En Sentencia de Unificación de Jurisprudencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que todas las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería, tienen derecho a participar de manera libre, informada y efectiva en la definición de sus impactos, aunque no reivindiquen una identidad étnicamente diversa. Lo anterior, en virtud del carácter universal y expansivo que la Constitución le atribuye al principio de participación ciudadana, cuya doble condición de fin esencial del Estado y derecho fundamental se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, la Corte protegió el derecho fundamental de los habitantes de Marmato y de los mineros tradicionales de ese municipio a participar de las decisiones mediante las cuales se autorizó la cesión de los derechos mineros amparados por el título CHG-081, ubicado en la zona alta del cerro El Burro, a varias compañías que hacen parte del grupo empresarial Gran Colombia Gold.
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