TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2049/25

 

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE LA SENTENCIA T-760/08- Análisis de medidas, resultados y avances

 

SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA-Nivel de cumplimiento bajo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008

 

Auto 2049 de 2025

 

Referencia: seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

 

Asunto: balance general de cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008, valoración de los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo y apertura de incidente de desacato.

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogotá D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, creada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de las órdenes generales impartidas en la misma, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente auto.

 

SÍNTESIS

 

La Sala Especial de Seguimiento evidenció que, pese al tiempo transcurrido desde la Sentencia T-760 de 2008 y a los múltiples requerimientos efectuados por esta Corporación, la mayoría de las órdenes estructurales aún no se cumplen y por ello continúan en ciclo de supervisión por parte de la Corte Constitucional. Las causas persistentes se relacionaron con deficiencias en acceso, disponibilidad y sostenibilidad financiera, factores que han limitado la ejecución plena de las órdenes que continúan vigentes.

 

Los mecanismos de respuestas establecidos y aplicados por el Gobierno no han respondido con inmediatez y eficacia a la problemática estructural. Persiste una ausencia de articulación institucional, indicadores de resultado, acceso y veracidad de la información pública, participación efectiva de la población usuaria y una limitada actuación de los órganos de control, lo que impide el goce efectivo del derecho a la salud.

 

La Corte Constitucional constató que, si bien durante el periodo de seguimiento se han adoptado algunas medidas orientadas a corregir las falencias, al día de hoy los efectos de las órdenes generales siguen siendo parciales, lo que se refleja en la crisis que aqueja el sistema de salud y conlleva a que la función del juez constitucional sea más estricta para alcanzar los niveles sostenibles de superación de los obstáculos que persisten.

 

De allí que, la Sala dio apertura al trámite del incidente de desacato sobre las órdenes que evidencian un grado de incumplimiento general, a saber, las vigésima primera y vigésima segunda, toda vez que comprometen de manera transversal la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

 

De igual forma, con la finalidad de alcanzar el restablecimiento efectivo de los derechos de la población usuaria del servicio de salud e impedir la ineficacia de las decisiones judiciales, a partir de un análisis global de las órdenes estructurales, se dispuso que el Ministerio de Salud presentara un plan de acción dirigido a mitigar la crisis que padece el sistema de salud.

 

Así mismo, de conformidad con los principios de colaboración armónica e intersectorialidad, se ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que adopte un rol activo y verificable en el control del uso de los recursos por parte de las EPS.

 

Por último, dispuso correr traslado de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes, a la vez que llamó la atención de la Contraloría General de la República para la protección de los recursos públicos. Igualmente, solicitó a estas entidades que adelantaran un acompañamiento más riguroso en la implementación efectiva de la política pública en el marco de las órdenes estructurales.

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 En la Sentencia T-760 de 2008 la Sala de Revisión estudió 22 acciones de tutela. Ello permitió identificar fallas estructurales al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante SGSSS), las cuales ocasionaban graves problemas en el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, tales como: (i) zonas grises en las coberturas del entonces Plan Obligatorio de Salud (en adelante POS), hoy Plan de Beneficios en Salud[1] (en adelante PBS), que servían de justificación para negar servicios cubiertos; (ii) diferencias inaceptables entre los planes de beneficios de los regímenes en salud; (iii) falta de reglamentación sobre el acceso a los servicios no incluidos en el PBS, requeridos con necesidad por los usuarios del sistema (hoy servicios excluidos de financiación con recursos públicos de la salud); (iv) demoras y obstáculos en el procedimiento de recobros; (v) ausencia de información sobre los derechos y deberes de los usuarios y frente al desempeño de las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS); y (vi) desconocimiento de la universalidad de la cobertura y del plazo legal definido para alcanzarla.

 

2.                 La mencionada providencia se desarrolló desde la perspectiva de cuatro ejes temáticos relacionados con: (i) la precisión, actualización, unificación y acceso a planes de beneficios; (ii) la sostenibilidad y el flujo de recursos; (iii) la cobertura universal; y (iv) la medición de acciones de tutela, carta de deberes, derechos y desempeño y divulgación de la sentencia. A partir de lo anterior, impartió 16 mandatos generales a diferentes autoridades^[2] con el fin de que adoptaran las medidas necesarias para corregir las problemáticas identificadas.

 

Tabla 1.

 

3.                 Debido a la trascendencia de las directrices adoptadas en la Sentencia T-760 de 2008 y la necesidad de avanzar en el cumplimiento de sus órdenes generales, mediante el Acta 19 de 1.° de abril de 2009 la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento para alcanzar sus objetivos. Desde entonces, asumió la responsabilidad de supervisar y valorar las medidas implementadas, principalmente por el Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante MSPS), como rector de la política pública, atendiendo a las fallas estructurales identificadas en la providencia.

 

4.                 En desarrollo de esta función, la Sala Especial ha proferido 69 autos de valoración dentro del seguimiento[4], mediante los cuales ha calificado el grado de cumplimiento de los mandatos estructurales, así como las directrices impartidas en el caso focalizado^[5] del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó (en adelante HSFA).

 

5.                 Cabe precisar que, actualmente, las órdenes estructurales han generado un impacto significativo en el SGSSS y en la garantía del derecho fundamental a la salud. Frente a esto, la Sala advierte que la Sentencia T-760 de 2008, providencia de carácter estructural, contiene mandatos con tendencia correctiva que propenden por la adopción de medidas que generen resultados y, a través de ellos, un avance real y significativo en la superación de las fallas del SGSSS identificadas. Lo anterior no impide que contengan características propias de las órdenes complejas[6]. Sin embargo, lo particular de estos mandatos radica en su finalidad de generar cambios estructurales, en contraposición a los coyunturales, atacando problemáticas que persisten en el tiempo, que atañen a una generalidad y que por lo mismo pueden enmarcarse en la órbita de la política pública.

 

6.                 Aunque la sentencia fue proferida en 2008, en atención a las transformaciones normativas, sociales, y económicas, entre otras, la Sala ha actualizado los mandatos originales[7] y la forma de efectuarles seguimiento, al punto de desagregarlos en componentes –los cuales se analizarán más adelante– que[8] han incidido de forma más directa y efectiva en la superación de las problemáticas identificadas, adaptándose en mayor medida a la situación actual del sistema[9].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

 

7.             En atención a las facultades otorgadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión celebrada el 1.° de abril de 2009^[10], el artículo 86 de la Constitución y los artículos 27 y 52 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, la Sala Especial de Seguimiento es competente para proferir este auto.

 

2.     Objeto y metodología de la decisión

 

8.                 La Sala ha valorado el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, conforme a la metodología establecida en el Auto 411 de 2015, que parte de verificar la existencia de medidas implementadas por las autoridades obligadas, resultados orientados a la superación de los problemas identificados y avances significativos, que sean sostenibles en el tiempo[11]. Esta labor se ha desarrollado de manera cíclica atendiendo a las fases de documentación, participación, valoración y postvaloración consignadas en dicho auto. Esto ha permitido calificar los niveles de cumplimiento y adoptar las decisiones correspondientes.

 

9.                 Con base en estas etapas, la Corte clasifica el cumplimiento en cinco niveles. (i) Incumplimiento general cuando no existen medidas o acciones para cumplir la orden. (ii) Cumplimiento bajo si se presentan algunas medidas, pero son inadecuadas, no se evidencia resultados o los avances son mínimos. (iii) Cumplimiento medio si existen medidas y resultados parciales, pero aún no se supera el problema de fondo. (iv) Cumplimiento alto ante medidas adecuadas, resultados concretos y avances suficientes para superar la falla, aunque se observa que falta completar el mandato. Finalmente, (v) cumplimiento general si se logró totalmente el objetivo de la orden y se adoptaron mecanismos para evitar que se repita la falla.

 

10.             Debe precisarse que, cuando una orden alcanza un nivel de cumplimiento alto o general, la Corte suspende o cierra el seguimiento; por el contrario, ante escenarios de incumplimiento o de cumplimiento bajo, se habilita la adopción de medidas más estrictas, como el fortalecimiento de los controles o la imposición de sanciones. En estos eventos, la Procuraduría General de la Nación debe acompañar los casos de cumplimiento bajo o medio y adelantar las investigaciones correspondientes frente a posibles omisiones de las entidades responsables.

 

11.             En este marco, el objetivo del presente documento es, de una parte, efectuar un balance general de las valoraciones ya realizadas respecto de las 16 órdenes estructurales, para exponer los niveles de cumplimiento evidenciados a lo largo del proceso de seguimiento y, de otra, pronunciarse de manera concreta y específica frente las órdenes 21 y 22, dada su relevancia, especialmente porque, como se verá, se encuentran en incumplimiento general[12]. Lo anterior, con fundamento en las valoraciones efectuadas conforme a la metodología existente, y en su incidencia directa en la sostenibilidad financiera del SGSSS, problemática transversal a la mayoría de los mandatos, ya que sin recursos suficientes se afecta la prestación de los servicios y, en consecuencia, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

 

12.             El proceso de seguimiento de las órdenes ha resultado complejo y prolongado en el tiempo, lo que ha comprometido la efectividad de los derechos y la eficacia de las decisiones judiciales. Esto, en un escenario marcado por la multiplicidad de actores, la tecnicidad de las materias y la principal responsabilidad de las ramas ejecutiva y legislativa en la definición de la política pública, la asignación de los recursos y la expedición de la regulación correspondiente.

 

13.             Esta Sala ha enfrentado dificultades persistentes, derivadas de la entrega copiosa pero imprecisa de información, la inactividad institucional, la falta de articulación, las limitaciones presupuestales y el incumplimiento reiterado de las órdenes, incluso bajo apremio de desacato[13]. Por ello, pese a los esfuerzos de revitalización del seguimiento con apoyo de la sociedad civil y los organismos de control, las medidas adoptadas por las autoridades han resultado insuficientes y tardías, razón por la cual este auto busca impulsar el cumplimiento efectivo de las órdenes estructurales y avanzar en la superación de los obstáculos que impiden la garantía real del derecho a la salud.

 

14.        Para tal efecto, la Sala abordará: (i) los logros obtenidos en el seguimiento; (ii) el estado actual de las órdenes; (iii) el estado del goce efectivo del derecho a la salud en los términos de las órdenes estructurales; (iv) el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC (órdenes 21 y 22); (v) la necesidad de un Plan de Acción Integral para generar respuestas a corto, mediano y largo plazo; (vi) la apertura de incidente de desacato por el incumplimiento general de las órdenes 21 y 22 (impacto sobre el equilibrio financiero del sistema); (vii) el traslado a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus competencias; (viii) la importancia de la inspección, vigilancia y control sobre los recursos del sistema ejercidas por la Superintendencia de Salud; y (ix) la divulgación de esta decisión (orden 32).

 

3.     Logros obtenidos en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008

 

15.        Desde el 2009 la Sala Especial ha orientado sus esfuerzos al cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, con el propósito de garantizar que todas las personas accedan y dispongan de salud como un derecho fundamental y un servicio público esencial[14]. El objetivo final del seguimiento deriva en restablecer el goce efectivo de este derecho, mediante la valoración de las medidas adoptadas por las autoridades concernidas para corregir las fallas estructurales del sistema[15].

 

16.        Con ese propósito la Sala ha promovido espacios de reflexión, participación[16] y acercamiento a la realidad social del sistema en salud. En esa consecución, ha llevado a cabo cuatro audiencias[17], múltiples sesiones técnicas[18] y se han requerido informes[19] a los responsables de la política pública, los grupos de acompañamiento y los peritos constitucionales voluntarios[20] para verificar periódicamente el grado de superación de los problemas recurrentes que originaron la sentencia estructural.

 

17.        A partir de las anteriores acciones y con base en las valoraciones realizadas, la Sala identificará los principales logros en algunas de las órdenes estructurales, sin que ello implique una evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento o sobre la persistencia de aspectos pendientes, pues la finalidad es ofrecer una visión clara y ordenada de los avances, tal como se muestra a continuación:

 

 Tabla 2.

 

18.         Como se puede evidenciar, a partir de la labor de la Sala de Seguimiento se han registrado importantes avances frente al cumplimiento de algunas órdenes impartidas a través de la Sentencia T-760 de 2008. Sin embargo, persiste la necesidad de continuar la verificación de los mandatos que no han sido cumplidos a cabalidad y que actualmente presentan problemáticas estructurales no superadas, las cuales se describen a continuación.    

 

4.     Estado actual de las órdenes generales

 

19.        La Sala reconoce que el sistema de salud opera bajo una estructura multisectorial en la que intervienen autoridades nacionales, territoriales y diversos agentes públicos y privados con competencias diferenciadas, lo que implica que su ejecución se desarrolla en un entorno institucional amplio y concurrente que influye en el funcionamiento del sistema.

 

20.        Sin embargo, el análisis que se efectúa en este auto se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las autoridades concernidas en las órdenes estructurales de la Sentencia T-760 de 2008. Así las cosas, la Sala expondrá el estado actual de acatamiento de los mandatos impartidos en dicha providencia, para lo cual los agrupará según la última valoración de cumplimiento (general, alto, medio, bajo e incumplimiento general).

 

4.1.          Cumplimiento general y alto

 

Tabla 3. Órdenes estructurales que se encuentran en cumplimiento general y alto.

 

4.2.          Cumplimiento medio

 

21.        La Sala señala que únicamente en cuatro órdenes se han identificado algunas medidas y avances reportados por el MSPS; no obstante, resultan insuficientes para superar la falla estructural.

 

Tabla 4. Órdenes estructurales que se encuentra en cumplimiento medio.

 

4.3.          Cumplimiento bajo

 

22.        Las fallas recurrentes y estructurales identificadas en la sentencia en las cuales se ha declarado nivel de cumplimiento bajo se relacionan con las siguientes órdenes:

 

Tabla 5. Órdenes estructurales que se encuentra en cumplimiento bajo.

 

4.4.          Incumplimiento general

 

Tabla 6. Órdenes estructurales que se encuentran en cumplimiento medio.

 

5.     Estado del goce efectivo del derecho a la salud en los términos de las órdenes estructurales

 

23.        Tratándose del principio de progresividad esta Corte^[53] ha expresado que se refiere a la manera en que el Estado debe hacer efectiva la faceta de prestación de los derechos fundamentales, porque aun cuando tienen un componente gradual son exigibles de forma inmediata^[54]. Ha afirmado que “no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, los contenidos mínimos de esos derechos”, sino que, por el contrario, como lo estatuye el principio 16 de Limburgo^[55], tiene “la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto”^[56].

 

24.        En la Sentencia C-754 de 2015 esta Corporación reiteró que el principio de progresividad consta de dos obligaciones: una, avanzar ampliando el ámbito de realización del derecho y, otra, no disminuir en principio el nivel de satisfacción constitucional alcanzado (mandato de no retroceso), conocido como prohibición prima facie de regresividad.

 

25.        En lo que respecta al derecho a la salud este Tribunal acogió la Observación General 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales^[57], según la cual “Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles […]”^[58]. En ese sentido, la adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas “constituye una violación del derecho a la salud”^[59].

 

26.             En la Sentencia C-313 de 2014, al revisar la Ley Estatuaria 1751 de 2015, en el artículo 5.° se incluyó, como obligaciones del Estado, la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Así mismo, en su artículo 6.º se consagró el principio de progresividad del derecho^[60].

 

27.        En este asunto, pese a los logros alcanzados en el sistema de salud como resultado del seguimiento efectuado a la Sentencia T-760 de 2008, la Sala advierte que, respecto del conjunto de las órdenes generales, se han evidenciado estancamientos e incluso retrocesos en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. En atención a ello, a continuación se realizará el balance general del cumplimiento de dichas órdenes.

 

5.1.          Balance de cumplimiento según las valoraciones emitidas

 

28.        A partir del presente análisis, la Sala busca otorgar el impulso procesal necesario al seguimiento de la sentencia estructural, que contribuya a eliminar las barreras u obstáculos que aún impiden el goce efectivo del derecho a la salud, para la garantía de los elementos esenciales e interrelacionados como los de accesibilidad, calidad y los principios de continuidad (art. 6) e integralidad (art. 8), previstos en la ley estatutaria en salud.

 

29.        En el proceso de seguimiento, la Sala advierte un incumplimiento que, prima facie, compromete la garantía de los derechos fundamentales y el adecuado funcionamiento del sistema de salud en Colombia. La situación evidenciada en las órdenes estructurales refleja la realidad actual de este derecho, en la medida en que dichas órdenes se relacionan de manera sistemática y directa con la protección de la salud de la población. A la fecha, resulta evidente la disminución en los niveles de cumplimiento de los referidos mandatos, tal como se expone a continuación[61]:

 

Gráfico 1. Elaborado por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008[62].

 

30.        Conforme a la gráfica, aun cuando el cierre del seguimiento a tres órdenes (25, 26, 28) representó un avance significativo en la superación de fallas estructurales que por años afectó el funcionamiento del sistema de salud, la Sala encuentra que en más del 80% de las órdenes estructurales aún persisten incumplimientos que, después de 17 años de proferida la Sentencia T-760 de 2008, hacen necesario mantener el seguimiento por parte de esta Corporación. Actualmente, el 11,76% de las órdenes o sus componentes se encuentra calificado en incumplimiento general; el 47,06% en nivel de cumplimiento bajo; el 29,41% en nivel de cumplimiento medio; el 5,88% en alto y el 11,76% se ha catalogado con cumplimiento general[63].

 

31.             Lo expuesto constituye una señal de alerta sobre el desempeño de las autoridades en la ejecución de las acciones orientadas al cumplimiento de las órdenes, cuyo propósito es garantizar el derecho a la salud a todas las personas en el territorio nacional, bajo condiciones de calidad, eficacia, oportunidad e integralidad.

 

32.        Por esta razón, la Corte no ha detenido el seguimiento de aquellos mandatos que no cumplen los supuestos establecidos en el Auto 411 de 2015 para considerar superada una obligación, entre ellos, la existencia de resultados verificables, la estabilidad de las medidas adoptadas y la consolidación de mecanismos institucionales que garanticen su continuidad. Una vez se alcanza un cierto nivel de avance, esta Sala debe continuar verificando su consolidación hasta tener certeza de que las medidas implementadas son sostenibles en el tiempo.

 

33.        La necesidad de mantener el seguimiento se refleja en aquellas órdenes que (i) alcanzaron cierto nivel de cumplimiento que con posterioridad descendió o (ii) han permanecido en una calificación constante, sin evidenciar variaciones. Ello demuestra la falta de estabilidad y sostenibilidad de las medidas adoptadas. A continuación, algunos ejemplos:

 

Tabla 7.

 

34.         La anterior situación da cuenta de una implementación inadecuada de la política pública, de una baja ejecución por parte de las autoridades competentes e incluso de un estancamiento en la superación de las fallas estructurales identificadas en la Sentencia T-760 de 2008. Esto lleva a la Sala a preguntarse qué acciones concretas están siendo adoptadas -o dejadas de adoptar- para lograr el cumplimiento de las órdenes que aún persisten sin superación, así como el impacto real que esta situación tiene en los usuarios del sistema de salud.

 

35.        En este punto, la Sala considera necesario destacar que la política pública en materia de salud no puede ser analizada exclusivamente desde indicadores formales de cumplimiento, ejecución presupuestal o diseño institucional, pues su finalidad última es la protección efectiva de las personas y de su vida en condiciones dignas. Las fallas en la implementación, la inacción o la respuesta insuficiente de las autoridades no se traducen en meras disfuncionalidades administrativas, sino en afectaciones concretas y cotidianas sobre los usuarios del sistema, quienes experimentan barreras de acceso, dilaciones injustificadas y deficiencias en la atención. Lo que compromete directamente su integridad, su bienestar y, no en pocos casos, su supervivencia.

 

36.        En ese sentido, toda evaluación de la política pública en salud exige situar a las personas en el centro del análisis, reconociendo que el derecho a la salud es un derecho fundamental en la Constitución y además está íntimamente ligado al derecho a la vida. Por ello, su desconocimiento tiene consecuencias reales y graves sobre quienes dependen del sistema para atender sus necesidades más básicas. Máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas mayores, y pacientes con enfermedades de alto costo o de carácter degenerativo.

 

37.        Para la Sala, las deficiencias en la implementación de la política pública en salud tienen un impacto directo y verificable sobre la población, circunstancia que se ve corroborada por las advertencias formuladas por la Defensoría del Pueblo, sobre “el crítico deterioro del sistema de salud en Colombia, con un alarmante aumento del 75,7% en las quejas durante los últimos dos años”[64]. En el mismo sentido, los peritos constitucionales[65] indicaron que los retrasos en la entrega de medicamentos, la falta de oportunidad en la atención especializada y las deficiencias en el acceso a servicios esenciales confirman los obstáculos que limitan el goce efectivo del derecho a la salud.

 

38.        Estos problemas se agravan con las dificultades en el flujo de recursos, toda vez que el nivel más crítico recae sobre las órdenes relativas a la suficiencia de las fuentes de financiación del PBS, pues pese a que se trata de solo dos órdenes estructurales (21 y 22) de las trece actualmente abiertas, estas tienen efectos transversales sobre los demás mandatos y en el funcionamiento del sistema. Lo anterior, toda vez que recaen sobre la suficiencia de las fuentes de financiación con las que se cubren la mayoría de los servicios y tecnologías al interior del SGSSS. En otras palabras, sin recursos se afecta directamente la prestación de estos y por ende el goce efectivo del derecho a la salud, tal y como se expondrá más adelante.

 

39.        Ciertamente, se observan señales preocupantes en algunas regiones, donde se han anunciado restricciones o cierres en la atención a usuarios de varias EPS, como consecuencia directa de retrasos en los pagos[66]. Esto ha sido advertido por algunas asociaciones, como la ANDI, quien sostuvo que “[l]as IPS advierten una crisis inminente de sostenibilidad del sistema de salud, derivada del insuficiente y tardío flujo de recursos, especialmente por parte de las EPS intervenidas, cuya cartera supera los $2,2 billones, en su mayoría vencida […] La salud de los colombianos no puede seguir esperando”[67]. Así mismo, en información remitida a la Sala por parte de la Supersalud en el marco de la orden décima sexta, reportó que entre mayo de 2024 y el mismo mes de 2025, fueron cerradas 1.293 IPS a nivel nacional, situación que evidencia una afectación para los usuarios.

 

40.        En este sentido, la Contraloría General de la República[68] resaltó que en la vigencia de 2025 veintinueve EPS acumulaban una deuda mayor que asciende a los $32,9 billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.

 

41.        Las situaciones que en ellas se presentan demuestran un desconocimiento en la garantía del goce efectivo del derecho a la salud[69], y pone en evidencia la crisis estructural y financiera que afecta la sostenibilidad del sistema, compromete la continuidad en la prestación de los servicios para los usuarios[70] y el pago oportuno a los proveedores[71].

 

42.        Esta problemática advertida por la Sala[72] y por diversos actores del sector[73] evidencia que sin recursos suficientes no se puede garantizar un acceso real y equitativo a los servicios de salud[74].

 

5.2.          Evidencia empírica sobre las afectaciones a los usuarios del sistema

 

43.        El incremento en las acciones de tutela presentadas para la protección del derecho a la salud es uno de los hechos indicativos de la situación actual del sistema. A pesar de tratarse de un mecanismo con elevada trascendencia constitucional (Sentencia C-313 de 2014), no se ha alcanzado su disminución. De lo reportado en las mediciones de tutela por el MSPS (orden trigésima), la tendencia de las tutelas por cada 1.000 afiliados ha sido así: (i) para el 2022, 3,04; (ii) en 2023, 3,81 y (iii) en 2024, 4,75[75].

 

44.        Según las estadísticas de la Corte Constitucional, entre enero y noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, el número de tutelas interpuestas en materia de salud pasó de 248.052 a 270.661. Aun cuando este incremento pueda explicarse parcialmente por el aumento en el número de afiliados al sistema, no puede desconocerse que constituye una señal de alerta sobre la persistente judicialización del derecho a la salud y las dificultades estructurales en el acceso efectivo a los servicios, evidenciando un mayor nivel de conflictividad y una continua vulneración de garantías fundamentales[76].

 

      Gráfico 2. Cantidad de tutelas por los tres derechos más demandados por la ciudadanía[77]

 

45.        Como puede evidenciarse, el deterioro del sistema se ve reflejado en parte por el incremento de las acciones de tutela en las que se invoca la protección del derecho a la salud. En efecto, en 2023 se interpusieron 197.737 tutelas en materia de salud, mientras que en 2024 se instauraron 265.173, esto es un incremento del 34%. Ahora, con corte al 14 de noviembre de 2025 se radicaron 270.661 acciones, lo que significa que, faltando poco menos de dos meses menos para finalizar el año en curso, se superó ampliamente el consolidado de tutelas presentadas en 2023, lo que significa que superará lo registrado en 2024[78].

 

       Gráfico 3. Tutelas en salud para las vigencias de 2023 a 2025[79].

 

46.        Este incremento evidencia la creciente dependencia de la acción de tutela para el acceso y disponibilidad de los servicios de salud, demostrando que, pese a los pronunciamientos y órdenes de la Corte, dentro de gran parte de los ejes temáticos objeto del seguimiento[80], subsisten e incluso se agravan algunas fallas estructurales, lo que compromete la eficacia real de las decisiones judiciales y exige al juez constitucional fortalecer su labor de seguimiento para asegurar la materialización efectiva del derecho fundamental a la salud[81].

 

47.        A su turno, como se reseñó en el fundamento jurídico 83 del Auto 1282 de 2025, son elevadas las quejas en materia de acceso a medicamentos. De ello dan cuenta los siguientes datos reportados en 18 de las 29 EPS que operan en el país, en los últimos dos años.

 

              Tabla 8. PQRS radicadas ante las EPS por los usuarios por dificultades en la dispensación.

 

48.        En igual sentido, la Corte ha conocido algunas cifras relevantes sobre la crisis del sistema de salud en Colombia, incluyendo acceso a medicamentos, quejas de usuarios, situación financiera del aseguramiento y mortalidad asociada a patologías de alto costo y enfermedades raras:

 

Tabla 9.

 

5.3.          Conclusión del balance general a la Sentencia T-760 de 2008

 

49.        El balance integral de cumplimiento de las órdenes estructurales de la Sentencia T-760 de 2008 permite establecer los avances, rezagos y retrocesos en la garantía del derecho fundamental a la salud. En ese sentido, las consideraciones vertidas en esta providencia deben orientar a las autoridades responsables a adoptar medidas efectivas, coordinadas y sostenibles que impidan estancamientos y retrocesos en la solución de las fallas estructurales. Es necesario impedir todo proceso de regresión frente a los niveles de cumplimiento alcanzados, fortaleciendo la eficacia de las políticas públicas, evitando diferir su ejecución indefinidamente y garantizando el cumplimiento real de las decisiones judiciales.

 

50.        La Corte ha evidenciado[84] una tendencia a implementar políticas coyunturales de gobierno y no permanentes de Estado, lo que interrumpe o estanca las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales[85]. La falta de acatamiento de las órdenes de la Corte y la desatención de los principios que garantizan la eficacia de los derechos generan un impacto constitucional que afecta directamente a los ciudadanos[86].

 

51.        Las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 y en los autos de seguimiento son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del sistema de salud, sin que puedan suspenderse o condicionarse por coyunturas políticas o proyectos de reforma. Así lo precisó la Sala en el fundamento jurídico 1.° de las consideraciones del Auto del 14 de octubre de 2022, al indicarle al MSPS que su acatamiento debía realizarse dentro de los términos establecidos, pues la cartera sugirió aplazar su cumplimiento con fundamento en la expedición de una reforma al sistema de salud. Ello fue así, pues de suspenderse la ejecución de la sentencia estructural se perpetuaría la vulneración masiva y continuada del derecho fundamental a la salud.

 

52.        La ley estatutaria de salud fue concebida para garantizar los contenidos esenciales de este derecho fundamental y exigir la adecuación del marco normativo a sus disposiciones; no obstante, dicho propósito no se ha cumplido en la práctica. En ese contexto, la Sala Especial ha respetado las competencias de las demás ramas del poder público, como lo es la ejecutiva, limitando su actuación judicial a exigir el efectivo cumplimiento de un derecho fundamental y, en modo alguno pretendiendo sustituir sus funciones. Se trata de encauzarlas y fortalecerlas cuando se presentan deficiencias graves que comprometen la garantía efectiva del derecho a la salud[87].

 

53.        Con todo, el proceso de seguimiento ha resultado altamente complejo y prolongado en el tiempo, lo que ha afectado la eficacia de las órdenes impartidas por este Tribunal, el cual, en ejercicio de sus atribuciones, ha debido enfrentar múltiples dificultades, entre ellas, la recepción de información imprecisa, el alto nivel de tecnicismo en los reportes[88], la inactividad de algunas instituciones nacionales, la falta de articulación interinstitucional, el incumplimiento reiterado de los principios de la función administrativa, la insuficiencia de recursos presupuestales y la limitada actividad de ciertos órganos de control.

 

54.        La baja ejecución de la mayoría de las órdenes demuestra la ausencia de implementación adecuada de la política pública en salud, situación que en la sentencia SU-277 de 2025 fue calificada por la Corte como un quebranto estructural del sistema al configurar “una omisión absoluta y determinante […] de cara a considerar, valorar y aplicar los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-760 de 2008”.

 

55.        Precisamente debido a la baja ejecución, este Tribunal hará un llamado a las autoridades responsables de implementar la política pública en salud para que, en aplicación del principio de colaboración armónica^[89] y en cumplimiento de sus deberes constitucionales, no solo acompañen de manera diligente y permanente las acciones orientadas a garantizar la efectividad de los mandatos judiciales, sino que también ejecuten todas las acciones a las que haya lugar en el marco de sus competencias para lograr la protección real de los derechos de la población.

 

56.        Así, podrían superarse las dificultades que enfrenta la Sala de Seguimiento en la recepción de la información solicitada a las autoridades. Esto, en tanto ha reiterado, dentro de los diferentes mandatos de la Sentencia T-760 de 2008^[90], la necesidad de que las autoridades obligadas envíen los reportes de forma clara, completa y oportuna[91].

 

57.        Al revisar directamente los observatorios del Sistema Integral de Información de la Protección Social - Sispro - se identificó una problemática transversal que consiste en que la información no está actualizada, alcanzando en promedio dos años desde el último reporte. Se consideró transversal porque afecta los observatorios de cáncer, salud mental, registros de prestación de servicios - RIPS, Análisis de la Situación de Salud en Colombia - ASIS, Cuenta de Alto Costo, entre otros[92]. Es claro que la ausencia de información y la demora en las actualizaciones impide el diseño de políticas públicas estructurales y coyunturales.

 

58.        Desde el seguimiento, el propósito central de esta Corporación ha sido garantizar la protección y progresividad del derecho a la salud. Y aunque las órdenes puedan involucrar en el debate una discusión sobre los componentes técnicos del SGSSS, tales como la UPC, el PBS o el flujo de recursos, debe precisarse que el seguimiento no examina la configuración técnica de dichos componentes, sino el cumplimiento de las órdenes judiciales vinculadas a ellos, entre ellas la obligación de demostrar la suficiencia de la UPC.

 

59.        Es evidente, que el sistema de salud colombiano atraviesa un deterioro sostenido en el acceso real a servicios, tratamientos y medicamentos, evidenciado por un incremento de las barreras de oportunidad, calidad y continuidad. La Defensoría del Pueblo registró que las quejas ciudadanas por barreras de acceso crecieron más de un 30% entre 2023 y 2024[93]. Este comportamiento se correlaciona con el incremento del uso de la acción de tutela, la demora en la entrega de medicamentos esenciales y el aplazamiento de citas y procedimientos especializados, afectando de manera desproporcionada a poblaciones rurales, pacientes crónicos y personas mayores.

 

60.        El cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 no puede evaluarse únicamente a partir de indicadores o estadísticas, pues las órdenes impartidas inciden de manera directa en la vida, la integridad y la dignidad de personas reales. En este sentido, debe recordarse que estos grupos poblacionales requieren acciones de mayor rigor, dado que son quienes enfrentan con mayor intensidad las consecuencias del desfinanciamiento del sistema, la desarticulación institucional y la ineficiencia de las entidades que integran el sector salud.

 

61.        Frente a ello, se observa que, la problemática actual termina suspendiendo o postergando en la práctica la materialización del derecho a la salud, lo que se evidencia en una judicialización masiva de dicha prerrogativa como mecanismo ordinario de acceso. Es por esto que, en esta providencia, la Corte considera imperativo reorientar el debate hacia las personas, situando a los ciudadanos y sus familias en el centro de las decisiones públicas y del deber estatal de protección constitucional, con el fin no solo de reafirmar ese propósito superior del actuar estatal, sino también de propiciar el restablecimiento efectivo de derechos que, pese a la intención transformadora de la Sentencia T-760 de 2008, han continuado viéndose afectados a lo largo del tiempo.

 

62.        Si bien es necesario atender la coyuntura actual del sistema, también lo es conservar una mirada estructural y de mediano y largo plazo. El contexto de deterioro ambiental y transición demográfica acelerada agrava de forma directa e indirecta los determinantes de la salud pública en el país. Según el DANE, en las últimas tres décadas, la tasa de fecundidad se ha reducido en más del 60%, mientras la proporción de personas mayores de 65 años se duplicará hacia 2050[94]. Este proceso se acompaña de un incremento sostenido de las enfermedades crónicas no transmisibles (NCDs) -como hipertensión, diabetes, cáncer y trastornos depresivos- que hoy explican cerca del 70% de las muertes en el país y concentran la mayor carga económica para el sistema. En paralelo, los fenómenos climáticos extremos han aumentado en frecuencia e intensidad, generando brotes epidémicos y afectaciones territoriales que evidencian la vulnerabilidad institucional.

 

63.        Lo anterior, exige políticas públicas que privilegien la prevención y la planificación. Este deterioro integral de la salud -física, ambiental y emocional- no solo vulnera derechos individuales, sino que erosiona el tejido social y la cohesión colectiva, pilares del Estado Social de Derecho.

 

64.        Ahora bien, el escenario descrito no puede abordarse únicamente desde la coyuntura financiera actual, sino con una visión estructural de largo plazo que garantice la sostenibilidad del sistema y la eficiencia del gasto público. Los recursos del sector salud no pueden entenderse como un fondo inercial de gasto, sino como un instrumento de transformación social que debe orientarse con prioridad hacia la prevención, la atención primaria, la mitigación del riesgo ambiental y la adaptación demográfica.

 

65.        La Corte enfatiza que la suficiencia financiera del sistema no se mide por la magnitud del gasto, sino por su capacidad de generar bienestar sostenible, reducir inequidades territoriales y fortalecer la capacidad institucional frente a los desafíos sanitarios y ambientales que marcarán la próxima década. En consecuencia, la eficiencia del gasto debe asumirse como principio constitucional operativo, inseparable del derecho a la salud y del deber de los poderes públicos de garantizar su cumplimiento progresivo y responsable.

 

66.        En coherencia con el enfoque de justicia ambiental y salud integral, la Corte reitera la necesidad de una respuesta estatal coordinada entre los sectores de salud, ambiente y justicia, incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura como instancia clave para la formación y sensibilización judicial en salud ambiental, pública, mental y demográfica y gestión de los recursos. Toda medida, reforma o decisión financiera debe recordar que el propósito del sistema no es administrar cifras, sino proteger vidas. Situar a las personas y sus familias en el centro de las conversaciones sobre salud no es un gesto retórico, sino la esencia misma del mandato constitucional y una tarea que no recae en esfuerzos aislados, sino en la acción coordinada y corresponsable de todas las entidades que integran el sistema. Solo mediante la humanización de la gestión pública y de la atención en salud, ajustada a las necesidades reales y cotidianas que enfrentan los usuarios, será posible afirmar que el derecho a la salud en Colombia ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad efectiva.

 

67.        Como consecuencia lógica y de conformidad con las cifras y estadísticas expuestas, se evidencia una realidad que afecta a los pacientes en Colombia y frente a la cual la Corte Constitucional, en guarda de la supremacía de los derechos humanos, debe impartir órdenes categóricas de naturaleza coercitiva con miras a lograr la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.

 

68.        Finalmente, en relación con el balance, en la actualidad el acceso a los servicios de salud se ha vuelto aún más difícil debido a la grave situación financiera que atraviesa el sistema[95], una crisis que la Sala de Seguimiento ha venido advirtiendo de manera reiterada por su impacto generalizado en la población y por las consecuencias que genera en millones de usuarios que requieren la atención[96]. De ahí la importancia de adoptar una mirada concentrada, permanente y prioritaria frente a las órdenes financieras para dimensionar sus efectos en la salud.

 

6.     Incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en el marco de las órdenes 21 y 22

 

69.        En primera medida, la Sala evidencia que uno de los componentes estudiados en las órdenes generales de la Sentencia T-760 de 2008 persigue la suficiencia de la UPC y de los presupuestos máximos. En el sistema de salud colombiano estas constituyen las dos fuentes de financiación principales para la prestación de los servicios y el acceso a las tecnologías en salud. Su adecuada gestión y suficiencia son esenciales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

 

70.        En esa orientación la Corte ha reiterado que las fuentes de financiación deben ser suficientes “para cubrir todos los tratamientos y tecnologías en salud que no estén expresamente exceptuados del plan de beneficios y que permitan garantizar el acceso a todos los elementos necesarios para lograr el más alto nivel de salud posible, sin sacrificar la prestación y la efectividad del derecho a la salud so pretexto de la sostenibilidad financiera”[97].

 

71.        Cabe recordar que la UPC es el valor anual que el Estado reconoce a las EPS por cada persona afiliada, con el fin de financiar todos los servicios, medicamentos y tecnologías incluidos en el PBS. Este valor busca asegurar que las EPS cuenten con recursos predecibles y suficientes para atender las necesidades de salud de la población, promoviendo la eficiencia, la equidad y la continuidad en la atención. Si la UPC resulta insuficiente o se calcula por debajo de los costos reales, se genera un déficit que compromete la calidad del servicio, la estabilidad financiera de las EPS y el pago a las IPS.

 

72.        Por su parte, los presupuestos máximos cubren las tecnologías y servicios no financiados con cargo a la UPC, pero que el sistema reconoce como necesarios para la atención integral en salud. Estos recursos buscan evitar los recobros individuales y garantizar el acceso oportuno a tratamientos, medicamentos o procedimientos que, aunque no estén en el PBS, son indispensables para la vida y el bienestar de los pacientes.

 

73.        En conjunto la UPC y los PM sostienen el flujo de recursos del sistema de salud y constituyen pilares de su equilibrio operativo (principio de eficiencia). La insuficiencia, demora o falta de actualización en cualquiera de estas fuentes repercute directamente en la prestación de los servicios, en la liquidez de las entidades del sector y, en última instancia, en la efectividad del derecho a la salud. Por ello, la Corte ha insistido en que ambas deben ser suficientes, oportunas y transparentemente administradas, a fin de asegurar la estabilidad del sistema y la protección real de los usuarios.

 

74.        Cuando los presupuestos máximos fueron creados, con su entrada en funcionamiento, el uso del procedimiento de recobros disminuyó. Ello, con la finalidad de obtener un mayor flujo de recursos, ya que se trataría de un pago ex ante que permitiría a las EPS efectuar la respectiva planeación financiera y, a partir de ello, proyectar ingresos, gastos y necesidades de financiación, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica y el cumplimiento de sus obligaciones (p. ej., pago a IPS, provisiones, reservas técnicas y margen de solvencia).

 

75.             Expuesto lo anterior, vale recordar que en el Auto 2049 de 2024 (13 de diciembre de 2024), se evidenció el incumplimiento de lo ordenado en el Auto 2881 de 2023 en relación con el componente de suficiencia de presupuestos máximos, y se determinó la apertura de un incidente de desacato por el desconocimiento de sus órdenes tercera y sexta. Estos mandatos perseguían, respectivamente, el reconocimiento y pago de los ajustes de los PM de 2022 y la expedición de una metodología unificada para su definición y reajuste.

 

76.             Además, en el Auto 1002 de 2025, la Sala constató que con posterioridad a la apertura del incidente, el MSPS dio cumplimiento a tales mandatos, pues la Adres efectuó el pago de los referidos recursos adeudados a las EPS y el MSPS expidió la Resolución 067 de 2025 que fijó la metodología unificada, razón por la cual se dispuso el archivo del incidente. De este modo, se aclara que, ese trámite incidental versó exclusivamente sobre el componente de suficiencia de PM, con ocasión de las referidas órdenes tercera y sexta del Auto 2881 de 2023.

 

77.             En esta oportunidad, la Sala centrará su atención en el componente de suficiencia de la UPC valorado en el Auto 007 de 2025, en el que se declaró su incumplimiento general al identificar, entre otras cosas, que persisten (i) las deficiencias en la información empleada para efectuar el cálculo de la UPC[98] y (ii) que la metodología implementada no permitía afirmar o demostrar la suficiencia de la prima[99]. Además, (iii) constató un retroceso en la orden de equiparar al 95% del valor de la UPC del régimen contributivo al del régimen subsidiado[100], lo que originó que se dictaran órdenes dirigidas a la creación de una mesa de trabajo como mecanismo participativo para reajustar la UPC de 2024[101], conforme a los temas mínimos que se anunciaron[102].

 

78.             Con base en lo explicado, se profirió la resolutiva 3.11, que a su vez reiteró las órdenes impartidas en los autos 411 de 2016, 109 de 2021 y 996 de 2023 respecto de las deficiencias en la información, que sirve de cálculo para la UPC y la referida equiparación al 95% de ambas primas hasta tanto el MSPS no demuestre su suficiencia.

 

79.             En esta ocasión no se valorará el cumplimiento cabal y detallado de las órdenes 3.1 a 3.10 del Auto 007 de 2025, relacionadas con el desarrollo y resultado de la mesa, porque estas se encuentran en fase de participación[103] y se atan principalmente al objetivo de reajustar la UPC de 2024. En este documento, la Sala enfocará el análisis en la resolutiva 3.11 mencionada, que recae sobre el actual valor de la UPC, a saber, el de 2025 que, además fue calculado con base en la inflación causada y no en estudios técnicos.

 

80.             De este modo, con posterioridad la Sala podrá verificar el desarrollo de la mesa la UPC 2024 y si la prima fue reajustada como resultado de sus sesiones, lo cual no interfiere en el estudio que se efectuará en esta oportunidad, que, se insiste, recae sobre el valor de la actual UPC. Debe puntualizarse que esto es así, porque la UPC 2024 no se fijó con base en la inflación causada, como ocurrió con la prima de 2025, de modo que, aun en el evento en que se hubiera corregido el rezago de 2024, debía demostrarse la suficiencia de la UPC de 2025.

 

81.             Conforme a lo descrito, resulta de mayor importancia pronunciarse de manera concreta sobre el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC, en tanto el MSPS se encuentra próximo a fijar el valor de la UPC para la vigencia 2026, lo que exige que dicha decisión se adopte con soportes técnicos sólidos, información validada y una demostración real de suficiencia financiera, a fin de evitar la reproducción de escenarios de desfinanciación que comprometan la sostenibilidad del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En consecuencia, la Corte se pronunciará específicamente sobre la resolutiva 3.11. del Auto 007 de 2025, toda vez que, de conformidad con lo allí descrito, se trata de la reiteración de órdenes impartidas en los autos 411 de 2016, 109 de 2021, 996 de 2023 (infra tabla 10).

 

82.             De esta manera, en relación con los componentes verificados en las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, la Sala llama la atención de las autoridades concernidas sobre la importancia de garantizar la suficiencia de las fuentes de financiación del PBS, obligación que impone al Estado la responsabilidad de presupuestar los recursos necesarios en cada vigencia y al Ministerio de Hacienda la de garantizar su disponibilidad y giro. Asimismo, se reitera el deber de cumplir con lo dispuesto en la Sentencia T-760 de 2008, advirtiendo que el seguimiento judicial no puede prolongarse indefinidamente.

 

83.             De acuerdo a lo anterior, debe señalarse que persisten aspectos críticos que, con el paso del tiempo, se han agravado y afectan directamente la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En el Auto 007 de 2025 se constató un retroceso en la garantía del derecho a la salud (órdenes estructurales), evidenciado en la insuficiencia de la UPC, el aumento de las deudas con los prestadores, la falta de claridad sobre las fuentes de financiación y la pérdida de información confiable para calcular los costos reales del sistema. Esta situación refleja una regresión que pone en riesgo la continuidad de los servicios y demuestra que los mandatos sobre sostenibilidad y suficiencia financiera no se han consolidado plenamente.

 

84.        Vale recordar que la sostenibilidad financiera comporta uno de los elementos esenciales y principios del derecho fundamental a la salud. En Sentencia C-313 de 2014 la Corte señaló que el “Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. A la luz de la consideración jurídica transcrita la sostenibilidad no es un límite al derecho, sino una condición que garantiza su permanencia en el tiempo y la posibilidad de cumplir efectivamente las obligaciones del Estado en materia de salud.

 

85.        Así, resulta indispensable evitar cualquier involución frente a los niveles de cumplimiento alcanzados que de alguna manera representan cierto grado de protección a los usuarios. En ese sentido, respecto de las órdenes en cuestión (que presentan un nivel general de incumplimiento), la Sala observa que, aun cuando el Ministerio de Salud está facultado para fijar la UPC con base en la inflación causada, hacerlo exclusivamente bajo este criterio excluye otros factores como el rezago que arrastra desde años atrás su valor^[104] o que superan la inflación o que varían de manera independiente a este indicador, lo cual implica una medida regresiva para el sistema[105]. La persistencia de una UPC insuficiente compromete la legitimidad y estabilidad del modelo de aseguramiento y afecta su viabilidad económica y operativa.

 

86.        El uso del IPC como criterio único para la actualización de la UPC constituye una decisión técnica limitada que no corresponde a la realidad operativa, epidemiológica y financiera del sistema de salud. Dicha práctica contradice el principio de eficiencia financiera y debe ser corregida mediante la exigencia de cálculos actuariales completos y auditables que contemplen la realidad del sistema[106].

 

87.        Desde una perspectiva técnica, la Corte evidencia fallas metodológicas en la estimación de la UPC 2025. Ajustar dicha prima únicamente con base en la inflación, sin respaldo actuarial completo, no solo comporta una omisión técnica, sino también una vulneración del principio de suficiencia financiera que rige el aseguramiento en salud. Justamente por ello se requiere que, en adelante, el MSPS adopte mecanismos robustos, transparentes y auditables para garantizar que el cálculo de la UPC refleje adecuadamente las realidades del sistema y preserve su sostenibilidad en el marco del derecho fundamental a la salud. Sobre esto, debe precisarse que la Sala no reconfigura ni sustituye la metodología técnica del regulador en materia de suficiencia de la UPC, pero advierte de manera clara y expresa que, con la metodología aplicada, no se acredita de forma suficiente y verificable que la UPC garantice la cobertura real de los costos del sistema.

 

88.        A la par, es importante una compresión integral del alcance del artículo 4.º del Decreto 2562 de 2012, disposición que establece que, “si a 31 de diciembre de cada año el Ministerio no ha aprobado un incremento en el valor de la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada”[107]. La interpretación adoptada por el MSPS no se ajusta a la realidad, pues dicha cartera ministerial ha interpretado que esta regla opera de manera automática, inobservando diversos estudios técnicos que han demostrado que la información reportada por las EPS no alcanzaba los niveles de suficiencia requeridos. La disposición en cita no implica que no exista la obligación de generar una estimación aproximada del valor de la UPC que refleje de manera razonable la realidad del SGSSS.

 

89.        En las condiciones advertidas, para la Sala es inadmisible que el MSPS, pese a contar con estudios técnicos que respaldan la necesidad de cálculos basados en la realidad del sistema, contra toda evidencia persista en desechar sus resultados y aplique de forma alternativa y automática el IPC. Un entendimiento razonable de la norma que establece como parámetro el uso del IPC permite concluir que tiene un carácter supletivo y excepcional. Tiene por objeto llenar un vacío e impedir que no se fije un valor de la UPC, pero no está prevista en el ordenamiento para reemplazar los estudios cuando estos se han realizado con base en la información que el propio MSPS recoge de las EPS y los demás agentes del sistema.

 

90.        La Sala concluye que el uso exclusivo del IPC como criterio de ajuste de la UPC es una solución de emergencia. Por consiguiente, solo debe aplicarse cuando el MSPS no cuente con el cálculo actuarial idóneo para garantizar la sostenibilidad financiera del SGSSS. Consecuentemente, su adopción como regla general representa un desconocimiento del mandato legal de garantizar una prima técnicamente calculada[108] y suficiente para la garantía de la prestación efectiva del derecho a la salud.

 

91.        No es preciso que el MSPS haya puntualizado “que el aumento de la UPC conforme a la inflación del 5,2% se encuentra debidamente sustentado en los estudios técnicos”[109], porque en realidad estos se desestimaron y se fijó como aumento el del IPC. El cálculo de la prima no puede limitarse a la inflación[110] causada, pues ello contraría las órdenes impartidas por la Corte en cuanto a alcanzar la suficiencia de la UPC. Por consiguiente, se advertirá que la fijación por IPC[111] solo debería proceder cuando se justifique que es suficiente, conforme a estudios técnicos que realice.

 

92.             Con base en lo anterior, se ordenará al MSPS que acredite técnicamente la suficiencia del valor de la UPC en ambos regímenes para la vigencia 2026, de conformidad con los estándares fijados por esta Corte[112] y, consecuentemente, se abstenga de fijar el valor de la UPC únicamente con base en la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud[113], como justificación para omitir la evaluación técnica correspondiente. En efecto, la Resolución 2717 de 2024[114] enunció como fundamento la recomendación de la Comisión Asesora para realizar el incremento de la prima por el mismo porcentaje del IPC. La Sala advierte que esta recomendación no suple el estudio técnico de suficiencia exigido para la fijación de la UPC que, en todo caso, es un instrumento indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema.

 

93.        Cabe recordar que la suficiencia de la UPC no constituye un asunto meramente contable, sino un elemento esencial para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad, oportunidad y continuidad, conforme a lo dispuesto en la ley estatutaria en salud. Sobre este aspecto, la Sala emitió un auto requiriendo información al MSPS sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas (Auto 007 de 2025) relacionadas con la mesa UPC que se solicitó crear, con el ánimo de revisar y reajustar el valor de la UPC 2024, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el rezago existente en el valor de la prima en los términos señalados en el Auto 007 de 2025. Dicho rezago pone en evidencia la existencia de un retroceso en esta materia.

 

94.        En el contexto descrito, está probado el incumplimiento reiterado de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, que inciden directamente en la estabilidad del sistema, tal como se desprende del siguiente análisis:

 

(i)       Después de siete valoraciones[115] y conforme al alcance vigente de estos mandatos[116], la Sala constató que el MSPS no ha cumplido con las directrices de la resolutiva 3.11 del Auto 007 de 2025[117], orientadas a: (a) solucionar las deficiencias del sistema de información, (b) garantizar la suficiencia de la UPC y (c) equiparar en un 95% el valor de la UPC del régimen subsidiado frente al del contributivo[118], mientras no se demuestre la suficiencia de la UPC del primero[119].

 

(ii)             En relación con el primer punto, en el Auto 007 de 2025 se evidenció que persistían las “fallas relacionadas con las deficiencias de la información que sirve como base para calcular la UPC”[120]. Esta problemática ha sido advertida desde el Auto 411 de 2016[121] (hace más de 9 años), en los autos 109 de 2021 y 996 de 2023, y aun después de la última valoración (Auto 007 de 2025), la Sala encuentra que las deficiencias no solo se mantienen, sino que presentan un retroceso evidente.

 

(iii)          En el Auto 109 de 2021 se indicó que el ente ministerial había informado la imposibilidad técnica de igualar las UPC[122] y reconoció que la única razón era la carencia de información^[123]. No obstante, aunque el MSPS dispuso de datos propios del régimen subsidiado y con base en estos calculó la UPC-S de 2022 (Auto 996 de 2023), con posterioridad no replicó el mismo procedimiento, lo que reveló una medida insostenible en el tiempo. Además, la Sala precisó que, al contar con esos datos, el MSPS pudo haber justificado la suficiencia del valor fijado y la brecha entre las primas de ambos regímenes, lo cual no ocurrió. En efecto, para las vigencias posteriores, el Ministerio volvió a asignar el valor de la UPC sin datos pertenecientes al RS y, más gravoso aún, tampoco del contributivo. En la Resolución 2717 de 2024[124] el mismo ente ministerial concluyó que “los datos disponibles no son confiables para la realización del cálculo de incremento de la UPC para 2025; por lo cual, se consider[ó] adecuado realizar el incremento con base en la inflación causada a noviembre 30 de 2024”. Igualmente, aseguró que la información “disponible es de baja calidad, lo que afecta la confiabilidad de las cifras e induciría a una estimación imprecisa del incremento de la UPC.” Cabe precisar que, si bien el Auto 007 de 2025 fue proferido con posterioridad a dicha resolución y no incorporó su análisis[125], hoy puede rectificarse que, para el momento de su expedición, la UPC de 2025 tampoco se calculó con información propia proveniente de las EPS[126].

 

(iv)           Transcurridos 10 meses desde la notificación del Auto 007 de 2025^[127], no se acreditó el cumplimiento del segundo aspecto analizado: la suficiencia de la prima exigida por la Sala Especial desde 2012 en los autos 261 y 262[128]. Resulta preocupante que la Resolución 2717 de 2024 haya fijado para la vigencia 2025 un incremento de la UPC de solo 5,36%, equivalente a la inflación causada, criterio que no refleja los verdaderos costos del aseguramiento en salud. Dicho ajuste no compensó el aumento real de los gastos del sistema[129], pues factores como el incremento del salario mínimo en un 9,5% superaron ampliamente la inflación y repercuten de manera directa en el costo de los servicios y tecnologías en salud.

 

El ejemplo podría ser el siguiente: el sistema de salud debe asumir un aumento del 9,5% en el salario mínimo (esto ocurrió para el 2025), pero la UPC destinada a cubrir los costos administrativos y de prestación de servicios solo se incrementa en un 5,2%, correspondiente a la inflación, se genera una brecha del 4,3% que no fue contemplada en el cálculo de la UPC 2025. Para la Sala, esta diferencia demuestra que el valor reconocido no incorpora factores externos clave que inciden directamente en el funcionamiento del SGSSS y que, al ser ignorados, comprometen su sostenibilidad financiera. Esta omisión termina trasladando mayores cargas laborales y operativas a las EPS e IPS[130].

 

(v)             Además, en cumplimiento de la Resolución 2292 de 2021, para el 2022 se actualizaron los servicios y tecnologías de salud financiados con la UPC. Para el efecto, se incluyeron al listado: (i) 561 fármacos, lo cual refleja un incremento del 112.65% , (ii) 26 medicamentos por subgrupos de referencia (+49.06%), (iii) 147 procedimientos en salud (+6.09%) y (iv) 313 procedimientos de laboratorio clínico (+33.05%). En cuanto, a las resoluciones 2808 de 2022, 2366 de 2023 y 2718 de 2024 se presentaron variaciones que no superaron el 3% con relación a la vigencia inmediatamente anterior[131].

 

(vi)           Por ejemplo, como consecuencia de la ampliación del 26.43% de servicios y tecnologías para ser financiados con la UPC en el año 2021, se robusteció el mecanismo de protección colectiva, lo cual, en principio, influyó positivamente en la integralidad de la atención. Sin embargo, se ha desconocido el impacto económico de estas inclusiones, para evitar un desbalance en la sostenibilidad financiera del sistema que a su vez afecta la garantía de la prestación del derecho a la salud de los usuarios[132], situación que fue puesta de presente por la Sala en los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025[133].

 

(vii)        También deben considerarse factores como el envejecimiento poblacional[134] y el aumento en la demanda de servicios[135], entre otros. A juicio de la Sala, la inflación general no refleja la dinámica propia del sector salud, cuyos costos tienden a crecer estructuralmente por encima del IPC. La exclusión de estas y otras variables relevantes en el cálculo de la UPC conduce a una subestimación del riesgo y perpetúa un rezago que afecta la sostenibilidad financiera del sistema[136] y la calidad en la atención.

 

95.        En conclusión, para la Sala de Seguimiento el Ministerio no ha demostrado la suficiencia de las primas en ninguno de los regímenes. Es importante reiterar que, como se señaló en el Auto 089 de 2025, “la labor de seguimiento se circunscribe a determinar si el Ministerio ha acatado las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 sobre la suficiencia de la UPC, en el marco de las órdenes 21 y 22, pero no es [..] función [de la Sala] establecer cuál es el valor suficiente para cubrir la prestación de los servicios y tecnologías en salud UPC. Esta labor compete al rector de la política pública en salud quien debe efectuar los estudios técnicos, además de la validación de la información reportada por las EPS, como lo ha reiterado la Sala en los distintos autos en que valora el seguimiento del componente de suficiencia”.

 

96.        En los autos 261 y 262 de 2012, la Corte ordenó que, mientras no existiera una metodología técnica idónea para calcular la UPC ni un sistema de información confiable que la sustentara, el valor de la prima del régimen subsidiado debía ser igual al del contributivo. Más adelante, mediante el Auto 411 de 2016, la Sala insistió en su preocupación por la falta de soporte técnico del Ministerio para justificar la diferencia entre ambos regímenes y dispuso que la UPC del régimen subsidiado se equiparara, por lo menos, en un 95% respecto de la del régimen contributivo. Esta disposición se reiteró en los autos 109 de 2021, 996 de 2023 y 007 de 2025, este último que aquí se verifica.

 

97.        También se advierte una regresión manifiesta en el cumplimiento de la meta de equiparar en un 95% los valores de ambas UPC, que debía alcanzarse de no acatarse el punto anterior (demostrar la suficiencia). Aunque la brecha entre los dos regímenes se redujo entre 2019 y 2021 hasta el 7,07%, volvió a ampliarse en 2022 a 13,02%, sin que exista justificación técnica que respalde dicha diferencia, situación que persiste hasta la fecha[137]. Por consiguiente, el numeral (iii) de la resolutiva 3.11 del Auto 007 de 2025 se tiene por incumplido.

 

98.             Esta situación refleja no solo un retroceso frente al nivel de equiparación previamente logrado, sino también una vulneración al principio de progresividad en la garantía del derecho a la salud, pues implica un trato desigual entre los regímenes contributivo y subsidiado y afecta la financiación integral de los servicios para la población más vulnerable.

 

99.   Conforme a lo anterior, el MSPS no ha cumplido con las órdenes a las que aluden los autos 411 de 2016, 109 de 2021 y 996 de 2023, reiteradas en el Auto 007 de 2025, las cuales se exponen textualmente más adelante en la tabla 10.

 

100.   En consecuencia, este Tribunal evidencia un incumplimiento reiterado por el MSPS de lo ordenado en los apartes (i)[138], (ii)[139] y (iii)[140] del numeral 3.11 de la resolutiva tercera del Auto 007 de 2025. Por lo descrito la Sala verificará los presupuestos para dar apertura al incidente de desacato limitado a las órdenes generales 21 y 22 de la Sentencia T-760 de 2008.

 

7.     Necesidad de contar con un plan (corto, mediano y largo plazo) para impulsar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008

 

101.   El artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991 reconoce la competencia de los jueces para actuar con posterioridad a la emisión de sus fallos. De manera puntual, establece que el juez está investido de la facultad de realizar nuevos requerimientos, de practicar pruebas y adoptar las medidas de impulso procesal que conduzcan al restablecimiento del derecho o a la eliminación de las conductas que lo amenazan. A su vez, comprende la obligación de iniciar de oficio el incidente de desacato cuando las medidas de impulso procesal no hayan propiciado el cumplimiento^[141].

 

102.   En los autos de valoración la Sala fijó directrices para que el MSPS y demás autoridades adoptaran medidas concretas que impacten los problemas detectados en cada orden, de tal manera que puedan reportarse resultados y probar avances hacia la superación de las fallas estructurales.

 

103.   Resulta importante puntualizar que la Corte, desde el momento en que profirió la Sentencia T-760 de 2008, resaltó la necesidad de implementar indicadores del goce efectivo del derecho a la salud para evaluar los objetivos de las políticas implementadas (cfr. autos 590 de 2016, 077A de 2020, 440 de 2021, 1680 de 2022 y 1280 de 2025^[142]). Además, ordenó su aplicación a EPS, IPS y entidades territoriales, con el fin de obtener una evaluación real de la actuación de los actores del sistema, establecer políticas públicas ajustadas a la realidad social y asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de los residentes en territorio nacional.

 

104.   Sobre este aspecto, se reitera que el trabajo adelantado por el MSPS para la elaboración de los indicadores se ha acatado de forma parcial^[143] debido a la falta de uniformidad, claridad y continuidad en su presentación, lo que constituye un incumplimiento de las directrices impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 y en los autos de valoración emitidos por la Sala. Dicha situación compromete la capacidad de esta última para asegurar que los indicadores permeen y reflejen adecuadamente los mandatos de la sentencia estructural.

 

105.   De este modo, respecto de las órdenes estructurales[144], la Corte ha reconocido que el juez puede solicitar o aprobar la elaboración de planes de acción, así como generar indicadores de seguimiento con un propósito similar al de los reportes periódicos[145]. Esto es, producir información necesaria para el estudio del grado de acatamiento de las órdenes de protección y la identificación del nivel de avance, estancamiento o retroceso de la situación de infracción de los derechos fundamentales implicados[146]. Estos instrumentos no implican una modificación del fallo, sino que constituyen herramientas para traducir la decisión judicial en metas específicas, indicadores de avance verificables y responsables claramente definidos, así como para establecer metas de corto (medidas inmediatas de choque), mediano y largo plazo, junto con criterios de seguimiento y evaluación continua.

 

106.   La Sala advierte que los planes de acción cumplen una doble función: (i) permiten la materialización técnica y gradual de órdenes estructurales o complejas, y (ii) sirven como instrumento de seguimiento para asegurar la coherencia entre los objetivos del fallo y las acciones emprendidas por las entidades responsables. Además, su formulación busca garantizar un cumplimiento progresivo, verificable y sostenible de las órdenes impartidas, y facilita la identificación de obstáculos, la redefinición de estrategias y la articulación institucional necesaria para la materialización del amparo.

 

107.        En esta ocasión, la Sala Especial ordenará al Ministerio la elaboración de un plan de acción, toda vez que, transcurridos 17 años de seguimiento y múltiples requerimientos, varias órdenes estructurales aún no alcanzan un cumplimiento sostenido y en otras se evidencia un retroceso en su nivel de cumplimiento. Persisten fallas graves en acceso, disponibilidad, sostenibilidad financiera, articulación institucional y, de manera transversal, en información y transparencia de esta, lo que ha convertido las garantías constitucionales en derechos “en espera” y generado un riesgo cierto para la continuidad de los servicios de salud.

 

108.        Frente a este panorama, la Sala dispondrá que el MSPS, adopte un plan de acción a corto, mediano y largo plazo como herramienta destinada a superar los obstáculos persistentes, evitar nuevas regresiones y asegurar que las órdenes estructurales produzcan resultados reales. Este plan busca impulsar el restablecimiento efectivo del derecho a la salud mediante medidas coordinadas, verificables y sujetas a control judicial, y se concibe como un instrumento que orienta la acción de las entidades responsables sin exonerarlas del cumplimiento inmediato de cada mandato vigente. Debe advertirse que, mientras se mantenga vigente la metodología de valoración del Auto 411 de 2015, esos serán los parámetros a tener en cuenta al momento de evaluar el cumplimiento.

 

109.   Por lo anterior, la Sala considera que, para avanzar en la superación de las fallas estructurales identificadas en el SGSSS, el MSPS deberá formular un Plan Inmediato de Acciones en Salud (en adelante PIAS)[147], que se desarrollará sin perjuicio de las valoraciones específicas de la totalidad de las órdenes proferidas en la Sentencia T-760 de 2008, pues su finalidad radica en asegurar que las directrices proferidas por la Sala en sus providencias se ejecuten en atención a sus competencias y las de las demás entidades concernidas en el seguimiento. Para ello, dicho PIAS deberá contener al menos los siguientes elementos[148]:

 

109.1.             Fases del PIAS:

 

(i)   Una fase de diagnóstico y delimitación del problema: allí deberá identificar y considerar las fallas estructurales expuestas en esta providencia (considerandos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) para guiar el plan. Además, deberán definirse los indicadores del goce efectivo del derecho a la salud y realizarse la etapa de participación efectiva ciudadana, donde se recopilen insumos de todos los actores del sistema y los órganos de control, para a partir de allí proferir una evaluación sobre el alcance, los responsables y la disponibilidad de recursos para su ejecución.

 

(ii) Fase de diseño y formulación estratégica: en la que se definirán los objetivos, metas y plazos tendientes a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, las alternativas de solución y el diseño del plan.

 

(iii)          Fase de implementación y ejecución: en este punto deberá (a) emitirse los actos administrativos necesarios para darle fuerza a la ejecución del plan, (b) establecerse los mecanismos de coordinación entre todas las entidades involucradas (MSPS, Adres, Superintendencia de Salud e Invima) para su ejecución y (c) asegurarse el flujo oportuno de los recursos asignados al plan.

 

(iv)           Fase de seguimiento, evaluación y ajuste.

 

109.2.             Contenido y articulación de plazos en el PIAS

 

(i)   El contenido del plan debe referirse al cumplimiento de las órdenes objeto de seguimiento que no han alcanzado un nivel de cumplimiento alto o cumplimiento general^[149] y los autos de valoración emitidos por parte de este Tribunal.

 

(ii) No se renovarán los plazos ya emitidos. Es decir, el PIAS deberá articularse con los tiempos definidos en los autos de seguimiento[150], a fin de lograr la formulación y puesta en marcha del mismo bajo las condiciones y dentro de los términos inicialmente impartidos en las referidas providencias.

 

(iii)          Las acciones por desarrollar en el PIAS deberán circunscribirse a atender las órdenes contenidas en los autos de seguimiento citados, las cuales deberán ser atendidas so pena de dar inicio inmediato al trámite incidental de desacato.

 

(iv)           En relación con el componente de sostenibilidad financiera, el PIAS debe concretar desde esa perspectiva cómo se debe financiar de forma suficiente el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En ese sentido, es preciso que, el MSPS incluya estrategias precisas a corto plazo para asegurar el componente de sostenibilidad financiera del sistema.

 

(v) La grave situación prestacional y las múltiples barreras en el acceso advertidas a lo largo de esta providencia hacen necesario que el plan se ponga en marcha en un corto tiempo frente al aseguramiento del esquema financiero del sistema. Por tanto, el componente de sostenibilidad financiera del sistema deberá ser entregado dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, debiéndose poner en marcha en un plazo no mayor a un mes siguiente a su presentación. Este plazo diferencial tiene como objetivo que se garantice su entrada en operación preferiblemente antes de la fijación de la UPC para el año 2026, de manera que se adopten acciones urgentes y oportunas que impacten positivamente el goce efectivo del derecho a la salud de los residentes en el país.

 

110.   De este PIAS se dará traslado a los grupos de apoyo al seguimiento, a los peritos constitucionales y a los órganos de control, para que emitan las observaciones a que hubiere lugar.

 

111.   Aunado a lo anterior, se precisa que dicho plan deberá priorizar la suficiencia de la financiación, la trazabilidad del gasto, la reducción de demoras en los pagos y la implementación efectiva de los instrumentos creados para garantizar el flujo oportuno de los recursos del sistema y los que la entidad estime pertinentes.

 

112.   Por último, el rector de la política pública deberá incorporar medidas urgentes (de choque) orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud, haciendo prevalecer la superación de las brechas de acceso, calidad y oportunidad en la atención, así como la financiación del SGSSS. En esa perspectiva, será necesario formular propuestas diferenciadas que respondan a las particularidades de cada territorio, contemplando acciones: (i) a corto plazo, en las que se deberán adoptar estrategias inmediatas para atender las necesidades más críticas en materia de acceso, recursos y cobertura[151]; (ii) a mediano plazo, tendientes a fortalecer la capacidad instalada de los prestadores[152], la gestión intersectorial y la red de servicios, y (iii) a largo plazo, para garantizar la sostenibilidad de las medidas en el tiempo y el acceso efectivo a los diferentes servicios de salud[153]. Estas medidas, deberán contar con la participación de los diferentes entes territoriales.

 

8.     Apertura de incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda

 

113.        Previo a desarrollar este capítulo, la Sala debe precisar que el plan de acción y el incidente de desacato cumplen funciones distintas dentro del seguimiento. El primero tiene un propósito prospectivo y organizativo, toda vez que orienta y coordina las medidas que debe adoptar el MSPS a corto, mediano y largo plazo, con el fin de superar rezagos, corregir fallas persistentes y asegurar la sostenibilidad del cumplimiento de las órdenes vigentes. No se trata de una herramienta sancionatoria, sino de un instrumento de planeación y verificación que permite estructurar la respuesta institucional y dar seguimiento a obligaciones complejas o progresivas.

 

114.        Por su parte, el incidente de desacato tiene una función reactiva y sancionatoria, se activa frente al incumplimiento concreto e inmediato de una orden contenida en una sentencia o auto y busca asegurar su acatamiento mediante los mecanismos previstos en la ley. Mientras el plan de acción organiza el cumplimiento futuro, el desacato responde al incumplimiento ya constatado de un mandato puntual cuya observancia no admite espera (en este caso, el resolutivo 3.11 del Auto 007 de 2025). Por ello, ambas herramientas operan en planos distintos, se complementan y no se excluyen.

 

115.   Al igual que en el Auto 310 de 2023[154], la Sala Especial evidencia que el proceso de valoración ha adquirido un carácter cíclico y rutinario, pues en los últimos años se ha desarrollado mediante etapas reiteradas que comprenden la entrega de informes, su traslado y la correspondiente valoración institucional, esto, en atención a la metodología de valoración empleada (Auto 411 de 2015). No obstante, atendiendo a que cada orden se encuentra en diferentes fases de ejecución, la Sala considera que mientras no se complete el ciclo correspondiente, esto es, hasta tanto no se surtan las etapas previstas en cada una de ellas, no resulta procedente efectuar una valoración definitiva. Una vez culminado dicho proceso respecto de todas las órdenes, se irá evaluando el nivel de cumplimiento de cada una de estas y, de acuerdo con sus resultados, se adoptarán las decisiones pertinentes, entre ellas, la apertura de incidentes de desacato si a ello hubiere lugar.

 

116.        El presente acápite solo comprometerá las órdenes estructurales que presenten incumplimiento general (vigésimo primera y vigésimo segunda), en virtud del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a esta disposición y los autos 265 de 2019 y 2049 de 2024, los incidentes de desacato deben cumplir con unos presupuestos formales, que se verificarán dentro del presente asunto.

 

117.        Quien promueve el incidente se encuentra legitimado para hacerlo. La Sala de Seguimiento es la encargada de realizar el cumplimiento a los mandatos emitidos en la Sentencia T-760 de 2008, entre ellos, vigésimo primero y vigésimo segundo. Además, profirió las órdenes incluidas en los autos 411 de 2016, 109 de 2021, 996 de 2023 y 007 de 2025 que impartieron las directrices que se evidencian incumplidas. Por tanto, está legitimada para iniciar de oficio el incidente de desacato[155].

 

118.        Se evidencia que la orden presuntamente incumplida se emitió en el Auto 007 de 2025 y se dirigió al Ministerio de Salud, así:

 

“TERCERO: […]

 

3.11. Adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a los numerales vigésimo primero y vigésimo segundo de la parte resolutiva de la Sentencia T-760 de 2008, y en consecuencia, a lo ordenado en los numerales (i), (ii) y (iv)[[156]] de la orden quinta del Auto 411 de 2016, a saber: (i) solucionar las deficiencias del sistema de información teniendo en cuenta lo analizado en los f.j. 10 a 73, de manera que esta sea confiable para la estimación de la UPC en ambos regímenes y provenga de sus EPS, (ii) garantizar la suficiencia de la UPC de acuerdo con lo establecido en los f.j. 74 a 196 y, (iii) equiparar al 95% del valor de la UPC del RC el valor de la UPC del RS mientras no demuestre la suficiencia de la prima del régimen subsidiado, según lo estudiado en los f.j. 197 a 207. Lo anterior, teniendo en cuenta lo analizado en esta providencia. Deberá informar semestralmente sobre estas medidas y resultados obtenidos.

 

119.        El acatamiento del mandato descrito no se acreditó -ver acápite de incumplimiento general-, ya que superados seis meses desde la notificación del auto que emitió la orden -comunicado el 28 de enero de 2025-[157], la autoridad encargada no ha cumplido con lo dispuesto, sin dejar de lado que estas directrices han sido impartidas desde los autos 411 de 2016[158], 109 de 2021[159] y 996 de 2023[160], las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

   Tabla 10. Creación de la Sala Especial de Seguimiento.

 

120.        Se precisa que el tipo de orden sobre la cual se presume el incumplimiento es la 3.11 de la resolutiva del Auto 007 de 2025 (supra 118).

 

121.        Las órdenes 21 y 22 implicaban que: (i) la UPC como fuente de financiación fuera suficiente para garantizar la mayor parte de los servicios y tecnologías PBS; (ii) que se equiparará el valor de las primas hasta tanto no se demostrara su suficiencia; (iii) que se mejorara la calidad de la información con base en la cual se calcula dicho valor.

 

122.        En consecuencia, se trata de mandatos proferidos por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento orientado a superar las deficiencias estructurales que afectan de manera generalizada el derecho fundamental a la salud. La verificación de su acatamiento por parte del MSPS recae en la Sala Especial.

 

123.        Es necesario mencionar que el incidente de desacato puede operar frente a una sola orden específica, es decir, no requiere el incumplimiento de todas las directrices impartidas en una sentencia o auto. Basta con que exista una disposición concreta, vigente, clara y exigible cuyo cumplimiento sea verificable y frente a la cual se acredite su incumplimiento atribuible a la autoridad obligada. Por esa razón, el desacato puede activarse de manera independiente por una orden determinada del Auto 007 de 2025, aun cuando las demás continúen en trámite de seguimiento o valoración.

 

124.        Además, el referido auto impartió órdenes independientes y con plazos de acatamiento diferentes, lo que permite su valoración de manera desagregada. Particularmente, la orden 3.11 puede examinarse de forma separada, porque reitera mandatos previamente dictados por la Sala y respecto de los cuales se ha evidenciado un incumplimiento reiterado. Así, la Sala observa que, a la fecha, el MSPS no ha acreditado la suficiencia de la UPC, ni ha igualado en un 95% los valores de ambas primas, y tampoco ha logrado que la información para el cálculo de la UPC proveniente de las EPS sea de calidad y completa. Por estas razones, el análisis específico de dicho mandato resulta procedente, aun cuando las demás órdenes continúen en proceso de valoración dentro del ciclo general de seguimiento.

 

125.        Con base en los razonamientos expuestos, la Sala encuentra acreditados los requisitos exigidos para este trámite. Además, recuerda que la observancia del plazo previsto en el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991 para que el responsable cumpla sin demora lo ordenado se encuentra explícito en los autos de valoración en cuestión. Por tal razón, ante el reiterado desconocimiento de los mandatos previamente impartidos, la Sala concluye que se configuran las condiciones necesarias para disponer la apertura de incidente de desacato.

 

126.       En ese sentido, la Corte correrá traslado de la presente decisión al ministro de Salud y Protección Social para que (i) se pronuncie sobre lo aquí señalado en el término perentorio de 48 horas, (ii) demuestre las acciones y medidas adoptadas para cumplir con el numeral 3.11 de la resolutiva del Auto 007 de 2025 y, si lo considera, (iii) aporte pruebas para demostrar el acatamiento del fallo de tutela o la imposibilidad del mismo[161].

 

127.       Como consecuencia lógica de lo expuesto, con el fin de avanzar en la superación de las problemáticas referidas y lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del Auto 007 de 2025, la Sala ordenará:

 

(i)               Dar apertura a un incidente de desacato en contra del ministro de Salud y Protección Social o quién haga sus veces en el marco de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión y según lo establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

 

(ii)                  Correr traslado de esta decisión al ministro de Salud y Protección Social o quien haga sus veces para que se pronuncie en lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el acápite “[a]pertura de incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda”.

 

9.     De la importancia de la inspección, vigilancia y control sobre los recursos del sistema ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud

 

128.        En atención a que el sistema de salud se rige por los principios de colaboración armónica e intersectorialidad, y teniendo en cuenta que su funcionamiento, sostenibilidad y garantía efectiva de derechos no recaen en una sola entidad, sino en el conjunto de actores que lo integran, se reitera que la responsabilidad por su adecuado desempeño es compartida y exige la intervención activa y coordinada de todas las autoridades competentes. En ese marco, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer de manera estricta y reforzada sus funciones constitucionales y legales de inspección, vigilancia y control, particularmente de las previstas en el artículo 4, numerales 5 y 10, del Decreto 1080 de 2021, entre otras, orientadas a supervisar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema y verificar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos, incluida la UPC.

 

129.         Así, resulta necesario que la Superintendencia adopte un rol activo y verificable en el control del uso de dichos recursos por parte de las EPS, y rinda informes ante la Corte Constitucional que contribuyan a verificar el correcto uso de los recursos al interior del SGSSS por parte de las EPS, para avanzar en la determinación de si se trata de una problemática estructural de financiación o de deficiencias en la gestión y destinación de los recursos, con el fin de proteger la sostenibilidad financiera del sistema y garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud.

 

10. Eficiencia en el seguimiento por parte de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría) y la Fiscalía. Traslado para el inicio de las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

 

130.       La labor de seguimiento que adelanta la Corte requiere inescindiblemente de la participación de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría) así como de la Fiscalía, la cual no se limita al cumplimiento formal, sino que implica una obligación de implementar medidas y generar resultados y avances, pues de lo contrario el goce efectivo del derecho a la salud no podrá materializarse. También es importante que se puedan articular los diferentes órganos y la Fiscalía para colaborar en la realización de los fines del Estado.

 

131.       De otra parte, se hace un llamado a la colaboración en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales, pues no es desconocido para las autoridades que la actuación de los responsables en la implementación de la política pública pueda generar falta disciplinaria o fiscal, así como responsabilidad penal por prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial y abuso de la función pública (por omisión)^[162].

 

132.       Así, la Sala Especial de Seguimiento advierte que el cumplimiento de esta providencia debe tener un seguimiento estricto y riguroso por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, toda vez que el impulso de las órdenes estructurales impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 se hace imperioso después de 17 años, para lograr avances en la superación de las problemáticas que aquejan al SGSSS.

 

133.       Esta medida se hace necesaria toda vez que han sido varias las ocasiones en que esta Corporación ha tenido que acudir a la compulsa de copias por el incumplimiento reiterado, sistemático e injustificado de las autoridades competentes frente a las órdenes impartidas en los autos de valoración^[163] o requerimientos de impulso procesal^[164]. En consecuencia, se itera que cualquier nueva dilación u omisión en la implementación de las medidas dispuestas será interpretada como un desacato que conducirá a la activación inmediata de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar. Adicionalmente, se hará un llamado a la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, ejerza con mayor rigor y oportunidad las funciones de control fiscal tanto en su dimensión preventiva como reactiva.

 

134.       Así las cosas, la Corte hace un llamado a las mencionadas autoridades para que, una vez sea formulado y remitido el PIAS a la Corte Constitucional y se surta su traslado, realicen un estudio minucioso del mismo, y en el marco de sus competencias, persigan su acatamiento. En cumplimiento de lo anterior, las acciones que dichas autoridades decidan adoptar deberán ser informadas a la Sala Especial, quien tiene como labor la verificación de la aplicación de determinadas políticas públicas en virtud de los parámetros establecidos en los mandatos generales proferidos en la Sentencia T-760 de 2008.

 

11.  Difusión de esta decisión en virtud de la orden trigésima segunda

 

135.       Por último, en atención a la relevancia que representa la presente decisión, al exponer la grave situación que afronta la prestación de servicios de salud en Colombia y disponer la adopción medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del derecho a la salud de los residentes en el país, se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que, en el marco del mandato trigésimo segundo, divulgue este auto a todos los jueces de la República, de manera que conozcan el contexto aquí expuesto, de mayor utilidad para la decisión de tutelas en salud.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DECLARAR que, efectuado el balance integral de las órdenes contenidas en la Sentencia T-760 de 2008, PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO GENERAL del componente de suficiencia de la UPC contenido en los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo descrito en las consideraciones de esta providencia.

 

SEGUNDO. DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO contra el ministro de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión, por el incumplimiento del numeral 3.11 de la resolutiva tercera del Auto 007 de 2025 (en lo que respecta al componente de suficiencia de la UPC de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda).

 

2.1. Correr traslado al ministro de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias, para que, en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, se pronuncie conforme a lo establecido en los fundamentos jurídicos 113 al 127 de la presente providencia, relativos a la “Apertura de incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes vigésima primera y segunda”.

 

2.2. Advertir al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento de estos requerimientos dará lugar a la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

 

TERCERO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, para la vigencia 2026, ACREDITE TÉCNICAMENTE LA SUFICIENCIA DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo a los estándares fijados por la Corte Constitucional[165] y, por consiguiente, se abstenga de establecerlo únicamente conforme a la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir un estudio técnico de suficiencia de la prima.

 

CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, FORMULE Y REMITA UN PLAN INMEDIATO DE ACCIONES EN SALUD - PIAS sobre las órdenes estructurales décima sexta a trigésima[166], con estricta sujeción a los mandatos impartidos en los autos de seguimiento 1174 de 2025, 1282 de 2025, 1281 de 2025, 007 de 2025, 1175 de 2025, 1283 de 2025 y 1280 de 2025 (supra f.j. 109.1.), que, en atención a sus competencias y las facultades de las demás entidades concernidas en el seguimiento, contenga una fase de: (i) diagnóstico y delimitación del problema; (ii) diseño y formulación estratégica; (iii)  implementación y ejecución, y (iv) seguimiento, evaluación y ajuste, de conformidad con lo señalado en el fundamento jurídico 109 de esta providencia.

 

El PIAS deberá asegurar la sostenibilidad del esquema financiero del SGSSS. Por tanto, este componente de sostenibilidad financiera del sistema deberá ser entregado dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, debiéndose poner en marcha en un plazo no mayor a un mes siguiente a su presentación. Verificado lo anterior, se dispondrán los traslados de rigor y posterior estudio de su aprobación.

 

QUINTO. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus competencias, adopte un rol activo y verificable en el control del uso de los recursos por parte de las EPS, de acuerdo a lo descrito en los fundamentos jurídicos 128 y 129.

 

De lo anterior, deberá rendir informes semestrales a la Corte Constitucional, que contribuyan a verificar el correcto uso de los recursos al interior del SGSSS por parte de las EPS, en el marco de las órdenes vigésimo primera y vigésimo segunda de la Sentencia T-760 de 2008.

 

SEXTO. COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de acuerdo con sus competencias, adelanten los trámites a que haya lugar por el incumplimiento de las órdenes judiciales impartidas por la Sala en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia (consideraciones 130-134).

 

SÉPTIMO. INSTAR a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que ejerzan con mayor rigor y oportunidad sus funciones en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

 

OCTAVO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en el marco de la orden trigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, divulgue este auto a todos los jueces de la República, dada la relevancia de su contenido para el conocimiento de las tutelas relacionadas con el derecho a la salud, en consonancia con el fundamento jurídico 135.

 

NOVENO. Proceda la Secretaría General de esta Corporación a librar las comunicaciones correspondientes, acompañando copia integral de este proveído.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Aclaración de voto

 

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

ANEXO

 

Punto 1

 

Órdenes impartidas y niveles de cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 (2017 - 2025)

 

 

 

 

 

 

 

Punto 2

 

Autos proferidos en el marco de las órdenes 21 y 22 en relación con el componente de suficiencia de la UPC

 

Tabla 1. Creación Corte Constitucional.

 

 

Punto 3

 

Comparativo anual del valor de la UPC entre regímenes contributivo y subsidiado (2017–2025)

 

Tabla 2. Creación Corte Constitucional. Fuente, las resoluciones enunciadas.

 

 

Punto 4

 

Evolución incrementos tarifa mínima servicio de vigilancia y seguridad privada

 

Tabla 3. Creación. Estadística de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa entre el incremento del servicio de vigilancia y seguridad privada contra el incremento del valor de la UPC

                        

                             Tabla 4. Creación. Estadística de la Corte Constitucional.

 

Comparativa entre el incremento del salario mínimo contra el incremento de la inflación

 

                             Tabla 5. Creación. Estadística de la Corte Constitucional.

 

El componente laboral y operativo tiene una dinámica distinta a la inflación

 

1.   El cálculo de la UPC también debe contemplar los costos administrativos y operativos de las EPS, tales como (i) salarios del personal asistencial y administrativo, (ii) costos de cumplimiento normativo y de vigilancia y (iii) gastos en tecnología, soporte y gestión de información en salud (ver las anteriores tablas).

 

2.   Estos costos están sujetos a factores como (i) incrementos del salario mínimo legal, usualmente por encima del IPC[180], (ii) reformas laborales como la reducción de la jornada laboral semanal[181] y (iii) cargas parafiscales y contributivas que pueden aumentar con cambios normativos. Así, por ejemplo, se observa que un aumento del salario mínimo del 9,54%, frente a una inflación del 5,2%, produciría una presión de costos que no estaría cubierta si la UPC se ajusta únicamente en ese porcentaje. Por esto, aunque en años anteriores se haya fijado algunos valores de UPC por debajo de la inflación, hoy se observa las implicaciones negativas que ellos tiene[182]. Además, no todos los costos varían proporcionalmente según el número de servicios prestados o la cantidad de usuarios atendidos (elasticidad al volumen[183]); muchos son fijos o semivariables (infraestructura, sistemas, soporte legal), y su incremento no es lineal ni proporcional a la inflación, como evidencian las tablas de este punto.

 

3.   Cabe señalar que el aumento del salario mínimo en Colombia ha estado, en promedio, 2 a 4 puntos porcentuales por encima del IPC en la última década[184]. Por ejemplo, en 2023, el salario mínimo aumentó un 16%, mientras que la inflación fue del 13,12%, lo que implica un mayor impacto en costos laborales de EPS e IPS que no se puede ignorar, tal y como se mencionó que ocurrió en el 2025 (el salarió aumentó en 9,54% y la UPC tan solo en un 5,2% equivalente a la inflación).

 

4.   Además, la reducción progresiva de la jornada laboral ordinaria (Ley 2101 de 2021), que empezó a regir en 2023, indefectiblemente incrementa los costos operativos en salud por aumento de turnos, horas extras y necesidad de contratación adicional, como se observó en los ejemplos de las tablas de este punto. Como muestra de esto, la Sala desarrolló un ejemplo de incremento en la tarifa de un servicio requerido en centros médicos que, por lo general, puede requerirse 24 horas.

 

5.   Entre 2021 y 2025 tanto el SMLMV como la tarifa mínima para los servicios de vigilancia presentaron incrementos anuales, aunque el ajuste de esta última ha sido consistentemente superior. Mientras el salario mínimo pasó de $908.526 a $1.423.500 (una variación acumulada del 56,6%), la tarifa mínima del sector de vigilancia ascendió de $7.995.029 a $13.224.315, lo que representa un crecimiento total del 65,4%. Esta diferencia refleja un encarecimiento progresivo en la prestación del servicio, que ha superado de forma sostenida el ritmo del SMLMV.

 

6.   El desbalance entre ambas variables se acentuó en 2023, cuando la tarifa de vigilancia registró un alza del 19,43%, frente a un reajuste del 16% en el salario mínimo. Esta tendencia indica una presión financiera creciente para las entidades contratantes, especialmente en aquellos casos donde sus ingresos o compromisos económicos están indexados al SMLMV, sin contemplar el ritmo más acelerado de los costos asociados a estos servicios.

 

7.   En conclusión, lo expuesto pone en evidencia que los costos relacionados con el personal y la operación del sistema de salud no crecen al mismo ritmo que el índice general de precios. Esta observación tiene una connotación negativa si se analiza en el contexto del financiamiento de la salud, ya que implica que los ajustes basados únicamente en la inflación no capturan adecuadamente los aumentos reales de estos componentes, como lo evidencian los incrementos diferenciados en salarios, tarifas de vigilancia u otros costos operativos. En consecuencia, si la UPC se ajusta solo con base en la inflación, puede quedar desfasada frente a los costos reales del sistema, generando un deterioro en la prestación del servicio de salud^[185].

 

Punto 5

 

Requerimientos elevados a diferentes autoridades por deficiencias en la información remitida y falta de informes

 

 

Punto 6

 

Entre los ítems problemáticos se destacan: (1) el Observatorio Nacional de Cáncer con última actualización al 10 de noviembre de 2025, reporta que “nuevos indicadores para el monitoreo al control del cáncer en Colombia se encuentran en revisión y ajuste”, evidenciando demoras en la publicación de datos actualizados; (2) la Central de Salud Ambiental (https://sispro.gov.co/central-salud-ambiental/Pages/Salud-ambiental.aspx), actualizada al 10 de noviembre de 2025, presenta rezagos diferenciados por indicador —tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (10,78 por 100.000) con datos de 2022, tasas de mortalidad en niños menores de 5 años por EDA (3,97 por 100.000) e IRA (9,48 por 100.000) con datos de 2023, y de manera crítica, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano-IRCA (16,49) con datos de 2019, representando un rezago de aproximadamente 6 años para este indicador trazador de salud ambiental—; (3) el Observatorio Nacional de Migración y Salud (https://sispro.gov.co/observatorios/onmigracionysalud/Paginas/Publicaciones.aspx), cuyo informe más reciente disponible corresponde a noviembre de 2023, evidencia un rezago mínimo de 2 años para un fenómeno dinámico que requiere monitoreo continuo; (4) estadísticas vitales con rezago mínimo de 9-12 meses (mortalidad materna, infantil, neonatal), aunque el DANE ha reducido el rezago de 12 a 9 meses para datos definitivos de 2024; (5) RIPS con consolidación nacional que tarda 1-2 años, reflejándose en que el ASIS Colombia 2024 solo dispone de datos hasta 2023; (6) Cuenta de Alto Costo con rezago de aproximadamente 1.5 años, cuyo último periodo auditado corresponde a julio 2022-junio 2023 para enfermedades como diabetes (1.985.718 casos), hipertensión y enfermedad renal crónica (Boletín ONC Cáncer de Mama MSPS 2024, p. 9); (7) indicadores de vacunación del PAI con reportes mensuales pero sin interoperabilidad efectiva entre sistemas, evidenciando coberturas críticas por debajo del 95% en biológicos trazadores. Los problemas estructurales identificados trascienden el rezago temporal e incluyen: falta de mecanismos de validación automática en RIPS que permite reportes sin restricciones temporales ni control de calidad (generando sobrestimaciones de costos que superan el PIB nacional); ausencia de series cerradas 2024-2025 por trastorno específico en salud mental; subregistro documentado del 61% en atención de trastornos mentales según comparación ENSM-RIPS; déficit en la aplicación de algoritmos diagnósticos con 4.047.676 personas con hipertensión o diabetes sin estudio completo para enfermedad renal crónica (44,32% del total); y heterogeneidad crítica en tiempos de actualización entre observatorios que compromete la comparabilidad temporal de indicadores trazadores, situación que compromete significativamente el seguimiento epidemiológico actualizado, la toma de decisiones basadas en evidencia y el diseño de políticas públicas oportunas en salud, particularmente en contextos de emergencias sanitarias, fenómenos migratorios y determinantes ambientales de la salud que requieren respuestas inmediatas (Sispro 2025).