La Corte Constitucional le ordenó a la Procuraduría General de la Nación que realice el seguimiento y la vigilancia especial sobre la Alcaldía de Pereira para verificar la eliminación de cualquier tipo de barreras en el trámite de postulación y priorización de subsidios en el programa Colombia Mayor.

Bogotá D.C., 2 de abril de 2024

La Sala Segunda de Revisión estudió una demanda de tutela presentada por una ciudadana de 73 años, que sufrió un accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico, quien, pese a que se inscribió ante la Alcaldía de Pereira en el programa Colombia Mayor, no recibió el subsidio.

A través de una petición ante ese ente territorial, la mujer fundamentó su solicitud en las condiciones de salud en las que se encontraba y en la necesidad de acceder al subsidio. La entidad le respondió que estaba inscrita en el programa desde 2022, que se encontraba en el turno de espera 6010 por criterios de priorización interna y que, en su momento, la información se remitiría al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, autoridad competente para asignar el subsidio.

En abril de 2023, el sobrino de la actora (actuando como agente oficioso de la ciudadana) presentó la acción de tutela en contra de la Alcaldía de Pereira por la violación del derecho al mínimo vital. El juez de instancia negó el amparo porque no se probó una afectación al mínimo vital ocasionada por la negativa de priorización. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente debido al fallecimiento de la mujer.

La Sala estimó necesario tomar una medida adicional, puesto que la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira no ejerció su competencia para evaluar los requisitos de la solicitante frente al trámite de priorización. Esto a pesar de que tenía elementos suficientes para acreditar su condición de vulnerabilidad y su delicado estado de salud. En su lugar, y en una actitud que calificó como indolente, esa autoridad negó su propia competencia sin fundamento de derecho alguno, y la delegó en otra entidad sin resolver de fondo como lo que le correspondía.

Respecto de la Alcaldía, la Sala consideró que se limitó a indicar que la mujer tenía un turno para asignación del subsidio y a realizar consideraciones generales sobre el trámite.

La corporación llamó la atención sobre la necesidad de aplicar la jurisprudencia constitucional según la cual: “la inclusión o exclusión de las personas de la tercera edad de determinado programa de subsidios debe estar soportada en una exhaustiva investigación concreta del caso, con el fin de verificar las condiciones reales de vulnerabilidad en las que se encuentra la persona para que esta pueda acceder al beneficio”.

Por lo anterior, para la Sala Segunda de Revisión resultó evidente que, en el caso concreto, no hubo siquiera una actuación o investigación mínima para dar aplicación a los criterios de priorización para la asignación del subsidio. Además, constató que el comportamiento de la Alcaldía durante el trámite del proceso de tutela también denotó falta de interés en el caso, puesto que no respondió a los requerimientos hechos por el juez de instancia ni por la Sala de Revisión de la Corte.

En consecuencia, la Sala Segunda de Revisión previno a la Alcaldía de Pereira para que se abstuviera de imponer barreras de acceso en el marco de solicitudes de subsidio elevadas por sujetos de especial protección constitucional, aduciendo falta de competencia y sin realizar una investigación, alguna actuación o una intervención oportuna.

Por último, le ordenó a la Procuraduría General de la Nación que realice el seguimiento y la vigilancia especial que se requiera sobre la Alcaldía de Pereira para verificar la eliminación de cualquier tipo de barreras en el trámite de postulación y priorización de subsidios en el programa Colombia Mayor.

Sentencia T-478 de 2023

M.P. Juan Carlos Cortés González

Glosario jurídico:

Colombia Mayor: El Programa de Protección Social al Adulto Mayor busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza. (https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/) 

Sujetos de especial protección constitucional: Son los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza

Los sujetos de especial protección constitucional merecen un análisis caso por caso de su situación personalísima que permita determinar si los medios de defensa judicial con los que cuentan todas las personas, por su carácter ordinario resultan ser o no idóneos, aunado a que, según el precedente transcrito se presume la falta de idoneidad de estos. (Sentencia T-678 de 2016).