “relevante en la discusión pública en torno a la idoneidad y aptitudes éticas para el desempeño como rector de un colegio, cuando previamente esa persona fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad”[866]. En la Sentencia SU-191 de 2022, proferida con fundamento en la Sentencia SU-1723 de 2000, la Corte indicó que la sociedad puede tener un interés legítimo en conocer la información relacionada con los aspectos personales de un individuo. Con todo, aquel debe ser real, serio y actual. De manera que, no se protegen las solicitudes de información personal que tengan “una finalidad difamatoria y tendenciosa”.[867] Además, precisó que “[e]n relación con hechos delictivos, su investigación y esclarecimiento, al igual que la eventual imposición de sanciones, generan un interés legítimo por conocer la verdad sobre una actuación reprochable. En consecuencia, es válido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una persona, ‘siempre y cuando estos tengan relación (directa o indirecta) con el asunto investigado o permitan aclarar puntos al respecto’.”[868] En consecuencia, la protección de los datos religiosos solo podrá relativizarse, cuando revelen información de relevancia pública, respecto de la cual la sociedad tenga un interés legítimo en conocer, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

492. Las características de los titulares de los datos. Aunque se presume que las relaciones personales entre particulares suelen ocurrir en igualdad de condiciones, lo cierto es que las diferencias económicas, políticas, sociales y religiosas hacen que existan escenarios en los que algunas personas (naturales o jurídicas) ejercen poder sobre otras. Estas personas ocupan una posición en la comunidad que hace que su información personal adquiera cierta relevancia para la sociedad y, en virtud de ello, se justifica una relativización de la protección de sus datos personales.

 

493. Al respecto, en la Sentencia SU-1723 de 2000 la Corte indicó que la relevancia pública de la información está asociada con la calidad del titular de los datos, “[q]uienes por razón de sus cargos, actividades y de su desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. En estos eventos, el derecho a informar se torna más amplio y su primacía es, en principio, razonable.” (énfasis añadido)[869] En ese mismo sentido, se pronunció la Corte en las Sentencias T-066 de 1998, T-1202 de 2000 y T-437 de 2004. En cuanto a las calidades de los ministros de las iglesias y credos religiosos, en las Sentencias T-179 de 2019, T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 la Corte precisó que estas personas ocupan un lugar de relevancia social y comunitaria, porque “cuentan con una comunidad de feligreses a quienes instruyen, aconsejan y orientan”.[870]

 

494. En atención a lo anterior, la protección reforzada de los datos religiosos debe ceder ante el derecho a obtener información para efectos de investigaciones periodísticas, cuando los titulares de los datos requeridos ostenten una posición de relevancia social y comunitaria, en virtud de la cual, al parecer, participaron de conductas de maltrato o violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional que desconocen el principio a la dignidad humana. La relación entre el cargo o las actividades desempeñadas por las personas y la conducta presuntamente desplegada debe ser directa. En esa medida, el peticionario debe explicar las razones por las cuales considera que las posición social o comunitaria de la persona facilitó la ejecución de conductas contrarias a la dignidad de las personas. Este nexo se encuentra justificado en el carácter reforzado de la protección establecida para los datos religiosos y sin él no debería admitirse la entrega de los datos religiosos a terceros.

 

495. La profesión que ejerce el peticionario. La flexibilización descrita solo aplica para las peticiones presentadas con el propósito de adelantar investigaciones periodísticas sobre los hechos que podrían configurar un escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional. Esto, con ocasión de la protección reforzada que otorga el ordenamiento constitucional a la actividad periodística (Cons. Pol., art. 73) y a las peticiones de información presentadas por periodistas (Cons. Pol., art. 20), explicada previamente.

 

496. En todo caso, la flexibilización descrita solo puede ser ordenada por un juez de la República. Si bien es cierto que en los escenarios descritos debe primar el derecho de los periodistas a obtener la información descrita, también lo es que la ponderación, entre esa garantía iusfundamental y el derecho de las personas a mantener la protección de sus datos personales, no le corresponde a los particulares, sino que es un asunto que debe ser resuelto exclusivamente por las autoridades judiciales y observado por los privados. Las organizaciones particulares deben respetar los principios establecidos por el legislador estatutario en materia de protección de datos personales, en especial, los que imponen la confidencialidad, acceso y circulación restringida de los datos personales.[871] Lo expuesto, en la medida en que las decisiones de las personas de derecho privado no suelen estar sometidas al escrutinio de terceros y la divulgación de ese tipo de datos con fundamento en un razonamiento equivocado puede generar una vulneración irreparable a los derechos fundamentales de habeas data y a la libertad religiosa y de cultos.

 

497. En suma, la protección constitucional reforzada de los datos religiosos no es absoluta. Aquella puede relativizarse, por medio de una orden judicial, cuando: (i) se advierta la configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados; (ii) la sociedad tenga un interés legítimo, real, serio y actual en conocer la información, porque reviste una relevancia pública, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional; (iii) los titulares de los datos ocupen un lugar de relevancia social o comunitaria que pudo facilitar su presunta participación en el posible escenario de maltrato o de violencia que se pretende investigar; y, (iv) la petición sea presentada por un periodista, con el fin de adelantar una investigación periodística sobre los hechos que podrían configurar un escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

 

Las reglas jurisprudenciales que la Corte ha debido aplicar al caso concreto

 

498. Todos los ciudadanos tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las organizaciones privadas de carácter religioso. En todo caso, deben evitar incurrir en peticiones reiterativas, es decir, en presentar solicitudes que resultan sustancialmente idénticas a una previa que se resolvió de fondo. En esos casos, las entidades podrán remitirse a sus respuestas anteriores, en aplicación de los principios de eficacia y economía de la labor administrativa, consagrados en el artículo 209 superior, sin vulnerar el derecho fundamental de petición.[872] Lo expuesto, a menos de que se trate de peticiones sobre derechos imprescriptibles.[873]

 

499. Los peticionarios incurrirán en abuso del derecho de petición, cuando (i) presenten solicitudes con el propósito de materializar fines contrarios al ordenamiento jurídico; (ii) tomen ventaja de la interpretación de la norma para obtener resultados que no están previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) utilicen este derecho de una forma contraria a su contenido esencial y fines; o, (iv) invoquen las normas que regulan esta garantía iusfundamental de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico perseguido.[874]

 

500. Por su parte, las organizaciones religiosas deberán recibir, tramitar y contestar todas las peticiones respetuosas que les sean allegadas. Para el efecto, están obligadas a observar las reglas generales establecidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 y a garantizar el cumplimiento de los elementos que componen el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. En esa medida, les corresponde:

 

· Priorizar las solicitudes presentadas por los periodistas en ejercicio de sus labores profesionales.

 

· Verificar si son competentes para contestar el requerimiento. En caso de no serlo, deben remitir la petición a la entidad de la institución que es competente para contestar la solicitud.

 

· Responder las solicitudes de manera oportuna, es decir, dentro del término más corto posible, sin exceder el término dispuesto en la legislación. Eso significa que las autoridades eclesiásticas deben contestar las peticiones de documentos o de información dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. Si no es posible, deberá informar de esa situación al peticionario, antes del vencimiento del término; explicarle las razones de la demora; y, señalar un plazo razonable para contestar el requerimiento, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.

 

· Otorgar una respuesta de fondo a los peticionarios. Aquella deberá ser clara, precisa, congruente y consecuente. Si el ciudadano pretende obtener el acceso a ciertos documentos o información, la entidad correspondiente deberá entregar los datos solicitados o invocar la reserva de la información para negar el acceso a la información referida. En este último escenario, la institución deberá explicar de manera concreta y veraz las razones por las cuales considera que lo solicitado debe mantenerse en secreto. Por su relevancia para el caso concreto, este asunto será tratado como una regla independiente.

 

· Abstenerse de trasladar al peticionario los costos en que pueda incurrir para contestar la solicitud, a menos que el ciudadano exija la reproducción de determinados documentos, caso en el cual podrá solicitarle que asuma el valor de su reproducción.

 

· Poner a disposición del interesado la respuesta otorgada a su petición. 

 

501. Las organizaciones religiosas administran archivos y bases de datos que contienen información personal de sus integrantes, fieles o ministros. Aquellos son datos religiosos, en la medida en que asocian a las personas con una iglesia o confesión religiosa. Este tipo de información cuenta con una protección constitucional reforzada, derivada de los derechos fundamentales al habeas data (Cons. Pol., arts. 15 y Ley 1581 de 2012, art. 5), a la libertad de conciencia (art. 18 de la Constitución) y a la libertad religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 1, 7, 19 y Ley 133 de 1994, art. 6.a). Su tratamiento, por regla general, se encuentra prohibido.

 

502. La condición de ministro de una religión no es equivalente a cualquier profesión u oficio. La Corte, en la Sentencia SU-368 de 2022, ha reconocido que las instituciones religiosas están facultadas para regular de forma específica su estructura y la naturaleza de la relación que tienen con sus miembros. Bajo la doctrina del catolicismo, el ejercicio de ese ministerio no es una actividad, ni un oficio, ni una profesión. Es una vocación que no atiende a un asunto meramente volitivo y solo se puede ejercer cuando la persona cumple con una serie de requisitos doctrinales que determinan su relación con Dios o con el Ser Supremo. Así las cosas, este dato vincula de modo inescindible con determinada creencia religiosa, es decir, revela sus convicciones religiosas. La divulgación abierta de esa información puede generar escenarios de discriminación para estas personas y, en esa medida, se convierte en un dato sensible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. De hecho, los clérigos desarrollan actividades, oficios y profesiones ajenas a sus actividades espirituales. Por esa razón, el legislador estatutario en la Ley 133 de 1994 estableció unas condiciones especiales para el ejercicio de esta actividad y revistió a los ministros religiosos con una protección constitucional especial, al prever el deber de proteger su honra y de garantizar mecanismos de retractación, ante la difusión de información calumniosa, agraviante, tergiversada o, incluso, inexacta. De modo que, la regla general prevista en el artículo 3.2 del Decreto 1377 de 2013 no tiene la entidad suficiente para desnaturalizar la protección prevista en una ley estatutaria frente a la protección de los datos personales que revelan convicciones religiosas.

 

503. Estos datos son sensibles y no pueden ser tratados. Excepcionalmente, podrán ser entregados a terceros cuando así lo determine la ley o cuando su inviolabilidad justifique, oculte o invisibilice escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

504. Ni siquiera la protección constitucional reforzada de los datos religiosos es absoluta, puesto que la inviolabilidad de este tipo de información no puede ser invocada para justificar, ocultar o invisibilizar escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional. Esto, en la medida en que, en ejercicio de sus derechos fundamentales a la intimidad (Cons. Pol., art. 15), a la libre autonomía de la voluntad privada de las organizaciones (Cons. Pol., art. 333), a la libertad religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 18 y 19), los particulares no pueden generar escenarios vedados para la Carta, en los que se afecten fines constitucionales legítimos e imperiosos como la dignidad humana (Cons. Pol., art. 1°).

 

505. En consecuencia, la protección constitucional reforzada de los datos religiosos de los ministros de los distintos credos, al igual que la otorgada a sus datos semiprivados y privados, puede relativizarse, por medio de una orden judicial, cuando: (i) exista un indicio razonable sobre la configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados; (ii) la sociedad tenga un interés legítimo, real, serio y actual en conocer la información, porque reviste una relevancia pública, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional; (iii) los titulares de los datos ocupen un lugar de relevancia social o comunitaria que pudo facilitar su presunta participación en el posible escenario de maltrato o de violencia que se pretende investigar; y, (iv) la petición sea presentada por un periodista, con el fin de adelantar una investigación periodística sobre los hechos que podrían configurar un escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

506. En los demás casos, se deberán proteger los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data, a la libertad de consciencia, así como la libertad religiosa y de cultos de las personas que no están involucradas con posibles escenarios de maltrato o de violencia perpetrados en contra de sujetos de especial protección constitucional. Por tanto, solo se pueden entregar los datos personales de estas personas con su autorización previa o en los escenarios dispuestos por el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012.

 

507. La flexibilización de la protección constitucional de los datos personales semiprivados, privados y sensibles de los clérigos que están vinculados a un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional no puede conllevar al desconocimiento pleno de sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra, al habeas data y a la libertad religiosa y de cultos. En esa medida, las instituciones religiosas deben observar las reglas establecidas en la ley, en el derecho canónico y en la jurisprudencia para garantizar los derechos de estas personas, en especial, cuando los titulares de los datos (i) son investigados por las autoridades civiles y eclesiásticas por la presunta comisión de una conducta punible; o, (ii) fallecieron sin que se demostrara su responsabilidad en los hechos denunciados.  

 

508. Las instituciones religiosas deberán mantener bajo reserva los resultados de las diligencias que se adelanten antes de la formulación de imputación o de legalización de captura en los procesos penales en contra de los clérigos denunciados por la presunta comisión de delitos que constituyan violencia o maltrato en contra de sujetos de especial protección constitucional. Sin embargo, deberán informar sobre la existencia de la investigación a quienes así lo soliciten. Una vez se adelanten las actuaciones mencionadas la información puede divulgarse en virtud del principio de publicidad. En todo caso, solo las sentencias condenatorias se convierten en antecedentes penales. Estos, a pesar de ser datos sensibles, son públicos, no se pueden suprimir por completo de las bases de datos y deben ser entregados a los periodistas que los requieran, en ejercicio de su actividad profesional. En especial, cuando los requiera para debatir asuntos relacionados con la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. 

 

509. En ese mismo sentido, pueden mantener bajo reserva los documentos asociados a las investigaciones eclesiásticas que adelanten sus autoridades en el asunto; más no podrán ocultar la existencia de la denuncia, ni del proceso. Esta reserva no es oponible a las víctimas, quienes pueden divulgar la información relacionada con sus casos. Al culminar el proceso, deberán informarle a quien así lo requiera cual fue el resultado del trámite adelantado por las autoridades judiciales eclesiásticas.

 

510. Las instituciones eclesiásticas deben garantizar que los familiares de los sacerdotes fallecidos que estuvieron relacionados con la presunta comisión de conductas punibles puedan solicitar la corrección, actualización o supresión de los datos personales negativos de estos clérigos. Ante este tipo de solicitudes, las autoridades deberán suprimir el dato personal negativo de la persona fallecida de sus bases de datos, a menos que constituya un antecedente penal.

 

 

La decisión mayoritaria debió considerar la metodología aplicable a las tensiones entre la libertad de información y los derechos a la intimidad y al habeas data para analizar el caso concreto

 

511. Tal y como lo advirtió la Corte en la Sentencia T-275 de 2021, la jurisprudencia ha establecido que la metodología utilizada para resolver las tensiones entre el derecho fundamental a la libertad de información y las garantías iusfundamentales a la intimidad y al habeas data es diferente de la que procede para estudiar los conflictos entre esta libertad y el buen nombre y honra de las personas, porque “no existe una presunción de prevalencia del derecho a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad y viceversa”.[875]

 

512. En atención a lo anterior, la jurisprudencia ha determinado que las fricciones entre la libertad de información y los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data deben resolverse a través de una ponderación entre: (i) el daño ocasionado por el acceso y/o publicación de la información semiprivada, privada o sensible de una persona; y, (ii) los beneficios que esa actuación genera en la libertad de información. El nivel de afectación a la intimidad o al habeas data de la persona dependerá de la cercanía del dato a las esferas privadas de las personas. A mayor proximidad, mayor afectación. Por su parte, el grado de satisfacción de la libertad de información dependerá de (i) la relevancia pública de los datos; (ii) las repercusiones sociales de la información que revela el dato; y, (iii) la utilidad de la divulgación del dato en la protección de otras garantías iusfundamentales.[876] Para la Corte, la obtención y divulgación de información semiprivada, privada y sensible de las personas se encuentra legitimada, cuando el grado de satisfacción de la libertad de información supera considerablemente el nivel de afectación de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data.

 

 

Los elementos materiales probatorios del expediente demostraban la configuración de los siguientes hechos

 

513. En los casos acumulados al expediente objeto de análisis se probaron los siguientes hechos:

 

· Los demandantes Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán Medina adelantan por su cuenta una investigación sobre la presunta comisión de abusos sexuales por parte de clérigos, sacerdotes o ministros vinculados a la Iglesia Católica en contra de los niños, niñas y adolescentes.

 

· Los demandantes Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán Medina presentaron 137 peticiones a los obispos y superiores de varias comunidades religiosas de la Iglesia Católica ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional, en las que solicitaron la información personal sobre la trayectoria de los sacerdotes ordenados e incardinados a las diferentes instituciones, desde su creación o desde su llegada al país. Únicamente, 15 instituciones entregaron la información requerida. Producto de ello, los ciudadanos presentaron 122 acciones de tutela en las que invocaron la protección de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información. Los jueces de instancia concedieron sus pretensiones en 75 casos; mientras que, las negaron en los 47 restantes.[877] La Corte Constitucional seleccionó los fallos proferidos en 48 de estos casos para su revisión.

 

· Las instituciones eclesiásticas accionadas administran sus archivos y bases de datos personales de conformidad con los dispuesto en el derecho canónico, en el artículo 15 de la Constitución y en las normas que regulan el derecho fundamental al habeas data (Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012).

 

· En atención a las peticiones referidas y a las órdenes proferidas por los jueces de instancia, las siguientes autoridades eclesiásticas entregaron la información requerida por los accionantes:

 

-                     La Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán de Medellín (T-9.521.560), la Arquidiócesis de Bogotá (T-9.536.110) y la Diócesis de Málaga - Soatá (T-9.660.207) brindaron la información que tenían en sus registros sobre los sacerdotes relacionados con la presunta comisión de conductas punibles y los archivos relacionados con la trayectoria de algunos de los sacerdotes relacionados con esas instancias religiosas, durante determinado lapso. Lo expuesto, porque, según ellas, no contaban con archivos que recopilaran este tipo de información desde sus inicios. Para los jueces de instancia, estas respuestas no vulneraron los derechos fundamentales de los periodistas. 

 

· Con ocasión de las peticiones referidas y de las órdenes proferidas por los jueces de instancia, las siguientes organizaciones religiosas solo entregaron la información requerida por los accionantes, respecto de los sacerdotes involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes:

 

-                     La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia (T-9.439.068); las Diócesis de Neiva (T-9.388.994), Apartadó (T-9.390.120), Girardot (T-9.420.990), Granada (T-9.435.595), Valledupar (T-9.439.968), Sincelejo (T-9.440.665), Socorro y San Gil (T-9.449.573), Montelíbano (T-9.452.369), Buga (T-9.492.648), Pasto (T-9.511.805), Mocoa – Sibundoy (T-9.538.380) y Cartago (T-9.571.501), así como, la Compañía de María Padres Montfortianos (T-9.432.271), los Padres Asuncionistas (T-9.445.440), el Vicariato Apostólico de Tierradentro (T-9.454.967) y los Agustinos Recoletos Provincia Nuestra Señora de La Candelaria (T-9.474.971), únicamente, remitieron la información personal de los sacerdotes involucrados o denunciados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Los jueces de instancia avalaron ese razonamiento. En consecuencia, las autoridades eclesiásticas no remitieron más información a los accionantes.

 

-                     Los Padres Vicentinos (T-9.564.684) entregaron la información de los sacerdotes que estuvieron relacionados con la organización, durante un periodo determinado. Sin embargo, los jueces de instancia consideraron que la entidad vulneró los derechos de los accionantes, por no entregar los datos de todos los sacerdotes vinculados a la institución desde sus inicios.

 

-                     Las Arquidiócesis de Tunja (T-9.423.798), Medellín (T-9.618.460), Popayán (T-9.457.457) y Nueva Pamplona (T-9.548.517); las diócesis de Santa Rosa de Osos (T-9.439.040), Yopal (T-9.443.946), Chiquinquirá (T-9.456.770), Buenaventura (T-9.461.175), Cúcuta (T-9.479.400), Garzón (T-9.489.477), La Dorada – Guaduas (T-9.509.781), Palmira (T-9.575.079), Caldas (T-9.401.364), El Espinal (T-9.408.984); las congregaciones de Jesús y María - Padres Eudistas (T-9.460.173), Congregación de los Josefinos de Murialdo (T-9.460.895), de los Sagrados Corazones (T-9.461.384) y de la Fraternidad Sacerdotal (T-9.675.582) Misioneros Scalabrinianos (T-9.471.308), así como, el Obispado Castrense (T-9.487.762), los Hijos de la Sagrada Familia (T-9.416.225), los Clérigos de San Viator (T-9.445.635) y la Compañía de Jesús en Colombia (T-9.447.464), contestaron los requerimientos con la información personal de los sacerdotes incardinados u ordenados en esas instancias religiosas que fueron denunciados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades judiciales de instancia consideraron que sus respuestas no cumplieron con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información. Esto, en la medida en que no entregaron los datos personales de los clérigos ordenados o incardinados a esas instancias religiosas que no están relacionados con la presunta comisión de delitos que configuren abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, les ordenaron que entregaran toda la información requerida.

 

-                     La Orden de Frailes Siervos de María (T-9.450.994) y los Misioneros Javerianos de Yarumal (T-9.454.028) contestaron las peticiones de los demandantes, pero no las pusieron a su disposición. En consecuencia, los jueces de instancia les ordenaron que emitieran una respuesta de fondo a las solicitudes de los accionantes y se las comunicaran dentro de las 48 horas siguientes.

 

-                     El cumplimiento de las órdenes proferidas en sede de instancia fue suspendido mientras se agotaba el trámite ante esta Corporación, dentro de los expedientes T-9.564.684 (los Padres Vicentinos), T-9.423.798 (Arquidiócesis de Tunja), T-9.618.460 (Arquidiócesis de Medellín), T-9.439.040 (Diócesis de Santa Rosa de Osos), T-9.461.175 (Diócesis de Buenaventura), T-9.479.400 (Diócesis de Cúcuta), T-9.489.477 (Diócesis de Garzón), T-9.575.079 (Diócesis de Palmira), T-9.460.895 (Congregación de los Josefinos de Murialdo), T-9.461.384 (Congregación de los Sagrados Corazones), T-9.471.308 (Congregación de los Misioneros Scalabrinianos), T-9.487.762 (Obispado Castrense), T-9.445.635 (Clérigos de San Viator), T-9.447.464 (Compañía de Jesús en Colombia) y T-9.450.994 (Siervos de María).

 

-                     En sede de revisión, las Arquidiócesis de Popayán informó que remitió la información personal de los sacerdotes que habían estado vinculados a la institución desde 1990 y que no están relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales.[878]

 

· Con fundamento en las peticiones referidas y a las órdenes proferidas por los jueces de instancia, las siguientes organizaciones religiosas no entregaron la información requerida por los accionantes:

 

-                     El Instituto Misionero San Juan Eudes (T-9.379.113) no entregó la información requerida, porque, en su criterio, los accionantes no complementaron su solicitud. Por su parte, la Diócesis de Pereira (T-9.668.123) negó el acceso a los datos requeridos, bajo el argumento de que esa información estaba en las parroquias que conforman la entidad. Ambos argumentos fueron avalados por los jueces de instancia. En consecuencia, estas autoridades no contestaron los requerimientos de los peticionarios. 

 

· Las instituciones eclesiásticas solo administran la información personal de los sacerdotes en ellas incardinados, más no la de los clérigos ordenados.

 

 

La decisión mayoritaria ha debido considerar que las autoridades eclesiásticas demandadas no vulneraron los derechos fundamentales de petición y a la libertad de información de los periodistas al negarles el acceso a la información personal de los sacerdotes ordenados e incardinados en las diferentes instancias religiosas que no están relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes

 

514. De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, la obtención y divulgación de datos personales semiprivados, privados y sensibles es legítima cuando aporta un mayor grado de satisfacción de la libertad de información que el daño que se produce en los derechos a la intimidad y al habeas data. En los casos analizados que fueron objeto de controversia, el acceso a los datos religiosos de los sacerdotes, clérigos o ministros de la Iglesia Católica relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes generan una satisfacción del derecho a la libertad de información de tal magnitud que justifica el daño ocasionado a los derechos fundamentales de la intimidad y al habeas data de los titulares de la información.

 

515. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la información personal de los clérigos, sacerdotes o ministros de la Iglesia que nunca han sido señalados de haber cometido este tipo de conductas. Por tanto, en este último escenario, a diferencia de lo señalado por la decisión mayoritaria adoptada en la Sentencia SU-184 de 2025, conforme a la Constitución Política y los Tratados Internacionales aplicables que forman parte del bloque de constitucionalidad, debe primar la protección de las garantías iusfundamentales de los titulares de los datos religiosos por las razones que se exponen a continuación.

 

516. Grado de afectación de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data de los sacerdotes. Los datos solicitados por los accionantes a las instituciones religiosas están relacionados con la dimensión espiritual y las actividades que con ella se relacionan de las personas que efectivamente se consagran al servicio religioso sin incurrir en conductas inapropiadas entre ellas las de naturaleza punible o criminal. Por lo tanto, su divulgación revela las convicciones y acciones de quienes ejercieron o ejercen con absoluta dedicación y conciencia pastoral y religiosa, la prédica, la enseñanza y el culto propio de su Iglesia como sacerdotes, clérigos o ministros de esas instituciones eclesiásticas y, en esa medida, son inherentes al ámbito más privado de las personas. Por esa razón, gozan de una protección constitucional reforzada que se deriva de los derechos fundamentales al habeas data (Cons. Pol., art. 15 superior y Ley 1581 de 2012, art. 5), a la libertad de conciencia (Cons. Pol., art. 18) y a la libertad religiosa y de cultos (Cons. Pol., arts. 1, 7, 19 y Ley 133 de 1994, art. 6.a). De manera que, en atención a esa relación de inherencia entre los datos requeridos y el ámbito privado de las personas, su obtención o divulgación genera una grave afectación de los derechos a la intimidad y al habeas data de los titulares de la información requerida. 

 

517. A diferencia de lo ocurrido en los casos analizados en las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022, en esta oportunidad, los demandantes no identificaron los nombres propios de las personas respecto de las que pretendían obtener determinada información la cual, además, no se relaciona para nada con presuntas conductas abusivas inclusive de carácter criminal. Simplemente, los accionantes solicitaron que las instituciones religiosas accionadas entregaran los nombres de todos los integrantes y exintegrantes de sus instituciones y discriminaran algunos de sus datos personales relacionados con su trayectoria al interior de la Iglesia Católica. La respuesta a este requerimiento exigiría que las entidades eclesiásticas vincularan, de forma pública, a todas las personas con la práctica de un credo determinado, lo que implicaría revelar sus convicciones religiosas.

 

518. Cosa distinta ocurre, cuando el peticionario tiene un conocimiento previo de las actuaciones de determinadas personas que se hallan incursas en investigaciones eclesiásticas o penales relacionadas con violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes en cuyo caso la protección constitucional de los datos de tales clérigos, sacerdotes o religiosos se encuentra desdibujada, desde la presentación misma de la petición. Por esa razón, las Sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022 recondujeron el análisis para determinar el ámbito de protección de los datos personales relacionados con la trayectoria de los miembros de una institución religiosa, cuando se conocen sus convicciones religiosas y sus acciones, y concluyeron que, en esos eventos, debe brindarse el mismo estándar de protección que el otorgado a los datos semiprivados.

 

519. En suma, la obtención o divulgación de los datos personales que revelen las convicciones y acciones estrictamente religiosas de las personas genera una afectación grave de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data de los titulares de la información.

 

520. Beneficios de la obtención o divulgación de los datos religiosos de los clérigos católicos en la libertad de información. Para valorar el nivel de satisfacción que esta actuación genera en el derecho a la libertad de información, las autoridades judiciales, entre ellas la Corte Constitucional, deben verificar que (i) exista un indicio razonable sobre la configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados; (ii) la sociedad tenga un interés legítimo, real, serio y actual en conocer la información, porque reviste una relevancia pública, como aquella relacionada con escenarios de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional; (iii) los titulares de los datos ocupen un lugar de relevancia social o comunitaria que pudo facilitar su presunta participación en el posible escenario de maltrato o de violencia que se pretende investigar; y, (iv) la petición sea presentada por un periodista, con el fin de adelantar una investigación sobre los hechos que podrían configurar un escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional.

 

521. En este caso, los demandantes pretendieron acceder sin más a la información personal de todos los sacerdotes católicos ordenados e incardinados a ciertas instituciones eclesiásticas. Ello implica que requerían tanto los datos personales de los clérigos, sacerdotes o ministro involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, así como de aquellos que no lo están. Por tanto, la Corte ha debido analizar por separado la acreditación de los requisitos expuestos para ambos grupos.

 

522. La configuración de un posible escenario de maltrato o de violencia en contra de sujetos de especial protección constitucional, al que los titulares de los datos se encuentren vinculados. Tal y como se advirtió en el acápite sobre la descripción del contexto alrededor del cual se debió proferir la Sentencia SU-184 de 2025, recientemente, la Iglesia Católica ha sido objeto de escrutinio público, con ocasión de una serie de denuncias presentadas en contra de sus integrantes, por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes en escenarios religiosos. Sin embargo, ese contexto institucional resulta insuficiente para relativizar la protección reforzada de los datos religiosos de todos los clérigos, sacerdotes o ministros de esa institución. Es necesario que exista un indicio razonable que relacione al titular de los datos con ese tipo de actuaciones. Bajo esta perspectiva, el peticionario estará obligado a aportar los elementos materiales que permitan inferir que los titulares de los datos requeridos tienen una relación directa con la presunta comisión de delitos constitutivos de abuso sexual infantil.

 

523. La Sentencia SU-184 de 2025 debió evidenciar que, en algunos de los casos objeto de análisis, las instituciones religiosas cuentan con información privilegiada que vincula a algunos de sus integrantes con la comisión de delitos en contra de la libertad, integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes, pues suelen ser quienes conocen de primera mano este tipo de denuncias. En esa medida, en tales casos, cuentan con indicios razonables respecto de la ocurrencia de conductas perpetradas por algunos de sus integrantes que vulneraron la dignidad humana de un grupo de sujetos de especial protección constitucional. Dichos indicios permiten la flexibilización del ámbito de protección otorgado a los datos personales de quienes son señalados de incurrir en ese tipo de conductas, porque el ejercicio de una garantía iusfundamental no puede generar espacios que vayan en contravía de la eficacia de la Constitución, en especial, de sus principios fundantes. Estos indicios están relacionados con casos concretos, más no con afirmaciones subjetivas, argumentos de conveniencia o generalizaciones indebidas, en la medida en que la relativización del ámbito de protección de un derecho solo puede darse ante un escenario puntual que demuestre una contradicción entre dos principios constitucionales que deban ser balanceados para obtener la mayor salvaguarda posible de ambas garantías.

 

524. En tal virtud, mientras no exista esa contradicción concreta, la flexibilización de los derechos a la intimidad y al habeas data de los sacerdotes carecerá de una justificación desde el punto de vista constitucional. En consecuencia, este requisito solo se acredita respecto de los datos de los clérigos involucrados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes.

 

525. La relevancia pública de la información. Ahora, la relativización de la protección otorgada a los datos religiosos solo procede, cuando la sociedad tenga un interés legítimo, real, serio y actual en esa información. Tal y como lo señalé previamente, para la jurisprudencia, la información que vincula a las personas con una posible ruptura del pacto social es de especial relevancia para la opinión pública y, en esa medida, la sociedad tiene un interés legítimo, real, serio y actual en conocerla. En especial, cuando ese tipo de conductas ocurren en espacios privados, en el marco de una evidente subordinación y están relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a mantener su libertad e integridad sexual, los cuales prevalecen respecto de los derechos de las demás personas.

 

526. Es evidente que la sociedad tiene un interés legítimo, serio, real y actual en tener la información relacionada con la presunta comisión de conductas tipificadas como delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, porque en virtud del artículo 44 de la Constitución, está obligada a proteger a este grupo poblacional de todo tipo de abuso sexual. Para poder cumplir con este deber constitucional necesita tener acceso a toda la información relevante para identificar los escenarios en los que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a este tipo de vejaciones y adoptar los mecanismos que puede implementar para corregir esos riesgos.

 

527. Además, la divulgación de este tipo de información permite que la sociedad realice un control ciudadano efectivo que ayude a evitar la configuración de espacios privados vedados para las autoridades. Por lo tanto, la publicación de la información relacionada con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, en escenarios religiosos, garantiza que este tipo de violencia trascienda al ámbito público. Esto, evita que se mantenga como un fenómeno aislado, tolerado y tácitamente legitimado.

 

528. Así mismo, la publicidad de este tipo de información (i) genera un impacto positivo en los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de este tipo de conductas; y, (ii) facilita que los niños, niñas y adolescentes que afrontan este tipo de situaciones en la actualidad pueda identificarlo y recurran ante sus acudientes o ante las autoridades competentes para denunciarla situación. Esto, en la medida en que, al mantener el asunto en el debate público, permite que la sociedad esté alerta frente a la ocurrencia de este tipo de situaciones, presente las denuncias correspondientes y ejerza un control activo respecto de las actuaciones desplegadas por las autoridades eclesiásticas y civiles para atender este tipo de situaciones.

 

529. Empero, la sociedad no tiene un interés legítimo, serio, actual ni real en conocer los datos personales de los clérigos, sacerdotes, religiosos o ministros que no están señalados de cometer delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. La información personal de quienes pertenecen a una institución religiosa solo adquiere relevancia pública, cuando sus titulares utilizan su pertenencia a ese lugar para afectar los derechos fundamentales de terceros o para desconocer el pacto social. La decisión de estas personas de pertenecer a determinado credo religioso hace parte su esfera más íntima y no debe ser objeto de escrutinio por parte de terceros, ni del Estado. Para la Corte, este tipo de información hacía parte de la autodeterminación de las personas y su trayectoria dentro de las instituciones religiosas a las que pertenecen por lo que solo es relevante para ellos y para las personas que hacen parte de ese mismo espacio o entorno religioso. De manera que, la información personal de los clérigos católicos que no están relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes carecía de relevancia pública. Así las cosas, la decisión mayoritaria de la Sentencia SU-184 de 2025, fue adoptada sin atender a la regla de decisión establecida en la misma sentencia y en un abierto desconocimiento de los requisitos jurisprudenciales establecidos para determinar la naturaleza de los datos personales y su tratamiento.  

 

530. Las características de los titulares de los datos. La relativización de la protección otorgada a los datos religiosos de las personas exige que su titular ostente una posición de relevancia social y comunitaria. Tal y como lo ha advertido la jurisprudencia en oportunidades previas, los sacerdotes y ministros de la Iglesia Católica, en Colombia, tienen una posición de notoriedad pública dentro de la sociedad derivada de su estatus religioso y de su participación en la prestación de servicios públicos relacionados con la educación y el cuidado.

 

531. En efecto, los clérigos, sacerdotes o ministros de esa religión ostentan una posición privilegiada dentro de la institución a la que pertenecen. Esta situación les permite ejercer algún tipo de poder espiritual frente a sus feligreses que no solo impacta la toma de decisiones de estas personas dentro de la congregación, sino fuera de ella. De conformidad con las cifras publicadas por el Vaticano para el año 2017, 45.3 millones de colombianos se reconocían como fieles católicos.[879] De manera que, el desempeño de los sacerdotes en esa dinámica de poder tiene un impacto evidente en la comunidad y en la sociedad que los lleva a ocupar un rol de relevancia social.

 

532. Algunos teóricos han destacado que los escenarios religiosos suelen mantener estructuras altamente jerarquizadas en las que algunas personas detentan un estatus que les otorga determinado poder social sobre otros.[880] Estas dinámicas de poder en la Iglesia Católica se materializan de diferentes maneras. Una de ellas es la atribución del título de sacerdote a ciertas personas. Esta posición en la congregación denota una relación espiritual especial con Dios, es decir, le atribuye una especie de “poder divino” que le permite administrar los sacramentos y orientar la vida tanto espiritual como material de sus feligreses.[881] El respeto por lo divino hace que este estatus genere una relación desequilibrada de poder entre los ministros y los fieles de la Iglesia Católica que pone a los sacerdotes en un escenario de notoriedad pública.

 

533. Ahora bien, la relevancia social y comunitaria de los clérigos, sacerdotes o ministros de la Iglesia Católica en Colombia también tiene que ver con el ejercicio de ciertas actividades relacionadas con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes y de las poblaciones más vulnerables. Su participación preponderante en este tipo de actividades no puede considerarse espontanea. Aquella se deriva de la estrecha relación que existió entre el Estado colombiano y ese credo religioso antes de la promulgación de la Constitución de 1991.

 

534. Aunque la Constitución de 1886 preveía el derecho a la libertad religiosa, en su artículo 38, establecía que la Nación pertenecía a la Religión Católica, Apostólica, Romana, motivo por el cual estableció que “los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”.[882] Además, en su artículo 41, disponía que “la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica”.[883] En esa medida, consagraba “un Estado con libertad religiosa, pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica”.[884] Esta situación, aunada al “restablecimiento del concordato en 1887, sirv[ió] para reforzar las relaciones entre el Estado colombiano y la Iglesia católica, al establecer a la religión católica como religión nacional y otorgarle la facultad de actuar libre e independientemente por todo el territorio bajo la protección del Estado, pero lejos del control de este.[885] Igualmente, el Concordato le otorg[ó] a la iglesia el control y el monopolio de la educación en Colombia”.[886]

 

535. Estos privilegios permitieron que, durante aproximadamente un siglo, la Iglesia Católica participara del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de educación y de asistencia pública. En efecto, las autoridades eclesiásticas fundaron la mayoría de los colegios privados del país; participaron del diseño de los programas de educación adelantados en los colegios públicos; e, incursionaron en el desarrollo de instituciones de educación superior en el territorio nacional. Asimismo, desempeñaron un rol trascendental en materia de asistencia pública, en la medida en que fueron contratadas por el Estado para administrar y gestionar los hospitales, hospicios, asilos y orfanatos.[887]

 

536. Si bien la Constitución Política de 1991 instauró el principio de neutralidad religiosa, lo cierto es que, para ese momento, la Iglesia Católica contaba con una capacidad instalada en la prestación de este tipo de servicios que no fue desmontada, sino que dejó de privilegiarse para garantizar el principio de neutralidad religiosa. En consecuencia, la institución continua con la prestación de este tipo de servicios, aunque en una menor medida. Este hecho social pone en evidencia la relevancia del rol que ejercen los ministros de la Iglesia Católica en las comunidades a las que pertenecen y en la sociedad en general. En consecuencia, ese presupuesto fue acreditado.

 

 

Conclusión

 

537. La obtención o divulgación de los datos religiosos de los sacerdotes católicos de las instituciones religiosas demandadas, involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes genera importantes beneficios no solo para la libertad de información, sino para otras garantías iusfundamentales como la dignidad humana, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el acceso a la justicia. Este impacto positivo es superior a la afectación que se produce sobre los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data de los clérigos católicos, en la medida en que la inviolabilidad de los espacios privados no puede justificar la existencia de espacios vedados para la eficacia de la Constitución.

 

538. Por el contrario, la obtención o divulgación de la información personal de los clérigos católicos adscritos a las instituciones demandadas que no han sido sindicados por la comisión de este tipo de conductas no genera un impacto positivo relevante en el derecho a la libertad de información, mientras que sí representa una grave afectación de los derechos fundamentales de estas personas a la intimidad y al habeas data. Esto, en la medida en que los datos personales que revelan las convicciones y acciones estrictamente religiosas de las personas hacen parte de la esfera más íntima de la persona y su indebida divulgación puede generar discriminación.[888] 

 

539. En consecuencia, las autoridades eclesiásticas accionadas no vulneraron los derechos de los peticionarios al negarse a entregarles la información relativa a la trayectoria de los sacerdotes que, hasta el momento, no han sido denunciados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, era necesario confirmar las decisiones proferidas por los jueces de instancia que negaron la tutela de los derechos invocados o declararon la carencia actual de objeto por hecho superado, tras considerar que las entidades demandadas solo estaban obligadas a remitir la información personal de los sacerdotes involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes; por lo mismo, era pertinente revocar aquellas decisiones judiciales que obligaban a las instituciones eclesiásticas a divulgar los datos religiosos de todos los clérigos ordenados e incardinados a sus entidades.

 

540. Ahora bien, en sede de revisión, las Arquidiócesis de Medellín, Santa Fe de Antioquia y Bogotá, el Obispado Castrense y las Diócesis de Caldas y de Sonsón Rionegro manifestaron que las instituciones religiosas registran los datos personales de los sacerdotes incardinados, más no los de los clérigos ordenados. Esto, en la medida en que, después de su ordenación, los sacerdotes pueden ser remitidos a otras instancias a prestar sus servicios espirituales. Por tanto, advirtieron que no podían contestar las preguntas formuladas respecto de los clérigos ordenados.

 

541. En la Iglesia Católica, la ordenación corresponde al sacramento que, “mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así están identificados con Cristo Sacerdote, de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo Cabeza”.[889] Aquel debe ser administrado preferiblemente por el Obispo de la Iglesia local a la que el presbítero le prestará sus servicios espirituales.[890] Sin embargo, esta ceremonia puede ser adelantada por otro Obispo, siempre que le conste “que el ordenando quedará adscrito a esa diócesis”.[891] Su celebración debe registrarse en un libro especial que será cuidadosamente archivado y custodiado por la curia de la iglesia en la que se administró el sacramento.[892] Es decir, de “la Iglesia local, a cuyo servicio se ordenan los presbíteros”,[893] de “la iglesia catedral o [de] las iglesias de aquellas comunidades de las que son oriundos algunos de los candidatos, o [de] otra iglesia de gran importancia”.[894] Además, el Obispo encargado de celebrar la ceremonia le entregará “a cada ordenado un certificado auténtico de la ordenación recibida”.[895]

 

542. Por su parte, la incardinación corresponde a la adscripción de los clérigos a determinada institución para prestar sus servicios espirituales.[896] Esta solo procede (i) como consecuencia de la ordenación del sacerdote, (ii) para atender la necesidad concreta de una iglesia particular; (ii) con ocasión de la excardinación del clérigo;[897] o, (iii) por una solicitud escrita del sacerdote correspondiente.[898] A partir de ese momento, los sacerdotes quedan sujetos a la potestad ordinaria del obispo diocesano o del superior a la orden a la que pertenezcan, quienes tienen el deber de gobernar la iglesia particular, a través de las potestades legislativa, administrativa y judicial.[899] Eso significa que son las autoridades encargadas de autorizar los traslados de los clérigos a otras instancias de la Iglesia Católica.[900]

 

543. En suma, la ordenación sacerdotal corresponde a un sacramento, cuya celebración se registra en un libro especial custodiado por la curia de la Iglesia en la que fue presidida la ceremonia; mientras que, la incardinación corresponde a la adscripción del clérigo a una iglesia en particular para que ejerza su ministerio.

 

544. Esta distinción permite concluir que las autoridades eclesiásticas no están obligadas a administrar toda la información personal de los sacerdotes ordenados en esas instituciones. Únicamente deben registrar en un libro especial que la persona recibió ese sacramento. Por tanto, no cuentan con la información personal sobre la trayectoria de los sacerdotes en ellas ordenados. Además, pone de presente que el ministerio sacerdotal no es una profesión u oficio de cualquier naturaleza, sino que es una vocación espiritual que se encuentra regulada en la legislación interna de la religión católica.

 

545. Finalmente, aunque la Iglesia Católica es una organización jerarquizada, sus instituciones administran sus archivos y bases de datos de manera autónoma.[901] En esa medida, no cuenta con un sistema de información, en virtud del cual, las autoridades eclesiásticas puedan determinar la trayectoria de los presbíteros que fueron ordenados en sus instituciones, pero adscritos a otras iglesias. De manera que, las organizaciones afrontan una imposibilidad fáctica para responder a los requerimientos relacionados con los sacerdotes ordenados en sus instituciones. En consecuencia, las autoridades eclesiásticas no estaban ni están obligadas a contestar los requerimientos planteados por los accionantes en relación con los clérigos ordenados en esas instituciones.

 

 

La Corte debió advertir que la flexibilización de la protección constitucional reforzada de los datos personales de los sacerdotes involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes no puede conllevar al desconocimiento pleno de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la intimidad, al buen nombre, a la honra, al habeas data y a la libertad religiosa y de cultos

 

546. En sede de revisión, las autoridades eclesiásticas accionadas insistieron en que estaban obligadas a salvaguardar los derechos a la presunción de inocencia, la intimidad, al buen nombre, a la honra, al habeas data y a la libertad religiosa y de cultos de todos sus sacerdotes, incluidos aquellos denunciados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, señalaron que les corresponde mantener bajo reserva los documentos asociados a las investigaciones civiles y canónicas por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes.

 

547. Considero que, a las instituciones religiosas referidas, les asiste la razón. En efecto, la flexibilización de la protección constitucional de los datos personales de los clérigos involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes no desnaturaliza, ni relativiza el ámbito de protección brindado a los documentos que hacen parte de los procesos penales y canónicos. En esa medida, se advierte que, durante las primeras etapas de los procesos penales correspondientes, previa solicitud del interesado, las instituciones religiosas solo pueden divulgar la existencia de procesos penales civiles o canónicos en contra de clérigos católicos por la presunta comisión sobre delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Esto, con la correspondiente aclaración de que los hechos denunciados se encuentran en investigación por parte de las autoridades correspondientes y, por tanto, no se puede presumir que la persona sea responsable de los hechos denunciados.

 

548. En efecto, estas autoridades deben mantener bajo reserva los resultados de las diligencias que se adelanten antes de la formulación de imputación o de la legalización de captura en los procesos penales por violencia sexual que se adelanten en contra de sus clérigos. Al finalizar esas etapas podrán divulgar los datos relacionados con las actuaciones del proceso, en virtud del principio de publicidad. Una vez culminado el proceso, las instituciones podrán informar sobre su resultado, es decir, si la persona fue hallada culpable y, por tanto, condenada o no.

 

549. En ese mismo sentido, deben mantener bajo reserva los documentos del “archivo apostólico” que están asociados a las investigaciones eclesiásticas que adelanten sus autoridades en el asunto; más no pueden ocultar la existencia de la denuncia, ni del proceso, tal y como lo disponen los cánones 1717 y 1468 del Código de Derecho Canónico y los artículos 4 y 5 del VELM. Esta reserva no será oponible a las víctimas, quienes podrán divulgar la información relacionada con sus casos, ni a las autoridades civiles relacionadas con la investigación del delito. Al culminar el proceso, deberán informarle a quien así lo requiera cuál fue el resultado del trámite adelantado por las autoridades judiciales eclesiásticas.

 

550. En este punto, se destaca que, en su intervención del 29 de agosto de 2023, los accionantes manifestaron que “los más altos jerarcas de la Iglesia católica colombiana encubrieron a decenas de sacerdotes pederastas con la venia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe”.[902] De manera que, señalaron, sus peticiones solo tenían por propósito corroborar la información que han recopilado en su investigación, pues contaban con un “borrador del tenebroso archivo secreto de la Iglesia católica”.[903] (énfasis añadido).

 

551. A partir de lo expuesto con anterioridad, es preciso aclarar que el conocido “archivo secreto”, hoy “archivo apostólico”, corresponde a la sección documental de las instituciones religiosas que conserva los documentos que deben mantenerse bajo secreto, entre ellos, los relacionados con la celebración de matrimonios secretos, las amonestaciones de los obispos a sus clérigos y los documentos relacionados con los procesos canónicos de carácter penal. En sede de revisión, las autoridades eclesiásticas aclararon que dicha reserva documental no puede oponerse a las autoridades civiles que requieran acceso a esta información en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Corte debió considerar que este archivo no corresponde a un asunto “tenebroso” como lo señalaban los accionantes, sino a la forma establecida por la Iglesia Católica, en el marco de su autonomía e independencia para conservar sus archivos. [904]

 

552. De hecho, la reserva documental sobre las actuaciones adelantadas por las autoridades correspondientes es una de las características principales de los procesos penales de corte inquisitivo, como el canónico de índole penal. Esta tiene propósitos loables, entre ellos, asegurar el éxito de la investigación y proteger los derechos fundamentales de las víctimas y de las personas denunciadas, mientras se adelanta la actuación correspondiente. En consecuencia, no es una decisión aislada con el ánimo de mantener un ocultismo sobre las denuncias presentadas en contra de clérigos católicos como parecen señalarlo los demandantes.

 

553. Además, en sede de revisión, la Conferencia Episcopal de Colombia, las Arquidiócesis de Barranquilla, de Bucaramanga, de Florencia, de Manizales, de Medellín, de Santa Fe de Antioquia, de Tunja y el Obispado Castrense aseguraron que las denuncias presentadas en contra de clérigos católicos por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes son (i) registradas en las hojas de vida de los sacerdotes, las cuales reposan en el archivo general de cada entidad; y, (ii) remitidas a las autoridades civiles encargadas de investigar la conducta. De manera que, aunque las actuaciones del proceso son remitidas al archivo apostólico, las denuncias por violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes no quedan cobijadas por la misma reserva documental. Esto ratifica que el “archivo apostólico” no pretende encubrir, ni ocultar la existencia de investigaciones penales en contra de clérigos católicos por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Simplemente, pretende garantizar la reserva de las actuaciones de las autoridades encargadas de adelantar el proceso canónico de índole penal, sin esconder la información que tiene una relevancia pública.

 

554. En consecuencia, procedía exhortar a los accionantes para que, en sus publicaciones, (i) precisen que, a partir de la Carta Apostólica en forma motu Proprio, para el cambio de la denominación de Archivo Secreto Vaticano, del 28 de octubre de 2019, las diferentes instituciones de la Iglesia Católica cambiaron el nombre del “archivo secreto”, por el de “archivo apostólico”; y, (ii) aclaren que las denuncias por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes se inscriben en las hojas de vida de los sacerdotes, motivo por el cual, no están sujetas a la reserva documental prevista sobre el archivo referido.

 

 

La Sala Plena debió concluir que la relativización de la protección constitucional reforzada de los datos personales de los sacerdotes involucrados en la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes no anula las reglas especiales frente a la protección de los datos personales de quienes ya fallecieron

 

555. Las peticiones presentadas por los demandantes involucraban los datos personales de personas que ya fallecieron. Frente a la administración de esta información, el ordenamiento jurídico ha establecido que los familiares de estas personas pueden solicitar la corrección, actualización o supresión de sus datos personales. Sin embargo, la decisión mayoritaria pasó por alto esta situación. Sin justificación alguna, adoptó una decisión genérica para todos los clérigos de la Iglesia Católica y ordenó la entrega de los datos personales de estos sujetos. En mi opinión, en estos casos, las autoridades eclesiásticas no solo deben verificar si la persona estuvo relacionada con la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, sino que también tiene que corroborar si la persona fue condenada por esos hechos o no. A partir de ello, la decisión mayoritaria ha debido advertir que las autoridades eclesiásticas solo tenían que entregar la información requerida en los casos en los que (i) la persona fallecida hubiese estado relacionada con la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil; y, (ii) sus familiares no hubieren solicitado la supresión del dato.

 

La decisión mayoritaria debió concluir que los demandantes incurrieron en la figura del abuso del derecho fundamental de petición en relación con quienes no han sido denunciados ni son investigados

 

556. La Corte ha debido ordenarles a los accionantes Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán eliminar de sus archivos los datos personales de los clérigos católicos que no han sido denunciados, ni investigados por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. También, ha debido exhortarlos para que, en sus publicaciones (i) precisen que, a partir de la Carta Apostólica en forma motu Proprio, para el cambio de la denominación de Archivo Secreto Vaticano, del 28 de octubre de 2019, las diferentes instituciones de la Iglesia Católica cambiaron el nombre del “archivo secreto”, por el de “archivo apostólico”. Y, (ii) aclaren que las denuncias por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes se inscriben en las hojas de vida de los sacerdotes, motivo por el cual, no están sujetas a la reserva documental prevista sobre el archivo referido.

 

 

D. LOS MOTIVOS QUE ME LLEVAN A SEÑALAR QUE LA MAYORÍA DEBIÓ DETERMINAR SI LOS ACCIONANTES INCURRIERON O NO EN UN ABUSO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN, DE LIBERTAD DE PRENSA Y DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN, AL ASEGURAR EN LAS REDES SOCIALES Y EN LIBROS PUBLICADOS -SIN BASE ALGUNA-, QUE LA IGLESIA CATÓLICA ES UNA EMPRESA TRANSNACIONAL DEL CRIMEN ORGANIZADO.

 

 

Libertad de información. El derecho de los periodistas a comunicar la posible existencia de contextos de violencia sexual en escenarios religiosos y de la ciudadanía a recibir ese tipo de información

 

557. En sede de instancia, los demandantes manifestaron que su intención era obtener la información necesaria para investigar la posible configuración de una red de pederastia al interior de la Iglesia Católica. Además, al impugnar la sentencia de primera instancia del expediente T-9.548.517, en el que fungió como demandada la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, el señor Barrientos Hoyos aseguró que no estaba obligado a explicar de qué manera adelantaría su investigación y manifestó que, durante sus 15 años de profesión, no ha tenido que retractarse de sus afirmaciones, porque, dijo, ejerce su profesión de manera responsable y cumple con el principio de veracidad que le exige el ordenamiento jurídico.

 

558. Empero, las instituciones eclesiásticas demandadas y los sacerdotes vinculados, en sede de revisión, aseguraron que el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos ha (i) publicado información que no cumple con las cargas de veracidad e imparcialidad; (ii) incurrido en la conducta de cyberacoso; (iii) vulnerado el derecho a la libertad de cultos no solo de los sacerdotes católicos como tal, sino de todos los integrantes de la institución; y, (iv) difamado a la Iglesia Católica al asegurar que es una empresa del crimen organizado transnacional, a algunos clérigos que señaló como culpables de incurrir en conductas de abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, a pesar de haber sido absueltos por esos cargos y ciertos obispos y superiores religiosos, a quienes señaló de haber encubierto la comisión de este tipo de conductas.

 

559. Adicionalmente, durante el trámite, las partes del proceso tuvieron acceso a distintos documentos del expediente que estaban sometidos a reserva. Con todo, esa información fue descargada en 4 dominios distintos y, parte de ella, aparece en la publicación más reciente de los accionantes.

 

560. En consecuencia, le correspondía a esta Corporación determinar lo siguiente:

 

· ¿El accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos cumplió con las cargas de veracidad e imparcialidad al publicar que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado o vulneró el derecho colectivo de la sociedad a ser informada?

 

· ¿El accionante incurrió en conductas de cyberacoso, al publicar de forma reiterada en sus libros, redes sociales y medios de comunicación que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado trasnacional y que sus integrantes conformaron una red de pederastia encubierta por los altos jerarcas de la institución?

 

· ¿Los accionantes vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de las partes y vinculados al presente trámite, al publicar parte de la información que se encontraba en el cuaderno reservado de este proceso?

 

· ¿Las publicaciones del accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos vulneraron los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la libertad religiosa y a la presunción de inocencia de la Iglesia Católica? 

 

561. Los titulares del derecho fundamental a la libertad de información deben cumplir con las cargas, obligaciones o responsabilidades impuestas por la Constitución. En concreto, deben (i) diferenciar los hechos de las opiniones; (ii) comunicar información veraz e imparcial; y, (iii) abstenerse de incurrir en conductas que constituyan persecución, hostigamiento y cyberacoso. Frente al alcance de estos conceptos, la jurisprudencia ha indicado que estos estándares solo pueden interpretarse de manera tal que su aplicación “no genere un efecto silenciador o inhibidor del debate y de la difusión de informaciones de alta relevancia pública”.[905] En esa medida, ha establecido algunos criterios para determinar el alcance de estos mandatos constitucionales, en el ámbito de las denuncias públicas que se hacen en ejercicio del derecho a la libertad de información, en los términos que se exponen a continuación.

 

 

Obligación de diferenciar entre la descripción de los hechos y las opiniones

 

562. La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que las personas que ejercen el derecho a la libertad de información para denunciar la comisión de conductas punibles deben establecer de forma clara qué parte de su relato corresponde a las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron las conductas denunciadas; y, cuál a sus opiniones subjetivas sobre el asunto. En efecto, en la Sentencia T-634 de 2001, al estudiar una decisión judicial que resolvió una acción de tutela interpuesta en contra de un medio de comunicación que publicó una noticia en la que vinculaba a un funcionario público con una persona dedicada al narcotráfico y a una institución con un grave escenario de corrupción, indicó que los medios de comunicación pueden publicar noticias que relacionan a los funcionarios públicos con la comisión de conductas punibles, bajo el amparo del derecho a la libertad de información, siempre que cumplan con las cargas propias de esa garantía iusfundamental, entre ellas, el deber de distinguir de forma precisa los hechos de las opiniones. Esta postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-626 de 2007, T-298 de 2009, T-256 de 2013, T-312 de 2015, T-357 de 2015, T-546 de 2016, T-117 de 2018, T-155 de 2019, T-342 de 2020, T-275 de 2021 T-179 de 2019 y SU-355 de 2019.

 

 

Principio de veracidad

 

563. En virtud de este mandato, los titulares del derecho a la libertad de información solo deben comunicar datos relacionados con “hechos susceptibles de ser verificados.”[906] Ello no implica que los medios solo puedan divulgar verdades absolutas, sino que si afirman que determinado hecho es cierto deben contar con el sustento probatorio suficiente.

 

564. En el ámbito de los discursos que relacionan a ciertas personas con la comisión de conductas punibles, las Salas de Revisión de la Corte han considerado que los medios de comunicación, los periodistas y los particulares pueden divulgar noticias que relacionen a las personas con ciertos delitos, sin necesidad de esperar a que exista una sentencia condenatoria en firme. Sin embargo, en tres pronunciamientos, han asegurado que la Constitución exige que este tipo de denuncias estén soportadas en una sentencia condenatoria que produzca efectos. A continuación, veamos los pronunciamientos en la materia.

 

 

Las denuncias públicas sobre la comisión de conductas punibles no requieren una sentencia condenatoria en firme

 

565. Inicialmente, en la Sentencia T-634 de 2001[907] la Corte indicó que los medios de comunicación pueden publicar noticias que relacionen a los funcionarios públicos con la comisión de conductas punibles, bajo el amparo del derecho a la libertad de información. Lo expuesto, siempre que cumplan con las cargas de veracidad e imparcialidad. Con todo, no precisó el alcance de estos principios.

 

566. Posteriormente, en las Sentencias T-439 y T-298 de 2009[908] las Salas de Revisión reiteraron que los titulares del derecho a informar pueden emitir mensajes sobre hechos que son objeto de investigación judicial. Adicionalmente, esta última explicó que “si se sostiene que una persona ha cometido un delito o tiene antecedentes criminales, el medio, para evitar responsabilidades ulteriores, debe contar con la prueba de ello. Si luego se demuestra que la prueba era falsa y ello condujo razonablemente a un error del medio, este no tendrá que responder por los daños, pero sí deberá rectificar”[909] (énfasis añadido). Asimismo, concluyó que “el medio satisface el estándar de veracidad cuando la información ha sido obtenida luego de un proceso razonable de verificación y cuando no induce a error o confusión al receptor. El medio será responsable cuando se demuestre que existió una evidente negligencia en la tarea de verificar la información reportada o cuando sea claro que existe mala fe o intención de daño al publicarla. En todo caso si luego de publicada, resulta que la información adecuadamente verificada es falsa y la misma afecta los derechos fundamentales de una persona, el medio debe publicar la nueva información”[910].

 

567. Por su parte, en la Sentencia T-256 de 2013[911], en su considerativa, la Corte precisó que el principio de veracidad se vulnera, cuando (i) la información divulgada tiene sustento en rumores, invenciones o malas intenciones; o, (ii) “la noticia o titular, pese a ser literalmente cierto, es presentado de manera tal que induce al lector a conclusiones falsas o erróneas”[912]. Luego, al analizar el caso concreto, aseguró que los medios masivos de comunicación pueden denunciar públicamente las situaciones irregulares de las que tengan conocimiento, sin esperar a que las autoridades judiciales hayan emitido una decisión al respecto. Con todo, explicó que “deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la información que incrimine, pues no pueden inducir al receptor a un error o confusión sobre situaciones que aún no han sido corroboradas integralmente por las autoridades competentes”[913]. En efecto, la Sala Séptima de Revisión indicó que los titulares de la información deben exponer los hechos de forma objetiva y escueta, sin hacer análisis infundados, ni inclinar las opiniones de los receptores de la información, sin contar con evidencias. Lo expuesto, porque el uso sesgado de esos datos genera la divulgación de información errónea o falsa que puede defraudar a la comunidad.

 

568. En esa misma línea, en la Sentencia T-312 de 2015 la Corte retomó la Sentencia T-213 de 2004 para señalar que “dentro de un Estado social y democrático de derecho, los comunicadores, periodistas y formadores de opinión pueden legítimamente reprochar una conducta que consideren irregular, amañada o maliciosa, pese a que la situación haya sido ya dirimida en sentido contrario ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por cuanto nadie –incluido los poderes públicos- se puede atribuir el dominio exclusivo sobre el conocimiento y la rectitud”[914] (énfasis añadido). Sin embargo, precisó que la libertad de expresión en estos casos no es absoluta, sino que la información que se divulgue “debe partir de un mínimo de plausibilidad -entendida como condiciones de veracidad y credibilidad- y no sobre información falsa o meramente hiriente”.

 

569. A partir de lo expuesto, la Corte advirtió que “valorar hechos es legítimo, así como cuestionar decisiones o pronunciamiento judiciales, por cuanto ninguna autoridad pública es intocable ni perfecta; pero no lo es distribuir contenido falso o presentar opiniones deliberadamente insultantes que defrauden el derecho de la comunidad a recibir información veraz e imparcial. Las actuaciones que se encuentran en investigación por los órganos del Estado merecen un especial cuidado por parte de los medios de comunicación, los cuales deben realizar una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse de sustituir a las autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal. Lo anterior no obsta para que los medios divulguen los datos disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo correspondiente, e incluso, una vez publicado este, continúen reprochando una determinada conducta desde otras esferas de control social”[915] (énfasis añadido). Está línea fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-357 de 2015[916], T-546 de 2016, T-277 de 2018, T-155 de 2019 y T-281 de 2021.

 

570. Finalmente, en las Sentencias T-275 de 2021 y T-242 de 2022 la Corte reiteró la postura expuesta, pero precisó que el cumplimiento de esta carga y del principio de imparcialidad debe valorarse en cada caso concreto, en atención a la gravedad de las acusaciones, al sujeto emisor y al medio de difusión.

 

 

Las denuncias públicas sobre la comisión de conductas punibles requieren una sentencia condenatoria en firme

 

571. Ahora bien, aunque en las Sentencias T-626 de 2007, T-117 de 2018 y T-342 de 2020, en su parte considerativa, la Corte reiteró parte de la línea expuesta, al analizar los casos concretos, afirmó que los medios de comunicación, los periodistas y los particulares no pueden imputarle la comisión de una conducta punible a un tercero, sin contar con una sentencia condenatoria en firme. Esta situación conllevó a que en la Sentencia T-242 de 2022 la Corte considerara que la jurisprudencia cuenta con dos posturas disímiles que deben ser unificadas por la Sala Plena de la Corte.

 

572. Ciertamente, en la Sentencia T-626 de 2007[917] se estudió la naturaleza de una noticia que denunciaba la presunta ocurrencia de actos de corrupción en la empresa de servicios públicos de Cali. En esa ocasión, la Corte precisó que el principio de veracidad se desconoce, cuando el titular del derecho: (i) divulga un hecho contrario a la realidad, por negligencia o imprudencia; (ii) trasmite un hecho difícil de constatar como si fuera cierto o definitivo; (iii) comunica una opinión como si fuera un hecho; o, (iv) presenta sus relatos de manera tal que es imposible distinguir entre los datos fácticos y las opiniones. Esto en la medida en que “[l]os actos de deformar, magnificar, minimizar, descontextualizar o tergiversar un hecho puede desembocar en la inexactitud de la información al hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión como verdad, ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un tercero”[918].  

 

573. Además, indicó que los medios de comunicación deben dar a conocer los hechos que son objeto de investigación judicial a la ciudadanía, por el interés público que pesa sobre ellos. Con todo, advirtió que el emisor debe tener especial cuidado a la hora de tratar ese tipo de información y “limitarse a hacer la exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes reciben la información”.[919] Al respecto, explicó que el uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes o inferencias periodísticas puede conllevar a que el receptor de la información considere como verdadero algo que aún no se ha definido, con fundamento en información falsa. Además, advirtió que los medios de comunicación no pueden limitarse a la información otorgada por las personas involucradas en el proceso, sino que siempre deben ir más allá.

 

574. Con fundamento en lo expuesto, analizó el caso concreto y afirmó que el noticiero podía informar sobre los hechos objeto de investigación. Sin embargo, aseguró que el titular del derecho debió “limitarse a hacer la exposición objetiva y escueta de los mismos absteniéndose de emitir una calificación jurídica que no se ha producido, derivada de una inferencia periodística”[920]. Asimismo, precisó que “las denuncias son de público conocimiento, e incluso es deber de los medios de comunicación divulgarlas, pero se deben cuidar de precisar los hechos verídicos en que se sustentan las acusaciones, presentándolos de tal forma que no atenten contra la presunción de inocencia ni contra los derechos fundamentales de las personas involucradas, y adoptando una distancia crítica e independiente frente a las partes interesadas en el litigio”[921].

 

575. Por su parte, en la Sentencia T-117 de 2018 la Corte aseguró que “las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad penal de una persona deben atender a la garantía constitucional de la presunción de inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un requisito ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta de ello”. Aunque esa frase corresponde al análisis de una denuncia pública emitida en el marco del derecho a la libertad de opinión, lo cierto es que su amplitud generó confusiones en la jurisprudencia, frente al alcance del principio de veracidad en los discursos que denuncian la comisión de conductas punibles en el marco de la libertad de información.

 

576. Finalmente, en la Sentencia T-342 de 2020 la Corte estudió una acción de tutela presentada por la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de obtener la rectificación de unos comunicados de prensa, publicados en la página web de la accionada, que aseguraban que los integrantes de ese cuerpo militar eran cómplices de los grupos paramilitares ubicados en cierta zona del país. Para el efecto, la Sala Tercera de revisión indicó que la divulgación reiterada y ligera de información parcializada y no veraz sobre la supuesta comisión de conductas punibles, sin que existan decisiones judiciales ejecutoriadas en la materia, genera imaginarios colectivos sobre la responsabilidad de las personas en determinados hechos; los cuales afectan los derechos fundamentales de los involucrados a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra.

 

577. Al analizar el caso concreto, la Corte encontró que las publicaciones de la comunidad no cumplieron con las cargas que debe respetarse para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Esto, en la medida en que los contenidos publicados buscaban “llevar al lector a la idea de que los integrantes de dicha unidad militar [eran] cómplices de organizaciones al margen de la ley, sin que las afirmaciones realizadas [contaran] con corroboración judicial”[922] o con un giro en su redacción que dejara claro que la comunidad pretendía realizar una denuncia pública sobre ciertos hechos, más no referirse a realidades constatadas[923]. De manera que, para la Corte, la accionada generó un escenario de justicia paralela que afectó el buen nombre de los accionantes. En consecuencia, tuteló los derechos invocados, declaró que el derecho de la Brigada del Ejército fue vulnerado, instó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para que evite incurrir nuevamente en estas conductas y remitió el asunto al trámite de cumplimiento de la Sentencia T-1025 de 2007.

 

 

La Sentencia SU 184 de 2025 ha debido unificar la jurisprudencia sobre el asunto y establecer que el principio de veracidad no exige que los discursos que vinculan a una persona con la comisión de una conducta punible estén soportados en una sentencia condenatoria en firme

 

578. En atención a lo expuesto, la Corte debió precisar que las denuncias públicas sobre la presunta comisión de una conducta punible que se emiten en el marco del derecho fundamental a la libertad de información no necesariamente deben estar soportadas en una sentencia condenatoria en firme. Con todo, los titulares de esta garantía iusfundamental deben ser especialmente cuidadosos en el tratamiento de esta información. Ello significa que deben (i) realizar una verificación juiciosa de los hechos que van a divulgar; (ii) exponer los hechos de forma objetiva y escueta, sin hacer análisis infundados, ni inclinar las opiniones de los receptores de la información, sin contar con evidencias; y, (iii) abstenerse de sustituir a las autoridades públicas en la adjudicación de responsabilidades de orden legal. Esto último significa que, si los emisores no cuentan con una sentencia condenatoria en firme que justifique sus denuncias, deben formular sus mensajes de forma dubitativa o condicional para denotar la ausencia de seguridad sobre la culpabilidad de la persona.

 

 

Principio de imparcialidad

 

579. La jurisprudencia ha señalados que este mandato exige que los periodistas contrasten la información que obtienen con fuentes de diversa índole. Lo expuesto, para garantizar que la sociedad pueda acceder a puntos de vista contrarios sobre un mismo hecho con el fin de formarse su propio criterio. En ese sentido, en las Sentencias T-626 de 2007, T-391 de 2007 y T-298 de 2009[924] la Corte aseguró que “los periodistas están obligados a adoptar una cierta distancia crítica respecto de sus fuentes, pues la aceptación irreflexiva de todas sus afirmaciones puede comprometer su responsabilidad. La Corte ha señalado que, la información suministrada, cuando ello fuere posible, debe ser confirmada, o al menos contrastada, con la información que sobre los mismos hechos aporte la parte directamente implicada, o expertos en la materia”. Esa postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-256 de 2013, T-312 de 2015, T-357 de 2015, T-117 de 2018, T-275 de 2021 y T-242 de 2022.

 

 

Obligación de abstenerse de incurrir en conductas de persecución, hostigamiento y cyberacoso

 

580. La Corte ha señalado que la divulgación reiterada y sistemática de mensajes que contienen vejaciones, insultos y expresiones desproporcionadas en contra de una persona, en redes sociales o en medios digitales, con la intención de dañar o de ofender, en abierto desconocimiento del “derecho a vivir sin humillaciones” constituye hostigamiento o ciberacoso. Según la jurisprudencia, este tipo de conductas están prohibidas, porque constituyen una afrenta a la dignidad humana. De manera que, dicha prohibición tiene por propósito evitar que la libertad de expresión, en cualquiera de sus dimensiones, se convierta en “una herramienta para la difamación, el insulto y la persecución”[925].

 

581. En línea con lo expuesto, en la Sentencia T-275 de 2021 la Corte aseguró que las personas que realizan denuncias públicas deben abstenerse de incurrir en conductas que constituyan persecución, hostigamiento y cyberacoso, las cuales también “se configuran cuando los particulares, periodistas o medios de comunicación publican de forma repetitiva y sistemática denuncias que no están razonablemente basadas en fuentes confiables y, sin embargo, vinculan de forma inequívoca al acusado con la comisión de conductas criminales”.[926] Para la Corte, esa prohibición tiene fundamento en que ese tipo de publicaciones pueden afectar el juicio de la ciudadanía, de los jueces y de los jurados a la hora de juzgar la responsabilidad de los afectados.[927]

 

582. En todo caso, en la Sentencia T-242 de 2022 la Corte precisó que el umbral para que se configure el ciberacoso o el hostigamiento en esos contextos es particularmente alto, en la medida en que, de un lado, los servidores públicos y las personas que ostentan un lugar de notoriedad social se sometieron voluntariamente a un escrutinio más riguroso por parte de la ciudadanía; y, del otro, las denuncias públicas por la comisión de delitos que revisten gran relevancia para la sociedad no solo visibilizan ese tipo de conductas, sino que permiten que se materialicen otro tipo de garantías constitucionales como los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. De manera que, en ese escenario, los juicios tendientes a demostrar que existe un ánimo de persecución o una intención dañina deben ser más estrictos.[928]  

 

 

Limitaciones externas a la libertad de información

 

583. La jurisprudencia ha considerado que existen algunas limitaciones admisibles del derecho a la libertad de expresión en general, las cuales son aplicables a la libertad de información, entendida como una garantía del derecho fundamental a la libertad de expresión. El marco general de regulación de esas restricciones está previsto en los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de estas disposiciones, la Corte ha indicado que las restricciones a este derecho fundamental deben: (i) estar formuladas de forma precisa y taxativa en una norma de rango legal;[929] (ii) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas definidas de manera concreta y específica; (iii) ser necesarias para alcanzar los propósitos referidos de una forma proporcional;[930] (iv) ser posteriores a la expresión, sin constituir censura;[931] y, (v) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental.[932]  

 

584. En efecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que las restricciones a la libertad de información deben perseguir las finalidades imperiosas establecidas concreta y específicamente en los tratados internacionales previamente referidos. Eso significa que solo pueden imponerse (i) para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o (ii) para asegurar el respeto de los derechos de terceros.[933] Por su interés para el caso concreto, a continuación, se explica el alcance de las limitaciones a la libertad de expresión con el fin de proteger los derechos de los demás.

 

585. Frente a esta categoría, la Corte ha indicado que la libertad de información puede entrar en conflicto con las garantías iusfundamentales de otras personas que son objeto de protección constitucional. Sin embargo, por su trascendencia en el ordenamiento interno, solo puede limitarse para asegurar la protección de otros derechos que tengan un rango comparable, es decir, para materializar otros derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, la prohibición de discriminación, la imagen, la presunción de inocencia y la libertad religiosa y de cultos, entre otros. Por su relevancia para el caso concreto, veamos la jurisprudencia sobre el alcance de los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la imagen, a la libertad religiosa, a la presunción de inocencia y al debido proceso como restricciones del derecho fundamental a la libertad de información.

 

 

Los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la imagen como límite a la libertad de información

 

586. El derecho a la intimidad se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución. En él se garantiza que las personas puedan mantener su esfera privada libre de injerencias arbitrarias del Estado y de terceros. En otras palabras, permite que sus titulares cuenten con un “área restringida que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y conformidad con la Constitución y la ley”[934]. Según lo dicho por la Corte en las Sentencias T-117 de 2018 y T-155 de 2019, este derecho tiene diversos grados de protección, entre ellos, el personal, el familiar, el social y el gremial. Además, prevé una protección concreta “frente a la divulgación no autorizada de los asuntos relacionados con ese ámbito de privacidad”.[935]

 

587. En cuanto al derecho al buen nombre, previsto en el artículo 15 superior, las Sentencias T-095 de 2007, T-015 de 2015, T-117 de 2018 y T-155 de 2019, entre otras, señalaron que esa garantía protege la reputación, buena fama u opinión que los miembros de una sociedad tienen de una persona. Por esa razón, ha sido asociado al comportamiento público de una persona. Esta garantía iusfundamental se desconoce, “cuando particulares o autoridades públicas difunden información [falsa, inexacta, tergiversada o tendenciosa], o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de causar una afrenta contra el prestigio público de una persona”[936] o de desdibujar su reputación.

 

588. Frente al derecho a la honra, previsto en el artículo 21 de la Constitución,[937] la jurisprudencia ha indicado que esta garantía protege “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”, y protege el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, garantizando la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad, por lo que se deriva de la propia dignidad de la persona”.[938] En otras palabras, protege el reconocimiento que los individuos adquieren “a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella”.[939]

 

589. Si bien la titularidad de este derecho fundamental es universal, tanto las iglesias y confesiones religiosas que tienen personería jurídica cuentan con una protección constitucional reforzada en este ámbito. Lo expuesto, porque la ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos dispone que dichas instituciones deben tener garantizados “sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, tergiversadas o inexactas”[940].

 

590. Sobre estas dos últimas garantías, la Corte ha precisado que, aunque los derechos al buen nombre y a la honra están directamente relacionados y se transgreden con la publicación de información falsa, tendenciosa, inexacta o tergiversada, ambos tienen un alcance diferenciado. Así, mientras que, el buen nombre protege la estimación social por las acciones de las personas en la esfera pública, la honra protege “la valoración de comportamientos en ámbitos privados”.[941] Asimismo, ha indicado que la exceptio veritatis es el mecanismo establecido para exonerarse de responsabilidad frente a la afectación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. No solo en el ámbito penal, sino en la acción de tutela. En este último escenario, la jurisprudencia ha advertido no se exige que el titular del derecho a la libertad de información divulgue datos indudablemente verdaderos, “sino que se haya desplegado un esfuerzo diligente por verificar, constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como un deber de explorar los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser observado”.[942]

 

591. Finalmente, respecto del derecho a la imagen, la Corte ha sostenido que aquel se deriva del artículo 94 superior y tiene que ver con la prerrogativa que tiene cada persona de manejar su imagen personal, la cual constituye “una expresión directa de su individualidad e identidad”.[943] Frente a esta garantía en las Sentencias T-260 de 2012, T-634 de 2013 y T-050 de 2016 la Corte indicó que la protección a la imagen también aplica a las redes sociales. En esa medida, se debe garantizar el restablecimiento del derecho cuando la imagen de una persona se publica sin su debida autorización o cuando se le niega la posibilidad de excluirla de la plataforma.

 

592. En cuanto al alcance de esta garantía, en la Sentencia T-546 de 2016, al estudiar una decisión judicial que resolvió una acción de tutela presentada en contra de un periodista y de una editorial por utilizar la imagen de un funcionario público en la caratula de un libro que contenía una investigación periodística, la Corte aseguró que el derecho a la imagen tiene tres dimensiones. Aquellas son “(i) la autodefinición de la imagen propia: la autonomía de cada individuo para determinar desde el punto de vista estético su propia imagen o autodefinir su ser, como quiere verse y como que lo perciban los demás, la dimensión de autodefinición del ser (en cuanto a su aspecto físico, el nombre, la voz, entre otras); (ii) la utilización de la imagen, que incluye dos aspectos, a) el positivo relacionado con la potestad de la persona de decidir qué parte de su imagen será difundida y qué parte no -ya sea de manera onerosa o gratuita-, pudiendo incluso autorizar a un tercero la utilización de su imagen, y b) negativo, referido a la posibilidad de prohibir la obtención, utilización o reproducción no autorizada de la imagen de una persona; y (iii) la imagen social, que comprende la caracterización que una persona logra de sí misma en la sociedad y que le permite identificarse plenamente frente a los demás.”[944]

 

593. Asimismo, precisó que, por regla general, la divulgación de imágenes de una persona requiere de la autorización de su titular. Sin embargo, este requisito no será exigible, para“(i) la divulgación de hechos noticiosos derivados de la actuación pública de una persona[945]; (ii) la exhibición de fotografías, como expresión artística, en la que no se revela la identidad de los transeúntes y mucho menos las cualidades o características personales de quienes aparecen[946]; (iii) la exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan acontecimientos ocurridos o que exhiben momentos de camaradería social, sin que se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona[947]; o, (iv) de una figura pública haciendo referencia a su historia laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus funciones y en el contexto del rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las imágenes captadas en el ámbito privado de ese personaje reconocido[948].[949] 

 

594. A partir de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión analizó el caso concreto y concluyó que la imagen publicada era de una persona que ostentaba un cargo público, estaba relacionada con el ejercicio de sus funciones y había sido divulgada en múltiples oportunidades en la web. En consecuencia, consideró que, en ese evento, no era necesario contar con la autorización del titular de la imagen y negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

 

595. Por su parte, en las Sentencias T-117 de 2018 y T-155 de 2019 la Corte reiteró que la imagen personal no puede ser utilizada o manipulada por terceros, sin contar con el consentimiento del titular de esa garantía. Asimismo, aseguró que, aunque este es un derecho autónomo, está ligado a la dignidad de la persona y puede verse afectado con la vulneración de otros preceptos iusfundamentales como el buen nombre, la intimidad y la honra.

 

596. En conclusión, la libertad de información puede entrar en tensión con otras garantías iusfundamentales. En concreto, la divulgación no autorizada de información privada de las personas o de su imagen puede afectar los derechos fundamentales a la intimidad o a la imagen, según corresponda. De igual manera, la publicación de información falsa, tendenciosa, inexacta o tergiversada puede llevar al desconocimiento de los derechos al buen nombre y a la honra de las personas involucradas. Este tipo de tensiones deben resolverse a través del juicio que se expondrá más adelante, el cual deberá tener en cuenta que el derecho a la honra de las iglesias y confesiones religiosas con personería jurídica y sus ministros tienen una protección constitucional reforzada.

 

 

La libertad religiosa y de cultos también justifica la restricción del derecho fundamental a la libertad de información

 

597. Con fundamento en los artículos 1, 7, 18, 19 de la Constitución, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia ha indicado que la libertad religiosa faculta a las personas para que (i) se adhieran a una fe o profesen un sistema de creencias trascendentales; (ii) practiquen individual o colectivamente un culto; (iii) enseñen, propaguen o divulguen su creencia; (iv) se asocien y pertenezcan a una congregación o iglesia; e (v) impartan determinada formación religiosa a sus hijos. Además, garantiza que los titulares de este derecho no sean compelidos, ni obligados a revelar sus creencias.

 

598. Asimismo, ha advertido que estas garantías generan obligaciones a cargo del Estado y de los particulares. Con ocasión de ellas, el Estado debe abstenerse de imponer una religión oficial, proteger los derechos de libertad religiosa y garantizar su ejercicio pacífico y tranquilo. Por su parte, los particulares no pueden obligar a otras personas a profesar una fe. Adicionalmente, ambos deberán respetar las creencias, las manifestaciones del culto, los elementos sagrados del mismo, la enseñanza y la divulgación religiosas.

 

599. Este derecho fundamental fue desarrollado a través de la Ley Estatutaria 133 de 1994. Aquella estableció que el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Además, en su artículo 6°, precisó que el ámbito de protección subjetivo de la libertad religiosa comprende, entre otras garantías, las de (i) profesar creencias religiosas libremente elegidas o no profesar ninguna, (ii) cambiar de confesión o abandonar la que se tiene, (iii) manifestar libremente su religión o creencias o no hacerlo, (iv) practicar individual o colectivamente, privada o públicamente, actos de oración y culto, (v) recibir sepultura digna y seguir los preceptos religiosos en materia de costumbres funerarias, (vi) contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión, (vii) no ser obligado a practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales y (viii) reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas.

 

600. Inclusive, le otorgó una serie de derechos a las iglesias y confesiones religiosas, entre ellos, los de (i) ejercer libremente su propio ministerio; (ii) establecer su propia jerarquía; (iii) designar los cargos pastorales y a sus ministros de conformidad con sus normas internas[950]; (iv) “tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, tergiversadas o inexactas”[951]; y, (v) definir sus asuntos religiosos con plena autonomía y libertad[952]. Para el efecto, podrán establecer sus propias normas de organización, las cuales pueden incluir “cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación”[953].

 

601. En atención a estas garantías, el Estado ha adoptado una serie de medidas preventivas, policivas y penales para proteger el sentimiento religioso. A manera de ejemplo, el Decreto 437 de 2018 que adoptó la política pública integral de libertad religiosa y de cultos dispuso que el Ministerio del Interior debe (i) desarrollar cinco campañas pedagógicas interactivas de difusión masiva para incentivar la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos[954]; y, (ii) promover actividades de acercamiento a los medios de comunicación para “capacitar a sus integrantes sobre el lenguaje y las características propias del hecho y la cultura religiosa en Colombia”[955]. Esto con el fin de disminuir las posibles vulneraciones al derecho de libertad religiosa y de cultos. 

 

602. En el ámbito policivo, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana estableció que los comportamientos que irrespeten “las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público o en lugares privados”, con ocasión de sus creencias religiosas, serán sancionadas con multa general tipo 4.[956] 

 

603. Finalmente, el Capítulo IX del Código Penal estableció una serie de “delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos”. Puntualmente, sanciona con pena de prisión el uso de la violencia para obligar o impedirle a una persona el cumplimiento de un acto religioso (Ley 599 de 2000, art. 201).[957] Asimismo, establece pena de multa para quienes (i) perturben o impidan la celebración de una ceremonia o de una función religiosa de cualquier culto;[958] (ii) dañen los objetos destinados a un culto o los símbolos de cualquier religión; (iii) agravien públicamente a los cultos o a sus miembros;[959] o, (iv) sustraigan el cadáver de una persona o ejecuten actos de irrespeto sobre ese cuerpo.[960]

 

604. Por su parte, la jurisprudencia ha advertido que la religión y el culto están estrechamente vinculados con determinados símbolos y objetos, al punto de que el uso de esos elementos “con el propósito de ridiculizar y ofender puede considerarse como una interferencia en las libertades reconocidas por el artículo 19 de la Carta”.[961] Para la Corte, ese tipo de acciones pueden (i) generar una afrenta, insulto o agravio al sistema de creencias de quienes profesan esa religión; o, incluso, (ii) producir temores a expresar externamente la relación espiritual. Lo expuesto, no solo constituiría un desconocimiento de los derechos de los creyentes, de sus ministros y de las iglesias o confesiones religiosas como tal, sino que, podría conllevar a la imposición de las sanciones policivas y penales ya descritas.[962]

 

605. En efecto, en la Sentencia SU-626 de 2015, la Corte revisó una decisión judicial que resolvió una acción de tutela presentada en contra de la decisión del Ministerio de Cultura y del Museo Santa Clara que permitió la exposición “Mujeres Ocultas” en el referido claustro. En esa oportunidad, la Corte advirtió que el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto no solo protege a los fieles de las actuaciones dirigidas a impedir que la persona manifieste su sistema de creencias, sino de aquellas que generan un impacto en la forma en la que las personas se relacionan con Dios. Es decir, de las afectaciones intangibles que se producen como consecuencia de asuntos tales como “el empleo de imágenes u objetos de veneración con propósitos diversos a los asignados por el conjunto creencias de la iglesia o confesión, [el cual] deja su huella en los sentimientos religiosos”[963].

 

606. En línea con lo expuesto, la Corte aseguró que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 19 de la Carta, y 2 y 15 de la Ley 133 de 1994, “existe un deber –prima facie- de abstenerse de ejecutar comportamientos que constituyan un agravio al conjunto de símbolos u objetos de veneración vinculados a los diferentes sistemas de creencias. La aceptación de la existencia de este derecho implica, a su vez, que existe un deber del Estado de proteger la libertad religiosa frente a los comportamientos que agravien los sentimientos religiosos como consecuencia del uso de elementos y símbolos sagrados relativos al sistema de creencias respectivo”. Para la Corte, está obligación adquiere un carácter reforzado, cuando las acciones son desplegadas por el Estado o por otras Iglesias o confesiones religiosas.

 

607. Además, a manera de ejemplo, identificó que esta dimensión del derecho fundamental resulta desconocida cuando: (i) las personas irrumpen en establecimientos religiosos para afectar determinado culto o para dañar los símbolos religiosos asociado a él; o, (ii) los titulares del derecho a la libertad de expresión, en cualquiera de sus dimensiones, acogen un discurso que involucra la apología al odio religioso.

 

608. Con fundamento en lo expuesto, analizó el caso concreto y concluyó que ni la autorización del Estado, ni la publicación de la exposición artística vulneraban el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos. Para justificar su postura, la Corte señaló que la autorización brindada por las autoridades públicas “(i) no constituye un tipo de discurso -en contra de la religión- cuya divulgación esté prohibida en las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad; (ii) no impone creencia alguna ni pretende obligar a nadie a asumirla; (iii) no interfiere en el ejercicio del culto de ninguna religión; (iv) no impide que las personas expresen su propia valoración acerca de la exposición o que incluso formulen públicamente críticas en contra de ella; (v) no supone el empleo de un lugar destinado al culto ni el uso de objetos de propiedad de religión o iglesia alguna; y (vi) no implica el desconocimiento del deber de neutralidad del Estado en tanto su objetivo consiste en promover el acceso a la cultura”[964].

 

609. Asimismo, señaló que no era posible revocar el permiso otorgado a la exposición, porque esa restricción no estaría justificada desde el punto de vista constitucional.[965] Al respecto, señaló que la limitación solicitada estaría prima facie justificada en las disposiciones legales y constitucionales que consagran el derecho a la libertad religiosa y de cultos, es decir, en el artículo 19 superior y en la Ley 133 de 1994. Sin embargo, no perseguiría una finalidad constitucional imperiosa, en la medida en que la exposición referida no desconoce los contenidos protegidos por ese derecho fundamental.

 

610. En suma, quienes difunden información sobre las diferentes iglesias o confesiones religiosas pueden insultar o agraviar al sistema de creencias de quienes profesan ese credo. Incluso, pueden producir temores a expresar externamente su relación espiritual. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los titulares del derecho a informar (i) irrumpen en establecimientos religiosos para ejercer su garantía constitucional, en detrimento de la celebración de determinado culto o de los símbolos asociados a él; (ii) acogen un discurso que involucra la apología al odio religioso; (iii) irrespetan las manifestaciones o reuniones públicas o privadas celebradas con ocasión de sus creencias religiosas; (iv) agravian públicamente a los cultos o a sus miembros en razón de su investidura; (iv) publican información calumniosa, agraviante, tergiversada o inexacta que lesiona a la institución religiosa o sus ministros; o, (v) revelan las creencias de una persona, sin su consentimiento. Para la Corte, este tipo de actuaciones generan afectaciones intangibles a la forma en la que las personas se relacionan con Dios y dejan huella “en los sentimientos religiosos”.[966] Por tanto, producen una tensión evidente con el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos que debe analizarse a través del juicio de ponderación que se expondrá más adelante.

 

 

La presunción de inocencia como límite a la libertad de información

 

611. El derecho fundamental a la presunción de inocencia se encuentra previsto en el artículo 29 de la Constitución. Aquel establece que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Según la jurisprudencia, esta garantía hace parte del núcleo fundamental del derecho fundamental al debido proceso, en la medida en que asegura que la potestad sancionatoria del Estado solo se pueda ejercer con fundamento en una prueba que establezca, más allá de toda duda razonable, que la persona es responsable de la conducta endilgada.

 

612. Frente a su ámbito de protección, la Corte ha indicado que este mandato garantiza que (i) nadie pueda considerarse culpable, a menos que haya sido vencido en juicio; (ii) la carga de demostrar la responsabilidad de una persona recaiga en su acusador; y, (iii) las personas investigadas reciban un trato digno acorde con este principio constitucional. Además, ha precisado que “esta garantía debe ser respetada por los particulares y, en concreto, por los medios de comunicación y periodistas, cuandoquiera que estos publiquen información o denuncias que vinculen a un individuo con la comisión de hechos delictivos”[967].

 

613. En reiteradas oportunidades, la Corte ha analizado las tensiones que se generan entre el derecho a la libertad de información y la presunción de inocencia, cuando los periodistas o los medios de comunicación divulgan noticias que vinculan a una persona con la posible comisión de una conducta punible. Algunas de ellas han sido abordadas como parte del principio de veracidad expuesto previamente; mientras que, otras fueron analizadas de manera independiente como un límite externo a la libertad de información. Con todo, ambas metodologías han llegado a la misma conclusión.

 

614. En efecto, en la Sentencia T-040 de 2013 la Corte precisó que la divulgación de una denuncia como si fuese un hecho cierto puede generar afectaciones incalculables para las personas, cuando la información divulgada terminan por chocar con la verdad. Por esa razón, en la Sentencia T-312 de 2015 la Corte advirtió que, en estos casos, los medios de comunicación siempre deben ir más allá y contrastar las versiones de diferentes fuentes, como parte de su compromiso con la verdad y el interés general.

 

615. Por su parte, en la Sentencia T-546 de 2016 la Corte aseguró que “no resulta admisible que se califique a una persona como “autor” de un delito en el momento en el que tan solo se investigaba su posible comisión (sobre todo cuando con posterioridad se verificó la absolución del peticionario). [De manera que, los emisores no pueden] omitir hechos relevantes como lo puede ser la distinción entre “autor” y “presunto autor” y, de esta manera, respetar la presunción de inocencia que está en cabeza de todos los ciudadanos”[968]. Esta postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-117 de 2018 y T-342 de 2020.

 

616. Luego, en la Sentencia T-275 de 2021, la Corte estudió un caso en el que una mujer y dos colectivos feministas publicaron los datos personales de un hombre al que acusaron de haber incurrido en una conducta constitutiva de abuso sexual en contra de una adolescente. En esa ocasión, reiteró que los medios de comunicación, los periodistas y las personas pueden divulgar noticias que vinculan a una persona con la presunta comisión de hechos delictivos, sin que exista un fallo judicial que así lo confirme. Sin embargo, advirtió que este tipo de publicaciones pueden “generar afectaciones significativas e irreparables a los derechos fundamentales de las personas que son acusadas públicamente”.[969] Por tanto, indicó que, en virtud del derecho a la presunción de inocencia, los comunicadores deben “abstenerse de sustituir a las autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal”.[970] En ese sentido, aseguró que cualquier señalamiento que le atribuya a una persona la comisión de una conducta punible debe tener sustento una sentencia condenatoria en firme. Por tanto, si los comunicadores no cuentan con ese insumo, deben formular sus mensajes de forma dubitativa o condicional para denotar la ausencia de seguridad sobre la culpabilidad de la persona.

 

617. Adicionalmente, señaló que este límite es aplicable a las denuncias públicas presentadas por las mujeres en redes sociales sobre la comisión de actos constitutivos de discriminación, violencia, acoso y abuso de los que son víctimas, es decir, a los espacios de denuncia pública conocidos como “escraches”. Para la Corte, en estos escenarios, quienes denuncian deben ser especialmente cuidadosos y responsables con la información que divulgan. En esa medida, deben “respetar la presunción de inocencia y no causar afectaciones arbitrarias y desproporcionadas a la honra y buen nombre de los acusados”.[971] En todo caso, advirtió que el contenido y alcance de estas obligaciones se deben determinar en cada caso concreto, a partir de una ponderación entre los derechos fundamentales involucrados.

 

618. En conclusión, cuando los periodistas o los medios de comunicación divulgan noticias que vinculan a una persona con la posible comisión de una conducta punible deben tener especial cuidado en el manejo de la información para evitar afectaciones indebidas sobre la presunción de inocencia. En esa medida, cuando sus acusaciones no estén sustentadas en sentencias condenatorias, deberán formular sus noticias de manera tal que se deje en duda la responsabilidad del afectado.

 

 

El debido proceso y la intimidad como límites a la libertad de informar sobre el contenido de las actuaciones judiciales

 

619. En diversos escenarios, la jurisprudencia ha indicado que el derecho a la libertad de información puede limitarse con fundamento en las reglas asociadas al debido proceso. En efecto, la Sentencia SU-274 de 2019, al estudiar si una noticia que divulgaba el sentido de un proyecto de fallo en materia penal había vulnerado el debido proceso de la persona acusada, señaló que las garantías centrales de ese derecho fundamental pueden verse afectadas por la difusión de información asociada a un trámite judicial. Por tanto, concluyó que, en esos casos, es posible limitar la libertad de información, en especial, cuando su ejercicio impacta de manera negativa la imparcialidad judicial o la presunción de inocencia.

 

620. En esa oportunidad, la Corte reiteró que, en virtud de la primacía del derecho a la libertad de información, las restricciones a esa garantía iusfundamental están prohibidas, a menos que quien las solicite presente poderosas razones constitucionales que las justifiquen, como la afectación a la imparcialidad judicial o a la presunción de inocencia. Para esta Corporación, en ese escenario, el peticionario debe demostrar que existe un riesgo grave, actual y cierto de afectar la presunción de inocencia de la persona involucrada o su derecho a un juicio imparcial que no se pueda justificar en la importancia de divulgar la información relativa al proceso.

 

621. En ese sentido, precisó que el riesgo es: (i) grave cuando afecta la capacidad del juez para analizar los hechos del caso y la relevancia de las normas aplicables de forma autónoma, al punto de incidir en directamente en el proceso de formación de la decisión por parte del juez; (ii) actual cada que la difusión de la información ocurre de manera concomitante o próxima a la adopción de una decisión fundamental para el proceso; y, (iii) cierto en los eventos en que la publicidad de la información pueda incidir en la decisión final, por la forma en la que se realiza. Además, indicó que la valoración del riesgo exige evaluar ciertos elementos importantes, como “a) el detalle y profundidad de la reserva legal establecida; b) la naturaleza de la etapa procesal; c) la materia específica del proceso y en esa medida el tipo de reacciones que cabe esperar de la opinión pública antes de que se tome una decisión; d) la clase de derechos constitucionales que pueden ser restringidos con la decisión judicial; e) la clase de sujetos procesales; y f) la existencia de reglas institucionales para garantizar la autonomía”.

 

622. También, estableció pautas de análisis para determinar si la restricción solicitada está o no justificada. En concreto, manifestó que existe una mayor posibilidad de limitar la libertad de información, cuando la información divulgada: (i) corresponda a un proceso penal que puede culminar con la imposición de penas privativas de la libertad; (ii) este sometida a una reserva legal absoluta que tenga por propósito asegurar la imparcialidad del juez o la presunción de inocencia; y, (iii) los medios hayan realizado un seguimiento permanente, intenso y crítico del proceso, de manera tal que el aplazamiento en el suministro de la información, hasta que se adopte la respectiva decisión judicial, no impacte significativamente el derecho colectivo de la sociedad a recibir información veraz e imparcial. De manera correlativa, manifestó que la posibilidad de restringir el derecho a la libertad de informar es menor en los eventos en los que (i) los datos a divulgar estén relacionados con una controversia de índole patrimonial; (ii) la información esté sujeta a una restricción relativa por parte del legislador que tenga por propósito no solo garantizar la imparcialidad y la presunción de inocencia, sino otros derechos fundamentales; y, (iii) el proceso no haya sido objeto de un escrutinio intenso por parte de los medios de comunicación.

 

623. Para finalizar, la Corte indicó que solo pueden presentar solicitudes de restricción a la libertad de prensa quienes tienen un interés directo en el asunto. Estas personas deben demostrar (i) el riesgo de la afectación; y, (ii) la efectiva conducencia de la medida para proteger la imparcialidad del juicio o la presunción de inocencia; así como, presentar las alternativas menos restrictivas de la libertad de información. En todo caso, la restricción solo podrá imponerse cuando el ejercicio del derecho desborde los límites establecidos en el documento.

 

624. A partir de lo expuesto, la Corte analizó el caso concreto y concluyó que la filtración de la ponencia a los medios de comunicación afectó los derechos del acusado a un juicio imparcial y a la presunción de inocencia. Para justificar su postura, explicó que se configuró un riesgo de afectación, porque la divulgación de la información permitió la exposición mediática de un asunto sometido a reserva y trasladó el debate a un entorno diferente del foro judicial. Asimismo, advirtió que la publicación incidió directamente en la capacidad del juez para analizar con autonomía el caso. Esto, en la medida en que la divulgación del proyecto generó expresiones de adulación y repudio por parte de la ciudadanía que, a su vez, crearon la posibilidad de afectar significativamente el proceso final de decisión del juez. En esa medida, constituyó un riesgo grave, el cual también fue actual y cierto, porque se publicó un documento sujeto a reserva que tiene que ver con un proceso penal, de manera próxima a la adopción de una sentencia definitiva en el caso.

 

625. En este punto, la Corte señaló que, si bien la información divulgada estaba amparada por la protección constitucional reforzada de los discursos protegidos, ello no podía conllevar al desconocimiento de los derechos de los afectados. Esto, en la medida en que las opiniones emitidas por los medios de comunicación sobre el documento podían afectar el proceso de decisión del juez y la presunción de inocencia. Por último, advirtió que, aunque el documento divulgado estaba sujeto a reserva, ese deber legal de mantenerlo en secreto no era trasladable a los medios de comunicación, tal y como lo establecieron las Sentencias T-066 de 1998, T-634 de 2001, T-1307 de 2005 y C-540 de 2012. Lo expuesto, porque los funcionarios públicos son los administradores de la información y, en esa medida, los obligados a garantizar que se mantenga en secreto. Por el contrario, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la democracia en virtud del cual pueden divulgar la información que conocen, con el debido respeto por las garantías impuestas por la Constitución para ese ejercicio Esta postura fue reiterada por la Corte en la Sentencia SU-174 de 2021.

 

626. Posteriormente, en la Sentencia SU-355 de 2022 la Corte revisó una decisión judicial que resolvió una acción de tutela presentada por una ciudadana en contra de un juzgado, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Para la demandante, la autoridad judicial desconoció sus garantías iusfundamentales, al publicar en su micrositio web una demanda de reconvención que interpuso, dentro de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. En esa ocasión, la Corte reiteró su jurisprudencia sobre el acceso a la información pública y sobre el derecho a la intimidad personal y familiar. Luego, explicó las normas aplicables a la divulgación de información en el portal web de la Rama Judicial. Con fundamento en ello, analizó el caso concreto y concluyó que el juzgado accionado vulneró gravemente los derechos a la intimidad familiar y personal de la demandante.

 

627. En efecto, la Corte consideró que el acceso a la información pública que tiene datos íntimos de las personas se encuentra restringido por disposición legal expresa.[972] De manera que, al publicar las demandas relacionadas con el matrimonio de la accionante, el juzgado vulneró su derecho a la intimidad, no solo de la demandante, sino de otros integrantes de su familia y de terceros. Además, precisó que el principio de publicidad, consagrado en el artículo 228 de la Constitución, tiene que ver con la comunicación de las actuaciones a las partes y demás sujetos involucrados en el proceso, más no, con el deber de hacer público el proceso.

 

628. En ese sentido, aseguró que “las actuaciones de los jueces están sujetas al principio de publicidad. La jurisprudencia constitucional ha definido que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, el principio de publicidad se concreta en dos escenarios. Por una parte, como garantía del debido proceso, lo que implica que es deber de los jueces asegurarse de que, en los procesos judiciales, tanto las partes como los sujetos procesales conocerán las actuaciones que se surtan en su interior. Por lo tanto, el principio de publicidad en este supuesto no significa que todas las actuaciones que ocurren dentro de un proceso deban hacerse públicas, entre otras cosas porque la información que se ventila dentro de un proceso judicial puede involucrar aspectos que solo les interesan a los sujetos involucrados en el pleito en cuestión. Por eso el ordenamiento jurídico establece unas reglas claras conforme a las cuales se da a conocer la información entre las partes y los sujetos procesales y limitan el acceso de la información del proceso de terceros sin interés legítimo. Por otra parte, como garantía del derecho al acceso a la información pública, el principio de publicidad se concreta en el derecho de los ciudadanos de conocer las decisiones judiciales. En este caso, la regla general es que las decisiones judiciales pueden ser objeto de consulta por cualquier persona, salvo que exista alguna reserva legal que lo impida”. A partir de lo expuesto, concluyó que el juzgado confundió el principio de publicidad con la naturaleza pública de la información y vulneró de manera flagrante los derechos de las personas involucradas en el proceso.

 

629. En suma, la jurisprudencia ha advertido que la divulgación de la información que hace parte de los procesos judiciales puede restringirse en atención a los derechos fundamentales a contar con un juicio imparcial, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las partes e intervinientes en un proceso. Lo expuesto, siempre que se advierta una afectación clara de los derechos fundamentales relacionados, en atención a los criterios previamente expuestos. Para la Corte, este tipo de limitaciones solo son exigibles cuando existe una disposición legal expresa que impone el deber de garantizar la reserva.

 

630. Ahora bien, hasta el momento, la Corte solo ha analizado casos en los que los funcionarios públicos encargados de la administración de los documentos judiciales entregan la información reservada a un tercero para que la divulgue o la publican en los sitios web de la Rama Judicial. Sin embargo, no ha tenido oportunidad de precisar qué ocurre cuando ese tipo de información es divulgada por una de las partes o interesados del proceso.

 

631. En este punto, se advierte que, en virtud del artículo 228 de la Constitución, las autoridades judiciales están obligadas a permitir que las partes y sus apoderados conozcan los documentos que reposan en el expediente para que puedan ejercer su derecho a la defensa y contradicción. Esta garantía se materializa a través de los traslados que se hacen a lo largo del proceso.

 

632. En el marco de esas actuaciones, puede que las partes y los terceros interesados tengan acceso a documentos que contienen datos personales sensibles, privados o semiprivados de otras personas. En otras palabras, existe la posibilidad de que las partes involucradas en un proceso judicial de cualquier índole accedan a información pública sujeta a reserva con ocasión de los derechos fundamentales al habeas data, y a la intimidad. En esos casos, las personas están obligadas a garantizar la reserva de la información, en atención a lo dispuesto en el literal h del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. En efecto, esa disposición establece que “[t]odas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma”. Por tanto, las partes y los intervinientes de un proceso judicial que tengan acceso a documentos que contengan información personal sujeta a reserva deben mantenerlos bajo secreto. De manera que, en estos casos, la reserva de la información si es trasladable a las partes e intervinientes.

 

633. En conclusión, las autoridades judiciales, las partes y los intervinientes de los procesos judiciales deben abstenerse de divulgar la información que hace parte de los procesos judiciales, cuando se encuentra consignada en un documento sujeto a reserva cuya divulgación puede afectar los derechos fundamentales de los involucrados a un juicio imparcial, a la presunción de inocencia, a la intimidad o al habeas data. Esto en la medida en que los partícipes de los procesos judiciales deben atender al principio de confidencialidad, es decir, deben garantizar la reserva de la información, incluso, después de que finalice la situación jurídica que habilitó el tratamiento de los datos.

 

 

Las reglas jurisprudenciales que la Corte ha debido aplicar al caso concreto

 

634. El derecho a la libertad de información garantiza que las personas puedan comunicar versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos y en general situaciones, para que los receptores conozcan lo ocurrido. En esa medida, es un derecho de doble vía que garantiza el derecho a informar y a ser informado.

 

635. Por su relevancia para la democracia, el Estado no solo debe respetar el ejercicio de esta garantía iusfundamental, sino promover su ejercicio. En especial, cuando aquel se apareja con la libertad de prensa. Además, debe presumirse que (i) todas las formas de expresión son objeto de protección constitucional; (ii) la libertad de información prima sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales; (iii) los controles al contenido de los mensajes constituyen censura; y, (iv) cualquier limitación de esta garantía es inconstitucional.

 

636. El Legislador está facultado para regular de una forma más precisa el derecho fundamental a la libertad de información, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el bloque de constitucionalidad. Hasta el momento, el Congreso de la República no ha expedido una ley estatutaria para regular el asunto. Por esa razón, el discurso periodístico debe observar las cargas impuestas en la Constitución y en las normas que regulan los derechos fundamentales que pueden entrar en tensión con esté precepto constitucional. Eso significa que sus titulares deben diferenciar los mensajes que comunican hechos, de los que contienen opiniones. Respecto de los primeros deben garantizar que la información divulgada sea veraz, imparcial y respetuosa de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la libertad religiosa, entre otros, de terceros.

 

637. Ello significa que el derecho a la libertad de información no es absoluto. Su ejercicio está sometido a limitaciones intrínsecas y extrínsecas.

 

(i) Limitaciones intrínsecas. Quienes ejercen esta garantía deben:

 

·        Diferenciar los hechos de las opiniones. Ello significa que, al denunciar la presunta comisión de conductas punibles, los comunicadores deben establecer de forma precisa qué parte de su relato corresponde a las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon la comisión de la conducta y, cuál hace parte de sus opiniones subjetivas sobre el asunto. 

 

·        Comunicar información veraz e imparcial. Quienes ejercen el derecho a la libertad de comunicación deben atender a los principios de veracidad e imparcialidad. En el ámbito de las denuncias públicas por la presunta comisión de delitos, el principio de veracidad exige que los titulares de esta garantía iusfundamental sean especialmente cuidadosos en el tratamiento de esta información. Esto no implica que deban soportar sus mensajes en sentencias condenatorias, sino que les corresponde: (i) realizar una verificación juiciosa de los hechos que van a divulgar; (ii) exponer los hechos de forma objetiva y escueta, sin hacer análisis infundados, ni inclinar las opiniones de los receptores de la información, sin contar con evidencias; y, (iii) abstenerse de sustituir a las autoridades públicas en la adjudicación de responsabilidades de orden legal. Esto último significa que, si los emisores no cuentan con una sentencia condenatoria en firme que justifique sus denuncias, deben formular sus mensajes de forma dubitativa o condicional para denotar la ausencia de seguridad sobre la culpabilidad de la persona.

 

Por su parte, el principio de imparcialidad requiere que los periodistas contrasten la información que van a divulgar con diversas fuentes. Además, exige que tomen una distancia crítica respecto de sus fuentes. Si aceptan de forma irreflexiva la información aportada por una de las partes, pueden comprometer su responsabilidad. Por tanto, deben contrastar o confirmar la información recopilada con la parte implicada o con expertos en la materia.

 

·        Abstenerse de incurrir en conductas que constituyan persecución, hostigamiento y cyberacoso. Los ciudadanos incurren en este tipo de conductas, cuando divulgan de forma reiterada y sistemática mensajes que contienen vejaciones, insultos y expresiones desproporcionadas en contra de una persona, en redes sociales o en medios digitales, con la intención de dañar o de ofender, en abierto desconocimiento del “derecho a vivir sin humillaciones” constituye hostigamiento o ciberacoso. También, cometen esta conducta, al publicar de forma repetitiva y sistemática denuncias que vinculan de forma inequívoca a las personas con la comisión de una conducta punible, sin contar con una fuente confiable. El umbral para que se configure cyberacoso respecto de denuncias contra las personas que ostentan un lugar notorio en la sociedad es especialmente alto. Lo expuesto, porque (i) estas personas se sometieron a un escrutinio social más riguroso por parte de la ciudadanía; y, (ii) las denuncias que presentan materializan otros principios de gran relevancia constitucional, como los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

 

(ii) Limitaciones extrínsecas. El derecho a la libertad de información puede limitarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de terceros, la intimidad, el buen nombre, la prohibición de discriminación, la imagen, la presunción de inocencia, al debido proceso y la libertad religiosa y de cultos, entre otros.

 

·        Los derechos a la intimidad, buen nombre, honra e imagen limitan el ejercicio de la libertad de información. La divulgación de la información de las personas o de su imagen, sin contar con la autorización previa del titular de los datos o con una orden judicial proferida por una autoridad competente para esos efectos, afecta el derecho fundamental a la intimidad personal, familiar, social o gremial de las personas. Además, desconoce el derecho a la imagen de esta persona, a menos que su publicación esté asociada con (i) la divulgación de noticias derivadas de la actuación pública de la persona, (ii) una expresión artística que no revele la identidad, cualidades o características personales de quienes aparecen en ellas; o, (iii) la historia laboral, trayectoria o información relativa a las funciones ejercidas por una figura pública. Este último escenario excluye las imágenes captadas en el ámbito privado de esa persona reconocida.

 

De igual manera, la publicación de información falsa, tendenciosa, inexacta o tergiversada de las personas desconoce (i) el derecho al buen nombre, cuando se afecta la estimación social de una persona en el ámbito público; y, (ii) la honra, cuando impacta el valor de los actos desplegados en el ámbito privado. Este último derecho otorga una protección constitucional reforzada a las iglesias y confesiones religiosas con personería jurídica y sus ministros tienen una protección constitucional reforzada. En virtud de la exceptio veritatis, el titular de la libertad de información quedará exonerado de cualquier responsabilidad. Este criterio no exige que el titular de la información divulgue datos indudablemente verdaderos. Simplemente, requiere que realice las gestiones necesarias para verificar, constatar y contrastar las fuentes, entre ellas, las que permiten explorar diferentes puntos de vista sobre los mismos hechos.

 

·        El derecho a la libertad religiosa y de cultos también justifica la restricción del derecho fundamental a la libertad de información. La difusión de información que insulta o agravia el sistema de creencias de quienes profesan determinado credo, al punto que genera un temor a expresar externamente su relación espiritual genera una afectación profunda en el derecho a la libertad religiosa y de cultos de las personas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los titulares del derecho a informar (i) irrumpen en establecimientos religiosos para ejercer su garantía constitucional, en detrimento de la celebración de determinado culto o de los símbolos asociados a él; (ii) acogen un discurso que involucra la apología al odio religioso; (iii) irrespetan las manifestaciones o reuniones públicas o privadas celebradas con ocasión de sus creencias religiosas; (iv) agravian públicamente a los cultos o a sus miembros en razón de su investidura; (iv) publican información calumniosa, agraviante, tergiversada o inexacta que lesiona a la institución religiosa o sus ministros; o, (v) revelan las creencias de una persona, sin su consentimiento. En efecto, ese tipo de actuaciones generan afectaciones intangibles a la forma en la que las personas se relacionan con Dios y dejan huella “en los sentimientos religiosos”. Por tanto, su ejecución produce una tensión evidente con el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos que debe analizarse a través del juicio de ponderación.

 

·        El derecho a la presunción de inocencia como restricción del derecho a la libertad de información. Los ciudadanos pueden emitir denuncias públicas que relacionen a las personas con la presunta comisión de conductas punibles. Para el efecto, no necesariamente deben contar con una sentencia condenatoria que justifique sus afirmaciones. Sin embargo, deben tener especial cuidado con el manejo de esta información para evitar sustituir a las autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal y garantizar que la persona sea tratada de una forma digna. En estos casos, deberán formular sus noticias de manera tal que se deje en duda la responsabilidad del afectado. Las posibles tensiones que puedan generarse entre estas garantías deberán resolverse a través de la aplicación de un juicio de ponderación.

 

·        El derecho al debido proceso como límite de la libertad de información. Las autoridades judiciales, las partes y los intervinientes de los procesos judiciales deben abstenerse de divulgar la información que hace parte de los procesos judiciales, cuando se encuentra consignada en un documento sujeto a reserva. En especial, si su divulgación puede afectar los derechos fundamentales de los involucrados a un juicio imparcial, a la presunción de inocencia, a la intimidad o al habeas data. Esto, en la medida en que los partícipes de los procesos judiciales deben atender al principio de confidencialidad, es decir, deben garantizar la reserva de la información, incluso, después de que finalice la situación jurídica que habilitó el tratamiento de los datos. La sola divulgación de este tipo de información afectará el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes en el proceso.

 

638. En el análisis de los casos concretos seleccionados y sometidos a la revisión de la Corte, la mayoría ha debido advertir que se observaban dos tipos de tensiones relacionadas con la libertad que tienen los periodistas de informar sobre la configuración de presuntos escenarios de violencia sexual en contextos religiosos que debían resolverse con metodologías diferentes.

 

639. El primer tipo de tensión estaba relacionado con los límites intrínsecos de la libertad de información, los cuales están estrechamente vinculados a la protección del derecho colectivo de la sociedad a ser informada. El análisis de estas tensiones exigía verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la jurisprudencia para acreditar esas exigencias establecidas en la Constitución y en la legislación. De manera que, estos problemas jurídicos debían estudiarse a través de un ejercicio de subsunción.

 

640. Por su parte, el segundo tipo de tensión tenía que ver con el generado entre la libertad de informar y la afectación de los derechos fundamentales de los titulares de los datos. Con fundamento en los artículos 20 de la Constitución y 42.7 del Decreto 2591 de 1991,[973] la jurisprudencia ha resaltado que el análisis de las tensiones entre la libertad de información y los derechos fundamentales de los titulares de la información, presuntamente causadas por un medio de comunicación o por un periodista, exige que los jueces constitucionales verifiquen, como requisito de procedibilidad, que el peticionario remita copia de las publicaciones que generaron la afectación y haya solicitado al medio correspondiente la rectificación de la información u opinión divulgada. En otras palabras, ha advertido que la solicitud previa de rectificación es un requisito de procedibilidad exigible, cuando la información cuestionada es divulgada por parte de periodistas, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.[974]

 

641. Adicionalmente, salvo por la afectación del derecho al debido proceso que procede a través de una subsunción, estas tensiones debían analizarse a través de un juicio de ponderación que tuviera en cuenta las presunciones establecidas en favor de la libertad de información, la protección reforzada de ciertos discursos y las particularidades establecidas para la salvaguarda de los derechos de los titulares de los datos divulgados. En efecto, a partir de lo señalado en las Sentencias C-033 de 1993 y SU-1723 de 2000, la Sentencia T-391 de 2007 aseguró que los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales deben resolverse a través del método de la ponderación, el cual debe aplicarse (i) “sobre la base inicial de la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre los demás derechos”;[975] y, (ii) en atención a las variaciones que se puedan generar con ocasión del tipo de discurso o de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que debe primar frente a la libertad de expresión.[976] Esta postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias T-298 de 2009 y T-256 de 2013.

 

642. Posteriormente, en la Sentencia T-155 de 2019 la Corte reiteró que estas tensiones deben ser resueltas a través de la ponderación. Sin embargo, expuso algunos parámetros para orientar la labor del juez y determinar el equilibrio de los derechos en tensión. En concreto, estableció que las autoridades deben evaluar a ¿quién comunica? ¿a quién se comunica? ¿cómo se comunica? y ¿por qué medio se comunica? Además, señaló que este ejercicio debe partir de la primacía del derecho fundamental a la libertad de expresión sobre las demás garantías iusfundamentales. Esta postura fue reiterada por la Corte en las Sentencias SU-420 de 2019, T-578 de 2019, T-275 de 2021, T-028 de 2022 y T-242 de 2022.

 

643. Presupuestos de la aplicación del “test” de ponderación. Las autoridades judiciales deben partir de la primacía del derecho fundamental a la libertad de información. Para que esta presunción de hecho sea desvirtuada, los afectados deben demostrar de forma convincente que (i) el mensaje divulgado contradice la verdad o se presentó de una forma parcializada o falsa; y, (ii) a la luz de las circunstancias del caso concreto y de las disposiciones constitucionales en la materia, los derechos afectados adquieren un mayor peso.

 

644. Juicio de ponderación. Esta metodología consta de tres pasos. El primero (i) consiste en determinar el grado de afectación que la publicación o la divulgación causó en los derechos del titular. El segundo (ii) exige evaluar el alcance o el grado de protección que la libertad a la información otorga al mensaje divulgado. Y, el tercero (iii) requiere comparar las garantías en tensión para determinar cuál debe primar.

 

645. Grado de afectación causado a los derechos de los involucrados. La jurisprudencia ha establecido algunos criterios orientadores para establecer el alcance del impacto de que tuvo la publicación en los derechos de los implicados. En concreto, las autoridades judiciales deben valorar:

 

646. El contenido del mensaje. Según la jurisprudencia, solo los mensajes que involucran a una persona o a un grupo de individuos de manera concreta o que permiten que el intérprete identifique fácilmente quien está involucrado en la información divulgada tienen la capacidad de afectar los derechos de terceros.

 

647. El grado de controversia que existe sobre su carácter difamatorio. El juez debe determinar, a partir de una valoración objetiva y neutral del caso concreto, si el contenido del mensaje tiene un carácter difamatorio u ofensivo. La afectación a los derechos en tensión será directamente proporcional al grado de certidumbre del carácter difamatorio y ofensivo del mensaje. En consecuencia, los mensajes que tienen significados debatibles causan un menor impacto en los derechos de los afectados.

 

648. El nivel de impacto de la divulgación. Esta valoración debe estar orientada por los criterios que se describen a continuación.

 

649. El emisor del mensaje. Para determinar el impacto del mensaje, el juez constitucional debe identificar (i) quién comunica el mensaje; y, (ii) si el contenido divulgado es de su autoría. Lo expuesto, porque, de un lado, los mensajes emitidos por funcionarios públicos, por personas que ocupan una posición notoria en la sociedad, por periodistas o por medios de comunicación tienen un “impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos”[977]. Y, del otro, es posible que una persona transmita un mensaje que no es de su autoría, caso en el cual no sería responsable de su contenido.

 

650. El sujeto afectado con la publicación. En efecto, las autoridades judiciales deben examinar la condición del implicado en la publicación, así como, las posibilidades que tiene de defenderse y replicar la información publicada. Esto en la medida en que la divulgación de información falsa o errónea de sujetos de especial protección constitucional o de personas que están en una situación de debilidad manifiesta respecto del emisor genera una afectación más intensa de los derechos fundamentales de los afectados.

 

651. Es más, en la Sentencia T-004 de 2022 la Corte señaló que las noticias que aseguren que una víctima de violencia fue favorecida por las presuntas irregularidades de un proceso judicial “deben cumplir con los más altos estándares de veracidad e imparcialidad”.[978] En efecto, la decisión referida advirtió que “los medios deben hacer un ejercicio juicioso, ponderado y contrastado a la hora de publicar noticias informativas, en especial cuando aquellas contengan sugerencias sobre actividades irregulares cometidas por terceros y, más aún, cuando se trata de sujetos de especial protección. La capacidad de influencia de los medios de comunicación en sus versiones electrónicas y del efecto multiplicador que tienen las redes sociales hace que hoy en día la situación de indefensión de los involucrados en este tipo de noticias se encuentre más acentuada que en épocas anteriores”.[979]

 

652. El medio de difusión. En estos casos, los jueces deben tener en cuenta la (i) capacidad de difusión; y, (ii) el impacto del medio utilizado en la audiencia. Lo expuesto, porque los medios masivos de comunicación y las redes sociales tienen la posibilidad de transmitir sus mensajes de manera inmediata a un número importante e indeterminado de receptores. Estas características hacen que generen un mayor riesgo de afectar los derechos fundamentales de los involucrados.

 

653. Además, la jurisprudencia ha establecido que, para determinar el impacto de las publicaciones realizadas en la internet o en las redes sociales, las autoridades judiciales deben tener en cuenta que el nivel de buscabilidad y encontrabilidad del mensaje es directamente proporcional al impacto que la divulgación genera en los derechos de terceros. En esa medida, deben evaluar: (i) la buscabilidad del mensaje, es decir, la facilidad que tiene el receptor para encontrar el sitio web en el que está alojado; y, (ii) su encontrabilidad que tiene que ver con el nivel de dificultad que puedan tener las personas para hallar el contenido dentro del sitio web.

 

654. Finalmente, deberá considerar las diferencias establecidas para la protección de los mensajes divulgados a través de medios masivos de comunicación, de libros o de redes sociales.

 

655. La periodicidad de la publicación. Para la Corte, la divulgación reiterada de mensajes que realizan denuncias en contra de terceros reduce el peso de la libertad de información en el balance de los derechos involucrados. Si este tipo de conductas cumplen con el umbral establecido por la jurisprudencia para que se configure acoso o persecución en contra de la persona, la autoridad judicial deberá señalar que el ejercicio del derecho a la libertad de informar fue desproporcionado y amparar las garantías iusfundamentales de los involucrados.

 

656. Grado de protección del mensaje objeto de controversia. Para determinar el ámbito de protección otorgado por la Constitución al mensaje, los jueces encargados de resolver el caso concreto deben valorar los siguientes asuntos.

 

657. La calidad del titular del derecho a la libertad de información. En efecto, la jurisprudencia ha establecido que el ámbito de protección de esta garantía iusfundamental cambia en atención a las condiciones de quienes la ejercen. En concreto, la Corte ha establecido que los periodistas cuentan con una protección constitucional reforzada del derecho a la libertad de informar; mientras que, los funcionarios públicos están sujetos a mayores restricciones que las que pueden imponerse a los ciudadanos del común. Por otra parte, ha señalado que los sujetos marginados o de especial protección constitucional también cuentan con una protección constitucional reforzada en el ejercicio de esta garantía. Esto, toda vez que las medidas que pueden afectar sus derechos se presumen discriminatorias. Por tanto, corresponde examinar si aquellas son necesarias y proporcionadas.[980]

 

658. Faceta de la libertad de expresión ejercida en la situación objeto de análisis. Según la jurisprudencia, los jueces deben verificar que el mensaje haya sido emitido en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información. De ser así, les corresponde evaluar si el emisor cumplió con las cargas, deberes y responsabilidades impuestas para el efecto, entre ellas, (i) observar los principios de veracidad e imparcialidad, (ii) abstenerse de emitir discursos de apología al odio, (iii) evitar incurrir en conductas de persecución o acoso y (iv) respetar los derechos de terceros.  

 

659. Contenido del discurso. Los jueces deben determinar si el mensaje (i) está amparado por alguno de los discursos especialmente protegidos por el ordenamiento constitucional; o, (ii) corresponde a alguno de los discursos prohibidos, los cuales no son objeto de protección constitucional.

 

660. Análisis de la exceptio veritatis. De encontrar probada la afectación de los derechos fundamentales de las personas afectadas, el juez constitucional podrá excusar la responsabilidad del emisor del mensaje “si demuestra haber cumplido, de manera diligente, con la exigencia de veracidad aplicable”.[981]

 

661. Balanceo de derechos. Con fundamento en los análisis previos, las autoridades judiciales deberán comparar la magnitud de la afectación causada a los derechos de terceros con el grado de protección otorgado al mensaje divulgado. Esto, con el fin de determinar si el impacto de la publicación en los derechos fundamentales de terceros resulta compensado por el nivel de satisfacción generado en el derecho fundamental a la libertad de información. De no ser así, el juez del caso deberá tutelar los derechos fundamentales invocados. En todo caso, debe adoptar el remedio constitucional que resulte menos lesivo para la libertad de información.

 

662. Adicionalmente, el remedio constitucional a adoptar debe cumplir con “los requisitos del “test” tripartito desarrollado por la jurisprudencia interamericana”. En esa medida, debe estar orientado a conseguir finalidades constitucionales imperiosas; y, resultar idóneo, necesario y estrictamente proporcionado. De igual manera, en los casos que involucren redes sociales o internet, el juez debe valorar el impacto que podría tener la imposición de una restricción del derecho a la libertad de información respecto de los beneficios que aquella generaría.

 

 

La decisión mayoritaria debió tener en cuenta que los elementos aportados al expediente dan cuenta de los siguientes hechos

 

663. El accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos ha escrito tres libros relacionados con la presunta comisión de delitos sexuales al interior de la Iglesia Católica, uno de ellos con la participación del señor Miguel Ángel Estupiñán. En ellos, señalaron a algunos sacerdotes de haber cometido delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, a otros de haber participado de un abuso sistemático que indujo a un joven en condiciones de vulnerabilidad a la prostitución y a otros de haber encubierto la ocurrencia de estos casos.

 

664. Adicionalmente, han realizado diversas publicaciones en redes sociales y en diferentes medios de comunicación que tienen por propósito denunciar que, a su juicio, la Iglesia Católica es una empresa de crimen organizado, la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, un supuesto abuso sistemático en contra de un joven en condiciones de vulnerabilidad que lo indujo a la prostitución y el encubrimiento de esas conductas por parte de los alto jerarcas de la institución. A continuación, se describe (i) el propósito de los libros aludidos; y, (ii) las denuncias públicas que realizadas por los citados señores fueron acusadas de falsas o de difamatorias por parte de algunas instituciones eclesiásticas y sacerdotes a lo largo del proceso judicial.

 

 

Los Libros escritos por el accionante Juan Pablo Barrientos

 

665. En octubre de 2019, editorial Planeta publicó el libro “Dejad que los niños vengan a mí”, de autoría del accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos, el cual contiene “[s]iete historias, dieciocho sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad, veintisiete víctimas y solo dos condenas”.[982]

 

666. En octubre de 2021, Editorial Planeta publicó el libro “Este es el cordero de Dios”, también de autoría del accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos, el cual contiene la historia de una persona que denunció a 37 sacerdotes por la presunta comisión del delito de inducción a la prostitución. Asimismo, asegura que “[e]n un Estado de Derecho, la Iglesia le entregaría de inmediato a la Fiscalía General todas las denuncias contra sacerdotes que ha recibido en las curias, en toda la historia, por delitos que atentan contra los derechos de los menores de edad. No solo no lo hace, sino que, con la complicidad del ente acusador, pide no investigar a los curas que ya están muertos y los abusos del pasado, ‘que no se documenten los casos de conductas sobre las que haya operado la prescripción de la acción penal’. Con estas diecinueve palabras, la Iglesia católica elimina de tajo a las víctimas de hace cuarenta, treinta, veinte y diez años”.[983] También pone de presente que “[i]ntenté hablar con todos los involucrados, pero ninguno me respondió. Con los datos que encontré pude organizar de manera cronológica, y lo más fidedigna posible, los recuerdos de Pedro a lo largo de veinte años de su vida”.[984]

 

667. En noviembre de 2023, Editorial Planeta publicó el libro “El archivo secreto”, de autoría de los accionantes Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán. Este escrito contiene 12 historias de víctimas de delitos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica durante su infancia y un listado de 585 clérigos católicos denunciados por la supuesta comisión de conductas constitutivas de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes.[985] En esa lista, incluyeron los nombres de cuatro sacerdotes adscritos a la comunidad de los Agustinos Recoletos que estaban en un documento sujeto a reserva con ocasión de la conformación del cuaderno reservado del expediente de la referencia.[986]

 

 

Denuncias públicas en contra de la Iglesia Católica como institución

 

668. En el Libro “Dejad que los niños vengan a mí”: “¿Estamos ante una institución de crimen organizado transnacional? Para David Hickton, exfiscal del distrito oeste de Pensilvania, Estados Unidos, sí. Él es un católico practicante que sorprendió en 2016 con una teoría que puso contra las cuerdas a las casi doscientas diócesis de Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Pidió que se investigara a la Iglesia bajo la Ley Rico, que se aplica para perseguir a la mafia y al crimen organizado”.[987]

 

669. En el Libro “Este es el cordero de Dios”: “Cuando se habla de un grupo del crimen organizado lo primero que se viene a la cabeza es la imagen de unos hombres armados, encapuchados, motorizados, listos para robar, matar o hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Existe otra imagen, menos obvia, pero que también corresponde a una estructura criminal: la de unos hombres educados, vestidos con sotanas o de manera impecable, bien hablados, que dominan varios idiomas, que queman y a los que les queman incienso”.[988]

 

670. Revista SEMANA: “Periodista Juan Pablo Barrientos lanza severa advertencia sobre pederastia en Iglesia católica en Colombia: “Serían cientos de sacerdotes, revelaré detalles” (12 de febrero de 2023). “Estamos ante una empresa del crimen organizado. […] En diálogo con SEMANA, Juan Pablo Barrientos alertó que los casos de pederastia hacen parte de una empresa del crimen organizado transnacional, práctica delictiva que recordó fue calificada de esa manera por las autoridades judiciales de Estados Unidos, en donde Colombia no podía estar exenta. […] “La iglesia de este país se comporta igual que en todas las iglesias católicas del mundo, es la misma institución, es el mismo sistema, y es la misma estructura que ha permitido que por años haya existido sacerdotes pederastas, que por siglos haya permitido que en sus archivos reposen denuncias contra sacerdotes que han violentado niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Barrientos”, “[n]o estamos hablando de manzanas podridas, estamos hablando de un tema netamente estructural”. […] En esta investigación que ya completa cinco años lo más aberrante es saber qué hay una institución que no quiere cambiar, qué hay una institución que protege y promueve a los pederastas y que tiene en sus archivos secretos miles de denuncias, contra sacerdotes pederastas e incluso contra obispos”[989].

 

671. Cuenta de Twitter Juan Pablo Barrientos Hoyos (29 de julio de 2023). “Los católicos están celebrando que el Vaticano, una empresa que ha encubierto a cientos de miles de depredadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, absolvió a uno de los suyos: El tres veces denunciado por pederastia @pcarlosyepes. Y hasta se atreven a exigir retractación”.[990]

 

672. Caracol Radio: “No es una persecución contra la iglesia, sino una investigación necesaria: Juan Pablo Barrientos” (30 de noviembre de 2023). “La iglesia es una estructura de crimen organizado que ha permitido que ocurran estos delitos”; “varios obispos “han sido cómplices porque no han denunciado”; “El cardenal se está protegiendo a él mismo, porque encubrió al menos a nueve sacerdotes pederastas”, “Me asombra la resistencia de los obispos colombianos a entregar los archivos secretos”; “Hay muchos sacerdotes buenos, diría que la mayoría lo son. Pero la Iglesia católica en su estructura de poder es una empresa del crimen”.[991]

 

673. Al dar cumplimiento de las órdenes proferidas por el despacho sustanciador en el Auto del 31 de agosto de 2023, la Secretaría General de la Corte remitió el vínculo que remitía al cuaderno reservado del expediente a 67 personas, entre ellas, los accionantes, las cuales tuvieron acceso al cuaderno reservado del expediente. Ese enlace estuvo activo para consulta por un tiempo aproximado de un día, durante el cual cinco usuarios accedieron a la carpeta y dos de ellos descargaron varios documentos.

 

674. Dentro de esa carpeta se encontraba la intervención de la comunidad de los Agustinos Recoletos en sede de instancia, la cual advertía que la decisión que tomara la Corte podía afectar los derechos fundamentales de 4 sacerdotes incardinados a esa instancia religiosa. Los demandantes publicaron los nombres de esos clérigos en su libro “El Archivo Secreto” y en el portal web Casa Macondo.[992]

 

 

La decisión mayoritaria ha debido concluir que el accionante Juan Pablo Barrientos vulneró el derecho de la sociedad a recibir información veraz e imparcial, al publicar en sus redes sociales y en distintos medios de comunicación que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado

 

675. En los libros “Dejad que los niños vengan a mi” y “Este es el Cordero de Dios”, el accionante Juan Pablo Barrientos denunció que la Iglesia Católica tiene una estructura que le permite encubrir la presunta comisión de una serie de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes por parte de clérigos católicos. Para tal efecto, señaló que tuvo en cuenta (i) las investigaciones adelantadas en contra de la Iglesia Católica de Estados por situaciones similares; (ii) la información aportada por las personas que denunciaron la presunta comisión de delitos sexuales en su contra, por parte de clérigos de la Iglesia Católica colombiana, durante la infancia; (iii) los datos reportados por las autoridades eclesiásticas involucradas; y, (iv) la información recopilada por las autoridades judiciales con ocasión de las denuncias presentadas por estos hechos. Además, aseguró que intentó ponerse en contacto con los sacerdotes denunciados de cometer delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, así como, con aquellos señalados de encubrirlos.

 

676. En ambos libros, el señor Barrientos indicó que la Iglesia Católica parece comportarse como un grupo de crimen organizado. En el primer libro “Dejad que los niños vengan a mí” precisó que retomó esa teoría del manejo que un exfiscal del distrito oeste de Pensilvania, Estados Unidos, le dio a una investigación adelantada en contra de un clérigo católico. Por su parte, en el libro “Este es el Cordero de Dios”, puso de presente la definición de crimen organizado de las Naciones Unidas y reiteró que la Iglesia Católica de Estados Unidos fue investigada bajo esa figura.

 

677. Tanto en sus redes sociales, como en diversos medios de comunicación, el accionante Juan Pablo Barrientos ha asegurado que la Iglesia Católica es “una empresa del crimen organizado”. Así lo hizo en la publicación del 12 de febrero de 2023 de la Revista SEMANA denominada “Periodista Juan Pablo Barrientos lanza severa advertencia sobre pederastia en Iglesia católica en Colombia: “Serían cientos de sacerdotes, revelaré detalles”[993]; en la nota de Caracol Radio del 30 de noviembre de 2023, “No es una persecución contra la iglesia, sino una investigación necesaria: Juan Pablo Barrientos”; y, en la publicación que realizó en su cuenta de Twitter el 29 de julio de 2023.

 

678. Sin embargo, en mi opinión, lo que se señala en estas publicaciones no cumple con el deber de distinguir los hechos de las opiniones, ni con el estándar de veracidad requerido por la jurisprudencia para realizar denuncias públicas sobre la presunta comisión de conductas punibles en redes sociales o en medios de comunicación, porque las frases emitidas por el señor Barrientos no utilizan un lenguaje dubitativo, sino afirmativo. Esto, genera una confusión en los lectores respecto de si la afirmación es un hecho demostrado en un proceso penal adelantado con todas las garantías correspondiente; o, corresponde a una opinión del señor Barrientos.

 

679. Tal y como se explicó previamente, los periodistas deben (i) tener mayor precisión al distinguir la información de las opiniones que emiten; (ii) ser especialmente diligentes en el cumplimiento de las cargas de veracidad e imparcialidad; y, (iii) prever mecanismos para asegurar el equilibrio informativo, cuando divulguen información a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. El cumplimiento de este estándar tiene sustento en la inmediatez e impacto que tiene la información divulgada a través de los medios referidos.

 

680. Según la jurisprudencia, las denuncias públicas sobre la presunta comisión de conductas punibles no necesariamente deben estar soportadas en sentencias condenatorias. Sin embargo, ante la ausencia de este tipo de evidencia, los periodistas deben formular sus afirmaciones de manera dubitativa, para evitar que el lector piense que la información divulgada tiene un grado de certeza. Sin embargo, el periodista simplemente aseguró que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado sin mayores explicaciones. Esto, impide que los lectores puedan diferenciar si la frase corresponde a un hecho o a una opinión del periodista.

 

681. Además, hasta el momento, las autoridades judiciales competentes no han investigado, ni condenado a la Iglesia Católica por su participación en la comisión de conductas punibles de ninguna índole. Tampoco, han identificado que sus integrantes utilicen la estructura institucional para cometer delitos. De manera que, las afirmaciones del accionante en estos medios carecen de veracidad, pues simplemente aseguran que una institución utiliza su estructura para cometer delitos, sin contar con los elementos de prueba necesarios para asegurar que eso es un hecho. En consecuencia, el señor Barrientos desconoció el derecho de la sociedad a “recibir información veraz e imparcial”.

 

682. En este punto, se resalta que la afectación descrita cobra mayor relevancia, por las características de los medios utilizados para divulgar el mensaje. De un lado, la divulgación de información en medios de comunicación no solo tiene un amplio impacto por el número de personas al que llega, sino que genera el imaginario colectivo de que esas afirmaciones están soportados en una investigación previa y rigurosa, de manera que, son ciertas. Difícilmente los lectores de ese tipo de datos proceden a verificar si “los hechos” publicados corresponden o no con la realidad. Por tanto, la divulgación de denuncias públicas sin utilizar un lenguaje dubitativo, en los medios referidos, como lo hizo el accionante, puede conllevar a que la sociedad les atribuya un estándar de verdad y las tenga en cuenta para tomar sus decisiones personales, tales como la permanencia o no dentro del credo religioso.

 

683. Y, del otro, las publicaciones referidas en redes sociales son difundidas de manera inmediata a un número importante de destinatarios, quienes, a su vez, pueden replicar la información sin ningún tipo de control, de manera espontánea. Estas características, aunadas al rol social que ejercen los periodistas en la sociedad, hace que los mensajes emitidos por estos profesionales en redes sociales se propaguen de manera amplia, inmediata e incontrolable en la sociedad, con la presunción de que esa información es cierta. De manera que, la afirmación divulgada en las redes sociales del accionante que cataloga a la Iglesia Católica de Colombia como una empresa del crimen organizado vulneró el derecho de la sociedad a recibir información veraz e imparcial. 

 

684. En consecuencia, la Corte ha debido ordenarle al accionante que modifique o elimine las publicaciones en las que señala que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado, realizadas en los libros citados, en Twitter, actualmente X, en la Revista SEMANA y en Caracol Radio, o en cualquier otro medio de comunicación. Esto, con el fin de garantizar que se ajusten a los estándares de veracidad e imparcialidad exigidos por el artículo de la Constitución y desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación.

 

 

La decisión objeto de disenso debió pronunciarse respecto del presunto abuso de los derechos de petición, de libertad de información y de libertad de prensa, denunciado por las entidades accionadas

 

685. En consecuencia, considero que la Corte debió pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad a la libertad de información y de la Iglesia Católica y sus integrantes que no están relacionados con escenarios de abuso sexual infantil a la honra, al buen nombre, a la libertad religiosa y a la presunción de inocencia. Aunque estos asuntos no fueron abordados por los jueces de instancia, lo cierto es que las entidades accionadas los pusieron de presente desde la contestación a la acción de tutela y hacían parte del debate constitucional. Según las entidades, los periodistas incurrieron en un abuso de sus derechos fundamentales de petición, de la libertad de prensa y de libertad de información, al señalar, sin soporte alguno que, la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado y que sus miembros hacen parte de una red de pederastia.

 

686. En mi opinión, estos asuntos no eran ajenos al debate constitucional y quedaron plenamente soportados en sede de revisión. De modo que, la Corte debió pronunciarse al respecto. Puntualmente, debió reiterar su jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de información en su dimensión de comunicación a la ciudadanía, para señalar que dicha garantía permite que las personas puedan comunicar versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos y, en general, situaciones, para que los receptores conozcan lo ocurrido. Asimismo, debió explicar que el legislador está facultado para regular de una forma más precisa el derecho fundamental a la libertad de información, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha expedido una ley estatutaria para regular el asunto. Por esa razón, el discurso periodístico debe observar las cargas impuestas en la Constitución y en las normas que regulan los derechos fundamentales que pueden entrar en tensión con este precepto constitucional.

 

687. Eso significa que sus titulares deben diferenciar los mensajes que comunican hechos, de los que contienen opiniones.[994] Respecto de los primeros deben garantizar que la información divulgada sea veraz, objetiva e imparcial.[995] Además, quienes divulgan la información deben evitar incurrir en persecución, hostigamiento y cyberacoso[996] y respetar los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra[997] y a la libertad religiosa,[998] entre otros, de terceros. Esa protección cobija las denuncias que (a) realizan una descripción detallada de los hechos; y, (b) presentan argumentos jurídicos para atribuirle a una persona la comisión de una actuación arbitraria, abusiva o delictiva, según corresponda. Con todo, en estos casos, los emisores deben tener especial cuidado a la hora de tratar ese tipo de información y “limitarse a hacer la exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes reciben la información”.^[999] Lo expuesto, porque el uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes o inferencias periodísticas puede conllevar a que el receptor de la información considere como verdadero algo que aún no se ha definido, con fundamento en información falsa. Quienes divulgan mensajes a través de internet o de redes sociales deben ser especialmente diligentes en el cumplimiento de estas cargas de veracidad e imparcialidad.

 

688. Con fundamento en lo expuesto, la Corte debió analizar las publicaciones de los accionantes y concluir que, al menos uno de los periodistas, vulneró el derecho de la sociedad a recibir información veraz e imparcial, al publicar en sus redes sociales y en distintos medios de comunicación que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado. Esto, en la medida en que no cuenta con elementos que así lo demuestren y para proteger los derechos fundamentales de la sociedad y de la institución debió formular estas apreciaciones en un lenguaje claro que evitara confusiones en el lector sobre la información brindada.

 

 

La Sentencia ha debido concluir que el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos incurrió en la conducta de cyberacoso

 

689. Tal y como se estableció previamente, la jurisprudencia ha señalado los ciudadanos incurren en cyberacoso, cuando publican de forma reiterada y sistemática, en sus redes sociales o medios digitales, mensajes que (i) contienen insultos, vejaciones, expresiones desproporcionadas, o, (ii) que relacionan a una persona con la comisión de una conducta punible inequívocamente. En este caso, se observa que el accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos vinculó de forma inequívoca a la Iglesia Católica y a algunos de sus miembros con la presunta comisión de conductas punibles, en sus publicaciones y en redes sociales y en medios digitales en forma tal que las mismas pueden constituir hostigamiento o persecución, en la medida en que han sido reiterativas y sistemáticas.

 

690. En efecto, el periodista ha realizado varias publicaciones en sus redes sociales, en el portal Vorágine periodismo contra corriente y en el portal web Casa Macondo que establecen que la Iglesia Católica es una empresa de crimen organizado y otras que relacionan a varios sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica con la presunta comisión de conductas punibles. En algunos casos, reiteran la información publicada previamente, en otros se formulan nuevas denuncias en contra de otras personas y en algunos casos se repiten las denuncias en contra de algunos jerarcas señalados de encubrir delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Todas ellas giran en torno a la pederastia en entornos religiosos, y responde a un método concreto que permite evidenciar una sistematicidad en las publicaciones cuan las cuales ha pretendido afectar de forma desproporcionada el derecho de los sacerdotes a vivir sin humillaciones. En esa medida, las conductas descritas pueden ser catalogadas de cyberacoso.

 

 

La decisión mayoritaria debió indicar que los accionantes vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de las partes y terceros involucrados en el presente trámite, al divulgar algunos datos que se encontraban en el cuaderno reservado de este proceso

 

691. Mediante Auto del 31 de agosto de 2023, como Magistrado Sustanciador del proceso, dispuse la creación de un cuaderno reservado dentro del expediente de la referencia. Por una conducta que es objeto de investigación disciplinaria, funcionarios de la Secretaría General de esta Corte remitieron el enlace que permitía el acceso a esa parte del expediente a 67 personas, entre ellas, los accionantes, quienes publicaron los nombres de cuatro sacerdotes que estaban en uno de los documentos de esa parte del expediente.

 

692. Esa actuación de los accionantes desconoció el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes en este proceso y vulneró el derecho fundamental al habeas data de los sacerdotes afectados con la publicación. Si bien es cierto que en virtud del artículo 228 de la Constitución las actuaciones judiciales son públicas y los jueces están obligadas a trasladar los documentos del proceso a las partes, también lo es que las partes están obligadas a “proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”.[1000]

 

693. Entre otras cosas, ello implica que, si tienen acceso a documentos públicos sujetos a reserva por virtud de las normas que regulan el habeas data, deben abstenerse de publicar esa información hasta que las autoridades judiciales se pronuncien sobre la controversia y determinen la naturaleza de la información. Lo expuesto, en atención a que el literal h del artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 dispone que “[t]odas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma”, y a la exigencia del artículo 10.1 ejusdem de contar con una orden judicial previa para levantar la reserva documental.[1001] De manera que, al divulgar la información personal de los sacerdotes, sin contar con una autorización judicial previa, los demandantes no solo incumplieron las obligaciones que les impone la ley, sino que afectaron los derechos fundamentales de los sacerdotes involucrados al debido proceso y al habeas data. .

 

694. La publicación de la información ocurrió cuando estaba sujeta a reserva. Por tanto, ha debido exhortarse a los periodistas para que, en futuras oportunidades, se abstengan de divulgar la información de los procesos judiciales de los que hagan parte que esté sujeta a reserva, hasta que las autoridades competentes definan el ámbito de protección de los datos referidos.

 

 

E. LA CORTE HA DEBIDO PRONUNCIARSE SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN ESCENARIO DE DESPROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES QUE AMERITA LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE INVESTIGAR ESTE TIPO DE SITUACIONES Y CON BASE EN ÉL DETERMINAR LA PERTINENCIA DE EJERCER SUS FACULTADES ULTRA Y EXTRA PETITA PARA ADOPTAR DECISIONES ADICIONALES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER PROTEGIDOS DE TODA FORMA DE ABUSO SEXUAL

 

695. En aplicación del principio iura novit curia, los jueces de tutela deben actuar de oficio,[1002] al resolver problemáticas que involucren a sujetos de especial protección constitucional o a personas que tienen limitados sus derechos a la defensa.[1003] Ciertamente, en esos casos, deben valorar los hechos de las controversias sometidas a su consideración y aplicar el derecho vigente, sin restringirse a lo invocado por las partes.[1004] Según la jurisprudencia, cuando el juez constitucional advierta violaciones a los derechos fundamentales que no fueron alegadas por las partes, podrá fallar más allá de lo requerido para asegurar la primacía de los derechos inalienables del ser humano y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.[1005] En todo caso, el ejercicio de esta potestad solo es viable, cuando tiene sustento en los hechos y pruebas que obran en el expediente. Esto, en la medida en que no puede convertirse en una facultad ilimitada e infinita que materialice decisiones arbitrarias. En conclusión, el juez constitucional está facultado para proferir decisiones extra y ultra petita, porque la función principal de la acción de tutela es materializar una defensa real y efectiva de los derechos fundamentales. De manera que, en atención a la informalidad de la acción, el juez constitucional “no está sometido a la causa petendi y puede estudiar la vulneración de otros derechos, así el actor no haya sabido invocarlos”.[1006]

 

696. En este caso, la Corte debió advertir que la información allegada por las partes a este proceso pone en evidencia la presunta comisión de delitos sexuales en contra de varias personas durante su niñez por parte de clérigos católicos, así como un aparente encubrimiento por parte de la institución privada a la que pertenecen. Aunque la mayoría de las denuncias fueron presentadas en la vida adulta de las víctimas, lo cierto es que la ocurrencia de estas conductas las afectó durante su infancia.

 

697. Asimismo, debió considerar que este escenario de desprotección para los niños, las niñas y los adolescentes ya había sido evidenciado por la jurisprudencia. En efecto, no es la primera vez que la Corte reconoce la existencia de un escenario de desprotección para los niños, las niñas y los adolescentes en materia de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. En Sentencia T-091 de 2020, señaló que la presunta comisión de delitos constitutivos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en esa institución es “un asunto de importancia para la sociedad, que, según lo ha resaltado la doctrina internacional y la Iglesia Católica, ha logrado mantenerse oculto por sus perpetradores y cómplices por medio de diversas estrategias y que solo de manera reciente conoce la luz”. Para justificar esa postura, indicó que el Comité de los Derechos del Niño “al referirse a las “decenas de miles de niños en todo el mundo” que han sufrido abusos sexuales por parte de clérigos pertenecientes a la Iglesia Católica” manifestó que: 

 

“c) En los casos en que la Santa Sede ha tratado el abuso sexual de niños, lo ha considerado un delito grave contra la moral, objeto de procedimientos confidenciales que dispusieron medidas disciplinarias que han permitido a la gran mayoría de los abusadores y a casi todas las personas que han encubierto el abuso sexual de niños evadir los procedimientos judiciales en los Estados en que se cometieron esos abusos. d) Debido a un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero so pena de excomunión, los casos de abuso sexual de niños prácticamente nunca se han denunciado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los países en que se cometieron los delitos. En cambio, se ha informado al Comité de casos de monjas y sacerdotes condenados al ostracismo, degradados y apartados del sacerdocio por no respetar el código de silencio, así como casos de sacerdotes felicitados por negarse a denunciar a los que habían cometido abusos sexuales contra niños”.

 

698. Además, resaltó que el Papa Francisco aseguró que “la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad” y profirió una “Instrucción Sobre la Confidencialidad de las Causas” en la que precisó que las noticias o denuncias por abusos sexuales cometidos por sus clérigos no estarían sujetas al secreto pontificio y, en esa medida, pueden entregarse a las autoridades seculares para la adecuada investigación de los hechos.

 

699. A su turno, la Sentencia SU-191 de 2022 retomó los argumentos expuestos y afirmó que “la problemática del abuso sexual de menores de edad en contextos religiosos supone un asunto de relevancia social que ha sido abordado en diferentes latitudes. Por ejemplo, en Francia se publicó recientemente que cerca de 216.000 menores de edad fueron víctimas de pederastia en la Iglesia católica durante los últimos 70 años”. Asimismo, al analizar el caso concreto, aseguró que el caso debe estudiarse con fundamento en el rol que han ocupado los medios de comunicación en poner en el debate público los presuntos abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes cometidos en la Iglesia Católica. Al respecto, afirmó que:

 

“Por ejemplo, en España los protagonistas han sido los medios de comunicación cuando un reconocido diario habilitó un buzón para recibir denuncias sobre abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de la Iglesia Católica. A partir de los testimonios directos de las víctimas, el medio ha consolidado una base de datos. Sin embargo, su investigación comenzó con la circulación de un cuestionario a diferentes diócesis de toda España, al que, en su momento, 18 contestaron. De ellas, únicamente 4 admitieron la existencia de un caso en cada una. Otras 5 afirmaron no tener ninguno registrado y las últimas 9 evadieron las preguntas. A raíz de la publicación de casos gracias a investigaciones periodísticas se posicionó el tema en el debate público. Sin embargo, en febrero de 2021, el diario señaló que “[l]a mitad de las diócesis no han respondido al cuestionario de este diario, después de tres semanas”.

 

En Estados Unidos también se han presentado situaciones similares, por ejemplo, un caso relacionado con el acceso a los documentos de los procesos judiciales de 23 sacerdotes que habían sido condenados por abuso sexual a menores de edad en el año 2001. En 2009, cuatro periódicos (entre ellos el Boston Globe y el New York Times) solicitaron acceso a los expedientes judiciales y la Iglesia católica se opuso a la solicitud bajo el alegato de que se podía afectar el derecho a la intimidad de las personas involucradas en los litigios en cuestión. La Corte Suprema de Justicia del Estado de Connecticut concedió la petición de los medios de comunicación y ordenó hacerles entrega de los documentos solicitados. La Iglesia Católica apeló la decisión ante la Corte Suprema federal y esta rechazó el recurso, por lo cual se permitió el acceso de los periodistas a los expedientes judiciales”.

 

700. Con fundamento en ello, debió advertir el presunto desconocimiento del deber de la sociedad, las familias y el Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual, previsto en el artículo 44 superior; y, en aplicación del principio iura novit curia, hacer uso de sus facultades ultra y extra petita para analizar la presunta vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de relación con la Iglesia Católica.

 

701. En sede de revisión, las propias autoridades eclesiásticas remitieron los listados de los clérigos denunciados por violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Esa información demuestra que el número de clérigos sancionados por este tipo de conductas tanto en el derecho canónico, como en la justicia ordinaria es muy bajo, en comparación con otros contextos de abuso sexual infantil como el que ocurre en el escenario familiar. Estos elementos, aunados a los que se encuentran en el derecho comparado, constituyen un indicio de la existencia de un contexto religioso que, al parecer, facilita la comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Tal y como se advirtió previamente, la investigación rigurosa de posibles casos de abuso sexual en contextos religiosos, por parte de las autoridades encargadas del asunto, cumple un papel fundamental no solo para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, sino también para aportar una comprensión más precisa de los escenarios en los que estos hechos ocurren.

 

702. Las agresiones sexuales en ámbitos religiosos constituyen situaciones especialmente graves y socialmente repudiables, así la evidencia disponible muestre que no representan el entorno de mayor incidencia, pues la mayoría de estos casos se producen en contextos familiares. Por ello, reconocer esta realidad no busca minimizar la importancia de vigilar o investigar lo que sucede en las instituciones religiosas, sino orientar las acciones hacia una protección más efectiva, basada en los riesgos que realmente enfrentan los niños.

 

703. En atención a lo expuesto, la decisión mayoritaria debió determinar si las autoridades eclesiásticas y las entidades públicas encargadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual han desconocido o no sus deberes constitucionales para prevenir la comisión de delitos sexuales en diferentes escenarios, incluidos los de carácter religioso y para investigar y ulteriormente judicializar y sancionar las conductas ya cometidas.

 

704. En ese sentido, la sentencia debió (i) precisar el alcance del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de toda forma de abuso sexual, en especial, en aquellos escenarios en los que tienen mayor incidencia; y, (ii) exigir de todas las autoridades la adopción de políticas públicas para evitar la comisión de conductas sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Esto, con el fin de precisar que (iii) las medidas implementadas hasta el momento resultan insuficientes no solo para contrarrestar los escenarios de violencia sexual que ocurren en distintos escenarios, sino para contar con la información necesaria para diseñar una política pública que en realidad responda a las particularidades del abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en cualquier escenario.

 

 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de toda forma de abuso sexual. Estándar nacional e internacional.

 

705. En el abuso sexual infantil siempre existe una relación asimétrica de poder entre la víctima y el victimario que puede o no estar marcada por la edad.[1007] Adicionalmente, las organizaciones internacionales han destacado que los niños y las niñas desarrollan un concepto propio de lo que les ocurre de conformidad con su edad y madurez. Además, dependen social, emocional y económicamente de los adultos encargados de su cuidado personal. De manera que, son más propensos que los adultos a ser engañados en escenarios de abuso o explotación y, generalmente, no comprenden que las actuaciones desplegadas en su contra son dañinas, incorrectas o criminales. Asimismo, han destacado que los niños suelen desarrollarse en entornos culturales que no los alientan a expresar sus emociones y sentimientos. Esta situación, aunada al miedo o a la angustia que les generan sus agresores, en especial cuando hacen parte del mismo núcleo familiar, desincentiva que denuncien las conductas de las cuales son víctimas.[1008]

 

706. Un estudio reciente de UNICEF destacó que la adolescencia es el periodo de mayor vulnerabilidad en estos asuntos. Con fundamento en los datos recolectados de 60 países, advirtió que aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que sufrieron escenarios de violencia sexual durante su infancia manifestaron que los hechos violentos ocurrieron entre los 14 y los 17 años; mientras que, las dos restantes manifestaron que fueron victimizadas antes de los 13 años. Algo similar evidenció respecto de los niños. En esa oportunidad, estudió los datos aportados por 15 países sobre el asunto y concluyó que 7 de cada 10 hombres jóvenes víctimas de violencia sexual durante su infancia afrontaron esas conductas violentas entre los 14 y los 17 años. Los tres restantes aseguraron que los hechos victimizantes ocurrieron cuando eran menores de 13 años.[1009] Aunque la entidad identificó que la cantidad de datos disponibles sobre estas afectaciones es menor, aseguró que algunos estudios sugieren que los hombres son menos dados a denunciar este tipo de situaciones, por diferentes razones, entre ellas, el miedo a ser vistos como vulnerables o indefensos.[1010]

 

707. Asimismo, explicó que la mayoría de las mujeres víctimas tardan en decir que fueron agredidas sexualmente. Es más, 7 de cada 10 mujeres que fueron víctimas de estas conductas nunca se lo manifiestan a otra persona. Eso significa que solo 3 de ellas comunican su experiencia, de las cuales solo dos buscan apoyo de terceros, pero muy pocas consideran la idea de acudir a una asistencia formal.[1011]

 

708. A su turno, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que en el año 2025 practicó 16.533 exámenes medicolegales por presunto delito sexual, de los cuales 2.302 fueron practicados en hombres. Asimismo, señaló que la mayoría de las víctimas de estas conductas están entre los 10 y 14 años de edad y se encuentran en el ciclo vital de la adolescencia. Finalmente, reportó que Bogotá es el lugar con mayor número de reportes por este tipo de conductas.[1012]

 

709. Por su parte, otras organizaciones han advertido que los agresores suelen ser personas cercanas a los niños, las niñas y los adolescentes, como, por ejemplo, integrantes de su familia, amigos o parejas sentimentales. Con todo, UNICEF aseguró que el 14% de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante su infancia y el 5% de los hombres que cumplían con las mismas condiciones fueron agredidos por extraños.[1013] Estas personas suelen ejercer una posición de dominio respecto de sus víctimas y utilizan diversas estrategias para lograr su cometido, entre ellas, las amenazas, la seducción, el engaño, la mentira, el chantaje, el abuso de una posición de confianza o de autoridad, el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima, el uso de la fuerza o la violencia psicológica.[1014]

 

710. Al respecto, algunos académicos han resaltado que los padres biológicos suelen ser los principales responsables de los abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, seguidos por los familiares cercanos, luego por los conocidos de la familia y, finalmente, por los desconocidos.[1015] Con fundamento en ello, algunos estudiosos del tema han clasificado a los abusadores en dos categorías.[1016] La primera de ellas corresponde a la de los agresores extrafamiliares que está compuesta por personas con impulsos, intereses y fantasías sexuales, que suelen ser solitarias y no han tenido relaciones sexuales exitosas. Y, la segunda es la de los abusadores intrafamiliares, endogámicos o incestuosos. Esta se conforma por personas que suelen dirigir su interés sexual preferentemente a las niñas de su familia, tienen una buena integración social y suelen mantener una fachada intachable. De modo que, los niños, las niñas y los adolescentes no están a salvo de este flagelo en ningún lugar. De hecho, los lugares que deberían representar los niveles más altos de seguridad para ellos son los que les generan mayores riesgos.[1017] Sin embargo, en Colombia, existe una opacidad importante respecto de los lugares en los que suelen ocurrir estas conductas y de las características de los agresores, porque los sistemas de información de las entidades encargadas de investigar este tipo de conductas no cuentan con descriptores idóneos que permitan establecer con claridad en qué lugares se cometen estos delitos y las características que suelen tener los agresores sexuales.

 

711. En atención a este flagelo, el artículo 44 de la Constitución establece, entre otros asuntos, que los niños tienen derecho a su integridad física, serán protegidos de toda forma de abuso sexual y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. Asimismo, determina que “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”[1018]. Por su parte, frente a los adolescentes, el artículo 45 dispone que tienen “derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.[1019]

 

712. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 19 y 34, establece que los Estados parte se comprometen a proteger al niño de toda forma de explotación y abuso sexual, a través de la adopción de las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que resulten apropiadas para enfrentar ese flagelo.[1020] En especial, aquellas “de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.[1021]

 

713. Asimismo, en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,[1022] los Estados parte se comprometieron a: (i) penalizar las conductas relacionadas con la prostitución y la pornografía infantil;[1023] así como, (ii) a adoptar “las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual”.[1024]   

 

714. A nivel regional, la Convención interamericana sobre Derechos Humanos dispone que los niños tienen derecho a que la familia, la sociedad y el Estado adopten todas las medidas de protección que requieran.[1025] A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” reconoce que todas las mujeres y niñas tienen derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en el ámbito público y privado, incluida, aquella de tipo sexual.[1026] De igual forma, dispone que los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, con especial atención a la situación de vulnerabilidad de las niñas.[1027]

 

715. En este punto, resulta oportuno señalar que Colombia ratificó los tratados internacionales mencionados. Ello significa que hacen parte del ordenamiento jurídico interno y, en virtud del artículo 93 superior, integran el bloque de constitucionalidad. Por tanto, constituyen fundamento normativo para proteger a los niños, las niñas y los adolescentes de cualquier tipo de violencia o abuso sexual.

 

716. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional ha precisado las obligaciones expresas que deben cumplir el Estado, la sociedad y la familia, para enfrentar el fenómeno de la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. En concreto, se ha pronunciado respecto de (i) el deber de las instancias mencionadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes de los riesgos prohibidos; (ii) el imperativo social de denunciar la comisión de este tipo de conductas; y, (iii) las obligaciones del Estado en materia de prevención, investigación, judicialización y sanción de las conductas que constituyen abuso sexual en contra de esta población.

 

717. Con fundamento en las normas descritas, la jurisprudencia ha establecido, de forma reiterada, que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de asistir y proteger a los niños para garantizarles un desarrollo armónico e integral. Ello involucra el deber de protegerlos de todo riesgo prohibido que pueda amenazar o perturbar su integridad y su proceso de desarrollo armónico, como, por ejemplo, el abuso y explotación sexual. Asimismo, ha resaltado que los padres tienen un rol trascendental en el cuidado y atención de sus hijos, el cual ejercen a través de la institución jurídica de la patria potestad. Sin embargo, el ejercicio de esa potestad no puede generar riesgos prohibidos en su desarrollo.[1028]

 

718. Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en advertir que todos los integrantes de la sociedad tienen el deber de denunciar, de manera inmediata, ante las autoridades competentes los hechos que puedan constituir violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, en especial, si tienen a cargo el cuidado de esta población. Para la Corte, el cumplimiento de esta obligación no se extingue cuando la víctima cumple su mayoría de edad, ni puede supeditarse a una valoración previa de los hechos para determinar si la conducta conocida constituye o no delito, pues esa evaluación es exclusiva del ente acusador. De manera que, las personas naturales o jurídicas que conozcan de la presunta ocurrencia de un hecho de contenido sexual en contra de una persona durante su infancia deben poner esa situación en conocimiento de las autoridades competentes para que sean ellas quienes determinen si hay lugar o no a adelantar una investigación penal por esos hechos.[1029]

 

719. Por otra parte, en múltiples ocasiones, esta Corte ha analizado acciones de tutela dirigidas a obtener la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, en procesos penales y administrativos. En esos escenarios, se ha destacado que el Estado no solo tiene el deber de investigar, judicializar y sancionar la comisión de este tipo de conductas, sino que le corresponde adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas y garantizar su no repetición, especialmente, en el ámbito doméstico.

 

720. De manera reiterada, la jurisprudencia ha advertido que el recaudo probatorio, en las investigaciones adelantadas por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, resulta especialmente difícil, porque este tipo de conductas suelen ocurrir en lugares alejados de los testigos. Es más, algunas de ellas no dejan rastros en los cuerpos de las víctimas. Por esa razón, ha destacado la importancia de adelantar investigaciones que atiendan al principio de la debida diligencia y que otorguen un peso importante a la valoración de los indicios, del testimonio de los niños y de las pruebas técnicas sobre el estado psicológico de las víctimas.

 

721. En esa misma línea, ha advertido que las autoridades judiciales encargadas de investigar la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes deben actuar de conformidad con el mandato de la debida diligencia y observar el principio del interés superior de las víctimas. Ello significa, entre otras cosas, que deben desplegar todas las actuaciones necesarias para recolectar los elementos materiales probatorios que tengan a su disposición, sin revictimizar a los niños, ni desconocer sus derechos fundamentales. Asimismo, deben les corresponde valorar las declaraciones rendidas por la víctima de manera conjunta con las demás pruebas disponibles en el expediente. En esa medida, deben evitar excluir esos elementos materiales probatorios del proceso con fundamento en argumentos meramente formalistas.[1030]

 

722. Por otra parte, la jurisprudencia ha señalado que las instituciones relacionadas con la investigación, judicialización y sanción de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes deben valorar las condiciones fácticas de la víctima y atender a varios criterios jurídicos, como la aplicación transversal del interés superior del niño al proceso. Eso significa que deben realizar una investigación diligente, integral y oportuna de los hechos que atienda al principio del interés superior de la víctima. En esa medida, deben evitar incurrir en conductas que den lugar a la terminación anticipada de la investigación o del proceso. Además, deben atender al principio del interés superior del niño durante el recaudo probatorio y la valoración de esos elementos. Esto, en la medida en que en que la violencia sexual suele ocurrir en espacios en los que no hay testigos. De manera que las pruebas psicológicas, los indicios y el testimonio de los a cobra especial relevancia.[1031]

 

723. En materia de acuerdos y preacuerdos, la Corte ha considerado que las autoridades que celebran este tipo de negociaciones incurren en un defecto fáctico. En consecuencia, ha revocado las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ese sentido. En ese contexto, la jurisprudencia ha considerado las autoridades judiciales no están habilitadas para celebrar acuerdos o preacuerdos dirigidos a reducir la pena a imponer, ni para otorgar principios de oportunidad en procesos penales adelantados por la comisión de un delito sexual en contra de un niño, niña o adolescente. Esta prohibición cobija a todos los delitos, actualmente, contemplados en el Titulo IV de la Ley 599 de 2000, siempre que la víctima tuviera menos de 18 años, al momento de la comisión de la conducta. Con todo, en atención al principio del interés superior de los niños, las autoridades podrán aplicar principios de oportunidad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.[1032]

 

724. Adicionalmente, la Corte aplicó el principio del interés superior para resolver otras controversias procesales. En ese sentido, estableció las autoridades judiciales tienen el deber de aplicar el mandato de la debida diligencia en las investigaciones que adelanten por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ello exige el cumplimiento de ciertas obligaciones tanto positivas, como negativas, entre ellas, la estricta observancia del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el acatamiento del mandato de prevalencia de los derechos de los niños y la verificación de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el caso. Además, requiere la valoración de los testimonios rendidos por las víctimas con especial diligencia. Estos criterios cobijan todas las investigaciones por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de 18 años, sin importar si la denuncia fue presentada durante la adultez de la víctima.[1033]

 

 

 

Política pública establecida por el Estado para proteger a los niños de la violencia sexual perpetrada en espacios religiosos

 

725. Con fundamento en el marco constitucional descrito, el Legislador ha proferido varias normas que pretenden establecer lineamientos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de abuso sexual. Puntualmente, determinó que la libertad, integridad y formación sexual de esta población son bienes jurídicos de especial relevancia que ameritan una especial protección y, en esa medida, penalizó las conductas que atenten en su contra. Así, en el Titulo IV del Código Penal (Ley 599 de 2000 con sus respectivas modificaciones), tipificó las conductas que desconocen los derechos mencionados y estableció unas sanciones ejemplarizantes para la comisión de este tipo de conductas.[1034] Incluso, agravó las sanciones previstas para algunos delitos, cuando el autor toma ventaja “de una relación de superioridad, deber de cuidado o parentesco con la víctima, por ser su pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o primero civil”.[1035]

 

726. Adicionalmente, penalizó la omisión de denuncia de estas conductas[1036] y estableció que las personas condenadas por la comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, quedarán inhabilitadas “para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad”.[1037] Por su parte, en el Código de Procedimiento Penal, reguló la práctica de la entrevista forense como mecanismo idóneo para recibir los testimonios de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas conductas y estableció que el resultado de esa diligencia sería tenido en cuenta como elemento material probatorio en el proceso.[1038] En aplicación de estas normas, las autoridades judiciales han conocido de algunas denuncias presentadas en contra de clérigos católicos por la presunta comisión de abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes.[1039]

 

727. Por su parte, en la Ley 679 de 2001,[1040] dictó medidas administrativas, presupuestales, policivas y penales para afrontar las diferentes formas de abuso sexual con personas menores de 18 años. Entre ellas, (i) creó una comisión de expertos encargada de impedir el aprovechamiento de las redes globales de información para la “explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad”;[1041] (ii) dispuso una serie de mecanismos para evitar el uso de las redes de información para cometer conductas de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes;[1042] y (iii) ordenó a varias entidades públicas desarrollar un sistema de información sobre los delitos contra la libertad y la integridad sexual que se cometan en contra de niños, niñas y adolescentes.[1043]

 

728. Por otra parte, la norma dispuso que el Ministerio de Comunicaciones estaría encargado de incentivar la adopción de mecanismos de autorregulación y de códigos de conducta sobre el manejo de las redes de información globales.[1044] Asimismo, previó que los proveedores o servidores, administradores y usuarios de estas redes tienen prohibido alojar o divulgar información relacionada directa o indirectamente con abuso sexual; y, debían denunciar, combatir, establecer mecanismos técnicos de bloqueo de material pornográfico o ilegal asociados con abusos en contra de personas menores de 18 años.[1045]

 

729. Posteriormente, el Código de la Infancia y la Adolescencia dispuso que los asuntos relativos a los niños, niñas y adolescentes deben orientarse a materializar su interés superior, es decir, “a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”, de esta población.[1046] Asimismo, precisó que la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo aplica en los casos que representan un conflicto con los derechos de otras personas, sino en las controversias entre disposiciones normativas.[1047]

 

730. Por otra parte, estableció que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos de toda forma de abuso sexual, en especial, de aquellas que provienen de “sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario” (énfasis añadido);[1048] e, impuso obligaciones concretas para materializar este propósito. En concreto, determinó que:

 

· El Estado está obligado, entre otras cosas, a: (i) diseñar las políticas públicas necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y prevenir las amenazas o afectaciones a los mismos; (ii) investigar, judicializar y sancionar los delitos cometidos en contra de las personas menores de 18; y, (iii) prevenir y atender la violencia sexual.[1049]

 

· La Policía de Infancia y adolescencia debe adelantar labores de inteligencia para combatir las redes criminales que están dedicadas a la distribución y comercialización de pornografía infantil a través de Internet o cualquier otro medio, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.[1050]

 

· Los integrantes del sistema de seguridad social en salud deben capacitar a su personal para que puedan detectar y denunciar ante las autoridades competentes, entre otras cosas, el abuso, la explotación y la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes.[1051]

 

· Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales deben intervenir, cuando adviertan situaciones que amenacen o menoscaben los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, deben dar aviso o denunciar los delitos o conductas que los afecten.[1052] 

 

· Las instituciones educativas deben proteger eficazmente a sus estudiantes menores de 18 años de toda forma de maltrato. Además, los directivos, los docentes y la comunidad educativa en general tienen que activar los mecanismos necesarios para detectar de forma oportuna los casos de abuso sexual y brindar el apoyo y la orientación en estos casos.

 

· La familia debe abstenerse de incurrir en conductas que constituyan abuso sexual y asistir a los centros de orientación tratamiento en los casos requeridos.[1053]

 

731. Finalmente, el Código ejusdem estableció unas garantías especiales para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos. En concreto, dispuso que, en los procesos que se adelanten por estos casos, los funcionarios judiciales deben tener en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos y protección integral, así como, los derechos previstos en el ordenamiento jurídico.[1054] Para el efecto, previó unos criterios específicos que los funcionarios encargados de adelantar estos casos deben observar[1055] y prohibió la confrontación entre la víctima y el agresor.[1056]

 

732. Adicionalmente, mediante Ley 1146 de 2007, modificada por la Ley 2137 de 2021,[1057] creó el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual.[1058] Aquel está encargado, entre otras cosas, de formular las políticas y los programas que deben ejecutar las entidades responsables de prevenir el abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes y de atender integralmente a las víctimas de estas conductas. Además, le corresponde (i) diagnosticar el fenómeno de este tipo de violencia; (ii) emitir conceptos, estudios y propuestas para garantizar la prevención de la violencia sexual en contra de esta población; (iii) construir el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes; y, (iv) presentar un informe anual a las Comisiones Séptimas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, sobre la gestión adelantada por la institución.[1059] El ICBF tiene a cargo la secretaría técnica permanente de este organismo.[1060]

 

733. En esa misma norma, estableció una ruta de atención integral en salud para las víctimas y un mecanismo de divulgación a cargo del Gobierno Nacional para sensibilizar a la población sobre la violencia sexual.[1061] Asimismo, precisó que las instituciones educativas deben contar con un sistema de identificación temprana de violencia sexual en las aulas, denunciar la presunta comisión de estas conductas y dictar una catedra sobre educación sexual.[1062] También, reiteró que la sociedad está obligada a denunciar la presunta comisión de estas conductas punibles dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.[1063] Finalmente, estableció que ICBF debe verificar que los niños, niñas y adolescentes acogidos en instituciones y establecimientos de protección no sufran un deterioro de su salud emocional y psicológica.[1064]

 

734. Con fundamento en las disposiciones expuestas, mediante Resolución N°8376 del 4 de julio de 2018, aprobó el Lineamiento técnico para la atención a niños, niñas y adolescentes, con derechos amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual, el cual debe ser aplicado por los servidores públicos y entidades que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar. Este lineamiento establece dos modalidades de atención, cuya aplicación depende de las condiciones fácticas de la víctima. Si cuenta con una red familiar, la institución implementará las actuaciones propias del apoyo y fortalecimiento familiar. De lo contrario, procederá con la modalidad de atención establecida para medios distintos a la familia o a la red vincular. Asimismo, divide el protocolo de acción en tres fases, a saber: (i) identificación, diagnóstico y acogida; (ii) intervención y proyección; y, (iii) preparación para egreso y egreso. Este lineamiento técnico prevé la importancia de capacitar a las instituciones religiosas para que puedan apoyar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas conductas. En todo caso, no las identifica como escenarios de riesgo, ni establece mecanismos específicos para atender a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en escenarios religiosos.

 

735. Por su parte, el Comité referido le informó a esta Corporación, en el marco del proceso, que las actuaciones que ha desplegado hasta el momento son transversales a todos los entornos en lo que puedan generarse este tipo de agresiones. Incluso, aquellos en los que suelen mediar relaciones asimétricas de poder entre la víctima y el agresor. De modo que, no existe una política especializada en la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en escenarios religiosos.

 

736. Con todo, destacó la aprobación del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias sexuales contra la niñez, a través del Decreto 1710 de 2020, el cual promueve una priorización territorial para este tipo de casos. Además, señaló que “ha abordado la violencia sexual desde un enfoque integral, territorializado y basado en la prevención de relaciones abusivas de poder, actuando frente a todos los contextos de riesgo, incluido el religioso. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a vivir libres de violencia, con respuestas estatales adecuadas, oportunas y coordinadas”.[1065]

 

737. Asimismo, resaltó la adopción del “Protocolo y Modelo de Atención Integran en Salud para Víctimas de Violencia Sexual”, mediante la Resolución 459 de 2012 y la Circular 016 de 2014. De igual forma, manifestó que el Instituto de Bienestar Familiar realiza todas las gestiones administrativas para restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de este tipo de violencia. También, indicó que la Fiscalía General de la Nación (i) creó la unidad especializada de investigación para los delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, en cumplimiento de la Ley 2205 de 2022; (ii) reasignó del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y del programa de prevención Futuro Colombia al despacho de la Fiscal General de la Nación; (iii) implementó una estrategia de priorización para investigar los casos denunciados por Juan Pablo Barrientos Hoyos; y, (iv) priorizó el fenómeno delictivo de la violencia sexual en escenarios religiosos. Frente a las denuncias del periodista, el Comité informó que el ente acusador identificó 216 casos para 157 personas, en los cuales realizó gestiones de impulso procesal con el fin de continuar con los procesos o de proceder a emitir decisiones definitivas, en los casos inactivos. Asimismo, identificó un universo de 419 personas sin casos creados. En esos eventos, creó las respectivas noticias criminales y emitió las órdenes a policía judicial oportunas. Como consecuencia de esas actuaciones, identificó a 82 personas, respecto de las cuales ha desarrollado la investigación correspondiente. En todo caso, destacó que enfrenta varias dificultades en su investigación por el volumen de la información recibida.[1066]

 

738. Con todo, ni el Comité, ni la Fiscalía, aportaron los actos administrativos de priorización del fenómeno de la violencia sexual en escenarios religiosos y de creación del grupo especial para atender ese tipo de conductas delictivas.

 

739. Por su parte, el Comité tampoco remitió cifras sobre el asunto, ni caracterizó la incidencia de este fenómeno en la sociedad. Únicamente se limitó a señalar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con un sistema de información que le impide identificar el rol o la naturaleza de los agresores. Esto, en la medida en que la información registrada por la entidad está centrada en la víctima y en el correspondiente restablecimiento de sus derechos fundamentales.

 

740. Recientemente, el Congreso de la República (i) creó el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes; y, (ii) adoptó medida para reducir los principales factores de riesgo de violencia sexual durante la infancia en Colombia, a través de la Ley 2137 de 2021. Este mecanismo no solo pretende monitorear la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, sino garantizar una respuesta rápida y oportuna a los riesgos identificados a través de la articulación de las autoridades correspondientes.[1067] Para materializar estos propósitos, el Legislador estableció que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Fiscalía General de la Nación estarían encargadas de determinar la forma o el mecanismo que debería utilizarse para operar el sistema referido. Además, determinó que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma, el Gobierno Nacional reglamentaría “las funciones, competencias, y componentes del Sistema de Alertas Tempranas”[1068] y formularía “la Política Pública de Acceso a la Justicia y Prevención de Delitos Sexuales Contra Niños Niñas y Adolescentes”,[1069] con la asistencia del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual.[1070]

 

741. Con fundamento en esta reglamentación general, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que encontró civilmente responsables a un sacerdote condenado por abusar sexualmente de dos niños y a la Diócesis del Líbano-Honda, por los daños causados a las víctimas. En esa oportunidad, consideró que la institución eclesiástica tenía el deber de reparar los daños causados por sus representantes, cuando incumplen la misión pastoral que de ellos se esperan. En consecuencia, mantuvo la condena emitida por los jueces de primera y segunda instancia.[1071]

 

742. Aunque las normas y políticas descritas aplican a los escenarios de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes en escenarios religiosos, lo cierto es que dichas políticas no responden a las particularidades de este escenario. Lo expuesto, en la medida en que no tienen en cuenta el rol de superioridad que asumen los ministros respecto de los niños que practican determinada religión, las barreras morales y espirituales que afrontan para denunciar estas conductas, la facultad que tienen los credos y las instituciones religiosas de regular sus propios asuntos, ni las particularidades de la violencia espiritual que padecen estás víctimas, la cual, en muchas oportunidades, les impide restablecer su relación con el Ser Supremo.

 

743. Tal y como lo advertí previamente, la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes por ministros religiosos involucra un escenario de violencia espiritual.[1072] Esto, en la medida en que se perpetua a través de medios religiosos para violar la trascendencia espiritual de una persona. Aquella puede, incluso, causar un trauma religioso que transforme sus creencias respecto de Dios o las experiencias emocionales de miedo o desconfianza extremas por el Ser Divino o por la congregación como tal.[1073]

 

744. Las víctimas de abuso sexual por parte de religiosos suelen creer que los clérigos, ministros o sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra. Los niños, en especial, suelen equiparar a la persona con Dios. Así las cosas, el abuso sexual de quien es dotado de autoridad religiosa por parte de la comunidad puede dar el mensaje de que Dios condona o aprueba el abuso. Algunos agresores sitúan o justifican la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con enseñanzas religiosas, otros manifiestan que el abuso es la voluntad de Dios y otros amenazan a las víctimas al precisarles que si informan a alguien de la situación Dios las castigará severamente. Este tipo de abusos suele tener lugar en lugares sagrados como altares, sacristías o confesionarios, a veces con el uso de objetos sagrados como crucifijos, rosarios o agua bendita. Cuando el agresor usa objetos, símbolos, lenguaje o rituales religiosos como instrumentos para cometer la violación sexual, el trauma es experimentado frecuentemente como si tuviera una causa o fuente religiosa o, incluso, divina.[1074]

 

745. En efecto, las víctimas de abusos sexuales perpetuados por los clérigos o ministros de sus iglesias perciben marcadas consecuencias en su espiritualidad y religiosidad. Para muchos sobrevivientes de traumas de índole sexual, la espiritualidad es un pilar importante de soporte y hace parte del proceso de sanidad. Con todo, para las víctimas de clérigos o religiosos esa espiritualidad o religiosidad es su mayor fuente de dolor.[1075] Por ejemplo, en el catolicismo, las víctimas suelen abandonar por completo esa iglesia, aunque se identifican como cristianos y frecuentemente muestran una desconfianza significativa en los clérigos y en la iglesia. Mas allá de la Iglesia, las víctimas pueden experimentar cambios en su relación con Dios y en general en su espiritualidad.[1076]

 

746. La mayoría de las víctimas explicaron que perdieron su fe, situación que tiene un impacto particular en estas personas que tenían fundados sus valores morales, sus relaciones sociales y su vida diaria en su religión.[1077] Esta situación, a veces, las deja con la sensación de que perdieron su hogar espiritual, de un lado, no pueden soportar entrar a una congregación que les causó un daño de tal magnitud. Y, del otro, no quieren pertenecer a otro credo, porque su identidad religiosa o sus creencias corresponden a las de la institución en la que fueron agredidos.[1078]

 

 

Actuaciones desplegadas por las autoridades eclesiásticas católicas para evitar la comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes

 

747. Las autoridades eclesiásticas que intervinieron en sede de revisión aseguraron que la Iglesia fijó un procedimiento universal para el trámite de las denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los clérigos católicos por la presunta comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, el cual se encuentra contemplado en el Vademécum, sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos del 16 de julio de 2020, recientemente actualizado. Al respecto, señalaron que esta disposición no modifica las reglas del derecho canónico, sino que establece la forma en la que deben cumplirse las disposiciones previstas en (i) el Motu proprio: Sacrementorum Sanctitatis Tutela; (ii) la Carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe “Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de líneas guía para tratar los casos de abuso a menores por parte del clero” del 3 de mayo de 2011; (iii) el Motu proprio: Como una madre amorosa, del 4 de junio de 2016; (iv) el Motu PROPRIO: Vos estis lux mundo del 7 de mayo de 2019; y, (v) la promulgación del nuevo Libro VI del Código de Derecho Canónico del 23 de mayo de 2021.[1079]

 

748. El Vademécum, sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos establece que las autoridades eclesiásticas que reciban una denuncia por la presunta comisión de un delito de abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes deben determinar la verosimilitud de la conducta, antes de iniciar la investigación previa. Según el párrafo 18 del documento, solo se formulará el juicio sobre la ausencia de verosimilitud, ante la “imposibilidad manifiesta de la comisión del delito a tenor del derecho canónico: por ejemplo, si resulta que, en las fechas en las que se supone se perpetró el delito, la persona no era clérigo todavía; si es evidente que la presunta víctima no era menor (sobre este punto cf. n. 3); si es un hecho notorio que la persona señalada no podía estar presente en el lugar del delito en el momento en que habrían sucedido los hechos que se le imputan”[1080]. En caso tal de que se configure la ausencia de verosimilitud, las autoridades eclesiásticas deben guardar la documentación con una nota que explique las razones por las cuales fue tomada esa decisión y remitir la denuncia a las autoridades civiles competentes para investigar la conducta. Esto último, siempre que consideren que “esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos”,[1081] aun cuando el ordenamiento jurídico del país no contemple explícitamente este deber.

 

749. Respecto de las denuncias que son admisibles, el documento referido dispone que el jerarca que recibió la denuncia o la persona de su confianza que designe debe adelantar la investigación previa de la conducta, so pena de incurrir en el delito previsto en el artículo 1 del motu proprio “Como una madre amorevole”. Una vez culmine esta etapa, deberá remitir los originales al “archivo secreto de la Curia”[1082] y enviar copia autentica de las actas del proceso a la oficina del Dicasterio para la Doctrina de la fe[1083]. Esta última autoridad estudiará atentamente las actas y, a partir de ello, (i) archivará el caso; (ii) pedirá un complemento de la investigación previa; (iii) impondrá medidas disciplinares no penales, ordinariamente mediante un precepto penal, remedios penales, penitencias, amonestaciones o reprensiones; (iv) abrirá un proceso penal; o, (v) sugerirá otras vías de solicitud pastoral. Esta decisión será notificada al ordinario correspondiente con las respectivas instrucciones sobre cómo ponerlas en práctica.

 

750. Adicionalmente, la Iglesia Católica en Colombia adoptó algunas estrategias con el ánimo de prevenir la comisión de delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, al interior de la institución. Puntualmente, (i) aprobó “los criterios para el tratamiento de los problemas de sacerdotes involucrados en abusos sexuales contra menores de edad” en la LXXIII Asamblea Plenaria de julio de 2002; (ii) publicó el volumen “no descuides el carisma que hay en ti (1 Tim 4:14)” en febrero de 2011 y su actualización en mayo de ese mismo año; (iii) aprobó las nuevas guías para la redacción de los decretos diocesanos de protección de menores y de los manuales de conducta para el personal eclesial, en la XCV Asamblea Plenaria de julio de 2013; (iv) creó la Comisión Nacional para la Protección de Menores en el 2018; (v) publicó las nuevas Líneas Guías para la cultura del cuidado del 15 de agosto de 2022; (vi)  implementó el “Proyecto Iglesias Particulares Seguras y Protectoras”, en octubre de 2022; (vii) promulgó las Líneas Operativas, o Buenas Prácticas, Apóstoles del Cuidado;[1084] y, (viii) emitió varios protocolos, estrategias o acciones establecidos por las diferentes jurisdicciones eclesiásticas para cumplir con el principio de cooperación con las autoridades civiles.

 

751. Estos documentos conllevaron a la creación del Sistema Nacional de la Cultura del Cuidado, cuya coordinación está a cargo del Conferencia Episcopal de Colombia. Aquel exige la creación de un consejo diocesano, de una comisión, de una oficina del buen trato o de un consejo diocesano o la designación de un delegado para adelantar los procesos que permitan la restauración personal, familiar y comunitaria de las víctimas; así como, para garantizar la atención y asistencia de los agresores. Entre ellas, (i) brindar atención oportuna a las víctimas y sus familiares; (ii) promover espacios para orientar a la víctima y sus familiares, a través de la escucha; (iii) otorgar acompañamiento terapéutico en salud mental y espiritual con personal idóneo para garantizar la protección de las víctimas, de manera tal que pueda “reconstruir la imagen de Dios y su relación con Él”;[1085] (iv) convocar talleres de oración, reconciliación, sanación y recuperación espiritual; (v) propiciar encuentros de escucha; y, (vi) formar redes de apoyo espiritual.

 

752. Con fundamento en lo expuesto, algunas instancias religiosas aseguraron que remiten todas las denuncias por abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes al ICBF. Por el contrario, otras manifestaron que hacen una valoración previa de la verosimilitud de la información puesta bajo su conocimiento. De manera que, solo remiten las denuncias que, en su criterio, revisten las características de delito. En todo caso, todas las instancias religiosas enfatizaron en la creación de instancias dedicadas a aplicar los lineamientos establecidos para el cuidado de los niños y de las personas en condición de vulnerabilidad; así como de sus agresores.

 

753. Es necesario, urgente y oportuno el avance hacia la actualización de las citadas Líneas Guías, las Líneas Operativas y con base en ellas los protocolos, estrategias, rutas y acciones que le permitan a las diferentes autoridades eclesiásticas cumplir con el deber de investigar y esencialmente denunciar los actos sexuales abusivos 

 

 

Las autoridades públicas competentes no han adoptado las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso sexual que ocurre en escenarios religiosos

 

754. Las autoridades competentes han adoptado varias medidas normativas y administrativas encaminadas a prevenir la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes y a investigar, judicializar y sancionar la presunta comisión de estas conductas. Con todo, las medidas identificadas (i) dejan de lado a las víctimas que denuncian la comisión de este tipo de conductas durante su adultez; (ii) no reconocen que los espacios religiosos tienen unas características particulares que pueden facilitar la comisión de este tipo de conductas punibles; (iii) ni contemplan medidas efectivas para garantizar la reparación de las víctimas en estos contextos. Además, (iv) impiden dimensionar la entidad del fenómeno y advertir la verdadera magnitud del riesgo que enfrentan los niños en estos escenarios, en comparación con otros contextos de mayor incidencia como el ámbito familiar. 

 

755. Las políticas públicas en materia de abuso sexual infantil dejan de lado a las víctimas que denuncian la ocurrencia de estas conductas durante su adultez. En efecto, las medidas normativas, administrativas y judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para afrontar el fenómeno de la pederastia están dirigidas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que denuncian la comisión de delitos sexuales en su contra de manera oportuna. Sin embargo, algunos estudios han señalado que las víctimas de este tipo de conductas no presentan las respectivas denuncias durante su infancia por la normalización de este tipo de abusos en los escenarios privados; los sentimientos de miedo, resignación, vergüenza, culpa o baja autoestima; su cercanía o temor por el agresor; o, el miedo a las consecuencias de la denuncia[1086], entre ellas, la posibilidad de que los responsables de tramitar el asunto no les crean. Por esa razón, en Sentencia C-422 de 2021, la Corte reconoció que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes es una medida razonable, porque permite que, con el paso del tiempo, las víctimas pueden vencer todas estas barreras y denunciar las conductas a las que las sometieron en su momento, para acceder así a la justicia y obtener la protección de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.  

 

756. Con todo, la imprescriptibilidad de estos delitos no está acompañada de mecanismos concretos que orienten las actuaciones que deben adelantar las autoridades competentes para garantizar los derechos de las víctimas que denuncian de forma “tardía” este tipo de conductas. Lo expuesto, porque las medidas sancionatorias, de restablecimiento de derechos y de reparación no fueron ajustadas a las necesidades de quienes sufrieron este tipo de conductas mientras eran niños. Por ejemplo, en materia penal, el proceso no fue acompasado para garantizar que el paso del tiempo no sea un impedimento para acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación. Tampoco, se tuvo en cuenta que la dilación del proceso aumenta las posibilidades de que se configure alguna de las causales de preclusión del proceso y, por tanto, la justicia penal no siempre garantiza los derechos de las víctimas. Lo mismo ocurre con las medidas de restablecimiento de derechos, pues los procesos administrativos correspondientes solo se aplican a las personas que menores de 18 años. De manera que, la imprescriptibilidad de los delitos resulta inocuo para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de quienes denuncian tardíamente la comisión de estas conductas.

 

757. Los mecanismos establecidos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual no responden a las particularidades de la pederastia en escenarios religiosos. Tal y como se advirtió en la descripción del contexto, la violencia sexual en espacios religiosos tiene tres elementos distintivos que ameritan el desarrollo de una política pública especializada. El primero es que el agresor no solo tiene una relación de superioridad respecto de la víctima, sino que cuenta con un carácter casi divino en la medida en que suele ser identificado por los feligreses como el representante de Dios en la tierra. El segundo es que las instituciones eclesiásticas tienen derecho a regular sus propios asuntos y, en algunas oportunidades, ello ha sido entendido como una garantía de no interferencia del Estado en los casos de violencia sexual ocurridos al interior de la institución o como una excepción del deber de denunciar la comisión de conductas punibles. Y, el tercero es que las personas que sufren violencia sexual en escenarios religiosos no solo afrontan las consecuencias físicas, psicológicas y morales de este tipo de conductas, sino que sufren una violencia espiritual que afecta su relación trascendente con Dios o con el Ser Supremo. Este tipo de violencia, intrínseca a la pederastia en escenarios religiosos, no ha sido abordada en la política pública.

 

758. Sin embargo, los mecanismos establecidos por las autoridades públicas para afrontar la violencia sexual no responden a estos escenarios concretos. Es más, las autoridades públicas no cuentan con herramientas idóneas para diagnosticar la violencia sexual cometida en contra de los niños, niñas y adolescentes en escenarios religiosos. Aunque las entidades cuentan con descriptores en sus bases de datos que les permiten identificar y rastrear la violencia sexual en el hogar o en las instituciones educativas, lo cierto es que no ocurre lo mismo con la pederastia cometida al interior de las religiones, a pesar de que también ocurre en escenarios privados y que tiene unas características especialísimas.

 

759. Al respecto, considero que hay un desfase evidente entre el número de sacerdotes católicos denunciados por estas conductas y las decisiones judiciales identificadas sobre estos asuntos. Los accionantes aseguran que esto responde a una dinámica de encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta situación puede obedecer a otras circunstancias, como la verdadera incidencia del abuso sexual infantil en estos contextos, la terminación anticipada del proceso o a que el proceso se encuentra en fase de investigación y la Fiscalía General de la Nación no cuenta con un descriptor que le permita identificar estos casos. De manera que, aunque el accionante asegura que esto se debe a una práctica sistemática de la institución tendiente a omitir su deber de denuncia, la ausencia de investigaciones estatales impide verificar esa información. Además, las políticas públicas generales para afrontar la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes resultan insuficientes para responder a esta problemática concreta.

 

760. Las situaciones descritas generan un escenario de opacidad que impide diagnosticar el fenómeno de la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes en escenarios religiosos, adoptar medidas idóneas para prevenir la comisión de este tipo de conductas y determinar cuál es su verdadera incidencia, en tanto, la mayor cantidad de abusos sexuales ocurren en los hogares. Por esa razón, la decisión mayoritaria ha debido pronunciarse sobre el asunto y establecer medidas idóneas para garantizar que sean las entidades púbicas las encargadas de investigar la situación y de emitir lineamientos concretos para contrarrestar la violencia espiritual que se genera en estos escenarios, tales como, la creación de un mecanismo de articulación entre la Conferencia Episcopal de Colombia de la Iglesia Católica y el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, para evaluar el alcance del fenómeno de la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes en la Iglesia Católica.

 

761. Con este salvamento, dejo sentada mi posición sobre la importancia de garantizar la protección de los datos personales que revelan las convicciones religiosas de las personas, de adoptar medidas idóneas para evitar estereotipos relacionados con las creencias religiosas de las personas y de adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a vivir una vida libre de violencias.

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado