Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

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PRINCIPALES DECISIONES

 

           AUTO

 

TEMA

 

SÍNTESIS

MAGISTRADO PONENTE

Auto 373 del 23 de agosto de 2016

Evaluación de los avances, estancamientos y/o retrocesos en la protección y atención a la población desplazada por la violencia generalizada y el conflicto armado, en el marco del seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011.  

Como resultado de la evaluación que adelanta esta la Sala Especial, se encontró que en los componentes de participación y de registro las autoridades acreditaron un nivel de cumplimiento alto a la orden de realizar ajustes importantes para avanzar en el Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada. Con ello, esta Corporación declaró la superación delEstado de Cosas Inconstitucional en relación con ambos componentes, en la medida en la que cumplen con los estándares constitucionales definidos para cada uno de ellos. Con excepción del registro para pueblos y comunidades étnicos. Si bien los demás componentes no logran satisfacer los requisitos para hacer una declaratoria semejante, toda vez que no alcanzan los umbrales establecidos en la parte general del pronunciamiento, la Sala encontró los siguientes niveles de cumplimiento a las principales órdenes dictadas a lo largo del proceso de seguimiento.

 

En relación con aquellos componentes de la política cuya reformulación total fue ordenada en el 2009, los resultados alcanzados fueron los siguientes. La política de tierras presenta un nivel de cumplimiento dispar: mientras el Gobierno Nacional ha demostrado un nivel de cumplimiento altoen materia de restitución de tierras, en lo concerniente a su protección se ha presentado un evidente nivel de incumplimiento; en materia de vivienda urbana y rural las autoridades han demostrado un nivel de cumplimientomedio y bajo, respectivamente  y, en generación de ingresos, se registró un incumplimiento a la orden de reformular completamente esta política.

 

Por su parte, los componentes cuya complementación fue ordenada para así articularse y superar los vacíos protuberantes que los afectaban, a saber: prevención y protección, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, arrojaron un nivel de cumplimiento bajo.

 

Finalmente, en lo atinente a los demás componentes que requieren importantes avances para lograr el Goce Efectivo de los Derechos de las personas desplazadas los resultados fueron los siguientes: en ayuda humanitaria las autoridades acreditaron un cumplimiento medio; enretornos y reubicaciones el cumplimiento es bajo y en educación el cumplimiento es medio.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 185 del 10 de diciembre de 2004

Orden quinta de la sentencia T-025 de 2004 relativa a los mínimos de atención a la población desplazada -

Niveles de  cumplimiento.

 

La sentencia T-025 de 2004, en su apartado 9 decantó una serie de mínimos prestacionales que el Estado debe garantizar en todo momento a personas en condición de desplazamiento y ordenó al CNAIPD en un término perentorio garantizar ese mínimo de protección. Con base en lo anterior, la presente providencia, enunció cuatro niveles de cumplimiento que podrían servir para examinar la información remitida por el gobierno. Tales niveles (incumplimiento y cumplimiento bajo, medio y alto) hacen referencia tanto al avance en la superación de las falencias señaladas como al goce efectivo de los derechos de la población desplazada. De otro lado, la Sala llamó la atención sobre la necesidad de información puntual sobre ciertas acciones realizadas en materia de protección de los derechos de la población víctima.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 176 del 29 de agosto de 2005

Esfuerzo presupuestal necesario para implementar las políticas de atención de la población desplazada.

En el presente auto la Corte evalúo el nivel de cumplimiento de las órdenes dictadas por las sentencia T-025 de 2004, relativas al esfuerzo presupuestal necesario para avanzar de manera específica, sostenida y eficiente en la superación del estado de cosas inconstitucional. De ello se obtuvo como resultado que el cumplimiento por parte del gobierno no superaba el nivel medio, constatándose que pese a presentar un esfuerzo presupuestal, el mismo seguía siendo insuficiente, por lo cual era necesario continuar avanzado. Posteriormente advirtió que dichos esfuerzos y avances deben ir acompañados de un desarrollo institucional que impida un desaprovechamiento de recursos. Finalmente, dictó una serie de órdenes encaminadas a precisar los roles, mejorar la coordinación y control en la materia.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 177 del 29 de agosto de 2005

Coordinación de los esfuerzos presupuestales de las entidades territoriales y de la capacidad institucional.

En la presente decisión, la Sala declaró que a pesar de las acciones adelantadas, algunos de los factores del retraso en el avance en la superación del estado de cosas inconstitucional, consisten en la precaria e insuficiente coordinación de los esfuerzos presupuestales de las entidades territoriales y de la capacidad institucional nacional para evaluar los resultados alcanzados por ellas. En este sentido, encontró tres dificultades en la labor de coordinación en cabeza del Ministerio del Interior, por lo cual ordenó la implementación de una estrategia de promoción y coordinación Nación - territorio, que solucione los factores reseñados anteriormente, garantice los derechos y la atención a la población víctima, y permita avanzar a un ritmo más acelerado y sostenido.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 178 del 29 de agosto de 2005

Persistencia del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

La sentencia T-025 de 2004, dictó una serie de órdenes complejas encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado por la violencia, igualmente fijó para su cumplimiento plazos que posteriormente fueron ampliados. El presente auto realizó una evaluación de la situación y encontró un incumplimiento, en distintos niveles por parte de los entes responsables, principalmente por falta de criterios de diferenciación de la población desplazada y población vulnerable; insuficiencia de recursos y; falta de desarrollo de capacidades administrativas, de coordinación y de seguimiento. En consecuencia, ordena una serie de acciones las cuales deben ser adelantadas, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, por los entes responsables de la atención a la población víctima; y por consiguiente fija nuevos plazos para su cumplimiento.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 218 del 11 de agosto de 2006

Constatación del cumplimiento de las órdenes de los autos 176, 177 y 178 de 2005.

Problemas en las políticas de atención a la población desplazada.

En este auto se encontró que los informes acopiados y ordenados en distintas providencias, presentaban datos que no respondían de manera específica y adecuada a los requerimientos de la Sala, de un lado, y, del otro, que no se logró probar una superación del estado de cosas inconstitucional, un avance sostenido en tal sentido, ni razones suficientes para justificar el retraso en la implementación de medidas requeridas para afrontar tal situación. Lo anterior llevó a la Corte a tomar una serie de medidas encauzadas a una corrección de las políticas públicas en sus componentes de atención a víctimas; registro y caracterización de la población; presupuesto; coordinación y efectiva aplicación de indicadores de resultado.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 200 del 13 de agosto de 2007

Protección a líderes y representantes de la población desplazada.

En este auto la Corte analizó la existencia del grave riesgo en el que se encontraban los líderes y representantes de la población desplazada, encontrando que  la respuesta de las autoridades ante esta grave y preocupante situación no ha sido adecuada. Por lo cual indicó que dichos sujetos gozan de una presunción de riesgo, que sólo podría ser desvirtuada por las autoridades luego de estudios técnicos de seguridad (los que también servirán para encontrar qué medida resulta idónea). Dicha presunción una vez activada genera en cabeza de la autoridad competente la obligación de adoptar medidas de protección, que en todo caso deben ser eficaces, oportunas, idóneas y tanto fáctica como temporalmente adecuadas para la protección de la vida, seguridad e integridad del solicitante y de su familia. De otro lado, la misma providencia ordenó medidas de protección para los casos identificados y denunciados ante la Corte.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 092 del 14 de abril de 2008

Medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado.

En este proveído la Corte puso de relieve el impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas. Por lo cual ordena se creen una serie de programas, de manera concertada con grupos que protegen los derechos de la mujer.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 116 del 13 de mayo de 2008

Indicadores de resultado de goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

En el marco de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Corte ordenó la creación de un conjunto de indicadores los cuales serían la base para determinar si existe un avance, estancamiento o retraso en la superación de dicho estado y en el goce efectivo de los derechos de la población víctima, sin embargo en esta providencia, encuentra la Sala que a pesar de múltiples propuestas de indicadores, persisten fallas, vacíos y desacuerdos en este campo, por ejemplo en la incorporación del enfoque diferencial. Sumado a tal conclusión y como resultado de un proceso dialéctico, tangible en las sesiones técnicas y en los informes socializados por la Corte, se adopta mediante el presente auto una batería de indicadores consolidada, y se ordena formular una propuesta de indicadores de coordinación Nación – Territorio.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 237 del 19 de septiembre de 2008

Medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado.

En este auto la Sala constata el incumplimiento de las órdenes emitidas en el Auto 092 de 2008, declarando inadmisibles la respuesta estatal a la problemática identificada. Por otra parte, las organizaciones que protegen los derechos de las mujeres, en tiempo y basadas en un proceso participativo, presentaron una propuesta viable y concreta frente a los lineamientos específicos ordenados por la Corte, la cual se acoge y se fija un nuevo cronograma para el cumplimiento de las órdenes dadas.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 251 del 6 de octubre de 2008

Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado.

Mediante la presente providencia la Corte, como resultado del trabajo realizado en la sesión técnica de 2007 y de múltiples informes a ella allegados, identificó una serie de factores causales y de impacto, es sus dimensiones cualitativa y cuantitativa, que inciden de manera desproporcionada sobre los menores de edad víctimas de desplazamiento forzado. En consecuencia, ordenó la creación de un programa –que se base en proyectos piloto específicos, ordenados también en la providencia–, para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes, los cuales contengan los componentes de prevención y atención, y se dé respuesta a los riesgos, problemas transversales y áreas criticas de intensificación identificados en el proveído.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 004 del 26 de enero de 2009

Protección de los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento.

Luego de advertir el riesgo de exterminio que se cernía sobre los pueblos indígenas, desde el punto de vista cultural, en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes. En esta providencia se ordenó (i) un programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas, y (ii) planes de salvaguarda étnica, para cada uno de los pueblos identificados en el auto. Igualmente, pidió a la Fiscalía General de la Nación (iii) adoptar las determinaciones encaminadas a evitar la impunidad. La Corte resaltó que los indígenas son uno de los grupos poblacionales más frágiles y excluidos dentro de los grupos vulnerables, por lo cual son merecedores de protección constitucional reforzada.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 005 del 26 de enero de 2009

Protección de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas.

Este auto se emitió para proteger los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, al constatar que (i) no son tratados como sujetos de especial protección constitucional; (ii) que sus derechos fundamentales están siendo masiva y continuamente desconocidos y que (iii) la política pública de atención carece de un enfoque integral diferencial, cuya incorporación en la prevención, protección y atención, es una obligación para las autoridades de naturaleza tanto constitucional como internacional. Por lo anterior, la Corte dictó órdenes concretas y con plazos perentorios al Gobierno Nacional, con el fin de que los programas tuvieran en cuenta las particularidades del desplazamiento que padece la población afrocolombiana y para que se adoptaran medidas particulares encaminadas a la protección efectiva de los derechos colectivos de estas comunidades.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 006 del 26 de enero de 2009

Medidas de protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad afectadas por el desplazamiento forzado.

En esta providencia la Corte Constitucional constató la existencia de diferentes riesgos del conflicto armado y del desplazamiento forzado que afectan a las personas con discapacidad. También  valoró la respuesta del Gobierno, para concluir que éste no incorporó un enfoque diferencial en discapacidad orientado a superar el estado de cosas inconstitucional en lo que respecta a la población desplazada con discapacidad, de conformidad con los mandatos de la Constitución y de las distintas disposiciones internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, la Corte ordenó la adopción de una serie de medidas encaminadas a que las distintas entidades que conforman el SNAIPD dieran respuesta idónea a las diferentes problemáticas descritas en la providencia.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 007 del 26 de enero de 2009

Medidas de coordinación interinstitucional.

Esta providencia se produjo a raíz de la expedición de la Ley 1190 de 2008, la cual introdujo, entre otras cosas, cambios en materia de coordinación de las políticas públicas de atención a la población en condición de desplazamiento; de los informes por parte de la Contraloría General de la República donde denunciaba incumplimiento de las órdenes proferidas en virtud del auto 178 de 2005 en materia presupuestal por parte de los entes territoriales; y de la evidencia del incumplimiento del Ministerio del Interior y de Justicia en su labor de coordinación. En consecuencia, la Corte dictó una serie de órdenes en materia de coordinación basada en el nuevo marco normativo, igualmente tomó una serie de medidas de seguimiento y evaluación de dicho proceso.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 008 del 26 de enero de 2009

Persistencia del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno.

Luego de sesiones técnicas y de recibir múltiples estudios, informes y propuestas, la Corte Constitucional decide hacer una evaluación del proceso de superación del estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzoso. La presente providencia resuelve, que a pesar de los avances en la materia, persiste dicho estado y en consecuencia, ordena al Gobierno Nacional avanzar de manera acelerada y sostenida en el goce efectivo de los derechos de la población víctima, superación de falencias estructurales identificadas –insuficiencia presupuestal e incapacidad institucional–, coordinación Nación-territorio, procesos participativos y desarrollo de la política pública. Respecto a éste último punto, la Corte encontró que algunos componentes debían ser reformulados pues amenazaban con perpetuar el ECI, otros debían superar vacíos y ser complementados so pena de retrasar la superación del ECI y, finalmente, otros que requerían avances para lograr el goce efectivo de los derechos de la población víctima de desplazamiento, por lo cual se ordenaron una serie de correctivos.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 009 del 26 de enero de 2009

Medidas de protección a algunos líderes y representantes de la población desplazada.

El presente Auto se profiere como consecuencia del homicidio del familiar de una líder de la Liga de Mujeres Desplazadas. Aunque mediante el Auto 200 de 2007 la Corte Constitucional señaló explícitamente a dicho grupo como uno en situación en riesgo de nivel alto y ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia adoptar medidas de protección eficaces y adecuadas. En el presente proveído se estudia el posible incumplimiento por parte de las autorices así como también la ausencia de reacción adecuada a las repetidas alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Por ello ordena le sea informada de las medidas tomadas para proteger a los líderes e integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas; también ordena, una vez más, adoptar medidas de protección dirigidas a garantizar los derechos a la vida y a la seguridad personal de los integrantes del mencionado grupo.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 011 del 26 de enero de 2009

Medidas para solventar problemas en materia de registro y caracterización de la población víctima.

Dentro de las falencias de la política pública que llevaron a la Corte a declarar un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento, se encontraron algunas relacionadas con el registro y la caracterización de la población desplazada por lo cual se ordenó precisar la situación actual del conjunto de víctimas inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente. A la fecha del pronunciamiento, la Corte encontró que subsisten problemas en la materia, principalmente en la caracterización, sub-registro, intercambio de información y simultaneidad de sistemas de registro. Por lo cual ordena tomar correctivos en el marco de un proceso participativo y dentro de un cronograma fijado por la Sala.

Manuel José Cepeda Espinosa

Auto 266 del 1 de septiembre de 2009

Observaciones y recomendaciones en materia de registro de la población desplazada y formulación de cuestionamientos en su labor de coordinación.

En el presente auto, la Corte recoge una serie de cuestionamientos formulados por distintos actores así como propios, sobre las acciones adelantadas por parte de Acción Social encaminadas a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004. Por otro lado, realiza una evaluación de los informes allegados a la Sala producto de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de dicha entidad ante la Corte Constitucional. Resultado de lo anterior, se hacen una serie de observaciones y recomendaciones respecto de los componentes de registro de población desplazada, atención humanitaria de emergencia, fortalecimiento de la capacidad institucional, y coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, así como en relación con cada una de las órdenes emitidas por la Corte.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 314 del 29 de octubre de 2009

Medidas en materia de coordinación Nación-territorio y convocatoria a sesiones técnicas.

Se hace un recuento de los marcos constitucional, legal y jurisprudencial relativos a los principios y reglas de coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de la rama ejecutiva, para reiterar que la responsabilidad de la prevención del desplazamiento así como la atención a la población víctima, proviene de mandatos claros y específicos de orden constitucional y legal. Por otra parte, halló una continuidad en el tiempo de problemas estructurales, presupuestales y/o técnicos los cuales han permitido que subsistan falencias de tipo estructural y de incapacidad institucional. Por lo anterior, resuelve citar a sesiones técnicas regionales con el objeto de concretar reglas precisas y claras en relación a los principios mencionados en la providencia; avanzar en la implementación de aquellos; concertar estándares y criterios; y construir fórmulas para superar las falencias estructurales reseñadas, todo en el marco de un proceso de seguimiento y evaluación de las órdenes impartidas por la Corte.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto de 18 de mayo de 2010

Medidas cautelares para la protección de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó.

En este auto se adoptaron medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos de la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y para generar las condiciones de transparencia, seguridad y legitimidad del proceso eleccionario, así como para garantizar la restitución material del territorio colectivo, el retorno de la población y su reconstrucción como comunidad.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 382 del 10 de diciembre de 2010

Medidas de protección de las comunidades indígenas Hitnú o Macaguán en el departamento de Arauca.

En este auto, luego de advertir el peligro de exterminio cultural y físico a raíz del conflicto armado y la falta de atención por parte de las autoridades que afecta a las comunidades indígenas Hitnú o Macaguán, en situación de confinamiento y desplazamiento del departamento de Arauca, la Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas de protección especial y la implementación de planes de salvaguarda.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 383 del 10 de diciembre de 2010

Medidas en materia de coordinación y corresponsabilidad.

La Corte expidió el presente auto con el fin de determinar si ha existido un avance, estancamiento o retroceso en materia coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y entidades territoriales en materia de atención integral a población desplazada. Como conclusión de los informes y las sesiones técnicas, encontró que no se han corregido las falencias indicadas en distintos pronunciamientos. Por lo cual, luego de precisar una serie de reglas acerca de los principios constitucionales relevantes en el marco de la distribución de competencias, ordena: flexibilizar la oferta institucional; tomar medidas frente aquellos entes que no han cumplido con sus obligaciones respecto de la población víctima y otras para solventar los obstáculos reseñados; y finalmente, asumir medidas con las cuales evaluar el nivel de cumplimiento de estas órdenes.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 174 del 9 de agosto de 2011

Medidas de protección de la comunidad indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo.

A través de esta providencia se ordenó la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger al pueblo indígena Awá, ubicado en los departamentos de Nariño y Putumayo, como consecuencia del grave peligro de exterminio cultural y físico en el que se encuentra dicha etnia de cara al conflicto armado y la falta de atención por parte de las autoridades.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 219 del 13 de octubre de 2011

Medidas para garantizar la continuidad de la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada de cara al nuevo marco institucional.

A través de ésta auto, la Sala evalúa el nivel de cumplimiento de las órdenes impartidas, constatando que a pesar de los encomiables esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, persiste el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento, así como las condiciones que a ello dieron lugar, pues no puede concluirse aún un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima. Por consiguiente, se ordenó, de una parte, adoptar medidas que solventen las dificultades identificadas en el proveído y, de otra, informar cómo se va a regular la transición entre la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 a fin de impedir que los derechos de las víctimas no se vean afectados. Igualmente, se ordenó a los órganos de control informar a la Corte qué medidas han adoptado en la órbita de sus competencias. Esto último, en el marco de una audiencia pública llevada a cabo el 11 de noviembre de 2011.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 045 del 7 de marzo 2012

Medidas de protección de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó.

En esta providencia se adoptaron medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de las órdenes dadas en el auto de 18 de mayo de 2010 y, al efecto, se dispuso, entre otras cosas:  (i) poner en marcha un plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva; (ii) diseñar un mecanismo de interlocución y toma de decisiones, una metodología adecuada para los comités de censo y concertar un reglamento interno y la asamblea general eleccionaria; (iii) agilizar la caracterización socioeconómica de las comunidades ;(iv) agilizar y concluir el proceso de desalojo de los invasores de los territorios colectivos e informar sobre acciones adelantadas para congelar las transacciones de los predios amparados por el título colectivo e impedir la realización de las mismas; (v) agilizar la implementación de la propuesta de procedimiento de resolución pacífica de conflictos; (vi) garantizar las acciones de formación necesarias para la Fuerza Pública; y (vii) adoptar medidas para garantizar la seguridad individual y colectiva de las comunidades.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 112 del 18 de mayo de 2012

Medidas encaminadas a proteger el proceso de restitución y retorno a los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

A raíz del homicidio de uno de los líderes de la restitución del territorio colectivo de la comunidad afrodescendiente de la cuenca del rio Curvaradó, quien acompañaba las diligencias adelantadas por el Gobierno Nacional en la zona, se evidenció que aún no estaban dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo la ya mencionada asamblea general eleccionaria, por lo cual se ordenó al Ministerio del Interior informar cuáles serían los correctivos a adoptar y, de manera concertada con las comunidades, crear una ruta metodológica aplicable a la misma. Así también, se tomaran medidas para impedir que los procesos de caracterización, saneamiento y ampliación de los territorios colectivos no se conviertan en un factor de riesgo para el avance del proceso de restitución material de los territorios colectivos de estas comunidades.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 116A del 24 de mayo de 2012

Medidas para mejorar la coordinación presupuestal y de planeación entre la Nación y las entidades territoriales en materia de política de vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado interno.

En el presente fallo la Corte analiza el contenido del núcleo esencial del principio de autonomía de las entidades territoriales, así como supuestos donde concurren Nación-territorio, con el fin de dotar de herramientas tanto al Gobierno Nacional como a los entes territoriales, para facilitar procesos de coordinación presupuestal, de tal manera que sea posible al inicio de la vigencia fiscal y de los procesos de planeación territorial, contar con los recursos necesarios para superar las falencias que han impedido avanzar en el goce efectivo de este derecho.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 173 del 23 de julio de 2012

Medidas de protección de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos del Meta y Guaviare.

La providencia constata el peligro de exterminio cultural y físico que se cierne sobre los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos del Meta y Guaviare, producto del conflicto armado y la falta de atención por parte de las autoridades, por lo cual ordena tomar medidas urgentes, la implementación de un plan provisional urgente de reacción y contingencia, así como avanzar en el diseño e implementación del plan de salvaguarda ordenado mediante auto 004 de 2009.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 299 del 18 de diciembre de 2012

Medidas encaminadas a proteger el proceso de restitución y retorno de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del

Chocó.

En esta providencia se realizó una evaluación general sobre los avances, obstáculos y retos que deben enfrentar las autoridades para garantizar la restitución material de los territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, el proceso de retorno y la sostenibilidad del proceso como tal. Igualmente, la Sala encontró que al interior de las comunidades existían divisiones frente a los beneficios como a la disposición del territorio colectivo, por lo cual dictó una serie de pautas que permitieran destrabar el proceso eleccionario.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 098 del 21 de mayo de 2013

Sala Especial de Seguimiento T-025 de 2004: Auto 098 del 21 de mayo de 2013, Protección y atención a mujeres desplazadas líderes y mujeres que trabajan por las víctimas del conflicto armado interno

A través del auto 098 de 2013, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, ordena a las autoridades estatales que tienen a su cargo la protección y atención a las mujeres desplazadas líderes y miembros de organizaciones, a cumplir de manera cabal sus obligaciones constitucionales, luego de encontrar que el riesgo derivado del liderazgo y el trabajo cívico, comunitario y social impulsado por estas mujeres se ha agravado de forma alarmante a partir del año 2009 y que tal agravamiento ha aparejado la vulneración de múltiples de sus derechos fundamentales.

 

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 099 del 21 de mayo de 2013

Sala Especial de Seguimiento T-025: auto 099 de 2013, ayuda humanitaria para la población desplazada en el nuevo marco institucional de la ley 1448 de 2011.

En esta providencia la Sala Especial hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en materia de ayuda humanitaria en sus distintas fases, inmediata, de emergencia y de transición, en el nuevo marco institucional de la ley 1448 de 2011, y adopta las medidas correspondientes..

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 119 de 24 de junio de 2013

Seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, para la superación del estado de cosas inconstitucional, en relación con el componente de registro y se dictan medidas para mejorar la atención a la población desplazada.

En esta providencia la Sala Especial de Seguimiento hizo claridad sobre el alcance a las restricciones que acompañan la definición operativa de víctima contenida en la Ley 1448 de 2011. Así pues, manifestó la Corte que no se puede excluir del Registro Único de Víctimas a aquellas personas cuyas causas de desplazamiento no guardan una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno, pues esto no esta acorde con el esquema de protección a favor de la población desplazada, ni con los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

 

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 234 de 22 de octubre de 2013

Solicitud información al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento que han tenido las ordenes dadas en los autos 005 de 2009 y 119 de 2013, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).

En este auto la Corte Constitucional estudio la situación en la que vive la población desplazada en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), encontrando graves falencias al cumplimiento de los autos 005 de 2009 y 119 de 2013.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 073 de 27 de marzo de 2014

Medidas de prevención, protección y atención de las comunidades afrodescendientes de la región pacífica del departamento de Nariño en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las medidas específicas ordenadas en el auto 005 de 2009.

En este auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 declaró que los derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades afrodescendientes ubicadas en los municipios de la región pacifica de Nariño, víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia, continúan siendo masiva y sistemáticamente desconocidos, y que las ordenes dadas en el auto 005 de 2009, no han sido cumplidas cabalmente por las autoridades públicas del Departamento de Nariño.

 

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 173 de 06 de junio de 2014

Seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el auto 006 de 2009 sobre protección de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

La Sala hace un diagnóstico actualizado de los impactos desproporcionados que ha tenido el desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad. Realizando un seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas en el auto 006 de 2009, se adoptan decisiones específicas para impulsar su cumplimiento.

Luis Ernesto Vargas Silva

Auto 009 del 27 de enero de 2015

Sala Especial de Seguimiento T-025 de 2004: Auto 009 del 27 de enero de 2015 Protección a las víctimas de violencia sexual perpetrada por actores armados.

Por medio de la presente decisión, en virtud de la cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, luego de observar la persistencia de la violencia sexual como un riesgo de género para las mujeres desplazadas, y de las falencias en la respuesta estatal, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, presidida por el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, adopta medidas para garantizar la atención, protección y el acceso a la justicia de las sobrevivientes de estos delitos.

 

Luis Ernesto Vargas Silva