Juez discriminó a mujer por no aplicar la perspectiva de género al fallar a favor de su agresor en una tutela que dejó sin efectos la condena que se le había impuesto por violencia intrafamiliar.

Boletín No. 020

Bogotá, 8 de marzo de 2022

Sentencia T-016-22

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La Corte Constitucional instó al Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia de los jueces del país a las capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrece, con el fin de promover la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios.

La decisión fue adoptada luego de que la Corporación señalara que todavía es necesario hacer un trabajo orientativo para que los jueces apliquen la perspectiva de género en sus fallos, pese a que en repetidas oportunidades ha hecho un llamado para que esto se cumpla.

El Alto Tribunal revisó la tutela que concedió un juzgado de Rionegro, Antioquia, a un hombre que alegó violación de su derecho al debido proceso porque fue condenado penalmente por el delito de violencia intrafamiliar contra su pareja, sin que supuestamente se valoraran debidamente las pruebas practicadas en el juicio oral.

La Sala Sexta de Revisión, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, señaló que el juez discriminó a la mujer porque no aplicó una perspectiva de género al resolver la acción de tutela, puesto que, a pesar de que era improcedente, revisó y dejó sin efectos la sentencia que condenó al ciudadano y exigió una prueba directa del delito. Además, compulsó copias a la Fiscalía local del municipio para que investigara unos supuestos hechos punibles que habría cometido la víctima, sin haberla vinculado al proceso y con base en las meras afirmaciones del accionante.

“Le dio mayor peso a las afirmaciones del agresor que a los derechos de la señora, no vinculó a la víctima al proceso de tutela y, con base en las meras aseveraciones del accionante, compulsó copias a la Fiscalía local del municipio para que investigara los presuntos hechos punibles que cometió la señora”, indicó la Corte.

La sentencia advirtió que en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia.

“Parecería que solo los casos de mayor “gravedad” tienen respuestas estatales que involucran la perspectiva de género en la administración de justicia. Este planteamiento permite formular una premisa que ha sido dominante: por regla general, la perspectiva de género en la administración de justicia solo se aplica en los procesos judiciales, con sus limitaciones propias, cuando está en riesgo grave la integridad física y/o la vida de las mujeres”, puntualizó el Alto Tribunal.

El fallo dejó en firme la sentencia condenatoria y exhortó a la Fiscalía local del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, a evaluar si procede el archivo de la investigación que adelanta contra la ciudadana, teniendo en cuenta que el juez que profirió la tutela no la vinculó al proceso y, por ende, no garantizó su derecho al debido proceso.

También le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, por medio de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, realice capacitaciones a los jueces y diseñe una infografía que explique esta sentencia e incluya estadísticas, pronunciamientos, decisiones u otros materiales didácticos que instruyan sobre la persistencia del lenguaje y la argumentación revictimizante contra la mujer en el escenario judicial y la importancia de corregir dichos actos discriminatorios.