Corte Constitucional es nominada al premio “Justicia y Convencionalidad” por el fallo que garantiza el derecho a impugnar la sentencia condenatoria

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, nominó a la Corte Constitucional de Colombia como uno de los seis candidatos a recibir el premio “Justicia y Convencionalidad” con ocasión de la Sentencia C-792 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), en la que el alto Tribunal, en aplicación del control de convencionalidad, reconoció y garantizó el derecho de las personas a impugnar todas las sentencias que imponen por primera vez una condena en el marco de un proceso penal.

El objetivo del concurso “Justicia y Convencionalidad” es promover la implementación y aplicación del control de convencionalidad en la administración de justicia en los países que siendo parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este se lleva a cabo con el apoyo del programa “Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina (DIRAJus)” de la Cooperación Alemana/ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Las sentencias finalistas corresponden a diferentes países de la región, a saber, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú, y serán sometidas a una votación pública que se efectuará del 4 de mayo al 3 de junio de 2016. Los resultados de la votación pública se harán conocer al jurado, pero no serán determinantes para su decisión. La providencia ganadora de la votación pública será merecedora de un reconocimiento especial, independientemente de si es considerada o no por el jurado. 

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Comunicación IIDH

 


pic T-197/16 Suspensión de gasoducto por no realizar consulta previa

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata de la operación y construcción del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal en Bolívar, tras comprobar que no se cumplió el proceso de consulta previa a las comunidades de Ma-Majari del Níspero, de Flamenco y Pasacaballo adyacentes a la zona. El Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio del Interior y Promigas S.A. E.S.P. deben iniciar la consulta de manera tal que permita establecer los efectos de la construcción y dicho trámite solo será constitucionalmente válido si tiene en cuenta el consentimiento previo, libre e informado del Consejo Comunitario de Pasacaballo de cara a la intervención asociada a las obras del gasoducto.
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pic T-212/16 Corte Constitucional protege derecho de habeas data a ex policía

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la Dirección General de la Policía actualizar su base de datos, de manera que no vulnere el buen nombre a un ex agente, quien vio afectada su imagen por una anotación que indicaba en su hoja de vida que fue retirado por mala conducta comprobada. La Corte determinó que la causal de mala conducta que en ese momento estaba vigente, hoy en día ya no lo es y por tanto dispuso que aclare en los reportes que la mala conducta comprobada es “con fundamento en conductas disciplinarias derogadas”, y así lo debe indicar en sus antecedentes.
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pic T-185/16 Reconocimiento a Seguridad Social de empleada doméstica

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a una familia pagar un salario mínimo a su ex empleada doméstica, mientras que ella inicia un proceso laboral para obtener el pago de sus acreencias laborales por su despido. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo prestar la asesoría jurídica para evitar que sus derechos laborales sean vulnerados por su despido presuntamente por una enfermedad.
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pic T-166/16. Corte ordena proferir nuevo fallo por retiro discrecional de suboficial del Ejército

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional dejó sin efectos dos sentencias del Consejo de Estado y de jueces administrativos de Antioquia que desconocieron la jurisprudencia sobre la motivación de retiro de miembros del Ejército Nacional, en uso de la facultad discrecional. La decisión se produjo al estudiar una acción de tutela interpuesta por un suboficial del Ejército que fue retirado del servicio y a quien se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la igualdad, al no respetar el precedente constitucional sobre este tema.
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pic T-188/16. Medidas para proteger a 212 familias vulnerables del Meta

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental a la vivienda digna de 212 familias que permanecen en los asentamientos de “Villas Campestre 1 y Brisas del Valle 2”, ubicados al margen derecho del río Guatiquía del municipio de Villavicencio. La Corte ordenó a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como al alcalde del  municipio y al gobernador del departamento realizar un censo y dar albergue provisional a las familias y en un término de seis meses asegurar el acceso a una vivienda digna a los accionantes.
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pic T-148/16. E.P.S. obligada a cubrir gastos de traslado, alimentación y hospedaje a menor y su acompañante

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la E.P.S. Coomeva sufragar los costos de traslado, alimentación y hospedaje a un menor de 6 años de edad que requería atención fuera de su ciudad de origen. La Corte consideró que “no es de recibo interponer obstáculo alguno que impida el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, una persona que no cuente con los recursos económicos para sufragar dicho traslado, se le debe autorizar dicha prestación indistintamente de que se adecúe a los gastos planteados por el P.O.S. siendo la E.P.S. la llamada a correr con los gastos derivados tanto del paciente como de su acompañante, si el médico tratante así lo prescribe o el juez de tutela evidencia su necesidad.
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pic T-149/16 Corte protege derechos de 165 adultos mayores

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional dio un plazo de (8) ocho días al liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. En Liquidación y al Ministerio de Trabajo, para elaborar y evaluar una nueva propuesta que permita pagar las mesadas a los 165 pensionados. Igualmente, ordenó a la Superintendencia de Sociedades emitir con prelación las órdenes judiciales con el fin de destinar los activos suficientes y necesarios para garantizar el pago de las pensiones adeudadas.
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